Registro nacional de deudores alimentarios

Reforma. Será una herramienta de justicia para infancias y adolescencias que permitirá otorgarles una mejor calidad de vida.

El 8 octubre de 2020, Areli Rubí Miranda Ayala, siendo entonces diputada local en Hidalgo y presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, presentó al pleno de la Legislatura una iniciativa para la creación de un registro de deudores alimentarios a fin de aminorar esta problemática.

En su exposición de motivos dijo que aunque no había cifras especificadas ofrecidas por las autoridades estatales, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) tenía en Hidalgo un registro de 4 mil 356 casos de incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, entre el periodo de enero de 2015 a julio de 2020.

Este número sólo contempla a quienes denunciaron formalmente, una cifra mínima en relación a los casos reales, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad Pública 2019, la cual revela que en 2018 apenas se denunció el 11.7 por ciento de los delitos cometidos.

Como diputada conoció muchos casos en los que las mujeres, en su mayoría, eran abandonadas totalmente por su pareja, negándose a proporcionarles una pensión alimenticia para sus hijos; hasta 15 años de adeudo de pensión, en algunos casos.

Esta condición de injusticia la impulsó a trabajar en el tema, percatándose que sólo la CDMX y Oaxaca contaban con un registro de deudores alimentarios y logró que el 20 de mayo de 2021 se aprobara su iniciativa, con lo que Hidalgo se sumó a las entidades con este padrón.

Aunque el camino todavía es complicado pues para inscribir a una persona en el registro de deudores alimentarios se tiene que obtener una sentencia de parte de un juez, lo que implica un proceso largo y costoso, aunque admitió que ya se abrió la posibilidad de inscripción en el registro.

Ahora, con la reciente aprobación en el Senado de la República de una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se podrá fortalecer y homologar en todo México la ejecución y garantizar el cumplimiento oportuno de la entrega de la pensión alimenticia mediante la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios; dice Miranda Ayala que con esto se logra en todo el país, un avance histórico en la materia privilegiando el interés superior de la niñez y adolescencia.

Detalla que para el caso de Hidalgo complementa el trabajo que ya se había hecho, pues, al incluir una gran cantidad de trámites que requieren la presentación de una constancia de no inscripción en dicho registro, se obligará a los deudores a estar al corriente con sus obligaciones establecidas por ley y que hasta ahora burlaban muy fácil sin ninguna consecuencia.

Entre los trámites que lo requerirán, relata, se encuentra el de licencia o permisos de conducir, pasaporte, credencial de elector, solicitud de matrimonio, así como para competir por algún cargo de elección popular, ser juzgador estatal o federal, compra y venta de inmuebles, traspaso de poderes, viajar al extranjero, entre otros.

Esto representa una justicia para las infancias, abriéndoles la puerta a una vida digna; por eso llamó a los padres y madres que enfrenten una situación de incumplimiento de pensión alimenticia por parte de sus parejas a que recurran a las instancias correspondientes e inicien el procedimiento legal para que los inscriban en el padrón nacional.

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Miriam Chávez, activista por los derechos humanos de mujeres e infancias, señala que en la región de Tula y en general en Hidalgo, hay una tasa alta de padres que incumplen con la pensión alimenticia.

Agrega que casi todas las mujeres que se acercan a pedir asesoría y acompañamiento a activistas feministas vienen de un entorno en el que viven violencia económica, tanto para ellas como para sus hijos. En este tipo de casos se presentan una infinidad de excusas por parte del deudor.

Este deslinde de responsabilidades es un patrón sumamente perjudicial para las infancias, pues les impide un adecuado desarrollo al carecer de los recursos económicos contemplados por la ley.

Las excusas y estrategias de los deudores alimentarios para evadir los pagos, ejemplifica, van desde renunciar a su empleo, bajarse el sueldo registrado, cambiar de giro o actividad económica, poner negocios o bienes muebles e inmuebles a nombre de un tercero, entre otras.

Carmen sabe de esas excusas perfectamente. Tenía 17 años de casada con su pareja cuando decidió divorciarse tras sufrir distintos tipos de violencias, entre ellas la económica; logró que su ex esposo firmara el divorcio, y pensó que él contribuiría con los gastos de sus dos hijos, de 15 y 7 años.

Pero no fue así, desde el principio él argumentó que su sueldo era muy bajo y que no podía otorgarle una pensión en forma, como lo establece la ley y ella, por “llevar la fiesta en paz”, aceptó.

Él ocasionalmente les llevaba a sus hijos leche, fruta, cereal, y algunos otros artículos para la semana, aunque sin llegar a una despensa formal, pues era escasa; por muchos meses Carmen toleró esa situación, pues él insistía en que no le alcanzaba para brindar una pensión alimenticia como la establecida por la ley.

En tanto que para las colegiaturas de las escuelas de los niños y otros gastos, él sí reclamaba a ella que aportara el 50 por ciento, sin excusas; así transcurría la situación hasta que hace unos días el hombre se compró un vehículo, a pesar de que decía que no tenía dinero para la pensión.

Enseguida el hombre renunció a su actual empleo, aunque luego ella supo que lo había hecho para aceptar otro en el que la paga es buena, pero tendrá que salir de la zona para desempeñarlo.

Carmen enfureció por la injusticia y de inmediato se puso en contacto con su abogada, quien le recomendó ingresar la demanda de pensión alimenticia y pedirla por nómina, para que sus hijos puedan acceder a la parte que les corresponde para su adecuado desarrollo.

Ella le informó a su ex pareja que ahora será la abogada la que lleve el caso, lo que causó malestar en el hombre, quien le espetó que era una mala persona por hacer eso y la acusó de que pretendía verlo fracasar con esas acciones.

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La activista Miriam Chávez precisa que la pensión alimenticia es obligatoria hasta que los hijos cumplan 18 años de edad, y en caso de que estudien, hasta los 25 años de edad, aunque en éste último caso hay algunas condiciones, como el que no trabaje, que no haya repetido año escolar, que tenga buenas calificaciones y demás, pero resaltó que la pensión hasta los 18 años de edad es irrenunciable.

Destaca que el abandono paterno es una de las situaciones que más impacta a las infancias, pues además del aspecto emocional se convierte en automático en un deudor con su acreedor o acreedores.

De modo que con la reforma realizada recientemente para el registro de deudores alimentarios, se da un paso importante en la materia, pero considera que no se reflejará un cambio significativo inmediato e incluso se tiene que analizar a largo plazo su impacto real.

Lo anterior pues externa que es una reforma que plantea una acción compleja, pues su efectividad depende en buena parte de la manera en la que se ponga en marcha por parte de funcionarios, toda vez que si estos no cuentan con la adecuada capacitación en el tema y además con una perspectiva de género y de infancias, fracasará el registro nacional.

Explica que hay muchos escenarios que pudieran registrarse y los cuales podrían ser utilizados por los deudores alimentarios para no quedar inscritos en el padrón, entre ellos la burocracia, el tiempo a invertir para el juicio y el costo de éste.

Acota que todavía no se conoce el protocolo de cómo se implementará el registro nacional de obligaciones alimentarias, pero sentenció que quienes están a cargo de esa labor deben considerar todos los detalles y afinarlo, para evitar lagunas legales que además de permitir la evasión del deudor, vulneren el derecho de las infancias a una vida digna.

Reconoce que en ocasiones los deudores alimentarios evaden sus obligaciones recurriendo a consejos y artimañas sugeridas por sus abogados o asesores legales, lo que ha elevado la tasa de incumplimientos en la pensión alimenticia.

Yocelyn Tovar Mendoza es abogada y también diputada suplente por el distrito local de Tepeji del Río. Para ella, esta reforma representa la justicia para las infancias y adolescencias y por ello como abogada, dice, jamás tomaría un caso de defensa de un deudor o deudora alimentaria.

Señala que la reciente reforma en la materia fortalece el cumplimiento de la entrega de la pensión alimenticia, lo que directamente beneficiará a las infancias y adolescencias pues permitirá que se reduzca el porcentaje de incumplimiento, que en la actualidad es muy alto, además de que para acceder a ella se debe seguir un proceso legal tedioso, costoso y enfrentar todo el aparato gubernamental mexicano, con leyes laxas en algunos aspectos todavía.

Retoma incluso un dato ofrecido por Mayuli

Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, quien en marzo pasado dio a conocer que en siete de cada 10 divorcios, alguno de los padres no cumple con el otorgamiento de la pensión alimenticia; destacando que las madres, mayormente, se quedan a cargo de la manutención total de los hijos ante el abandono del padre.

Y evidencía Tovar que las mujeres no inician la demanda por pensión alimenticia debido a la falta de dinero, pues el rango de casos que llegan a una resolución es mínimo, casi nulo, lo que desincentiva a las mujeres a iniciar el proceso legal.

Según la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, de cada 10 mujeres que ingresan una demanda de este tipo, sólo una obtiene un fallo favorable.

Pero no sólo eso, sino que, continúa Yocelyn Tovar, además en pleno 2023 hay mucho desconocimiento en torno al tema y por ello en muchos casos no se acuerda extraoficialmente una pensión fija y definitiva para las infancias, sino sólo una provisional e incompleta, con alto grado de incumplimiento y sin sanciones hasta ahora, antes de la reforma.

“Simplemente dejaban de trabajar o le pedían a la pareja que le haga como quiera, pero que no darían la pensión”, resume, para indicar que con la condicionante de no aparecer en el registro de deudores alimentarios para hacer trámites simples podrán erradicarse las excusas usuales.

Hidalgo registró

4 mil

356 casos de incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, entre el periodo de enero de 2015 a julio de 2020

Reconoce no obstante que las leyes en el país todavía son poco rígidas y contemplan pensiones alimenticias bajas, aunque celebra que se estén reformando para hacer justicia a las infancias y adolescencias.

En sus recorridos por el distrito como diputada suplente ha conocido muchos casos y son muchas las mujeres que le han pedido asesoría, pues el anuncio de la reforma sobre pensión alimentaria generó esperanza para que los deudores cumplan con sus obligaciones.

Los juzgados ya esperan muchas demandas en breve, una avalancha, pues esta reforma abre las puertas a brindarle justicia a quienes quedan desprotegidos por parte de alguno de los padres. Mujeres se han acercado para decirle que antes no pensaban demandar, pero ahora, con la entrada de esta ley en vigor, sí. Después de décadas, por fin se vislumbra un rayo de justicia en la materia.