Ponencia del Embajador Alberto Székely Asisto a este evento con base en mi experiencia profesional sobre este tema específico acumulada durante 32 años tanto en el ámbito académico y de la investigación jurídica, como en el diplomático y, huelga decir, asisto de manera totalmente independiente de cualquier política, postura, partidista pues jamás he militado en partido político alguno. Al final de la sesión tendré el gusto de compartir, por si resultan de alguna utilidad una compilación de mis investigaciones publicadas durante esas tres décadas. Comparezco preocupado, muy preocupado, porque al menos que se actúe sin dilación alguna, está por perpetuarse un nuevo episodio de negligencia nacional como aquellos que nos hicieron en el pasado perder territorio, renunciar por irresponsabilidad jurídica y política a espacios como la Isla de la Pasión e ignorar, por descuido, la riqueza mineral de los fondos marinos nacionales que también deberían ser objeto de una consulta como ésta. Me explico; cuando hablamos de los yacimientos submarinos transfronterizos de hidrocarburos, necesariamente se alude a aquellos que atraviesan nuestras fronteras con otros países, principalmente por el momento con Estados Unidos, sólo algunos de los cuales son relevantes para el tratado de largo nombre celebrado en 2000 entre ambos países. Mientras que otros, a lo largo de al Costa Occidental del Golfo de México, pero no dentro del polígono trazado en el centro de ese espacio por el tratado, en ambos casos, la situación de México es
precaria y sumamente peligrosa, sin que al respecto se estén tomando las medidas adecuadas para salvaguardar los intereses nacionales. El tratado de 2000 que obliga a México y es ley suprema de la unión está relacionado con probables yacimientos de los que poco se sabe respecto a su abundancia potencial y explotabilidad situados en el polígono trazados por el tratado. Hay importantes defectos del tratado que pueden tener nefasta consecuencias para el interés nacional. Esos defectos tienen que ver con, primero, disposiciones que irremediablemente tenemos que reconocer que son débiles en el tratado y que México no debería de haber aceptado y que quizá resulten del grado en que se siguió o no se siguió el pliego de instrucciones original. También tienen que ver estos defectos con la negligencia de los gobiernos sucesivos en aprovechar los pocos aspectos promisorios del tratado. Cuando en su artículo cuatro el tratado establece una moratoria de 10 años a la explotación de yacimientos a ambos lados de un segmento de la frontera submarina dentro de sendas franjas de 1.4 millas náuticas, deja un alarmante hueco o laguna jurídica de lo que pasará al final de ese largo lapso. Hueco, y éste sí es el verdadero hoyo de ese tratado, que sin duda será aprovechado por los intereses del otro lado de esa frontera. En efecto, el artículo cinco débilmente dispone que durante esos 10 años las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos, lo cual Estados Unidos fácilmente podrá aducir aun en contra del principio de la buena fe o pacta sum servanda, en el derecho internacional, que no
le obliga, pues la obligación de buscar un acuerdo no es lo mismo que una obligación de llegar a un acuerdo, esa obligación de llegar a un acuerdo no está en el tratado. Más razón le estará dando a esa postura el propio gobierno de México si seguimos con la situación prevaleciente, ya que casi ocho años después de adoptado el tratado y a sólo un poco más de dos años de que se cumpla la moratoria de 10 años, México nunca ha pedido oficialmente a Estados Unidos que se sienten sus gobiernos a negociar un acuerdo para la explotación de los yacimientos. El artículo cuatro en su fracción III dispone que las partes podrán, por canje de notas diplomáticas, modificar ese periodo de 10 años. Será un acto de gran irresponsabilidad apostarle a que Estados Unidos quiera acordar esa prórroga cuando no está ni siquiera obligado a ella y cuando el vencimiento de los 10 años lo han dejado libre para explotar desde su lado esos yacimientos sin preocuparse de que haya o no un acuerdo con México. Son defectos importantes del tratado No podremos ni acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia, cuyo reconocimiento jurisdiccional le ha sido retirado por Estados Unidos. Pero aun si fuéramos y Estados Unidos participara en un litigio con nosotros en la Corte, llegaríamos con una posición sumamente débil, pues ni hemos buscado nosotros mismos ese acuerdo ni hemos legislado internamente para disponer el régimen y delimitación de nuestra plataforma continental. Tenemos serios problemas constitucionales al respecto que deben ser analizados, desafortunadamente no puedo estar de acuerdo con mi amigo de muchos años, el embajador González Félix en que
esto se resuelva con una enmienda como la que propone la ley relgamentaria del artículo 27. Pero si eso está mal, peor estamos todavía el caso de los otros yacimientos transfronterizos submarinos en aguas profundas fuera del polígono del tratado y a lo largo de la franja costera del Golfo, cuya explotación es inminente desde el lado americano, y se ha dicho; sin que nuestros gobiernos se hayan preocupado por asegurar, si quiera, el inicio de negociaciones con los Estados Unidos. Esta negligencia no hace más que fortalecer la posición americana que se basa en la llamada regla de captura, y lo hace porque además en otros yacimientos de hidrocarburos en la frontera terrestre, y no nada más con Estados Unidos, hemos tolerado y participado, también, en la explotación de estos yacimientos sin que haya acuerdo previo alguno y por lo tanto hemos consagrado, con nuestra práctica, hemos dado fuerza más bien con esta práctica a esa regla de captura. Eso en cuanto a la negociación, en cuanto a la exploración y explotación conforme al derecho internacional es obligación de países vecinos llevar a cabo la exploración y explotación de yacimientos submarinos transfronterizos, sólo previo acuerdo entre ellos, que respete la parte alícuota que a cada uno de ellos corresponde como derecho sobre esos recursos. Dado nuestro régimen legal constitucional y legal interno en la materia, en dicho acuerdo no puede preverse lo que se ha llamado la unitización del yacimiento, falaz concepto que tratan de vender como la única alternativa inteligente disponible y como si fuera una
regla de la física los despachos y empresas americanas a las autoridades mexicanas y que algunas de éstas parecen ya haber comprado. Se dice que este tema no tiene que ver con la llamada Reforma Energética, sin embargo se usa el tema de los yacimientos como panacea para vender esa reforma. Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, en la exploración y explotación de estos yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell por el lado americano y la Shell por el lado mexicano. Si en cambio se preserva el régimen actual, no hay nada en él que impida llegar a acuerdos sobre la explotación de estos yacimientos con Estados Unidos, lo cual es también cierto con nuestros otros países vecinos. Ni es necesario que se le modifique en medida alguna, desde luego, siempre que no se pretenda incluir en esos acuerdos la participación privada manejada alrededor del concepto de unitización. Lo que hace falta es iniciar cuanto antes como urgente asunto de seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación amateur de políticos que no tienen conocimiento de causa, iniciar las negociaciones por una parte del acuerdo que prevé el tratado de 2000; por otra parte un acuerdo para los otros yacimientos que están fuera del polígono y que ya están a punto de explotación.
Y sobre todo, México debe exigir la negociación impuesta en vigor de un tratado que resulta de la mayor relevancia para proteger nuestros intereses respecto a estos yacimientos, es un tratado que conforme al acuerdo paralelo al TLC en materia ambiental, conforme a uno de sus artículos, los tres países tenían la obligación de negociar en materia de impacto ambiental transfronterizo. Estados Unidos y Canadá han saboteado el cumplimiento de esa obligación y si llegamos a un acuerdo de explotación de yacimientos transfronterizos, sin este acuerdo al que nos obligue el TLC haremos un terrible error. Confío plenamente en que la actual Canciller se alze a este reto y actúe ya por encima de las resistencias en otros rincones del gobierno. La Canciller tiene lo que necesita para desahogar esta gran responsabilidad histórica. Las autoridades mexicanas no tendrán que empezar esas negociaciones desde cero para prepararse para ellas, desde hace más de 20 años se elaboró un modelo de tratado entre expertos legales y técnicos de ambos países de lo que podría ser un acuerdo para la explotación de estos yacimientos, respetando plenamente el régimen constitucional mexicano actual que era el mismo de entonces. Este proyecto denominado Proyecto Puerto Vallarta por el lugar donde se adoptó, después de una investigación de seis años y que está en el paquete de publicaciones que voy a entregar. Ahí se ha avanzado ya muy considerablemente en todos los elementos legales y técnicos que se deben considerar en una negociación de ese tipo.
Concomitantemente a todo lo anterior, obviamente no nos servirá de nada celebrar negociaciones cuidadosas y hacer valer nuestros derechos para explotar estos recursos, si al mismo tiempo no liberamos a PEMEX y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación, por 70 años ya, de la riqueza con la que podíamos haber salido del subdesarrollo y que podría haber eliminado las millonarias filas, los que dicho saqueo ha dejado en extrema miseria. Para ello, lo que se necesita no es modificar la Constitución, lo que se necesita es aplicar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades, independizando la procuración de justicia y restableciendo el Estado de Derecho siquiera en este ámbito limitado. Lo que tenemos que hacer también es convocar a los expertos técnicos, algunos de los cuales están presentes, de los cuales seguramente podemos sentirnos orgullosos que se han educado aquí y en otras partes, convocar a nuestras universidades e institutos de investigación a que participen en una urgente campaña de desarrollo tecnológico que nos permita, todavía, aprovechar lo poco que queda de la riqueza petrolera nacional sin derrotarnos desde el principio para sucumbir a la dependencia, como algunos en el gobierno quieren imponer. Más que nada, debemos convocar a nuestros abogados e internacionalistas a que esgriman el derecho internacional por encima de los intereses que hay detrás de la contienda política nacional en el tema energético. Muchas gracias