Presentaci贸n
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La experiencia del Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la Rendici贸n de Cuentas en los Poderes Judiciales de Am茅rica Latina
Contenido
Presentación .............................................................................................................. 3 Agradecimientos ...................................................................................................... 5 La importancia de la transparencia, rendición de cuentas e integridad ..... 7 Justicia, confianza y legitimidad ................................................................................... 7 Transparencia, rendición de cuentas e integridad .................................................. 12
El Programa Regional ............................................................................................. 16 La misión del programa ................................................................................................ 17 Metodología ................................................................................................................... 19 Del plan a la acción ...................................................................................................... 28 Materiales........................................................................................................................ 29
La obligación de rendir cuentas .......................................................................... 31 Justicia y rendición de cuentas ................................................................................... 32 Elementos de la rendición de cuentas en el sistema de justicia ............................ 34 Consulta al usuario: rendición de cuentas y participación ciudadana ............... 41 Materiales sobre rendición de cuentas ...................................................................... 45
La necesidad de ser transparente ....................................................................... 47 La transparencia en el sistema de justicia ................................................................. 48 Elementos del principio de transparencia judicial ................................................... 51 Una política de comunicación para la transparencia judicial .............................. 52 Justicia y medios de comunicación ........................................................................... 56 Educación y cultura sobre la justicia .......................................................................... 60 Transparencia y participación ciudadana ................................................................ 65 Materiales sobre transparencia judicial ..................................................................... 68
El compromiso de ser íntegro ............................................................................... 72 De la independencia a la integridad judicial ........................................................... 74
Ética e integridad judicial ............................................................................................. 78 Mecanismos institucionales para la ética judicial .................................................... 87 Acceso a la función judicial y nombramientos......................................................... 88 Obligaciones y garantías profesionales ..................................................................... 91 Materiales sobre integridad judicial ............................................................................ 94
El derecho a la información.................................................................................. 98 Dimensión administrativa en el acceso a la información judicial ........................ 101 Dimensión jurisdiccional del acceso a la información judicial ............................. 114 Tecnología y acceso a la información..................................................................... 124 Materiales sobre acceso a la información judicial ................................................. 129
Anexo I. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales ................................................................................................................................. 133 Anexo 2. Cincuenta experiencias en materia integridad, rendición de cuentas y transparencia en el poder judicial .................................................. 138
Presentación
Transparencia, rendición de cuentas e
integridad son atributos
imprescindibles de las instituciones judiciales en democracia. La solidez de cada uno de ellos es esencial para su apropiado desempeño, para el ejercicio racional y abierto de la autoridad pública y para robustecer la legitimidad social de la justicia a través de la confianza ciudadana en los jueces. El Instituto del Banco Mundial en colaboración con el Departamento Legal del Banco Mundial, el Gobierno de España, la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Transparencia
Mexicana
(Capítulo
México
de
Transparencia
Internacional) y la Asociación para los Derechos Civiles (ADC), desarrollaron el Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina con el objetivo de contribuir a extender la prevalencia de estos principios en la región, mediante una estrategia enfocada en proporcionar a los operadores jurídicos de los sistemas de justicia herramientas para identificar retos e instrumentar acciones específicas de mejora. Esta obra tiene como propósito diseminar la experiencia generada por la instrumentación del Programa Regional y constituirse en una guía para tomadores de decisiones, operadores jurídicos y público interesado, en la cual encuentren elementos para encauzar constructivamente sus Presentación
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esfuerzos por realizar la compleja pero necesaria tarea de mejorar la forma en que se imparte justicia en América Latina. El texto está construido a partir de tres ejes principales: a) fundamentación teórico-conceptual, en el cual se ofrece una explicación pormenorizada de los desafíos que enfrenta hoy la justicia en la región así como la relevancia que para las instituciones judiciales tiene la vigencia plena de cada uno de estos principios; b) metodología, en donde se exponen los rasgos más sobresalientes de la estrategia aplicada por el Programa, diseñada e instrumentado para facilitar el diálogo entre actores y permitirles desarrollar en forma colaborativa y participativa diagnósticos y estrategias de solución; c) buenas prácticas, en el que se presenta considerable número de experiencias que han servido para mejorar la vigencia de estos principios y que son susceptibles de ser replicadas en otros países para avanzar hacia unos mayores grados de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la administración de justicia. En suma, el lector encontrará en esta publicación electrónica un instrumento ágil y práctico, con una clara vocación pedagógica, que le permitirá profundizar en torno a la relevancia de los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad.
Presentación
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Agradecimientos
Contenido María González de Asís Eduardo Bohórquez Jorge Carrera Joaquín Delgado Camilo Saavedra Coordinación Carolina Vaira Vanessa Silveyra Corrección de estilo Andrés Téllez Parra Diseño Marcela Rivas Patricia de Obeso
Presentación Agradecimientos
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La importancia de la transparencia, rendición de cuentas e integridad
Justicia, confianza y legitimidad La legitimidad es un concepto que alude al grado de confianza y credibilidad que las autoridades del Estado generan entre la ciudadanía. En una sociedad democrática, las instituciones públicas requieren que la aceptación de los ciudadanos ocurra de tal forma que éstos se reconozcan como titulares del poder y beneficiarios últimos de su ejercicio1.
En
consecuencia,
la
legitimidad
resulta
un
atributo
fundamental para cualquier institución pública, pues de ella depende en buena medida que sus decisiones sean aceptadas por la ciudadanía. Una forma de entender con mayor precisión el tema de la legitimidad ha sido observar el grado de confianza que las instituciones generan en la ciudadanía. Desde hace más de tres lustros se aplica año con año en América Latina el Latinobarómetro, un ejercicio para medir, a partir de indicadores de opinión pública, actitudes, valores y comportamientos de ciudadanos respecto del desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en general. Gracias al Latinobarómetro sabemos que las instituciones públicas enfrentan hoy importantes retos en materia de confianza. Si bien entre
Eduardo García de Enterría, “Democracia, jueces y control de la Administración”, Madrid: Ed. Civitas, 1995, p. 98. 1
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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2001 y 2011, nivel regional, se han dado variaciones relevantes en los niveles de confianza de las instituciones, los de las públicas continúan siendo inferiores a los que reciben la iglesia, las radiodifusoras, la televisión o la prensa escrita.
Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con datos del Informe 2011 del Latinobarómetro. * En 2006 se usó para “Gobierno” la cifra correspondiente a 2002.
En el caso de las instituciones del poder judicial los niveles de confianza indican que la situación es especialmente crítica. En 2001, el poder judicial era a nivel latinoamericano la tercera institución que menos confianza gozaba (27%), sólo por encima del congreso (24%) y de los partidos políticos (19%). Diez años después, en 2011, los partidos políticos y el poder judicial continuaban en los últimos lugares. En contraste, el gobierno sí logró mejorar sustancialmente en la percepción ciudadana. Desafortunadamente, al cabo de una década, aumentar la confianza y
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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fortalecer su legitimidad continuaba siendo uno de los más importantes desafíos de los sistemas judiciales en América Latina. La legitimidad, en el caso de las instituciones judiciales, es un asunto aún más complejo que para en las instituciones ejecutivas y legislativas, debido a que son más difusos sus vínculos con la representación política y con la participación de la ciudadanía en su integración y operación. En efecto, la legitimidad del sistema de justicia deriva en buena medida de la forma en que la sociedad percibe su funcionamiento en relación con aspectos tan esenciales como la independencia, imparcialidad y eficacia, pero también con respecto a principios elementales del ejercicio público como son la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad. Gráfica 2
Fuente: cálculos propios con datos de la sección “Análisis de Resultados en Línea” de la página del Latinobarómetro.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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La dinámica de democratización en la que se vio inmersa la región a partir de la década de los ochenta propició una re-evaluación del rol que debían tener las instituciones judiciales en sistemas políticos más competitivos con sociedades cada vez más plurales. Este proceso de reflexión dio pie a la aparición de una agenda a favor de la reforma judicial enfocada en promover el desarrollo de poderes judiciales más independientes e imparciales, que pudieran con efectividad proteger los derechos de los ciudadanos y convertirse en contrapesos de las instancias ejecutivas y legislativas2. La agenda de reforma a la justicia dio pasos importantes hacia transformaciones en el diseño de los sistemas judiciales, logrando por ejemplo que se otorgaran herramientas más amplias de control de constitucionalidad a sus tribunales de mayor jerarquía o que la rama judicial cobrara mayor importancia a la hora de asignar recursos económicos. Sin embargo, dos décadas después que se reivindicara el papel que juegan para la sociedad y el estado, las instituciones judiciales continúan sin consolidarse como instituciones confiables para la ciudadanía. Experiencia 1
Tal desafío ha sido reconocido por
los
judiciales cuales,
propios de a
la
poderes región,
través
de
los la
Latinobarómetro Estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes.
Linn Hammergren, “Twenty-Five Years of Latin American Judicial Reforms: Achievements, Disappointments, and Emerging Issues”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, No. 8, 2008. 2
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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Declaración Final de la XVI Cumbre
Judicial
Iberoamericana (Buenos Aires, 2012) manifestaron que:
Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. Contacto con esta entidad: latinobarometro@latinobarometro.org
[L]os Poderes Judiciales, los Consejos de la Magistratura y
demás
órganos
gobierno
de
deben
Experiencia 2
implementar y reforzar los procesos
institucionales
necesarios
para
hacer
en
la
efectivos
administración de justicia los valores
y
principios
de
transparencia, integridad y rendición
de
garantizando
cuentas, la
Barómetro de Gobernabilidad de CIMA (Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento) Resultados de 2011: solamente el 26% de los encuestados manifestaban tener confianza en la justicia
máxima
publicidad de sus actos y resoluciones,
como
instrumento
democrático
que refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones respetando
públicas, los
derechos
fundamentales potencialmente afectados.
En resumen, el principal reto que enfrentan en la actualidad los poderes
judiciales de América Latina no es el de fortalecer su independencia, sino el de hacer compatible el ejercicio autónomo de la función judicial con los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Hoy,
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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las instituciones de justicia tienen frente así el desafío de dar sentido a su independencia y que ésta sirva para entregar a la ciudadanía verdaderas cuentas positivas respecto a cada una de sus áreas de responsabilidad.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad La confianza ciudadana no es un atributo dado o de carácter permanente; por el contrario, es una condición en un proceso constante de cambio. Es fundamental, por lo tanto, que autoridades judiciales, operadores jurídicos y público en general, sean conscientes de la importancia que tiene no sólo trabajar para propiciar la confianza ciudadana en la justicia, sino en colaborar para conservarla. Una institución pública que no rinda cuentas, que no proporcione información clara y de calidad sobre sus actividades, o que cuente con funcionarios cuyo desempeño genera suspicacias, difícilmente resultará confiable para la ciudadanía. La confianza de los ciudadanos en la justicia, y por tanto en buena medida su legitimidad, se encuentra positivamente asociada con el cumplimiento efectivo y permanente de los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad por parte de los poderes judiciales. La transparencia consiste en hacer que la información relativa a la integración y operación de las instituciones pública sea accesible al ciudadano, confiable y de calidad. La rendición de cuentas se vincula con la obligación de todo ente público de informar objetiva, amplia y sistemáticamente sobre sus actividades.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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La integridad se refiere a establecer y materializar los distintos requerimientos necesarios para que cada servidor público desarrolle sus funciones de manera proba, observando en todo momento las reglas establecidas en la ley y sin perder de vista que a sus funciones le es inherente un compromiso con la sociedad. El cumplimiento de estos tres principios no se limita a que queden consagrados en ordenamientos jurídicos, sino a garantizar que sean aplicados en forma efectiva tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo, a través del desarrollo de mecanismos que trasladen esos contenidos normativos a la operación institucional y al desempeño del personal. Diagrama 1.
El sistema de justicia no opera en el vacío, el sentido de su existencia es salvaguardar los derechos ciudadanos y garantizar que los conflictos sociales se diriman pacíficamente a través de cauces institucionales. Es decir, el sistema de justicia, así como cualquier proceso de reforma del mismo, no tiene como principales destinatarios a los jueces, ni a los otros
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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profesionales y trabajadores del propio sistema. Por el contrario, la impartición de justicia debe estar orientada al ciudadano3, tanto a aquel que hace uso de los tribunales, como al miembro de una comunidad política. La naturaleza de los sistemas de justicia hace que la materia prima del trabajo de los tribunales sean casos concretos, provocando así que muchas veces la participación del ciudadano quede restringida al ejercicio de los derechos positivos por parte de las personas decididas a hacer valer un interés jurídicamente protegido. Esta condición ha provocado
que
las
instituciones
judiciales
sean
particularmente
impermeables a acciones participativas que trasciendan demandas específicas. En otras palabras: [L]a naturaleza inevitablemente individualizada del caso judicial, dificulta su tematización social como problema y como objeto de propuestas de cambio. Sin embargo, lentamente se han desarrollado algunas acciones que sostienen la participación en justicia más allá de la noción del interesado en el caso individual4.
Los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad están estrechamente ligados a la participación ciudadana pues en la medida en que éstos se encuentran positivamente aplicados, son mayores las oportunidades de que el ciudadano trascienda el rol de usuario para convertirse en un actor capaz de involucrarse e incidir en el desempeño de las instituciones de justicia. De igual forma, una participación
Joaquín DELGADO MARTÍN, “¿Cómo reformar el sistema de justicia?. El principio de colaboración”, Programa Eurosocial, 2006. 4Silvana GRECO y Silvia E. VECCHI, “Acciones participativas en el campo de la Administración de Justicia y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, página 3; 3
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
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ciudadana más extensa y profunda contribuye a fortalecer la vigencia de estos tres principios en los sistemas judiciales. En años recientes se han desarrollado una serie de iniciativas para impulsar la participación de la ciudadanía y el involucramiento de la sociedad civil en el sistema judicial. La apertura de los poderes judiciales junto a la expansión del interés de organizaciones específicas en mejorar la impartición de justicia, ha contribuido a la generación de estrategias novedosas que han permitido transformar aspectos particulares de la administración judicial. El siguiente apartado hace un recuento de la instrumentación del Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la Rendición De Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, una de estas innovadoras y enriquecedoras experiencias.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
15
El Programa Regional
Las
transformaciones
institucionales
orientadas
a
fortalecer
la
independencia judicial han hecho patente la necesidad de que tales cambios se enfoquen al desarrollo de una justicia más accesible y transparente5. En el contexto de baja confianza institucional que caracteriza a América Latina, diferentes sectores ciudadanos han manifestado un interés creciente en el desempeño de las instituciones judiciales. Este interés de la sociedad civil ha estado acompañado, además, por una mayor convicción de parte de los impartidores de justicia de contribuir a mejorar las instituciones a las que pertenecen. Partiendo de la premisa de que la confianza está asociada a la participación ciudadana, y éstas a su vez al cumplimiento efectivo de los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad, el Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la Rendición De Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se diseñó e instrumentó con el propósito de generar una relación armoniosa y productiva entre estos elementos, de contribuir a los esfuerzos que se han venido desarrollando en la región y, en última instancia, de encauzar el referido interés por el cambio que existe al interior de los poderes judiciales.
5Roberto
LAVER. 2011. “World Bank and Judicial Reform: Overcoming Blind Spots in the Approach to Judicial Independence,” The. Duke J. Comp. & Int'l L. 22, páginas 183 y ss.
El Programa Regional
16
El objetivo de esta sección es diseminar la experiencia generada por el Programa,
poniendo
al
alcance
de
tomadores
de
decisiones,
colaboradores de organizaciones de la sociedad civil y público interesado, la metodología empleada para su desarrollo, las mejores prácticas compartidas durante los más de veinticuatro meses que duró su ejecución, y las herramientas prácticas que se emplearon tanto para la identificación de problemas específicos, como para la elaboración e instrumentación de acciones concretas. En suma, esta sección pretende servir de instrumento práctico para el acompañamiento de futuras reformas judiciales.
Video
Presentación del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
La misión del programa El Programa partió de una premisa de trabajo básica: la forma más efectiva de promover un cambio es involucrando a actores clave en los procesos de diagnóstico, análisis, diseño y aplicación de estrategias de respuesta. En otras palabras, el trabajo partió de asumir que los cambios institucionales sostenibles son posibles únicamente si toman en cuenta la opinión de los integrantes de las instituciones que se pretende transformar. El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se planteó una estrategia de trabajo enfocada en cuatro aspectos:
El Programa Regional
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1. Fortalecer las capacidades de los diferentes responsables de la administración de justicia de la región para así contribuir al desarrollo de un sistema judicial más imparcial, independiente, responsable y efectivo. 2. Facilitar el diagnóstico y el diseño de planes de acción tendientes a mejorar la transparencia y rendición de cuentas y así propiciar un sector de justicia más efectivo y eficiente 3. Fomentar el intercambio de experiencias para dar pie a la conformación de una red de autoridades y expertos de diferentes países –especialmente aquellos que pertenecen a la Cumbre Judicial Iberoamericana- dedicada al análisis y promoción de los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad en la esfera judicial. 4. Diseminar el enfoque de “lecciones aprendidas” y propiciar su uso en
iniciativas orientadas a mejorar la impartición de justicia, tanto en América Latina como otras regiones. A partir de estos ejes, el Programa Regional se planteó los siguientes objetivos particulares: Brindar un espacio para el intercambio de conocimiento y experiencias a fin de apoyar la voluntad e iniciativa de cinco países de la región para trabajar conjuntamente en el diseño de acciones específicas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de sus poderes judiciales. Fomentar y facilitar la formación de coaliciones entre los principales actores del sector justicia para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas a través de acciones participativas
El Programa Regional
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Facilitar la priorización de las áreas de reformas a través del diseño e implementación de herramientas de diagnóstico específicas. Reforzar las capacidades a nivel nacional para la formulación e implementación de reformas en el área de transparencia y rendición de cuentas. Apoyar el trabajo de la Cumbre Iberoamericana de Justicia en el área de transparencia y rendición de cuentas mediante la diseminación de los resultados alcanzados a fin de incorporar a otros países de la región en la participación de actividades de aprendizaje y acción similares. Impulsar el alcance de un consenso regional y fortalecer las capacidades de los principales actores de la región a fin de contribuir a un sistema de justicia imparcial, independiente y efectivo que contribuye a combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad en pos del desarrollo sostenido de la región. En la siguiente sección se describe la metodología empleada y se explica con mayor detalle cada uno de estos objetivos.
Metodología El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se estructuró en cinco fases interconectadas entre sí. Cada una de ella se planteó objetivos específicos cuyos resultados nutren a las subsecuentes fases.
El Programa Regional
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Objetivos
Actividades del programa
FASE 1
Establecer bases sólidas para avanzar acciones regionales / Identificar países líderes para el diseño e implementación de reformas
Evento Regional Inicial (Santiago de Chile)
FASE 2
Diseño e instrumentación diagnósticos nacionales
FASE 3
Análisis de los diagnósticos a través de diferentes plataformas de intercambio
Análisis y presentación de resultados
FASE 4
Diseminación y presentación de los resultados de las fases anteriores
Evento Regional (Brasilia)
FASE 5
Elaboración de planes de acción
Fase
de
Diagnóstico de la situación
Concreción práctica del Programa
Fase 1 La primera fase de un proyecto con las intenciones constructivas y transformadoras como el Programa Regional se enfoca a establecer bases sólidas para la exitosa planeación y ejecución de acciones específicas. En consecuencia, la identificación de países líderes cuyas experiencias
y
características
particulares
permitan
diseñar
e
implementar reformas que resulten exitosas fue un aspecto de mayor importancia. Así, la primera fase del Programa Regional se inició con un evento regional en el que diversos actores clave fueron invitados a deliberar respecto de los desafíos y oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones judiciales. Con este enfoque colaborativo se buscó
El Programa Regional
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maximizar el impacto de los esfuerzos de los diferentes actores congregados, potenciar la voluntad de reforma de ellos, y ponderar los beneficios que una estrategia de cambio podría generar en el mediano y largo plazos. En tal sentido, el trabajo colectivo y la formación de coaliciones estratégicas resultaron esenciales para: 1) conseguir la participación de actores
clave, cuyo apoyo fue
necesario para garantizar el avance de eventuales acciones específicas; 2) facilitar la discusión en un ambiente que permitió minimizar aspectos negativos y atemperar resistencias al cambio; 3) aislar
posibles
intereses
creados
que
intensificaban
tales
resistencias. La instrumentación conjunta en diferentes países de programas colaborativos de transformación institucional fue fundamental para la ejecución del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina. En efecto, el contexto regional sirvió de plataforma no sólo para avanzar la discusión de temas altamente sensibles sino también para facilitar la identificación de líderes activos en el continente, que estuvieran dispuestos a definir retos y líneas de acción trabajando junto a sus pares en un marco de intercambio de experiencia y conocimientos. En el Programa Regional la organización de un primer encuentro regional –efectuado en Santiago de Chile- permitió brindarle a los líderes y actores clave de los sistemas judiciales de la región (altos funcionarios judiciales, miembros de la sociedad civil, académicos, entre otros) un espacio El Programa Regional
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seguro para el intercambio de ideas. Al final de esta primera experiencia, cinco países manifestaron formalmente su interés de formar parte de la segunda fase del programa.
Fase 2 Una vez establecidas las bases del proyecto y definidas las jurisdicciones susceptibles de incluirse en el periodo de aplicación, fue necesario desarrollar
un
diagnóstico
para
identificar
con
precisión
las
problemáticas y retos principales. La participación fue fundamental para la elaboración de un diagnóstico basado en evidencia empírica componente indispensable de este tipo de evaluaciones- y que contó con el respaldo de los actores clave para la eventual implementación de reformas. De esta forma, el diagnóstico participativo desarrollado como parte del Programa Regional tuvo como objetivos específicos: 1) Identificar los desafíos en términos de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector justicia, con el fin de priorizar las áreas de intervención y la selección de mecanismos institucionales apropiados en el marco de un plan de acción nacional. 2) Lograr una participación constante de los diferentes actores involucrados: sociedad civil, sector público, sector privado, entre otros, para consensuar las áreas prioritarias de intervención, generar compromisos de cara a su implementación y fomentar así la sostenibilidad de la iniciativa.
El Programa Regional
22
3) Delinear planes específicos de acción con responsables, acciones, recursos y tiempos claramente establecidos. Contar con evidencia empírica sólida fue fundamental para la elaboración de los diagnósticos participativos. Para conseguirla, se emplearon herramientas metodológicas de las ciencias sociales, entre ellas algunas que permitieron recopilar información cualitativa en forma rápida (talleres y grupos de enfoque, principalmente), así como otras cuya aplicación requirió de mayor tiempo, pero que generaron datos más detallados y representativos (encuestas). La Fase 2 del Programa Regional fue ciertamente un periodo en el que se construyeron buena parte de los cimientos con los que se trabajó en las siguientes fases. Dada la relevancia que tuvo el desarrollo de los diagnósticos, es oportuno hacer en esta publicación electrónica un recuento de algunos aspectos prácticos que moldearon el desarrollo de esta segunda fase. La intención de este recuento es, a partir de esta experiencia, servir de guía para el desarrollo de experiencias que persigan objetivos análogos a los que guiaron al Programa Regional. Preparación de los diagnósticos. La etapa preparatoria fue vital para garantizar el carácter participativo del diagnóstico, así como para asegurar desde un primer momento la intervención de todos los actores potencialmente involucrados en el cambio. En su realización fue fundamental contemplar la ejecución de acciones de diferente naturaleza. Entre ellas destacan: 1) Asegurar un trabajo conjunto con el organismo del Poder Judicial que lidere el proceso (Corte Suprema, Tribunal Superior etc.), para contar con acceso directo El Programa Regional
a los tribunales y a los funcionarios cuyas 23
opiniones serán recogidas mediante encuestas, grupos de enfoque u otras herramientas de investigación. 2) Identificar a otros actores o grupos clave que acompañarán el proceso y garantizarán el carácter participativo del diagnóstico. 3) Iniciar, conjuntamente con el organismo líder del Poder Judicial, un proceso de análisis de los métodos y herramientas a emplear. 4) Consultar con los diferentes actores y grupos identificados la metodología propuesta a fin de que contribuyan a robustecerla y, por lo tanto, a generar una imagen más precisa de la problemática. 5) Diseñar un plan consensuado para la presentación y divulgación de los resultados, asegurando un tratamiento profesional de los datos obtenidos en el que se salvaguarde la confidencialidad de las fuentes. Implementación de los diagnósticos. La aplicación de los diagnósticos requirió de tener acceso a las personas indicadas, cuyas percepciones brinden en conjunto un panorama adecuado de la situación de los poderes judiciales. Además, fue indispensable contar con profesionales especializados en la aplicación y análisis de las diferentes herramientas de investigación que se definan en la preparación de los diagnósticos. En el caso del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina fue particularmente importante haber realizado dos reuniones de entre 15 y 20 participantes provenientes del sector judicial y de la sociedad civil. La aleatoriedad fue un aspecto relevante en la selección de estas personas, pues permitió evitar sesgos y, por lo tanto, contar con información más fidedigna y representativa. Asimismo, para garantizar la productividad de tales reuniones, fue esencial la construcción una guía de los tópicos a
El Programa Regional
24
discutir, así como la presencia de un moderador experimentado que diera sentido y armonía al debate. Algunos de los conceptos y temas que formaron parte de los talleres son: calidad de la justicia, acceso a la información judicial y participación ciudadana en el sistema de justicia. Fase 3 Los resultados que se obtuvieron en la etapa de diagnóstico fueron presentados al resto de los países. De ahí en adelante, a través de varias plataformas de intercambio miembros del poder judicial y de la sociedad civil en todas las naciones participantes, intercambiaron durante varios meses ideas y experiencias. Al mismo tiempo, expertos en diversas áreas fueron invitados a colaborar en el Programa. Todo ello, en conjunto, sirvió para el diseño de los planes de acción En específico, el modelo del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, se enfocó en análisis de cinco temáticas principales: acceso a la
información judicial, comunicación estratégica, integridad judicial, rendición de cuentas y mejores prácticas. Para cada uno de los temas se diseñaron
preguntas
que
guiaron
el
debate
y
se
realizaron
videoconferencias y eventos presenciales, en los que los asistentes deliberaron sobre los desafíos y las posibles acciones de mejora. En todos los casos, además, se definieron de manera previa una lista de resultados esperados que posteriormente fueron contrastados con aquellos derivados de la realización de las actividades referidas. La figura del facilitador merece mención especial por el peso específico que tuvo en esta tercera fase. El facilitador estuvo encargado de trabajar
El Programa Regional
25
a nivel nacional conjuntamente con los organismos del poder judicial y las organizaciones que apoyaron la iniciativa. Los facilitadores nacionales trabajaron mano a mano con las Cortes Supremas de los cinco países participantes, el Instituto del Banco Mundial, la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Cada uno
de
ellos
fue
responsable
de
la
organización
de
seis
videoconferencias y del mismo número de talleres presenciales. Aunado a ello, los facilitadores participaron en discusiones preparatorias con el equipo del Instituto del Banco Mundial y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Fase 4 Una vez planeados, implementados y analizados los diagnósticos sobre el estado del sistema de justicia, fue necesario, a través de un encuentro regional, diseminar los resultados de las etapas previas, difundir los planes de acción derivados de los mismos y presentar los avances que existían en la implementación de tales estrategias. Ello sirvió, además, de inspiración para otros países a ser parte de un proceso similar en el establecimiento de coaliciones para la reforma del poder judicial en términos de transparencia y rendición de cuentas. El encuentro constituyó un foro ideal para fomentar la cooperación y continuar avanzando una agenda regional en esta temática. En el caso concreto del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil conjuntamente con el Instituto del Banco Mundial y con el apoyo del Gobierno Español y la colaboración de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, llevaron a cabo un encuentro El Programa Regional
26
regional en Brasilia el 4 y 5 de agosto del 2010. Más de 100 altos funcionarios de los poderes judiciales de la región, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, el sector privado e invitados internacionales se dieron cita en la capital de Brasil, donde las coaliciones lideradas por los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia presentaron los planes de acción elaborados por los cinco países participantes del programa. Tal
encuentro
catalizador
sirvió
para
no el
sólo
de
diseño
e
implementación de planes de acción en los respectivos países, sino también para
fomentar
Video de la Conferencia sobre Transparencia, Ética y Rendición de Cuentas, celebrada en Brasilia durante los días 4 y 5 de agosto de 2010
cooperaciones
bilaterales entre diferentes cortes (por ejemplo entre el Tribunal Superior de Brasil y la Corte Suprema de Senegal y Angola). Finalmente, en diciembre de 2011 el Poder Judicial de Perú organizó, con el apoyo técnico y financiero del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia y el Banco Mundial, el “III Encuentro Internacional: Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas”, el cual convocó la participación
de
destacados
representantes
y
especialistas
de
Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay y Uruguay. Fase 5 Un aspecto fundamental y obligatorio de iniciativas como el Programa Regional, es la elaboración de un plan de acción final que muestre los
El Programa Regional
27
resultados concretos del intercambio de ideas y propuestas de los actores convocados, y que además articule propuestas prácticas para solventar los desafíos detectados en la etapa del diagnóstico. Por ello, el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina desarrolló una metodología para que las instituciones nacionales interesadas pudieran adquirir los conocimientos necesarios para diseñar un Plan de Acción. De esta manera, el Plan de Acción constituyó un elemento
metodológico
básico
a
la
hora
de
avanzar
en
la
implementación efectiva de los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el funcionamiento ordinario de los Poderes Judiciales.
Del plan a la acción Una vez transcurridas más de dos décadas de reformas judiciales en América Latina, la literatura especializada no es optimista sobre sus resultados6. Atendiendo a la realidad práctica de los Poderes Judiciales de América Latina, resulta necesario incorporar los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el funcionamiento del sistema judicial, más allá de su recepción en el ordenamiento jurídico, mediante la instauración de mecanismos de aplicación que trasladen el contenido normativo a la actuación práctica de los Poderes Judiciales,
Linn HAMMERGREN. “Twenty-Five Years of Latin American Judicial Reforms: Achievements, Disappointments, and Emerging Issues”. Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel. 9: 89, 2008. 6
El Programa Regional
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tanto
en
su
dimensión
jurisdiccional
como
en
su
faceta
de
gobierno/administración. “Han pasado más de dos décadas desde que varios gobiernos y organismos multilaterales empezaron trabajando en programas de reforma judicial. Los resultados en un principio no han sido los esperados. Por varios años las reformas judiciales, en el mejor de los casos, que abordaban temas de transparencia, y rendición de cuentas e integridad se enfocaron principalmente en la adopción de nuevas leyes o códigos. Sin tratar de subestimar la importancia de dichas reformas legales, hoy, tras la experiencia acumulada podemos decir que para mejorar la transparencia, integridad y rendición de cuentas en los sistemas judiciales es también necesario realizar reformas institucionales consensuadas entre representantes de la sociedad civil y el gobierno, para así lograr cambios duraderos y legítimos”.
María GONZÁLEZ DE ASÍS. Banco Mundial
El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina ha desarrollado una metodología para que las instituciones nacionales interesadas puedan adquirir los conocimientos necesarios para diseñar un Plan de Acción.
Materiales
Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition, Measurement, and Its Effects on Corruption, 2006. Linn HAMMERGREN. “Twenty-Five Years of Latin American Judicial Reforms: Achievements, Disappointments, and Emerging Issues”. Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel. 9: 89, 2008. Roberto LAVER. 2011. “World Bank and Judicial Reform: Overcoming Blind Spots in the Approach to Judicial Independence,” The. Duke J. Comp. & Int'l L. 22, páginas 183 y ss.
El Programa Regional
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Multimedia Video del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina Video de la Conferencia sobre Transparencia, Ética y Rendición de Cuentas, celebrada en Brasilia durante los días 4 y 5 de agosto de 2010.
El Programa Regional
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La obligación de rendir cuentas
El concepto rendición de cuentas deriva de la palabra anglosajona accountability y alude a la obligación de toda entidad pública a informar y explicar sus acciones. Su fundamento radica en el origen democrático de todo poder público y, así, en el derecho de los ciudadanos pedir cuentas a autoridades y funcionarios públicos 7. La naturaleza de la rendición de cuentas implica
una
relación
de
complementariedad entre las personas que rinden cuentas y aquellas que tienen derecho
a
ello8.
Ciertamente,
la
rendición de cuentas es un proceso propio de la democracia, que implica la comunicación
permanente
entre
autoridades y ciudadanos. Además de ser en democracia una obligación de las entidades públicas, la rendición
de
cuentas
propicia
la
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) Accountability Responsabilité de rendrecompte (Redevabilité) Rendición de cuentas Obligación de demostrar que se ha efectuado el trabajo cumpliendo con las reglas y normas acordadas o de declarar de manera precisa e imparcial los resultados obtenidos en comparación con las funciones y/o planes encomendados. Esto puede exigir una demostración
En el sistema judicial de Finlandia se distingue entre rendición de cuentas (accountability) formal, rendición de cuentas política y rendición de cuentas de la administración de justicia; véase Aulis AARNIO, Sakari LAUKKANEN, Heikki LILJEROOS y Juha RAITIO, “Country Stadies. Finland”, dentro de la obracolectiva “L´Administration de la Justice en Europe et l´évaluation de sa qualité », Collection Grands Colloques, Éditions Montchrestein, Paris, 2005, páginas 240 y ss.. 8 Véase el Segundo Informe sobre el desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 7 titulado “el desafío de la democratización de la justicia y del fortalecimiento de la rendición de cuentas”, página 305. 7
Rendición de cuentas
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configuración de condiciones menos aptas para el desarrollo de actividades de corrupción y más propicias para la evaluación de los funcionarios públicos9.
cuidadosa, que pueda defenderse incluso judicialmente, de que la labor realizada es congruente con los términos contractuales.
En particular, la rendición de cuentas contribuye a prevenir y corregir abusos de poder al menos en tres sentidos10: obligando al poder a abrirse a la inspección pública, a través de la información a la ciudadanía sobre datos relativos a su actuación; forzando a la autoridad a explicar y justificar sus actos; haciendo que el ejercicio del poder público esté supeditado a la posibilidad de sanciones. Rendir cuentas obliga a construir transparencia no sólo para poner información al alcance del ciudadano, sino para establecer cauces de comunicación entre la sociedad y la política11.
Justicia y rendición de cuentas Las instituciones judiciales, como el resto de las autoridades del estado, tienen la obligación de rendir cuentas respecto del uso que dan a los recursos públicos que las financia, pero también sobre las actividades y resultados del ejercicio de sus atribuciones12.
Antonio RAMIRO SÁNCHEZ, “Demandas de calidad de la Administración Pública: un derecho de la ciudadanía”, editado por FIIAPP y editorial Dykinson SL, Madrid, 2001, página 171. 10 Andreas SCHEDLER, “¿Qué es rendición de cuentas?”, editado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), México, 2008, página 13. 11 Alberto M. BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?”, página 18 12 Sobre la tensión entre rendición de cuentas e independencia, véase Tom GINSBURG y Nuno GAROUPA, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”. American Journal of Comparative Law 57, noviembre 2008 , páginas 4 y ss. 9
Rendición de cuentas
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Las diferentes funciones que los diversos diseños institucionales otorgan a los poderes judiciales pueden agruparse en torno a tres tipos: Jurisdiccionales, aquellas vinculadas a la resolución de conflictos legales. Administrativas o las que se relacionan a las gestión del despacho judicial. Gobierno,
las
cuales
se
dirigen
a
la
protección
de
la
independencia judicial, a la planificación del desarrollo del servicio judicial, al control general de gestión, a la supervisión de la ejecución presupuestaria, a la comunicación con la sociedad y a las relaciones con otros poderes del Estado De esta forma, un adecuado sistema de rendición de cuentas en el sector judicial debe estar orientado a generar, sistematizar y difundir información sobre estos tres tipos de actividades. Al respecto, existen algunas posiciones que ven con suspicacia la obligación de rendir cuentas sobre procedimientos en curso, pues ello podría no sólo poner en riesgo decisiones relevantes sino afectar la independencia de los jueces. No obstante, como apunta HAMMERGREN13, la independencia se enfoca en el control previo de las acciones judiciales, mientras que la rendición de cuentas se vincula al control posterior, es decir, al
13Linn
HAMMERGREN, “Independencia judicial y rendición de cuentas: el balance cambiante en las metas de la reforma”, dentro de la obra “Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial”, editado por la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la U.S. Agency for Internacional Development (USAID), Washington, marzo 2002, página 170.
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requerimiento de relatar y explicar sus operaciones administrativas como el resultado del ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Elementos de la rendición de cuentas en el sistema de justicia Una forma de aproximarse con mayor precisión a los elementos que deben formar parte de las actividades de rendición de cuentas de los poderes judiciales, es a partir de los criterios aprobados en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana –organización que estructura la cooperación entre poderes judiciales en Iberoamérica14. Estos criterios consisten en el análisis y tratamiento de la información que obra en el poder de las instituciones judiciales, dirigida a: 1. La explicación del origen, uso y aplicación de los fondos a disposición de la administración de justicia (incluida la gestión del presupuesto, recursos humanos, compras y adquisiciones, procedimientos de contratación). 2. La confección y aplicación de los indicadores relevantes de la gestión jurisdiccional
y
administrativa
(incluidos
los
de
carácter
socioeconómico, presupuestal, jurisdiccional, de carrera judicial). 3. El control de la finalización de los procesos, tramitados con las debidas garantías y en un plazo razonable (incluido el análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión judicial, la duración de los procesos, la calidad de las resoluciones, la ejecución de las sentencias, entre otros).
Aquí se recoge la noción de integridad contenida en las “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires, 2012). 14
Rendición de cuentas
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Administración de los fondos Una adecuada rendición de cuentas en el sistema judicial exige la información y explicación de la forma en que se produce el gasto de los fondos públicos que son destinados a su funcionamiento. Ello permite mejorar las condiciones de transparencia e integridad del sistema, prevenir fenómenos de corrupción, e instituir elementos que propicien la eficiencia en el ejercicio de dichos recursos públicos. Como afirma el punto 20 de las “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Buenos Aires, 2012),
“la administración de justicia debe llevar un control
permanente sobre la ejecución de su presupuesto, realizando en forma periódica auditorías, tanto internas como externas, y publicitar los resultados por los medios disponibles”. Confección y aplicación de indicadores Los indicadores son variables o criterios de carácter cuantitativo o cualitativo que “proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo”15.
La creación de
indicadores relevantes para la gestión jurisdiccional y administrativas es por lo tanto un elemento primordial para cumplir con la obligación de rendir cuentas a la que están sujetas las instituciones judiciales.
OECD, “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”, página 25; 15
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El Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (PLIEJ) de la Cumbre Judicial Iberoamericana esfuerzos
por
destaca generar
entre
los
Experiencia 3: Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (PLIEJ)
indicadores
judiciales robustos y fiables.
Este proyecto, que se originó en 2006 en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, ha alcanzado un desarrollo importante que ha redundado
en
su
conformación
como
actividad
de
carácter
permanente y en la generación de criterios específicos para la confección de indicadores. A continuación se ofrece una explicación de los cinco grupos de indicadores que actualmente contempla el PLIEJ:
Indicadores socioeconómicos
Indicadores presupuestales
Indicadores jurisdiccionales
Indicadores de carrera judicial
Indicadores estadísticos
A. Indicadores socioeconómicos El PLIEJ incluye aquellos indicadores que se utilizan como referencia para la construcción de algunos de los indicadores relacionados con la administración de justicia; A.1. Población: población con referencia al primero de enero de cada año es obtenida de las Oficinas Nacionales de Estadística que la elaboran, bien mediante proyecciones con base a los recuentos censales, bien mediante recuento de registros de población.
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A.2. Producto Interno Bruto (PIB): valor de lo producido en el país a precios de mercado sin descontar la depreciación. Medido en dólares americanos al tipo de cambio al 31 de diciembre del año en cuestión. A.3. PIB per cápita: es el resultado de dividir el PIB por la población del país. Es indicador que mide la riqueza generada dentro de un país en un periodo. Medido en dólares americanos al tipo de cambio al 31 de diciembre del año en cuestión. B. Indicadores presupuestales B.1. Presupuesto total: es el que se designa anualmente para cubrir el gasto público de la Nación, es decir, incluye a los poderes que la conforman. B.2. Presupuesto del Poder Judicial: es el que se designó para el gasto público a todos los órganos que integran el Poder Judicial de cada país. B.3. Operación Tribunales: cálculo que prevé los salarios de todo el personal adscrito a cada uno de los órganos jurisdiccionales y los del personal administrativo adscrito al órgano judicial. También se incluyen los gastos administrativos que genera cada inmueble que se ocupa a nivel nacional. B.4. Inversión y Desarrollo: presupuesto asignado para inversión en activos fijos para el ejercicio fiscal del año en cuestión. C. Indicadores jurisdiccionales C.1. Casos originales terminados por sentencia: son todos los asuntos que se resuelven en forma definitiva dentro de la instancia respectiva mediante el dictado de una sentencia. C.2. Casos originales terminados por otras resoluciones: se refiere a todos los asuntos que concluyeron mediante una determinación judicial distinta a una sentencia pronunciada dentro de una instancia, como lo es un desistimiento o un desechamiento.
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C.3. Recursos presentados: son todos los medios de defensa que se interponen en contra de determinada resolución o sentencia que una instancia judicial inferior emite. D. Indicadores de carrera judicial D.1. Número de jueces y magistrados: total de jueces y magistrados en activo y adscritos a los órganos jurisdiccionales. D.2. Personal Operativo: es el total del personal profesional que auxilia a cada uno de los jueces y magistrados federales tanto en el trámite como en el proyecto de resolución de todos los asuntos que conforme a su competencia federal les corresponda a los mencionados juzgadores. D.3. Personal de Apoyo: es el total de personas que realizan actividades administrativas y personales del juzgador federal, captura de datos, capacitación, limpieza, etc., adscritos a los órganos jurisdiccionales federales. E. Indicadores estadísticos E.1. Porcentaje del presupuesto público dedicado a impartición de justicia: para efectos comparativos, resulta más interesante conocer el porcentaje del presupuesto dedicado a justicia respecto al presupuesto total del país. E.2. Porcentaje que representa el presupuesto en Justicia respecto al PIB: resulta de dividir el presupuesto total destinado a justicia entre el PIB, y el resultado multiplicarlo por 100. E.3. Presupuesto en Justicia por habitante: resulta de dividir el presupuesto total destinado a justicia entre el número de habitantes. E.4. Tasa de congestión: indica la capacidad resolutiva de los tribunales respecto al total de asuntos que deben resolver. Se calcula como el total de casos ingresados en el período, más los pendientes al inicio del período, el resultado está dividido por el número de asuntos resueltos durante el año.
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E.5. Tasa de recursabilidad: es un indicador de la inconformidad de los usuarios en relación con lo resuelto. Resulta de dividir el total de recursos interpuestos ante tribunales superiores, entre el total de casos resueltos en primera instancia. E.6. Tasa de sentencia: resulta de dividir el total de sentencias dictadas entre el total de asuntos resueltos. E.7. Tasa de pendencia: se calcula como total de asuntos pendientes dividido entre el total de asuntos resueltos en el año. E.8. Tasa de resolución: indica la capacidad del órgano para resolver los asuntos ingresados en el año. Se calcula como total de asuntos resueltos sobre total de asuntos ingresados en el período. E.9. Jueces por cada 100.000 habitantes: resulta de dividir el número de jueces entre el número de habitantes, y el resultado multiplicarlo por 100.000. E.10. Personal auxiliar por juez: resulta de dividir el total de personal auxiliar del ámbito jurisdiccional, entre el número de jueces. E.11. Casos entrados por 100.000 habitantes: este indicador pone en relación el conjunto de asuntos ingresados con la población, midiendo de forma comparable entre países, la conflictividad. Resulta de dividir el total de casos ingresados entre el número de habitantes, y el resultado multiplicarlo por 100.000. E.12. Asuntos entrados por Juez: resulta de dividir el total de asuntos ingresados entre el total de jueces. E.13. Coste medio de las causas terminadas: resulta de dividir el presupuesto total destinado a Justicia entre el total de causas terminadas. E.14. Porcentaje del costo administrativo respecto del presupuesto destinado a la justicia: resulta de dividir el presupuesto total destinado a la operación entre el presupuesto del poder judicial, y el resultado multiplicarlo por 100.
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E.15. Tasa de variación anual de los asuntos ingresados: resulta de restar al número de asuntos ingresados en el año entre el número de los ingresados en el año anterior; el resultado se divide entre los ingresados en el año anterior y se multiplica por 100. Se calcula por instancia y por materia. E.16. Carga de trabajo por Juez: es el resultado de sumar los pendientes al inicio del año y el total de casos ingresados en el año, se divide entre el número de jueces.
Otras fuentes destacables Existen diversas experiencias que, aunque no necesariamente implicaron esfuerzos originados desde las instituciones judiciales, ofrecen elementos importantes que contribuyen al escrutinio de la administración de justicia y por lo tanto generan información que impacta en la rendición de cuentas. El Reporte sobre la Justicia en las Américas del antes mencionado Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un proyecto que ofrece una visión de los sistemas judiciales de todos los países de la región, enfocada en particular en la estructura orgánica de cada uno de ellos, así como en su funcionamiento, productividad y
Experiencia 4: “Reporte sobre la Justicia en las Américas” (CEJA)
proceso de reforma y autoevaluación.
Rendición de cuentas
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Por otra parte, también resulta interesante el Informe
sobre
la
Evolución
de los
Sistemas
Judiciales Europeos que periódicamente viene elaborando el Consejo de Europa a través de la Experiencia 5: Consejo de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos
CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia). Aprobada por la Cumbre de Varsovia (2005), en la actualidad se encuentra en el 5º ciclo de evaluación (2010-2012). Se trata de un proceso regular de evaluación de los sistemas judiciales de los Estados miembros del Consejo de Europa. Asimismo conviene destacar la experiencia de la
Gestión Integral de Calidad y Acreditación Experiencia 6: Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial (GICA) (Costa Rica)
Judicial (GICA), desarrollada por el Poder Judicial de Costa Rica. Este sistema es una iniciativa cuyo objetivo final es el mejoramiento del servicio a la persona usuaria, basada principalmente en un
Experiencia 7: Índice de calidad de la Justicia Corporación Administrativa del Poder Judicial de la República de Chile (2012)
enfoque
sistémico,
el
cual
permite
el
establecimiento de estándares de prácticas de gestión en los diversos despachos que conforman la Organización.
Consulta al usuario: rendición de cuentas y participación ciudadana El cumplimiento de la obligación de rendir cuentas no culmina con la puesta a disposición de la ciudadanía de un catálogo de información
Rendición de cuentas
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previamente establecido. La generación de cauces institucionales para que las instituciones públicas recojan la información de los usuarios del sistema judicial es un aspecto igualmente central para la rendición de cuentas en democracia. Consultar a las personas que entran en contacto directo con las instituciones de justicia contribuye activamente a potenciar la participación ciudadana y, así, a fortalecer la administración de justicia. Uno de los cauces a través de los cuales se despliega esta tarea de consulta es la recopilación y procesamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios de los diferentes servicios que prestan los tribunales. Este tipo de esfuerzos brindan información valiosa a los tomadores de decisiones, permitiéndoles detectar problemas con oportunidad y diseñar respuestas basadas en las aportaciones del propio ciudadano.
“Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Buenos Aires, 2012) Punto 23: “se considera conveniente instrumentar una herramienta digital o en soporte físico que permita al usuario cuestionar la prestación del servicio judicial, y permita la respuesta oportuna”.
Rendición de cuentas
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano Apartado 18: Todas las personas tienen derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo que legalmente se establezca. Se implantarán sistemas para posibilitar las quejas y sugerencias de las personas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Se implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática. La persona tiene derecho a conocer el procedimiento mediante el cual será tratada su sugerencia o queja.
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En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a disposición de todas las personas, en lugar visible y suficientemente indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho.
La recepción y respuesta oportuna a las quejas, sugerencias y reclamaciones se configura como un poderoso instrumento de rendición de cuentas que posibilita el desarrollo de un “diálogo” permanente entre la ciudadanía y los tribunales de justicia. La eficacia de este esquema de comunicación está fundada en la fortaleza y armonía de dos elementos: facilidad en la presentación y oportunidad en la respuesta al usuario. Facilidad en la presentación se refiere a la simplicidad en los esquemas para que usuario presente quejas, reclamaciones o sugerencias. Ello requiere que estos sean sencillos y diversos, permitiendo
una
interacción
física
o
virtual
a
través
de
herramientas de carácter electrónico vía internet. Oportunidad en la respuesta al usuario se vincula con el plazo en que la institución reacciona a las demandas de atención por parte del usuario. Una respuesta oportuna requiere de procedimientos permanentes de seguimiento a las peticiones ciudadanas. Experiencia 8: Sistema de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial de España Servicios que ofrecen las Oficinas de Atención al Ciudadano (España) INFORMACIÓN GENERAL sobre: Recepción y tramitación de las Identificación, ubicación y funciones reclamaciones y sugerencias sobre: de cualquier órgano de la El funcionamiento de juzgados y Administración de Justicia o de los tribunales en aquellos aspectos organismos relacionados. en que incumplan los Requisitos para iniciar o intervenir en compromisos de la Carta de un proceso y características Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Rendición de cuentas
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genéricas de los distintos tipos de procedimientos existentes. Normas generales de reparto de asuntos. INFORMACIÓN PARTICULAR sobre: Estado y fase de los procedimientos en tramitación e identificación de las autoridades y personal que intervengan en esa tramitación. Esta información sólo se facilitará a personas interesadas o a sus representantes legales, con las limitaciones establecidas por las normas. Si usted precisa asesoramiento jurídico sobre un asunto particular debe acudir a un abogado de su elección o, en su caso, al Servicio de Orientación Jurídica de su residencia, dependientes de los respectivos Colegios de Abogados.
Lugares dónde obtener el servicio: En las oficinas de atención al ciudadano que se están implantando en las sedes judiciales y en la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial. Cuando todavía no exista una de estas oficinas en el lugar en que Ud. reside, puede solicitar esta atención en las sedes judiciales. A través de los buzones instalados por el Consejo General del Poder Judicial para formular quejas y sugerencias por el funcionamiento de Juzgados y Tribunales y obtener folletos informativos
Experiencia 9: Sistema de quejas y denuncias del Poder Judicial (Paraguay) Institución Teléfono y fax
Corte Suprema de Justicia de Paraguay (en colaboración con Programa Umbral y USAID) (021)439-4000 (Central Telefónica) (021)482-333 (Fax)
Dirección de correo electrónico
ed_escobar@pj.gov.py
Dirección de Internet
http://www.pj.gov.py/
Descripción sintética de la experiencia
El sistema de quejas y denuncias del Poder Judicial fue creado con la intención de contribuir a la política de transparencia y participación ciudadana de la Corte Suprema de Justicia, bajo la premisa de que el involucramiento de la sociedad es esencial para reducir la corrupción e impunidad. Este sistema que comenzó a operar en febrero de 2008 está abocado particularmente a “recibir, registrar, analizar las quejas y
Rendición de cuentas
44
denuncias presentadas contra magistrados, funcionarios, auxiliares de justicia, o el servicio público de justicia”. La denuncia se realiza mediante un formulario disponible en internet que también puede ser hecho llegar a la oficina por esta vía.
Efectos de la experiencia
La experiencia ha sido efectiva en cuanto a constituir un canal de participación ciudadana que además sirve a los encargados de la administración judicial para procesar conductas inapropiadas de funcionarios judiciales. En 2011 se recibieron 1866 denuncias y 32 quejas, la mayor parte de ellas concentradas en los órganos de la capital de ese país, y turnadas a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial. Las denuncias presentadas en 2011 dieron lugar a la suspensión preventiva de 15 funcionarios y definitiva de otros 21; al apercibimiento de 45 más y a la destitución de 5 personas.
Participación de la sociedad civil
La sociedad civil es el componente esencial de esta experiencia justo por dirigida a fomentar su participación, siendo ésta además ésta la fuente de la “materia prima” para el despliegue de la actividad de los funcionarios judiciales.
Materiales sobre rendición de cuentas Estándares e instrumentos internacionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, Cumbre Judicial Iberoamericana Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires, 2012) Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica en el Ámbito Iberoamericano, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, 2008) “Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales)”, proclamada el 17 de noviembre de 2010 por el Consejo Consultivo de Jueces de Europa del Consejo de Europa (con motivo de la conmemoración del X Aniversario del CCJE) Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, Cumbre Judicial Iberoamericana
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“Reporte sobre la Justicia en las Américas” elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos que periódicamente viene elaborando el Consejo de Europa a través de la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) Informe nº 13 (2010) del Consejo Consultivo de Jueces de Europa (Consejo De Europa) sobre el papel de los jueces en la ejecución de las resoluciones judiciales
Materiales del Programa
Presentación “Transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial en México”, por Eduardo BOHÓRQUEZ, Transparencia Mexicana, en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina. Presentación “Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile” en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina.
Lecturas
Alberto M. BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial” Joaquín DELGADO MARTÍN, “Documento de sustentación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” Tom GINSBURG y Nuno GAROUPA, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”. American Journal of Comparative Law 57, noviembre 2008. Andreas SCHEDLER, “¿Qué es rendición de cuentas?”, editado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), México, 2008. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, 2011 Rolando VEGA y Roy ZÚÑIGA, "Sistema de gestión integral para la justicia: calidad al servicio del ciudadano"
Multimedia Vídeo Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial-GICA (Costa Rica)
Rendición de cuentas
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La necesidad de ser transparente
La transparencia es una necesidad para las autoridades públicas ya que a través de ella se concreta el acceso ciudadano a información relevante, confiable y de calidad sobre su funcionamiento. La transparencia propicia la generación de una opinión informada sobre los asuntos públicos, contribuye al control y evaluación objetiva del ejercicio de los poderes públicos. La transparencia, además de una necesidad, es un principio que debe inspirar
la
instituciones condición
actuación
de
las
judiciales
por
su
autoridades
del
de
estado. Así lo reconoce por ejemplo el artículo 4º la Carta Democrática Interamericana de la Organización de
Estados
Americanos,
componentes
fundamentales
ejercicio
la
de
“son
democracia:
del la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en
Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (2001) La Comisión Europea declara que la transparencia es necesaria para crear una democracia participativa y garantizar la legitimidad y la responsabilización de la administración pública. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda”. (primer inciso del artículo 10)
la gestión pública”.
Transparencia
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La transparencia en el sistema de justicia La transparencia ha adquirido en los últimos lustros una importancia creciente en la agenda de reforma a la administración de justicia. Diferentes programas de modernización se han implementado en fechas recientes con el propósito de mejorar la gestión administrativa de los poderes judiciales y de hacer la justicia más accesible al ciudadano. Estos programas, junto con el desarrollo de mayor escrutinio ciudadano, han añadido a la visión tradicional de la justicia como una actividad puramente técnica, otra que la entiende también como uno de los servicios esenciales del estado. La perspectiva más compleja hacia la justicia ha generado una mayor demanda ciudadana de servicios de calidad, pero también de información respecto de asuntos que puedan no afectarle directamente. En la actualidad, por lo tanto, la legitimidad de la justicia está vinculada a la confianza que le generen al ciudadano tanto la provisión de servicios de calidad y oportunos, como el ejercicio transparente de las funciones administrativas y jurisdiccionales propias de los poderes judiciales democráticos. Instrumentos internacionales La transparencia es, como se dijo, una necesidad de las instituciones públicas, pero también un principio que ha sido recogido en los principales instrumentos internacionales en materia de justicia. Prueba de ello son las referencias que al respecto se hacen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Transparencia
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en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en los Principios de Bangalore
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1966) “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores” (artículo 14.1)
Transparencia
Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969) El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. (artículo 8.5) Convenio Europeo de Derechos Humanos(1950) “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad
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pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”. Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (artículo 10)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Cada Estado Parte adoptará las medidas para, entre otras cosas, “aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de tomas de decisiones” (artículo 13.1-a)
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002) “El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del público en la integridad de la judicatura. No sólo debe impartirse justicia; también ha de verse cómo se imparte”
sobre la Conducta Judicial.
Transparencia
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Elementos del principio de transparencia judicial La información por sí misma no genera transparencia. El papel de la información es el de formar parte de una política pública para atender el principio de transparencia. Las instituciones públicas deben, en consecuencia, adoptar una posición proactiva y generar estrategias de generación
de
información,
pero
también
de
divulgación
y
comunicación que aseguren que la información cumpla con su función. La comunicación, como sugieren CORREA y ESPINOSA-SALDAÑA, “no se agota en la transmisión de información, sino más bien tiene como objetivo central la generación de espacios de relación e interlocución entre los ciudadanos y las ciudadanas”16. Por ello, la transparencia en el sistema de justicia debe contemplar dos estrategias complementarias: una de comunicación y otra de acceso a la información.
A. UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN B. ACCESO A LA INFORMACIÓN (actuaciones destinadas a facilitar la (derecho de los ciudadanos a obtener accesibilidad y la comprensibilidad de información sobre la organización y la información sobre el sistema de funcionamiento del sistema de justicia) justicia) A.1. Relación con el usuario de la B.1. Aspecto pasivo: derecho de toda justicia persona interesada a solicitar, acceder y recibir la información requerida. A.2. Relación con el conjunto de la sociedad B.2. Aspecto activo: carga que se impone a los órganos del sistema de
“Principios de comunicación para un sistema de justicia basado en la cohesión social”, de Mirtha CORREA ÁLAMO y Eloy ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, página 5. 16
Transparencia
51
justicia para mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos y otros medios, la información relevante sobre su actividad, en forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno.
Una política de comunicación para la transparencia judicial Mejorar la transparencia requiere del diseño e instrumentación de una política pública que establezca medidas específicas para la información y la comunicación. En el caso de la instituciones de justicia los retos comunicacionales adquieren un relevancia mayor por la complejidad de su actuar, la especialización de su lenguaje y porque se vincula al ámbito propiamente jurisdiccional, pero también al administrativo.
“Principios, Reglas y Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación” Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo 2010) Principio 4: “reconociendo la importancia de la comunicación social se entiende imprescindible diseñar e implementar políticas de comunicación proactivas, que tiendan a explicar claramente el contenido de la función jurisdiccional,
Transparencia
Experiencia 10:
52
su carácter de garantía de los derechos, sus procedimientos y conceptos, así como toda información útil, necesaria y relevante sobre la actividad judicial”
Sitio Web sobre Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México)
La generación de una política de comunicación adecuada, susceptible de impactar positivamente en la relación con la ciudadanía, se caracteriza por incluir diferentes áreas de actuación, por comprender estrategias
particulares
y
por
emplear
diferentes
instrumentos
institucionales en su ejecución.
ÁREAS
ESTRATEGIA
INSTRUMENTOS
Áreas. La política de comunicación judicial debe tener una perspectiva que considere diferentes áreas; no basta con focalizar las actuaciones
con
los
medios
Consejo Consultivo de Jueces Europeos
de
comunicación. Desde esta perspectiva, una política de comunicación debe considerar cuando menos las siguientes áreas: Relación con los medios de comunicación
(CCJE) El papel de los medios de comunicación es primordial a la hora de ofrecer a los ciudadanos
información
sobre
la
función y las actividades de los tribunales
Atención al ciudadano
(ver sección C más abajo); sin embargo,
Educación y cultura sobre la justicia
paralelamente a lo que se comunica a
Comunicación interna
través de los medios de comunicación,
Imagen institucional
los debates del CCJE han puesto de
Transparencia
53
Participación ciudadana
manifiesto la importancia de establecer
Asimismo, es oportuno que las instituciones judiciales
generen
tanto
acciones
específicas a nivel interno, destinadas a estimular la participación de sus funcionarios y a fomentar una cultura de transparencia, como acciones específicas de carácter externo, orientadas a atender a diferentes públicos.
relaciones directas entre los tribunales y el conjunto de la sociedad. La inserción de la Justicia en la sociedad implica que la institución judicial se abra hacia el exterior y aprenda a darse a conocer. No se trata de promover una justicia espectáculo, sino de contribuir a la transparencia de la justicia. Aunque dicha transparencia no pueda ser total, con el fin de garantizar la eficacia de las investigaciones y los intereses de las personas imputadas, la comprensión de los mecanismos judiciales tiene un factor pedagógico
indiscutible
y
debería
permitir la afirmación de la confianza del público en el funcionamiento de los tribunales. (Informe nº 7(2005) sobre Justicia y Sociedad del Consejo Consultivo de Jueces de Europa)
Estrategia. Las diferentes áreas de atención de una política de comunicación deben ser abordadas de forma integral. En tal sentido, como se afirma en los Principios, Reglas y Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación (Cumbre Judicial Iberoamericana 2010) “el derecho a la información impone a todos los poderes públicos la necesidad de mantener canales permanentes de comunicación con la sociedad. A fin de fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia de la ciudadanía, los planes institucionales deberán incorporar políticas de comunicación que
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54
integren la atención al ciudadano, y el trabajo con los medios de comunicación”. Instrumentos. Como complemento a los aspectos anteriores, una política de comunicación debe seleccionar los instrumentos que resulten más adecuados para cada una de las acciones. De esta forma, resulta importante contar con unidades de apoyo que mantengan relaciones permanentes con los medios de comunicación y también con estructuras encargadas de atender al ciudadano, todo ello bajo mecanismos estrictos de coordinación e integración.
Transparencia
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Experiencia 11: Estado de Georgia: Proyecto de asistencia del Banco Mundial Breve descripción
Como parte integral del Programa de Apoyo al Sector Justicia (con la asistencia del Banco Mundial) se diseña una amplia iniciativa de comunicación y educación cívica
Documento
Presentación de José Manuel BASSAT, Relaciones ExternasBanco Mundial, en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
Justicia y medios de comunicación El derecho a la información impone a todos los poderes públicos la necesidad de mantener canales permanentes de comunicación con la sociedad. Debido a ello, el papel de los medios de comunicación social es particularmente trascendente en la medida en que brindan una colaboración decisiva en la formación de la opinión pública. La información precisa y oportuna sobre la función y el papel de la justicia contribuye eficazmente a una mejor comprensión del funcionamiento de los tribunales, instituciones en cuyas atribuciones recae buena parte de las tareas indispensables de los sistemas constitucionales democráticos.
Transparencia
56
Experiencia 12: Oficina de Comunicación Interinstitucional del Ministerio Público Fiscal de Esquel (Argentina) Proyecto destinado a desarrollar la imagen institucional del Ministerio Público realzando sus atributos positivos y desplegando el potencial de comunicacional intrínseco de la organización. Se organiza en torno a tres grandes áreas: comunicación interna; comunicación interinstitucional; y comunicación externa (medios de prensa; y comunidad)
Características singulares del sistema judicial El sistema judicial presenta una serie de características singulares que lo diferencian de otros sectores de la función pública. Primeramente, la administración de justicia es un servicio al que no acuden todos los ciudadanos. De hecho, un sector importante de la población de un país no tiene durante su vida algún contacto directo con los tribunales. El papel de los medios de comunicación resulta entonces aún más relevante pues permite a los ciudadanos informarse sobre la función y actividades de los tribunales. Segundo, la actividad de los jueces se despliega en buena medida mediante resoluciones que poseen un lenguaje técnico que es de difícil comprensión para los ciudadanos ordinarios. El rol de los medios de comunicación resulta también central pues contribuye a explicar el contenido de las resoluciones y a realizar una labor pedagógica de alto impacto social. En tercer lugar, las instituciones judiciales están obligadas a cumplir con el principio de publicidad que forma parte de las garantías de debido proceso. El artículo 56 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial indica por ejemplo que “la transparencia de las actuaciones del
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57
juez es una garantía de la justicia de sus decisiones”. Como la posibilidad de acudir a los juicios y audiencias públicas se encuentra constreñida, entre otras limitantes, por factores de espacio, el trabajo de los medios de comunicación potencia el acceso de los ciudadanos a la justicia. Así, considerando las especificidades de la administración de justicia, es oportuno que la relación de las instituciones judiciales con los medios de comunicación se concentre en cumplir tres objetivos básicos17: facilitar la comprensión mutua entre medios y tribunales; informar a los ciudadanos sobre la naturaleza,
Experiencia 13: Microsite de Iber Comunicadores
complejidad y límites de la actividad judicial, ampliar los límites y la complejidad de la actividad judicial; rectificar los errores factuales que se puedan cometer en la difusión de noticias relacionadas con los asuntos judiciales.
De entre las diversas buenas prácticas que se han desarrollado en años recientes en materia de medios de comunicación, destaca el catálogo de Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación, aprobado por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, efectuada en 2010 en Montevideo. Entre otras
17Informe
nº 7(2005) del Consejo Consultivo de Jueces de Europa sobre Justicia y Sociedad
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58
recomendaciones, se plantean las siguientes acciones como buenas prácticas: 1. Recopilar y seleccionar las resoluciones judiciales consideradas de interés y facilitar su acceso a los medios de comunicación, incluyendo su publicación vía internet. 2. Establecer una base de datos que permita acceder a las resoluciones judiciales o administrativas con los mecanismos necesarios para la debida protección de los datos personales. 3. Facilitar a los medios de comunicación la posibilidad de conocer la convocatoria de los actos judiciales de acceso público. 4. Establecer protocolos para la asistencia de los periodistas a las distintas actividades judiciales. 5. Comunicar las actividades judiciales que se consideren relevantes. 6. Organizar cursos de capacitación dirigidos a jueces y comunicadores judiciales, a fin de brindarles herramientas que les permitan relacionarse en forma adecuada con los medios de comunicación. 7. Organizar cursos de capacitación dirigidos a periodistas con el fin de transmitirles conceptos jurídicos relevantes y mantenerlos actualizados. 8. Promover espacios de encuentro con periodistas que permitan intercambiar opiniones, experiencias, generar mayor conocimiento de las actividades recíprocas y fomentar relaciones de confianza y respeto entre ambos. 9. Elaborar un procedimiento claro para que los medios de comunicación formulen solicitudes de información que deben ser respondidos en un plazo razonable.
Transparencia
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10. Establecer vocerías, gabinetes o medios de comunicación en cada país, para desarrollar las políticas de información de los sistemas judiciales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. A tal efecto, estas entidades deberán contar con recursos humanos capacitados y con recursos presupuestales, que garanticen la estabilidad de las políticas de comunicación a mediano y largo plazo. 11. El personal adscrito a esta función debe contar con conocimientos especializados, incluyendo planificación estratégica y uso de tecnologías de la información y comunicación. En especial deberá integrar no sólo abogados sino también periodistas, sociólogos, estadísticos, informáticos, relacionistas públicos y otros especialistas en manejo de información y comunicación social
Educación y cultura sobre la justicia
Buena parte del éxito de las políticas de transparencia está sustentado en el conocimiento ciudadano de sus derechos, tanto de aquellos vinculados con la tutela judicial como los que se relacionan al acceso a la información pública. La educación y cultura son entonces esenciales para la transparencia precisamente porque reflejan el grado de comprensión que existe sobre el derecho y sus garantías. Educación y cultura son, en última instancia, determinantes para la justicia pues definen la percepción y el uso que hace el ciudadano de las instituciones que la conforman. Las políticas de transparencia tienen un potencial efecto pedagógico que puede afectar la relación del ciudadano con la justicia. Transparentar el funcionamiento de la
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60
administración de justicia es también formar al ciudadano en materia de derechos. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad (Sección dedicada a la cultura jurídica) Regla (26): “Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”; Regla (27): “Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades”.
La experiencia del Programa “El Juez de Paz Educativo” desarrollado en la Región de Murcia (España) es un buen ejemplo de la importancia de la formación en derechos. El objetivo de este programa es lograr que los alumnos de educación secundaria, media y superior, resuelvan de manera pacífica los conflictos, asignándole la función de mediadores voluntarios a algunos de ellos.
La innovación y resultados de este
programa lo hicieron merecedor del Premio a la Calidad de la Justicia 2011 del Consejo General del Poder Judicial español, en su modalidad de “Justicia más transparente”. Experiencia 14: Programa sobre “El Juez de Paz Educativo” desarrollado en la Región de Murcia (España)
Transparencia
Experiencia 15: Campaña para sensibilizar al personal judicial acerca de los derechos que asisten a los menores de edad sujetos a un proceso penal, realizada por el Poder Judicial de Costa Rica
Experiencia 16:
61
Vídeo: Entrevista a la Magistrada de la Corte Suprema Doris Arias Madrigal, coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil.
Programa “Educando en Justicia” (Consejo General del Poder Judicial de España)
Véase un Vídeo sobre la experiencia pinchando aquí
Experiencia 17: Gobierno Abierto (Argentina) Institución
Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina
Teléfono y fax
(54 11) 4370-4727
Dirección de Internet
http://www.csjn.gov.ar/
Descripción sintética de la experiencia
“Se trata de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enmarcada en una política de Estado que apunta a alentar la participación ciudadana en la administración de justicia a través de Internet, promueve la transparencia de los actos de gobierno e intensifica el trabajo que viene llevando adelante la Corte en materia de difusión y acceso a la información. A través de este sitio web, la Corte pone a disposición de los ciudadanos las herramientas digitales adecuadas (incluyendo las redes sociales como Facebook y Twitter) para que éstos puedan hacer llegar consultas, sugerencias y opiniones a las diferentes áreas involucradas en la prestación del servicio de justicia.” Institución o instituciones que recibirán la experiencia
Efectos de la experiencia
Gobierno Abierto fue puesto a disposición de la ciudadanía argentina en enero de 2012 por lo cual existen nulos elementos para conocer con precisión sus efectos. No obstante, el hecho de que este proyecto haya sido creado ex profeso para fomentar la transparencia y rendición de cuentas hace que sea interesante incluirlo como una práctica que tiene potencial de generar efectos positivos.
Participación de la sociedad civil
La sociedad civil participa como usuaria de la información, pero también interactuando con la Corte Suprema a través de los diferentes instrumentos que incluye el portal “Gobierno Abierto”.
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Multimedia
Vídeo sobre esta experiencia
Comprensión de las actuaciones judiciales La inteligibilidad de las resoluciones y procedimientos judiciales es una cuestión relacionada con la educación y la cultura y, por lo tanto, afecta la vigencia del principio de transparencia. Los poderes judiciales deben promover medidas que hagan comprensible su actuar y reduzcan las dificultades que existen en materia de comunicación. De otra manera, la centralidad de su función no será comprendida en toda su dimensión. “Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002) Una Justicia comprensible 6.- Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. 7.- Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean especialistas en derecho. Los Jueces y Magistrados que dirijan actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.
En consonancia con estas acciones deben existir acciones específicas para atender las dificultades que pueden enfrentar en materia de comunicación las personas en condición de vulnerabilidad. Entre las diferentes experiencias que existen en este respecto, destacan los planteamientos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Estas reglas establecen tres categorías de disposiciones:
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Notificaciones y requerimientos o Regla (59): En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.
Contenido de las resoluciones judiciales o Regla (60): En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Comprensión de actuaciones orales o Regla (61): Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo Lugar de la comparecencia o Regla (66): Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo. o Regla (67): Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima. Tiempo de la comparecencia o Regla (68): Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente. Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad. o Regla (69): Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo
Transparencia
64
día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona. o Regla (70): Se recomienda analizar la posibilidad de pre constituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable. o Regla (71): En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Forma de la comparecencia o Regla (72): Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla o Regla (73): Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicioso o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del delito. o Regla (74): Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país. A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de televisión.
Transparencia y participación ciudadana La participación ciudadana es, como se ha dicho antes, un aspecto fundamental para la vigencia plena de los principios de integridad, rendición de cuentas y transparencia. La relación de participación ciudadana con la transparencia resulta especialmente decisiva por el impacto mutuo que supone una sociedad activa y una autoridad pública más abierta al escrutinio público.
Transparencia
65
En los años recientes se ha puesto un interés mayor en generar una relación armónica entre participación ciudadana y transparencia. Ello ha sido visible en experiencias como la del Libro Blanco de la Gobernanza Europea18, donde se hace hincapié en la apertura como un elemento necesario de la gobernanza, y en la participación como catalizador de la confianza ciudadana.
Transparencia
Justicia orientada al ciudadano
Participación
Recordando que, como se dijo, la información no es sinónimo de transparencia sino un componente de ella, es oportuno considerar que la participación ciudadana puede darse por diferentes conductos y adquirir diversas formas. Por ejemplo, puede canalizarse a través del suministro de información o inclusive de actividades encaminadas a generar un control ciudadano del actuar de las autoridades.
Experiencia 18: Amicus curiae (Argentina) Institución/es que realiza/n la experiencia
Corte Suprema de Argentina
“La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”, aprobado por la Comisión Europea el día 25 de julio de 2001, páginas 10 y 11. 18
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Teléfono y fax
(54 11) 4370-4727
Dirección de correo electrónico
secretaria@tcchile.cl
Dirección de Internet
http://www.csjn.gov.ar/
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia Participación de la sociedad civil
A través de la Acordada 28/2004, la Corte Suprema de Justicia declaró que “considera apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y en que se ven en asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso”. Desde 2006 la Corte ha hecho público a través de internet los casos en los que puede usarse la figura de Amicus. Asimismo, en marzo de 2012 el presidente del tribunal convocó a organizaciones no gubernamentales a una reunión para discutir formas de regular esta figura con mejor precisión. De acuerdo con lo que la Corte Suprema publica en su página de Internet, el amicus se ha empleado en por lo menos cuatro casos de considerable transcendencia. La importancia del amicus radica en que establece un canal formal para que la sociedad civil opine en casos de gran trascendencia. La figura de amicus entonces potencia la ‘voz’ de la sociedad civil en ciertos casos. El desafío, sin embargo, es desarrollar disposiciones que regulen con mayor precisión el ejercicio de esta figura.
Experiencia 19: Tod@s somos justicia (Ecuador) Institución/es que realiza/n la experiencia
Consejo de la Judicatura de Ecuador
País/es
Ecuador
Teléfono y fax
593 2 3953600
Dirección de correo electrónico
todossomosjusticia@funcionjudicial.gob.ec
Transparencia
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Dirección de Internet
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/inicio Tod@s Somos Justicia consiste en una plataforma electrónica disponible a través de internet por medio de la cual el Consejo de la Judicatura Federal solicita, recaba, difunde y sistematiza propuestas ciudadanas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales del poder judicial. Este proyecto hace uso de las redes sociales (Facebook y Twitter) como canal de comunicación con la ciudadanía. La plataforma permite conocer las propuestas enviadas y hacer comentarios respecto de la misma de modo tal que se generen debates alrededor de cada una. El periodo para enviar propuestas terminó el 30 de junio de 2012. Hasta el 24 de ese mes habían sido enviadas 233 “ideas” y remitidos 898 argumentos respecto de éstas. Estas cifras muestran que el impacto del proyecto ha sido marginal. No obstante, constituye un buen ejemplo de la forma en que pueden emplearse las herramientas 2.0 en la promoción de la participación ciudadana. La sociedad civil participa de manera individual y organizada enviando sus iniciativas para transformar a la justicia. Independientemente del grado de factibilidad y conveniencia de cada una de ellas, la auto-selección que implica la participación ciudadana en este proyecto hace que las conclusiones sean también un indicador de las preocupaciones centrales de la ciudadanía más interesada en la actividad jurisdiccional.
Materiales sobre transparencia judicial Estándares e instrumentos internacionales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1966) Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969) Convenio Europeo de Derechos Humanos(1950) Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana y otras instituciones del sistema judicial de Iberoamérica.
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“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002. “Decálogo de la Red de Comunicadores” de Iberoamérica. Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación, que fue aprobado por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo 2010). Informe nº 7(2005) sobre Justicia y Sociedad del Consejo Consultivo de Jueces de Europa (Consejo de Europa) “Resolución de Bucarest sobre la transparencia y el acceso a la justicia” (mayo 2009) de la Red Europea de Consejos de Justicia. “Resolución de Budapest sobre gobierno autónomo del poder judicial: equilibrio entre independencia y rendición de cuentas” (mayo 2008) de la Red Europea de Consejos de Justicia. Informe sobre “Measurement of National and Transnational Public Confidence. Report 2010-2011”, presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011. Informe sobre “Timeliness. Report 2010-2011”, presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011. Informe sobre “Judiciary and the Media. Report 2005-2006” de la Red Europea de Consejos de Justicia.
Lecturas
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Acceso a la información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina”, apoyado por el programa de Información, Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial (WBI) Javiera BLANCO y Gonzalo VARGAS, “La contribución de la sociedad civil a la reforma de la justicia en Chile: la experiencia de la Fundación Paz Ciudadana”, dentro de la obra “Sociedad civil y reforma judicial en América Latina”, editado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y por el National Center for State Courts, Washington, octubre 2005; Mirtha CORREA ÁLAMO y Eloy ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, “Principios de comunicación para un sistema de justicia basado en la cohesión social”.
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Joaquín DELGADO MARTÍN, “¿Cómo reformar el sistema de justicia? El principio de colaboración”, Programa Eurosocial, 2006. Joaquín DELGADO MARTÍN, “Documento de sustentación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” DPLF, “Sociedad civil y reforma judicial en América Latina”, editado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y por el National Center for State Courts, Washington octubre 2005. DPLF, “Iniciativas de la sociedad civil para la transparencia en el Sector Judicial”, 2003. Roberto G. MACLEAN U., “Reformar la justicia: ¿de qué se trata?”, dentro de la obra “En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004. MENDES, Gilmar. 2008. “New Challenges of Constitutional Adjudication in Brazil (Brazil Institute Special Report)”. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Javier PARRA GARCÍA, “El Acceso a la Justicia en las políticas de información y atención al ciudadano: la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano”, Programa Eurosocial, 2006. Santos PASTOR y Jesús ROBLEDO, “Experiencias y buenas prácticas en gestión de calidad, información y transparencia y atención al ciudadano en la Administración de Justicia”, Programa Eurosocial, 2006. Margaret POPKIN, “La difusión de las sentencias en Estados Unidos”. Seminario Transparencia Judicial Federal, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal de México (27 y 28 de octubre de 2011). Leonardo SCHVARSTEIN, “Repensar la reforma judicial en América Latina”, trabajo encargado por el BID para ser presentado en el Foro Nacional Estrategias para el mejoramiento de la administración de justicia en Honduras, noviembre 1994. Abraham SILES VALLEJOS, “Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central”, Fundación para el Debido Proceso, 2011. Documento de sustentación del Proyecto de creación de una Red de Comunicadores de los Poderes Judiciales y de un Canal Iberoamericano de Justicia, Instructivo de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, Montevideo, 2010, páginas 65 y ss.
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, 2011
Multimedia Sobre Reglas de Brasilia: o Vídeo explicativo del contenido de las Reglas de Brasilia o Entrevista al Coordinador de la Comisión de Seguimiento o Reunión de la Comisión de Seguimiento (Montevideo) o Implementación de las Reglas en Paraguay: Conferencia Magistral sobre “El acceso a la información pública judicial”, por Carlos Lesmes Serrano (Seminario Transparencia Judicial Federal, México, 2011) Programa sobre “El Juez de Paz Educativo” desarrollado en la Región de Murcia (España); véase el vídeo aquí Canal Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Vídeo: Taller sobre “Justicia y ciudadanía” celebrado en Cartagena de Indias (Colombia en marzo 2009), dentro del Programa Eurosocial Justicia. Entrevista a la Magistrada de la Corte Suprema Doris Arias Madrigal, coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil; Campaña para sensibilizar al personal judicial acerca de los derechos que asisten a los menores de edad sujetos a un proceso penal, realizada por el Poder Judicial de Costa Rica Gobierno Abierto
Transparencia
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El compromiso de ser íntegro
En el ámbito público, la corrupción consiste en el uso que hacen los servidores públicos de la autoridad que se les confirió para la obtención de beneficios privados. La corrupción está asociada a una vulneración del interés público y, en consecuencia, a un debilitamiento de las instituciones del estado. Su importancia es tal que en la actualidad existe un volumen importante de iniciativas dedicadas al análisis de diferentes tipos de corrupción y a la promoción de estrategias que buscan contrarrestar los perniciosos efectos sociales, políticos y económicos que produce. Ecuación de la corrupción (Robert Klitgaard)
La corrupción puede entenderse como el abuso del poder atribuido para obtener beneficio privado (Transparencia Internacional) Véase el Video
C=M+A–T C es Corrupción M es Monopolio A es Arbitrariedad T es Transparencia Entrevistas a Robert Klitgaard: Video 1 Video 2
La relevancia de la corrupción para el sistema de justicia se manifiesta en dos vertientes. La primera se refiere a lo que potencialmente ocurre en cualquier institución pública: que los funcionarios públicos empleen su autoridad para obtener beneficios privados. La segunda se refiere a la persecución y control de la corrupción, actividades en las que juegan un
Integridad
72
papel preponderante las instancias de procuración y administración de justicia19. La independencia es un elemento fundamental que permite a las instituciones judiciales cumplir cabalmente con sus funciones de administración de justicia. Los jueces independientes institucional y políticamente son un pilar de la vigencia del estado de derecho al ser menos susceptibles a caer en prácticas incorrectas, pero también al tener menor reticencia a afrontar con firmeza casos de corrupción. No obstante, la relación entre independencia judicial y corrupción no es lineal ni necesariamente positiva. De hecho, si el apuntalamiento de independencia judicial no es acompañado de los instrumentos adecuados, ésta en realidad puede generar mayores riesgos de actos ajenos al interés público. Al respecto, GONZÁLEZ DE ASÍS ha señalado: “la pregunta central no es si la
judicatura
carece
de
independencia, sino si se ha hecho demasiado autónoma careciendo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de control. La clave reside en encontrar un equilibrio adecuado entre la independencia y la rendición de
Concepto operativo de corrupción judicial Son actos de corrupción aquellos en los cuales la conducta del funcionario o empleado judicial sirva a la violación del principio de imparcialidad en el procedimiento judicial para la obtención de un beneficio ilegítimo para una parte y/o para sí mismo Experiencia 20: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (Fundación Konrad Adenuer) Contiene un Indicador, que mide el “Puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, es decir, mide la corrupción como el uso incorrecto del poder
Véase COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, “Corrupción judicial: mecanismos de control y vigilancia ciudadana”, editado por la citada Comisión, Lima, junio, 2003, página 17. 19
Integridad
73
cuentas”20.. RÍOS FIGUEROA21, por su parte, entiende que la independencia judicial puede limitar la influencia de los líderes políticos y reducir la corrupción pero
también
puede
producir
lo
contrario. Para él lo relevante es saber bajo
qué
condiciones
para el beneficio privado, incluyendo la corrupción del sector público y privado. El IPC de Transparencia Internacional busca medir, sobre todo, el soborno en el sector público, por lo tanto, este indicador mide la percepción sobre la probidad o responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública
la
independencia judicial es un incentivo para la honestidad22.
De la independencia a la integridad judicial El adjetivo íntegro, dicho de una persona, significa “recta, proba, intachable” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española23). Siguiendo a Lorne SOSSIN24, la integridad también se puede definir por lo que no lo es: cuando una persona en una posición de poder actúa para su propio interés, o con fines inadecuados, se entiende en general que esa persona carece de integridad. La integridad, por lo tanto, puede considerarse como un atributo fundamental del servicio público y lo opuesto de corrupción.
María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006. Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition, Measurement, and Its Effects on Corruption, 2006, página 123. 22 Stefan VOIGT ha realizado planteamiento similares argumentando que la independencia judicial es no sólo una condición necesaria para la imparcialidad de jueces, sino que también puede ponerla en peligro; en “The economic effects of judicial accountability: cross-country evidence”. European Journal of Law and Economics 2008, vol. 25, issue 2, pages 95-123 23 22ª Edición. 24 Lorne SOSSIN, “How can greater judicial integrity be achieved?”,página 3. 20 21
Integridad
74
La integridad es una cualidad que adquiere un significado central al aplicarse a la actuación del juez: cuando el ordenamiento configura la independencia como nota esencial de la función judicial, debe también establecer mecanismos destinados a garantizar que no se va a producir un abuso de la misma. En este sentido. SHARMAN sostiene que “al otorgarle a
Corrupción judicial y élites económicas (Lorne SOSSIN) La corrupción puede ser causada por y también contribuir a la captura del sistema de justicia por las élites económicas. Esta corrupción también puede traicionar la independencia de la Asociación de Abogados y otros aspectos clave del sistema de justicia. La captura puede ser explícita (ej. por soborno) o implícita (ej. jueces relacionados con las élites económicas por una experiencia y perspectiva compartida).
los jueces la independencia, también es extremadamente importante que su autoridad judicial sea practicada con el mayor grado de corrección (…) los jueces no solamente deberían evitar la incorrección, sino también evitar
incluso
incorrección
la
sugerencia
de
en
todas
sus
“La integridad del sistema judicial es un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos y para garantizar la independencia, la imparcialidad y la no discriminación en la administración de justicia” (Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/37, ONU)
actividades”. La Exposición de Motivos del Código Iberoamericano de Ética Judicial plantea un estudio sobre las ventajas y cargas propias de la actividad de los juzgadores, sugiriendo que en el contexto de una sociedad participativa “el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”. Integridad
75
La integridad judicial es ciertamente un atributo fundamental de todo servidor público y, en el caso de los jueces, una responsabilidad que implica un compromiso inclusive más serio que el que puede representar para funcionarios de otro tipo. Ahora bien, avanzar en la comprensión de las implicaciones de la integridad judicial, implica profundizar en el conocimiento de su significado. En un sentido amplio, integridad judicial alude a todos aquellos condicionantes necesarios para garantizar que el personal judicial realice sus funciones con rectitud y probidad. En un sentido estricto, integridad alude a la conducta de los jueces en sociedad y a la responsabilidad de que, como se insinuó antes, su comportamiento
no sólo no genere suspicacias sino que produzca
confianza. Es este segundo sentido al que hacen referencia diversos instrumentos internacionales, como los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (Valor 3) y el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial (artículos 53 a 55). Principios de Conducta Judicial de Bangalore Valor 3: Integridad Principio La integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales Aplicación 3.1. Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable 3.2. El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del público en la integridad de la judicatura. No sólo debe impartirse justicia; también ha de verse cómo se imparte
Integridad
“Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial” Integridad Artículo 53. La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. Artículo 54. El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. Artículo 55. El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos.
76
Experiencia 21: República Dominicana Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial (Resolución núm. 2006-2009, del 30 de julio de 2009)
Experiencia 22 Elementos de la integridad judicial en Costa Rica25
Además de diferentes acepciones que aluden a niveles distintos de responsabilidad, existen también diferentes elementos o componentes de conductas que podrían ser calificadas como “íntegras”. Las Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, aprobadas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en 2012 en la ciudad de Buenos Aires, 2012, son especialmente útiles en este respecto, pues en ellas se señalan tres categorías de componentes configuradores de un sistema de integridad judicial:
Presentación de la Experiencia de Costa Rica en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, por parte de Luis Paulino MORA y Milena CONEJO AGUILAR, mayo 2010 25
Integridad
77
1. Lineamientos éticos indispensables para el recto ejercicio de las funciones propias de la administración de justicia
2. Explicitación de los mecanismos de acceso a la judicatura y a los demás cargos de la justicia 3. Adecuada regulación de los procedimientos disciplinarios, evaluación de desempeño y promoción, en su caso, de dichos cargos
Ética e integridad judicial Los principios y valores éticos se encuentran en la cima de la pirámide de los elementos que estructuran la integridad en el ámbito judicial. Por ética judicial
puede
entenderse
aquel conjunto de
comportamientos
necesarios para la satisfacción de intereses comprometidos con el ejercicio de la actividad judicial y para la aceptación de las decisiones por parte de sus destinatarios26. Ética Pública Desde un punto de vista conceptual, la llamada «ética pública» tiene cuatro dimensiones: de limitación del poder -sometimiento del poder al Derecho y reconocimiento de derechos humanos individuales-; de organización del poder separación funcional de poderes, independencia del Poder Judicial, neutralidad de la Administración y existencia de un modelo de garantía de la Constitución-; de promoción a través del poder -protección de derechos económicos, sociales y culturales-; y, por último, de funcionamiento del poder –reconocimiento de los llamados «principios de las mayorías y de la negociación»-. VACAS GARCÍA-ALÓS
26
Rodolfo Luis VIGO, “Ética judicial e interpretación jurídica”
Integridad
78
La ética, en definitiva, comprende todas las reglas y normas que afectan a la conducta del juez y que resultan imprescindibles para garantizar que el mismo resuelve los conflictos sometidos a su conocimiento de forma independiente, imparcial y motivada, así como para garantizar que el comportamiento genere confianza en el conjunto de la ciudadanía. El destacado filósofo del derecho, Manuel ATIENZA, ha propuesto que existen tres principios rectores de la ética judicial: independencia imparcialidad y motivación27. Independencia. Establece que las decisiones de los jueces han de estar basadas exclusivamente en el Derecho, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones ilegítimas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. Imparcialidad. Determina que el juez debe resolver el conflicto aplicando el derecho desde una posición de tercero y, por tanto, ajena al conflicto. Motivación. Estipula que el deber del juez de fundamentar sus decisiones, por cuanto este es el principal mecanismo de control de su poder. Ética Judicial
27
PRINCIPIOS RECTORES
VIRTUDES JUDICIALES
Independencia
Honestidad, Integridad (en sentido estricto),
Imparcialidad
Cortesía, Prudencia, Diligencia, Justicia y Equidad
Manuel ATIENZA, “Ética judicial”, Revista Justicia en el Mundo, número 10.
Integridad
79
Competencia (motivación)
Transparencia, Responsabilidad
Secreto
Profesional,
La ética judicial, continuando con el razonamiento de ATIENZA, no se constriñe al cumplimiento de normas; se encuentran también virtudes judiciales específicas: El principio de independencia exige sobre todo auto restricción. El principio de imparcialidad, exige sentido de la justicia y valentía. El principio de motivación se conecta especialmente con la virtud de la prudencia que, en términos aristotélicos, implica una capacidad intelectual y moral, para aplicar los principios a los casos concretos. En años recientes, la ética ha adquirido una mayor centralidad en el quehacer de los sistemas judiciales. Diferentes naciones han ido incorporando instrumentos legales para promoverla. Entre los países con experiencia en esta materia se encuentran: Filipinas, Serbia, Jordania, Afganistán, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Inglaterra y Gales, Ecuador, Alemania, Grecia, Hungría, Irak, Letonia, Lituania, Islas Marshall, México, Namibia, Holanda, Nigeria, Eslovenia, Uzbekistán, Venezuela y algunas naciones del este de África28. Experiencia 23: Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (México) Aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en agosto de 2004
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011, páginas 128 y ss 28
Integridad
80
La promoción de la ética judicial ha sido una labor que, además, ha trascendido las fronteras nacionales. En el año 2000, el Grupo de Integridad Judicial, conformado bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se dio a la tarea de redactar un texto para promover conductas éticas en el sistema de justicia. En abril de 2002, se aprobaron los Principios de Conducta Judicial de Bangalore, documento que resume el trabajo del referido grupo y que establece los cimientos de un código judicial de carácter global29. La Cumbre Judicial Iberoamericana ha dado también pasos importantes en esta materia. Con motivo de su edición décimo tercera, celebrada en República Dominicana en 2006, la Cumbre aprobó el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento que establece principios éticos para el actuar judicial en los países que integran la región. En específico, los siguientes elementos destacan en el contenido del Código Modelo. Independencia. Un estado democrático debe establecer mecanismos para garantizar dicha independencia de los jueces en dos sentidos: en forma externa, respecto de influencias que no provengan del poder judicial; y en forma interna en relación a los propios órganos judiciales. La independencia también se conecta con las reglas que otorgan seguridad y permanencia a los juzgadores en sus respectivas posiciones, como aquellas referentes a destituciones, suspensiones o sanciones.
29UNODC,
“Comentarios a los Principios de Bangalore”, Brasilia, 2008.
Integridad
81
Imparcialidad. Los juzgadores deben estar protegidos respecto de influencias ajenas, pero también debe tener mecanismos para garantizar la imparcialidad. En este sentido, de los principios éticos a los que están sujetos los jueces, deben asegurarse de no intervenir en casos que presentan condiciones que no salvaguardan la imparcialidad. Para ello deben
contar
incompatibilidad,
con tal
mecanismos y
como
lo
de
abstención,
indica
el
recusación
Estatuto
del
o
Juez
Iberoamericano. El Código Modelo señala además que los jueces y sus colaboradores deben abstenerse de dar o aparentar dar un trato preferencial a alguna de las partes, recibir regalos o mantener reuniones con ellas que no resulten justificables para los otros involucrados en los casos bajo su jurisdicción. Motivación. Los jueces tienen la obligación de motivar debidamente las resoluciones que dicten. Motivar las resoluciones supone expresar en ellas, de manera ordenada, clara, precisa y concreta las razones de hecho y de derecho que justifican cada uno de los aspectos objeto de decisión (artículo 19 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial). En materia de hechos, los jueces deben analizar con rigor las aportaciones de cada uno de los medios de prueba para luego realizar una apreciación integral. En materia de derecho, la motivación no se limita a las normas aplicables sino a todas las alegaciones de las partes o las partes que otros jueces hayan planteado respecto de cada uno de los litigios. Conocimiento y capacitación. El conocimiento profundo del derecho por parte del Juez es una garantía para los ciudadanos. De acuerdo con el Código Modelo, un juez con buena formación conoce el derecho
Integridad
82
vigente y cuenta con capacidades técnicas para aplicarlo de manera apropiada. La preparación de los jueces está entonces ligada a la actualización y la capacitación permanentes, mismas que son su responsabilidad personal, pero también una función que deben desplegar los órganos de gobierno y administración en el sistema de justicia. Equidad. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial plantea que la administración de justicia debe tener en cuenta las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes (artículo 36). Así un juez que actúa de acuerdo con el principio de equidad es aquel que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en
cuenta las peculiaridades del caso y lo
resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento
y
que
puedan
extenderse
a
todos
los
casos
sustancialmente semejantes (artículo 37). Responsabilidad institucional. Los jueces, además de independientes, deben ser responsables por las acciones y omisiones cometidas en los casos bajo su jurisdicción. La exigencia de responsabilidad debe desplegarse con reglas orientadas a que se hagan cargo de su actor, pero también de garantías que impidan que se atenta. El juez institucionalmente responsables es, conforme al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el que, además de cumplir con sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial (artículo 42); que promueve en la sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia (artículo 43); que
Integridad
83
está dispuesto a responder voluntariamente por sus acciones y omisiones (artículo 44); que está comprometido con denunciar incumplimientos graves de colegas (artículo 45), así como evitar favorecer promociones o ascensos irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de justicia (artículo 46). Cortesía / Afabilidad. La receptividad es un elemento asociado a la prestación de servicios públicos de calidad. En este sentido, el Código Modelo refiere que la cortesía y afabilidad están conectadas con la receptividad y por lo tanto con el desempeño ético de los jueces. El juez, de acuerdo a este instrumento, debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida en que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica (artículo 50); en el ámbito de su tribunal, el juez debe relacionarse con los funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir -o aparentar hacerlo- en favoritismo o cualquier tipo de conducta arbitraria (artículo 51); y el juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos (artículo 52). Integridad.
La
ética
es
un
aspecto fundamental de la integridad
judicial.
Hacer
referencia en este punto a la integridad tiene el propósito de describir
cómo
el
Código
Modelo entiende este atributo fundamental. El juez íntegro no debe
comportarse
Integridad
de
una
Experiencia 24: Caso de Estudio: el Caso Matlow (Canadá) El Juez Matlow se opuso abiertamente en la Ciudad de Toronto a permitir el desarrollo de su barrio. El Juez Matlow no se recusó a sí mismo de un desafío de otro proyecto de desarrollo de la Ciudad en un barrio diferente. El Juez Matlow entregó el material en el cual se basó para alegar la falta de la Ciudad a un diario local. La Ciudad de Toronto, que perdió el caso en el cual el Juez Matlow interfirió, presentó una queja en contra del Juez Matlow.
84
manera que un observador razonable
considere
gravemente atentatoria contra los
valores
y
sentimientos
predominantes en la sociedad en la que presta su función (artículo 54).
Si bien se determinó que el Juez Matlow incurrió en una falta, el Consejo Judicial Canadiense (CJC) no recomendó su remoción, sino más bien una disculpa y un requerimiento de asistir a un seminario de ética judicial. (Presentado por el Profesor Lorne SOSSIN. University of Toronto, Faculty of Law. “ActionLearning Program on Judicial Transparency and Accountability in LCR: La Experiencia Canadiense”)
Transparencia. Sin perjuicio de lo antes referido respecto del principio de transparencia, en este apartado se destacan deberes éticos específicos de los jueces en sus relaciones con los medios de comunicación. El Código Modelo especifica que, sin infringir norma alguna, el juez debe, procurar ofrecer información útil, pertinente, comprensible y fiable a la sociedad; documentar, en la medida de lo posible, todos los actos de su gestión; atender en forma equitativa y prudente a los medios de comunicación sin perjudicar los derechos de las partes, y; evitar la búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social. Deber de reserva o secreto profesional. Los jueces deben abstenerse de emplear o revelar información obtenida en el ejercicio de su cargo, protegiendo en todo momento los derechos de las partes y de sus colaboradores. En este sentido, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial indica que los jueces que integran órganos colegiados deben garantizar la secrecía de las deliberaciones no públicas. Además, deben
servirse
únicamente
de
medios
legítimos,
legalmente
reconocidos; deben procurar que sus colaboradores cumplan con el principio de secreto profesional. Los deberes de reserva no se restringen al ámbito público, sino también a lo privado. Integridad
85
Prudencia. La conducta de los jueces debe caracterizarse por el autocontrol y el cabal cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. El juez prudente, de acuerdo con el Código Modelo, es el que procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco del Derecho aplicable; y el juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo. Así, el juez debe mantener una actitud abierta y paciente para escuchar o reconocer nuevos argumentos o críticas en orden a confirmar o rectificar criterios o puntos de vista asumidos (artículo 70); y, al adoptar una decisión, debe analizar las distintas alternativas que ofrece el Derecho y valorar las diferentes consecuencias que traerán aparejadas cada una de ellas (artículo 71). Diligencia. El juez tiene el deber de aplicar diligencia o celo en la tramitación y resolución de los procesos a su cargo, procurando que los mismos se resuelvan en un plazo razonable, con lo que se evitará la injusticia que siempre comporta una decisión tardía, y asegurando el pleno ejercicio del derecho de defensa de las partes. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial señala que los jueces deben: evitar o, en todo caso, sancionar actividades dilatorias; procurar que los actos procesales se celebren con la máxima puntualidad; y actuar de manera responsable y frente a los sistemas de evaluación de su desempeño. Además, no deben contraer obligaciones que perturben o impidan el cumplimiento apropiado de sus funciones específicas. Honestidad profesional. La confianza ciudadana se fortalece con jueces honestos. En este sentido, el Código Modelo Iberoamericano de Ética
Integridad
86
Judicial (artículos 79 y ss) manifiesta que debe prohibirse que los jueces obtengan beneficios al margen de lo estrictamente dispuesto en la ley y prohibirse que empleen abusivamente sus atribuciones. En este sentido, cabe recordar que las “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana 2012) establece que “para un adecuado control de la integridad de la administración de justicia, puede ser conveniente establecer declaraciones juradas periódicas detallando ingresos, activos, y pasivos”.
Mecanismos institucionales para la ética judicial La búsqueda de la vigencia de la integridad no se constriñe al establecimiento de principios que busquen regular la conducta de los jueces. Existen a nivel internacional diversas experiencias orientadas a promover que los funcionarios de los poderes judiciales actúen en forma ética. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial es un ejemplo en esta materia. Integrada por nueve miembros y un secretario ejecutivo, todos elegidos por la Cumbre Judicial en Asamblea Plenaria, la Comisión se encarga de brindar asesoría a los poderes judiciales de los países de la región; de facilitar la discusión, difusión y desarrollo respecto de la importancia de la ética para la justicia; y, en general, de fortalecer la conciencia que en este respecto existe en los jueces iberoamericanos. A nivel doméstico, México destaca por haber puesto en práctica diversas iniciativas para promover el desempeño ético entre los servidores públicos. En el ámbito federal, el poder ejecutivo generó el Código de
Integridad
87
Ética del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la Presidencia de la República, en tanto que en el judicial se creó el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, al cual están sujetos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Asimismo resulta destacable la creación del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, cuya finalidad radica en fortalecer la investigación, estudio, promoción y difusión de dos de las líneas en las que se sustenta la propia función jurisdiccional: los criterios jurisprudenciales y los principios éticos del quehacer judicial.
Experiencia 25: Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
Experiencia 26: Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial (México)
Experiencia 27: Tribunal de Ética Judicial y Oficina de Ética Judicial (Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, Argentina)
Acceso a la función judicial y nombramientos La definición de las formas de acceso a la función de juez tiene una gran relevancia para el sistema judicial por el impacto potencial que tiene en Integridad
88
su funcionamiento. En este respecto, la Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,30
ha realizado importantes
planteamientos respecto de los diseños institucionales para las designaciones judiciales, así como de los sistemas de reclutamiento y evaluación de los candidatos a jueces. Más allá del nivel de especificidad que tales consideraciones ofrecen, éstas han contribuido a subrayar la importancia que tiene que garantice el interés público en las reglas y los procedimientos de acceso a la justicia. Tales características han sido recogidas por estudiosos en la materia a través de investigaciones que, entre otras cuestiones, han propuesto que la selección y nombramiento de jueces se realice a través de procesos objetivos y transparentes, a través de órganos especializados e independientes, de acuerdo a principios de mérito y esquemas que incorporen consultas con la sociedad civil.31 Una vez más, la experiencia internacional ofrece
en
ejemplos
la
materia
interesantes,
susceptibles de guiar acciones específicas. El Estatuto del Juez Iberoamericano
recoge
una
serie de exigencias mínimas para
Estatuto del Juez Iberoamericano Art.11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.
30UNODC
(United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011, páginas 18 y 19. 31 José UGAZ, presentación sobre “Integridad Judicial” en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, mayo 2010.
Integridad
89
asegurar dicha independencia en los momentos iniciales de la vida profesional de un juez, entre las que destacan; la definición a priori
de
entidades
y
procedimientos, la objetividad en la selección de los jueces, la creación de reglas que aseguren que
no
exista
discriminación
alguna en los procesos.
Art. 12. Objetividad en la selección de jueces Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes. Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.
Institución/es que realiza/n la experiencia
Experiencia 28: Elección Visible (Colombia) La Corporación Excelencia en la Justicia, Instituto de Ciencia Política, Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral y nueve organizaciones más.
País/es
Colombia
Dirección de Internet
www.eleccionvisible.com
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Integridad
“Elección Visible” es un proyecto de supervisión ciudadana y difusión de información sobre los procesos de selección de los magistrados de las altas cortes y de los altos funcionarios relacionados con la procuración e impartición de justicia. Este proyecto del que forman parte trece organizaciones privadas y de la sociedad civil, tiene el objetivo particular de fomentar la transparencia de dichos procesos, evitar el “lobbying clandestino” y abrir espacio para la intervención de la ciudadanía. Lo anterior es realizado primordialmente a partir de un sitio de internet en el que difunde información sobre el proceso de selección de los funcionarios y la importancia de las instituciones para las que son propuestos. “Elección visible” ha sido efectiva en cuanto a concientizar a la ciudadanía respecto de la importancia de las instituciones jurisdiccionales y los funcionarios que las representan, además de haber logrado la suscripción por parte de la Corte
90
Participación de la sociedad civil Bibliografía y lecturas
Suprema de las medidas de transparencia propuestas por la coalición que integra el proyecto. “Elección visible” es una iniciativa de la sociedad civil por lo cual la participación de la misma abarca todos los ámbitos que la componen. Everaldo LAMPREA MONTEALEGRE 2009. "WHEN ACCOUNTABILITY MEETS JUDICIAL INDEPENDENCE: A casestudy of 2008 civil society transparency observation of the Colombian Constitutional Court's nominations" Master in Science of Law Stanford University.
Obligaciones y garantías profesionales La integridad judicial está vinculada no sólo a cómo se nombran los jueces sino a las obligaciones y derechos que estos tienen a la hora de ejercer sus funciones. El grado de protección con el que cuenten, las sanciones que existan respecto de acciones inadecuadas, entre otros muchos aspectos, condicionan el comportamiento de los funcionarios judiciales, haciendo entonces que el ejercicio de sus responsabilidades sea más o menos proclive a malas prácticas. Las Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, emitidas en el marco de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en 2012, hacen referencia a tres elementos especialmente relevantes para el actuar de los jueces: la regulación de los procedimientos disciplinarios, la evaluación de su desempeño, los mecanismos para el traslado y promoción y la asignación objetiva de casos.
Integridad
91
Procedimientos disciplinarios. Un sistema de justicia eficaz requiere de reglas disuasivas y efectivas a la hora de establecer sanciones para
quienes
conductas
caigan
inadecuadas.
regulación
en
esta
en La
materia
requiere de ser suficientemente armónica
para
mediante disciplinarios
impedir
que
procedimientos se
vulnere
la
independencia judicial.
Estatuto del Juez Iberoamericano Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez: Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley. La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura. Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad: La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.
Evaluación y desempeño. El seguimiento al desempeño de los jueces es un instrumento privilegiado para salvaguardar la integridad y evitar la corrupción al interior del sistema judicial. Desarrollar un marco de incentivos apropiado es fundamental para garantizar comportamientos íntegros y éticos. Por el contrario, la ausencia de sistemas de evaluación del desempeño abre la puerta a decisiones arbitrarias y al uso de los cargos para el beneficio personal32. Experiencia 29: Tribunal de la Inspección Judicial (Costa Rica) Institución/e s que realiza/n la experiencia
32
Poder Judicial
María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006, página 8,
Integridad
92
País/es
Costa Rica
Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Teléfono: 295-3729. Fax: 257-55-92
Descripción sintética de la experiencia Efectos de la experiencia Participació n de la sociedad civil Bibliografía y lecturas
ins_judicial@poder-judicial.go.cr http://www.poder-judicial.go.cr/ El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano creado ex profeso para realizar las funciones disciplinarias dentro del Poder Judicial de Costa Rica. El Tribunal fiscaliza y vigila el desempeño de los despachos, servidores y funcionarios judiciales. En los casos en los que corrobora faltas, procede a delimitar responsabilidades e imponer sanciones. En el periodo 2000-2009 el Tribunal sancionó a 9 jueces por bajo desempeño, y en promedio por año removió 35.4 y suspendió a 50.3 jueces. La sociedad civil participa en calidad de usuaria con posibilidad de plantear quejas ante el tribunal. Programa para mejorar la transparencia, integridad y rendición de cuentas de los poderes judiciales de América Latina. Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
Traslado y promoción. El establecimiento de criterios objetivos para el traslado y la promoción de los jueces es una condición necesaria para conjugar equilibradamente la experiencia y la formación.33. En última instancia, tales criterios dan seguridad a los jueces y generan incentivos igualmente favorables para su buen desempeño. Asignación objetiva de casos. Un elemento crucial que disuada la búsqueda del beneficio personal en la función jurisdiccional, es diseñar
Juan MARTÍNEZ MOYA, “Independencia Judicial y Justicia como servicio público”, Programa Eurosocial, 2006, página 32 33
Integridad
93
un sistema de asignación de casos que evite el sesgo y la generación de suspicacia entre la sociedad. La selección de un sistema con estas características debe ser racional y transparente, a fin de estimular la confianza ciudadana y la de los propios integrantes del poder judicial.
Materiales sobre integridad judicial Estándares e instrumentos internacionales
Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (España) los días 23 a 25 de mayo de 2001. Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por la Asamblea General de la ONU (1985) Principios de Conducta Judicial de Bangalore , Naciones Unidas (2002) “Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial”, aprobado por la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (República Dominicana, 21 y 22 de junio de 2006) Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/37, ONU relativa a la integridad judicial. “Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales)” del Consejo Consultivo de Jueces de Europa del Consejo de Europa (proclamada el 17 de noviembre de 2010) Recomendación R (94)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la independencia, la eficacia y el papel de los jueces “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Buenos Aires, 2012)
Materiales del Programa
Presentación de la Experiencia de Costa Rica en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, por parte de Luis Paulino MORA y Milena CONEJO AGUILAR, mayo 2010.
Integridad
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Lorne SOSSIN. University of Toronto, Faculty of Law. Presentación “Action-Learning Programon Judicial Transparency and Accountability in LCR: La Experiencia Canadiense”, mayo 2010; en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina. José UGAZ, Experto Benites, Forno & Ugaz Abogados, Presentación sobre “Integridad Judicial. Acciones y mecanismos para luchar contra la corrupción judicial y la captura del sistema por élites económicas y políticas”, mayo 2010; en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina.
Lecturas Sobre corrupción
Boris BEGOVIC, “Judicial Corruption: A Theoretical Model”, Center for Liberal-Democratic Studies, 2005. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, “Corrupción judicial: mecanismos de control y vigilancia ciudadana”, editado por la citada Comisión, Lima, junio, 2003. Comité Jurídico Interamericano, “Administración de la Justicia en las Américas: Ética Judicial y Acceso a la Justicia” DPLF, “Guía para el diagnóstico ágil y el diseño de políticas de control de la corrupción en los sistemas de justicia en América Latina”, DPLF y PNUD, Washington, 2007. Fundación Konrad Adenuer. “Índice de Desarrollo Democrático de América Latina” 2011. Informe 2011 María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006. Joaquín GONZÁLEZ GONZÁLEZ, “Corrupción y justicia democrática. Introducción a una teoría de la función judicial en las sociedades en cambio”, editorial Marcial Pons, 2000. Robert KLITGAARD, “Controlando la corrupción”, La Paz, Editorial Quipus, 1990. Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition, Measurement, and Its Effects on Corruption, 2006. Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Institutions and Corruption Control: Is There a Right Design?”, CIDE - Department of Politics; Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2008.
Integridad
95
Stefan VOIGT, “The economic effects of judicial accountability: crosscountry evidence”. European Journal of Law and Economics 2008, vol. 25, issue 2, pages 95-123
Sobre integridad judicial
Alberto BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial”; Julie M. BROOME, “El fortalecimiento de la integridad judicial: propuestas desde Europa del Este”, Aporte DPLF, número 4, noviembre 2007, páginas 6 y ss. María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006 Linn HAMMERGREN, “Do judicial councils further judicial reform?: lessons from Latin America”. Carnegie Endowment for International Peace, Democracy and Rule of Law Project, Nº 28, junio 2002. Lorne SOSSIN, “How can greater judicial integrity be achieved?” UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011 UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), “Independencia, imparcialidad e integridad de la judicatura. Manual de Instrucciones para la evaluación de la justicia penal”, Nueva York, 2010
Sobre Ética Judicial
Código de Conducta de los Jueces de EEUU Código Ético de Italia, aprobado el 7 de mayo de 1994 por el Comité Directivo Central de la Asociación Nacional de Magistrados Manuel ATIENZA, “Ética judicial”, Revista Justicia en el Mundo, número 10. Juan MARTÍNEZ MOYA, “Independencia Judicial y Justicia como servicio público”, Programa Eurosocial, 2006 Stefanie RICARDA ROOS y Jan WOISCHNIK, “Códigos de Ética Judicial. Un estudio de derecho comparado con recomendaciones para los países latinoamericanos”, Fundación Konrad Adenauer, 2005.
Integridad
96
Jeffrey M. SHARMAN, “Ética judicial: independencia, imparcialidad e integridad” (1996) Sigfrido STEIDEL FIGUEROA, “Los cánones de ética judicial en Puerto Rico” Luis VACAS GARCÍA-ALÓS, “La ética pública y el control jurisdiccional de la actuación administrativa”, Boletín, número 1934, páginas 5 y ss Rodolfo Luis VIGO, “Ética judicial e interpretación jurídica” UNODC, “Comentarios a los Principios de Bangalore”, Brasilia, 2008.
Sobre acceso a la función judicial y nombramientos
Joaquín DELGADO MARTÍN, “Formas de ingreso a la carrera judicial”, Economist and Jurist, número 100, mayo 2006, páginas 39 y ss. Fundación Konrad Adenuer. “Índice de Desarrollo Democrático de América Latina” 2011. . Informe 2011 Everaldo LAMPREA MONTEALEGRE “When accountability meets judicial independence: A case-study of 2008 civil society transparency observation of the Colombian Constitutional Court's nominations”, Stanford University, abril 2009. Giacomo OBERTO, “Recrutement et formation des magistrats en Europe. Etudecomparative” Consejo de Europa, marzo 2003.
Multimedia Sobre la corrupción, véase el video elaborado por Transparencia Internacional Nivel de Percepción de la Corrupción 2011, presentación interactiva elaborada por Transparencia Internacional Entrevista a Robert Klitgaard sobre corrupción o Entrevista (español) o Definición de corrupción (inglés)
Integridad
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El derecho a la información
El acceso a la información en poder del estado es un derecho humano reconocido en las legislaciones nacionales, así como en múltiples instrumentos del derecho internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Al analizar la importancia del acceso a la información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que este derecho tiene una doble dimensión (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile): Individual, como derecho de toda a persona solicitar acceso a la información en control del estado.
Social, como obligación positiva del estado de garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a la información requerida o, en su defecto, de recibir una explicación fundamentada sobre la razón de la negativa a otorgarlo.
Información
98
CIDH Caso Claude Reyes y otros vs. Chile (Sentencia de 19 de septiembre de 2006) “En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones” “El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”
Al igual que ocurre en otros sectores del poder público, el derecho de acceso
a
la
información
judicial
constituye
una
herramienta
trascendental para mejorar la transparencia, fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el sistema de justicia, resultando un elemento decisivo para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial mediante el incremento de la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, existen peculiaridades en las instituciones judiciales que hacen que resulte aún más necesario el desarrollo de medidas para avanzar en las condiciones de transparencia. Una de ellas es el conflicto que entraña su función; otra es su rol de control de otros poderes públicos.
Lo cierto es que el acceso a la información impacta
positivamente
en
el
acceso
a
la
justicia
de
los
ciudadanos,
contribuyendo a superar obstáculos que estos enfrentan para ejercitar sus derechos antes los tribunales.
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano” Información
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(Aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002) Una justicia transparente 2. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención e Información, asegurando su implantación en todo el territorio nacional. La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. 3. Todas las personas tienen derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales si así lo solicitan. Los Poderes Judiciales canalizarán esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia. 4. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes de su Estado y de la normativa internacional mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. 5. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales. Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que lo soliciten los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal.
En el ámbito judicial, de acuerdo a las Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, las dos dimensiones mencionadas se reflejan en dos formas: Un aspecto activo, en la carga que se impone a los órganos del estado, y en esta perspectiva al Poder Judicial, y en su caso, al Consejo de la Magistratura de cada país, para mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos y otros medios, la información relevante de su gestión y de sus integrantes, en Información
100
forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno. Un aspecto pasivo, en el derecho de toda persona o institución interesadas, a solicitar, acceder y recibir la información requerida. Así, para profundizar en el análisis de estos aspectos, es necesario
distinguir dos dimensiones en el acceso a la información judicial por parte de la ciudadanía: por un lado, lo referente al funcionamiento administrativo de la administración de justicia; y, por otra parte, la información relativa a la forma de ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Poder Judicial.
Dimensión administrativa en el acceso a la información judicial Siguiendo especialmente los planteamientos de la Asociación por los Derechos Civiles, contenidos en el trabajo sobre “Acceso a la Información y Transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina”, pueden establecerse los siguientes elementos: Información sobre el manejo de fondos públicos. En la gestión de los recursos económicos no existe razón para establecer limitaciones o condicionamientos específicos. La información sobre el presupuesto público debe ser transparente, sistemática, veraz, detallada y oportuna, de forma tal que los ciudadanos puedan participar evaluando la gestión de las instituciones y sus funcionarios.34. De manera particular, es
Alice ATHIÉ, “Rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia en los presupuestos públicos”, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México, 2005, página 3. 34
Información
101
necesario garantizar el acceso a la información todo el ciclo presupuestario, es decir, respecto de las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Asimismo, es también indispensable que
se
proporcione
información
sobre
los
procedimientos
de
adquisiciones y contrataciones. Experiencia 30: Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala (Guatecompras)- Guatemala Institución/es que realiza/n Estado de la República de Guatemala la experiencia País/es
Guatemala
Teléfono y fax
(502) 2322-8888
Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil
Información
administrador@guatecompras.gt http://www.guatecompras.gt/ “Guatecompras”, en su calidad de sistema de contrataciones y adquisiciones de las entidades públicas en Guatemala, contiene información sobre las operaciones realizadas por el Poder Judicial a partir de 2004. Este sistema hace posible consultar información por tipos de concurso (vigentes o no, adjudicados, anulados, desiertos, etc.), además de incluir datos sobre inhabilitaciones y quejas de usuarios, y permitir la suscripción a un boletín en el que se hacen públicas las contrataciones de esta rama de gobierno. “Guatecompras” permite a la ciudadanía conocer con detalle cómo se ejerce el gasto en materia de adquisiciones y contrataciones por parte de las instituciones públicas, lo cual no sólo contribuye a mejorar la integridad judicial, sino también el acceso a la información no jurisdiccional del organismo judicial guatemalteco. De acuerdo con información periodística consultada, “Guatecompras” surgió como respuesta a casos de corrupción en los que se vieron involucrados instituciones públicas y actores extranjeros.
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En 2005, se publicaron 17 mil concursos (contra 6 mil del año anterior), permitiendo a los proveedores ahorrar hasta 95% del costo de las bases. “Guatecompras” ha dado la oportunidad de que la sociedad civil realice procesos de auditoría social, fomentados por ejemplo por Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Enlaces Web
http://www.guatecompras.gt/
Bibliografía y lecturas
Flores, Marvin. 2008. Manual para la Auditoría Social a través del Sistema Guatecompras. Guatemala: Acción Ciudadana. Disponible en: http://www.accionciudadana.org.gt/Documentos/manual_g uatecompras_as.pdf.
Experiencia 31: Monitoreo de contrataciones en el Poder Judicial de la Federación (México) Institución/es Suprema Corte Justicia de la Nación en México y que realiza/n Transparencia Mexicana, A.C. la experiencia País/es México Teléfono: 01 52 55 56594714 ext. 14, 15, 16 Teléfono y fax Teléfóno de fax: 01 52 55 56594714 ext. 17 Dirección de correo info@tm.org.mx electrónico Dirección de www.tm.org.mx Internet En 2007, Transparencia Mexicana (TM) inició su colaboración con el Poder Judicial de la Federación, por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). TM le propuso a la SCJN que la primera línea de trabajo sería el monitoreo de contrataciones. Para llevar a cabo el acompañamiento de los procedimientos de adjudicación de contratos, TM le solicitó Descripción contar con los Programas Anuales de Adquisiciones, sintética de la Contratación de Servicios y Obra Pública (PAA) de los tres experiencia órganos que componen el Poder Judicial mexicano: SCJN, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de que TM contara con los PAA, estaría en condiciones de elegir, de manera aleatoria, el procedimiento de adquisición que monitorearía. El mecanismo de aleatoriedad, en opinión de TM, daba la posibilidad de que
Información
103
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil
Enlaces Web
Información
cualquiera de los procedimientos pudiera ser monitoreado por TM. El efecto positivo de la participación de TM en el Poder Judicial mexicano, fue que por primera vez se abrió la posibilidad de que la sociedad civil acompañará algunos procedimientos de toma de decisiones. Con el monitoreo de contrataciones, TM participó bajo la figura de Testigo Social, que es una persona o grupo de personas que tiene experiencia técnica, independiente y sin conflicto de intereses. El acompañamiento de TM en el monitoreo de contrataciones, tiene como objetivo crear condiciones de confianza en el sistema de compras públicas. TM puso en la mesa de discusión un nuevo mecanismo para la rendición de cuentas; así también, TM contribuyó a fortalecer la apertura en la toma de decisiones. Durante el monitoreo de contrataciones en los tres órganos que componen el Poder Judicial, TM promovió que los procedimientos de adjudicación de contratos presentaran condiciones de equidad y se incentivara la competencia económica. Durante el periodo 2007 a 2010, TM colaboró con el Poder Judicial mexicano en el monitoreo de contrataciones en los tres órganos que lo componen. TM participó bajo la figura de Testigo Social. TM ha desarrollado mecanismos preventivos de actos de corrupción, entre los que se encuentra la figura del Testigo Social para realizar el monitoreo de procesos de compras públicas. El monitoreo comprende el acompañamiento de los actos y la toma de decisiones para el ejercicio del gasto, en procedimientos para la compra de bienes, contratación de servicios y obra pública. TM realiza el monitoreo durante todas las etapas del procedimiento para la adjudicación de contratos. TM tiene acceso a toda la información que sustenta y se genera en torno al procedimiento y puede formular los comentarios, preguntas y recomendaciones que estime pertinentes, sin que la entidad esté obligada a atenderlos. La colaboración de TM es paralela a los órganos de vigilancia y control legalmente facultados. TM ofrece una visión imparcial de un tercero sin conflicto de intereses. • El régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Transparencia Mexicana, 2000. • Comunicado de Prensa, Suprema Corte de Justicia de la
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Nación, 13 de noviembre de 2007. • Informe Anual de Labores 2008, Anexo Documental, Poder Judicial de la Federación, páginas 147, 281, 388, 637 y 693. • Informe Anual de Labores 2009, Poder Judicial de la Federación, Anexo Documental, páginas XX, XXIV, 130, 170, 171, 194, 427, 581, 610, 650, 680. • Informe Anual de labores 2010, Poder Judicial de la Federación, Anexo Documental, páginas • Firma del Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo de la Judicatura de la Federación y Transparencia Mexicana, septiembre de 2007. • Informe Final presentado por Transparencia Mexicana sobre su monitoreo al procedimiento de contratación del "Servicio de Instalación de Cableado estructurado en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación".
Bibliografía y lecturas
Informes de los monitoreos realizados por TM en colaboración con el Poder Judicial de la Federación: Nú PROYECTO ÓR m. GA NO Renovación del cableado estructurado en 1 CJF diversos inmuebles del CJF Adquisición e instalación de estantería móvil TEPJ 2 deslizable automatizada F Proyecto ejecutivo del Canal Judicial y oficinas SCJ 3 administrativas de la SCJN N Proyecto ejecutivo y construcción del Centro de SCJ 4 Desarrollo Infantil, CENDI N Proyecto ejecutivo del Centro de Desarrollo SCJ 5 Humano N Restauración de Fachadas del edificio sede de la SCJ 6 SCJN N Contratación Consolidada de pólizas de Seguros TEPJ 7 Patrimoniales del Poder Judicial F Contratación consolidada de las pólizas de 8 CJF Seguros de Gastos Médicos para el Poder Judicial Adquisición de 20 camionetas blindadas para el 9 CJF CJF
Experiencia 32: Portal de Convenios de Colaboración de la SCJN (México) Institución/es que Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza/n la experiencia País/es
Información
México
105
4113 1100, ext. 1734
Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil Enlaces Web
http://www.scjn.gob.mx/ http://www2.scjn.gob.mx/convenios/ Este Portal de Convenios sistematiza y pone a disposición, de manera fácil y sencilla, los convenios celebrados por la SCJN, de 1995 a la fecha, con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. A través de los convenios este Alto Tribunal fomenta la cultura jurídica y el intercambio de información, y transparenta la información relativa a su política de vinculación institucional, pues es posible consultar con qué instituciones y con qué objetivos establece dichos vínculos. No existía un procedimiento institucional unificado, por lo cual, se considera muy positivo que la SCJN transparente la celebración de instrumentos que persiguen fines estrictamente académicos y culturales en materia jurídica, lo que resulta de interés básicamente para abogados postulantes y estudiosos del Derecho, así como para todos aquellos que sirven en la judicatura, sea del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales. Por tratarse de una actividad muy enfocada a aspectos jurídicos, la gente interesada se conforma por un universo reducido. http://www.scjn.gob.mx/
Experiencia 33: Declaración Patrimonio e Intereses (Tribunal Constitucional de Chile) Institución/es Tribunal Constitucional que realiza/n la experiencia País/es
Información
Chile
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Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil Enlaces Web
(56-2) 6401820 (56-2) 6338354 (fax) secretaria@tcchile.cl www.tribunalconstitucional.cl La página del tribunal difunde las declaraciones patrimoniales e intereses de los ministros numerarios y suplentes que integran al Tribunal Constitucional de la República de Chile. Si bien generalmente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al servicio del estado son públicas, no todas las instituciones hacen una difusión sistemática y abierta de las mismas. La práctica del tribunal constitucional chileno destaca precisamente no sólo por considerarlas públicas, sino por hacerlas públicas sin petición expresa de por medio y utilizando una herramienta de alcance prácticamente generalizado. La participación de la ciudadanía ocurre en calidad de usuaria de la página de internet del tribunal y, como tal, con posibilidad de realizar funciones de auditoría social. http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ley-detransparencia/declaracion-patrimonio-e-intereses
Declaraciones patrimoniales. Uno de los instrumentos que está siendo crecientemente utilizado para prevenir actuaciones de corrupción radica en la imposición a los funcionarios y servidores públicos de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales. Son diferentes los criterios que pueden utilizarse para construir y dotar de contenido a este deber. Siguiendo lo expresado en la Guía de Buenas Prácticas en América Latina (Asociación por los Derechos Civiles), existen datos esenciales como los ingresos obtenidos por el servicio público y por otras actividades profesionales, inversiones, bienes muebles e inmuebles del funcionario y su familia, entre otros. Es fundamental que las declaraciones patrimoniales se realicen periódicamente, así como al ingresar y dejar el servicio público. Finalmente, es también relevante que existan normas
Información
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jurídicas que establezcan con claridad los derechos y obligaciones de los servidores públicos en esta materia. Conscientes de que los Sistemas de Información Estadística son una de las bases principales para el análisis de la situación y la planificación estratégica de los diversos Poderes Judiciales de Ibero América. Conscientes de que las estadísticas judiciales contribuyen a la transparencia de las actividades realizadas por los Poderes Judiciales, garantizando el respeto de los Derechos y Garantías fundamentales, como es el Derecho a la información y a la publicidad de las resoluciones judiciales entre otros, además favoreciendo a la Seguridad Jurídica que debe imperar en todo Estado de Derecho. Conscientes de que la información estadística es una herramienta fundamental para la creación e implementación de políticas integrales definidas y desarrolladas por los Gobiernos de la Justicia, esto con la participación de todos los sectores de la Sociedad, en procuración de la mejora de la calidad en las resoluciones judiciales y mejor funcionamiento de los despachos del Poder Judicial. Conscientes de la importancia de contar con un acceso eficiente y oportuno de la información judicial, misma que deberá ser dotada por unidades especializadas o centros de documentación, factores determinantes en la promoción de la equidad y la justicia social, contribuyendo al desarrollo de nuestras sociedades y afianzamiento de la democracia y gobernabilidad. (Declaración de Copán-San Salvador, Cumbre Judicial Iberoamericana 2004)
Estadísticas. El desarrollo de herramientas estadísticas cumple la función de ofrecer datos sistematizados y agregados que permiten al ciudadano evaluar la gestión del poder judicial y, en consecuencia, cumplir con la obligación de rendir cuentas. El instrumento que se ha tomado como referencia principal en esta materia es el “Plan Iberoamericano de Estadística Judicial”, que inició sus trabajos en la XIV Cumbre Judicial (2008) y que los ha continuado durante la XV Cumbre (2010) y la XVI Cumbre (2012). En este sentido, resulta importante contar con una serie de indicadores básicos de la eficacia del sistema que han sido introducidos en el citado Plan, quien se ha inspirado en aquéllos más comúnmente utilizados en los diferentes países iberoamericanos.
Información
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Experiencia 34: Portal de Estadística Judicial @lex (México) Institución/es que realiza/n la experiencia
Suprema Corte de Justicia de la Nación
País/es
México
Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Teléfono 41 13 10 00 ext. 4322 Fax 41 13 54 19
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Información
alex@mail.scjn.gob.mx www.alex.scjn.gob.mx En diciembre de 2009, la SCJN puso a disposición de la ciudadanía y de los usuarios de internet en todo el mundo el Portal de información estadística judicial @lex; que contiene información estadística sobre el trámite administrativo y jurisdiccional de los asuntos concluidos y archivados de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales desde 1995 a la fecha. El portal permite dos formas de consulta: la búsqueda por expediente y la búsqueda avanzada, esta última permite exportar la información sistematizada y contenida en el portal al programa excel para que el usuario la pueda explotar de acuerdo a sus necesidades. Adicionalmente ofrece diagramas de flujo de los dos procesos jurisdiccionales que son útiles como material didáctico y de comunicación, así como información estadística de los procesos: cargas de trabajo, partes involucradas, duración del proceso y sentido de la sentencia, entre otros. El Portal @lex es una herramienta de vanguardia que posiciona a la SCJN como el primer tribunal en México que hace pública información detallada y completa de su principal actividad de manera clara, confiable y con posibilidades de explotación por parte del usuario. Además, @lex contribuye a la generación de información sobre impartición de justicia, es decir, un tema de interés nacional sobre el que existe poca información. Este portal forma parte de la política de transparencia y rendición de la SCJN, en la medida en que la ciudadanía tiene acceso a información sobre su actividad sustancial, como Tribunal Constitucional, lo que contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas en un contexto democrático. Además pone a disposición del usuario información primaria para realizar diagnósticos y facilitar el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de la impartición de justicia. En 2010 el Portal 109
Participació n de la sociedad civil
Enlaces Web
Multimedia
@lex se hizo acreedor al segundo lugar de la Primera Edición del Premio Innovare Internacional que se entregó en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana. De mayo del 2011 a mayo del 2012, el Portal @lex ha tenido 24,930 visitas, los usuarios provienen de diferentes entidades federativas del país e inclusive del extranjero (destacan EU, Perú, Colombia y Ecuador). Las secciones más visitadas en el portal son las que contienen información estadística de los asuntos que tramita y resuelve la SCJN. Asimismo se han recibido diversos comentarios acerca del portal; de las personas que emitieron comentarios, el 35% son estudiantes, profesores o investigadores, 16% son servidores públicos y 24% son empleados privados. Estas opiniones han motivado que se planee la ampliación de la información que contiene el portal, integrando otros tipos de asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, el Amparo (juicios de revisiones) y las Contradicciones de Tesis (criterios divergentes de tribunales federales sobre un mismo conflicto). Asociación Mexicana de Estadística (AME); véase también este enlace Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Presentación de PowerPoint de la visita a la UDLAP México Estatal CIDE Blog de política digital Érudit Youtube: Premio Innovare 2010 Presentación de @lex en la UNAM
Designación de jueces y nombramientos. Como se expresó en capítulos anteriores, los procesos de designación de los jueces tienen una gran relevancia para el funcionamiento del sistema jurídico de un Estado, despliegan importantes efectos sobre la calidad de la Justicia y, por último, están estrechamente relacionados con la garantía del propio estatuto de independencia de los jueces y, por tanto, con la integridad del sistema judicial. La aplicación de fórmulas y mecanismos que aporten transparencia en el proceso de designación contribuyen de forma decisiva a mejorar las condiciones de independencia del ejercicio de la
Información
110
función judicial, disminuyendo el riesgo de influencias externas indebidas, ya sea de naturaleza política, ya sea con participación de las élites económicas, o bien de otro tipo.35. Experiencia 35: Sistema de Selección de Personal de la Función Judicial / Bolsa de Empleo (Ecuador) Institución/es que realiza/n Consejo de la Judicatura la experiencia País/es
Ecuador
Teléfono y fax
593 2 3953600
Dirección de correo electrónico Dirección de Internet Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
adminspc@funcionjudicial.gob.ec http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/inicio El Sistema de Selección y la Bolsa de Empleo permiten a quienes aspiran a ocupar un cargo en el poder judicial conocer las plazas disponibles y en su caso registrarse electrónicamente para concursar por las posiciones disponibles. La particularidad de la experiencia es que se da a conocer toda la información de cada una de las etapas que componen al proceso de selección de los funcionarios. Se incluyen el listado de postulantes y diversas estadísticas de carácter sociodemográfico; además se da a conocer el banco de preguntas a las que son sometidos los aspirantes, entre otros datos. El proyecto prevé también un mecanismo para permitir a la ciudadanía impugnar a los candidatos. En conjunto, estos componentes hacen más transparente la forma en que son reclutados los funcionarios judiciales, permitiendo a la ciudadanía tanto incidir en el proceso, como en retrospectiva conocer la forma en que se desenvolvieron las diferentes etapas del proceso de selección.
Asociación por los Derechos Civiles, (AOC) “Acceso a la información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina” 35
Información
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Participación de la sociedad civil Enlaces Web
La participación de la sociedad civil ocurre de manera individual, no organizada y consiste primordialmente en emplear la información para realizar auditoría social, además de poder activamente incidir a través de la presentación de impugnaciones a candidatos. Enlace 1 Enlace 2
Experiencia 36: Acompañamiento del procedimiento para seleccionar tres ternas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México) Institución/e s que Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y realiza/n la Transparencia Mexicana, A.C. experiencia País/es
México
Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Teléfono: 01 52 55 56594714 ext. 14, 15, 16 Teléfono de fax: 01 52 55 56594714 ext. 17
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Información
info@tm.org.mx www.tm.org.mx En noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invitó a Transparencia Mexicana (TM) a colaborar en el acompañamiento al Proceso de Selección de tres ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. TM dio seguimiento al proceso de selección de tres ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las etapas que lo componen: la recepción de solicitudes de aspirantes y selección de hasta 27 candidatos, exámenes escritos: de conocimientos y práctico, comparecencias, evaluación por mérito curricular y evaluaciones finales e integración y envío de ternas al Senado. Se considera que con la participación de TM, se fortaleció la apertura del proceso de selección de magistrados, realizado por la SCJN. Se reconoce que la inclusión de la sociedad civil en el acompañamiento del proceso de toma de decisiones, puede
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tener un impacto positivo en procesos similares realizados en el marco del sistema de la Carrera Judicial. El objetivo de la SCJN fue favorecer la participación amplia y plural de aspirantes calificados, y de seleccionar así a los perfiles con los mayores méritos académicos y experiencia en el ámbito de la justicia electoral. Al mismo tiempo la SCJN incorporó la participación de la sociedad civil, y con ello aumentar la confianza en el proceso y darle visibilidad a la toma de decisiones. Participació n de la sociedad civil
Acompañamiento de la toma de decisiones y procedimiento para la designación de tres ternas de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Reducen a 25 la lista de aspirantes a magistrados, La Jornada, 5 de agosto 2008. Comunicado de Prensa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 de agosto de 2008. Ternas para magistrados regionales, Razón de Ser, 28 de agosto de 2008. Informe Anual. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2007-2008. Página 93. Informe del Acompañamiento del procedimiento para seleccionar tres ternas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Enlaces Web
Bibliografía y lecturas
Información funcionarios
sobre de
reuniones
de
nivel.
el
alto
En
Experiencia 37: Agenda Institucional del CGPJ de España
documento Acceso a la Información y Transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina, se estima que proporcionar información sobre las reuniones de trabajo de altos funcionarios es un elemento
esencial
de
la
transparencia. Al respecto, el estudio
Información
Cabe destacar el “Plan de Transparencia y Austeridad”, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial de España el día 28 de junio de 2012, prevé la existencia de una Agenda Institucional donde se difundirán las actividades de los distintos órganos y de los Vocales de este organismo, que será
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Comparando
transparencia.
Un
estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial (DPLF) refiere que
objeto de publicación en un apartado específico y fácilmente localizable de la página web.
en América Latina existen escasos avances en esta materia.
Dimensión jurisdiccional del acceso a la información judicial En materia de información jurisdiccional, el trabajo de la Asociación por los Derechos Civiles titulado Acceso a la Información y Transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina, da especial luz sobre los elementos que requieren tenerse en cuenta para proteger cabalmente el derecho de acceso a la información. Acceso a la jurisprudencia de los tribunales. La publicidad de las sentencias dictadas por los tribunales contribuye al control de su actuación por parte de la ciudadanía, especialmente a través de los medios de comunicación, constituyendo un elemento importante para facilitar la aplicación del principio de transparencia a las actuaciones judiciales. En esta materia se tiene en América Latina una experiencia considerable, pero quizá el proyecto más extenso y diverso sea el IberiusRed Iberoamericana de Información y Documentación, de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Experiencia 38: Juzgados Transparentes Voluntarios (Bolivia)
Información
114
Institución/es que realiza/n la experiencia
La Red Participación y Justicia, con apoyo de la Comisión Andina de Juristas, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el Consejo de la Judicatura de Bolivia y el National Endowment for Democracy.
País/es
Bolivia
Dirección de Internet
http://www.juzgadostransparentes.org/
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil
El proyecto “Juzgados voluntarios transparentes” tiene el objetivo de “fortalecer el sistema de administración de justicia, incrementando la confianza ciudadana en el Poder Judicial mediante la política de prevención contra actos de corrupción y promoción de las buenas prácticas de los funcionarios públicos”. La actividad primordial para conseguirlo es “la publicación del texto completo de las decisiones judiciales de todas las instancias, documento que hace públicos al mismo tiempo los criterios judiciales individuales que se desprenden del análisis del conjunto de las decisiones de cada magistrado, criterios individuales que le permiten al usuario del servicio de justicia, saber si es que cada juez concreto es razonablemente coherente en el conjunto de sus decisiones jurídicas” El proyecto “Juzgados voluntarios transparentes” ha conseguido la participación del Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Agrario a través de la firma de convenios en los que estas instituciones se comprometen a colaborar con las actividades del proyecto y fomentar la participación ciudadana. Según datos correspondientes a 2009, el proyecto contaba con la participación de 235 jueces y magistrados; al que se sumaban 263 estudiantes universitarios. Para ese mismo año, el proyecto había generado una base de datos integrada por 6,235 resoluciones judiciales, las cuales sirvieron de base para 87 “Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales”. La sociedad civil ha participado a través del diseño y administración de la iniciativa en sí misma. Asociaciones de operadores jurídicos, así como instituciones académicas han intervenido también como proveedoras de información y/o recursos humanos para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Enlaces Web
http://www.juzgadostransparentes.org/
Bibliografía y lecturas
Juzgados Transparentes Voluntarios. Sistematización de la Experiencia en Bolivia. Bolivia: Red de Participación y Justicia.
Información
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Experiencia 39: Justicia y Transparencia (Perú) Institución/es que realiza/n la experiencia País/es Teléfono y fax Dirección de Internet
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil Enlaces Web
Información
Suma Ciudadana Perú (511) 7349968 http://www.sumaciudadana.org/ “Justicia y Transparencia” es un proyecto que a través de internet pone a disposición de la ciudadanía un “archivo organizado, participativo y de Libre acceso que reúne toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú emitida en los procesos de habeas data, mediante los cuales se garantiza el derecho al acceso a la información pública, así como el uso legítimo y la integridad de los datos personales”. “Nuestro objetivo es poner al alcance de cualquier computadora, de manera rápida, ordenada y amigable, la fuente de información más importante para entender cómo ejercer adecuadamente ambos derechos y para que los sujetos obligados sepan cómo satisfacerlos plenamente.” La página de internet del Tribunal Constitucional de la República de Perú contiene diversas formas de consulta de sus sentencias y jurisprudencia. No obstante, de acuerdo a la revisión realizada, ninguna de ellas permite hacer búsqueda específica en los casos de habeas data. Este proyecto en consecuencia permite a la ciudadanía revisar en forma integral las resoluciones que el mencionado Tribunal ha realizado a través de un procedimiento necesariamente vinculado a la transparencia y acceso a la información: el habeas data. Además de hacer posible saber, por ejemplo, que la abrumadora mayoría de los casos en la materia se originan en la capital de Perú, la página permite a los abogados y demás especialistas emplear este sitio como herramienta para el litigio. Este es un proyecto realizado por una organización de la sociedad civil y pensado para la sociedad civil. La participación entonces ocurre en forma organizada en la creación del proyecto y la explotación de los datos del mismo. http://www.justiciaytransparencia.pe/
116
Experiencia 40: Iberius (Red Iberoamericana de Información y Documentación) (Cumbre Judicial Iberoamericana)
Publicidad de las sesiones, juicios y visitas a los tribunales. La publicidad puede entenderse como el acceso de una colectividad humana indeterminada, tanto a la existencia de una actuación judicial, como a su desarrollo y contenido. Al posibilitar el control por la sociedad de las actuaciones del Poder Judicial, constituye no solamente una garantía de la independencia y la imparcialidad de la justicia, sino también una salvaguarda de los derechos de las partes del proceso, así como un importante mecanismo de prevención de la corrupción. La publicidad tradicionalmente se ha garantizado permitiendo el acceso de los interesados y de terceros a las sesiones de deliberación de los tribunales. Ciertamente, las normas de procedimiento de los distintos países reconocen y regulan esta publicidad procesal. Sin embargo, el cumplimiento del principio de publicidad debe implicar que el contenido de lo ocurrido en juicios y vistas pueda ser conocido no sólo por las personas presentes. En este sentido, es importante que se consideren formas de acceso no presencial, así como el uso de tecnologías de información y comunicación para generar registros de los eventos. Excepciones al principio de publicidad en los juicios y sesiones. El principio de publicidad no es absoluto sino que, tal y como reconocen los diferentes instrumentos internacionales, el carácter público puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público, moralidad
Información
117
o protección de personas menores. En una sociedad democrática deben armonizarse los diferentes derechos, de ahí que resulte muy relevante sopesar el principio de máxima publicidad con las condiciones específicas de las personas cuya información será hecha pública. Protección de datos personales. El desarrollo tecnológico y de nuevos servicios de la sociedad de la información han ampliado las opciones de intercambio de información entre las personas y de acceso a la misma poniendo en jaque los criterios tradicionales de garantía de la protección de datos y la privacidad, que deben adaptarse a los nuevos retos que se plantean. De esta manera, el tratamiento masivo y selectivo de la información
personal
en
el
marco
descrito
debe
ser
legítimo,
proporcionado a las finalidades que lo justifican y llevarse a cabo con garantías de confidencialidad y seguridad que impidan el acceso a la información por terceros no autorizados. En el ámbito de la protección de datos, es necesario destacar los trabajos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. En particular, la Declaración de Cartagena de Indias
relativa
a
un
compromiso
para
alcanzar
estándares
internacionales de protección de datos y privacidad” (VI Encuentro RIPD 2008) establece elementos que constituyen estándares en la materia: 1. Los datos personales deben ser obtenidos y tratados de modo leal y lícito, respetando, como regla general, el poder de decisión de la persona sobre la información que le afecta. 2. Las personas han de ser educadas en la protección de sus datos y estar informadas sobre quién y para qué fines se tratan sus datos. 3. Los fines del tratamiento de datos serán específicos y concretos. 4. El tratamiento de datos ha de ser proporcionado a los fines que lo justifican. 5. Los datos personales deben ser exactos y veraces. 6. Es preciso identificar categorías de datos que por su mayor sensibilidad exijan una protección reforzada. Información
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7. Es preciso garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información personal. 8. Las personas deben tener la posibilidad de conocer qué información se trata, rectificarla si es inexacta, obtener su cancelación si es innecesaria y oponerse a su tratamiento. 9. Las limitaciones a las anteriores garantías han de fundarse en razones de interés público. 10. Debe preverse una autoridad que permita que estas garantías sean efectivas.
Transmisión de sesiones y juicios públicos de los tribunales. El enorme desarrollo de los medios de comunicación social permite que las personas pueden acceder al contenido y desarrollo del juicio o sesión no solamente de forma presencial, sino también siguiendo la retransmisión de audio y/o video del mismo que se realice por un medio de comunicación: bien en formato tradicional o bien por web, en directo o en diferido, de forma completa o parcial. En materia judicial, existen varias experiencias interesantes en este ámbito que se recogen a continuación: Experiencia 41: TVJustiça Supremo Tribunal Federal (Brasil)
Información
Experiencia 42: RádioJustiça (Brasil)
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Experiencia 43: Canal TV: Supremo Tribunal Federal (Brasil)
Experiencia 44: Videoteca de Sesiones (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México)
Experiencia 45: Canal Judicial (México) Institución/es que realiza/n la experiencia
Suprema Corte de Justicia de la Nación
País/es
México
Teléfono y fax Dirección de correo electrónico Dirección de Internet
Descripción sintética de la experiencia
Información
4113-1100 x 2619 y 2620 canaljudicial@mail.scjn.gob.mx www.scjn.gob.mx El Canal Judicial es una estación de televisión que desde mayo de 2006 se transmite a través de internet y de servicios de televisión de paga, creada con el objetivo de transparentar y difundir sin intermediarios la labor de los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación (PJF). El Canal transmite en vivo las sesiones del pleno de la SCJN y en ciertas ocasiones las de otros órganos del PJF, y además realiza producciones propias relacionadas con el quehacer jurisdiccional y los derechos humanos.
120
Si bien algunos expertos han criticado la difusión televisiva de las sesiones del pleno por considerar que afecta el desempeño de sus integrantes, el Canal Judicial ha sido un proyecto exitoso en cuanto a hacer más accesible para los interesados y la ciudadanía en general los procesos de toma de decisión del Efectos de la máximo tribunal de México. De acuerdo con el Informe de experiencia Labores 2007, el Canal produjo 1028 programas y transmitió 988 horas de programación. Ejemplos de ello ha sido el permitir a los medios de comunicación cubrir por esta vía las actividades de la SCJN; así como permitir a la ciudadanía seguir en tiempo real decisiones de suma importancia. Según lo indica el Informe de Labores de la SCJN para el año 2007, el proyecto fue resultado de las demandas por transparentar el quehacer del PJF plasmadas en la Consulta Participación Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de de la Impartición de Justicia. sociedad La participación de la ciudadanía se da como consumidora de civil la información que el Canal difunde, pero también a través de académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general en los programas que éste produce. Enlaces Web
http://www2.scjn.gob.mx/red/canaljudicial/
Multimedia
Disponible en el enlace de la experiencia.
Sociedad civil y monitoreo del Poder Judicial. El papel de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades de base social resulta importante para vertebrar la participación ciudadana en el monitoreo del funcionamiento del Poder Judicial. El involucramiento de la
sociedad
civil
permite
a
los
ciudadanos
manifestar
sus
preocupaciones y, especialmente, promover una cultura de mayor escrutinio público. El actuar colectivo potencia la influencia ciudadana y genera oportunidades que de otra manera sería muy difícil generar,
Información
121
como
sinergias
entre
las
instituciones
judiciales
y
las
propias
organizaciones del sector social. Experiencia 46: Auditoría Social Andina de los Sistemas de Justicia (Perú) Institución/es Comisión Andina de Juristas (con financiamiento de The que realiza/n National Endowment for Democracy y la Embajada de los la Países Bajos) experiencia País/es
Perú
Teléfono y fax
(511) 4407907. Fax: (511) 2027179.
Dirección de Internet
http://www.cajpe.org.pe/
Participación de la sociedad civil
La Auditoría Social Andina de los Sistemas de Justicia es un proyecto de Comisión Andina de Juristas cuyos objetivos principales son: el fortalecimiento de la independencia judicial y el mejoramiento de la legitimidad de los órganos encargados de la administración de justicia, ambos en las nueve principales cortes de justicia en Perú. Las actividades principales del proyecto se centran en desarrollar sistemas electrónicos de consulta de las resoluciones jurisdiccionales, así como en incidir en la forma de litigar a través de la capacitación de operadores jurídicos. El proyecto cuenta con la participación de 65 jueces de diferentes niveles quienes han colaborado facilitando el acceso de las resoluciones por ellos tomadas, así como a información respecto a sus antecedentes profesionales. La sociedad civil ha participado en forma activa realizando, a partir de la creación de Comités, tareas de auditoría social y de recuperación de información jurisdiccional.
Enlaces Web
http://www.auditoriajudicial.org.pe/aj/
Bibliografía y lecturas
Programa para mejorar la transparencia, integridad y rendición de cuentas de los poderes judiciales de América Latina. Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Información
122
Experiencia 47: Justicia Viva (Perú) Institución/es que realiza/n la experiencia
Instituto de Defensa Legal
País/es
Perú
Teléfono y fax
Telefax: (51-1) 617-5700
Dirección de correo electrónico
lovaton@idl.org.pe
Dirección de Internet
http://www.idl.org.pe/
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil Enlaces Web
Información
Justicia Viva se define a sí misma como un área de trabajo “dedicada al seguimiento, fiscalización y planteamiento de propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia de los sectores discriminados, el desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz y la justicia comunal, la transparencia y la lucha contra la corrupción”. Entre sus principales actividades destaca el fomentar y canalizar el debate respecto del sistema de justicia, tanto dentro como fuera de éste, así como dar seguimiento a diversos temas relacionados con la administración al interior del poder judicial, como también respecto del desempeño de los órganos que lo componen. Justicia Viva ha dado seguimiento y producido documentos relacionados con el acceso a la justicia, la lucha anticorrupción, la implementación de la reforma procesal legal, la relación género-justicia, entre otros. También ha colaborado en la capacitación de operadores jurídicos en temas como la “justicia de paz”. Justicia Viva es una iniciativa de la sociedad civil en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Perú, por lo tanto, su participación se despliega a través de todas las áreas del proyecto (investigación, difusión, capacitación, etc.). http://www.justiciaviva.org.pe/
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Tecnología y acceso a la información Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aportan instrumentos fundamentales para mejorar la posibilidad y las condiciones de ejercicio del acceso a la información judicial, pero también suponen la aparición de nuevos riesgos que es necesario tener muy en cuenta al analizar esta cuestión, especialmente en lo relativo a la protección del derecho a la intimidad. Las TIC están llamadas a desempeñar un papel relevante en el proceso de modernización de la justicia, no solamente porque permiten automatizar procesos, sino también porque permiten digitalizar los grandes volúmenes de información que producen los tribunales y, en última instancia, acortar plazos y entonces ofrecer un servicio con mayor oportunidad. E-Justicia Los gobiernos judiciales y sus sistemas de administración de justicia se encuentran en un proceso de cambio en su forma de gestión y organización, siguiendo un modelo basado en el trabajo en red. Por ejemplo, el recientemente publicado Informe 14 14
del Consejo
Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) del Consejo de Europa, sobre “Justicia y Tecnologías de la Información (TI)”, establece que las TIC constituyen instrumentos para mejorar la administración de justicia, para facilitar el acceso de los justiciables a los tribunales y para mejorar el acceso a la justicia. Por su parte, la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de las “Recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de organización
Información
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y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad de la información)”, del Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países iberoamericanos”, estableció que la implementación de estrategias de e-justicia, pueden contribuir a la eficacia
de
los
sistemas
de
justicia,
optimizando
recursos,
transparentando información y acercando la justicia al ciudadano.
DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET (2011) Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información; Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios; Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;
Experiencia 48: PROYECTO JUSTICIA VIRTUAL en el Superior Tribunal de Justicia (Brasil) Antes, 70% del tiempo dedicado a cada proceso judicial era con tareas burocráticas (petición, protocolo, distribución, etc.) Cada proceso judicial llevaba 5 meses para llegar al Superior Tribunal de Justicia y 7 meses más para ser asignado a un Ministro para decisión; Actualmente, los procesos son enviados en sólo un día y distribuidos el mismo día a un Ministro para decisión. Ya no se pierde más tiempo con los 12 meses de espera. Por lo tanto, eso reduce drásticamente el tiempo de
Información
125
las decisiones judiciales; Ha sido galardonado con el PREMIO INNOVARE, en su VI Edición en 2009 Fue presentado en el seno del “Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina”
Experiencia 49: Registro Central de Detenidos (Guatemala) Institución/es que realiza/n la experiencia
Corte Suprema de Justicia
País/es
Guatemala
Teléfono y fax
(502) 24267000
Dirección de Internet
http://www.oj.gob.gt/
Descripción sintética de la experiencia
Efectos de la experiencia
Participación de la sociedad civil
El 11 de enero de 2012 la Corte Suprema de Justicia creó, a través del Acuerdo 5/2012 el “Registro Central de Detenidos” (RECEDE) para centralizar la información de las personas ingresadas a cualquier centro de detención o separos judiciales del país, ello con el objetivo de proporcionar información a la ciudadanía sobre las personas afectadas por detenciones y el estado en el que se encuentran. El RECEDE es de reciente creación, por lo cual no se cuenta todavía con información suficiente para evaluar los efectos que ha producido. Sin embargo, no es menor la creación de un registro de esta naturaleza en una nación con antecedentes de desapariciones forzadas. Además de servir como herramienta de consulta para operadores jurídicos y sociedad en general, también de ser exitoso podrá constituir un mecanismo que contribuya a disuadir prácticas erróneas en materia de registro y procesamiento de datos personales. Algunas fuentes periodísticas refieren que la creación de este registro guarda cierta relación con demandas de grupos de la sociedad civil y organismos internacionales vinculado a la defensa de los derechos humanos.
Enlaces Web
http://consulta-recede.oj.gob.gt/
Bibliografía y lecturas
Guatemala. Corte Suprema de Justicia. Acuerdo 5-2012.
Información
126
Tecnología y transparencia judicial Son numerosas las posibilidades de aplicación de las TIC para hacer más transparente el desempeño de los poderes judiciales y las condiciones de acceso a la información judicial. El trabajo “Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la Administración de Justicia en América Latina”36 cita como ejemplos la posibilidad de ver las estadísticas de distintas unidades, y plantearse interrogantes acerca de la productividad de algunas de éstas; la posibilidad de analizar la ejecución presupuestaria, y compararla con otras instituciones públicas; añadiendo que también es posible fiscalizar las actuaciones de las autoridades públicas. En el mercado tecnológico se encuentran desarrolladas soluciones TIC para lograr mayores grados de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Los problemas para avanzar en este camino no son de naturaleza tecnológica, sino organizativo: tanto en lo relativo al diseño e implementación de la política pública correspondiente, como en lo referente a la adecuada gestión del cambio cultural inherente a todo despliegue de este tipo. Internet y acceso a la información judicial El desarrollo de los instrumentos web aporta una mayor capacidad para dar publicidad a las decisiones judiciales y a los actos de gobierno del poder judicial, por lo que puede facilitar en gran medida la aplicación
CEJA y Microsoft, “Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la Administración de Justicia en América Latina”, página 58. 36
Información
127
de los principios de transparencia y rendición de cuentas37. Sin embargo, también se incrementan los riesgos de atentados indebidos contra el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Y en este punto también es necesario tener presente la propia evolución hacia la denominada web 2.0, que ofrece unas mayores posibilidades de interactuar con la ciudadanía. En materia de información judicial e internet, el referente fundamental que existe en la región son las Reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet, aprobadas en 2003 en Costa Rica, en el marco del Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia. Las Reglas de Heredia, como también se les conoce, constituyen recomendaciones útiles para los poderes judiciales en materia del uso de internet, las cuales abarcan aspectos fundamentales como la relación entre transparencia y privacidad. Por otra parte, en los años recientes se ha venido publicando el Índice de Acceso a la Información Judicial en Internet (IAcc), estudio que evalúa periódicamente la información que publican los diferentes poderes judiciales de los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA). La 7ª edición de este índice, se realizó en 2007 y arrojó resultados que indican que continúa existiendo una gran disparidad entre las diferentes naciones de la región.
37Seminario
de Puerto Madryn sobre “Jueces y Nuevas Tecnologías de la información” (Provincia de Chubut, Argentina), por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, en colaboración con IIJusticia, y con el apoyo del International Development Centre de Canadá, durante los días 9 y 10 de septiembre de 2004.
Información
128
Experiencia 50: ÍNDICE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET (IAcc)
Materiales sobre acceso a la información judicial
Estándares e instrumentos internacionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción “Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002) “Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008), así como por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”, aprobados por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires, 2012). “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º periodo ordinario de sesiones (octubre 2000). “Recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de organización y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad de la información”, del Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países iberoamericanos”,
Información
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desarrollado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Santo Domingo, 21 y 22 de junio de 2006). Informe 14 (2011) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) del Consejo de Europa, sobre “Justicia y Tecnologías de la Información (TI)” Reglas de Heredia o “Reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet”, Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet (2011). Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). “Declaración de Cartagena de Indias relativa a un compromiso para alcanzar estándares internacionales de protección de datos y privacidad” (VI Encuentro RIPD 2008). Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados, aprobados por la Resolución 45/95 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1990. OCDE, “Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza de datos personales” Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Materiales del Programa
Presentación sobre “Transparencia y acceso a la información judicial”, presentado por Álvaro Herrero (Asociación por los Derechos Civiles ADC) en el seno del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina Presentación sobre “Estándares interamericanos en materia de acceso a la información”, presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el seno del Programa para mejorar la
Información
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Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina Presentación sobre “Justicia Digital en Brasil”, por parte de César ASFOR ROCHA, Presidente del Tribunal Superior Judicial de Brasil, en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
Lecturas
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Acceso a la información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina”, apoyado por el programa de Información, Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial (WBI) Alice ATHIÉ, “Rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia en los presupuestos públicos”, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México, 2005 Alberto BINDER, Juan Enrique VARGAS y Cristián RIEGO, “Los Jueces y la información. Sistemas de Información e Instituciones en el marco de la Reforma Judicial” CEJA y Microsoft, “Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la Administración de Justicia en América Latina”. Comisión Europea, “La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”, aprobado el día 25 de julio de 2001. Due Process of Law Foundation (DPLF), “Disclosing Justice. A Study on Access to Judicial Information in Latin America”, 2007 Due Process of Law Foundation (DPLF), “Comparando transparencia. Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial”, Washington, 2007 Due Process of Law Foundation (DPLF), “Obstáculos para el acceso a la justicia en las Américas” FLORES, Marvin. 2008. Manual para la Auditoría Social a través del Sistema Guatecompras. Guatemala: Acción Ciudadana. Disponible en: Juan Luis GONZÁLEZ ALCÁNTARA, “Transparencia y acceso a la información judicial” Silvana GRECO y Silvia E. VECCHI, “Acciones participativas en el campo de la Administración de Justicia y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)” Margaret POPKIN, “Participación ciudadana en la reforma de la justicia”, en la Introducción a la obra “Sociedad civil y reforma judicial
Información
131
en América Latina”, editado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y por el nacional Center for State Courts, Washington, octubre 2005. Margaret POPKIN, “La difusión de las sentencias en Estados Unidos” UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, “Estudio Especial sobre el derecho de acceso a la información”, Washington, 2007. VARIOS AUTORES, “El acceso a la información judicial en México: una visión comparada”, Universidad Nacional Autónoma de México, DPLF, Instituto de Investigación para la Justicia, Open Society Institute, México, 2005
Multimedia Video sobre la Importancia del derecho de acceso a la información, intervención de Catalina Botero (Relatora Especial para la Libertad de Expresión-OEA) en la semana de la Transparencia organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública-México. Video sobre las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Video sobre la transmisión de sesiones judiciales por el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). Presentación de @lex en la UNAM PREMIO INNOVARE, en su VI Edición en 2009 al PROYECTO JUSTICIA VIRTUAL en el Superior Tribunal de Justicia (Brasil).
Información
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Anexo I. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
INSTRUMENTOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES REFERENCIADOS NACIONES UNIDAS Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por la Asamblea General de la ONU
Naciones Unidas (1966) Aprobados por la Asamblea General de la ONU (1985)
Principios de Conducta Judicial de Bangalore
Naciones Unidas (2002)
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/37, ONU relativa a la integridad judicial
Naciones Unidas (2002)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Naciones Unidas, que entró en vigor en 2005
Declaración conjunta (2011) del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Declaración Conjunta Organización para la Seguridad y la Cooperación en sobre Libertad de Expresión Europa (OSCE), la Relatora Especial de la de Internet Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados
Aprobados por la Resolución 45/95 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1990
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
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AMÉRICA LATINA Convención Americana sobre Derechos Humanos
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad
Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008), así como por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).
Estatuto del Juez Iberoamericano
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano” Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación
Aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (España) los días 23 a 25 de mayo de 2001. Aprobada por la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Cancún en noviembre de 2002.
Aprobadas por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo 2010).
“Decálogo de la Red de Comunicadores”
Cumbre Judicial Iberoamericana
Reglas de Heredia o “Reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet”
Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.
Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial
Aprobado por la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (República Dominicana, 21 y 22 de junio de 2006)
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
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Recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de organización y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad de la información
Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países iberoamericanos”, desarrollado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Santo Domingo, 21 y 22 de junio de 2006)
Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos
Aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires, 2012).
Plan Iberoamericano de Estadística Judicial
Trabajos de la XIV (Brasilia 2008) XV (Montevideo 2010) y XVI (Buenos Aires 2012) Cumbre Judicial Iberoamericana
Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica en el Ámbito Iberoamericano
Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008)
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º periodo ordinario de sesiones (octubre 2000)
Declaración de Cartagena de Indias relativa a un compromiso para alcanzar estándares internacionales de protección de datos y privacidad
Aprobado por el VI Encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (2008)
Reporte sobre la Justicia en las Américas
Elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
Latinobarómetro
Corporación Latinobarómetro. Estudio de opinión pública en América Latina.
Barómetro de Gobernabilidad de CIMA
Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento
“Índice de Desarrollo Democrático de América Latina”; Informe 2011
“Índice de Desarrollo Democrático de América Latina”, desarrollado por la Fundación Konrad Adenuer. EUROPA
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
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“Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales)”
Proclamada el 17 de noviembre de 2010 por el Consejo Consultivo de Jueces de Europa del Consejo de Europa (con motivo de la conmemoración del X Aniversario del CCJE)
Recomendación R (94)12 a los Estados miembros sobre Comité de Ministros del Consejo de Europa a los la independencia, la Estados miembros eficacia y el papel de los jueces Informe nº 13 (2010) sobre el papel de los jueces en la ejecución de las resoluciones judiciales
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de Europa (Consejo de Europa)
Informe nº 7(2005) sobre Justicia y Sociedad
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de Europa (Consejo de Europa)
Informe nº 1 (2001) sobre independencia e inamovilidad de los Jueces
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de Europa (Consejo de Europa)
Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos
Elaborado por el Consejo de Europa a través de la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia)
Resolución de Bucarest sobre la transparencia y el acceso a la justicia
Aprobado por la Red Europea de Consejos de Justicia (mayo 2009)
Measurement of National and Transnational Public Confidence. Report 20102011
Presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011
Informe sobre “Timeliness. Report 2010-2011”
Presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011.
Judiciary and the Media. Report 2005-2006
Red Europea de Consejos de Justicia
Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza de datos personales
OCDE
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
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Convenio nยบ 108 del Consejo de Europa, para la protecciรณn de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carรกcter personal
Consejo de Europa, 28 de enero de 1981
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estรกndares internacionales
137
Anexo 2. Cincuenta experiencias en materia integridad, rendición de cuentas y transparencia en el poder judicial
PAÍS
ELEMENTO
EXPERIENCIA
BREVE DESCRIPCIÓN Estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes.
1) América Latina
Confianza del ciudadano en el sistema judicial
Latinobarómetro
2) América Latina
Confianza del ciudadano en el sistema judicial
Barómetro del Consorcio Barómetro de Iberoamericano de Empresas Gobernabilidad de de Investigación de Mercados CIMA y Asesoramiento.
3) México
Transparencia judicial
Transparencia de la Sitio Web sobre Transparencia Suprema Corte de de la Suprema Corte de Justicia de la Justicia de la Nación (México) Nación
4) Georgia
Como parte integral del Programa de Apoyo al Sector Transparencia Estado de Georgia: Justicia (con la asistencia del judicial: política Proyecto de Banco Mundial) se diseña una de asistencia del amplia iniciativa de comunicación Banco Mundial comunicación y educación cívica.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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5) Argentina
Proyecto destinado a desarrollar la imagen institucional del Ministerio Público realzando sus atributos Oficina de positivos y desplegando el Transparencia Comunicación potencial comunicacional judicial: Justicia Interinstitucional del intrínseco de la organización. y medios de Ministerio Público Se organiza en torno a tres comunicación Fiscal de Esquel grandes áreas: comunicación interna; comunicación interinstitucional; y comunicación externa (medios de prensa; y comunidad).
6) América Latina
La Cumbre Judicial Iberoamericana, en su XV Edición (Montevideo 2010) creó la denominada “Red de Comunicadores del Área Justicia” para responder a la Transparencia necesidad de intercambiar Red de judicial: Justicia experiencias, buenas prácticas Comunicadores del y medios de y lecciones aprendidas para Área Justicia comunicación avanzar en la mejora y la calidad de nuestras estrategias y acciones comunicacionales. Esta Red está formada por los máximos responsables técnicos de los gabinetes u oficinas de comunicación e imagen.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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7) España
Transparencia judicial: El Juez de Paz educación y Educativo cultura sobre la justicia
Proyecto de supervisión ciudadana y difusión de información sobre los procesos de selección de los magistrados de las altas cortes y de los altos funcionarios relacionados con la procuración e impartición de justicia. Este proyecto del que forman parte trece organizaciones privadas y de la sociedad civil, tiene el objetivo particular de fomentar la transparencia de dichos procesos, evitar el “lobbying clandestino” y abrir espacio para la intervención de la ciudadanía. Lo anterior es realizado primordialmente a partir de un sitio de internet en el que se difunde información sobre el proceso de selección de los funcionarios y la importancia de las instituciones para las que son propuestos.
8) Costa Rica
Campaña para sensibilizar sobre los Transparencia derechos de judicial: menores de edad educación y cultura sobre la Política institucional del Poder Judicial justicia sobre niños, niñas y adolescentes
Campaña para sensibilizar al personal judicial acerca de los derechos que asisten a los menores de edad sujetos a un proceso penal, realizada por el Poder Judicial de Costa Rica.
9) España
Transparencia judicial: Educando en educación y Justicia cultura sobre la justicia
Anexo II. Cincuenta experiencias
Programa “Educando en Justicia” (Consejo General del Poder Judicial de España).
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10) Argentina
11) Argentina
Transparencia judicial: participación del usuario de la justicia
Transparencia judicial y participación ciudadana
Gobierno Abierto (Argentina)
A través de este sitio web, la Corte pone a disposición de los ciudadanos las herramientas digitales adecuadas (incluyendo las redes sociales como Facebook y Twitter) para que éstos puedan hacer llegar consultas, sugerencias y opiniones a las diferentes áreas involucradas en la prestación del servicio de justicia.
Amicuscuriae
La Corte Suprema de Justicia considera apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y en que se ven en asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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12) Ecuador
Transparencia judicial y participación ciudadana
Tod@s somos justicia
Sistema de Acceso a la Contrataciones y 14) información: Adquisiciones del Guatemala manejo de Estado de fondos públicos Guatemala (Guatecompras)
Anexo II. Cincuenta experiencias
La Cumbre Judicial Iberoamericana, en su XV Edición (Montevideo 2010) creó la denominada “Red de Comunicadores del Área Justicia” para responder a la necesidad de intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para avanzar en la mejora y la calidad de nuestras estrategias y acciones comunicacionales. Esta Red está formada por los máximos responsables técnicos de los gabinetes u oficinas de comunicación e imagen Sistema de contrataciones y adquisiciones de las entidades públicas en Guatemala, que contiene información sobre las operaciones realizadas por el Poder Judicial a partir de 2004. Este sistema hace posible consultar información por tipos de concurso (vigentes o no, adjudicados, anulados, desiertos, etc.), además de incluir datos sobre inhabilitaciones y quejas de usuarios, y permitir la suscripción a un boletín en el que se hacen públicas las contrataciones de esta rama de gobierno.
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15) México
Acompañamiento de los procedimientos de adjudicación de contratos, en los Programas Anuales de Acceso a la Monitoreo de Adquisiciones, Contratación de información: contrataciones en Servicios y Obra Pública (PAA) manejo de el Poder Judicial de de los tres órganos que fondos públicos la Federación componen el Poder Judicial mexicano: SCJN, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
16) México
Este Portal de Convenios sistematiza y pone a disposición, de manera fácil y Acceso a la Portal de sencilla, los convenios información: Convenios de celebrados por la SCJN, de manejo de Colaboración de la 1995 a la fecha, con fondos públicos SCJN instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
17) Chile
18) México
Acceso a la información: declaraciones patrimoniales
Acceso a la información: estadísticas
Declaración Patrimonio e Intereses (Tribunal Constitucional de Chile)
La página del tribunal difunde las declaraciones patrimoniales e intereses de los ministros numerarios y suplentes que integran al Tribunal Constitucional de la República de Chile.
Portal de Estadística Judicial @lex
Contiene información estadística sobre el trámite administrativo y jurisdiccional de los asuntos concluidos y archivados de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales desde 1995 a la fecha. El portal permite dos formas de consulta: la búsqueda por expediente y la búsqueda avanzada.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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19) Ecuador
20) México
21) España
Sistema de Selección de Acceso a la Personal de la información: designación de Función Judicial / Bolsa de Empleo jueces y nombramientos
Acompañamiento del procedimiento para seleccionar tres ternas de Acceso a la candidatos a información: Magistrados de las designación de Salas Regionales jueces y del Tribunal nombramientos Electoral del Poder Judicial de la Federación
Acceso a la Agenda información: Institucional del reuniones de CGPJ de España funcionarios de alto nivel
Anexo II. Cincuenta experiencias
El Sistema de Selección y la Bolsa de Empleo permiten a quienes aspiran a ocupar un cargo en el poder judicial conocer las plazas disponibles y en su caso registrarse electrónicamente para concursar por las posiciones disponibles. TM da seguimiento al proceso de selección de tres ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las etapas que lo componen: la recepción de solicitudes de aspirantes y selección de hasta 27 candidatos, exámenes escritos: de conocimientos y práctico, comparecencias, evaluación por mérito curricular y evaluaciones finales e integración y envío de ternas al Senado. El “Plan de Transparencia y Austeridad” (28 de junio de 2012), prevé la existencia de una Agenda Institucional donde se difundirán las actividades de los distintos órganos y de los Vocales de este organismo, que será objeto de publicación en un apartado específico y fácilmente localizable en la página web.
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22) América Latina
23) Bolivia
24) Perú
Acceso a la información: jurisprudencia de los tribunales
Acceso a la información: jurisprudencia de los tribunales
Acceso a la información: jurisprudencia de los tribunales
Contiene información sobre jurisprudencia de los distintos Iberius (Red países iberoamericanos que se Iberoamericana de incluye en el proyecto IberiusInformación y Red Iberoamericana de Documentación) Información y Documentación (Cumbre Judicial Iberoamericana).
Juzgados Transparentes Voluntarios
Publicación del texto completo de las decisiones judiciales de todas las instancias, documento que hace públicos al mismo tiempo los criterios judiciales individuales que se desprenden del análisis del conjunto de las decisiones de cada magistrado, criterios individuales que le permiten al usuario del servicio de justicia, saber si es que cada juez concreto es razonablemente coherente en el conjunto de sus decisiones jurídicas.
Justicia y Transparencia
Proyecto que a través de internet pone a disposición de la ciudadanía un “archivo organizado, participativo y de Libre acceso que reúne toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú emitida en los procesos de habeas data, mediante los cuales se garantiza el derecho al acceso a la información pública, así como el uso legítimo y la integridad de los datos personales”.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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25) Brasil
Acceso a la información: publicidad de sesiones y juicios públicos
TVJustiça
Experiencia de Televisión en la Justicia del Supremo Tribunal Federal.
26) Brasil
Acceso a la información: publicidad de sesiones y juicios públicos
Canal TV
Otra experiencia de Canal de Televisión en la Justicia del Supremo Tribunal Federal.
27) México
Acceso a la información: publicidad de sesiones y juicios públicos
Videoteca de Sesiones
Videoteca de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
Rádio Justiça
Estación de radio publica administrada por el Supremo Tribunal Federal que se transmite por internet y de manera local en el Distrito Federal en frecuencia modulada. Con el objetivo de evitar que los temas relacionados con la administración de justicia sean tratados de manera superficial la estación se avoca al análisis de los mismos a partir de los siguientes ejes editoriales periodismo, educación, cultura y ciudadanía.
28) Brasil
Acceso a la información: publicidad de sesiones y juicios públicos
Anexo II. Cincuenta experiencias
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Estación de televisión que desde mayo de 2006 se transmite a través de internet y de servicios de televisión de pago, creada con el objetivo de transparentar y difundir sin intermediarios la labor de los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación (PJF). El Canal transmite en vivo las sesiones del pleno de la SCJN y en ciertas ocasiones las de otros órganos del PJF, y además realiza producciones propias relacionadas con el quehacer jurisdiccional y los derechos humanos.
29) México
Acceso a la información: publicidad de sesiones y juicios públicos
30) Perú
Proyecto de Comisión Andina de Juristas cuyos objetivos principales son: el fortalecimiento de la independencia judicial y el mejoramiento de la legitimidad de los órganos encargados de Acceso a la la administración de justicia, Auditoría Social información: ambos en las nueve principales Andina de los sociedad civil y Sistemas de Justicia cortes de justicia en Perú. Las monitoreo del actividades principales del Poder judicial proyecto se centran en desarrollar sistemas electrónicos de consulta de las resoluciones jurisdiccionales, así como en incidir en la forma de litigar a través de la capacitación de operadores jurídicos.
Canal Judicial
Anexo II. Cincuenta experiencias
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31) Perú
Acceso a la información: sociedad civil y Justicia Viva monitoreo del Poder judicial
Acceso a la 32) información: Guatemala TIC
33) Brasil
Acceso a la información: TIC
Registro Central de Detenidos
Proyecto Justicia Virtual
Anexo II. Cincuenta experiencias
Área de trabajo “dedicada al seguimiento, fiscalización y planteamiento de propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia de los sectores discriminados, el desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz y la justicia comunal, la transparencia y la lucha contra la corrupción.” El 11 de enero de 2012 la Corte Suprema de Justicia creó, a través del Acuerdo 5/2012 el “Registro Central de Detenidos” (RECEDE) para centralizar la información de las personas ingresadas a cualquier centro de detención o separos judiciales del país, ello con el objetivo de proporcionar información a la ciudadanía sobre las personas afectadas por detenciones y el estado en el que se encuentran. PROYECTO JUSTICIA VIRTUAL: aplicación de las TIC para la mejora de la tramitación de los procedimientos en el Superior Tribunal de Justicia (Brasil).
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34) América Latina
Es un indicador que evalúa la existencia de información considerada básica y relevante, en base a una metodología desarrollada por un grupo de expertos de CEJA ÍNDICE DE ACCESO en el año 2004, quienes A LA identificaron un conjunto de Acceso a la INFORMACIÓN sub indicadores y categorías información: JUDICIAL EN de análisis del nivel de acceso TIC/información INTERNET (IAcc) a la información judicial a web través de las página Web de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).
35) América Latina
Plan que fue aprobado en noviembre del 2006, en el Plan marco de la XIV Cumbre Iberoamericano de Judicial Iberoamericana, y Estadística Judicial cuyo contenido viene siendo (PLIEJ) definido y desarrollado por las sucesivas ediciones de la Cumbre.
36) América Latina
Rendición de cuentas: confección y aplicación de indicadores
Rendición de cuentas: confección y aplicación de indicadores
“Reporte sobre la Justicia en las Américas” (CEJA)
Anexo II. Cincuenta experiencias
Informe elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que tiene como objetivo entregar una visión comprensiva de los sistemas judiciales de todos los países de la región, dando cuenta de la estructura y características, funcionamiento, productividad e iniciativas de reforma en curso en cada uno de ellos.
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37) Europa
Rendición de cuentas: confección y aplicación de indicadores
Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos
Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos que periódicamente viene elaborando el Consejo de Europa a través de la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia).
Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial (GICA)
Sistema desarrollado por el Poder Judicial de Costa Rica, cuyo objetivo final es el mejoramiento del servicio a la persona usuaria, basada principalmente en un enfoque sistémico, el cual permite el establecimiento de estándares de prácticas de gestión en los diversos despachos que conforman la Organización.
38) Costa Rica
Rendición de cuentas: confección y aplicación de indicadores
39) Chile
Rendición de cuentas: confección y aplicación de indicadores
Índice de calidad de la Justicia
Índice de calidad de la Justicia, elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la República de Chile, 2012.
40) España
Rendición de cuentas: consulta al usuario
Sistema de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial de España
Sistema del CGPJ de España para la tramitación de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la administración de justicia.
Rendición de cuentas: consulta al usuario
Sistema de la Corte Suprema de Paraguay para recibir, Sistema de quejas y registrar, analizar las quejas y denuncias del denuncias presentadas contra Poder Judicial magistrados, funcionarios, auxiliares de justicia, o el servicio público de justicia.
41) Paraguay
Anexo II. Cincuenta experiencias
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Integridad: corrupción y sistema de justicia
Índice de Desarrollo Índice de Desarrollo Democrático de América Democrático de Latina de la Fundación Konrad América Latina Adenuer, que atiende a diferentes indicadores.
43) República Dominican a
Integridad judicial
Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial
Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial de la República Dominicana (Resolución núm. 2006-2009, del 30 de julio de 2009).
44) Costa Rica
Integridad judicial: componentes
Elementos de integridad judicial del Poder Judicial de Costa Rica
Cuenta con cuatro elementos: Control Interno, Tribunal de la Inspección, Ética y Valores, y Selección de Jueces.
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en agosto de 2004.
Caso de Estudio: el Caso Matlow
Caso sobre integridad judicial Presentado por el Profesor Lorne SOSSIN. University of Toronto, Faculty of Law. “Action-Learning Program on Judicial Transparency and Accountability in LCR: La ExperienciaCanadiense”.
42) América Latina
45) México
46) Canadá
Integridad judicial: ética
Integridad judicial
Anexo II. Cincuenta experiencias
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47) América Latina
48) México
49) Argentina
Integridad judicial: ética
Comisión creada por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que está integrada por nueve miembros y un secretario ejecutivo, elegidos por la Cumbre Judicial reunida en Asamblea Plenaria. Tiene como objeto: asesorar a los diferentes poderes judiciales y Consejos de la Judicatura Comisión Iberoamericana de Iberoamericanos o a la propia Cumbre Judicial cuando lo Ética Judicial soliciten sus representantes; facilitar la discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial a través de publicaciones o de la realización de cursos, seminarios, diplomados y demás encuentros académicos; fortalecer la conciencia ética judicial de los impartidores de justicia iberoamericanos.
Integridad judicial: ética
Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial
Integridad judicial: ética
Tribunal de Ética Judicial y Oficina de Ética Judicial
Anexo II. Cincuenta experiencias
Su finalidad radica en fortalecer la investigación, estudio, promoción y difusión de dos de las líneas en las que se sustenta la propia función jurisdiccional: los criterios jurisprudenciales y los principios éticos del quehacer judicial. Tribunal de Ética Judicial y Oficina de Ética Judicial del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba (Argentina).
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50) Colombia
51) Costa Rica
Integridad judicial: nombramientos Elección Visible para cargos del Poder Judicial
Proyecto de supervisión ciudadana y difusión de información sobre los procesos de selección de los magistrados de las altas cortes y de los altos funcionarios relacionados con la procuración e impartición de justicia. Este proyecto del que forman parte trece organizaciones privadas y de la sociedad civil, tiene el objetivo particular de fomentar la transparencia de dichos procesos, evitar el “lobbying clandestino” y abrir espacio para la intervención de la ciudadanía. Lo anterior es realizado primordialmente a partir de un sitio de internet en el que se difunde información sobre el proceso de selección de los funcionarios y la importancia de las instituciones para las que son propuestos.
Integridad Tribunal de la judicial: Inspección Judicial procedimientos disciplinarios
El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano creado ex profeso para realizar las funciones disciplinarias dentro del Poder Judicial de Costa Rica. El Tribunal fiscaliza y vigila el desempeño de los despachos, servidores y funcionarios judiciales. En los casos en los que corrobora faltas, procede a delimitar responsabilidades e imponer sanciones.
Anexo II. Cincuenta experiencias
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