La seguridad energética nacional, el proyecto de reforma de PEMEX C. Martín Esparza Flores. Secretario General. Sindicato Mexicano de Electricistas. Senado de la República. 27 de mayo del 2008. Presentación. Una cuestión nos queda clara. Los argumentos utilizados para proponer la reforma a PEMEX, son los mismos de las empresas extranjeras para criticar la expropiación de sus bienes por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas. Se dijo entonces, México no tendría ni capacidad financiera, ni elementos tecnológicos y por supuesto, los trabajadores –técnicos, profesionistas, administrativos y obreros- llevarían a la quiebra a la industria petrolera. Sólo las empresas trasnacionales podrían salir avante en la extracción, producción, distribución y comercialización del petróleo mexicano. Hoy se nos repite en forma incesante esos mismos argumentos: PEMEX no podrá ni tiene capacidad técnica y para "fortalecerlo" se requiere de la participación de las empresas extranjeras. Esa es la salida actual, se insiste. Desde aquélla época, quedó más que demostrada la capacidad plena de los mexicanos en PEMEX, gracias a lo cual se ha convertido en la empresa por excelencia del país y genera el sustento económico del crecimiento y el desarrollo nacional. El mayor aporte al PIB es de PEMEX. De los propósitos indicados resalta el desdén hacia el trabajo de profesionistas, técnicos y obreros de nuestro país. La iniciativa de reforma a PEMEX, los olvida. Peor aún nos agravia, cuando nos asecha. Durante todo el siglo pasado más lo que llevamos de éste, es notoria la calificación de los trabajadores petroleros para alcanzar los objetivos de producción y servicio en la industria; en todos los ámbitos esa capacidad dio cuenta de su crecimiento, expansión y consolidación; solo gracias al trabajo de los petroleros, PEMEX se ha convertido en la industria estratégica que es. Desde nuestra perspectiva, desde la industria eléctrica notamos y anotamos estas cuestiones, pues buena parte de los calificativos están basados en ese desdén. Las descalificaciones empiezan con los trabajadores para culminar con sus derechos, con el contrato colectivo y con la aparente improductividad. En los momentos cruciales de nuestras industrias estratégicas se menciona a los trabajadores para descalificarlos; para atacar sus derechos como prerrogativas o como privilegios. Cuando no es desdén es ataque. Nuestro reclamo va en ese sentido. Antes que los administradores y directores de las empresas, siempre transitorios o sexenales, queda el conjunto de obreros,
de técnicos, profesionistas, especialistas y trabajadores, todos permanecen en estas nuestras empresas, son base, sustento y razón de la eficiencia, calidad y productividad de la industria estratégica nacional. Desde 1938 como desde 1960 los recursos estratégicos de la nación se respaldan, se fundamentan y proyectan con el esfuerzo, calidad, esmero y convicción de las trabajadoras y los obreros mexicanos. Los contratos colectivos son el mecanismo idóneo, donde cantidad y calidad del trabajo se adecuan a las exigencias productivas, a las de la demanda como a las del medio social y a la ecología; responden al cumplimiento cabal de los objetivos de ser empresas al servicio del crecimiento económico y palanca del desarrollo social. México tendrá proyección a partir del sentido constitucional otorgado a sus recursos estratégicos. Independencia económica, desarrollo social y soberanía política logrados por su industria nacional de energía. Siendo esta la cuestión, tan sencilla de entender, nos preguntamos ¿Qué se están proponiendo? ¿Se trata de un asunto de seguridad energética nacional o es un asunto de seguridad geopolítica del vecino del norte? Nuestra respuesta es clara: Por supuesto se trata de la seguridad energética nacional y, por lo mismo, de mantener para el país los recursos estratégicos en la esfera de dominio directo, exclusivo y excluyente que tiene el Estado mexicano sobre ellos. Fundamentos y traiciones. Dos fundamentos. Un principio base, es la premisa constitucional de la propiedad y exclusividad de la Nación sobre los recursos estratégicos, planteado en el artículo 27. Para el crecimiento económico autónomo y el desarrollo social de los pueblos. De hecho toda la forma de propiedad descansa en la Nación pues ella transmite el dominio a los particulares; sólo ella permite y constituye la propiedad privada. Aún más, se podrá imponer a esa propiedad privada las modalidades dictadas por el interés público. Es claro y preciso el mandato constitucional, en espíritu y letra. Segundo principio base para el desarrollo social de nuestro pueblo y cada uno como persona, está la presencia de este artículo en el capítulo primero, donde residen los derechos individuales de los mexicanos, los derechos universales de los hombres. Para el beneficio y desarrollo de su formación integral. El Constituyente tuvo una perspectiva y una visión promisoria sobre el futuro de los mexicanos. Hace descansar los derechos individuales en uno que les fomenta crecimiento y desarrollo, a partir de las decisiones soberanas de sus recursos esenciales.
El patrimonio nacional al servicio de sus ciudadanos de manera única, exclusiva e indisoluble; lo preserva para ser palanca de desarrollo. Podría comentarse además, desde nuestro contexto, servicio público de energía eléctrica para todos los mexicanos. El derecho universal implícito, dada esa presencia en el capítulo primero: es un derecho humano para los mexicanos. Estos recursos por eso son estratégicos, por esto fundamentan la soberanía; son una esfera de dominio directo, exclusivo y excluyente que tiene el Estado para el crecimiento independiente y el desarrollo social del pueblo mexicano. Las traiciones. La iniciativa de ley parte de traiciones claras a nuestra Constitución, son evidentes. Podríamos llamarles cínicos, pero los juristas les llaman inconstitucionales. La esencia de las propuestas de ley descansan en la entrega a los particulares de las funciones exclusivas de la Nación, aplicadas a través del Estado y por mediación de las empresas de energía. Sólo ellas y nadie más. Ningún particular mucho menos alguna empresa. Las propuestas, las iniciativas de ley evaden nuestra Ley Suprema. Proponen tergiversar e incumplir el mandato constitucional. La síntesis de la traición constitucional la hizo la secretaria de energía, el pasado 8 de mayo: 1. Los sectores social y privado podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos obtenidos de la refinación de petróleo y petroquímica básica. 2. PEMEX y sus organismos podrán contratar con terceros los servicios de refinación de crudo. 3. Terceros podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, bajo norma reglamentaria que se expida. 4. El pago de contratos a terceros por obras y de prestación de servicios será en efectivo. 5. Se crea la Comisión de Petróleo con autonomía técnica y operativa. Apoyará a la Secretaría de Energía en la planeación estratégica. 6. Esta Comisión estará formada por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Energía. 7. Se crean los bonos ciudadanos, cuyos titulares serán personas físicas y las administradoras de fondos para el retiro así como las sociedades de inversión para las personas físicas. 8. Los bonos se emiten sin derechos corporativos ni patrimoniales sobre PEMEX. 9. Un comisario dará cuenta de la veracidad de los datos e información de PEMEX. 10. Para estas labores mencionadas se otorga autonomía de gestión a PEMEX sin requerimientos de autorización de la Secretaria de Hacienda o cualesquier otra Secretaría o institución de Estado.
La entrega es evidente. Serán las empresas extranjeras o los capitales privados los encargados de estas funciones exclusivas de PEMEX. La Junta de Gobierno, la Comisión de Petróleo y el Comisario dependerán en forma directa del Ejecutivo federal, la autonomía se convierte por ello en una directa forma de mando del presidente. Los nuevos instrumentos sólo son vínculo estrecho presidencial. Los contratos son la entrega plena de algunas de las funciones sustantivas de PEMEX por mencionar tres, la refinación, los ductos y la explotación en aguas profundas sin mencionar que dichos contratos podrán solventar algunos de los mecanismos propios de las licitaciones públicas. Si todos los funcionarios de PEMEX son designados por el poder Ejecutivo y la empresa podrá elaborar contratos en forma directa, entonces será aquél quien realice en forma directa tales transacciones. Por lo que incumplirá su protesta constitucional, para ejercer su cargo. Los bonos llamados ciudadanos en realidad se entregan a los instrumentos financieros de la banca extranjera, pues eso son las Afores y las Siefores, por ello las felicitaciones corrieron en forma inmediata de la Casa de Bolsa de Valores, como de parte de quienes controlan los fondos de ahorro para el retiro. Esto es increíble. Pero es cierto, esta en la iniciativa de Ley. De nueva cuenta se entregarán a los banqueros recursos financiero y utilidades obtenidas por el petróleo de los mexicanos. Una entrega más para el capital financiero internacional, de un largo proceso de sumisión y traición: 1.
Se privatizó la banca en condiciones inmejorables para el capital financiero. Recuérdese la venta de Banamex. 2. Se les entregan desde entonces cientos de millones de pesos, parar otorgarles confianza o certidumbre, a través del IPAB/Fobaproa. 3. Se les entregan eternamente, todos los montos de los fondos para el retiro de todos los trabajadores mexicanos, a través del SAR, las Afores y las Siefores. Y ahora, para modernizarnos. 4. Se les crean los bonos ciudadanos, para enriquecer sus ganancias, para que especulen con ellos, otorgarles confianza y, claro, "para fortalecer a PEMEX". La entrega de los recursos financieros nacionales, podríamos decir estratégicos, a la banca extranjera es evidente. Una traición más. El círculo vicioso es claro. Se abren a empresas extranjeras labores sustantivas de PEMEX y para cerrarlo crean los bonos en poder de las Afores, los rendimientos financieros para la banca extranjera. Si además persisten los Pidiregas, las deudas de nuestra empresa crecerán. Los beneficios como la llamada renta, propiedad nacional y de beneficio para los mexicanos se perderá en forma plena.
Las traiciones están demostradas. La privatización está proyectada en la dichosa reforma a PEMEX. Las iniciativas de ley deberán rechazarse en forma tajante. De otros olvidos y traiciones. Algunos de los ponentes en este Foro han presentado la incongruencia de estas iniciativas de ley más la ausencia de una propuesta de reforma fiscal. Pues el rumbo de PEMEX está determinado, en todo, por la forma intervencionista que Hacienda tiene sobre los recursos de la empresa. En el primer trimestre de 2008, la renta petrolera generada por PEMEX se elevó 60.9 % comparada con la del año pasado, hasta alcanzar 204 mil 500 millones de pesos [son 19 mil 205 millones de dólares]. Según la Bolsa Mexicana de Valores, el incremento se debe a una elevación de 36 mil 600 millones de pesos en el rendimiento de operación, y a un aumento de 30 mil 600 millones en "otros ingresos netos". En total el incremento en la rentabilidad de la paraestatal fue de 67 mil 200 millones de pesos [6 mil 311 millones de dólares]. Sin embargo, Hacienda determinó que 98.4 por ciento de la renta petrolera fuera transferida al pago de impuestos, derechos y aprovechamientos por 201 mil 600 millones de pesos, durante los primeros tres meses de 2008. Esto significó un incremento anual de 46.2 por ciento en la carga fiscal. La contribución directa al Estado, por la actividad de PEMEX, alcanzó el año pasado poco más de 80 mil millones de dólares, y el monto acumulado en los seis años de la administración de Fox rebasó los 287 mil millones de dólares. Un volumen de recursos sin precedente. Un tercio de cada obra pública [presas, carreteras, escuelas]; tres de cada 10 empleos oficiales, ó 45 centavos de cada peso que se gasta en desarrollo social, o una parte importante del ingreso de cada estado y municipio del país, se origina en el excedente económico del petróleo. Existen dos perversiones más. Primera. Al entregar parte sustantiva de sus labores al capital privado, se reducirá en forma drástica el aporte fiscal de PEMEX [no privatizan a la empresa, le quitan labores]; sea por la apropiación privada del recurso o sea por el pago directo "del servicio". De que se pierde, se pierde. Las empresas que refinen, exploren, exploten o se encarguen de los ductos, no lo harán de gratis ni sólo de buena voluntad. Harán negocio, obtendrán utilidades y cobrarán su cuota de ganancia. Comerciarán y usufructuarán con el recurso de los mexicanos, para de nueva vez, "entregarlo a la empresa nacional". Segunda. La propaganda oficial ideologiza, diciendo que solo será una ayuda a PEMEX por parte de empresas extranjeras pues con ello se permitirá continuar
los programas sociales. "De no hacer nada, México perderá". El gobierno actual chantajea, amenaza. O se entregan labores de PEMEX, o se dejará de realizar obra social y pública. Es la única salida. Pero, se insiste en las iniciativas de Ley como en el Diagnóstico de PEMEX que no hay dinero ni capacidad financiera. Por lo cual el auxilio, la ayuda a la empresa es urgente. Se clama por los voceros de la ley, si no hacemos nada tendremos problemas en los próximos años. Pero aún hay más. Esta debilidad de PEMEX fue y está dirigida y orquestada por quienes proponen "su fortaleza". La empresa arrastra un endeudamiento contratado con empresas privadas bajo la figura de Pidiregas, valuado en más de un billón 618 mil millones de pesos y el cual supera en 30 por ciento el valor actual de la propia empresa. Si los activos totales de Pemex ascendieron a un billón 247 mil 200 millones de pesos, primer trimestre de 2008, entonces el endeudamiento contratado con empresas privadas es mayor en casi 371 mil millones de pesos que el valor total de la compañía petrolera. Por concepto de intereses y amortizaciones tienen que pagarse 730 mil millones de pesos entre 2008 y 2012; esto es, 45 por ciento del monto del endeudamiento asumido por los Pidiregas. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, la inversión en Pidiregas creció a una tasa promedio anual de 33.9 % en los últimos 10 años. En contraste, la inversión presupuestal -proviene de los impuestos de la población-, ha sido desplazada por el endeudamiento, al reducirse en una tasa anual de 9.6 por ciento en términos reales. En promedio, cada uno de los contratos de los Pidiregas de PEMEX implica una inversión de casi 5 mil millones de dólares, financiados con deuda asumida por la paraestatal, no exentos de excesos, como documenta la Auditoría Superior de la Federación. En resumen los Pidiregas provocan distorsiones y muestran la debilidad de las finanzas públicas, pues ha permitido ocultar el aumento en el déficit de las operaciones del gobierno federal, compensándolo con un superávit obligatorio en caja de PEMEX. Los Pidiregas hoy no representan ninguna ventaja en términos presupuestarios; la amortización y pago de intereses han llegado a ser tan importantes como la nueva inversión. O peor, la reducen. Y de los contratos especiales hacia las empresas de Juan Carlos Mouriño mejor ni hablamos. Hasta 1976 la producción de crudo se había elevado a cerca de 900 mil barriles diarios, de los cuales se exportaba 13% mientras el resto, 783 mil barriles, se
industrializaba en el país con refinerías propias y un fuerte impulso a la petroquímica. A partir de 1977 Pemex se convirtió en fuerte exportador de crudo para aprovechar los altos precios del mercado internacional ocurridos a principios de la década auspiciados por los países árabes. En contraste se dejaron de construir refinerías y se inicio la importación de gasolinas. Los petroquímicos básicos en su mayoría fueron convertidos en secundarios, con lo cual se les entregó a empresas privadas. Ello fue realizado por el gobierno de De la Madrid. Dividen a la empresa en 4 organismos subsidiarios; quiebran así una industria integral. No satisfechos con ello, a PEMEX Refinación y a PEMEX Petroquímica, los siguientes gobiernos, hasta el presente, les quitaron los recursos de mantenimiento y expansión. En 1992 se producían casi 20 millones de toneladas de petroquímicos. En 2005, bajo a sólo 6 millones, desde entonces ya no se produce benceno ni turbosina. Con estas decisiones de gobierno se vende crudo barato al extranjero [80% de la exportación va para empresas de USA] y por ello México importa el 40% de gasolina para el consumo nacional y 70% de los insumos petroquímicos para la industria nacional. Han sido las políticas de gobierno las que quebrantan y desangran a PEMEX. A pesar de ello, PEMEX sigue siendo el sostén del país, gracias a sus profesionistas técnicos y a sus trabajadores, el país alcanzó una plataforma de exportación de un millón y medio de barriles diarios que, con un consumo interno del mismo volumen, llegó a una producción de 3 millones de barriles diarios que con ligeras variantes mantiene hasta la fecha. Este se corresponde a la demanda requerida como seguridad nacional energética; al cubrirse tendremos certezas. Es lo que el pueblo de México requiere. Recuérdese que Carlos Salinas adoptó el proyecto neoliberal de reducir el Estado y privilegiar el mercado; siguió las políticas del Consenso de Washington; suscribió el TLC de América del Norte y aseguró el uso fiscal de la renta petrolera fraccionando a PEMEX en cuatro organismos subsidiarios, con objeto de concentrar su operación en la exploración y producción de crudo. Suspende los proyectos industriales destinados a satisfacer las crecientes necesidades de refinados y petroquímicos del nuestro país. Por lo que los objetivos de toda la política económica cambiaron en aras de la "estabilidad" de precios y del tipo de cambio, confiando en la inversión privada y en una globalización que desmanteló las instituciones públicas de fomento agrícola e industrial, privatizó a esas como al sector financiero de la banca y el crédito. Éstos últimos son ahora, gracias a la privatización, 90% extranjeras. Recuérdese que desde entonces los gobiernos, siendo consecuentes con el proyecto, mantuvieron y profundizaron esas mismas líneas políticas. En los hechos Salinas de Gortari no ha dejado de gobernar, los tres gobiernos
siguientes, fieles a su credo y fe, idolatran al capital, al mercado y a la privatización. Les molesta que les llamemos neoliberales, por las acciones realizadas; de acuerdo, pero estas son traiciones constitucionales. El cambio de partido o personaje se dio, pero nunca el de la política económica. Los gobiernos –durante ya 30 años-, persisten en esa tendencia salinista: practican la traición constitucional. Se importa 40% de las gasolinas y no se ha ampliado la capacidad de refinación, el gobierno alega que aun siendo prioritario este proceso PEMEX carece de capacidad de ejecución. Se olvida que PEMEX ha sido desmantelado, como lo denuncian múltiples expertos. Su manejo ha sido tal que hace aparecer como antieconómica la industrialización de nuestras materias primas de alto precio en el mercado internacional. Ahora se pretende obligarnos a continuar por el camino, de permanecer en la periferia como exportadores de materias primas e importadores de productos industrializados. Pues bien podríamos sacar las cuentas de estos elementos financieros, hasta lograr mostrar que las refinerías potenciales podrán comprarse en forma íntegra para solventar los problemas que las importaciones de gas y gasolina provocan, pues padecemos sus altas tarifas, a pesar de tener una de las mejores empresas petroleras del mundo. Desde el año 2000, cuando llegó la transición, se prosigue con esta tarea para desmantelar y debilitar nuestra industria petrolera, base y sustento real de la economía nacional. En materia de los montos de producción de barriles diarios se ha tenido una política ambigua, en ocasiones bajándola cuando los precios suben para ejercer presión a la OPEP; en ocasiones subiendo. A nivel nacional éstos niveles han estado dañando sea por los precios a los que nos retornas los derivados, sea por los impactos tenidos en la economía, sea por las formas de distribución de los excedentes o los usos presidenciales de los mismos. Los vaivenes de los años recientes se realizan, cosa curiosa y contradictoria, cuando los precios del petróleo suben con lo que repercute tanto en las propias alzas en las tarifas del mercado interno, en los montos de la deuda externa – Pidiregas- como en las importaciones de los productos que se han dejado de generar por el propio PEMEX. Al parecer los gobiernos también traicionan a la OPEP. Ni participan con los No Alineados.
Sin duda es la política económica de los regímenes neoliberales la que asecha e induce el quebranto de nuestras empresas de energía, con lo cual se violenta a la Constitución Política de los mexicanos. De las afectaciones eléctricas.
Estos neoliberales son insaciables, por eso algunos le llaman a este periodo capitalismo salvaje. Han trastocado las estructuras económicas y han desarticulado las políticas sociales y públicas, para convertir todos estos espacios en mercancías, en mercado. Todo lo ven a través del modelo costo/ganancia. Los asuntos de deuda con los Pidiregas y las licitaciones a terceros une en forma directa la política petrolera con la política eléctrica. Ni que decir de los precios del combustible y las afectaciones a las tarifas eléctricas. Este esquema es una más de las traiciones, del olvido de la Constitución. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, se ha dedicado en los años recientes, en especial en los gobiernos "del cambio democrático" a transitar de lo público a lo privado, todas las nuevas obras de plantas generadoras las han entregado a empresas privadas, en especial extranjeras [corporaciones trasnacionales]. Licitan la obra nueva, Claro "sin privatizar un solo tornillo" de las empresas nacionales, pero estas no crecen ni florecen. Las licitaciones como los permisos para particulares se programan año con año, sin parar, sea para capital nacional o extranjero. Para Centrales Diesel se han adjudicado 5 proyectos con una capacidad de 139.667 MW; un proyecto para una Central Eólica; 8 para Centrales Geotérmicas; 6 más Hidroeléctricas, la Yesca y El Cajón son los ejemplos, así como una primera fase en Laguna Verde, obtenidas por Iberdrola y Alstom Mexicana en febrero del 2007. De igual forma a enero de ese año, tres gasoductos fueron adjudicados para Rosarito, Samalyuca y Mérida-Valladolid. Se han otorgado 68 permisos de electricidad para usos propios; 2 de pequeña producción; 22 para productores independientes; 8 para exportación; 73 para Cogeneración y 617 permisos de Autoabastecimiento, ejemplo de éstos son los 19 otorgados a Bimbo, 17 a Cinemex, 20 a distintos ingenios azucareros, 13 a Liverpool o los 95 para la corporación Wal-Mart de México y, claro, los 119 de Telmex.1[1] Estamos ante la creación de un sistema eléctrico privado, construido en forma paralela a la industria eléctrica nacional. Las sociedades de "autoconsumo remoto", son base de la existencia de un "sistema eléctrico privado" [valiéndose de las redes públicas, como pretenden hacer con los ductos de PEMEX]. Si algo prueba la inconstitucionalidad de esos cambios son sus resultados y la Ley de la CRE es una buena oportunidad. La cuestión es simple.
Mediante ilegales permiso de Autoabastecimiento y Cogeneración, las llamadas sociedades de autoconsumo [remoto] impactan en la planeación y desarrollo del Sistema del Eléctrico Nacional al requerir servicios de transmisión y respaldo, que obligan a la expansión de la red de transmisión-distribución y, más aún, a la instalación de una reserva adicional de generación, todo con cargo al erario. Pero no solamente, los permisionarios además dejan de pagar su consumo, puesto que "inyectan" al sistema nacional "su" generación, para ser distribuida por todo el país a "sus" asociadas. Es el caso de enormes plantas de Autoabastecimiento como Iberdrola Energía Monterrey [527 MW], Tractebel [229 MW], Termoeléctrica Peñoles [230 MW], Termoeléctrica del Golfo [230 MW], Energía Azteca VIII [131 MW] y Enertek [75MW, permiso de Cogeneración], entre otras. Esas instalaciones operan para "autoabastecer" a una amplia cartera de clientes, comercializando ilegalmente la electricidad que generan. Iberdrola, por ejemplo, ha sido autorizada por la CRE para modificar una y otra vez su "cartera de clientes", que abarca importantes empresas vidrieras, cementeras, papeleras, etc., lo mismo en el Estado de México o en el de Guerrero, que en Michoacán, Puebla, Veracruz, y otras entidades, todas remotas de la generadora, ubicada en Monterrey, Nuevo León. En realidad un complejo formado por dos unidades instaladas en Pesquería, cerca de la Cd. de Monterrey y una más en Miguel Barragán, en la colonia Industrial de Monterrey, que se interconectan mediante una línea de transmisión de 115kV. Se trata de verdaderos sistemas eléctricos privados auspiciados por las transnacionales disfrazadas, que usurpan las funciones constitucionales de la industria eléctrica nacionalizada, desintegrando la industria nacional o al sistema eléctrico nacional. Para completar la CRE ha repartido concesiones para infinidad de plantas privadas pequeñas, que forman un sistema "virtual" que incluso pone en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional ya que, para abatir sus costos de energía, estas empresas se "desconectan" de la red pública durante los períodos punta durante los cuales consumen su propia electricidad. La mayoría utiliza plantas pequeñas, de respaldo a base del contaminante diesel, pese a que muchas están enclavadas en grandes centros urbanos. Es el caso de Enertek, Micase, Energía Azteca VIII, Hidroelectricidad del Pacífico, Impulsora Mexicana de Energía, Proveedora de Electricidad de Occidente. Pero muchas más están programadas. No tocan un tornillo, pero nos están dejando los viejos tornillos para que los nuevos y modernos tornillos sean propiedad de capitales privados. No quepa la menor duda, se privatiza. La entrega del recurso estratégico está a la vista. No podemos siquiera llamar a esto, privatización "silenciosa" o secreta. Es una llana y clara privatización.
Las obras nuevas sean en la industria petrolera, sea en industria eléctrica están siendo realizadas, por empresas extranjeras pero a través de deuda externa para PEMEX y CFE. No les permiten crecer, tampoco les quitan un tornillo ni las privatizan, pero si las endeudan enormemente por medio de los Pidiregas [Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto]. Ya desde el 2002 se nota este modo de endeudar a PEMEX. El gobierno federal abusó en el uso de esos instrumentos. Rebasó en "44.9% real el monto de los recursos autorizados para ejercer esa modalidad". Según Hacienda, los costos totales de los Pidiregas en PEMEX, se elevaron a 170 mil 734.9 millones de pesos, 44.9% en términos reales y 53% en términos nominales. El ejemplo clásico en ese año fue Cantarell, "cuyo objetivo es obtener alrededor de 52.7 millones de crudo pesado en 2005 y una producción total de mil 68.6 millones de barriles, el costo aumentó 3 mil 502.8 millones de dólares".2[2] En noviembre del año pasado, se preveía un valor total de este pasivo, de un billón 904 mil millones de pesos. Del total de proyectos contratados 80 por ciento lo están en moneda extranjera. Sin embargo las cifras aumentaron en 4 meses o al menos se precisaron. El valor estimado ascenderá este año a casi 2 billones de pesos. Monto histórico, equivalente a casi 25% del PIB. A partir de 2008 y hasta 2012 se enfrentarán los pagos más abultados en un horizonte de 47 años. Solo en los próximos 4 años, los requerimientos financieros para cubrir la amortización del principal e intereses serán de 834 mil 679 millones de pesos, para reducirse paulatinamente hacia el año 2045.3[3] El pago de amortizaciones e intereses suman 117 mil 538 millones de pesos; 80 mil 607 millones para amortizar el capital y 36 mil 930 millones solo para el pago de intereses. En 2009 el pagó será de 126 mil 911 millones; 83 mil 146 millones para el pago del principal y 43 mil millones para el servicio. Para el 2010 el pagó total será de 117 mil 58 millones. En 2011 será de 182 mil 899 millones. Para el 2012 el monto histórico será de 230 mil 273 millones de pesos. De este total 170 mil 958 millones para el pago del principal y 59 mil 314 millones para el pago de intereses. Estos esquemas son claros. Son los que promueve, impulsa y sostiene el gobierno desde hace más de 10 años. Persisten en vulnerar las capacidades técnicas, retraen el potencial científico de nuestro país, socavan la esencia de nuestras empresas y, sobre todo, embargan y endeuda nuestro futuro energético.
Se está haciendo crecer la industria eléctrica bajo el dominio de las empresas extranjeras, además éstas someten el patrimonio bajo la forma de deuda externa a más de 50 años y determinan como insumo esencial al gas natural, para volver a sangrar a nuestras empresas nacionales. Finalmente, dado que la generación de la energía eléctrica está vinculada a los precios de los derivados del petróleo como a las nuevas centrales privadas, nos someten a los vaivenes del precio del gas natural y, en forma por demás contradictoria, cuando los excedentes petroleros podrían ser solución, se están convirtiendo en un conflicto para nuestro desarrollo. Quiebran nuestros recursos estratégicos y ponen en entredicho nuestra seguridad nacional. Seguridad energética nacional. El contexto contemporáneo es preciso, sobre todo en asuntos de economía global; aunque para las economías en desarrollo o del tercer mundo nos queda clara desde el siglo pasado la condición imperante. No podemos ni debemos olvidar cómo funcionan las empresas trasnacionales o las potencias del primer mundo.4[4] La apertura comercial o general propuesta desde la esfera del primer mundo implica, en realidad la ubicación de sus empresas en nuestros territorios, donde las carencias técnicas son mayores pero sus recursos y materias primas son abundantes estando dispuestos para la explotación o extracción por parte de aquéllas. Es el momento de evitar y alertar para que este modelo no se aplique a los recursos petroleros de México. La apertura comercial, como la propuesta por el Tratado de Libre Comercio [TLC] tiene esta esencia. Significa la explotación de los recursos y materias primas como productos de exportación para, después, retornar importados como productos procesados de mayor costo. Para decirlo claro: se exporta crudo barato, se importan productos procesados caros. Las empresas modelo para incentivar la entrega de nuestro recurso, son de este tipo, incluso se nos comenta acerca de las asociaciones estratégicas o bien, de aquellos países donde ni siquiera detentan hidrocarburos en sus territorios, pero abren otros mercados. Repsol de España y ENI de Italia actúan de esta forma, en forma sistemática han trabajado intensiva y exhaustivamente los yacimientos del Mar del Norte, cuya explotación prácticamente terminará en unos 15 años; por ello la inquietud de estas transnacionales para localizar otros territorios disponibles. Han puesto el ojo en México y están dispuestas para "ayudarnos" a destrabar a PEMEX. En marzo del 2004 el director de esta empresa –Muñoz Leos- declaró, ya desde entonces, que: "el reto es como esta riqueza - el petróleo - podría orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética de nuestro socio comercial."
De ser cierta esta perspectiva, entonces nos queda clara la seguridad energética que se plantea, se propone con mirada al norte. Pero tenemos reservas para muchos años más de lo que el gobierno informa, dicen que para tan sólo 9 años, pero mienten. La cosa es sencilla y clara ¿PEMEX? O ¿PEUSA? ¿Seguridad nacional de energía o seguridad geopolítica para el vecino del Norte? El Diagnóstico y la iniciativa de ley parten de un supuesto: hay que producir 3 millones de barriles diarios para desarrollar de la mejor manera posible la economía nacional. Pero las necesidades reales del país, se lograrían satisfacer con tan sólo 2 millones de barriles diarios. Los propósitos del Diagnóstico son para mostrar un ambiente de catástrofe, PEMEX ya no puede alcanzar, por sus propios medios, esos montos diarios de explotación y producción. Todo es falso, un engaño. Tampoco podremos alcanzar la producción de gas natural que se requiere, técnicamente será más que complicado, pero a la larga no se resolverían las necesidades del país, acaso habrá que cambiar el consumo de gas natural pues éste es el que agrava la condición económica de México. La entrega a empresas privadas extranjeras del gas natural como del mercado, ya que buena parte de él se importa, genera un conflicto en la energía y la economía de nuestro país. Esta es la clave. Para la industria eléctrica es su clave y sustancia. Hace tiempo, se tomó la decisión sobre el gas natural: para el consumo de los hogares y para la generación de todas las nuevas centrales generadoras que instalaría CFE. Se menciona y clama de la ausencia de capacidad técnica como del desconocimiento sobre refinación o la imposibilidad para crearlas. Esto también es un engaño. Hay potencial y posibilidades concretas para generarlas. Lo cierto es que en PEMEX se tienen las capacidades para construir las refinerías pues en el decurso de la historia está más que demostrado, dos ejemplos dan cuenta de ello, la hubo durante muchos años en Azcapotzalco y la que está en Tula. De igual forma deberemos de impedir la reconfiguración de las plantas de Manzanillo y Salamanca, pues convertidas a centrales de ciclo combinado con el insumo base de gas natural, entrarán al ciclo programado para desaparecer pues la dependencia de ese insumo provocará su caída. El gas natural no es, ni nunca será solución para la industria eléctrica nacional. Por ello tampoco podemos comparar a PEMEX con alguna empresa del mundo. Sus características son más que especiales, en todo caso son diferentes y hasta antagónicos. Tan solo la relación que se la asignó en forma directa y dependiente de Hacienda, el fisco, se trabaja solo para ella. Con lo cual la soberanía energética entra en declive sino es que tiende a desaparecer.
La privatización de PEMEX se está realizando, pero como toda privatización ha logrado esquilmar la riqueza nacional en beneficio no de la nación sino de unos cuantos particulares. Corporaciones internacionales además. Las privatizaciones en México y los beneficios en crecimiento económico y desarrollo social, han sido polos contrarios antagónicos. Privatizar, está demostrado por las condiciones sociales del país en los últimos 30 años, privatizar no es la solución. Privatizar no es la cura. Miseria y agonía ha traído al pueblo de México. Las privatizaciones en México han sido el quebranto de la economía nacional y al mismo tiempo, fortalecieron al capital privado nacional o extranjero. Cientos de empresas y organismos públicos fueron privatizados. Sus beneficios quedaron en poder del capital privado, el derrame social como los empleos prometidos fueron escamoteados Está a la vista su resultado. El ejemplo fue el aumento del desempleo, la economía informal, la migración de los campesinos. La destrucción del sistema ferrocarrilero nacional o la venta de Banamex a City Group sin pago alguno de impuestos. Tan sólo el Fobaproa como ejemplo para fortalecer la privatización bancaria es más que claro. Nuestra economía agoniza, la privatización no es la cura. El sendero y la perspectiva. Nos oponemos de manera tajante a estas iniciativas de ley, pues profundizan el quebranto y abren las venas de nuestra industria petrolera, afectando en forma directa a la industria eléctrica nacionalizada. Traicionan la letra y el espíritu del Constituyente de 1917. Dicen y niegan una y otra vez que no privatizan: ni uno sólo de sus tornillos. Mienten o engañan, sin duda. Abren las venas y quebranta a nuestras empresas de energía. Una carta pública aclaró el concepto. Privatización significa vulnerar el principio constitucional que hace de la Nación la propietaria de los recursos del subsuelo, en especial de los hidrocarburos, y reducir la exclusividad de PEMEX en la explotación de los recursos petroleros de la Nación. Privatizar es entregar parte de esa riqueza a empresas nacionales y extranjeras, afectando la soberanía nacional y el presente y el futuro de los mexicanos. Los electricistas, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, somos representantes de cientos y decenas de miles de mexicanos preocupados y ocupados por aplicar el 27 Constitucional. Ni más, ni menos. A la letra, estricta y fiel. Basta de violentarla, basta de traiciones.
No es cierto que Pemex no cuente con fondos para invertir en instalaciones, gasoductos y tecnología, lo que se requiere es modificar paulatinamente su enorme sangría debido al excesivo pago de impuestos. No es cierto que pueda darse de inmediato el efecto popote; las compañías petroleras de Estados Unidos están iniciando la exploración. No es cierto que la tendencia mundial sea permitir la privatización y extranjerización de las empresas petroleras, sino al contrario, la apropiación de los recursos energéticos con su nacionalización, como se aprecia con la creciente presencia del Estado en Rusia, Brasil, Bolivia y Venezuela. No es cierto que por la ausencia de tecnología se requiera de alianzas estratégicas con compañías extranjeras; ésta se puede comprar. Hay dinero suficiente con los mismos recursos de PEMEX. No es cierto que la privatización no sucederá, tan solo porque no se venderá ni un tornillo de sus instalaciones. A la fecha se viene presentando tanto por los Pidiregas como mediante las operaciones de exploración, explotación y distribución vía contratos de servicios múltiples; como por la falta de inversión, diseñada por el gobierno. PEMEX debe cambiar, claro. En cuestiones como el combate a la corrupción, el despilfarro productivo, la mayor capacitación del personal técnico y profesional, la generación a mediano plazo de técnicas y tecnología nacionales, la mejor eficiencia operativa y la transparencia y rendición de cuentas. PEMEX debe transformarse a través de una política de Estado integral: de largo plazo, de consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y estatales. PEMEX necesita una vinculación profunda con otras instituciones y secretarías de Estado, digamos con la fortaleza del Instituto Mexicano del Petróleo y los aportes de la UNAM y del Politécnico. Así como la consulta permanente y diáfana con sus trabajadores, el contrato colectivo como los convenios por áreas permitirá adecuarse a los requerimientos nacionales. PEMEX requiere impulsar las articulaciones de cadenas productivas nacionales y regionales, con alianzas estratégicas flexibles con otros Estados o bloques regionales y sobre todo con la defensa del interés nacional. Pulsar la soberanía como la seguridad energética nacional. PEMEX no es ni tesoro ni botín. Por lo mismo la propaganda del gobierno debe pararse. La Constitución y el artículo 27 sobre los recursos estratégicos nacionales merecen respeto pleno e irrestricto. Es mandato aplicarlos, lo juraron en forma expresa. ¿Qué parte de ello no se entiende? PEMEX es capaz. Los ingenieros petroleros mexicanos más calificados insisten en que un orden lógico de los trabajos debería comenzar por la exploración y explotación del petróleo en el territorio y en aguas someras, con alta probabilidad de éxito en gran parte de las costas del golfo de México. Contamos con la tecnología suficiente.
PEMEX es de los mexicanos y para México, no para los extranjeros ni para las trasnacionales. ¡PEMEX sí, PEUSA no! Las propuestas y las conclusiones. Dentro de las apreciaciones a la iniciativa de ley, inconstitucional tal y como está presentada, bien podríamos suponer algunos elementos para transparentar su ejercicio reconocer algunos de los puntos a modificar en PEMEX. Sea la existencia de un Consejo Social Ciudadano de Transparencia. Con 6 elementos ciudadanos electos en la Cámara de Diputados; con periodos de cuatro años, electos cada dos por parejas, para analizar sus programas de inversión como su política de tarifas como la aplicación de sus programas. Con una Junta de Gobierno nombrada por elección en la Cámara de Diputados, pues permitirá el ejercicio autónomo de la empresa. Nombrada a la mitad de cada sexenio. Se trata de quitar la dependencia directa del poder ejecutivo pues su ejercicio sexenal causa quebranto a la política industrial de la empresa. Así como un Director de la empresa, nombrado por el Poder ejecutivo, sí por éste, pero de una terna que le presente la Junta de Gobierno; éste a su vez, nombra hasta dos niveles inferiores a él. Con una rebaja al 50% de sus sueldos y prestaciones económicas, para acotarlos como servidores públicos. Incluso acotar sus gastos médicos mayores, para que utilicen los servicios que se otorgar al conjunto de los trabajadores del Estado y se jubilen o pensionen aplicando la norma conducente. Una Comisión de Vigilancia y Fiscalización [formada por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional]. Aprobada de nueva cuenta por la Cámara de Diputados a iniciativa de que los consejos de las instituciones los propongan. La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, pues solo funge como instancia licitadora de contratos a particulares. Autonomía financiera, fiscal y de gestión administrativa, liberar a PEMEX de Hacienda. La deuda externa de PEMEX, los pidiregas deben desaparecer; al igual que la quita general de los ingresos de la empresa por Hacienda -90%-; el manejo de los excedentes petroleros [suficiente para permitir la inversión, eliminar el endeudamiento y lograr el desarrollo de refinerías], son elementos suficientes para proponer una reforma fiscal integral. Que libere a PEMEX y obtenga ingresos por la vía de cargas impositivas que ahora se escamotean como fue el caso de la venta de Banamex. La elaboración y diseño de una política integral de investigación científica, social y ecológica, que preserve el avance de los mexicanos en estrecha vinculación del Instituto Mexicano del Petróleo con la UNAM y con el Politécnico. Con apoyo creciente de un presupuesto adecuado al conjunto de los requerimientos contemporáneos.
El retorno de la forma integral de la empresa, diluyendo poco a poco, las empresas creadas anteriormente pues la propuesta era desbaratar a PEMEX. Reincorporar exploración, producción, refinación y petroquímica como una sola empresa como un organismo integral. Así como modificar la actual definición de la petroquímica, para retornar al creciente número de productos básicos como funciones sustantivas de PEMEX. En su caso, impulsar las cadenas productivas nacionales a partir de las investigaciones arriba mencionadas [IMP] en coordinación de Canacintra. Sin embargo antes que aceptar los marcos de la iniciativa, la cual rechazamos en forma clara y tajante, apuntamos nuestras conclusiones de índole de política económica. La conclusión central es clara y precisa: Solo existen dos fuentes reales y concretas de energía, el petróleo y la nuclear. Son dos y no hay más. Las otras fuentes de energía –las llamadas de transición-, jamás tendrán capacidad para solventar más del 20 por ciento de la demanda nacional. Debemos partir de este hecho. México tiene potencial y capacidad para trabajar en forma integral el petróleo y la energía nuclear. La importación de gas natural y gasolina debe terminar, es posible realizar ambas cuestiones. La construcción de refinarías permitirá producir la gasolina que la demanda del mercado o el consumo interno reclama. Es requisito indispensable bajar la demanda de gas natural para sostener y proyectar el desarrollo de México. Hasta terminar con esa demanda ficticia. La dependencia del gas natural es una cuestión inventada, un mito creado para otorgar el negocio a corporaciones trasnacionales. Debemos utilizar para la generación eléctrica los derivados líquidos del petróleo.5[5] La seguridad energética nacional se tiene con tan solo la producción de 2 millones de barriles diarios. Más que suficiente para cubrir las necesidades de consumo interno. Es la demanda nacional actual concreta. Cualesquier otra cantidad –como la de 4 o 3 millones de barriles diarios, proyecta en realidad, la seguridad estratégica geopolítica del vecino del norte. No la de los mexicanos.
¿Qué es la seguridad energética nacional? Tener los combustibles y derivados que el país demanda. Exigimos una cosa sencilla. Modificar la actual política industrial de PEMEX. Lo cual significa aplicar el artículo 27 Constitucional. No más pero tampoco menos. Mantendremos un programa de acción política que nos permita, en todo derecho como lo marca la propia Constitución, evitar se socave la letra y el espíritu del Constituyente del 17. Se agradece su atención. Hoy como ayer, "por el derecho y la justicia del trabajador". Mayo del 2008.