Trabajo Social en Chile y gobierno militar. 40 años de memoria y olvido

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas.

Aspectos estructurales y funcionales Lorena Gallardo-Peralta

Derechos humanos en la Región de Atacama: migraciones y medio ambiente Cory Duarte

y

Alfredo García

Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad.

El caso de la Autopista Acceso a Santiago Paulette Landon

Los trabajadores sociales quieren andar solos.

Reconceptualización y Guerra Fría.

Complejidades de la intervención social Maricela González

Trabajo Social en Chile y gobierno militar.

40 años de memoria y olvido Patricia Castañeda

84

20 13

Ana María Salamé

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle:

desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas Liliana Guerra

a g o s t o

y

Facultad de Ciencias Sociales

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas.

Aspectos estructurales y funcionales Lorena Gallardo-Peralta

Derechos humanos en la Región de Atacama: migraciones y medio ambiente Cory Duarte

y

Alfredo García

Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad.

El caso de la Autopista Acceso a Santiago Paulette Landon

Los trabajadores sociales quieren andar solos.

Reconceptualización y Guerra Fría.

Complejidades de la intervención social Maricela González

Trabajo Social en Chile y gobierno militar.

40 años de memoria y olvido Patricia Castañeda

84

20 13

Ana María Salamé

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle:

desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas Liliana Guerra

A G O S T O

y

Revista Trabajo Social Agosto / No 84 / 2013 FICHA TÉCNICA La Revista Trabajo Social es una publicación semestral de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Revista fundada en 1970. Permitida la reproducción total o parcial de los artículos, citando la fuente.

ISSN 0716-9736 Santiago/ Chile.

Director responsable

Guillermo Wormald Delpiano Editora

Carolina Muñoz Guzmán Comité Asesor Editorial

Guillermo Wormald Delpiano Liliana Guerra Aburto Rodrigo Flores Guerrero Comité Asesor Internacional

Lena Dominelli Profesora, School of Applied Social Sciences

José Paulo Netto, Profesor, Universidad Federal Rio de Janeiro

Luis Zayas Decano, Escuela de Trabajo Social, The University of Texas at Austin

Alberto Godenzi Decano, Graduate School of Social Work, Boston College

James Midgley Profesor, School of Social Welfare, UC Berkeley

Diseño y Diagramación Diseño Corporativo UC

Impresión Andros Impresores Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín.

Av. Vicuña Mackena 4860, Teléfono: 56-2-2354 4606, Fax: 56-2-2354 4667 www.trabajosocialuc.cl

Sumario 5 Editorial 6 Introducción

Guillermo Wormald Delpiano

Director Escuela de Trabajo Social

9

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas. Aspectos estructurales y funcionales Social support networks in Chilean elderly: structural and functional aspects Lorena Gallardo-Peralta

19 Derechos humanos en la región de Atacama: migraciones y medio ambiente Human Rigths in the Region of Atacama; Migration and Environment Cory Duarte / Alfredo García

31 Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad. El caso de la autopista acceso a Santiago Daily mobility and road infrastructure; new urban challenges of city social inclusion.

The case of Santiago acces Highway Paulette Landon

47 Los trabajadores sociales quieren andar solos. reconceptualización y Guerra Fría.

Complejidades de la intervención social Social Workers want to walk alone… Re-conceptualization and cold war. Complexities of social intervention Maricela González

55 Trabajo Social en Chile y gobierno militar.

40 años de memoria y olvido Social Work in Chile and Military Goverment.

40 years of memory and forgetting Patricia Castañeda / Ana María Salamé

67 Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas Street Children: Challenges from the strength perspective Liliana Guerra

Editorial La naturaleza de la disciplina del Trabajo Social es una difícil de precisar, no solo porque el Trabajo Social se informa por otras disciplinas sino también porque, como dice Nigel Parton (2000), es invariablemente visto como dependiente de otras disciplinas. El autor señala que sería nuestro compromiso con la práctica el que habría afectado (equivocadamente) nuestra solidez intelectual. Al respecto las respuestas desde el Trabajo Social, para dejar de ser una vieja profesión y una nueva disciplina a la vez, han derivado en un contínuum que va desde racionalizar el Trabajo Social y darle un marco científico sujeto a cálculo, hasta reconocer y valorar su incertidumbre y ambigüedad para teorizar sobre las complejidades contemporáneas de la práctica.

Estas preguntas y respuestas no están ajenas al debate que se produce en Chile sobre el conocimiento que funda el trabajo que hacemos. El profundo cuestionamiento que enfrentamos hoy en el país sobre el servicio entregado a los niños y niñas bajo cuidado estatal levanta, entre otras, preguntas sobre los niveles de especialización requeridos para abordar tan complejos problemas, y la fragilidad de los recursos profesionales que los trabajadores sociales llevan a los campos de intervención.

La formación de los trabajadores sociales no es puesta en cuestión solo en nuestro país. En el Reino Unido, por ejemplo, se lleva a cargo la Review of

Social Work Education solicitada por el gobierno, no solo por la alta demanda y escasez de profesionales, sino también porque se cuestiona si acaso la formación que las universidades entregan produce los trabajadores sociales de alta calidad que ese país necesita.

El Trabajo Social parece estar en revisión, lo cual asoma como una buena noticia en la medida en que conduzca a una formación profesional que innova a partir de los hallazgos y las reflexiones producidas en el seno de las escuelas de Trabajo Social y de los círculos profesionales. Por lo mismo, la invitación que este número de la Revista Trabajo Social hace es a mantener viva la relación entre la acción y la contemplación, de modo tal que la práctica informe la teoría del mismo modo que esta lo hace con la práctica, generando lo que se ha llamado el poder práctico de la teoría, donde la actividad intelectual no es otra cosa que un tipo de práctica que da voz a los espacios silenciados y excluidos.

En consecuencia, hemos querido revisar en este número la producción intelectual de instituciones de educación superior que forma a profesionales del Trabajo Social. La Revista muestra importantes ejemplos de un Trabajo Social que revisa su quehacer y abre nuevas vertientes de acción social.

Aunque queda un trecho largo por andar, aparecen aquí senderos para explorar.

Carolina Muñoz Guzmán Editora

5

Introducción El número 84 de la Revista Trabajo Social cumple dos objetivos muy valorados por nuestra Escuela: el primero, es dar cuenta de la investigación que diversas Escuelas de Trabajo Social a lo largo del país están llevando a cabo; el segundo, muy vinculado con el anterior, es desconcentrar del polo metropolitano los temas de discusión, llevando la atención de las audiencias de la revista hacia temas representativos del norte, centro y sur de nuestro país.

Las cinco investigaciones que presentamos fueron seleccionadas como las mejores de aquellas que fueron enviadas para evaluación y muestran cómo los y las investigadoras del Trabajo Social contribuyen a la comprensión de fenómenos que reflejan preocupaciones locales y regionales, sirviendo de insumo para los tomadores de decisiones de políticas e inversiones sociales. Asimismo, ellas aportan para la reflexión activa en los campos de intervención de la profesión. De este modo, esperamos que ellas se conviertan en contribuciones importantes para desarrollar mejores planes de acción pública que den cuenta de cómo las personas viven y entienden las circunstancias que por etapa de vida, por residencia, por etnia, situación de migración, o por momento histórico, les toca vivir.

El hecho de que cuatro de las cinco investigaciones presentadas en este número hayan reportado que fueron objeto de concurso para su financiamiento y que la adjudicación de fondos tuviera su origen en Conicyt, institutos públicos o en fondos destinados a investigación de las mismas universidades de origen, muestra una valoración creciente de la contribución de la disciplina a las ciencias sociales y a la política pública, poniendo de relieve cómo el Trabajo Social chileno se ha ido posicionando y ganando en experiencia. Esto se refleja en cada uno de los artículos que presentamos.

El primer estudio, de la Universidad de Tarapacá, analiza en la primera región de Chile las redes sociales que dan soporte a la población de adultos mayores. El uso de cuestionarios validados, sumado a la incorporación de población altiplánica, hace de este estudio una propuesta que entrega evidencia para la toma de decisiones sobre los adultos mayores y el tipo de redes que mejor responde a las necesidades de este grupo. En este sentido, esta in6

vestigación resalta la relevancia de conceptualizar el apoyo social como un componente que se potencia desde la intervención del Trabajo Social, dado su impacto positivo en el fortalecimiento de las redes sociales existentes, en la reconstrucción e incorporación de vínculos significativos para envejecer con éxito, y en la generación de espacios de participación social del adulto mayor.

En el caso de la segunda investigación que presentamos, ella proviene de la Universidad de Atacama y recoge los resultados del primer estudio desarrollado en la región sobre derechos humanos: este ha sido un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos que incluyó análisis de fuentes documentales, observación participante y entrevistas en profundidad, y cuyos resultados muestran un diagnóstico sobre la situación de vulneración de los derechos de las personas migrantes en Atacama, afectados por adversidades medioambientales y en sus derechos en el trabajo, condición de vivienda, acceso a la salud y educación. El estudio da cuenta de resultados específicos en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco.

El artículo de la Universidad Alberto Hurtado presenta un estudio sobre la Región Metropolitana y el impacto que la Autopista Acceso Sur a Santiago ha generado en la población santiaguina. El estudio analiza el rol de la autopista como expresión de las nuevas formas de segregación móvil y desigualdad en la ciudad, y su impacto diferenciado en los distintos sectores territoriales que atraviesa. La investigación concluye, de modo preliminar, sobre la movilidad de los habitantes de la ciudad, y las demandas que este ejercicio trae sobre el desarrollo de nuevas competencias y capacidades de las personas. La posibilidad de producir esas capacidades se relacionaría con el lugar de residencia en la ciudad, las condiciones socioeconómicas de las personas y el impacto que las transformaciones viales generan en sus contextos de movilidad. El conocimiento único que el trabajo social tiene sobre las prácticas y tránsitos de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, junto con las formas propias de aproximarse y reconocer las subjetividades de las personas, hace de esta investigación un recurso novedoso y rico en información para el desarrollo de políticas de planificación urbana más equitativas.

Los dos artículos siguientes ofrecen a los lectores una reflexión sobre los impactos de la historia en el Trabajo Social, y viceversa. El artículo de la Universidad Santo Tomás nos propone reconocer en el Trabajo Social una de las disciplinas que se encuentra más estrechamente conectada con la realidad social. Esta condición habría producido su permeabilidad a los cambios en el contexto político, particularmente en la década de los sesenta y setenta, junto con su involucramiento en la lógica de disputa y confrontación ideológica propia del periodo. La autora señala que este período ha sido descrito como un período de enfrentamiento de bandos y posiciones, apelándose a proyectos modernizantes o revolucionarios. Su postura intenta ser menos complaciente con los planteamientos de la reconceptualización y contraria a la hipótesis de que ella ha marcado un quiebre con la historia del Trabajo Social latinoamericano: Por el contrario, propone más bien afirmar la existencia de continuidades con el proceso previo, a partir del cual ella se forjó. En este sentido, trabaja la relación que tuvo la reconceptualización con la Guerra Fría, indagando sobre el movimiento reconceptualizador como parte de una gran ideología que influía las relaciones sociales, políticas y culturales de toda esa época.

El siguiente artículo, proveniente de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de la Frontera, tiene como objetivo contribuir al rescate de la memoria profesional del Trabajo Social en Chile en el contexto del gobierno militar. Esta exploración resulta muy significativa dado el momento histórico que vive actualmente la sociedad chilena, que conmemora los 40 años desde el golpe militar que instaló el mencionado régimen. El artículo propone reconocer la memoria como parte integrante del acervo disciplinario de la historia profesional del Trabajo Social.

Con este propósito, involucró en su investigación de campo a docentes, estudiantes y profesionales en ejercicio durante el período en estudio, para quienes se diseñaron y aplicaron guiones de entrevista biográfica diferenciados conforme al rol declarado por cada uno de ellos. Paralelamente, el estudio incluye la revisión documental en escuelas universitarias tradicionales y archivos de fundaciones e instituciones vigentes de la época, logrando una contextualización histórica para interpretar estas memorias personales. El análisis se realizó en función de las categorías propuestas por Stern (1998) reconociéndose cuatro memorias emblemáticas del trabajo social chileno para el período septiembre 1973 marzo 1990. El artículo es una contribución para entender el rol sociopolítico que han jugado

las escuelas de Trabajo Social y nos desafía a pensar su incidencia pública a futuro.

Por último, el artículo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reflexiona sobre la situación de calle que afecta a niños, niñas y adolescentes, lo que se ha convertido en un tema de política pública relativamente reciente en el país. Las autoras contribuyen al diseño de intervención social en esta población mejorando la línea base con que cuenten los programas, especialmente respecto a la situación de entrada de los niños, niñas y adolescentes que participan en ellos. Al respecto, proponen la utilización del Modelo de Estrés Modificado –propuesto por la Organización Mundial de la Salud y utilizado por más de 10 años y en más de 20 países (W.H.O., 2000)– el cual entrega información concreta y completa sobre la situación de esta población. Los componentes de esta información incluyen variables mínimas que están orientadas tanto a problemas y carencias de este grupo de la población –deserción escolar, consumo de drogas y alcohol, conductas delictuales, desvinculación familiar, etc.– como también a factores protectores o fortalezas –muchas veces desconocidas– y que, sin embargo, también están presentes en esta población de riesgo. Este instrumento facilita la planificación, seguimiento y evaluación del trabajo que se realiza con estos niños, niñas y adolescentes. Prueba de ello es su inclusión como una de las tres bases que sustentan el “Programa Piloto de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle” dentro del programa Chile Solidario, a partir del año 2012.

Los cinco artículos seleccionados constituyen una gran contribución a la reflexión disciplinaria del Trabajo Social y al mejoramiento de algunas áreas de políticas públicas en Chile. Difundir estos aportes ha sido una orientación permanente de nuestra revista. Quisiéramos, por lo tanto, dejar abierta la convocatoria a los cuerpos académicos de las escuelas de Trabajo Social de todas las universidades del país, para mantener este intercambio de hallazgos de investigación. Como la edición de este número nos muestra, ellos reflejan las preocupaciones y aprendizajes colectivos que permiten enriquecer el quehacer disciplinario, así como también nuestro aporte a las políticas públicas y demandas sociales del país.

Guillermo Wormald Delpiano Director Escuela de Trabajo Social 7

ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 9-18

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas. Aspectos estructurales y funcionales 1

Social support networks in Chilean elderly: structural and functional aspects Lorena Gallardo-Peralta Asistente social, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Trabajo Social. Departamento de Filosofía y Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Tarapacá. Dirección postal: Avda. 18 de Septiembre 2222, Arica, Chile.

Correo electrónico: lgallardo@uta

Resumen Las redes de apoyo social son relevantes para afrontar los diversos problemas propios de la vejez.

El bienestar de los adultos mayores supone contar con sólidas redes de apoyo social que den respuesta a sus necesidades específicas. El siguiente estudio tiene como objetivo describir, en términos estructurales y funcionales, las redes de apoyo social en una muestra representativa de adultos mayores residentes en la región de Arica y Parinacota. Los resultados indican redes sociales pequeñas en su tamaño, de composición principalmente familiar, con una alta frecuencia del contacto y con indicadores positivos de satisfacción con los vínculos sociales. Son redes funcionales, al otorgar apoyo emocional, informacional e instrumental, observándose una complementariedad entre redes familiares y no familiares. El apoyo social ha de incorporarse como una estrategia de intervención para el logro del bienestar en la vejez.

Palabras clave. Apoyo social; envejecimiento; bienestar.

Abstract Social support networks are key factors to address the various problems of aging. The well-being of older adults implies the existence of strong social support networks matching their specific needs. The present piece of research aims to describe social networks, in terms of structural and functional dimensions in a representative sample (n = 493) of older adults living in the region of Arica and Parinacota. We performed a descriptive analysis of the data. The results show social networks are small in their size, and focused on the family group, with a high frequency of contact and positive indicators of satisfaction with social ties. They are functional networks, by providing emotional, informational, and instrumental support, showing a complementarity between familiar and non-familiar networks. Given our results, the utility of incorporating social support in our interventions for achieving well-being in old age is discussed.

Key words. Social support; aging; well-being.

Introducción El apoyo social hace referencia al grado en que las necesidades sociales básicas, tales como la afiliación, el afecto, la pertenencia, la seguridad y la aprobación, son satisfechas a través de la interacción con otros (Thoits, 1986). Se trata de un proceso psicosocial ampliamente investigado en las últimas décadas, dado su papel en el afrontamiento de crisis vitales y situaciones de necesidad. Esto es

especialmente cierto, tal como se verá a continuación, en el caso de la vejez. Por ello, el siguiente artículo tiene como objetivo describir las redes de apoyo social en adultos mayores chilenos, y en concreto en la región de Arica-Parinacota, en el extremo norte del país.

Cuando se habla del apoyo social se debe tener en cuenta la distinción entre los aspectos estructurales (es decir, cómo se modelan y organizan

1 Esta investigación ha sido posible gracias al programa de Becas Chile de CONICYT.

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Lorena Gallardo-Peralta

las relaciones sociales) y los aspectos funcionales (ayuda emocional, informacional e instrumental).

Como afirma Thoits (2011), el apoyo social alude principalmente a los aspectos funcionales. En otras palabras, a las manifestaciones de amor, cariño, aprecio, valoración, simpatía; a la provisión de recomendaciones, consejo o guías que pueden ayudar a la persona a resolver problemas; y a la prestación de ayuda material directa o servicios para resolver problemas prácticos o bien realiza tareas cotidianas. En este sentido, retomando la clásica definición de Cobb (1976), el apoyo social es la información que lleva al sujeto a creer que cuidan de él y es amado, que es estimado y valorado, y que pertenece a una red de comunicaciones y obligaciones mutuas.

El apoyo social es un recurso psicosocial relevante en la resolución de los conflictos o crisis propias del ciclo vital (Uchino, 2009). Pero pareciera ser que en la vejez, las redes sociales cumplen un rol de protección más notorio. Ya advierten Huenchuan y Sosa (2000) que durante la vejez las personas han de enfrentar problemas económicos ya que, las pensiones no logran muchas veces satisfacer adecuadamente las necesidades; igualmente, los sistemas de protección social suelen ser limitados, especialmente en el área de salud. Frente a estas problemáticas, la redes sociales familiares, de amistades y comunitarias se estructuran como un apoyo principal en las personas mayores. Dicho en otras palabras, el apoyo social durante la vejez representa una fuente relevante de cuidado personal y de bienestar (Chappell y Funk, 2011; Litwin y Landau, 2000).

Junto con la provisión de una estructura de protección durante la vejez, el apoyo social se relaciona con el bienestar integral de las personas mayores.

En esta línea, diversos estudios comprueban la incidencia positiva del apoyo social en el bienestar general de las personas mayores, ya sea en la salud física (Bozo y Guarnaccia, 2010; Hawton et al, 2011; Uchino, 2006, 2009), la salud mental (Altintas, Gallouj y Guerrien, 2012; Julien et al, 2013; Robitaille, Orpana y McIntosh, 2012), satisfacción vital (Bishop, Martin y Poon, 2006; Inga y Vera, 2006), bienestar psicológico (Liang, Krause y Bennett, 2001; Phillips, Siu, Yeh y Cheng, 2008) y calidad de vida (Herrera, Barros y Fernández, 2011; Theeke, Goins, Moore y Campbell, 2012). Por el contrario, contar con escasas redes de apoyo social se asocia con mayores indicadores de vulnerabilidad o riesgo general en las personas mayores (Andrew, Mitnitski y Rockwood, 2008; Luo, Hawkley, Waite y Caccioppo, 2012; Melchiorre et al, 2013). En otras 10

palabras, la evidencia empírica confirma la relación positiva entre contar con redes de apoyo social y el bienestar en las personas mayores.

En los estudios sobre aspectos estructurales de las redes de apoyo social y bienestar en personas mayores, destaca el elemento de la frecuencia del contacto y su impacto en la satisfacción con las relaciones sociales establecidas, a la vez que la repercusión de estas variables en el bienestar de los adultos mayores. Por ejemplo, el clásico estudio de Antonucci (1981), confirma que una mayor frecuencia de contactos se asocia con mayores puntuaciones en bienestar, felicidad y satisfacción vital. Como se indicaba, el impacto de la frecuencia de contactos se considera para evaluar los niveles de satisfacción con los vínculos establecidos (Antonucci y Akiyama, 1987; Cruza-Guet, 2008). En Chile, el estudio realizado por Herrera, Barros y Fernández (2011) pone de manifiesto que una valoración positiva de las relaciones sociales incide en la calidad de vida de los adultos mayores.

Como se advertía, las redes de apoyo social son indispensables para afrontar las diversas crisis del ciclo vital. Para dar respuesta a los constantes cambios en las necesidades de los sujetos, las redes son dinámicas y actúan como mecanismos abiertos en constante proceso de construcción y reconstrucción (Dabas, 1993). Tal como advierte Sluzki (1996), durante la niñez las redes experimentan una etapa de expansión, y contracción en la vejez. En este sentido, el autor reconoce tres factores que inciden en esta contracción de las redes sociales. Por una parte, influye la muerte, migración o debilitamiento de los miembros lo que reduce los vínculos existentes. Por otro lado, se observa una disminución progresiva de las oportunidades y de la motivación para establecer nuevos vínculos. Finalmente, las personas mayores experimentan un decrecimiento de la energía necesaria para mantener activos los vínculos, lo que disminuye la posibilidad de conservar la red social.

Pese a que la tendencia sea hacia la disminución del tamaño de la red de apoyo, se observa que los denominados “vínculos significativos” se mantienen intactos (Antonucci y Akiyama, 1987; Bowling, Farguhar y Grundy, 1991; Lang y Carstensen, 1994).

Se confirma la tesis de la selectividad emocional de Carstensen, Isaacowitz y Charles (1999), quienes plantean que la reducción de los contactos sociales en la vejez es altamente selectiva: se sacrifican los contactos superficiales o periféricos y se intenta mantener los más cercanos o significativos, lo que proporciona a la persona una mayor recompensa emocional. Esta hipótesis debe ser considerada en

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas. Aspectos estructurales y funcionales

el contexto propio del envejecimiento, que supone un declive del tamaño de la red por la muerte de los pares en términos de edad (amigos/as, hermanos/ as, pareja, etc.).

Otra característica de la redes de apoyo social en la vejez es su predominante composición familiar. En este sentido, recientes estudios internacionales confirman la supremacía del apoyo familiar en la vejez (Chappell y Funk, 2011; Melchiorre et al, 2013; Thanakwang & Soonthorndhada, 2011). Situación que se reproduce en la realidad de las personas mayores chilenas (Arechavala y Miranda, 2002; Barros, Forttes y Herrera, 2006; Gallardo, 2012; Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca, 2003; Herrera y Kornfeld, 2008). Al respecto, Bazo (2008) afirma que la familia es la institución social fundamental en el apoyo a las personas mayores, puesto que sus funciones están asociadas al intercambio de bienes y servicios (como el cuidado entre generaciones), lo que demuestra que en sociedades contemporáneas se mantiene la solidaridad familiar intergeneracional. Por otra parte, organismos como Help Age International (2002) defienden la idea de que el apoyo familiar continúa siendo la estrategia de sobrevivencia más utilizada por la mayoría de las personas mayores en el mundo, ya sea en contexto de familias extensas o en la co-residencia de padres con hijos adultos.

Este artículo tiene como objetivo caracterizar las redes de apoyo social de los adultos mayores chilenos, tanto en sus aspectos estructurales como funcionales. El supuesto es que las redes de apoyo social en los adultos mayores chilenos son pequeñas en su tamaño, de composición preferentemente familiar, con una alta frecuencia en el contacto, con altos indicadores de satisfacción en las relaciones sociales establecidas y funcionales al recibir los tres tipos de apoyo social.

muestra femenina es mayor. Es importante señalar que se contactaron 500 personas mayores, de las cuales solo 7 se reusaron a contestar, por desinterés en el tema o por desconfianza.

En cuanto a sus características fundamentales, el 86% de las personas incluidas en la muestra tenía entre 60 y 79 años de edad (edad media de 71,47 años). El 67% eran mujeres y el 51% tenía estudios básicos. En cuanto al estado civil, la mayoría de la muestra tenía pareja (54%), ya sea en matrimonio o en convivencia. De aquellos que no contaban con pareja, la mayoría era viudo/a (25% de la muestra).

Se trata de una muestra que incluye tanto a personas residentes en zonas urbanas (86%) como en zonas rurales de valles precordilleranos y en zonas altiplánicas. El 30% pertenecía a una etnia originaria chilena, siendo la aymara la más frecuente (85% de los casos). Finalmente, es una muestra con alta participación en organizaciones comunitarias, el 60% dice participar en un club de adultos mayores y un 51% en agrupaciones religiosas.

TABLA 1.

Características de la muestra Frecuencia N (%) Edad (por grupos)

60 - 69 años 70 - 79 años 80 - 89 años 90 y más años

207 (42%) 216 (44%) 63 (13%) 7 (1%)

Sexo

Mujer Hombre

330 (67%) 163 (33%)

Escolaridad

Sin studios Educación básica Educación media Educación superior

48 (10%) 251 (51%) 128 (26%) 66 (13%)

Estado conyugal

Casado/a Coviviente Soltero/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a de hecho

243 (49%) 22 (5%) 52 (11%) 123 (25%) 53 (10%)

Localidad en la que reside

Urbana (ciudad de Arica) Rural (Codpa y poblados cercanos) Altiplánico (Putre, Socoroma u otro)

425 (86%)

Pertenece a etnia originaria chilena

Sí pertenece No pertenece

147 (30%) 346 (70%)

Participación comunitaria

Club de adultos mayores Agrupaciones religiosas

295 (60%)

Método Muestra Se trata de un estudio de corte transversal, con una muestra conformada por 493 personas mayores chilenas que residen en la región de Arica y Parinacota.

Se trata de una muestra representativa de la población de adultos mayores residentes en la región, con un margen de error del 4.4% para un nivel de confianza del 95%. Para asegurar la representatividad, se recurrió a un muestro estratificado por sexo, etnia y lugar de residencia (rural y urbano). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres es mayor en Chile, por ello la

17 (3%) 51 (11%)

250 (51%)

11

Lorena Gallardo-Peralta

Procedimiento La aplicación del cuestionario se realizó a través de entrevista personal. Para realizar el estudio se siguieron dos estrategias. Por un lado, para la aplicación en la zona urbana se estableció contacto con la institución gubernamental de personas mayores (Servicio Nacional de Adultos Mayores), que facilitó la aplicación de los cuestionarios y aportó información de las principales agrupaciones de personas mayores en la ciudad. Por otro lado, la aplicación del cuestionario en las zonas rurales/altiplánicas supuso afrontar grandes dificultades, como el difícil acceso a los poblados (por no contar con carreteras asfaltadas) o la existencia de horarios restringidos de luz pública y en los hogares (por tanto con horarios restringidos de aplicación). En el caso específico de localidades altiplánicas se añaden las dificultades que el entrevistador pueda presentar en términos físicos (por la altitud geográfica) y los rasgos culturales de desconfianza al extraño, siendo imprescindible contar con el apoyo de un agente social de la zona. Por todos esos motivos, en las zonas rurales (Valle de Codpa) y altiplánicas (Putre y Socoroma) se contactaron agentes sociales claves. En el Valle de Codpa se contactó con el párroco del poblado y la presidenta del Club de Adultos Mayores. El cuestionario se aplicó en las dependencias de la Junta de Vecinos y asimismo se realizó un puerta a puerta por el pueblo. Un procedimiento similar se realizó en las zonas altiplánicas de Putre y Socoroma, en las que se localizó al párroco de Putre y a dirigentes de agrupaciones de personas mayores, aplicándose los cuestionarios en una reunión convocada por los dirigentes en cada localidad y en los domicilios.

Instrumentos INVENTARIO DE RECURSOS SOCIALES EN PERSONAS MAYORES (IRS) de Díaz Veiga (1987).

Se trata de una escala que mide aspectos estructurales de las redes sociales (tamaño y frecuencia de contactos), funcionales (apoyo emocional, instrumental e informacional) y la satisfacción subjetiva con las relaciones. En concreto, a través de la aplicación de este cuestionario se consideraron cuatro fuentes informales, a saber, cónyuge, hijos, otros familiares y amigos. Es importante resaltar que este instrumento fue diseñado específicamente para población geriátrica, motivo por el cual es ampliamente recomendado en la bibliografía sobre adultos mayores (Fernández-Ballesteros, 2000). El índice de consistencia interna (alpha de Cronbach) fue de 0,81.

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CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (CASP), de Gracia, Herrero y Musitu (2002). A través de esta escala se evalúan las dimensiones de apoyo emocional, consejo y ayuda, y la reciprocidad en el apoyo con respecto a cada fuente. Ofrece también una puntuación total para el apoyo funcional y la reciprocidad en el apoyo, así como el número de los componentes de la red del apoyo.

Este instrumento permite además obtener puntuaciones separadas para las distintas fuentes de apoyo social. En nuestra investigación, las fuentes consideradas fueron las siguientes: cónyuge, hijos, otros familiares y amigos. El índice de consistencia interna (alpha de Cronbach) fue de 0,93. Se trata de un instrumento ampliamente utilizado en población de habla hispana, habiendo sido validado en distintos contextos (residencial, general, hospitalario) (Herrero & Gracia, 2005).

Ambos instrumentos son ampliamente utilizados en la medición del apoyo social. En cierta medida valoran aspectos comunes, si bien presentan importantes diferencias. El IRS es específico para personas mayores. En lo que respecta a las fuentes informales, el propio cuestionario las propone (cónyuge, hijos, otros familiares y amigos) y evalúa en ellas la interacción en términos de frecuencia del contacto y la satisfacción con esta relación social. En tanto, el CASP evalúa las redes significativas que son nombradas por la personas, es decir, deja abierta la opción a nombrar a familiares o amistades en la provisión de apoyo social. Lo interesante de este cuestionario es que además de valorar el apoyo social percibido, evalúa la reciprocidad del apoyo. En resumen, se trata de dos instrumentos que muestran una complementariedad notable, permitiendo una evaluación integrada de las diversas dimensiones y los distintos procesos que constituyen el apoyo social.

Análisis de los datos El análisis de datos se realizó a través de los programas SPSS (versión 19). Al tratarse de una caracterización de las redes de apoyo social en las personas mayores, se utilizaron técnicas estadísticas de carácter descriptivo (distribución de frecuencias, media, desviación típica y prueba t de Student). De esta manera, se describen los siguientes elementos estructurales: tamaño y composición de la red, frecuencia del contacto y satisfacción con el apoyo social percibido. Además, los elementos funcionales de las redes: apoyo emocional, apoyo informacional y apoyo instrumental.

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas. Aspectos estructurales y funcionales

Resultados Caracterización estructural de las redes de apoyo en adultos mayores La tabla 2 da cuenta de los datos descriptivos del tamaño de la red significativa de los adultos mayores.

Esta red significativa hace alusión a quién acudiría en caso de necesitar apoyo emocional (compartir sentimientos o en caso de encontrase deprimido o con problemas personales), informacional (toma de decisiones, consejo o sugerencias útiles para la resolución de problemas) e instrumental (ayuda por motivos de enfermedad, préstamos de dinero o cuidado de la casa). La media del tamaño de la red es de 2,09, con una desviación típica de 1,2. El número máximo de miembros significativos mencionados es de 8 y solo dos personas declaran no contar con redes significativas.

Tabla Nº 3 Frecuencia de la interacción, según fuentes informales

tabla Nº 2 Tamaño de la red significativa

Tamaño

La tabla 3 muestra la frecuencia con los contactos sociales. En este sentido, ya no nos referimos solo a los miembros de la red significativa, sino más bien a las redes informales habituales en la interacción social de las personas mayores (cónyuge, hijos, familiares, amigos, vecinos y compañeros de agrupación). En términos generales, las personas mayores tienen una alta frecuencia del contacto con sus redes informales. Cuando analizamos la categoría de contactos frecuentes (1 vez a la semana o más), los más frecuentados son el cónyuge o pareja (86%), los vecinos (63%) y los hijos/as (62%). Sin embargo, igualmente son habituales los contactos con las amistades y el resto de familiares, destacando el hecho de que los compañeros de agrupación ocupan el cuarto lugar en los más frecuentados (55%).

Media

Desv.típ.

Moda

2,09

1,221

1

En la figura Nº 1 se muestra la composición de la red significativa. En este sentido, el 87% declara tener redes conformadas exclusivamente por familiares. Este dato se desagrega en que el 61% declara que se componen de miembros de la familia nuclear, el 9% son miembros de la familia extensa (principalmente hermanos, nietos, nuera o yerno, hermanos, etc.) y el 17% son familia nuclear y extensa. Destaca el hecho de que el 6% solo nombra amigos como redes significativas, y el 7% menciona a familiares y amistades.

FRECUENCIA CONTACTO 1 vez a la semana o más

1ó2 veces al mes

FIGURA Nº 1 Composición de la red significativa

Red de amistades

6%

Red de familiares y amigos

7%

Red de familia extensa

9%

Red de familia nuclear y extensa Red de familia nuclear

Menos de 1 vez al mes

,17% 61%

MIEMBRO

PORCENTAJE

Cónyuge

86%

Vecinos

63%

Hijos

62%

Compañeros

55%

Amigos

51%

Familiares

41%

Familiares

33%

Hijos

27%

Amigos

26%

Compañeros

23%

Vecinos

13%

Cónyuge

5%

Familiares

26%

Vecinos

24%

Amigos

23%

Compañeros

22%

Hijos

11%

Cónyuge

9%

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Lorena Gallardo-Peralta

En la tabla 4 se analiza la satisfacción con las relaciones sociales. Se advierte en términos generales un alto nivel de satisfacción con las diversas relaciones informales establecidas por parte de los adultos mayores de la muestra. Destaca el hecho de que los mejores evaluados son los miembros de la familia nuclear. En este sentido, las relaciones más satisfactorias son las establecidas con los hijos/as (81%), seguido del cónyuge o pareja (76%).

Como se aprecia en la tabla, todos los vínculos están por encima del 50% de satisfacción, pero nuevamente destaca el hecho de que los compañeros de agrupación ocupen el tercer lugar en las relaciones más satisfactorias (67%). Al analizar las evaluaciones negativas o de insatisfacción, los porcentajes no sobrepasan el 4%.

Tabla Nº4 Satisfacción de la relación, según fuentes informales

Cónyuge

Hijos

Familiares

Amigos

Vecinos

Compañeros

Tabla Nº 5 Tipos de apoyo social, según fuentes informales Miembro Red

A. Emocional

Porcentaje

Hijos

92%

Cónyuge

88%

Familiares

84%

Amigos

68%

Buena

76%

Compañeros

57%

Normal

20%

Vecinos

37%

Mala

4%

Amigos

78%

Buena

81%

Cónyuge

48%

Normal

18%

Hijos

45%

Compañeros

26%

Familiares

22%

Vecinos

12%

Vecinos

66%

Compañeros

44%

Amigos

38%

Hijos

27%

Mala

1%

Buena

59%

Normal

39%

Mala

2%

Buena

57%

Normal

42%

A. Instrumental

Mala

1%

Buena

50%

Normal

48%

Cónyuge

25%

Mala

2%

Familiares

24%

Buena

67%

Normal

33%

Mala

Caracterización funcional de las redes de apoyo en adultos mayores La tabla Nº 5 nos permite hacer un análisis separando las distintas funciones del apoyo, según fuente informal. En lo que respecta al apoyo emocional, la principal fuente emisora de este tipo de apoyo es la familia, encabezada por la figura de los hijos (92%), seguida por el cónyuge o pareja (88%) y el resto de familiares (84%). Referente al apoyo informacional, es otorgado principalmente por no familiares.

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Quienes lideran la entrega de este tipo de apoyo son los vecinos (66%), seguidos por los compañeros de agrupación (44%) y los amigos (38%). Finalmente, el apoyo instrumental es entregado por amistades y familiares. Destaca el hecho de que los amigos son los principales emisores en este tipo de apoyo (78%) y luego se nombra a miembros de la familia nuclear (cónyuge o pareja en el 48% de los casos y los hijos/as en el 45% de los casos).

A. Informacional

Dada la relevancia del género se comprobó la existencia de diferencias estadísticamente significativas en todas las variables estructurales y funcionales analizadas, pero solo se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia del contacto (t=2,642; p=0,008), que es mayor en el caso de las mujeres.

Discusión Este estudio muestra adultos mayores altamente integrados a redes de apoyo social. Se confirma la tesis de que las personas mayores no se encuentran aisladas, abandonadas o bien no integradas socialmente, sino que por el contrario, la mayoría de ellas

Redes de apoyo social en personas mayores chilenas. Aspectos estructurales y funcionales

pertenece a sólidas redes sociales (Chappell y Funk, 2011). La familia es la red más recurrente en la vejez. Como muestran los resultados, la composición de las denominadas redes significativas es particularmente familiar, y la familia sigue siendo el gran sustento emocional de los adultos mayores. Pero los resultados muestran que los amigos, vecinos y compañeros de agrupación igualmente son actores relevantes en la entrega de apoyo social en las personas mayores. Frente a lo cual nos encontramos con la denominada red de apoyo local integrada (Scott y Wenger, 1996), compuesta por relaciones estrechas con familiares, amigos y vecinos de la localidad. Suelen ser personas mayores con una participación activa en la iglesia u otras organizaciones de carácter comunitario.

Los aspectos estructurales de las redes en las personas mayores chilenas no difieren mayormente de las tendencias internacionales. En lo que refiere al tamaño de las redes sociales de apoyo, estas tienden ser pequeñas, pero manteniendo los contactos significativos (Antonucci y Akiyama, 1987; Bowling, Farguhar y Grundy, 1995; Carstensen, Isaacowitz y Charles, 1999; Lang y Carstensen, 1994). En términos de tamaño se advierten redes significativas pequeñas (media de 2,09 personas), pero según el nivel de evaluación son redes efectivas en su rol de proveer apoyo social en sus distintas funciones.

La composición de la red significativa, es decir, a quién o quienes acudiría la persona mayor para el afrontamiento de situaciones problemáticas es primordialmente familiar. Esto concordante con la evidencia empírica (Bazo, 2008; Chappell y Funk, 2011; Herrera y Kornfeld, 2008; Melchiorre et al, 2013; Thanakwang & Soonthorndhada, 2011). Sin embargo, cuando se amplía la red social a otros miembros que participan o bien apoyan a las personas mayores en la resolución de problemas cotidianos, aparecen miembros no familiares, tales como los vecinos, los amigos y los compañeros de agrupación. Lo que es positivo en términos de la conformación de una red heterogénea, no solo centrada en la familia. El beneficio de una red social heterogénea en las personas mayores es la posibilidad de ser más efectiva en la entrega de los distintos tipos de apoyo social (Fiori, Antonucci y Cortina, 2006). Incluso autores del área de la salud mental, comprueban que una red social más diversa en su composición actúa como mecanismo amortiguador frente al desarrollo de síntomas depresivos (Dean, Kolody y Wood, 1990). Igualmente, ha de tenerse en cuenta que el apoyo social entregado por no familiares es complementario al familiar. En este

sentido Larson, Mannell y Zuzanek (1986) plantean que el apoyo de amistades ofrece un espacio distinto al familiar, de mayor apertura, reciprocidad y retroalimentación positiva.

La frecuencia del contacto resulta ser una variable estructural central en las personas mayores. Los resultados de este estudio muestran una alta frecuencia del contacto. Ello encuentra una explicación en la hipótesis de movilización de la red de apoyo en situaciones de necesidad, en este caso las problemáticas propias de la vejez (principalmente de salud). En otras palabras, a medida que se cumplen más años y se produce un mayor declive funcional, aumenta el apoyo social percibido o bien dicho aumentan las interacciones sociales de apoyo, ya sea de familiares y no familiares (Kahn y Antonucci, 1984). Interesante es el dato que indica que tras el cónyuge o pareja, son los vecinos las personas más frecuentadas por los adultos mayores. Lo que puede explicarse, como argumenta Cantor (1975) que los vecinos son un apoyo relevante antes en situaciones cotidianas, dada su disponibilidad física.

Las personas mayores no solo presentan indicadores positivos en términos de frecuencia con sus contactos sociales, sino que además presentan altos indicadores de satisfacción con las relaciones sociales establecidas. Ambas dimensiones estructurales están íntimamente relacionadas (Antonucci y Akiyama, 1987; Cruza-Guet, 2008).

Que las personas mayores muestren altos indicadores de satisfacción con sus vínculos sociales, ya sea cónyuge o pareja, hijos/as, familiares extensos, amistades, etc. tiene una repercusión directa en la percepción de sus calidad de vida (Herrera, Barros y Fernández, 2011).

Las redes de apoyo social en las personas mayores son funcionales. Ello porque desde el punto de vista emocional, cumplen su rol de proveer de afectos, emociones, sentimientos de ser querido, cuidado, valorado y respetado (Gracia, Herrero y Musitu, 2002). Al tratarse de un espacio de mayor intimidad y confianza se puede explicar su carácter familiar, siendo los hijos, seguidos del cónyuge o pareja y los familiares extensos, sus principales emisores (Domínguez, 1991; Krause, Liang y Keith, 1990). Desde un punto de vista informacional, las personas mayores dicen recibir consejos o guías relevantes para la resolución de conflictos. En este sentido, destaca la figura de las fuentes no familiares, en especial los vecinos (Vera y Sotelo, 2005).

Ya se advertía que la disponibilidad y accesibilidad física contribuye a que estas fuentes sean indispensables para el apoyo ante dificultades cotidianas.

15

Lorena Gallardo-Peralta

Igualmente las redes son funcionales en la entrega del apoyo instrumental, es decir, en la prestación de ayuda material directa o servicios para facilitar las tareas cotidianas. No es de extrañar que en este tipo de apoyo en la vejez se observe una mayor complementariedad entre las redes familiares y las no familiares (Larson, Mannell y Zuzanek, 1986), nuevamente por la tesis de la movilización de la red frente al deterioro funcional de la persona mayor.

Este estudio muestra indicadores positivos o bien factores protectores en la vejez, al mostrar a personas mayores con redes sociales que estructural y funcionalmente contribuyen a su bienestar. No se debe perder de vista que las características de la muestra inciden en este favorable panorama social.

Por una parte se trata de una muestra joven dentro de las personas mayores (el 86% tiene menos de 80 años), la mayoría se encuentra casado o con pareja (54%) y un alto porcentaje participa en agrupaciones comunitarias (60% en un club de adultos mayores y un 51% en un grupo de iglesia). De aquí se desprende quizás una de las limitaciones del estudio: investigó a personas mayores de edad más avanzadas, sin redes familiares conyugales y que no participen activamente en redes de carácter comunitario o a adultos mayores institucionalizados. Sería también interesante investigar el papel del apoyo social en personas mayores con enfermedades crónicas y/o cuyas características generen situaciones de dependencia, ya que las características y la movilización de las redes de apoyo social pueden adaptarse a dicha situación, mostrando dinámicas diferentes a las analizadas en este artículo.

Los datos en general son interesantes para las diversas disciplinas de las ciencias sociales. Desde el trabajo social, este estudio muestra la relevancia de incluir en el diagnóstico, diseño y evaluación de los planes o proyectos de intervención social la vinculación de las personas mayores con sus respectivas redes sociales, ya sean familiares o comunitarias. Pero quizás la relevancia social de esta investigación es corroborar que el “apoyo social” es un recurso y estrategia de intervención que nos permite mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. En otras palabras, el apoyo social desde la intervención, brinda oportunidades para potenciar las redes sociales existentes, permite la reconstrucción e incorporación de vínculos relevantes para envejecer con éxito, otorga un espacio de participación en actividades sociales y comunitarias, permite al adulto mayor permanecer en sus hogares (evita la institucionalización) y promociona la salud física y mental.

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 19-30

Derechos humanos en la Región de Atacama: migraciones y medio ambiente Human Rigths in the Region of Atacama; Migration and Environment A todo esto, ¿qué fue de los derechos humanos? Ofrezco la palabra.

Mucho se habla de los derechos humanos. Poco, casi nada, de los deberes humanos. Primer deber humano: respetar los derechos humanos.

(Nicanor Parra, 2000).

Cory Duarte Asistente social, licenciada en Trabajo Social y máster en Trabajo Social Comunitario, máster en Estudios Feministas, máster en Inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias y doctoranda en Trabajo Social. Es Directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama. Su email es cory.duarte@uda.cl]

Alfredo García Sociólogo, licenciado en Sociología. Magíster en Antropología y Desarrollo. Es Académico del Departamento de Trabajo Social, de la Universidad de Atacama.

Resumen El Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo el primer estudio de la situación de los derechos humanos en la región, con la finalidad de tener una aproximación diagnóstica en dos temáticas específicas: migraciones y medio ambiente.

La investigación, realizada a finales de 2012 y principios de 2013, de tipo exploratorio-descriptivo, utilizó un enfoque metodológico cualitativo, en el que, a través del análisis de fuentes documentales, observación participante y entrevistas en profundidad, se logró un diagnóstico sobre la situación de vulneración de derechos de las personas migrantes en Atacama en áreas como empleo, vivienda, salud y educación. También se catastraron los problemas medioambientales que afectan a las comunidades de la región.

Palabras claves. Derechos humanos –migraciones– medioambiente.

Abstract The Department of Social Work at the University of Atacama, in alliance with the National Human Rights Institute conducted the first study on the situation of human rights in the region, in order to have a diagnostic approach in two specific areas: migration and Environment.

The research conducted in late 2012 and early 2013, exploratory-descriptive, used a qualitative methodological approach, which through analysis of documentary sources, participant observation and interviews, it was possible an assessment of the situation violation of rights of migrant people in Atacama in areas including employment, housing, health and education, and also identified environmental issues affecting communities in the region.

Key words. Human Rights –migration– environment.

Introducción El presente artículo versa sobre la situación de los derechos humanos en la región de Atacama en dos temáticas específicas: migrantes y medio ambiente.

El diagnóstico se realizó gracias a la firma de un convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama,

en el cual se establecieron las áreas de acción, entre las que se incluyó el levantamiento de información respecto de la situación de los derechos humanos en la región, la asesoría jurídica y la promoción del respeto a los derechos fundamentales.

La idea de realizar una primera aproximación diagnóstica tenía por propósito identificar situaciones específicas de vulneraciones de derechos ocurridas 19

Cory Duarte / Alfredo García

en la región de Atacama. De esta forma, esta investigación recogió información respecto de la situación de la población migrante y del respeto al derecho a un medio ambiente libre de contaminación. En su elaboración se recurrió a un enfoque metodológico cualitativo en el que a través de entrevistas, observaciones y consulta de fuentes documentales se obtuvieron insumos sobre los diferentes problemas de derechos humanos en la región.

El artículo expone una breve referencia a la consideración de los derechos humanos como pilar fundamental en la construcción del proyecto ético político del trabajo social. Seguidamente se presenta la metodología de investigación, para luego dar cuenta de los resultados diagnósticos de este estudio. El documento finaliza con la recopilación de las conclusiones, haciendo especial hincapié en los desafíos que se presentan con posterioridad a la identificación diagnóstica, estableciendo algunas líneas de acción a seguir en la materia.

Derechos humanos y Trabajo Social La definición de Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2000), declara que los derechos humanos y la justicia social son principios de la profesión, relevando con esto su importancia en el proyecto ético-político del trabajo social. Reconocer lo anterior implica pensar los derechos consignados en la Declaración Universal como mínimos éticos en el desarrollo de los pueblos, constituyéndose en tanto “condiciones de posibilidad de realización y de transformación con vistas a conseguir una mayor justicia y solidaridad” (Fernández, Palacios y Cordero, 2006, p.07). Sin embargo, la concepción de derechos de la Declaración Universal resulta problemática en atención a los cuestionamientos sobre la visión universalista, burguesa, androcéntrica y eurocentrista contenida en ella; ante lo cual se hace necesario ligar la idea de dignidad humana con el reconocimiento de múltiples contextos, situados, fundados y multiculturales.

Así, la consideración de los derechos humanos como marco axiológico de intervención, praxis e investigación en trabajo social, implica adoptarlos en su complejidad e historicidad, facilitando, a través de ellos procesos de subjetivación de las personas y los pueblos, componente esencial del proyecto ético-político del trabajo social. Desde este marco, la consideración de los derechos humanos en las acciones transformadoras de los y las trabajadoras sociales implica la realización de investigaciones e intervenciones respetuosas de la diversidad, democráticas, situadas y críticas. Así, los derechos 20

humanos constituyen el guión emancipatorio de nuestra acciones, en torno a un “diálogo intercultural sobre la dignidad humana que eventualmente puede conducir a una concepción mestiza de los derechos humanos, una concepción que en lugar de recurrir a falsos universalismos, se organice como una constelación de significados locales” (Santos, 2002, p. 69-70).

Tomando en cuenta la concepción mestiza de los derechos humanos enunciada por De Sousa Santos, y sus significados locales, se dio curso a la investigación aquí presentada, cuyo objetivo central era realizar una aproximación diagnóstica respecto de la situación de los derechos humanos en la región de Atacama durante el segundo semestre de 2012, con especial énfasis en dos dimensiones de análisis: población migrante asentada en la región y población afectada por problemáticas medioambientales.

Metodología La investigación aquí presentada es de tipo exploratorio-descriptivo, pues respondía a la necesidad de introducirse en una temática no abordada en la región y de creciente interés para el Trabajo Social.

Brevemente mencionaremos que, para lograr conocer y comprender acerca del tema, se utilizó como base un enfoque metodológico cualitativo, a través del análisis de fuentes documentales, observación participante y entrevistas en profundidad. Se optó por este enfoque, por considerarse una perspectiva que genera conocimiento acerca de la realidad social, incorporando en las formas de conocer múltiples perspectivas eminentemente éticas y políticas (Tójar 2006, p. 145), con las que se pretende comprender una realidad múltiple, dinámica y holística.

Siguiendo esta línea, la investigación cualitativa construye conocimientos inclusivos, históricos, contextuales, provisionales, reflexivos, multimetódicos, sistemáticos, subjetivos y holísticos, lo cual potencia y enriquece los procesos de generación y búsqueda de conocimientos emprendidos desde las ciencias sociales, con la finalidad de comprender, investigar (para transformar) interpretar y reflexionar, realidades de características diversas y divergentes.

Respecto al diseño muestral, las dimensiones de análisis fueron abordadas atendiendo a su especificidad. En el caso de la situación de la población migrante asentada en Atacama, se recurrió a un muestreo no probabilístico por casos-tipo. Conforme avanzaba el análisis de los datos, se utilizó una muestra en cadena o por redes (“bola de nieve”), lo que permitió que las unidades de estudio fueran otorgando información relevante para la in-

Derechos humanos en la región de Atacama: Migraciones y Medio Ambiente

vestigación. En relación al número de entrevistas, se realizaron ocho entrevistas en profundidad a personas migrantes y cinco a actores claves.

En relación al tema medioambiental, se triangularon análisis documentales de fuentes secundarias y análisis de caso con observaciones y entrevistas en dos comunas específicas. Las comunas seleccionadas para realizar el análisis de caso fueron Huasco y Freirina, elección que surgió debido a la presentación durante el año 2012 de dos conflictos socioambientales específicos y de gran impacto: la instalación y funcionamiento de la planta de procesamiento de cerdos de Agrosuper y la termoeléctrica Guacolda. Tales casos representan dos ejemplos concretos de las vulneraciones de derechos humanos relacionados con el medio ambiente localizados en la región de Atacama.

Respecto de las entrevistas se utilizó una muestra no probabilística por casos-tipo, con identificación de actores claves. De esta forma, se realizaron doce entrevistas en profundidad a autoridades comunales, dirigentes sociales y funcionarios públicos de Huasco y Freirina. Cabe señalar que en esta área de estudio se sumó como técnica de recolección de información la utilización de observación participante en el caso del conflicto de Freirina y Huasco, mediante un observador exógeno.

El análisis de los datos se realizó mediante el procedimiento de inducción analítica. El corpus de análisis comprendió entrevistas, notas de campo de las observaciones y fuentes secundarias. Este procedimiento requirió en una primera instancia de una codificación abierta que identificara las categorías relevantes y las irrelevantes. En un segundo momento se realizó una codificación secundaria que estableció las relaciones entre las categorías emergentes, para pasar a la tercera etapa de definición de las categorías principales y secundarias que dieran cuenta de los objetivos de esta investigación.

La temporalidad de la recolección de datos tenía relación con un diseño transversal que se extendió desde octubre de 2012 hasta enero de 2013.

Resultados de la aproximación diagnóstica: Situación de los derechos humanos en Atacama En los siguiente párrafos se presentan de forma acotada las principales situaciones relacionadas con la vulneración y atropello de los derechos humanos en la región, considerando las dimensiones antes señaladas, y realizando en cada una de ellas una breve exposición de la temática y un relato en el cual se resumen los principales elementos diagnósticos

recopilados por el equipo de profesionales y estudiantes de las carreras de trabajo social y derecho de la universidad de Atacama.

Situación de los derechos humanos de la población migrante en Atacama Uno de los temas más gravitantes en materia de Derechos Humanos es el de las migraciones y la movilidad de personas, fenómeno que ha sido poco estudiado en el contexto local, por lo que de información sistematizada respecto de la realidad de las personas migrantes y sus familias en Atacama. La poca información disponible corresponde a datos demográficos censales y registros de otorgamiento de visas de las instituciones encargadas de esta labor.

Si tuviéramos que definir el fenómeno migratorio en Atacama, debemos comenzar señalando que su complejidad excede las definiciones operativas que se tienen desde el ámbito jurídico internacional.

Aquellas conciben a los y las migrantes en función de tres variables: naturaleza de su desplazamiento, intención migratoria y tiempo de residencia. Estas variables son insuficientes a la hora de establecer una definición clara respecto de la definición de migrante, lo que incide en la dificultad para estandarizar los datos utilizados en las estadísticas migratorias internacionales (Sarrible, 2001). Se frecuentan ciertos datos como definitorios del estatuto de migrante, centrados principalmente en la nacionalidad y el lugar de nacimiento. Sin embargo, esta simpleza esconde la complejidad y diversidad de un fenómeno que tiene relación con el marco individual de decisiones, el proceso familiar y social, el contexto económico, social y político nacional de los países de origen y destino, así como las diferencias existentes entre las intenciones de migración y el status del propio migrante.

Esta complejidad de movimientos migratorios dispares, imposibilita establecer pautas comunes para definir el concepto de “migrante” (Malgesini y Giménez, 2000). Se observa una gran cantidad de interpretaciones y significados de los más diversos tipos, además de un sustento teórico parcelado y que no tiene en cuenta la complejidad del término.

La multiplicidad de criterios de tiempo, espacio y categorías administrativas afecta a la disparidad entre concepto y contenido real de los datos.

A pesar de las dificultades conceptuales y de cuantificación, para efectos de este estudio se acudió a la estadística oficial al respecto, la que utiliza el concepto de “inmigrante” asociado al migrante internacional. Según esta, Chile aparece como el país sudamericano con mayor aumento en el número de 21

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migrantes en la última década (Departamento de Extranjería y Migración, 2012). Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía (CELADE), señala que durante el quinquenio 2005-2010, Chile, Costa Rica y Panamá mantuvieron un saldo migratorio positivo, lo que en otras palabras viene a significar que el incremento de su población es en alguna medida efecto de los flujos migratorios. Por su parte, la Encuesta de Caracterización Nacional (CASEN) del año 2009, da cuenta de una baja presencia de población migrante en la Región de Atacama, representando esta tan sólo el 1% del total nacional (Ministerio de Planificación, 2009).

Según esta misma fuente, el porcentaje de personas extranjeras en la región de Atacama representa un 17% de la población total, identificándose como el principal flujo migratorio el de las personas de origen ecuatoriano, quienes representan el 12% del total de habitantes de la región. Luego figuran personas de origen peruano con un 2%, seguido de personas provenientes de países como Bolivia y Argentina (Ministerio de Planificación, 2009).

Los registros del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior estiman que la cantidad de extranjeros residentes en la III Región en el año 2012 fue de 2.696 personas. La mayor presencia de personas migrantes residentes en la región correspondería a ciudadanos y ciudadanas de origen peruano (886 personas), seguidas de personas provenientes de Ecuador (362 personas). En quinto lugar figura Colombia, país que no aparece en las estadísticas de la CASEN, y que alcanzaría una población de 117 personas.

Según datos recabados por medio de entrevistas con informantes claves, se puede afirmar que el auge económico de la región y principalmente de la capital regional, ha actuado como fuerza de atracción de flujo migratorio, lo que en resumidas cuentas ha ocasionado un aumento sustancial del fenómeno.

En el caso de las mujeres migrantes, las entrevistadas señalan que su movilidad está asociada al ámbito laboral, a proyectos migratorios en los que prima el mejoramiento de las condiciones de vida familiares. El perfil laboral de estas mujeres está asociado al desempeño en tareas relacionadas con labores reproductivas y de cuidados. De esta manera, la ocupación de las mujeres migrantes en Atacama coincide con diversos estudios que han puesto de manifiesto que la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha traído consigo que el trabajo no remunerado que ellas realizaban, el llamado trabajo reproductivo, sea transferido a otras mujeres, generalmente migrantes, creándose un sector poco 22

reconocido, con reglas no siempre claras y por lo tanto escasamente regulado, imponiendo límites en el acceso a derechos u otros sectores económicos con mejores condiciones laborales. La demanda de servicios asociados a los cuidados requiere de personas que cubran puestos de trabajo ubicados en posiciones tradicionalmente menos valoradas (Anthias y Lazaridis: 2000, citado por Oso, 2007: 652).

Así mismo, se ha puesto atención sobre la vinculación de las migraciones con la necesidad de cubrir este tipo puestos de trabajo precarios, feminizados, mal remunerados y desvalorizados socialmente.

(CEPAL, 2006; Carrizo, 2006; Parella, 2005). Los estudios han señalado que las condiciones laborales de las mujeres migrantes están entrelazadas con elementos como el sexismo, racismo y la servidumbre (Parella, 2005; Solé, 2009). Es por esto que la migración femenina no puede ser abordada si no es bajo la consideración de las dimensiones de género, etnia y raza (Parella, 2003).

La concentración de las mujeres migrantes en sectores como servicio doméstico, limpieza, trabajos de temporada y trabajo sexual en la región de Atacama se produce en un contexto de mercado de trabajo dual y de transferencia de las labores de cuidado.

Las particularidades del mercado laboral chileno y, por ende, de su economía y estructura ocupacional, se apoyan en valores –de clase, etnia y género– que abocan a las mujeres migrantes a una participación laboral máximamente precaria y marginal. En este sentido, las entrevistadas reconocen situaciones de discriminación en torno al libre acceso al empleo, la ocupación en trabajos mal remunerados y desprovistos de toda protección laboral, cumpliendo jornadas extenuantes y mal pagadas, situación que se repite en cada una de las mujeres que participaron de este estudio.

En el caso de los hombres se producen situaciones similares en términos de la dificultad en las contrataciones, se detecta la existencia de situaciones irregulares, y se reproduce en ocasiones, acuerdos laborales en los que no media contrato formal.

En relación a las condiciones laborales de los y las trabajadoras migrantes de la zona, se ha de mencionar que las personas entrevistadas distinguen dos posiciones marcadas por la influencia de la regulación en la documentación de los trabajadores y trabajadoras. Quienes manifiestan no tener dificultades en sus puestos laborales presentan residencia regular en Chile, reconociendo que la regularización de su status de residencia permite optar a trabajos mejor remunerados y de mejores condicio-

Derechos humanos en la región de Atacama: Migraciones y Medio Ambiente

nes respecto a la seguridad, horarios y descansos estipulados en el código laboral vigente.

Empero, existen otros trabajadores y trabajadoras extranjeras que manifiestan una serie de malos tratos y discriminaciones por parte de la sociedad de acogida. Desde la perspectiva del migrante que viene por un tiempo acotado a la ciudad o por trabajos esporádicos al país, los relatos recogidos indican que no perciben un buen trato ni condiciones laborales favorables. Los discursos de los migrantes entrevistados hablan de engaños, explotación laboral y vejámenes, bajas remuneraciones, desprotección laboral, abusos, entre otras vivencias. Así también, los y las trabajadoras manifiestan su temor a realizar denuncias debido a las consecuencias que estas acciones puedan presentarles en virtud de su condición de permanencia ilegal en el país.

A la vez, se puede mencionar que una gran cantidad de hombres de origen extranjero se desempeña en labores esporádicas referidas a las actividades de la temporada agrícola, las cuales se efectúan al interior de la ciudad de Copiapó. Las personas entrevistadas manifiestan que las condiciones de trabajo en el sector agrícola no son las favorables por escasez de medidas de seguridad y cumplimiento de los derechos laborales, además de la implementación de campamentos de temporeros en donde la situación de hacinamiento e higiene son abundantes.

Las personas entrevistadas mencionan que al llegar al país traían otras expectativas, produciéndose un quiebre entre proyecto migratorio y constatación real. El quiebre del imaginario respecto de aquel sueño migratorio afecta sin lugar a dudas en los aspectos psicosociales, produciendo una merma en la salud mental de quienes han migrado.

Con respecto al acceso a la salud, mencionan que al no tener documentación se presentan ciertas dificultades para recurrir a la atención médica en los establecimientos públicos de salud. Esto se modifica sustancialmente al obtener la documentación que les reconoce la regularidad de su residencia en Chile. Distinto es el caso de aquellos ciudadanos y ciudadanas extranjeras que no cuentan con permiso de residencia, ya que su situación representa un riesgo enorme en cuanto a la posibilidad de accidentes, urgencias y tratamiento de enfermedades, las que no son enfrentadas por el sistema de salud.

La población migrante asentada en Copiapó utiliza los espacios de habitabilidad más accesibles a sus condiciones económicas y en este sentido los campamentos urbanos son una alternativa para vivir. Se tienen antecedentes respecto de que los campamentos más habitados por personas de origen extranjero

son aquellos ubicados en los sectores periféricos de la ciudad de Copiapó. La gran presencia de familias extranjeras es observada con cierta cautela por parte de diversos actores debido a que ven en el fenómeno de la migración una dificultad en la concreción de los planes de radicación o erradicación de los campamentos.

Se observa además una continua llegada de familias a los asentamientos, lo que implica el crecimiento de los mismos, afectando sus condiciones de habitabilidad y hacinamiento.

En lo que se refiere a la participación política de los y las migrantes, solo se ha recopilado información respecto de la participación de migrantes en elecciones políticas en el caso de las personas originarias de Perú, quienes tienen la posibilidad de votar en una sede que instala el Obispado de Copiapó. Así también, las personas de origen extranjero que cumplían con los requisitos indicaron haber participado en las últimas votaciones municipales chilenas. En el plano de la participación social se distinguen dos tipos de organizaciones de migrantes: por un lado agrupaciones nacidas al alero de la Iglesia Católica y, por otro, organizaciones de connacionales que se reúnen según nacionalidad de origen.

En el ámbito del derecho a la educación, si bien es cierto el ministerio del ramo ha modificado la normativa de matrícula y permanencia de alumnos y alumnas de origen extranjero, facilitándoles la incorporación al sistema escolar (independiente de su situación de regularidad), aún se observan situaciones de discriminación y xenofobia dirigida a niños y niñas extranjeras.

Respecto de la convivencia escolar, se constató la existencia de bullyng dirigido hacia niños y niñas de origen migrante, quienes se reconocían como víctimas de frecuentes hostigamientos por parte de sus pares y docentes. Esta apreciación coincide con diversos estudios realizados por organismos internacionales e investigadores nacionales respecto de la discriminación que se realiza a migrantes originarios de países limítrofes. Los sesgos y prejuicios, asociados en su mayoría a la lógica de la carencia, inciden en la integración de niños, niñas y adolescentes en el sistema educacional. Elementos relacionados con la idea de “superioridad”, el color de la piel, y el uso de códigos lingüísticos distintos influirían en las situaciones de discriminación recogidas. Se observa también segregación escolar, ya que la población migrante se encuentran ubicada solo en ciertos establecimientos educacionales, que en su mayoría son de pertenencia municipal.

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Se valoran los esfuerzos que realizan ciertas unidades educacionales por generar instancias de integración, aunque no es lo general, debido a la ausencia de una política implementada a nivel local y/o nacional para la acogida de población infante migrante.

Situación de los derechos humanos y medio ambiente en Atacama El siguiente apartado tiene por objetivo revisar las vulneraciones de derechos que afectan a la población atacameña respecto de las problemáticas medioambientales existentes en la región, su interrelación y las dinámicas sociales que surgen en este marco. Dichas problemáticas están dadas por el explosivo aumento de megaproyectos ligados a la minería, agroindustria y producción de energía (termoeléctricas), las cuales de un tiempo a esta parte han evidenciado efectos no deseados del pujante crecimiento económico que representan. Estos tienen relación con un gran impacto en el entorno natural, la biodiversidad, la salud y los sistemas socioculturales, afectando los derechos sociales, económicos y culturales de la población atacameña.

La relación entre medio ambiente y derechos humanos ha sido trabajada en diversos espacios y momentos. En el año 1968, en la ciudad de Estocolmo se acordó la Declaración sobre Medio Ambiente Humano, la cual constituye “un conjunto de principios y postulados no vinculantes, pero los cuales causaron un impacto importante en cuanto a su efecto concientizador y propulsor de modificaciones e instituciones en América Latina y el Caribe” (Cabrera, 2001, p. 03). En la misma oportunidad se resolvió fijar un “Plan de Acción para el Ambiente Humano”, el cual estaba compuesto por recomendaciones específicas (adoptadas por Naciones Unidas en el año 1972).

Entre los elementos importantes de esta declaración se destaca la consideración del derecho al “disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna”, lo que en resumidas cuentas constituye un primer intento de vinculación entre derechos humanos y medio ambiente (Cabrera, 201, p.03). También se reconoce tajantemente el vínculo entre derechos humanos y medio ambiente (principio 1), así como la interrelación entre desarrollo económico y social, indispensable para asegurar un ambiente de vida y trabajo favorable (Cabrera, 2001, p. 04).

Posteriormente a los acuerdos de Estocolmo se establecieron otros convenios y acciones en la misma línea, como la Convención para el Comercio de Es24

pecies de Flora y Fauna Amenazadas, la Convención sobre Patrimonio Mundial, la creación del Programa de las Naciones Unidas sobre Ambiente y el establecimiento en el año 1982 de la Carta Mundial de la Naturaleza, la cual marca un cambio paradigmático al introducir la visión ecocéntrica (Cabrera, 2001, p.05). A estos avances se sumaron la Estrategia Mundial para la Conservación y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Resolución No 41-128 de la Asamblea General de Naciones Unidas). Cabe mencionarse en este punto, la publicación del informe Brundtland, cuya trascendencia tiene relación con el contraste realizado entre el desarrollo económico mundial y la sustentabilidad/sostenibilidad ambiental, cambio paradigmático que significa un antes y un después en la vinculación entre medio ambiente y desarrollo. Para finalizar este recuento, se ha de señalar la Estrategia Cuidar la Tierra (1991) y la Estrategia Mundial para la Conservación de la Biodiversidad del año 1992.

La vinculación entre el derecho internacional y las políticas dirigidas hacia la sostenibilidad ambiental siguió extendiéndose, teniendo como punto máximo el encuentro celebrado en Río de Janeiro, en el cual se abrazó la consigna del desarrollo sostenible.

Este encuentro es descrito como “una reunión política con fuerte contenido económico, donde se discutieron no solamente las formas y métodos para preservar el medio ambiente sino los criterios para asegurar la participación de todos los pueblos en los beneficios que racionalmente pueden obtenerse de los recursos naturales” (Estrada, 1993, s/p, citado por Cabrera, 2001, p.06).

Del encuentro se obtuvieron documentos vinculantes como la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de Cambio Climático; así también, se estipuló la Declaración sobre la Conservación de los bosques, la Agenda 21, y la Declaración de Principios de Río.

Las Conferencias para el Ambiente y Desarrollo celebradas en Estocolmo (1972), Río (1992), y Johannesburgo (2002), constituyen un avance claro en materia de derecho internacional en el reconocimiento del vínculo entre medio ambiente y desarrollo sostenible.

En Chile, en el año 1990 se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), institucionalidad que fue reforzada con la promulgación en el año 1994 de la Ley sobre Bases Generales sobre el Medio Ambiente (ley N° 19.300). En el año 2010 se promulga la ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual

Derechos humanos en la región de Atacama: Migraciones y Medio Ambiente

implicó un avance en la protección legal del medio ambiente, en coherencia con lo señalado en la Constitución, estableciendo disposiciones respecto “del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la protección del medio ambiente; la preservación de la naturaleza; y, la conservación del patrimonio ambiental” (Cárcamo, 2013).

Esta nueva institucionalidad se complementó con la creación de tribunales ambientales, los cuales “son órganos jurisdiccionales –contencioso administrativos– especializados e independientes, que se encuentran bajo la supervigilancia de la Corte Suprema” en materias relacionadas con el medio ambiente (Cárcamo, 2013).

Considerando este marco, y en relación a la situación local y a lo que compete en este estudio, se identificaron problemas microterritoriales que afectan el derecho de la población atacameña a disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación.

En los siguientes apartados se enuncian brevemente las principales temáticas socioambientales que afectan a la región.

Provincia de Chañaral En el caso de la ciudad de Chañaral, su historia recuerda sendos desastres ambientales relacionados con la industria minera como la contaminación con desechos del río Salado y la consecuente afección de la zona costera. Esta situación produjo una agonía persistente ya que no solo terminó con la actividad portuaria, pesquera y turística, si no también vulneró los derechos de la población, exponiéndole a constantes nubes de polvo, generando como consecuencia actual “una alta incidencia de tumores cancerígenos, y variadas enfermedades respiratorias, a la piel y los ojos” (Cortés, 2010, p. 17).

Provincia de Copiapó La comuna de Diego de Almagro registra contaminación atmosférica asociada a emisiones de plantas de minerales y tranques de depósitos de relaves abandonados. En la localidad de Potrerillos (Fundición), el material particulado como dióxido de azufre y arsénico es un riesgo constante para la salud de la población (PAC Consultores, 2010). Asímismo, existen cuestionamientos a la empresa sanitaria de la región producto de acusaciones de contaminación con arsénico de las aguas de uso doméstico.

Respecto de la comuna de Caldera, localidad portuaria en la cual se realiza el embarque de productos mineros (puerto de hierro), se han instalado desaladoras (agua potable y para minería) y proyectos energéticos como la termoeléctrica Central Castilla,

recientemente desistido por la empresa titular. La localidad se ha visto afectada producto del impacto ambiental de la actividad portuaria y minera, la que, además de la contaminación en las costas, ha ocasionado una restricción a los recursos hidrobiológicos de los pescadores artesanales. En la actualidad, existen proyectos de plantas desaladoras aprobados (Plan de Desarrollo Comunal de Caldera, 2012), los cuales tienen un impacto directo, restringiendo y alterando el recurso hidrobiológico a los que acceden los pescadores (PAC Consultores, 2010).

Así también, y como consecuencia de la explotación intensiva de determinadas especies, se ha provocado una situación de agotamiento de la biomasa.

Los desembarques de los recursos Jurel, Sardina y anchoveta –sustentos de la actividad pesquera industrial– han disminuido fuertemente a partir de 1996, como consecuencia del notable aumento de la presión extractiva por sobre las medidas de regulación. A mayor abundamiento, los vertidos han elevado la temperatura del agua haciendo proliferar algas que amenazan con alterar la fauna y flora del litoral (PAC Consultores, 2010; Plan de Desarrollo Comunal de Caldera, 2012).

En el caso de la capital regional, Copiapó, el crecimiento económico ha traído consigo problemas medioambientales, entre los que se encuentran la merma y agotamiento del recurso hídrico (dificultades en la cantidad y calidad del agua potable, desaparición del río superficial, disminución afluentes, etc.), la cercanía de relaves abandonados con poblaciones periféricas, la contaminación atmosférica por polvo, el aumento del parque automotriz, y la contaminación acústica en la sector urbano, entre otros.

Respecto de la contaminación atmosférica por polvo y gases provocados por procesos industriales y relaves abandonados, es posible encontrarles al día de hoy en las cercanías de las poblaciones de la ciudad de Copiapó. Al respecto se hace necesaria una identificación de estos relaves y un estudio de sus efectos sobre la salud de la población. Quienes fueron entrevistados señalan la existencia de síntomas como enrojecimiento de ojos e irritación a las vías respiratorias, afecciones que relacionan con este tipo de contaminación, concordando con investigaciones periodísticas que se han realizado al respecto (Ramón, 2011).

En la comuna de Tierra Amarilla, se identifican problemas relacionados con la exposición crónica a anhídrido sulfuroso proveniente de la fundición Paipote, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores. La fundición es la más antigua del país y aunque las autoridades competentes aseguran que 25

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se cumple con la normativa ambiental vigente para emisiones, los y las entrevistadas hacen alusión a molestias durante los episodios de exposición a la “niebla” de Paipote (irritación en ojos, mucosas y garganta), lo que hace suponer que esta situación no está del todo aclarada.

Así también las personas entrevistadas refieren altos niveles de partículas en suspensión (PM<10) provenientes de las faenas mineras, fenómeno producido por las labores extractivas de material en los cerros que circundan la comuna, expulsando una gran cantidad de polvo hacia la ciudad, ya sea por el uso de explosivos, durante el chancado del material o por el transporte de carga por caminos no pavimentados.

Debido a la naturaleza misma del material minero, estas emanaciones están compuestas en su mayoría por partículas altas en silicatos, lo que constituye un riesgo potencial de silicosis para la población que se ve expuesta de forma crónica a este material.

Por otra parte, y como se ha mencionado, existe una alta presión por el uso del recurso hídrico, lo que ha viciado el mercado de los derechos de agua. Las personas entrevistadas hacen referencia a las limitaciones de los pequeños agricultores para acceder al recurso, lo que ha provocado diferentes conflictos entre particulares, lo que significa finalmente que quienes poseen el poder adquisitivo pueden comprar las acciones de agua con el riesgo siempre presente de un monopolio de las aguas.

Por último, tanto en las fuentes documentales como en los testimonios recolectados, se observa la existencia de un permanente riesgo en trabajadores agrícolas por la exposición a pesticidas. La agricultura es la principal fuente generadora de absorción de mano de obra estable y temporal en esta comuna, convirtiéndose en una actividad de alto riesgo por la exposición a pesticidas y otros productos químicos potencialmente peligrosos (Skoknic y Araya, 2011).

Provincia de Huasco Con respecto a la temática ambiental del puerto de Huasco, la mayor demanda recae en la alta contaminación tanto atmosférica como acuática que realizan la planta de pellets y la termoeléctrica Guacolda, afectando a pescadores artesanales como a la comunidad de Huasco en general. Es necesario establecer que la contaminación realizada por estas empresas en el puerto de Huasco es vista por los pescadores artesanales como un deterioro en su salud, pero también como un menoscabo en su patrimonio, ya que al afectar la línea de costa con rellenos, impide el libre tránsito y la extracción de algas en un sector histórico de recolección de este recurso.

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Los relatos recogidos señalan que la afectación atmosférica de la contaminación en los olivicultores de la localidad de Huasco Bajo es una demanda que estos agricultores arrastran desde la década de los ochenta cuando se instaló la primera etapa de la central termoeléctrica Guacolda. Entre los efectos de dicha planta están la baja de la productividad de sus cultivos, afectados por una capa de polvillo gris y que incluso manchaba las ropas de los temporeros a cargo de sus cosechas.

Las personas entrevistadas manifiestan que la preocupación por el material particulado es una lucha que viene dando la comunidad de Huasco desde hace años, la cual se ha visto entrampada por la lenta declaración de zona de latencia, o zona saturada de contaminación. Las comunidades de Huasco han manifestado su preocupación por el aumento de enfermedades respiratorias y cáncer al estómago, que se presume son producto de la contaminación atmosférica. Sin embargo, a la fecha no hay estudios ni medidas al respecto.

Dentro de esta misma línea, es necesario mencionar el riesgo ocasionado por los trenes cargados de polvillo de fierro que atraviesan las comunas de Vallenar, Freirina y Huasco, que pasan por lugares habitados y de alta afluencia de personas. Es necesario tener presente que Huasco es un puerto saturado de contaminación procedente de la planta CAP de hierro y de la termoeléctrica Guacolda (INDH - UDA, 2012).

En la comuna de Freirina, los principales problemas medioambientales son la contaminación del río Huasco y de las aguas subterráneas, la ausencia de una red de alcantarillado y agua potable en algunas localidades rurales, la contaminación de los olivos, la contaminación por el ferrocarril con fierro, el acopio de fierro en la localidad de Maitencillo y la reciente situación de contaminación de la agroindustria Agrosuper.

Recientemente la empresa Agrosuper ha sido cuestionada por la comunidad de Freirina debido a los malos olores percibidos desde el año 2012, que han sido catalogados por pobladores como insoportables. Esto ocasionó un conflicto socioambiental que llevó a determinar el cierre del proyecto. Así también, la empresa fue cuestionada por organizaciones del Valle del Huasco debido a la enorme presión sobre el recurso hídrico que significarían sus operaciones. El río Huasco es el último río vivo de la Región, y esta planta sumada a mega proyectos mineros en la alta cordillera pusieron la voz de alarma sobre el futuro del recurso hídrico en la provincia (INDH - UDA , 2012).

Derechos humanos en la región de Atacama: Migraciones y Medio Ambiente

Respecto de la comuna de Vallenar, esta presenta problemas medioambientales relacionados con microbasurales, antenas de telefonía móvil, uso de pesticidas, presión sobre el recurso hídrico y el tránsito del ferrocarril con fierro que atraviesa ciertas poblaciones de la comuna.

Otra problemática importante es la que tiene que ver con la desaparición de la pequeña agricultura en las localidades más rurales de Vallenar. Al igual que en el resto de la cuenca del Huasco y Copiapó, la competencia por el mercado del agua ha ocasionado que muchos pequeños agricultores vendan sus derechos de aprovechamiento a las grandes agrícolas y/o mineras, lo que fomenta la desaparición de esta actividad económica característica del valle.

En el caso de la comuna de Alto del Carmen, la dinámica sociocultural de vida está relacionada históricamente con actividades de agricultura de subsistencia de pequeños agricultores. Este panorama se ha transformado aceleradamente desde la década de 1980 a la fecha producto de la instalación de grandes mantos de parronales de uva de exportación y dos megaproyectos mineros: Pascua Lama y El Morro. Estas grandes inversiones han ocasionado una serie de conflictos socioambientales, dignos de ser considerados más extensamente en documentos posteriores.

Si bien es cierto las situaciones aquí expuestas son una reducción de las diversas temáticas y afecciones al derecho a un medio ambiente libre de contaminación diagnosticadas en la región, existen otras situaciones relacionadas con la vulneración al derecho a la manifestación social y el derecho a la integridad física y psíquica.

En la misión de observación realizada por el equipo ejecutor de este diagnóstico en las localidades de Freirina y Huasco en el mes de diciembre de 2012 se pudieron constatar situaciones de vulneraciones de derecho, algunas ya trabajadas en los informes del INDH del año 2011 y 2012, y en una primera misión de observación realizada en la localidad.

Aunque ya se había levantado vasta información respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en la zona de Huasco, se lograron identificar vulneraciones de derechos asociadas al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos policiales, además de la criminalización de la manifestación social y la afección del derecho a la integridad física y psíquica.

En este sentido, se ha de reconocer que la normativa e institucionalidad medioambiental ha sido insuficiente para canalizar y resolver esos problemas y asegurar asegurando el respeto del derecho de los

atacameños de vivir en un medio libre de contaminación, lo que ha ocasionado la movilización de las personas que residen en dichas localidades a través de un movimiento social organizado se han manifestado respecto de las demandas locales.

El ciclo de protestas realizadas en las localidades de Freirina y Huasco que nace de la situación antes descrita se tradujo en una serie de incidentes que pusieron en riesgo el derecho a la integridad física y psíquica. Entre estas se identifican situaciones de amedrentamiento y agresiones físicas entre los guardias de la empresa y pobladores de la zona Además, el equipo logró recoger testimonios y documentar las agresiones que sufrió uno de los dirigentes por parte de guardias de seguridad de la empresa en cuestión. En la misma misión, se documentaron situaciones de desproporción en el uso de la fuerza por parte de efectivos policiales, acciones que produjeron lesiones en algunos pobladores de la localidad. Se constataron además una serie de allanamientos sin orden judicial, invadiendo casa de vecinos y realizando persecución de manifestantes.

Además se constató el aumento de las fuerzas policiales, uso extendido y profuso de lacrimógenas que fueron lanzadas indiscriminadamente, en ocasiones disparadas contra manifestantes en forma directa al cuerpo produciendo lesiones, y en otras instancias lanzadas en sectores residenciales ocasionando dificultades en la salud de pobladores y población infantil (INDH-UDA, 2012). Todas estas actuaciones fueron documentadas y puestas en conocimiento de los organismos competentes.

Conclusiones Las situaciones relacionadas con los derechos humanos de la población migrante en Atacama dan cuenta de violaciones de derechos en el ámbito laboral relacionadas con la contratación irregular de trabajadores y trabajadoras extranjeras, quienes ven mermados el ejercicio de derechos y protección laboral. Así también se observan vulneraciones en el ámbito educacional, en cual se garantiza el acceso a la educación, pero se hace necesario el diseño e implementación de estrategias que potencien escuelas y liceos que reconozcan la importancia de la interculturalidad y la diversidad de sus actores. Situación similar sucede en el ámbito de la vivienda, en el cual se requiere de acciones que reconozcan la necesidad de levantar soluciones habitacionales dirigidas a este segmento de la población, para evitar así la generación de nuevos campamentos y asentamientos irregulares en la región. Esto se ve agudizado por los altos costos de la vivienda en la 27

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zona de Copiapó, debido a su condición de zona minera.

De esta forma, reforzamos la necesidad de una política pública que garantice los derechos de los y las migrantes, estén o no en situación regular, garantizando así el disfrute de derechos esenciales por el sólo hecho de ser personas.

Destacamos la necesidad de realizar estudios más acuciosos sobre la realidad migratoria en la región, los que pueden ser llevados a cabo en futuras investigaciones desarrolladas por la Universidad. En este sentido manifestamos la necesidad de investigar el tema de trata de personas con fines laborales y sexuales, puesto que necesitamos recabar mayor información respecto del asunto. Así también, se requiere conocer con mayor profundización el real cumplimiento del acceso a salud y educación por parte de la población migrante asentada en Atacama. A esto se suma la necesidad de verificar más exhaustivamente el cumplimiento de la legislación laboral vigente materia en la cual la universidad podría prestar asesoría directa a la población migrante asentada en la región.

Respecto a la situación medioambiental de Atacama, esta se encuentra en contradicción abierta con los proyectos de megainversión, afectándose gravemente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con deterioros de los índices de salud y la condiciones de vida de la población afectada. La perspectiva aparece con tendencia a empeorar, sobre todo por el peligro del agotamiento del recurso hídrico en la región. Por otra parte los derechos económicos y sociales de pescadores y pequeños agricultores son vulnerados por la competencia de grandes poderes empresariales que se instalan en las comunidades.

La institucionalidad y normativa medioambiental y las políticas públicas de tal carácter han sido incapaces de responder o resolver esta contradicción, no obteniendo soluciones que permitan mantener el desarrollo económico y a la vez respetar el derecho de las personas a un medioambiente libre de contaminación, apareciendo con soluciones tardías e insuficientes. Los movimientos sociales no están dispuestos a aceptar la situación y es previsible una escalada de conflictos en el horizonte.

Creemos que el ordenamiento político, jurídico e institucional en Chile permite la instauración de un modelo económico y social que parece estar en contradicción con la concepción mestiza y de significación local de los derechos a la que en un inicio aludíamos.

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La intención de revisar estas temáticas a la luz del enfoque de derechos es central para la generación de conocimiento situado y fundado en trabajo social, tomando en cuenta el impacto que ambos fenómenos ocasionan en la región y la interrelación existente entre ambos. La crisis ambiental global afecta sin duda a la movilidad de la población, tanto en la atracción de flujos hacia centros productivos como en forzar procesos migratorios debido a devastaciones ambientales, como fue el caso de Potrerillos en la provincia de Copiapó.

Poco se escribe sobre la relación entre ambas dimensiones, requiriéndose un mayor interés teórico y académico. Pero por sobre todo se necesita de una mayor acción política que observe la compleja relación entre ambos fenómenos. Los problemas medioambientales en el origen de las migraciones constituyen problemas de carácter político nacional y transnacional. Los efectos del cambio climático ocasionan migraciones no solo de población extranjera, sino constantes flujos que no tienen necesidad de cruzar fronteras nacionales.

Por esto, afirmamos que la crisis ambiental tiene directa relación con los procesos capitalista de acumulación. De esta forma, las migraciones son esencialmente “desplazamientos de fuerza de trabajo para su empleo potencial, en función de ciclos económicos, vinculándose con la degradación de las condiciones ambientales locales de producción y reproducción” (Ocampo, Peña y Rosas-Landa, 2007, p. 03).

Para concluir, hemos de señalar que el trabajo social tiene la responsabilidad de enfrentar estos temas desde su dimensión ético-política, pero también desde lo teórico, generando conocimiento situado y específico sobre la materia, poniendo en evidencia el complejo entramado de relaciones económicas, políticas y sociales que se generan en la vinculación entre medio ambiente, migraciones y derechos humanos, con tal de realizar intervenciones e investigaciones transformadoras y emancipadoras, desde un posicionamiento crítico-reflexivo que permita cuestionar la idea de desarrollo, situando en la discusión las voces subalternas de quienes se ven afectados y afectadas en sus derechos.

Derechos humanos en la región de Atacama: Migraciones y Medio Ambiente

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 31-45

Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad. El caso de la autopista acceso a Santiago Daily mobility and road infrastructure; new urban challenges of city social inclusion. The case of Santiago acces Highway Paulette Landon Asistente Social de la UTEM y doctora© en Arquitectura y Estudios Urbanos, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como directora Departamento de Trabajo Social Universidad Alberto Hurtado.

Dirección postal: Cienfuegos 46A, piso 1, Santiago, Chile. Email plandon@uahurtado.cl / plandon@uc.cl

Resumen Este artículo problematiza los efectos que tienen los grandes cambios físicos de la ciudad en la movilidad espacial de sus habitantes, en particular de aquellos cuyos barrios han sido intervenidos por una red de infraestructura vial en la periferia pobre de la metrópolis de Santiago de Chile1. Se identifican importantes conflictos socioespaciales y de movilidad expresados en un diseño que no consideró la participación de sus residentes, la condición de pobreza, factores medioambientales y de vulnerabilidad del territorio, afectando los tiempos de viajes, acceso a otros barrios, al transporte público, a bienes y servicios en general. Todos estos aspectos tienden a ser invisibilizados por los gobiernos locales y metropolitanos. En la mayoría de los casos, se trata de ciudadanos a pie, sin acceso al automóvil privado, que ven afectada su integración social y urbana.

Palabras claves. Movilidad cotidiana, infraestructura, desigualdad, exclusión social.

Abstract This article challenges the links between the spatial mobility of inhabitants living in poor outskirts of the metropolis of Santiago, Chile, and the major city changes operated in the network of road infrastructure. Examines conflicts of socio-spatial and mobility arouse as the non inclusion of the inhabitants in the design, as well as poverty status, environmental and vulnerability factors. Other effects problems identified are traveling times, access to other neighborhoods, public transport and goods and services in general. All these aspects tend to be invisible by local and metropolitan authorities (governments). The majority of the inhabitants been affected in their social and urban integration (inclusion) are citizen on foot, without access to private car.

Key words. Daily mobility, infrastructure, inequality, (deprivation), social exclusion.

Introducción El fenómeno de la movilidad y sus implicancias en la vida cotidiana parece tomar una mayor relevancia para el análisis de las dinámicas de movilidad urbana. En Chile se ha avanzado principalmente en estudios basados en el fenómeno de la movili-

dad y segregación espacial, referidos a trayectorias laborales (origen-destino) de distintos grupos socioeconómicos. Se encuentra, en menor medida, material que contemple, como fuente directa, la percepción de los habitantes de la ciudad sobre su experiencia de movilidad cotidiana.

1 En este artículo se presentan los resultados preliminares de la investigación que forma parte del Doctorado en curso en Arquitectura y Estudios urbanos de la autora, financiado por Conicyt, y de la investigación en curso titulada Movilidad cotidiana y nuevas competencias para moverse por y en la ciudad de las familias, en el área metropolitana de Santiago de Chile, dirigida por la autora y financiada con fondos internos de la Universidad Alberto Hurtado.

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Este artículo profundiza sobre este fenómeno social en el contexto metropolitano. Se considera que la expansión de nuevas infraestructuras y equipamientos para la movilidad forma parte de los beneficios de la nueva dinámica de la modernidad, sin embargo, se verifican también costos desiguales en las distintas escalas del espacio metropolitano2.

Entonces, megaproyectos viales como la Autopista Acceso Sur a Santiago (AASS), buscan satisfacer la demanda de quienes las transitan primordialmente en vehículo particular, favoreciendo la eficacia tiempo-distancia de los traslados. La contracara de esta situación se verifica en los territorios urbanos por donde esta estructura traza su recorrido, ya que en estos se marginan y fragmentan las oportunidades de movilidad y accesibilidad de los ciudadanos que se encuentran en los espacios vacíos o en los bordes externos de los nodos de esta red, dejando barrios de la periferia pobre de la ciudad con importantes restricciones de conectividad y acceso a las redes viales. En la mayoría de los casos, se trata de ciudadanos a pie, sin acceso al automóvil privado, que ven afectada su integración social y urbana.

El enfoque desde donde se sitúa la investigación y que sustenta este artículo busca conocer las implicancias de la instalación de una infraestructura vial en la movilidad cotidiana de las personas y su capacidad (o incapacidad) para adaptarse a los cambios y desplazarse en su entorno próximo, en el barrio, comuna y metrópolis. Esto, en un contexto de expansión urbana que evidencia la emergencia de una ciudad donde la movilidad cada día juega un rol más preponderante, y en la que el derecho a la movilidad va camino de convertirse en un nuevo derecho a la ciudad.

La expansión de la ciudad y cambios en la movilidad cotidiana En estos últimos años se ha incrementado el interés por indagar sobre el fenómeno urbano de la movilidad en nuestras sociedades. Esto, en el marco de un crecimiento sin límites de nuestras ciudades, situación que ha llevado al Estado y a los ciudadanos a generar nuevas estrategias para enfrentar las demandas de movilidad en el espacio urbano.

La ciudad moderna ofrece las condiciones de conectividad entre las personas, a la vez que su

distanciamiento, ya que recrea nuevas formas de relaciones sociales, no solo entre los ciudadanos, sino también al interior de las propias familias. Por ejemplo, los horarios laborales y escolares, las condiciones de movilidad y los medios de transportes disponibles son cuestiones claves que impactan en las formas concretas en que sus habitantes viven la ciudad.

Por esta razón, en el último tiempo los estudios urbanos comienzan a confirmar que la ciudad moderna trae consigo nuevas expresiones de la desigualdad, nuevas formas concretas y simbólicas de segregación y emergentes focos de conflictividad, dimensiones que afectan de manera diferenciada a cada sujeto en función de variables estructurales y sociales tales como su posición de clase social, su género, su edad o el territorio de procedencia (Zukin, 1995).

Así, en Latinoamérica, con regiones altamente urbanizadas pero discontinuas, la movilidad se ha tornado una variable crítica. Estas nuevas dinámicas urbanas dan cuenta de movilidades que van a ir modelando la vida cotidiana urbana. Entonces, la capacidad de ser “móvil” en este contexto, se reconoce como un valor fundamental para participar en sociedad. Como contraparte, la inmovilidad podría llegar a ser una importante fuente de desigualdades y de nuevas conflictividades sociales.

En esta dinámica de expansión y crecimiento de nuestras sociedades, la adopción de nuevas tecnologías sin duda ha contribuido a la extensión de las redes de servicios y de transporte a límites inimaginables, ampliando las oportunidades de desplazamientos para todos los ciudadanos, especialmente por la extensión de los servicios de transporte y el incremento del uso del automóvil.

Cada vez con mayor intensidad, las innovaciones técnicas y sociales modifican los accesos, las competencias y capacidades de las personas para apropiarse de los cambios, que según Kaufmann y Jemelin (2005) nos permiten ser móviles.

Sin embargo, y como ya se señaló, este fenómeno también ha producido variados efectos sobre los territorios y sus habitantes, fundamentalmente en su movilidad y su medio ambiente; en definitiva, en los modos de vida urbanos. Según Figueroa (2004), esto corresponde a un modelo de desarrollo urbano que contiene factores que lo refuerzan interna-

2 Los postulados aquí expuestos se fundan en aportes de estudios sobre movilidad espacial desarrollados en Chile, América Latina y Europa. El argumento teórico central sostiene que la movilidad contiene diversas temporalidades socioespaciales y físicas que configuran las prácticas de movilidad cotidiana de las personas y familias que han sido afectadas por la instalación de una autopista en su territorio.

En este contexto la capacidad de ser móvil va a estar determinada por las posibilidades y capacidades de acceso a actividades, siendo esta, según Kaufmann (1999), una condición de integración social y urbana.

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Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad. El caso de la autopista acceso a Santiago

mente y que, además, generan condiciones para su reproducción: expansión urbana, y en esto la nueva infraestructura, el incremento del uso del automóvil reproducen y mantienen esta tendencia.

Una expresión de este modelo son las infraestructuras, y en particular las autopistas; que forman parte de los beneficios de la nueva dinámica de la modernidad. Pero en su reverso, vemos cómo generan costos desiguales en las distintas escalas del espacio metropolitano. Del mismo modo, la contradicción entre los beneficios de la movilidad metropolitana y la movilidad local revelan situaciones de inequidad muy claras y marcadas. En este nuevo contexto metropolitano, podemos observar cómo la instalación de megaintervenciones viales construidas en los últimos veinte años ha tenido impactos en los territorios y sus habitantes, generando importantes cambios en la morfología urbana, y fragmentando amplios sectores de la ciudad.

La investigación en curso busca conocer la percepción de los habitantes y familias de los barrios aledaños, en relación a los impactos de la instalación de una autopista en el territorio. Asimismo, las estrategias desplegadas por los habitantes para readaptar sus prácticas cotidianas de movilidad, a nivel peatonal en el barrio y su acceso al barrio y la ciudad, a través del transporte público y privado, constituyen otro tema de interés para este estudio.

Como vemos, la movilidad cotidiana opera a escalas espaciales variadas, aportando cambios mayores a las formas de la ciudad. Así, la ciudad monocéntrica ha dejado lugar a la ciudad policéntrica. En ella, según Chalas (2000), el centro de la ciudad tradicional ya no tiene la exclusividad de una buena accesibilidad y la tendencia ha sido, crecientemente, a instalarse en comunas pericentrales y en la periferia, en territorios que se caracterizan por tener una importante interacción y donde hay múltiples actividades cotidianas.

La ciudad y la capacidad para moverse en y a través de ella La ciudad actual, por su extensión y complejidad, exige nuevas competencias y habilidades para leerla, comprenderla, y así, “usarla”, moverse en y a través de ella. Asimismo, las profundas transformaciones urbanas que se verifican en las ciudades latinoamericanas en general, y en Santiago en particular, causa y es causada por la proliferación de nuevas actividades y patrones de comportamiento de la vida en la ciudad (Landon, 2011: 34).

Cabe así una pregunta en apariencia mínima, pero

profunda en su significación: ¿por qué el Trabajo Social puede y debe preguntarse por las formas de movilidad cotidiana en la ciudad? Porque la movilidad está en el corazón de nuestras sociedades modernas, configurándose en una variable crítica para poder acceder a la vivienda, al trabajo, a la educación, al consumo, al ocio, a las relaciones sociales diversificadas, a la multiplicidad de las ofertas urbanas (Ascher, 2005) .

En este contexto, la capacidad de las personas para acceder a las actividades, bienes, servicios y valores a lo largo y ancho de una ciudad también determinan su nivel de ciudadanía e inclusión social (Cass et al. en Hernández, 2012). Entonces, el “derecho a la movilidad” actúa como una condición indispensable para alcanzar buena parte de otros derechos sociales básicos como el trabajo, la salud o la educación.

El sentido social de la movilidad en la ciudad cobra especial relevancia. La ciudad –y su construcción– se configura como una arena de poder, donde se disputan usos diferenciales de los espacios, sustentados en derechos y en el ejercicio de la ciudadanía que expresan distintos niveles de poder social, político e institucional en la escala local y metropolitana. (Landon y Rodríguez-Milhomens, 2013).

Autores como Ascher (2005) ponen mayor atención en el tipo de sociedad en que vivimos actualmente, haciendo hincapié en la división del trabajo y sus implicancias en los desplazamientos de los ciudadanos, planteando que en estos contextos complejos y diversos, las movilidades toman mayor importancia y una nueva significación, otorgando al derecho al movimiento un lugar social importante. Para el autor, no se trata de cualquier derecho, sino de un derecho a la calidad de los lugares y de los tiempos de transporte, revelando la importancia que estos tienen en la vida cotidiana de sus habitantes. Así, la movilidad debiera permitir el acceso a todos los demás derechos del ciudadano y a las oportunidades que abre la ciudad.

Desde esta perspectiva la movilidad no puede reducirse solo a la accesibilidad; en definitiva, para muchos ciudadanos, desplazarse, o al menos estar en condiciones de hacerlo, constituye un medio importante al servicio de la autonomía y de la construcción de trayectorias de vida ascendentes (Ehrenberg 1995, citado por Orfeuil 2004:12). Los desplazamientos rápidos de algunos suponen un reenlentecimiento de los desplazamientos lentos (no motorizados) de otras personas. Se ilustra de manera clara, que la movilidad cotidiana puede ser un vehículo de las desigualdades sociales.

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Las competencias para la movilidad: poder y saber moverse en la ciudad En esta dimensión, interesa conocer aquellas aptitudes que llevan a las personas a tomar decisiones que involucran la dimensión de la movilidad cotidiana y social en contextos espaciales diferenciados de la ciudad. En estos espacios, los habitantes deben enfrentar cambios socioestructurales en sus territorios (en este caso, la construcción y puesta en marcha de la Autopista Acceso Sur), que afectan la constitución de sus modos de vida.

En este sentido Orfeuil (2004:6) habla de las aptitudes y competencias personales para la movilidad, las que se producen en un contexto urbano que otorga las condiciones necesarias para la movilidad de todos los ciudadanos, lo que exige y mide a cada ciudadano su capacidad de poner a su servicio estas condiciones dadas para la movilidad, precisando que estas dependerán directamente de elementos culturales (conocimiento del espacio, capacidad de organización, normas familiares de comportamiento, etc.) y de elementos más factuales (obtención de permiso para conducir, posibilidad de un uso personal del automóvil, nivel de ingresos, existencia de hándicaps físicos, derechos de estacionamiento acordados por el empleador, etc.).

De esta manera, se plantea que aquellos sujetos cuya aptitud a la movilidad es más restringida, corren un mayor riesgo de aislamiento, pobreza económica y relacional, marginalización y exclusión. Y aquellos con mayor capacidad de movilidad, gozan de la posibilidad de elegir dónde vivir, de posicionarse en el mercado del trabajo, seleccionar las escuelas de sus hijos y sus lugares de recreación y socialización (Kaufmann, 2001; Orfeuil, 2004).

Esta consideración de la movilidad exige también aprendizajes y dominio de condiciones multidimensionales como construcciones mentales del espacio, capacidades de uso de los medios, estado de salud, etc., que permitirán al ciudadano construir imágenes mentales del espacio, así como prefigurar el trayecto, disponer de referencias espaciales, etc.

Como plantea Orfeuil “la movilidad sería cognitiva antes que ser física” (2004: 14).

Así, la capacidad de reaccionar a las exigencias y a las necesidades de la vida en sociedad no solo sería una cuestión de transporte, sino también de capital humano. En definitiva, la capacidad de mo-

verse en el espacio de la cotidianidad presupone el conocimiento de la distribución de los recursos y las oportunidades en el espacio y la adquisición de competencias en materia de desplazamientos, que no todos tienen per se (Orfeuil, 2004). Se reconoce que el desafío sería mayor para quienes viven en los barrios desventajados de la ciudad, en la medida en que estos habitantes están expuestos a una mayor desconexión y vulnerabilidad. Estos ciudadanos vivencian en su vida cotidiana la exclusión física, urbana, social, económica y cultural.

En este estudio la movilidad se comprende como una aptitud que permite a cada ciudadano acceder a los servicios, beneficios y oportunidades que ofrece la ciudad, con el fin de mejorar su calidad de vida. Esto, considerando la urgencia de comprender el rol de la movilidad para el funcionamiento de nuestras sociedades, remarcando que la aptitud creciente a la movilidad debería representar, indiscutiblemente, un progreso en las condiciones de vida y en el universo de las elecciones de los individuos (Orfeuil, 2004).

Así, la posibilidad de mejorar las condiciones de conexión y calidad de vida, para algunos investigadores, está dada por la comprensión de la movilidad como un derecho social3 (Ascher, 2001, Herce 2010, Kaufmann 2008, Orfeuil 2004, Chalas, 2000), que garantiza el acceso a todos los habitantes a movilizarse en la ciudad y que expresa la posición de los sujetos en el espacio, real o virtual, cambios que pueden ser de orden físico, social o cultural (Ascher 2005; Kaufmann 2001-2010; Orfeuil 2004).

La movilidad se reconoce entonces como la expresión de un derecho de todos los ciudadanos, en el que descansa la realización de gran parte de las necesidades de conexión y vida social. Así, la necesidad de movilizarse se expresa en muy diferentes formas, según la ubicación socioespacial y socioeconómica de las personas, por lo que sus necesidades de desplazamiento presentan requerimientos diferenciados para hacer uso de la oferta de infraestructuras y conexiones que dispone la ciudad (Hercé 2010; Ascher 2010, Kaufmann 2008).

Presentación del caso de estudio En este estudio se comprenderá la movilidad cotidiana como aquella “práctica social de desplazamiento diario a través del tiempo y espacio urbano

3 En este punto Ascher (2010:12), da cuenta que un grupo de autores logran reconocer que la movilidad urbana es un derecho y que ha sido una gran conquista social. Así, entender que “movilidad” y “transporte” no significan lo mismo, es una consecuencia de esa conquista; paradójicamente ha existido mayor resistencia a este postulado entre los profesionales que entre los ciudadanos.

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que permite el acceso a actividades, personas y lugares espaciales” (Orfeuil, 2004:14). Se interesa en observar cómo los habitantes y sus familias se relacionan con los cambios físicos de lugar, sobre la organización de sus trayectos y sentido de sus desplazamientos realizados (o no) cotidianamente en el barrio y en la ciudad.

Considerando lo anterior, se configura la pregunta central del estudio: ¿Cuáles han sido los principales efectos de la instalación de la Autopista Acceso Sur a Santiago (AASS) en las prácticas de movilidad cotidiana de los habitantes y familias que residen en los barrios vulnerables de la periferia pobre de la zona sur de la ciudad de Santiago de Chile?

La hipótesis central que articula la investigación es: La AASS es una expresión de las nuevas formas de segregación móvil y desigualdad en la ciudad, que ha tenido efectos diferenciados en los sectores por donde pasa. En algunos barrios se ha transformado en una barrera, que limita la accesibilidad y movilidad cotidiana de sus habitantes y familias, y en otros barrios, ha mejorado la conectividad y accesibilidad para la movilidad de sus habitantes y familias en el espacio local y metropolitano.

La ciudad, en su forma, presenta profundas transformaciones. Así, las formas de “moverse” por ella deben modificarse también, apelando a nuevas competencias y capacidades de las personas. Esas capacidades –su posesión y la posibilidad de ponerla en práctica– se relacionan con el lugar en la ciudad, con las condiciones socioeconómicas de las personas y con el impacto que las transformaciones viales generan en los contextos de movilidad.

El enfoque metodológico que orienta esta investigación es cualitativo, exploratorio y descriptivo4. Se propone un estudio de caso; como estrategia microsocial que permite profundizar en las características del proceso de instalación y puesta en marcha de la AASS, como sus implicancias en la movilidad cotidiana de los habitantes de los barrios aledaños

ubicados en las comunas de La Granja, La Pintana, y Puente Alto.

Para la selección de los entrevistados se construirá una matriz tipológica (Valles, 1997), en función de las dimensiones de análisis que estructuran esta investigación. Asimismo, la selección de los casos se realizará en los territorios en donde está emplazada la AASS5. Así, se diferenciará entre actores comunitarios (las familias que viven en los barrios aledaños), actores del nivel local (municipios, instituciones locales, políticos) y actores del nivel central pertenecientes a organismos del Estado y la empresa concesionaria.

En este marco, la unidad de análisis seleccionada la constituye una muestra aleatoria de 70 familias habitantes de las comunas antes mencionadas. Se entiende que esta unidad tiene mayor pertinencia para el análisis sobre los modos de vida urbano que la unidad individual. Lo anterior se sustenta en investigadores como la de Lannoy (en Kaufmann 2004)6 que afirma que la vida cotidiana de las familias daría cuenta de las distintas movilidades de sus miembros, siendo este un elemento importante que devela las dificultades, tensiones, negociaciones o “arbitrajes”, como los recursos que estas poseen para la toma de decisiones en relación a la movilidad cotidiana y al logro de sus proyectos de vida.

La investigación, cuyo trabajo de campo se encuentra actualmente en desarrollo, ha producido un análisis preliminar que evidencia costos y beneficios diferenciados que la autopista ha producido sobre estos territorios y la movilidad cotidiana de sus habitantes.

La Autopista Acceso Sur a Santiago (ASSS) La AASS7 fue diseñada hace más de diez años, destinada a proveer una alternativa de ingreso a Santiago desde el sur del país, beneficiando a todos aquellos automovilistas y residentes cuyo destino se encontraba en Santiago suroriente. Es una obra pública,

4 Siguiendo los lineamientos teóricos de Orlikowski y Baroudi (1991) se puede afirmar que esta alternativa de investigación tiene como propósito entender cómo los miembros de un grupo social, a través de su participación en procesos sociales, establecen sus realidades particulares y las dotan de significado (Reyes 2008: 8).

5 Las técnicas utilizadas en esta investigación son: observaciones descriptivas no participantes, entrevistas semiestructuradas a familias, residentes en estos territorios, actores locales y metropolitanos (públicos y privados) considerados claves en el proceso (según matriz tipológica). Se utilizan también otros materiales, como registros fotográficos y mapas socioespaciales. Fuentes secundarias de información: encuestas origen destino(O-D), datos sociodemográficos, socioeconómicos y morfológicos de la población afectada (Censos, Casen) y microobservaciones basadas en sistemas de información geográfica (SIG).

6 Traducción propia del artículo de Kaufmann (2004).

7 Esta autopista de 46 km, cuyo costo alcanzó los 300 millones de dólares, permite acceder directamente a Santiago desde el sur, conectando la Ruta 5 con Américo Vespucio, “que es el anillo de circunvalación desde el cual las personas podrán buscar su destino final”. (E-construcción, 2010).

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ejecutada y operada bajo el sistema de concesiones8 y forma parte de la Concesión Internacional de la Autopista Ruta 5 Sur, tramo Santiago-Talca. El tramo total de esta concesión abarca 250 kilómetros, el cual corresponde al 25% del total de la inversión de la Ruta 59, lo que da cuenta de la importancia económica de este proyecto y su impacto en la política de vialidad.

La AASS fue adjudicada en el año 1998 y se constituye en un segundo acceso a la Región Metropolitana por la Ruta 5, desde el sur del país. Este proyecto forma parte del primer megaproyecto vial aprobado bajo la Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas, que responde al nuevo modelo de regulación, orientado a lograr estándares internacionales de construcción, e incentivar el desarrollo de la construcción de infraestructuras para incrementar la movilidad de los ciudadanos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el país.

Se esperaba mejorar la conectividad entre el sector sur y el resto de la capital, al enlazar en su extremo norte con la Avenida Américo Vespucio, principal eje vial estructurante del Gran Santiago. Y así, favorecer el desarrollo de sectores urbanos deprimidos, además de potenciar las “zonas industriales exclusivas”, definidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago en el sector sur de la ciudad. Se esperaba favorecer a una población de cerca de 1.550.000 habitantes de la zona sur de Santiago10.

El tramo AASS debió entrar en operación el año 2002. Sin embargo, debido a problemas de gestión pública, que incluyeron dificultades de coordinación sectorial, errores de diseño, deficiencias en las normativas de calificación medioambiental y problemas con los vecinos de los barrios aledaños y la empresa concesionaria11 el plazo de las obras se extendió más allá del tiempo originalmente contra-

tado. Se inauguró a inicios del 2010, con siete años de atraso respecto de la fecha programada inicialmente en los contratos, y con una serie de acuerdos de compensación que siguen hasta la fecha de hoy pendientes. Es el proyecto vial que ha tomado mayor tiempo en materializarse en el país, contando con la participación de nueve ministros de Estado pertenecientes a cuatro períodos presidenciales12.

Así, la AASS se configura como referente urbano de estudio y análisis dado que presenta diversos impactos sociales y físicos, que afectan la movilidad cotidiana y calidad de vida de los habitantes de los territorios intervenidos.

La autopista AASS atraviesa seis comunas periféricas del sector sur de la capital13 que se caracterizan por tener altos niveles de vulnerabilidad y pobreza.

En la ilustración se presentan los territorios en que se ubican los cuatro barrios de estudio de esta investigación: Bajos de Mena, El Castillo, La Serena y Santo Tomás; este último corresponde al tramo más emblemático del proceso de construcción de este proyecto vial.

Aristas de un caso paradigmático Son muchas las externalidades y conflictos que ha generado este mega proyecto vial en las distintas escalas del territorio. En adelante se analizarán algunas de las dimensiones que han afectado y afectan la movilidad cotidiana de los habitantes de los barrios aledaños a la AASS14 a nivel local y metropolitano.

Antecedentes del proceso de diseño e instalación de la AASS Diseño y condición interurbana de la AASS La condición interurbana de este proyecto vial generó una serie de dificultades que se concentraron en el

8 Por Decreto Supremo N° 859 de fecha 30 de junio de 1998 del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de agosto de 1998, se adjudicó el contrato de concesión denominado “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago”, que permite la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los km. 29,014 y 219,490 de la Ruta 5 Sur, incluyéndose las obras correspondientes al Acceso Sur a Santiago comprendidas entre los kilómetros 0,000 y 46,586 y las obras correspondientes al By-Pass Rancagua comprendidas entre los kilómetros 66,760 y 94,829.

9 Proyecto Acceso Sur a Santiago (1997). Ministerio de Obras Públicas.

10 Documento Ingelog 2008.

11 La Sociedad Concesionaria que se adjudicó el proyecto fue la Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. por un plazo de 25 años y con fecha de término en agosto de 2024. La inversión para el tramo de la AASS (46 km) alcanzó los 300 millones de dólares. El mayor costo de este proyecto fue la construcción del túnel soterrado, que corresponde a los últimos 2,9 km del tramo urbano.

12 A la fecha de hoy, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo no han dado cumplimento a todas las obras y proyectos de compensación comprometidos a los habitantes de los barrios aledaños, entre ellos la instalación de señalética en el tramo urbano, reconstrucción de áreas verdes, expropiaciones y ampliación de la oferta de transporte público.

13 Las comunas de San Bernardo, Puente Alto, La Florida, La Pintana y La Granja.

14 En este caso de estudio los principales actores involucrados desde el sector público son; el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y su oficina territorial; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Servicio Nacional de Vivienda (SERVIU), los Municipios de La Granja, La Pintana, Puente Alto, y la Concesionaria del Maipo. De la sociedad civil, los habitantes de los barrios aledaños.

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Figura Nº 1.

Mapa áreas de estudio

Fuente: Elaboración propia

tramo urbano de la autopista. Es clave atender este punto, ya que gran parte de los problemas generados con las comunidades aledañas a la AASS se desprenden la condición no urbana de la autopista15.

Así, por su condición interurbana esta autopista no incluyó en el diseño la instalación de infraestructura de soporte para la movilidad peatonal, como la instalación de semáforos en cruces y accesos, señalética local y pasos peatonales que mejoren la conexión de los residentes con otros barrios, como tampoco una Resolución de Calificación Ambiental que se adecuara a la condición urbana del territorio afectado.

Todos estos elementos condicionaron seriamente

las posibilidades de conectividad y seguridad de los habitantes de los barrios aledaños a este proyecto vial. En este caso, las autoridades se resistieron a cambiar su condición a urbana, a pesar de todos los problemas generados, especialmente en el tramo de mayor densidad (túnel soterrado), situación que hasta la fecha de hoy afecta la accesibilidad y movilidad cotidiana de los habitantes de estos barrios.

Diseño y condición medioambiental del Proyecto AASS La inexistencia de una evaluación ambiental inicial del proyecto16 provocó una serie de problemas

15 Existen importantes diferencias entre una autopista urbana y una interurbana, porque estas últimas conectan núcleos urbanos y se reconocen como caminos productivos: son de mayor longitud (más de 100km) porque su función principal es generar una mejor accesibilidad y con ello asegurar menores costos de traslado de bienes, y su tráfico crece en la medida en que el país se desarrolla económicamente (Estache & de Rus: 2003).

16 Según documento de la Comisión Arbitral, fue adjudicado a la Concesionaria del Maipo en el año 1998… “Se evidencia claramente que no existía RCA a la fecha de licitación, lo que es claro también de la lectura de la sección 1 letra B de las BALI. Seguidamente se ve que la RCA 380/99, que es de septiembre de 1999(1ra aprobación de la autoridad ambiental) Es anterior a la presentación del Proyecto de Construcción que se hizo en octubre de 1999...”pag.10.

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entre el MOP, la concesionaria y la comunidad local respecto de las responsabilidades y medidas socioambientales a resguardar. Es evidente que el MOP no consideró, en el llamado a licitación, las variables ambientales relacionadas con el medio humano, como los aspectos sociales, económicos o culturales de la población aledaña a las obras. Dicha consideración habría permitido anticipar estrategias de solución frente al surgimiento de los problemas, protestas y paralizaciones, medidas derivadas de reivindicaciones legítimas, que llevaron a duplicar los años y costos de construcción de la AASS.17 En tal sentido, la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente18 será de gran importancia para la regulación general aplicable a las obras de infraestructura en nuestro país. En el proceso de construcción de la AASS se incurrió en reiteradas insuficiencias e infracciones. En base a esta legislación y dado los perjuicios ocasionados, los actores locales exigieron que el proyecto AASS se sometiera a Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en dos ocasiones (1999 y 2002) y un

último ajuste, que se realizó en el año 2005. Esto con la finalidad de evaluar y reparar los costos ambientales y sociales no previstos con las comunidades locales intervenidas.

La mayor magnitud de los impactos ambientales se registró directamente sobre las poblaciones que residían en los barrios aledaños al sector del túnel soterrado (La Serena y Santo Tomás). El principal malestar de los vecinos se explica porque las obras se instalaron a un metro de la reja de salida de sus casas, separando con mallas algunos tramos, realizando cortes de calles y accesos para las faenas de excavación, producto de los cambios de servicios y pilotes19 en el territorio. Esta situación expuso a la población residente a ruidos molestos, a eventos de polución e inundaciones que dañaron las propiedades y dificultaron el suministro de servicios básicos en los barrios aledaños a la obra20. En algunos sectores tuvieron que soportar estas condiciones por más de dos años, situación que provocó serios problemas de acceso, de circulación intra y extra barrial, como de salud en la población.

Figura Nº2 Imágenes de construcción AASS. Av. La Serena 2008

Fuente: www.adach.cl

17 A la fecha no se ha encontrado un documento que entregue información sobre los costos finales de este proyecto. En la entrevista realizada a un ex Director de Vialidad de MOP, indicó que el costo final habría superado con creces el presupuesto inicial, si se consideran las obras complementarias no previstas, entre ellas, túnel soterrado, colectores, etc.

18 D.O.09/03/94 artículo 10, el ámbito material del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Repertorio de Legislación de Relevancia Ambiental. En base a esta legislación se solicita la RCA del proyecto en el año 1999, y posteriormente se hacen ajustes en los años 2002 y 2005. En documento de la Comisión Arbitral, pag.15.

19 En este proceso se aplicaron cuatro multas a la Sociedad Concesionaria por incumplimiento de medidas contenidas en las bases de licitación del contrato. (Se aplica RCA/2003). Información extraída de entrevista a socióloga MOP territorial 20 julio 2011.

20 Entre ellas, podemos mencionar las reiteradas roturas de matrices de agua potable de la calle Socos que aparentemente respondía a que Aguas Andinas habría construido una matriz ineficiente, que no cumplía con los estándares mínimos, …Documento Comisión Arbitral pag.27.

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Conflicto y plan de compensación habitacional Uno de los grandes problemas de la instalación de este megaproyecto vial fue compatibilizar el diseño con la construcción de la autopsita en el tramo urbano. En un comienzo se pensó que el proceso de expropiación y de mitigación no sería un obstáculo relevante para su construcción, ya que se tenía como referencia los eficientes y rápidos acuerdos observados en otros procesos de expropiación de autopistas en Santiago21. Sin embargo, en el proceso expropiación de la AASS se observan ciertas irregularidades en la gestión del MOP22 que cuestionan el sistema de concesiones en general23.

En el proyecto original se previó que el 30% del trazado pasaría por sectores habitacionales, considerando una mínima cantidad de expropiaciones, concentradas principalmente en el último tramo de túnel (2,9km) y algunos tramos de El Castillo. La alta intensidad habitacional en algunos de los tramos aledaños a la autopista en las comunas de La Granja y La Pintana hicieron que el proceso de traslado y expropiación fuera muy complejo24.

A modo de ejemplo, en el tramo del túnel soterrado de Av. La Serena se consideró que afectaría solo a 300 viviendas, que podrían ser trasladadas a nuevos barrios con viviendas similares y cercanas a su emplazamiento original. El MOP posteriormente cambia esta decisión, ya que implicaba en la práctica la expropiación de más de 1.500 viviendas, es decir cinco veces más que la última solución adoptada25.

La alta rotación de ministros de Obras Públicas (nueve ministros ejercen su cargo en el proceso de concesión y construcción de la autopista) se tradujo en una serie de decisiones que se alejaron del pro-

yecto inicial, cambiando en reiteradas ocasiones los acuerdos establecidos por sus antecesores con las comunidades locales.

Los efectos asociados a estos cambios y conflictos con las comunidades locales traen al Estado también serios problemas con la empresa concesionaria, producto del retraso de las obras y aumento de los costos de este proyecto vial. El centro de la demanda establecida por la concesionaria al MOP en el año 2010 es por “perjuicios” debido a los retrasos en la construcción del Acceso Sur a Santiago26. Esta situación aumenta el monto de inversión total que esta obra contemplaba y obliga a renegociar los costos de los imprevistos entre el MOP y la concesionaria27.

Otro punto del conflicto refiere a las diferencias en las negociaciones con los vecinos de los sectores afectados por esta intervención urbana, tanto de aquellos cuyas casas fueron expropiadas y como de aquellos cuya propiedad no fue objeto de tal expropiación. Este punto será parte estructural de las demandas y conflictos entre vecinos de los diversos tramos y el Estado, situación que a la fecha de hoy no se encuentra resuelta y que, a su vez, evidencia que existe una importante fragmentación institucional y territorial que se traduce en intervenciones sectoriales desarticuladas, superpuestas e incluso contradictorias28.

Conflicto y coordinación intersectorial de los actores involucrados En el último tramo de Avenida La Serena (límite de La Pintana y Puente Alto) se construyeron, a inicios del 2000 (cuando el proyecto de licitación ya estaba en marcha) viviendas sociales en la franja fiscal adyacen-

21 Por ejemplo, en el caso de Autopista Central en el tramo General Velásquez, donde se coordinó junto al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) el otorgamiento prioritario de subsidios habitacionales tanto a residentes como arrendatarios con el fin de hacer expedito el acuerdo para la expropiación de la faja requerida.

22 Para la opinión pública el conflicto se conoció como el escándalo MOP-GATE. Para mayores detalles, ver: http://www.camara.cl/pdf. aspx?prmID=75&prmTIPO=INVESTIGAFIN 23 Proyecto IVM.(2011-2012).

24 En los sectores altamente poblados se requería disponer de un corredor de dominio fiscal que contemplara una franja de 60m. en las zonas urbanas.

25 Información recogida de las entrevistas realizadas al Ex ministro del OO.PP. y Arquitecto responsable de la evaluación del diseño de la AASS. 26 Con fecha 30 de julio de 2010, la Autopista del Maipo sociedad concesionaria, presenta una demanda contra el MOP por mayores costos. Luego presentó una demanda arbitral a la comisión de la “Concesión Internacional Ruta 5 Sur, Tramo Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago” . Sin embargo, esta demanda no considera en ningún momento la deficiencia en el diseño de la propuesta por falta de conocimientos de las condiciones territoriales, sociales y medioambientales del tramo urbano de la AASS. 27 La concesionaria basa su demanda indicando que las paralizaciones de faenas fueron originadas por negligencia del MOP y por la acción de vecinos del sector en donde se desarrollaban los trabajos, cuyas paralizaciones, protestas y acciones habían provocado la imposibilidad de ejecutar las obras. En definitiva, responsabiliza al MOP por la falta de diligencia para garantizar la ejecución de los trabajos y para ejecutar las medidas medioambientales que eran de su responsabilidad.

28 Entrevistas realizas a los ex ministros del Ministerio de OO.PP. Carlos Cruz y Sergio Bitar.

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Figura Nº3.

Fotografía Avenida La Serena, 2012

te a donde se ejecutarían las obras29; esta situación evidencia la falta de comunicación y articulación entre entidades públicas, privadas30 y la sociedad civil.

En este caso los habitantes de estos barrios aledaños, no fueron informados ni considerados en el proceso de diseño e instalación de esta infraestructura vial.

La participación ciudadana31 se inicia de manera informal en los dos primeros años de ejecución y se incrementa desde el año 2003 en adelante, con el proceso de excavaciones del túnel soterrado en Av. La Serena. Posteriormente, con las expropiaciones, emergen nuevos conflictos territoriales en distintos sectores colindantes a la AASS, entre los barrios La Serena, Santo Tomás y El Castillo.

Cabe señalar que el sector del túnel soterrado (2,9 kms) representa el 47% del monto de la inversión total ejecutada para el AASS a Santiago. Por ende, se trató de un tramo “estratégico”, no solo funcionalmente, sino también en materia de costos de la inversión total de este proyecto vial.

En el caso de Bajos de Mena no se observan conflictos en la fase de instalación de la AASS. Es posible que esto se deba a que la AASS cruzó sectores ru-

rales y urbanos de baja densidad y que en el tramo más poblado no afectó directamente la movilidad y calidad de vida de sus residentes, ya que su trazado pasó por las fronteras “naturales” de este barrio.

Luego de la puesta en marcha de esta autopista, se observa un aumento de los problemas de movilidad y accesibilidad para las comunidades colindantes de este territorio.

Principales externalidades de este mega proyecto en la movilidad cotidiana de los habitantes de los barrios intervenidos La AASS sin duda modificó las condiciones existentes en el territorio, generando importantes externalidades positivas y negativas para sus residentes. Como plantea Figueroa (2013), las infraestructuras son productoras de importantes externalidades; las positivas tienen que ver principalmente con el abaratamiento de la conexión de las personas y los bienes entre distintos puntos de origen y destino, permitiendo además la accesibilidad a nuevos territorios cuyos rendimientos productivos se incrementan, produciéndose importantes

29 Más información en Ponce, P., 2010. Acceso sur Santiago: una autopista sin salida. [en línea]. Disponible en: <http://www. plataformaurbana.cl/archive/2008/02/22/acceso-sur-santiago-una-autopista-sin-salida/> [obtenido el 01 de abril de 2010].

30 El MOP y Sociedad Concesionaria del Maipo se encuentran en litigio legal, con una demanda presentada por ambos agentes a la Comisión de Conciliación y Arbitral.

31 En el año 2006 se incorporan a las negociaciones la mesa de dirigentes vecinales, constituida por aproximadamente diez organizaciones vecinales.

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Movilidad cotidiana e infraestructura vial: nuevos desafíos urbanos para la inclusión social en la ciudad. El caso de la autopista acceso a Santiago

aumentos en la valorización de suelos, especialmente en las cercanías de estas vías.

En tal sentido, este proyecto ha permitido mejorar la conectividad en algunos de los barrios colindantes, como es el caso de La Serena en La Granja, facilitando su acceso a Vespucio, la renovación de la pavimentación de vialidad y el saneamiento del sector, así como el incremento de la iluminación y semaforización en estos barrios, la construcción de plazas y el Parque Intermodal La Platina. Este cambio ha permitido a sus habitantes tener mejores condiciones de movilidad y accesibilidad a los servicios intra y extra locales.

En algunos tramos de la autopista se observa un aumento de infraestructura industrial y de comercio, especialmente en el sector de Bajos de Mena. En general se observa un importante crecimiento de la construcción de viviendas en los paños aledaños a la AASS. Esto se ha traducido en mejoras en equipamiento, accesos y en el espacio público para las comunidades colindantes, dada la poca consolidación con la que contaba este territorio.

Las externalidades negativas más conocidas son los impactos de degradación de sus zonas más inmediatas, como el efecto barrera en las zonas donde se implanta, y el efecto túnel que lleva a una pérdida de interés o valor en las zonas adyacentes que no tienen comunicación con la infraestructura construida (Figueroa, 2012), como se observa el caso de estudio, además de otros impactos indirectos como la concentración de contaminación, los

riesgos de accidentes y la congestión.

En el caso de La Serena y Santo Tomás, se observa una importante pérdida de áreas verdes en la aceras ya que la construcción en túnel dificultó la consolidación de espacios de esta naturaleza. A esto se suman los fuertes impactos en la etapa de construcción que afectaron la calidad de vida de sus habitantes, por la falta de espacio necesario para la construcción de las obras, que derivó, en algunos casos, en la intervención de la propiedad privada.

Se observa una disminución en el acceso y frecuencia del transporte público en los barrios aledaños a la AASS, además de una deficiente señalización en los tramos más poblados: insuficiencia de semáforos y de pasarelas peatonales.

En el caso el Castillo, la oferta y frecuencia disminuye considerablemente, obligando a sus habitantes a incrementar el uso del taxi colectivo, la caminata y la bicicleta para no inmovilizarse. Esto se expresa en cambios en los trayectos y recorridos cotidianos de sus habitantes, que en la mayoría de los casos implican un aumento de tiempo de traslado y de los costos de transporte.

En el caso de Bajos de Mena, en cambio, se incrementa la frecuencia del transporte público, sin embargo la oferta intercomunal se fragmenta de tal forma que sus habitantes han debido desplegar nuevas estrategias, como la ampliación de recorridos de taxis colectivos, tanto para el acercamiento al metro, para las urgencias familiares y también para los destinos finales.

Figura Nº4.

Muro caletera AASS, El Castillo, La Pintana

Fuente: Elaboración propia.

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Figura Nº 5.

Recorridos Transporte público, Sector Bajos de Mena - Sistema Antiguo y Sistema Transantiago

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de SECTRA 2006-2012.

En este sentido podemos ver en la Figura Nº5, como en los planos de recorridos de Transantiago en Bajos de Mena se evidencian los importantes cambios que ha sufrido la población en cuanto a la cobertura de los recorridos que ofertaba el transporte público antes de la instalación de la AASS y luego de su instalación, que coincide con la implementación del sistema Transantiago.

Es posible apreciar cómo estos cambios en el transporte público han limitado las posibilidades de movilidad, aumentando considerablemente los tiempos de viaje y de conectividad de los habitantes de Bajos de Mena a nivel local y metropolitano.

Disminución de la accesibilidad y conectividad, hace que lugares donde antes de esta vía existía una conexión directa con el espacio rural y que limitaban con un borde natural, como por ejemplo en Bajos de Mena el acceso al Rio Maipo, sus canales, y otros sectores como huertas o predios, se ven interrumpidos por la autopista. En este territorio no se consideró la construcción de pasarelas peatonales que conectaran a sus habitantes con otros barrios32.

En el caso de El Castillo33, la autopista divide y corta el territorio, sus habitantes se han visto obligados

a cambiar trayectos cotidianos, en algunos casos sus medios de movilidad para poder acceder a la escuela, trabajo y servicios en general, generando cambios importantes en sus patrones de movilidad.

A modo de conclusión Artefactos de la movilidad y desafíos para una gestión pública inclusiva Las autopistas urbanas son, sin duda, uno de los mayores gastos directos en infraestructura que difícilmente afectarán nuevamente a las comunas de la zona sur de Santiago (RPTE, 2009). Se esperaba que este proyecto contribuyera al logro de una mayor integración de sus territorios con el aumento de la conectividad y de la movilidad de las personas que habitan en los barrios aledaños a la AASS. Sin embargo, en este caso, vemos cómo la instalación de este artefacto de la movilidad motorizada por excelencia, ha tendido a aumentar la desigualdad y exclusión social de los habitantes de sus barrios de colindantes.

En este escenario, podemos observar los efectos de un proceso de renovación urbana que en su diseño no consideró la complejidad política, administrativa

32 Entrevistas realizadas a 25 familias habitantes de Bajos de Mena entre los meses de julio y septiembre 2012.

33 Entrevistas realizadas a 15 familias habitantes de El Castillo entre los meses de abril a julio 2013.

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y territorial del tejido urbano intervenido (Brahm, 2005). Este caso desafía a investigar sobre cómo mejorar las condiciones técnicas, humanas y sociales del sistema de concesiones que asegure un buen diseño del contrato al inicio de un proyecto de carreteras, garantizando condiciones técnicas, medioambientales y de participación social de los ciudadanos que habitan en territorios intervenidos.

En una medida importante, los problemas generados en el proceso de instalación de la AASS se explican por insuficiencias en la gestión pública, política y ambiental del Estado. Dada la inexistencia de canales institucionales claros para resolver los problemas, las acciones de los actores evidencian los diversos intereses en juego y los problemas de diseño de esta intervención vial de carácter metropolitano.

Se esperaba que la AASS potenciara el desarrollo inmobiliario de cerca de mil hectáreas adicionales de terreno, beneficiando a su población con nuevas calles de servicios y desarrollo vial en el territorio.

Es posible apreciar que en estos últimos años ha crecido de manera importante la construcción de viviendas en estos territorios; sin embargo, hasta el momento, sigue primando la construcción de villas y blocks de vivienda social y poco se ha avanzado en mejoras en la conectividad y accesibilidad vial para sus residentes.

Esta nueva vía estructurante de la ciudad claramente no fue diseñada para estos habitantes, la capacidad económica del sector no les proporciona acceso al uso de vías, lo cual se ve reflejado en el mínimo cuidado de la construcción en establecer una relación de la autopista con las vías estructurantes del sector, generando un borde que se transforma en barrera para sus habitantes. Según Green y Mora (2005), en este y otros casos de ampliación de infraestructura vial en la metrópolis, se está debilitando la idea de la ciudad como espacio social y se está favoreciendo la reclusión de los habitantes en barrios ya socialmente estratificados.

Accesibilidad y sistema de transporte público Es reconocido que el servicio de Transantiago, en general para las comunas periféricas un acceso no satisfactorio al transporte público, ya sea por la distancia que se debe caminar para acceder al servicio, como por su baja frecuencia. En los territorios intervenidos por la AASS, se visualizan cambios importantes del transporte público; se observan diferencias entre los barrios estudiados, tanto en la oferta como en la frecuencia de este servicio.

En estos territorios la instalación de la AASS y el sistema de Transantiago ha contribuido a profun-

dizar el sentimiento de insularidad y de abandono de sus habitantes. Las condicionantes geográficas de la segregación en estos territorios obstaculizan el acceso duplicando los tiempos y recorridos de sus habitantes a oportunidades de desarrollo educacional, económico, laboral, cultural y recreacional, así como de mejoramiento de su calidad de vida y movilidad social y cotidiana.

En este caso, podemos constatar que un beneficio y recurso metropolitano para la movilidad produce costos diferenciados en las escalas de la ciudad, concentrando primordialmente las externalidades negativas en la escala local. Así, lugares fragmentados por las infraestructuras, provocan la concentración de fragilidades, entre ellas, dificultades en los trayectos de movilidad cotidiana y de accesos de la población a bienes y servicios en el barrio y la ciudad.

Estos territorios además deben soportar los efectos ambientales negativos como el ruido, la contaminación y un paisaje degradado por esta infraestructura.

Esto, sumado a su condición de borde de ciudad, dan cuenta de un contexto socioespacial de alta vulnerabilidad.

Movilidad cotidiana y políticas de desarrollo urbano Sin bien las políticas urbanas han intentado aminorar estos impactos, estas se han orientado a adaptar las ciudades a la velocidad de desplazamiento; así, no necesariamente han considerado la densidad habitacional, las vías, accesos, conectividad y la nueva distribución espacial de las grandes aglomeraciones. Las líneas de acción pública han tenido efectos agregados en un contexto de creciente falta de equidad social en el acceso a los bienes y servicios urbanos que, sumados a los efectos de las políticas de movilidad urbana, acrecientan los procesos de concentración urbana o de metropolización en procesos de doble causalidad: procesos de polarización espacial y efectos de dispersión urbana en todas las escalas del territorio. (Ascher, 2005).

Hoy día asistimos a nuevos conflictos urbanos generados por la instalación de megaproyectos viales, que pasan por sobre quienes habitan en la ciudad.

Existe una percepción generalizada de que los ciudadanos no son considerados como un actor relevante por el Estado al momento de planificar nuestras ciudades. En este sentido interesa avanzar en el reconocimiento de las dinámicas sociales que producen las intervenciones viales urbanas en los distintos sistemas, así como sus consecuencias en la movilidad cotidiana de los habitantes de barrios 43

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que sufren una mayor exclusión social en la ciudad.

Entonces, podemos afirmar que el modelo de expansión de redes y sistema de movilidad en la ciudad forman parte de un mismo proceso de transformación de las pautas de comportamiento urbano. Desde esta perspectiva se destaca a la accesibilidad y la movilidad en general como un factor que puede aliviar o empeorar la situación de pobreza.

Un desafío central que trasunta este esfuerzo de investigación dice relación con pensar en una movilidad y accesibilidad urbana que resguarde el derecho a la equidad, en tanto que derecho a la calidad de vida, que no se relaciona exclusivamente con marcos económicos, materiales, sociales y culturales, sino también en relación al concepto de gobernabilidad, vinculado con la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a los sistemas de poder político y a una participación efectiva en la ciudad y en sus procesos de transformación. En estos casos se está debilitando la idea de la ciudad como espacio social y se está favoreciendo la reclusión de los habitantes en barrios ya socialmente estratificados.

Así, puede concluirse que los territorios por donde pasa esta autopista concentran problemáticas sociales como pobreza, un importante aumento poblacional que se localiza en zonas no consolidadas de comunas con altos índices de vulnerabilidad social y una ausencia relativa de servicios sociales, de salud y educación, lo cual se ve agravado por las dificultades de conectividad y accesibilidad que limitan a sus habitantes en su movilidad cotidiana. A través de este caso hemos visto que las desigualdades de la movilidad son múltiples y no se resumen en la pregunta sobre el acceso o disponibilidad de infraestructura. La aptitud de moverse se impone como una de las dimensiones fundamentales de la estratificación social y como un factor de desigualdades frente a los desplazamientos.

Por último, estudios como el que se plantea aquí, deben contribuir mejorar la formulación de la política social urbana con miras a reducir las brechas de exclusión socioterritorial y las insuficiencias de los diseños de artefactos de movilidad urbana. En definitiva, pensar en políticas públicas que no solo alivien condiciones materiales objetivas de pobreza sino que además alteren pautas estructurales de relaciones sociales existentes al interior de estos espacios (De Certeau; 1999). Lo anterior, orientado a garantizar una movilidad cotidiana y una calidad de vida para todos los ciudadanos, que otorgue recursos en transporte y accesos equitativos a los servicios e infraestructuras de la ciudad.

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 47-54

Los trabajadores sociales quieren andar solos. Reconceptualizacion y Guerra Fría.

Complejidades de la intervención social Social workers want to walk alone. Re-conceptualization and cold war. Complexities of social intervention “…es una nueva corriente en servicio social difundida ya por todo el continente latinoamericano. Fruto de condicionantes históricas muy precisas, al expandirse recibe por igual la aprobación de los sectores de vanguardia y la juventud y el más enconado rechazo de los conservadores, los comprometidos con el status quo y los haraganes mentales” (Kruse, s.f., p. 25).

Maricela González Asistente Social y Doctora© en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora, Universidad Santo Tomás, Escuela de Trabajo Social. Dirección postal: Avda. Ejército 146, Santiago, Chile. Correo electrónico: mgonzalez@santotomas.cl

Resumen El artículo analiza la relación histórica entre el proceso de reconceptualización del trabajo social latinoamericano y la Guerra Fría. Distingue dos etapas; la primera, caracterizada por la influencia de Estados Unidos en los procesos de intervención social y apoya a programas de promoción, reforma agraria y financiamiento para la modernización en países de América Latina. En la segunda, en cambio, se rechaza el influjo norteamericano y se inclina a la búsqueda de cambios radicales de estructuras sociales. En lo global, se trató de un proceso menos uniforme de lo que usualmente se cree, en que convivieron posiciones contrapuestas tanto políticas como metodológicas, conformando una red de tendencias e influjos de carácter Interamericano.

Palabras clave. Reconceptualización, Guerra Fría, historia del trabajo social latinoamericano.

Abstract The article analyzes the historical relationship between the process of re-conceptualization of Latin American Social Work and the Cold War. Distinguishes two stages: the first characterized by the influence of United States intervention in the processes of social support promotional programs, funding for land reform and modernization in Latin America. In the second, however, reject the U.S. influence and tend to look for radical change in social structures. In overall, it was a less uniform process than is commonly believed, coexisting opposite political and methodological positions, conforming a network of trends and influences of inter-American character.

Key words. Reconceptualization, Cold War, Historu of Latin American Social Work.

Introducción y perspectivas de análisis El presente artículo busca situar el proceso de reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano en el contexto ideológico de la Guerra Fría, tratando de encontrar en sus características y desarrollo un componente identificable con los cambios políticos que sufrieron los países de la región, en el marco general de transformaciones operadas en las ciencias sociales y la intervención social.

Se entiende por “Reconceptualización del Trabajo Social” al proceso que vivió la profesión en América Latina desde comienzos de la década de los sesenta y por un espacio de aproximadamente quince años.

El fenómeno tuvo un carácter eminentemente crítico y significó un profundo cuestionamiento a lo que se consideraron métodos tradicionales de acción, a los orígenes profesionales y, en general, a todo lo que se había hecho desde los inicios de la profesio47

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nalización. Fue todo esto englobado bajo el rótulo de “asistencialismo” y pensado como una etapa que había que superar para un mejor cumplimiento de los también nuevos objetivos de la profesión.

Tradicionalmente, la historiografía del Trabajo Social ha sido más o menos condescendiente con el discurso de la reconceptualización y se han aceptado sin grandes objeciones sus planteamientos respecto de la historia, los orígenes y el desarrollo profesional. Se sigue utilizando, en ese sentido, un esquema muy similar para calificar las “etapas” históricas, como si estas hubiesen desplegado un curso evolutivo desde un punto primigenio asistencial y reproductor del orden social, luego hubiesen caminado hacia una perspectiva más desarrollista, para, finalmente, haber arribado a una especie de “iluminación” donde el Trabajo Social se habría encontrado con los métodos, los objetivos y los fines correctos.

Por otra parte, se habla unánimemente de la reconceptualización ligada al conjunto de cambios sociales que los países latinoamericanos estaban viviendo durante esos años, pero no existen análisis más específicos al respecto, no se examinan las dinámicas de influencia ni se abordan las formas de apropiación de dichos cambios1. En otras palabras, estos análisis no sitúan la realidad profesional en el “contexto”, más allá de algunas generalizaciones abstractas.

Este artículo se ubica en la dirección opuesta a esas dos tendencias. Por una parte, se ha tratado de ser menos complaciente con los planteamientos de la reconceptualización y, contraria a la hipótesis de que esta ha marcado un quiebre con la historia del Trabajo Social latinoamericano, se ha querido más bien afirmar la existencia de continuidades con el proceso previo, a partir del cual se forjó. Por la otra, se trabaja concretamente en indagar la relación que tuvo la reconceptualización con la Guerra Fría o, más bien, se busca mirar al movimiento reconceptualizador como parte de una gran ideología que influía las relaciones sociales, políticas y culturales en la época.

Sin duda que esto nos conduce a mirar la Guerra Fría desde una perspectiva también diferente.

Usualmente, se la ha entendido como un conflicto entre dos bandos, posterior y derivado del acuerdo europeo de posguerra, donde estas dos “superpotencias debutantes”, –usando la denominación de

Joseph Gilbert (2004)–, se distinguían por sus ideologías universalizadoras y un sistema de economía política propia. Como consecuencia, se dividió el continente europeo, se desataron luchas violentas en la periferia y se produjo una carrera armamentística de naturaleza estratégica.

Sin negar esta definición genérica, los especialistas en la historia intelectual han enfatizado fuertemente en los últimos años en la importancia del carácter ideológico de esta guerra. El simple análisis geopolítico no alcanza a dar cuenta de ella ni la perspectiva político-militar tampoco. Antes bien, “…la guerra fría no dejó de ser sistemática y total.

Enmarcada en unos términos radicalmente doctrinales, fue conducida como una especie de ‘invasión’ o deslegitimación del orden social del enemigo, y se impregnó de una demología del otro y una mitología de la eternidad de las virtudes propias” (Gilbert, 2004, p. 71). En virtud de lo anterior, se hace imprescindible una historia social y cultural de la Guerra Fría, “que tome en cuenta seriamente las acciones, las identidades y las creencias tanto de la gente común y corriente como de las élites” (Gilbert, 2004, p. 81).

En ese sentido, no nos importa la reconceptualización como un fenómeno profesional que estuvo inserto e influido por otro fenómeno de carácter global. Lo que en realidad nos interesa es averiguar cómo fue la trama de esas influencias, cómo se insertó en el continuo de la historia del Trabajo Social y cómo, en el proceso de apropiación ideológica subyacente, dio lugar a una serie de procesos no previstos y re-lecturas desde la propia configuración de la intervención social.

Hemos estructurado el trabajo en dos partes. La primera abordará los principales elementos de la reconceptualización como proceso latinoamericano y la segunda trabajará dichos elementos utilizando el contexto de la Guerra Fría como marco de interpretación.

¿Qué fue la Reconceptualización?

Dentro de la historia profesional del Trabajo Social en América Latina, se produjo, durante las décadas de los ’60 y ’70 del siglo XX un punto de inflexión que se ha denominado comúnmente como “reconceptualización”. Fue autónomo y propio de nuestro continente y planteó, precisamente como uno de sus objetivos, generar un “Trabajo Social propia-

1 De hecho, se engloban todos los procesos sociales y políticos de fines de los años cincuenta y los sesenta, incluyendo algunos tan distintos como la situación internacional y la hegemonía de Estados Unidos en Occidente, la Revolución Cubana, el Concilio Vaticano II o el desarrollo del Estado de Bienestar.

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mente latinoamericano”, en el entendido de que los orígenes de la profesión habían estado excesivamente influidos por la presencia extranjera2.

Estuvo animado con un fuerte deseo de renovación que se expresó en la intención de cambiar los fundamentos teóricos, los sistemas metodológicos, la enseñanza profesional y los objetivos de la carrera.

Tuvo énfasis regionales y en su interior se gestaron submovimientos que acentuaron diferentes dimensiones del quehacer profesional. Sin embargo, un punto en común a todos ellos fue el cuestionamiento al “Trabajo Social tradicional”, que fue rechazado por ser conservador, alienante y meramente adaptador del individuo al medio ambiente. Ezequiel Ander Egg sostenía: “Durante muchos años el Servicio Social en Latinoamérica estuvo en paz. Una práctica mimética y repetidora, reducida frecuentemente a una imitación fatua y estéril, y una posición aséptica en lo ideológico y en lo político, lo mantuvo en la ‘dorada’ mediocridad” (Ander Egg, 1984, p. 15).

Y Vicente de Paula Faleiros afirmaba: “Los ‘tres métodos de Trabajo Social’ […] son elaboraciones teóricas nacidas en el seno mismo del capitalismo, como resultado de una concepción ideológica conservadora de la sociedad y de estrategias de control de las clases dominadas por las clases dominantes. El Trabajo Social considera al individuo como un caso que se estudia, buscándose una solución al problema inmediato…” (Faleiros, 1983, p. 24).

Se sitúan los inicios de la reconceptualización en torno al año 1965 (también se ha hablado de la “Generación del ‘65”) (Parra, 2005) y el papel central lo habrían jugado los Seminarios Regionales Latinoamericanos de Servicio Social: el de Porto Alegre, Brasil, en 1965; el de Montevideo, Uruguay, en 1966; y el de General Roca, Argentina, en 1967. Este último año se realizó en Araxá, Minas Gerais, el primer Seminario de Teorización del Servicio Social promovido por el CBCISS (Centro Brasileño de Cooperación e Intercambio de Servicios Sociales), conocido posteriormente como Documento de Araxá.

Paralelamente, dos tipos de publicaciones tuvieron una importancia decisiva en la formación y difusión

de las nuevas ideas. La Revista Hoy en el Servicio Social, publicada por ECRO, y las publicaciones de la Editorial Humanitas. En su conjunto, tuvieron “… como eje de atención el papel del trabajador social en el desarrollo de comunidades, aunque a esta discusión se le agrega progresivamente un incipiente debate sobre el papel ideológico y político del profesional, la formación profesional, los métodos de intervención, y los fundamentos teóricos de la profesión, buscando dar respuestas a la realidad latinoamericana” (Parra, 2005, p. 142).

A partir de 1968 las posturas sobre la renovación profesional tendieron a diversificarse y radicalizarse. Al mismo tiempo, lo que había comenzado como un movimiento germinal del Cono Sur se expandió a todo el continente latinoamericano y se abrieron nuevos cauces de comunicación a través de la revista Selecciones del Servicio Social, publicada por Humanitas, y las actividades promovidas por la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS) y el Instituto de Solidaridad Internacional, I.S.I. Un nuevo punto de inflexión lo constituyó el IV Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social que se desarrolló el año 1969 en Concepción, Chile. En ese momento las perspectivas desarrollistas que subsistían dentro del movimiento fueron prácticamente eclipsadas por la influencia del marxismo. “En este seminario aparece la preocupación sobre: la ideología, la alienación, la praxis, la investigación, la marginalidad, la concientización, la revolución y las políticas sociales, temas abordados en esta ocasión de manera abierta y frontal” (Parra, 2005, p. 142).

Una consecuencia más o menos obvia de esto fue el enfrentamiento entre distintas posturas respecto a los “cambios”; a pesar de ellos, la línea de los seminarios siguió el rumbo de Concepción y cuando al año siguiente se realizó el V Seminario Regional en Cochabamba, Bolivia, se acusaba al “imperialismo” como causante del subdesarrollo, se rechazaban los modelos funcionalistas usados por la profesión y se planteaba la necesidad de “cambiar las estructuras”.

Los años siguientes se profundizaba esta tendencia, pero ya hacia 1973 el movimiento se había diversificado de tal manera que tendía a agrupar dentro

2 De hecho, las primeras escuelas de Servicio Social de los países latinoamericanos se habían gestado a la luz de sus símiles en Europa; en sus primeros años de funcionamiento fueron lideradas por directoras europeas, principalmente alemanas, belgas y francesas, y todo el proceso formativo estuvo impregnado de los métodos, la organización y los fundamentos del Trabajo Social extranjero. Como señaló Ander Egg: “…se toma conciencia de la necesidad de integrar la profesión a la problemática real del hombre latinoamericano, y no mera copia de métodos y técnicas elaboradas en otras latitudes. Si nuestra realidad tiene un carácter diferente a la de los países desarrollados como Estados Unidos, Francia o Bélgica, de donde ha provenido gran parte de la literatura sobre Servicio Social, la inadecuación e insuficiencia de todo esto es por demás obvia”. (Ander Egg, s.f., p. 9)

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de sí a las más diversas posturas y se lo había hecho sinónimo de cualquier corriente al interior de la profesión. Gustavo Parra ha señalado que esta “decadencia” estuvo marcada también por acontecimientos políticos bien particulares que hicieron que la libertad de pensamiento en países como Chile, Argentina o Uruguay, que habían sido focos de la reconceptualización, fuera acallada por respectivos golpes militares3. Para Netto, ya desde 1973 se puede hablar de una “crisis” de la reconceptualización, que él atribuye a una decadencia mayor del proceso revolucionario latinoamericano, silenciado por la embestida conservadora (Netto, 1976); por otro lado, se produjo una arremetida de las propuestas tecnocráticas de la profesión que comenzaron a denunciar la sobreideologización del movimiento y quisieron retornar a una perspectiva más científica.

Reconceptualización y Guerra Fría Como hemos señalado en la introducción, los enfoques tradicionales sobre la Guerra Fría han puesto el acento en las dinámicas político-militares del conflicto. Un enfoque desde la dimensión ideológica, en cambio, supone entender el poder no solo como fluyendo desde las políticas de los estados, sino también a través del lenguaje y los sistemas simbólicos que impregnan las prácticas cotidianas (Spenser, 2008, p. 381).

Un caso particular lo constituye el caso de las profesiones y particularmente el de las ciencias sociales, que han sido especialmente permeables a las influencias del contexto social e intelectual. Si las profesiones son grupos estatuarios con ejercicio del poder (Aguayo, 2006, p. 105), es razonable pensar que a través de ellas se produce también un intercambio ideológico multilateral. Las profesiones, en ese sentido, son mucho más que formas de control o disciplinamiento de los sujetos. Dado su papel en la identificación de nuevos problemas sociales y en la construcción y dirección de los medios, instrumentos e instituciones para solucionarlos, las profesiones son fundamentales para la construcción de objetos de la política. Hacen “gobernables” ciertos aspectos de la realidad social y disponen, a través de un lenguaje y un instrumental técnico, de unos determinados medios para otorgar soluciones.

Como “campos”, poseen una identidad y autonomía relativas, y a la vez se vinculan a otros en un proceso de intercambio fluido (González Leandri, 1999, p.

65 y ss). En esa medida, entonces, las profesiones

–en sí mismas, en su conformación disciplinaria, y en su relación con la vida social– son instrumentos y productores ideológicos por excelencia, pues son, en realidad, construcciones simbólicas (Aguayo, 2006, p. 111). ¿Qué relaciones se produjeron, entonces, entre la profesión del Trabajo Social y un fenómeno global como el de la Guerra Fría? Propongo dividir el proceso en dos etapas interconectadas. En la primera, la Guerra Fría se hizo sentir especialmente como influencia directa de EE.UU. en procesos de intervención social como fueron el apoyo a programas de promoción, reforma agraria y financiamiento económico modernizador. En la segunda, se plasmó en una tendencia a rechazar la intervención de Estados Unidos y adherir al programa de revolución social que promovían los partidos de izquierda cercanos al bloque soviético.

Lo que hemos llamado “primera etapa” de la reconceptualización se caracteriza por una reorientación de los objetivos de la profesión influida por las políticas modernizantes de Estados Unidos hacia América Latina. A ese respecto, cuando la reconceptualización se radicalizó, años más tarde, se tendió a separar de este proceso y a denominarlo como una nueva etapa alienante. Sin embargo, lo que sostenemos aquí es que en realidad fue esta una primera etapa donde ya el Trabajo Social comenzó a experimentar cambios en su quehacer como profesión y disciplina, y en realidad tiene mucha continuidad con los procesos siguientes, en parte porque la tendencia desarrollista subsistirá posteriormente como corriente en pugna contra otra más radical, y porque hay continuidad también a nivel de métodos de intervención, de contenidos y de algunas orientaciones.

Aproximadamente desde 1940 había comenzado a gestarse una influencia creciente del Social Work norteamericano en los países de Latinoamérica, eclipsando el influjo que había tenido Europa en la formación de las primeras escuelas una década antes. Como parte de la política del “Buen Vecino” Washington invitó a delegaciones de visitadoras sociales para que conocieran las obras sociales de varias ciudades norteamericanas y participaran en congresos temáticos. Durante esa década se otorgaron becas de estudio para continuar la formación en Estados Unidos y, de forma creciente, el Trabajo Social latinoamericano comenzó a impregnarse de los métodos de intervención desarrollados por los

3 Un ejemplo clarísimo en este sentido fue el cierre de la Revista Hoy en el Trabajo Social producto de la situación política de Argentina después del golpe de Estado.

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estadounidenses (Tocornal, 1941).

En los años cincuenta se desarrolló una perspectiva modernizante de la profesión y se empezó a asumir un lenguaje que planteaba cambios en las orientaciones profesionales. La perspectiva higienista y bio-sanitaria de las primeras escuelas dio paso a la inquietud por contar con métodos propios de intervención social, que se sustentaran en los avances científicos de las ciencias sociales. Lo anterior recibió un nuevo impulso cuando, con posterioridad a la Revolución Cubana, Washington lanzó una ofensiva hacia América Latina. Como parte de esta estrategia tenía que ver con procesos de intervención social, no es extraño que el Trabajo Social se dejara permear por los temas que Estados Unidos imponía a través de la Alianza para el Progreso: organización social y participación, redistribución del ingreso y reforma agraria. Como lo ha señalado Kruse: “Aunque Cuba quedó radiada del sistema interamericano, la ALPRO permitió una libertad de expresión sobre los problemas sociales desconocida hasta ese momento; y sus programas sociales, además, le depararon un lugar imprevisto al servicio social. Dos Congresos Panamericanos de Servicio Social (San José 1961 y Lima 1965) enrolaron al Servicio Social en la corriente desarrollista” (Kruse, s.f., p. 28).

El tema “rural” cobró un enorme protagonismo para la profesión, indudablemente condicionado por las discusiones y las políticas de reforma agraria. También se desarrollaron los métodos de intervención en la comunidad que, al amparo de sus análogos en el Social Work norteamericano, querían promover el protagonismo y la participación. La idea era potenciar en las personas la capacidad de organización frente a los problemas, generando agrupaciones locales que aunaran intereses y promovieran los liderazgos emprendedores. Un papel bien importante en ese sentido lo jugó la OEA y la promoción de Congresos Panamericanos que estuvo bajo su alero. El año 1968, en el contexto del VI Congreso, se destacaba el “papel del servicio social como instrumento de desarrollo” y se instaba a las escuelas para que formaran “…profesionales aptos para participar en el desarrollo de políticas sociales en sus áreas de competencia, de acuerdo a prioridades, tipos de servicio

y ubicación; y por otra parte para interpretar los programas en términos que permitan su aplicación directa, con el propósito de ayudar a los individuos, grupos y comunidades a adaptarse a nuevas situaciones, comprender y participar y aprovechar positivamente de los beneficios del desarrollo” (OEA, p. 16).

Como lo hemos planteado anteriormente, desde el año 1965 en adelante el proceso de reconceptualización fue entrando en una “segunda etapa”, que se caracterizó por una tendencia de creciente radicalización. Se ha atribuido este cambio a tres factores: por un lado, a la propia evolución de las sociedades latinoamericanas, que vivieron durante la década una efervescencia social con movimientos políticos y culturales y con una corriente intelectual que se sentía entusiasmada con el ejemplo cubano de una revolución propiamente latinoamericana. Por otro lado, los países que encabezaron la reconceptualización en el Cono Sur, como fue el caso de Argentina y especialmente Chile y Uruguay, vivieron por esos años un clima de apertura y democratización social, ambiente en el cual prosperaron sueños utópicos de igualdad y reforma social. En esos países se realizaron los seminarios regionales de servicio social y en ellos se produjo la llegada e intercambio de intelectuales y corrientes4. Estos seminarios pusieron en contacto a profesionales que vivían realidades diversas, pero en los cuales se había comenzado a gestar una sensibilidad común proclive a los cambios; un papel importante lo jugó también el apoyo recibido desde el ISI (Instituto para la Solidaridad Internacional, de la Fundación Konrad Adenauer).

Por último, se ha señalado también la importancia que tuvieron los movimientos estudiantiles como motor de movimiento inicial que después continuarían los académicos, y la importancia de los cambios en la Iglesia Católica latinoamericana. En este último sentido, no habría que soslayar el origen católico de muchos trabajadores sociales y el impacto que habría tenido en ellos el compromiso creciente de la Iglesia con los problemas sociales y la gestación de movimientos como la Teología de la Liberación (Moreau de Young, s.f.).

Como parte del discurso rupturista que caracterizó a esta etapa, se tendió a catalogar la intervención de Estados Unidos como parte de una perspectiva

4 En el caso de Chile, fue bien importante la estadía y residencia en el país de dos fuerzas intelectuales diferentes pero complementarias.

Por un lado, residió como exiliado el brasileño Paulo Freire, creador de la “Educación Popular”; su pensamiento dejó una impronta verdaderamente significativa en el Trabajo Social y hasta hoy existen instituciones que realizan intervenciones sociales al alero de sus enseñanzas. Por otro lado, también visitó el país el norteamericano Ernest Greenwood, que dictó clases magistrales en el Instituto de Servicio Social de la Universidad de Chile; sus conferencias fueron publicadas y utilizadas como ejemplo paradigmático de relación entre el Servicio Social y las ciencias sociales.

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desarrollista que estaba respaldada por el deseo de imitar el modelo de modernización de los países desarrollados “sin mayor criticidad en su readecuación al contexto de la realidad latinoamericana” (Lima, 1985, p. 15). Se le suponía a esta postura un cientificismo aséptico que pretendía formar a agentes de cambio que impulsaran a los países subdesarrollados por la senda del progreso. Y se criticaba la aspiración por educar a las personas a través de métodos tradicionales que buscaban su adaptación al sistema.

El resultado de esto fue la convivencia, por ratos pacífica y por otros más confrontacional, entre quienes, dentro del Trabajo Social, adherían a cambiar los métodos profesionales pero en la senda modernizante y desarrollista que hemos descrito; y otro grupo, cada vez más numeroso y radicalizado, que proponía un cambio global de estructuras y que se apoyaba para ello en el marxismo althusseriano y en los movimientos de izquierda latinoamericanos5.

En algunos casos, en cambio, convivieron ambas posiciones sin mayor dificultad y se mezclaron opciones ideológicas diversas e incluso contradictorias entre sí.

En su punto cúlmine, entre los años 1965 y 1970, la reconceptualización asumió explícitamente un discurso ideológico del cual se enorgullecía, burlándose de la pretendida neutralidad de los desarrollistas y su cientificismo aséptico6. Al mismo tiempo, reconocía su vinculación con los partidos políticos: “Por lo menos, conocemos dentro de la reconceptualización colegas que representan la ideología de los siguientes partidos: Partido Demócrata Cristiano, MAPU, Partido Socialista, Partido Comunista, Movimientos de vanguardia (VR, MIR, Tupamaros, etc.), Partido Social Demócrata, Partido Radical., etc. Los nombres de los partidos varían de país en país, pero las ideologías no. No conocemos dentro de la reconceptualización gente que represente la ideología de los llamados: Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Republicano, etc.” (Kruse, s.f., p. 34).

Del mismo modo en que se producía una identificación entre compromiso profesional e ideología política, también se sostenía que los trabajadores sociales debían encarnar como personas los nuevos ideales. Como lo afirmaba Krause: “Para algunos jóvenes ese compromiso existencial debe ser llevado a sus últimas consecuencias en el entendido que un correcto ejercicio del servicio social exige una actitud de desclasamiento. Así en distintos lugares de Argentina, Chile y Colombia, hemos conocido jóvenes profesionales que renegando de su origen burgués se van simplemente a vivir en una villa miseria, una callampa o un tugurio para compartir plenamente la vida con los pobres” (Kruse, s.f., p. 44-45).

Un lugar importante de las discusiones de la reconceptualización lo ocupó el tema de la metodología de intervención social. El trasfondo no era tanto cuestionar o cambiar los métodos tradicionales (de hecho, en muchas ocasiones se siguieron usando los mismos), como denunciar su origen ajeno a la realidad latinoamericana. Se los consideraba obsoletos pues los trabajadores sociales “querían andar solos”, sin sujeciones a las técnicas norteamericanas que nos hacían dependientes de organizaciones internacionales y nos dejaban sin estructuras conceptuales propias (Ander Egg, 1984, p. 9).

El Trabajo Social se vio involucrado, entonces, en el mismo tipo de lucha confrontacional que fue propio de la Guerra Fría por aquellos años, con una lógica de los dos “bandos” y de choque ideológico de fuerzas que planteaban proyectos antagónicos. En ese sentido, el Trabajo Social y su acción profesional pasaban a ser un terreno de disputa donde se enfrentaban, no determinados intereses profesionales, sino grandes proyectos de sociedad: “Los latinoamericanos estamos envueltos en una polémica ideológica entre dos corrientes: ideologías de dominio e ideologías de cambio. Otros las definen como ideología burguesa dominante e ideología proletaria. Las primeras, las dominantes, defienden el status quo, tratan de perpetuar el orden existente. Las segundas, las ideologías de cambio,

5 Un ejemplo de orientación radical fue la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile en Concepción. Según Eliana Moreau, se postulaba allí que “…el único nivel en el cual debe actuar el Servicio Social en esta época de prerevolución, es el nivel de base, de trabajo de primera línea, porque allí pueden de forma más eficaz realizar una acción que tenga alguna connotación futura. Se niega toda posibilidad de que esta acción pueda realizarse a nivel de trabajos que llaman de segunda línea (Política y Planificación) por considerarlos como una forma de comprometerse con el sistema, de momento que se planifica para el sistema y se hace la política del sistema. Ellos estiman que un auténtico compromiso con el proletariado solo puede lograrse trabajando junto a él y siendo uno de ellos” (Moreau de Young, s.f., p. 85).

6 “Frente a los viejos colegas que nunca discutieron el tema ideológico por desconocerlo o por considerarlo un tabú, se plantan hoy día los sostenedores de las ideologías de cambio, e incluso un sector juvenil altamente radicalizado para el cual el marco ideológico del servicio social solo puede ser la ideología del proletariado”. (Kruse, s.f., p. 34).

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representan el interés de grupos sociales por construir un orden social más justo y más humano” (Moreau de Young, s.f., p. 84-85).

Reflexiones finales En estas páginas hemos mostrado que es posible encontrar vínculos entre el proceso profesional de reconceptualización del Trabajo Social latinoamericano y el fenómeno global de la Guerra Fría, intentando examinar la dimensión ideológica y cultural de un proceso que generalmente es estudiado desde el punto de vista político-militar.

Desde esta mirada, podemos decir que la profesión del Trabajo Social, probablemente por ser una de las disciplinas que se encuentra más estrechamente conectada con la realidad social, fue permeable a los cambios en el contexto político y se vio involucrada en la lógica de disputa y confrontación ideológica propia del periodo y específicamente de la Guerra Fría como realidad sociopolítica. Lo hemos visto en el enfrentamiento de bandos y posiciones, en la apelación a proyectos modernizantes o revolucionarios e incluso en la confluencia entre etapas que se vinculan a la dinámica de intervención de Estados Unidos en la región7.

La reconceptualización tuvo un carácter interamericano y esa dinámica marcó uno de los periodos del Trabajo Social más ricos en viajes, intercambios académicos, publicaciones y seminarios de discusión y difusión de ideas, entre otros. Este carácter interamericano hizo que el proceso general estuviese todavía más interconectado con la dinámica global de la sociedad pues permitió mirar las confluencias y diferencias entre los países latinoamericanos.

Por otra parte, también estuvo en diálogo con otras ciencias sociales, y en particular con la sociología, que asistía también por aquellos años a una búsqueda latinoamericanista comprometida con los cambios sociales8.

Sin embargo, no podríamos terminar este artículo sin subrayar que la relación que hemos intentado establecer no ha supuesto un vínculo unidireccional en el cual un proceso global influye en otro localizado. Varios autores han señalado que distintas

corrientes de pensamiento sobre Trabajo Social, más que oponerse, muchas veces confluían y discutían entre sí.

Muchos de los métodos tradicionales de intervención se mantuvieron, a pesar del discurso extremadamente ideologizado que llamaba a terminar con las metodologías tradicionales. Las intervenciones con casos, grupos y comunidades, y los métodos auxiliares de la planificación y la administración social fueron revestidos de un carácter utópico que era fervientemente profesado por sus defensores, pero al mismo tiempo esos trabajadores sociales fundieron lo que ya conocían con lo que creían que era novedoso. Y, como señala Gustavo Parra, al hacer una evaluación de la reconceptualización más de treinta años después, su gran legado no fue tanto la innovación teórica o instrumental, sino el haber incorporado una nueva dimensión de la intervención hasta ese momento subvalorada: la dimensión ético política.

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7 En efecto, es posible encontrar un paralelo entre los procesos profesionales y los de intervención norteamericana en América latina, particularmente en la forma en que Westead describe esta última. Véase, Westad, O. A. (2006, p. 8-38).

8 En el IX Congreso Latinoamericano de Sociología que se celebró en México, en noviembre de 1969, se afirmaba: “En la fase actual de crisis y de transición hacia una nueva forma de vida económica, social y política, los países de América Latina necesitan de la colaboración crítica de los especialistas en ciencias sociales, en los diversos procesos históricos de transformación social […] Queremos y exigimos la existencia normal de condiciones de trabajo que permitan convertir las ciencias sociales, en un instrumento de conciencia crítica, en factor de autonomía cultural y política y en un medio de lucha contra la miseria y las desigualdades sociales. Nuestro objetivo más amplio consiste en poner las ciencias sociales al servicio de los derechos fundamentales del hombre y de la creación de formas auténticas de democracia económica, social y política” (Citado en: Ander Egg, s.f., p. 11).

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 55-66

Trabajo Social en Chile y gobierno militar. 40 años de memoria y olvido Chilean social work and military government.

40 years of memory and forgetting “Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta Y es mi voz la que las dice, más es de todos la conciencia.

Simplemente las verdades se van haciendo una sola Y es valiente quien las dice, mas valiente en estas horas” Santiago del Nuevo Extremo, 1980.

Patricia Castañeda y Ana María Salamé Patricia Castañeda es profesora de la Escuela de Trabajo Social de Universidad de Valparaíso. Asistente Social y Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Valparaíso, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Dirección postal institucional: Avda Colón 2128, Valparaíso. Dirección correo electrónico patricia.castaneda@uv.cl Ana María Salamé es profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera. Trabajadora Social graduada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona.

Resumen Se presentan los resultados del estudio sobre el rescate de la memoria profesional del Trabajo Social chileno en el contexto del gobierno militar. Se trabajó con las categorías de memorias emblemáticas propuestas por Stern (en Jelin 1998, pp.11-33), para el período septiembre de 1973 a marzo de 1990: Salvación de un Chile en Ruinas; Ruptura Lacerante No Resuelta; Prueba de Consecuencia Ética y Democrática, y Olvido o Caja Cerrada. Ello permite reconocer la tríada histórica de sobrevivencia profesional: academia, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. La academia asume una neutralidad valórica y una adscripción explícita a enfoques positivistas y tecnocráticos. Las organizaciones gubernamentales presentan condiciones restringidas para el ejercicio profesional; en cambio, en las organizaciones no gubernamentales se consolida el despliegue de un repertorio profesional diverso, transdisciplinario e inédito, en un país en permanente estado de excepción.

Palabras claves. Trabajo social chileno - Memoria profesional - Gobierno militar chileno.

Abstract The results of the study about the rescue of Chilean social work professional memory under the context of the military government are presented. For this purpose we have worked with iconic memory categories proposed by Stern (in Jelin 1998, pp.11-33), for the period September 1973 to March 1990: Salvation of Chilean Ruins, Unresolved Lacerating Rupture, Proof of Ethics and Democratic Consequence, and Forget or Closed Box. This allows the acknowledgement of the historical triad of professional survival: academic world, governmental and non-governmental organizations. The academy assumes a value-neutrality and explicit assignment to positivist and technocratic approaches. Government organizations have restricted conditions for professional practice, whereas in non-governmental organizations consolidates the deployment of a diverse transdisciplinary unpublished professional repertoire in a country in a permanent state of emergency.

Key words. Chilean Social Work, professional memory, Chilean military government.

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Patricia Castañeda / Ana María Salamé

Introducción Los 17 años de gobierno militar que transcurren en Chile entre el golpe de estado de septiembre de 1973 y el inicio del proceso de transición a la democracia en marzo de 1990 representan un período histórico de reciente data que afectó en forma transversal a la conformación de la sociedad chilena en todos sus aspectos. Es un período caracterizado por transformaciones económicas y políticas estructurales que sentaron las bases para la implementación de un modelo económico de libre mercado en forma pionera a nivel mundial, acompañado de una acción represiva organizada desde el Estado, a través de reiteradas violaciones a los derechos humanos y cruentos episodios de violencia política que afectaron severamente el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la población. (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996, pp. 18-23; Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, pp.167-217).

En ese marco, el Trabajo Social chileno debió atravesar una difícil etapa de desarrollo profesional. En su carácter de profesión social compartió junto con las ciencias sociales, las artes y las humanidades una adversa valoración de su aporte especializado en un contexto nacional traumatizado, debiendo enfrentar la censura permanente de sus contenidos y repertorios y la amenaza constante de su eventual cierre como carrera universitaria.

Sin embargo, es también una etapa pionera en el desarrollo de repertorios profesionales vinculados a la defensa de los derechos humanos y a la contribución al retorno a la democracia, generada en medio de innumerables dificultades para la formación y el ejercicio profesional (Castañeda, P. y Salamé, A.M., 2012, p. 26).

El rescate de la memoria profesional del Trabajo Social durante los 17 años del gobierno militar valoriza los testimonios de quienes fueron sus protagonistas en las aulas universitarias y en los diversos ámbitos de desempeño profesional, y atesoraron los valiosos aprendizajes concebidos en un difícil período histórico en que la profesión debió rendir su más exigente examen de sobrevivencia a partir de oportunidades de futuro casi inexistentes. Así, entonces, el presente artículo, basado en los resultados de un proyecto de investigación homónimo, tiene como objetivo contribuir al rescate de la memoria profesional del trabajo social chileno en el contexto del gobierno militar, a partir del análisis de las memorias emblemáticas que caracterizan el período histórico comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

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Los referentes conceptuales en que se enmarca la presente investigación se inician con Aróstegui (2004, p. 31), quien plantea que la historia vivida coetáneamente está asociada a la idea de contemporaneidad como nuevo tiempo susceptible de ser historiado en la inmediatez de los acontecimientos o referida a acontecimientos vividos directamente.

Moniot (1985, pp.117-137) reconoce a la memoria como parte de dicha investigación histórica. A su juicio, el acervo de las tradiciones orales que se transmiten por medio del relato y la memoria enriquecen los medios históricos clásicos reconocidos, correspondientes a los materiales documentales y a la actividad intelectual. La tradición oral rescata la memoria, mediante estrategias de recolección de datos propias de las ciencias sociales, dotando de estabilidad al contenido histórico recopilado para ser utilizado en circunstancias determinadas.

Así, entonces, se puede hablar de documentos y de obras, las que pueden ser distinguidas por géneros como relatos históricos, épicos, legendarios, míticos, etiológicos, entre otros; genealogías, precedentes o principios jurídicos, fórmulas, cuentos, poesías, códigos o rituales. La tradición se conserva por razones que no son neutras, gracias a la memoria de gente que vive en sociedad y se comporta en consecuencia. La memoria es construida a través del recuerdo y del olvido de dicha tradición. El individuo se recuerda gracias a los recuerdos de otros, en un proceso en el que dialogan memorias personales con memorias colectivas.

La historización de la experiencia complementa el concepto de la memoria, al dotarla de sentido y de referencia, contextualizándola y colocándola dentro de un orden de realidades y de conocimientos que trascienden al individuo. Permite, entonces, la elaboración de vivencias como contenido simbólico y una creación objetiva del mismo contenido a través de un discurso historiográfico (Aróstegui 2004, pp.

184-185). Cruz (2003, pp. 3-18) plantea que cada vez que se recuerda, se atrapan guijarros de lo acontecido, radicando en ello la tensión entre el olvido y el recuerdo. Para el autor, la memoria es condición de posibilidad para la existencia del pasado.

“Somos no sólo aquello que contamos de nosotros mismos, sino también aquello que recordamos, aquello que nos atrevemos a recordar” (p. 18).

Para Stern (en Jelin 1998, pp.11-33), es posible identificar las memorias sueltas y las memorias emblemáticas. Las primeras corresponden al recuerdo de la experiencia personal y las segundas corresponderían a una memoria colectiva que otorga un marco interpretativo a las memorias sueltas y las

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dota de sentidos. Las memorias emblemáticas se disputan la hegemonía en el escenario social, en la medida en que aportan criterios a través de los que se las construye con cierta resonancia cultural efectiva. Son marcos organizativos que transitan desde las memorias concretas y sus sentidos hasta los debates de la memoria emblemática y su contramemoria. Dan un sentido de interpretación y un criterio de selección a las memorias personales, vividas y medio resueltas. No constituyen una sola memoria homogénea y sustantiva, ya que los contenidos específicos y los matices no son idénticos ni de una persona a otra ni de un momento histórico a otro. Nacen del quehacer humano y del conflicto social.

En esta perspectiva, la historia de la memoria y el olvido colectivo es un proceso de deseo y de lucha para construir las memorias emblemáticas, culturalmente y políticamente influyentes y hasta hegemónicas. Es una lucha por crear puentes entre la experiencia y los recuerdos sueltos personales y la experiencia y el recuerdo emblemático colectivamente significativo. Los puentes hacia la memoria y el olvido colectivos se crearán a partir de los nudos convocantes de la memoria y el olvido, desde grupos humanos; hechos y fechas; sitios o restos físicos que permiten ver con mayor claridad los actores sociales y las situaciones que van creando puentes que ligan lo suelto y lo emblemático de la sociedad.

La relación dinámica que se da entre la memoria suelta y la memoria emblemática va definiendo una memoria colectiva que tiene sentido para la gente común. Permite la construcción de puentes interactivos entre las memorias sueltas y las emblemáticas a partir de coyunturas o hechos históricos especiales.

Es a partir de los casos en que una o dos generaciones sienten que han vivido ellos o sus familias una experiencia personal ligada a grandes procesos o hechos históricos de virajes o rupturas tremendas que cambian el destino. El rescate de la memoria y el olvido como proceso histórico permite ordenar, trazar, analizar e interpretar tales sucesos o hechos históricos en las dimensiones personal y social en los tiempos conflictivos y hasta traumáticos vividos por una sociedad. Tomando como marco el concepto de memoria emblemática, el autor propone cuatro memorias para el caso chileno en el marco del gobierno militar del período entre septiembre de 1973 marzo de 1990: Memoria emblemática de la salvación de un Chile en ruinas. Su trauma fundamental se ubica en el período previo a septiembre del año 1973, en que la economía se encontraba en una situación catas-

trófica y la violencia política empujaba al país a una guerra civil inminente. Pinochet salvó al país y lo entregó bien a los civiles en 1990, encontrando soluciones a problemas económicos y políticos muy profundos y reordenando el funcionamiento del país a partir de una nueva constitución que le dio estabilidad y normas claras a la convivencia colectiva. Esta memoria puede adquirir matices de mayor complejidad, como definir que al principio los militares salvaron al país, pero después se quedaron mucho tiempo y se constituyó en una dictadura.

La violencia de Estado no sucedió, o corresponde a problemas de excesos esporádicos y hasta provocados y no como política de gobierno. Si se asume que sucedió, se explica como un costo social lamentable, pero necesario para salvar al país.

Memoria emblemática como ruptura lacerante no resuelta. El gobierno militar llevó al país a un infierno de tortura física y psicológica sin precedente histórico o justificación moral que aún no llega a su fin. Se simboliza en el drama de quienes perdieron sus propias vidas o la vida de sus familiares, que enfrentan una ruptura de vida no resuelta y tremendamente profunda que ha transformado a las personas en dobles-personas. Por un lado, está la persona cotidiana, que ordena su vida haciendo el trabajo, saludando a la gente y enfrentando situaciones de la vida ordinaria. Pero también hay un interior, donde existe la persona profunda, el ser humano cuyo punto de partida es la memoria viva y lacerante de la herida insoportable, un dolor que quita el sentido de la vida normal cotidiana y sus apariencias superficiales. Este marco ofrece criterios respecto de las cosas que hay que recordar y las que hay que olvidar.

Memoria emblemática de la prueba de la consecuencia ética y democrática. El gobierno militar imponía una vida de miedo y de persecución que puso a prueba la consecuencia de la gente y la sociedad con sus valores, identidades o compromisos positivos, éticos y democráticos. La memoria se define por un proceso de lucha, compromiso, y, a veces, por el autodescubrimiento subjetivo que vivió la gente no conforme o despreciada por el régimen. En un contexto represivo, la gente con valores positivos y la gente excluida de los beneficios sociales y económicos, tenía que vivir como gente “tachada”, ubicada en algún espectro de la “subversión”, que iba desde los “inquietos” hasta los “sospechosos”, llegando a los abiertamente “subversivos”. Ese contexto de miedo y represión ponía a prueba los valores, las identidades políticas o sociales y los compromisos.

Memoria emblemática del olvido o como caja cerra57

Patricia Castañeda / Ana María Salamé

da. La violencia en el gobierno militar puede ser un tema importante, pero peligroso y hasta explosivo si se abre la caja y se ventila lo que está adentro.

Son memorias peligrosas para las vidas personales, familiares y colectivas del país. Como el tema no tiene solución y trae tanta conflictividad, mejor será cerrar la caja. Esta es la memoria como olvido, pero un olvido lleno y cargado de memoria. Define lo útil del olvido y define las cosas que más vale olvidar.

Define también los peligros y los conflictos insuperables que hay que recordar. Es en este caso, una amnesia llena de memoria.

Metodología En coherencia con los planteamientos de Moniot (1985, pp.117-137), la presente investigación se realiza desde el reconocimiento de la memoria como parte integrante del acervo disciplinario de la historia profesional de Trabajo Social. Los sujetos participantes de la investigación fueron docentes, estudiantes y profesionales en ejercicio durante el período en estudio, para quienes se diseñaron y aplicaron guiones de entrevista biográfica diferenciados conforme el rol declarado por cada sujeto.

Paralelamente, se realizó una revisión documental en escuelas universitarias tradicionales y archivos de fundaciones e instituciones vigentes de la época, permitiendo una contextualización histórica que proporcionó una temporalización para interpretar las memorias personales sueltas del período y dotarlas de estabilidad y trascendencia. El plan de análisis se ha organizado a partir de la propuesta de las cuatro memorias emblemáticas posibles de reconocer en Chile en el período septiembre 1973 y marzo de 1990 de Stern (en Jelin 1998, pp.11-33), las que se establecen como categorías de análisis, en donde se asignan los fragmentos representativos seleccionados, para proceder posteriormente a su interpretación.

Resultados Memoria emblemática de la salvación de un Chile en ruinas y Trabajo Social Los antecedentes recopilados en torno a esta primera memoria emblemática sugieren una profesión comprometida con la coyuntura histórica, que recoge la tensión social de la época a través de sus memorias de prueba para optar al título de asistente social. Así entonces, las experiencias de titulación ilustran la situación previa al golpe militar, al recoger temas y preocupaciones contingentes en lo social. “La marginalidad: Una consecuencia del 58

sistema capitalista y la participación social como estrategia para su superación” (1971); “La participación de los trabajadores en el área de propiedad social y mixta” (1971); “El movimiento obrero organizado en Chile y su relación con el sistema político social 1953-1971” (1972); “Mujer y Familia en Chile: Diagnóstico y Pronóstico para una revolución” (1972); “Acerca de la construcción socialista y su relación con el proceso chileno” (1973) y “La toma de fundo como una expresión de la conciencia campesina” (1973).

Para quienes fueron docentes y estudiantes de Trabajo Social en el período previo a septiembre de 1973, su testimonio refleja la incorporación de la dinámica propia de la época en su experiencia académica: “Yo estudié entre el año 68 al año 72, en que la carrera fue muy cuestionada. Me tocó una época muy difícil desde el punto de vista político. Fue a fines del gobierno de Eduardo Frei y prácticamente todo el gobierno de Salvador Allende. La carrera fue muy cuestionada, ya que teníamos un compromiso muy grande con la gente, especialmente con los más desposeídos”. (Estudiante de Trabajo Social. Períodos 1970-1973 y 1974-1976).

“A pesar de ser un curriculum tradicional, la formación fue muy innovadora por la formación práctica, porque se aprovechó toda la contingencia histórica que se estaba viviendo, en el sentido de las políticas sociales, de la participación popular, de la autoconstrucción y de la gestión de los grupos poblacionales.

En eso, los alumnos se incorporaron y se metieron dentro de ese esquema. Lo otro que a mí me parece muy bien es que por la dinámica de la escuela o por los tiempos que se vivían, los alumnos se comprometían, daban su tiempo, no les importaba trabajar sábados o domingos o por la noche. No había alumnos que pusieran obstáculos en eso. Tenían sed de aprender, deseaban aprender. Eran muy comprometidos con la gente y con los grupos”. (Académica universitaria. Períodos 1972-1973; 1990- 1996).

Posterior al golpe militar, las escuelas universitarias de Trabajo Social debieron enfrentar un período de reorganización en donde sus equipos académicos, sus estudiantes, sus programas de estudios y sus bibliografías fueron severamente censurados, dado que se estima que la formación entregada en los años previos a septiembre de 1973 ha sido tendenciosa y con marcado sesgo político. Por tanto, se cierran los ingresos en las escuelas universitarias de Trabajo Social del país. En las sedes de La Serena, Chillán y Osorno, dependientes de la Universidad de Chile, y en la Universidad del Norte en Arica,

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la carrera no vuelve a abrirse durante los 17 años posteriores. Funcionaron con fuertes restricciones las escuelas de Trabajo Social dependientes de las sedes de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca y Temuco de la Universidad de Chile y las escuelas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Concepción. Al cierre provisorio de los ingresos en los años posteriores al golpe militar le sucedió la reformulación de los planes de estudios transitorios a cargo de equipos docentes conformados por académicos autorizados para permanecer en la universidad o integrados en fecha posterior a septiembre de 1973, que reorganizaron la formación recibida a la fecha por los estudiantes de Trabajo Social del primer trienio de la década de 1970. Cada estudiante autorizado a regresar a sus estudios, independientemente del avance curricular que llevase a la fecha, debió cursar nuevamente 2, 3, o 4 años de la carrera para acceder a la titulación, a través de lo que fueron llamados planes de estudios transitorios o de normalización. El período es rememorado por la comunidad universitaria de Trabajo Social en los siguientes fragmentos ilustrativos: “Yo tenía que egresar el año 73, pero con el golpe militar a nosotros nos reformularon toda la carrera y esta reformulación significó cuatro años más… ¡cuatro años más!…porque nuestra carrera hubo que estudiarla de nuevo” (Estudiante de Trabajo Social. Períodos 1969-1973 y 1974-1977).

“En ese tiempo, yo te hablé del período post 73, era imposible disentir. El profesor era un dios.

Entonces, ante eso chocabas con dos alternativas: Ser contestatario lo que te significaba un problema de seguridad en tu estabilidad en la Universidad y en lo personal también, traía sus costos. O, entonces, era todo vertical, te limitabas a eso, a saber y a hacer los cursos lo más rápido posible y salir no más” (Estudiante de Trabajo Social. Períodos 1971-1973 y 19741977).

“Yo me incorporé de lleno a la docencia en septiembre de 1974 y trabajé con dos planes de estudios transitorios, porque había la necesidad de nivelar a los estudiantes, porque había asignaturas que no podían homologar o tenían lagunas importantes desde el punto de vista profesional que ellos no habían hecho” (Académica universitaria. Período 1974-1986)

Las memorias de prueba para optar al título profesional recogerán estos traumáticos cambios e irán proponiendo nuevos derroteros en sus reflexiones académicas, las que, abandonando la contingencia, se reconfiguran en nuevas temáticas: “Primeras

aproximaciones de un estudio clínico, psicológico y sociocultural de la mujer alcohólica” (1974); “Proposición de un modelo pedagógico psicosocial para la reeducación del menor irregular socio conductual” (1975); “Análisis de la problemática actual del anciano: Estudio de una muestra de ancianos acogidos al artículo 245 de la Ley de ancianidad 16.464” (1976); “Recreación como agente en el proceso de socialización en los menores de 9 a 14 años” (1977); “Diagnóstico descriptivo de los centros rehabilitadores de alcohólicos y proposición de un modelo de centro rehabilitador” (1978); “Factores inherentes al educando y su relación con el bajo rendimiento escolar” (1980).

El efecto reorganizador de esta memoria emblemática se amplificó a través de los esfuerzos realizados por las escuelas dependientes de la Universidad de Chile en orden a unificar la oferta formativa a lo largo del país con respaldo del servicio de asistencia técnica curricular de la institución, dando origen al Plan de Estudios del año 1978, cuyas características buscaban la generación de complementariedad y homologación de contenidos entre todas las escuelas de Trabajo Social dependientes de dicha Universidad. Así, entonces, en el marco de esta primera memoria emblemática, el Trabajo Social se reordena internamente, para contribuir, a su vez, a reordenar el funcionamiento del país. Sus limitadas opciones para permanecer en el aula universitaria han forzado miradas teóricas, conceptuales, metodológicas y de política social no contingentes que respaldan la problematización vigente en la época respecto de la realidad social nacional.

Memoria emblemática como ruptura lacerante no resuelta y Trabajo Social El drama que simboliza esta memoria emblemática para la profesión está representado en aquellos profesionales y estudiantes de Trabajo Social que fueron víctimas directas de la represión política en calidad de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos. Según los antecedentes entregados por el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile (sin fecha, pp 4-11) la nómina de profesionales afectados corresponde a: José Agurto Arce; Rolando Angulo Matamala, Elizabeth Cabrera Balarritz, Segundo Flores Antivilo, María Cecilia Labrín Sazo, Elizabeth Rekas Urra, Susana del Pilar Sánchez Espinoza, Julia Sonia Valencia Huerta, y Modesta Carolina Wiff Sepúlveda. En el caso de estudiantes de Trabajo Social, los nombres son los siguientes: Luis Almonacid Dúmenes, Jacqueline Binfa Contreras, María Teresa Bustillos Cereceda, Jacqueline Droully Yurich, María 59

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Teresa Eltit Contreras, Alfredo Gabriel García Vega, Juan Ernesto Ibarra Toledo, José Alberto Salazar Aguilera y Gilberto Victoriano Veloso. Esta dolorosa nómina representa el drama de quienes perdieron sus propias vidas a manos de agentes represivos del Estado y que enfrentan al Trabajo Social a una ruptura no resuelta de su historia profesional. Por una parte, la profesión continúa apoyando su propia vigencia en las oportunidades de inserción que le permite el sistema económico, político y social nacional al que pertenece; mientras que por otra parte, el mismo sistema silencia la memoria viva de la herida lacerante que representa la pérdida de los suyos en el marco de una institucionalidad generada por un gobierno militar que, hasta ahora, solo ha ofrecido verdad y justicia en la medida de lo posible.

“El día del golpe yo estaba en la sala, supervisando a mis alumnos de prácticas rurales. La universidad estaba rodeada de tanques, a mis alumnos se los llevaron presos a todos, los buscaron en sus casas. A Luis Almonacid…a él lo mataron…Después nos hicieron el sumario… el clima que se vivía era de miedo y de desconfianza extrema, una no se atrevía a hablar con nadie, ni con sus colegas”. (Académica universitaria. Período 1971-2010).

En el caso del Trabajo Social, las experiencias de ruptura de vida no resueltas asociadas a la tortura y las detenciones arbitrarias de miembros de la orden profesional constituyen datos imprecisos que no permiten a la fecha ser visibilizadas plenamente. Asimismo, la ruptura de vida ocasionada por el exilio representó que profesionales, estudiantes y académicos abandonaran el país por razones de seguridad personal o familiar debido a la persecución política o por decreto de expulsión, fracturándose entonces el desarrollo profesional de un colectivo.

El exilio en condiciones favorables, permitió a quienes emigraron resignificar su oficio, convalidar u homologar su formación, completar estudios de pre y post grado al alero de la solidaridad internacional y ejercer su profesión en titularidad. Sin embargo, debe considerarse también que el exilio en condiciones desfavorables representó el abandono transitorio o definitivo de la vocación profesional en aras de la lucha por la sobrevivencia fuera del país de origen. La ruptura no resuelta del exilio, materializada en las distancias geográficas entre países e incluso entre continentes, significó la pérdida histórica irreparable del potencial de proyectos profesionales truncados por el quiebre institucional del país.

“Tengo experiencia con discapacitados. Eso fue en el extranjero. Yo, por las razones que vivió el

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país durante esa época, tuve que vivir con mi esposo en el extranjero” (Profesional de Trabajo Social, exiliada en 1979 y retornada en 1988).

En el ámbito de la intervención directa, esta ruptura de vida no resuelta se traduce en una profunda paradoja en torno a la visibilización de los problemas sociales. Si bien durante el gobierno militar se constataba la existencia de complejos problemas sociales derivados del ajuste estructural de la economía a un nuevo modelo de desarrollo y las secuelas de la acción represora del Estado, su visibilización profesional como problemas sociales se realizaba desde una forzada y estrecha mirada técnica, que no podía incorporar explícitamente los contextos sociales, políticos ni económicos en los fundamentos de su diagnóstico profesional por representar un riesgo de censura y sanción real o potencial, por lo que el lenguaje técnico se utilizaba para cobijar y blindar la problematización dentro de los limites de la profesión, evitando cuestionamientos amenazantes desde fuera de estas fronteras. Asimismo, la intervención social sufrirá una fuerte censura, debiendo abandonarse la intervención grupal y comunitaria por no ser respaldada como política pública oficial, focalizándose en forma casi exclusiva en la intervención en los contextos individual y familiar.

“Posteriormente nos cambiaron radicalmente la visión de la carrera en función de objetivos mucho más pragmáticos en términos de ir hacia una formación individual a un tratamiento individual por sobre lo colectivo y con una serie de trabas, censuras y problemas que originaron que nuestra permanencia en la Universidad fuera bastante cuestionada” (Estudiante de Trabajo Social. Período 1977-1981).

“El plan era de cinco años, enfatizaba los aspectos relativos a la intervención, a poder actuar en la realidad. Se valoraba mucho el hacer un trabajo de calidad, responsable, que pensara en las personas que se atendía profesionalmente” (Académica universitaria. Período 1974-2011).

Esta memoria emblemática se ha instalado fuertemente en el colectivo profesional y trasciende a marzo de 1990, como lo ilustra la siguiente cronología de seminarios de titulación en la línea temática del empleo: “Una proposición alternativa de servicio social frente a la desocupación y subempleo de la fuerza de trabajo en 9 unidades vecinales” (1980); “Jóvenes desocupados y subempleados de sectores populares. Una experiencia de servicio social” (1985); “La formación integral del recurso humano desde la perspectiva del servicio social” (1989); “Programa de capacitación y experiencia laboral de jóvenes” (1993);

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“Servicio social, capacitación de jóvenes e intermediación laboral” (1997); “Diagnóstico social del trabajador de la construcción y su grupo familiar”

(1999); “Un aporte de trabajo social en el área de recursos humanos” (2009). La memoria emblemática como ruptura lacerante no resuelta sigue plenamente vigente. En el marco de las cosas que hay que recordar, los problemas sociales ocupan su lugar.

La precariedad del empleo define técnicamente el problema social. Pero las profundas causas sociales que lo motivan, en tanto la precariedad del empleo como resultado de un sistema económico liberal acompañado de un debilitamiento progresivo del rol garante del Estado, tienden a ocupar el lugar de las cosas que hay que olvidar.

Memoria emblemática de la prueba de la consecuencia ética y democrática y Trabajo Social Esta memoria emblemática asociada a la lucha profesional por la consecuencia ética y democrática, alcanza su mayor expresión en los importantes aportes que Trabajo Social brindó en la defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos desplegados desde organizaciones alternativas y no gubernamentales para contribuir al rescate de la organización social en vistas al retorno de la democracia. Financiados por fundaciones u organismos de cooperación internacional; la iglesia católica y otros credos; y por grupos políticos o de exiliados, las acciones profesionales desarrolladas en esta línea, comenzaron a enfrentarse con problemas sociales no previstos en condiciones de normalidad institucional y democrática en el país. Secuestro, desaparición forzada, tortura, persecución, detenciones ilegales, exoneraciones y amedrentamiento, comienzan a ser los nuevos problemas sociales que se levantan en un país en dictadura y que se agravan en un marco de alto desempleo y crisis económica.

La profesión aprende a sobrevivir junto con quienes sobreviven a este escenario de adversidad extrema, en una lógica de aprendizaje permanente.

“Si estudiabas Trabajo Social era imposible no ser de oposición, porque teníamos claro que había una parte de la realidad del país que no veíamos en la universidad. Las actividades más importantes en las que participábamos eran organizadas por el centro de alumnos de la escuela. Participábamos de peñas, asambleas, velatones, paros o protestas. Siempre andaban circulando panfletos, documentos prohibidos, que se fotocopiaban una y otra vez, porque no eran temas que se vieran en clases y siempre circulaban en forma clandestina. También habían cassettes piratas con música alternativa,

del canto nuevo, que tampoco sonaban en las radios” (Estudiante Trabajo Social. Periodo 1982-1987).

Las acciones iniciales de contención y asistencialidad en la contingencia, dan paso a la configuración de respuestas profesionales que otorgan mayor estabilidad y proyección, permitiendo a Trabajo Social asumir las crecientes demandas derivadas de personas, familias, grupos de trabajo, organizaciones y líderes comunitarios, sindicales y políticos que enfrentan los efectos cotidianos de vivir en el marco de un Estado represivo. Los inicios de la atención en salud mental en Chile, especialmente en el trabajo con familiares de personas afectadas por la represión política en todas sus formas; las iniciativas de organización de jardines infantiles comunitarios, comedores solidarios, comités de vivienda y centros de salud alternativos; el apoyo a la producción campesina de subsistencia, la incorporación de tecnologías alternativas y el rescate de la cultura en los principales grupos étnicos del país; la educación social, la educación popular y la animación sociocultural; la formación de monitores, promotores o agentes de desarrollo local, poblacional o pastoral; los esfuerzos laborales cooperativos y de talleres productivos; y el apoyo a la organización comunitaria campesina y poblacional –entre una importante gama de iniciativas de las que formó parte la profesión– ilustran la variedad de objetivos, estrategias y contenidos con que el Trabajo Social contribuyó junto a otras profesiones a enfrentar la realidad social del país durante este período, potenciando el difícil proceso de retorno a la democracia, en donde el plebiscito del 5 de octubre de 1988 constituye el punto cúlmine del esfuerzo colectivo realizado (García Huidobro y otros, 1989, p. 203-215).

“Yo trabajé en un proyecto de salud comunitaria financiado por la cooperación internacional, al alero de una parroquia. Hacíamos trabajo educativo principalmente con mujeres. Los mayores problemas estaban asociados a la ausencia de recursos en los consultorios de salud, donde no había medicamentos ni atención de salud oportuna. Las filas para alcanzar un número de atención médica se comenzaban a hacer a las 2 ó 3 de la madrugada y aún así, muchas veces no alcanzaban atención. Por lo tanto, trabajábamos revalorizando la sabiduría de las pobladoras frente a los problemas de salud más frecuentes para enfrentarlos con sus propios recursos, con hierbas medicinales, cataplasmas, cuidado en el manejo de alimentos, semillas, primeros auxilios, autocuidado. Esas iniciativas no solo servían para hablar de salud, sino que también hablábamos de sus problemas, de sus angustias y de las preocupaciones que ellas

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veían cotidianamente en su población, con sus familias, con sus hijos, en un Chile que no les ofrecía ninguna oportunidad para el futuro” (Profesional de organización no gubernamental urbana. Período 1984-1987).

“El trabajo era en comunidades campesinas y comunidades mapuches con economía familiar de subsistencia. La pobreza y la falta de recursos eran impactantes. La Fundación aportaba semillas, herramientas de trabajo y apoyo técnico para paliar las condiciones de pobreza de los campesinos. Pero igual costaba mucho trabajar en las reuniones, participar en los procesos educativos, revitalizar las organizaciones, la gente no quería, tenía miedo, rechazo a todo lo que fuera trabajo comunitario, porque la represión en esas zonas rurales había sido muy violenta”. (Profesional de organización no gubernamental rural. Período 1986-1988).

Tomando como referente la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, se reconoce bajo el formato de documentos de trabajo la siguiente cronología, que recoge importantes evidencias del período: “Seminario de ACNUR sobre Trabajo Social con refugiados, presentación de la Vicaría de la Solidaridad” (1979); “Método del amedrentamiento mediante secuestro” (1986); “Detenciones y relegaciones masivas: Atención grupal y tarea educativa del Trabajo Social en la Vicaría de la Solidaridad” (1987); “Los ejecutados de Calama. Una experiencia de Trabajo Social con sus familiares a 14 años de sus ejecuciones” (1987); “El retorno” (1987); “Vicaría de la Solidaridad: Historia de su Trabajo Social.

Trabajo Social una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos”, (1987); “La entrevista social y Derechos Humanos” (1987).

En esta misma línea, se reconoce el aporte del Colectivo de Trabajo Social, iniciativa generada en 1981 por un grupo de profesionales de instituciones no gubernamentales que se desempeñaron en el ámbito de los derechos humanos. Su publicación denominada Cuadernos de Trabajo Social comunicó las prácticas de intervención inéditas en la temática vinculadas a prisión política, tortura, relegación, retorno, exilio, organización social, calidad de vida y subsistencia (Colectivo de Trabajo Social, 1990a, p.2-204). El rescate de la riqueza de dichas experiencias a través de procesos de sistematización y reflexión, permitió la generación de conocimientos profesionales que contribuyeron a enfrentar los desafíos de la democratización en las décadas venideras. Sus reflexiones respecto a los procesos de acción social representan un importante aporte a la memoria profesional dado su fuerte compromiso 62

con la intencionalidad transformadora del Trabajo Social, entendida como “una apuesta sobre la sociedad que se quiere construir” (Colectivo de Trabajo Social, 1990b, p.12) Se reconoce que es particularmente dentro del marco de esta memoria emblemática donde se cautela que la tradición profesional asociada a la intervención grupal y comunitaria se mantenga vigente, y continúe enriqueciéndose como estrategia de trabajo, a pesar de su abandono como política oficial en el país. Aquí también se producen los primeros avances respecto de los aportes que representan para el repertorio profesional los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos provenientes de raigambres comprensivas, reflexivas e inductivas.

Así entonces, la investigación cualitativa y la sistematización serán acogidas dentro de los equipos profesionales de las organizaciones no gubernamentales como valiosos referentes que permiten la generación de nuevos conocimientos en renovados códigos de levantamiento y análisis de información social, para así atesorar los aprendizajes generados en el doloroso trance del gobierno militar y sumar sus contribuciones al diseño de las nuevas políticas sociales que traería el esperado retorno a la democracia. En este marco el Trabajo Social construye su testimonio frente al momento histórico que debió enfrentar, situando predominantemente su memoria emblemática de consecuencia ética y democrática fuera de la academia, con una importante preeminencia del desempeño profesional en el marco de las organizaciones no gubernamentales.

“Yo recuerdo haberme formado en escuelas paralelas, en esa época yo iba a la universidad todos los días, pero paralelo comenzó el retorno de colegas exiliadas y empezaron a emerger las colegas de las ONGs que invitaban a talleres, reuniones y a participar con ellas en actividades alternativas en las poblaciones.” (Estudiante Trabajo Social. Periodo 1985-1989).

Resulta importante para esta memoria emblemática no olvidar los esfuerzos desplegados por el Trabajo Social dentro del propio sistema gubernamental.

En el contexto oficial, se enfrentó una importante pérdida de plazas laborales y funciones profesionales en un medio adverso que desconfiaba de los aportes especializados que representaba la atención social para la población. Se suman a lo anterior las fuertes restricciones presupuestarias de los servicios públicos como consecuencia del ajuste de la economía a las crisis generadas por el nuevo modelo de desarrollo y en donde se vieron especialmente afectados los financiamientos de los sectores de

Trabajo Social en Chile y Gobierno Militar. 40 Años de Memoria y Olvido

salud, de vivienda y de educación, ocasionando importante descontento y presión social frente a los deterioros que ocasionaban en la calidad de vida. A pesar de todo ello, el colectivo muchas veces perseveró en acciones profesionales que permitieran ajustar las restricciones y negativas impuestas desde las normativas generales a la flexibilidad del caso particular, protegiendo el acceso de la población a sus derechos básicos y beneficios sociales, aún en la zona de frontera de la norma y en el cobijo de una restringida autonomía profesional propia de la época.

“Enfrentarse con la realidad, que para nosotros era una realidad de pobreza dura, sobre todo para los que hicimos prácticas en el municipio” (Estudiante Trabajo Social. Periodo 19851989).

“Trabajar en esos años en un municipio producía miedo: miedo a que descubrieran que uno pensaba distinto, miedo a que te despidieran, miedo a que te denunciaran, miedo a que supieran que tenías amigos que eran de izquierda.

Luego del terremoto de 1985, vimos algunas calles ocupadas por militares, se rumoreaba que venía un nuevo golpe. Teníamos alrededor de 600 viviendas destruidas y solo disponíamos de cinco mediaguas. Trabajábamos sin recursos y el alcalde no se atrevía a pedir recursos a las autoridades provinciales” (Profesional Municipio. Período 1983 - 1986).

Memoria emblemática del olvido o como caja cerrada y Trabajo Social La memoria emblemática del olvido o de la caja cerrada se concibe asociada a las exigencias que le impuso a la profesión la sobrevivencia en el espacio académico en el período 1973-1990. En ese marco, el Trabajo Social profundiza un viraje metodológico de fuerte raigambre positivista que ya venía configurándose desde los años anteriores al golpe militar.

La objetividad y la neutralidad valórica asociadas a las metodologías de investigación social y de planificación social contribuyeron a blindar la formación social en su discurso profesional, considerando el marco histórico en el que debía insertarse.

“También tenía que ver con el momento histórico en que nos encontrábamos…era una época difícil. Había ese idealismo casi romántico del estudiante que era pensante, reflexivo, y que contraponía un poco a la imagen del académico que uno tenía en ese momento. Las cosas estaban ahí, todos sabían las cosas que estaban ocurriendo, pero nadie hacía nada en contra, nadie decía ‘sabes, que por este lado hay otras formas que podemos ver, el modelo tecnológico

no es el único modelo o el ciclo de investigación no va así, hay otras formas’. Habían muchas conversaciones de pasillo, informales con algunos profesores, pero dentro del aula era todo previamente digerido” (Estudiante Trabajo Social. Periodo 1985-1989).

Este viraje metodológico ha permanecido en forma predominante hasta la actualidad, expresándose a través de un lenguaje social velado, en donde los sujetos contingentes y procesos sociales quedan aún encerrados en la caja, y solo se puede acceder parcialmente a ellos a través de conceptos instrumentales tales como objetivos, actividades, técnicas, recursos e indicadores.

En esta caja se guarda también gran parte de la historia profesional reciente. Así entonces, es posible observar actualmente que la cronología profesional transmitida en las cátedras universitarias tradicionales, valora el aporte de los precursores medievales y modernos a la profesión, reconoce sus autores clásicos y subraya como hito central la reconceptualización ocurrida en la década de 1960. Pero luego la historia se detiene abruptamente, dejando en puntos suspensivos el relato, para desplazar la atención a las preocupaciones del Trabajo Social contemporáneo o a la búsqueda de nuevos derroteros temáticos complementarios. Dado que los 50 últimos años de la profesión están insertos en una reciente historia nacional de marcada conflictividad, los puntos suspensivos del relato representan la opción por el silencio o el olvido, tal vez incluso por la autocensura, que impulsa a guardar en una caja cerrada los recuerdos, hitos y aprendizajes de Trabajo Social durante el período 1973-1990 y sus consecuencias posteriores. Si llegase a abrirse la caja en un malhadado momento, se evoca el riesgo de Pandora y todos los peligros y los conflictos latentes retenidos se escaparían, afectando la amnesia voluntaria por la que se ha optado como solución, frente a la falta de un relato legitimado y compartido respecto de la memoria profesional en tiempos de represión política.

Discusión La revisión de las memorias emblemáticas del Trabajo Social permite visibilizar los matices y perfiles de la memoria profesional durante el período 19731990. En ellas emerge con claridad la presencia de rasgos o características de cada una de las modalidades de memoria emblemática, donde es posible identificar una síntesis de memoria histórica profesional a través de una triada no intencionada por la profesión, que responde a las variadas formas en 63

Patricia Castañeda / Ana María Salamé

Esquema Nº1 MEMORIA TRABAJO SOCIAL Tríada histórica 1973-1990

Organizaciones gubernamentales Memoria como salvación de un Chile en ruinas

Escuelas universitarias

Memoria como ruptura lacerante no resuelta

Sobrevivencia universitarias

Memoria como como caja cerrada

Formación profesional tecnocrática

Memoria como ruptura lacerante no resuelta

Ejercicio profesional restringido Memoria como consecuencia ética y democrática

Organizaciones no gubernamentales Ejercicio profesional alternativo

Memoria como consecuencia ética y democrática

Castañeda y Salamé, 2013

que las dificultades enfrentadas en torno a la sobrevivencia del Trabajo Social pudieron ser sorteadas desde los espacios de la academia y desde el ejercicio profesional. Así entonces, la síntesis establece que en la academia, la neutralidad valórica y la adscripción explícita a enfoques positivistas y tecnocráticos blindaron la amenazada sobrevivencia universitaria; mientras que en el ejercicio profesional se presentaron, por una parte, la adversa condición de ejercicio restringido en las organizaciones gubernamentales; y, por otra parte, el despliegue de un repertorio profesional diverso, transdisciplinario e inédito, en el marco de organizaciones no gubernamentales que hacían frente a problemáticas y necesidades sociales de un país en permanente estado de excepción.

Las vinculaciones dentro de la tríada en el período 1973-1990 no fueron plenas. Se reconoce que la formación profesional se centró en la relación entre academia y organizaciones gubernamentales como instancias posibles de mantener en el marco de la formación práctica y en donde los contenidos entregados en el aula universitaria podían encontrar un correlato reconocible en la realidad. La relación entre academia y organizaciones no gubernamentales fue casi nula, dado que respondían a códigos de trabajo antagónicos que no siempre podían resolverse en forma armónica y en donde la situación de permanente amenaza de cierre que pesaba sobre 64

las escuelas universitarias les hacía observar con cautela sus vinculaciones con el medio profesional. No obstante, es posible establecer situaciones de excepción, en que temas de interés profesional y académico pudieron converger para el desarrollo de experiencias de formación práctica o de titulación, situaciones que se fueron visibilizando con mayor frecuencia a finales de la década de 1980, en las postrimerías del régimen militar. Si bien la relación del colectivo profesional entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales no siempre resultó expedita por las condiciones opuestas en las que se encontraban, fue capaz de encontrar un camino de convergencia que se organizaba en torno a la atención social y la coordinación de beneficios y recursos para la población.

Esta triada de relaciones se recompone progresivamente a partir del retorno a la democracia en marzo de 1990 a través de dos tendencias. Por una parte, las relaciones entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reconocen y se integran en forma dinámica, fortaleciendo, enriqueciendo y renovando el repertorio profesional en diversos ámbitos de desempeño. Así entonces, mientras las organizaciones gubernamentales adoptan conceptos, metodologías y estrategias de trabajo generadas por las organizaciones no gubernamentales, estas últimas se reconvierten en organismos consultores y

Trabajo Social en Chile y Gobierno Militar. 40 Años de Memoria y Olvido

ejecutores de políticas sociales de diversos organismos del Estado. También facilita dicho proceso de integración la progresiva incorporación de equipos profesionales provenientes de organizaciones no gubernamentales en distintas reparticiones públicas del país. Por otra parte, la academia comienza a amplificar sus vinculaciones con el medio profesional, acogiendo los cuestionamientos y aprendizajes de la etapa vivida y redefiniendo sus contenidos a partir de incipientes procesos de innovación curricular. No obstante, debe señalarse que la velocidad de ajuste y respuesta universitaria a estas exigencias se desfasa de la velocidad de integración que adquiere en el ejercicio profesional, por estar regulada temporalmente por los ritmos propios de los procesos de recambio de los cuadros académicos, los que fueron aportando progresivamente sus experiencias profesionales, conforme el vértice que habían ocupado en la triada histórica del período 1973-1990.

El núcleo histórico del Trabajo Social que ha sobrevivido en la universidad y que se reconoce en su condición de escuelas tradicionales custodias de un saber intergeneracional, opta por un mayor respaldo a la formación tecnocrática como garantía de empleabilidad favorable para la profesión en un marco de políticas sociales subsidiarias, desplazando temporalmente la inclusión inmediata de los nuevos saberes sociales, que habían sido impulsa-

dos preferentemente en su desarrollo desde fuera de la academia. En el caso de las nuevas escuelas universitarias de Trabajo Social que comienzan a generarse a fines de la década de 1980 y que tienen una explosiva expansión en las décadas venideras, los sellos profesionales identitarios específicos de cada programa de pregrado expresan una impronta particular, capaz de reflejar el perfil predominante de alguna de las memorias emblemáticas de la profesión a la que principalmente se adscribe o en la que se reconoce el equipo académico a cargo. Como contraparte, el ejercicio profesional contemporáneo dinamizado por los aportes de la memoria histórica en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comenzará a operar como poderoso y exigente complemento frente a cada sello formativo que defina y proyecte la academia.

A 40 años del quiebre institucional, no corresponde juzgar fuera de contexto aquellos procesos ni aquellas decisiones asumidas por el Trabajo Social en contingencia, sino que más bien, ponderar que los hechos se fueron sucediendo producto de los repertorios y de las estrategias de las que disponía el colectivo profesional en un momento dado, y que debió desplegar ante su propia adversidad, sin un reconocimiento inmediato de las implicancias y trascendencias que dichos referentes representarían para las generaciones sucesivas. Asimismo, la im-

Esquema Nº2 MEMORIA TRABAJO SOCIAL Tríada histórica Post 1990

Memoria como salvación de un Chile en ruinas

Memoria como ruptura lacerante no resuelta

Memoria como como caja cerrada

Organizaciones gubernamentales Ejercicio profesional integrado Escuelas universitarias

Memoria como ruptura lacerante no resuelta

Memoria como consecuencia ética y democrática

Sello diverso Organizaciones no gubernamentales consultora

Memoria como consecuencia ética y democrática

Ejercicio profesional integrado Castañeda y Salamé, 2013

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Patricia Castañeda / Ana María Salamé

plementación del modelo económico neoliberal o de mercado durante el período 1973-1990, permitió consolidar un Estado subsidiario y regulador que abandonó progresivamente sus funciones históricas de protección social, validó el cobijo tecnocrático de contingencia en el que se había albergado el Trabajo Social e impulsó la profesionalización de su tarea principalmente desde los modelos de raigambre positivista, perfil predominante en la formación durante las décadas de 1970 y 1980 y que ha perdurado como núcleo duro e identitario de la profesión hasta la actualidad. Específicamente, el rol subsidiario del Estado permitió la resignificación de la clásica función asistencialista de la profesión, apoyando la sobrevivencia de los cargos públicos tradicionales de Trabajo Social en las organizaciones gubernamentales en el período entre septiembre 1973 y marzo 1990 y generando una revalorización del aporte profesional especializado en el área social en las décadas posteriores, en la medida en que se han ido incluyendo factores sociales correctivos en el modelo de desarrollo del país.

Finalmente, puede señalarse que rescatar la memoria posibilita comprender la trama cotidiana, silenciosa y no exenta de conflictos, amenazas y tensiones que caracterizó a la profesión durante los 17 años de gobierno militar dictatorial. La memoria del Trabajo Social se resignifica en una profesión que se atreve a recordar y se permite recordar, venciendo los riesgos del miedo, el silencio y el olvido. Desde los tiempos oscuros que caracterizaron la historia reciente de Chile, el Trabajo Social aporta un legado de valentía y coherencia en la adversidad, como testimonio de vida y esperanza para las generaciones profesionales futuras.

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 84 / Agosto 2013 / P. 67-84

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas 1

Street Children: Challenges from the strength perspective Liliana Guerra Asistente Social y magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora © en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su dirección postal es Vicuña Mackenna 4860 Macul, correo electrónico: ldguerra@uc.cl Coinvestigadoras: Paula Bedregal es médico pediatra y PhD en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Paula Margotta es abogada, actualmente se desempeña en el Centro de Políticas Públicas UC al igual que la socióloga Emilia Valenzuela.

Resumen Ésta es una propuesta de política pública en el ámbito de niños, niñas y adolescentes en situación de calle (en adelante NSC), que se focaliza en la evaluación diagnóstica del proceso de intervención. El objetivo general del proyecto fue proponer lineamientos para la generación de un modelo de intervención integral en el fenómeno de los NSC, que considere las diferencias y las fortalezas que ellos poseen. Para ello se utilizó el Modelo de Estrés Modificado propuesto por la OMS y se adaptó para la etapa de evaluación diagnóstica. Como resultado se obtuvo una ficha de evaluación diagnóstica que permite definir la situación de los NSC y levantar las primeras líneas de acción en el proceso de intervención.

Palabras clave. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle; intervención; Modelo de Estrés Mo-

dificado; ficha de evaluación diagnóstica.

Abstract This public policy proposal was formulated in the field of children and adolescents living on the streets (hereafter NSC), focuses on the assessment for intervention. The overall objective of the project was to propose guidelines in order to facilitate the development of a comprehensive intervention model with street children phenomenon, considering the differences and strengths they present. We used the Modified Stress Model proposed by WHO and adapted for the stage of diagnostic evaluation. As a result we obtained a diagnostic assessment form that defines the status of NSC and design the front lines of action in the intervention process.

Key words. Children and adolescents living on the streets; intervention; Modified Stress Model, diag-

nostic evaluation form.

Introducción El fenómeno de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle (en adelante NSC) reviste gran complejidad dada la dificultad para determinar sus características y la heterogeneidad que ellos poseen, lo que redunda en la dificultad de las intervenciones a realizar. De allí el interés por profundizar en el proceso de intervención que se efectúa con los NSC, siendo el punto de partida la etapa de diagnóstico,

considerada como la base sobre la cual se elabora e implementa el plan de acción y el aspecto que se profundiza en esta propuesta.

La complejidad del fenómeno, así como las particularidades de cada niño, no permiten hablar de un solo perfil y, por ende, de una intervención única.

Al contrario, es necesario identificar y considerar a la hora de trabajar con ellos tanto sus carencias

1 Este estudio fue financiado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Concurso de Políticas Públicas del año 2011. Este artículo es una síntesis de la propuesta de política diseñada por las autoras y publicada en el Libro Propuestas para Chile 2011.

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Liliana Guerra

como recursos, de modo de reconocer distintos niveles de vulnerabilidad.

Para ello, se propone una ficha de evaluación diagnóstica inicial, estableciendo ciertos mínimos, a modo de establecer metas específicas que sustenten el plan de acción. La utilización del modelo de intervención denominado Modelo de Estrés Modificado –propuesto por la Organización Mundial de la Salud y utilizado por más de 10 años y en más de 20 países, donde han sido evaluados con éxito sus resultados (W.H.O., 2000)– permitiría entregar información concreta y completa sobre la situación de los NSC. En relación a lo anterior, considera variables mínimas que están orientadas tanto a problemas y carencias de este grupo de la población –deserción escolar, consumo de drogas y alcohol, conductas delictuales, desvinculación familiar, etc.

– como también a factores protectores o fortalezas, que si bien muchas veces se desconocen, los niños evidentemente también presentan. Cabe señalar que esta propuesta fue considerada en el año 2012 como una de las tres bases que sustentan el “Programa Piloto de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle” del programa Chile Solidario un año después de que fuera presentado en 2011 El estudio busca avanzar hacia una intervención que permita contar con una línea base respecto de la situación en que se encuentran los niños, y que facilite la planificación, seguimiento y evaluación del trabajo que con ellos se realiza. Contar con un diagnóstico pertinente es un primer y necesario paso, que debe ser complementado con el desafío de dar respuesta intersectorial desde la política pública. En esta tarea deben coordinarse las acciones de los distintos actores, tanto a nivel de ministerios y servicios (Salud, Educación, Desarrollo Social, e Infancia, entre otros), como a nivel territorial y comunitario, donde todos puedan contribuir a poner término a la situación de vulneración de derechos en que hoy se encuentra este grupo de niños.

Antecedentes Las personas en situación de calle conforman un grupo social que, en términos generales, ha estado ausente de la política social chilena. Es en julio de 2005 que se realiza el Primer Catastro de Personas en Situación de Calle, donde se encuestó a 7.254 personas en 80 comunas de Chile. Desde esa fecha no se tenían nuevos datos, razón por la que en

agosto de 2011 se llevó a cabo el proceso de encuestaje para realizar el Segundo Catastro de Personas en Situación de Calle en 220 comunas del país. Su objetivo fue “levantar y sistematizar información en ámbitos relevantes sobre Personas en Situación de Calle a nivel nacional, que sirva a Mideplan y a la sociedad en su conjunto como insumo referente, válido y confiable para el diseño de una Política Nacional a favor de dicho grupo objetivo” (MIDEPLAN, 2011). Para el caso específico de NSC, es el Servicio Nacional de Menores (SENAME) quien ha sido el encargado de generar políticas sociales en este sentido. En la actualidad existen en el país cinco proyectos ambulatorios y dos residenciales a cargo de tres instituciones colaboradoras de SENAME2, los cuales se encuentran ubicados en la Región Metropolitana3.

De acuerdo a la UNICEF, en el año 2006 había 40 millones de NSC en América Latina (UNICEF, 2006). Por su parte, el SENAME (2004) estimó que existían 1.039 NSC en el 2003, los que se concentraban mayoritariamente en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso, en orden decreciente. Asimismo, el Observatorio Metropolitano de Niños, Niñas y Jóvenes que Habitan en Calle (con información de Fundación Don Bosco, Hogar de Cristo, SERPAJ y ACHNU), desde el año 2007 a julio de 2011, acumula información de 332 NSC registrados en la Región Metropolitana, de los cuales 234 se encuentran atendidos por programas especializados. Lo anterior muestra la necesidad de contar con información a nivel nacional actualizada respecto de esta situación, donde el Catastro 2011 es un insumo relevante.

Si comparamos las cifras antes señaladas con aquellas de otros países latinoamericanos (Ansa Latina, 2007), se observa una incidencia menor en nuestro país. Sin embargo, la magnitud del problema no reduce su complejidad, ya que este es uno de los fenómenos más difíciles de abordar, tanto por sus múltiples dimensiones, como por el alto costo y duración de las intervenciones. De ahí que atender este problema en la actualidad es oportuno, fundamentalmente por dos razones: lo abordable de su magnitud y la necesidad de detener su aumento (Méndez, 2008).

La situación de calle en los niños compromete varias dimensiones, por lo que cualquier identificación común de TODOS los NSC sería fuente de

2 Las instituciones que tienen a su cargo los cinco proyectos colaboradores de SENAME son: Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Fundación Don Bosco.

3 Cabe señalar que Hogar de Cristo también cuenta con un Programa para NSC, pero que no es un programa colaborador del SENAME.

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Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

confusión y de prácticas tendientes a su homogeneización, cuando lo que se ha encontrado en los estudios realizados es que los NSC no son una categoría social claramente delimitada ni una unidad psicológica perfectamente homogénea (Lucchini, 1996). Las caracterizaciones de esta población establecen que se trata de personas con una definición de sí mismas deteriorada, baja autoestima, y poca confianza en sí mismas, impulsivas y desconfiadas (Méndez, 2009). Sin embargo, a pesar de estas dificultades, también se trata de niños que logran una apresurada -aunque no consolidada- madurez, que les permite desarrollar habilidades para sobrevivir en la calle (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007, en Méndez, 2009) y que a pesar de las carencias que presentan en su salud física y psicológica, también cuentan con una elevada capacidad para reponerse de sus problemas (Erikson, 1968; Sandrock, 2004; en Méndez, 2009). Al mismo tiempo, si bien muchos han abandonado y/o sido expulsados del sistema escolar, poseen fortalezas, cuestión que les permite sobrevivir en contextos vulnerables, destacando las habilidades relacionales y matemáticas, el predominio de lo físico y visual, así como el interés por resolver problemas concretos y cotidianos (Observatorio Metropolitano de Niños, Niñas y Jóvenes que Habitan en Calle, 2010; Albano, 2011).

Por otra parte, cabe recordar que nuestro país ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño (CDI), asumiendo con ello el compromiso de asegurar los derechos y principios que ahí se señalan para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) que habitan en Chile. Ello implicó un cambio de paradigma hacia la consideración de los NNA como sujetos de derechos –a ser garantizados sin distinción–, con la debida consideración de principios tales como el interés superior del niño, y la igualdad de derechos y oportunidades, todos los cuales se encuentran a la base de esta propuesta.

La especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran quienes hoy viven en situación de calle representa un desafío pendiente para Chile. Así lo ha planteado el Comité de los Derechos del Niño4, señalando su preocupación respecto de la cantidad de niños de nuestro país que aún viven en esta situación, a la falta de servicios sociales y de medidas de reinserción disponibles para ellos y la estigmatización que sufren. Los NSC son sujetos de derechos que requieren de una acción específica y adicional a

las prestaciones universales que –considerando sus necesidades particulares–, les garantice el ejercicio pleno de sus derechos. De esta forma, es pertinente y necesario avanzar hacia una intervención que contribuya a la protección de los derechos de los niños, considerando en este caso específico la complejidad de este fenómeno.

Metodología El objetivo de la investigación fue proponer lineamientos para la generación de un modelo de intervención integral en el fenómeno de los NSC, que considere las diferencias y las fortalezas que ellos poseen, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos específicos: • Identificar principios y componentes básicos de un modelo que permita intervenir con NSC. • Identificar las estrategias y programas de evaluación diagnóstica que realizan las instituciones a cargo de NSC en Chile.

• Identificar las estrategias y programas de evaluación diagnóstica que realizan instituciones fuera de Chile.

• Establecer los lineamientos que permitan realizar diagnósticos integrales y diferenciados de los NSC. • Relevar las fortalezas de los NSC, con el fin de potenciar las intervenciones.

• Realizar el costeo del plan de evaluación diagnóstica y compararlo con la subvención disponible.

• Establecer lineamientos a considerar en un modelo de capacitación para los profesionales y técnicos que intervienen con el fenómeno de los NSC. La metodología utilizada consistió en realizar una revisión bibliográfica nacional e internacional, revisar las bases jurídicas y técnicas de los Programas Especializados, analizar los instrumentos de diagnóstico que utilizan los programas, realizar entrevistas semiestructuradas a directores de proyectos y ejecutores (psicólogos y trabajadores sociales), de manera de poder indagar más profundamente en la percepción sobre el diagnóstico y los instrumentos utilizados.

Se dispuso de instrumentos de cinco proyectos especializados en calle: Hogar de Cristo, ACHNU-

4 Ver Comité de los Derechos del Niño (2007), Observaciones finales a Chile según examen de los informes presentados por los Estados Partes, con arreglo al artículo 44 de la Convención.

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Liliana Guerra

Renca, ACHNU-Recoleta, ACHNU Peñalolén y SERPAJ. La información disponible se vació en una matriz, identificando el ámbito de la información: general, desde el niño, de la familia o adulto significativo, del profesor y resumen diagnóstico. Una vez identificado en cada instrumento el ámbito de información, esta se analizó en una matriz de datos a través de análisis de contenido, lo que permitió obtener los resultados que a continuación se presentan.

Hallazgos Sobre los instrumentos de diagnóstico analizados se encontró que ninguno de estos cuenta con un manual de aplicación y, por lo tanto, con la definición de las variables que se indagan. Los ítems que se registran son aspectos generales y específicos de la situación del niño/a o adolescente, provistos por el propio niño, su familia y profesor.

En cuanto a los antecedentes generales: todos los instrumentos solicitan la identificación del entrevistador (nombre y fecha), sin embargo, no suele incluirse la profesión de quien realiza la entrevista. En la mayoría de los instrumentos tampoco se registra el sexo del niño/a o adolescente, ni de los miembros del hogar. Asimismo, no se identifica en todos los instrumentos quién es el adulto protector del niño/a o adolescente.

En cuanto a la situación del niño/a o adolescente (reporte del niño/a), el análisis arrojó que este es el aspecto en que se persigue contar con mayor información, la que se puede agrupar en áreas de indagación sobre la situación del niño/a en la calle, acceso a redes, tuición, escuela y salud.

Adicionalmente se identificaron, en uno de los instrumentos de diagnóstico, preguntas que son factibles de responder con un mayor conocimiento del niño/a o adolescente y, por tanto, pareciera ser parte del seguimiento más que del diagnóstico.

En relación a los antecedentes provistos desde la familia, se observa que durante el proceso de diagnóstico se registra la misma información desde la familia o el adulto significativo del niño/a o adolescente. Llama la atención la gran cantidad de información que se solicita sobre la salud de los niños/as, cuyo objetivo no queda claro.

En el acápite que indaga en torno a la situación del niño/a o adolescente desde el profesor, se observa que se solicita información sobre los problemas del niño/a o adolescente en su entorno escolar, lo que pareciera ser parte del seguimiento.

Finalmente, la mayor parte de los instrumentos re70

visados no considera un resumen de la evaluación diagnóstica como tampoco lineamientos de intervención.

Por otra parte, la información obtenida en las entrevistas da cuenta de que el diagnóstico se entiende como un proceso. Este comienza desde el primer contacto con el niño e incluye todo el período de vinculación con él, la definición de su perfil, la recopilación de datos, etc. Es una primera etapa que intenta conocer el nivel de vulneración del niño/a (gravedad). La información es obtenida principalmente del relato de los niños/as, así como también de sus familias y de personas vinculadas a él. Asimismo, las fichas se utilizan a modo de pauta y su llenado se hace de manera separada a la entrevista, recurriendo principalmente a la memoria. Se reconoce la dificultad de acceder a la información real, dada la desconfianza de los niños/as.

Además, se reconoce que no existe un tiempo establecido para la realización del diagnóstico, ya que este depende de la experiencia de cada niño/a y de la complejidad de su caso. En algunos proyectos se estima que en promedio dura tres meses y en otros se extiende a seis.

El tema de las fortalezas aparece poco definido y la capacitación de los equipos no aparece formalizada.

En muchos casos se realiza más bien por modelamiento. Se observa una dificultad para establecer el costo del diagnóstico.

En cuanto a la ley y las bases técnicas, podemos señalar lo siguiente: la ley 20.032 establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención. Su objeto es establecer la forma y condiciones en que este subvencionará a sus colaboradores acreditados, así como la forma en que este velará para que las acciones que ellos realicen se hagan bajo los principios de: a) respeto y promoción de los derechos humanos de las personas menores de 18 años, según la legislación vigente; b) promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño/a o adolescente y su participación social; y c) profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, regionales y municipales, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. La ley se refiere a los mecanismos de financiamiento (concurso por proyectos de 3 a 5 años para cada línea de acción), y a la forma de cálculo de la subvención. En este sentido, cabe señalar que no existe una referencia explícita al proceso de diagnóstico. Sin embargo, en las bases técnicas de los Programas Especiali-

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

zados (PEC) con NSC, se establecen los principios que sustentan la normativa, y se explicita como un proceso clave al diagnóstico, cuyos objetivos están definidos como: • Indagar la situación de calle del niño/a o adolescente.

• Indagar sobre la situación familiar.

• Evaluar su daño.

• Evaluar sus recursos.

• Identificar sus redes de apoyo, en particular la presencia o no de figuras protectoras5.

Las bases técnicas establecen ciertas orientaciones generales sobre las fases a considerar en la intervención, donde debe adoptarse una “estrategia de etapas sucesivas y dúctiles, cada una de ellas con sus respectivas actividades, definición de indicadores y desarrollo de metodologías innovadoras”. Se estima un período de intervención global de 24 meses como máximo. Es importante considerar que las bases del programa contemplan dos fases relacionadas directamente con el proceso de diagnóstico: Acercamiento y vinculación con la calle, y Fase de evaluación (profundización diagnóstica).

De esta forma, una vez analizada la información recogida a través de los instrumentos de diagnóstico utilizados, las entrevistas realizadas y la revisión de la ley y de las bases técnicas, podemos decir que: • Se observa un gran cúmulo de información que se levanta en los instrumentos, dentro de la cual una importante cantidad correspondería más bien a una profundización del diagnóstico e incluso a un proceso de seguimiento.

• Pese a la gran cantidad de tiempo dedicado al levantamiento de información (6 meses), no se observa una conclusión a modo de evaluación diagnóstica.

• Existen ciertas restricciones legales que afectan la intervención y llevan a una subestimación del proceso de diagnóstico en términos de costos (requisito de 100% de cobertura).

• Al no contar con una evaluación diagnóstica inicial, es difícil para las instituciones realizar una evaluación de los resultados de la intervención, lo que evidentemente podría no mostrar una parte importante del trabajo que ellas realizan.

Dado lo anterior es que proponemos relevar el diagnóstico, entendiendo que este es la primera etapa del proceso de intervención, donde se obtiene conocimiento acerca de los problemas que se pretende solucionar o aliviar con la ejecución de los programas o proyectos sociales, dando información confiable sobre la magnitud y características, así como sobre los factores que influyen en tales problemas en los contextos concretos. Su importancia radica entonces en que permite justificar y fundamentar las acciones programadas, así como también focalizarlas y dimensionarlas mejor (Nirenberg et al, 2010).

En este caso, proponemos la elaboración de un diagnóstico –en un tiempo acotado– que permita, por una parte, obtener la información más relevante al principio del proceso de intervención y, por otra, concluir en torno a la situación en cada caso. Así, se podrá realizar un “cierre” luego de la aplicación del instrumento diagnóstico, que muestre con claridad la evaluación diagnóstica inicial de cada niño, con el fin de conocer la particularidad de cada uno y así poder evaluar tanto en el proceso como al final y en el punto de partida de la intervención. Esta entregará la información para delinear los pasos a seguir en el proceso de intervención y permitirá comenzar a desplegar acciones tempranamente.

Propuesta Esta propuesta se centra en el diagnóstico que se realiza como primera etapa del proceso de intervención con NSC. Tres aspectos son los que se consideran centrales para concretarla: • El establecimiento y definición de ciertos mínimos respecto del diagnóstico, para lo cual se propone una ficha de diagnóstico inicial (Ver anexo N°1). Esta ficha pretende ser un aporte al trabajo que realizan las instituciones involucradas en las intervenciones con NSC, en la medida que facilite la conclusión diagnóstica del trabajo que realizan. Como es una ficha que se plantea en base a ciertos mínimos, permite dejar libertad a cada una de las instituciones para que continúen imprimiendo su sello y realizando las innovaciones que hasta la fecha han llevado a cabo en cada uno de sus proyectos.

• Una capacitación a los equipos profesionales en relación al diagnóstico, al modelo de intervención, a las habilidades para la implementación

5 Para los puntos “evaluar su daño” y “evaluar sus recursos”, se hace referencia al potencial uso de instrumentos psicométricos de apoyo y evaluación psiquiátrica, si corresponde.

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del modelo y a la aplicación de la ficha de evaluación diagnóstica.

• Mayor claridad en las bases técnicas en torno a los mínimos que debiera contener el diagnóstico, de modo de requerir un producto específico, pero que a la vez no coarte la libertad de innovación de los programas.

Principios orientadores A continuación se presentan los principios que sustentan esta propuesta, los cuales debieran estar a la base no solo de la etapa diagnóstico que aquí se releva, sino de todo el proceso de intervención que realizan las instituciones colaboradoras.

• La perspectiva del poder y de las fuerzas. Propone que las fuerzas y recursos de las personas y sus medios ambientes, más que sus patologías y problemas, deberían ser el foco central del proceso de ayuda en las intervenciones sociales (Weick y Saleeby, 1995). A diferencia de otros modelos que se focalizan en la identificación y erradicación de déficit y problemas, la perspectiva de las fuerzas releva la identificación, uso y aumento de las fuerzas y recursos en la persona y su medio ambiente (Sullivan, 1992).

• Enfoque de género. Este sostiene que la existencia de un sistema sexo-género es un conjunto de normas, valores y representaciones que una sociedad construye a partir de la diferencia sexual, anatómica y fisiológica. Organiza las diferencias sexuales, las que –a su vez– moldean las relaciones sociales, laborales, eróticas y afectivas de modo profundo. (Oyarzún, 2006). Este enfoque nos permite observar e intervenir en el fenómeno de los NSC, considerando las diferencias sexuales que allí existen y, por lo tanto, tomando en cuenta una variable que hasta el momento ha sido escasamente relevada, ya que, sin duda, existen diferencias en “los” niños y en “las” niñas de la calle.

• Enfoque de derecho. Considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el 72

cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos (Abramovich, 2006).

• Enfoque ecológico (Aylwin, A., Solar, M. 2002; Elkaim, M. et. al., 1989; Hartman, A. y Laird, J. 1983). Este enfoque nos permite analizar la situación de los NSC y los dominios de su entorno (familia, adultos significativos, programa social, escuela, otros), desde la pregunta por la naturaleza de los límites que estos sistemas establecen con el medio. De este modo, se hace cargo tanto de las relaciones de los niños como de las dinámicas internas del sistema familiar en el que están inmersos. Desde esta mirada importa conocer los vínculos que los niños establecen con el contexto, con su familia, así como los aspectos que afectan la decisión de la salida a la calle de algunos de los miembros del sistema familiar.

Modelo de intervención La propuesta de este modelo de intervención se presenta como una posibilidad más, sin la pretensión de que se transforme en un modelo único, sino más bien que se posicione como una alternativa que permita potenciar las intervenciones que realizan las instituciones y dentro de ello, facilitar la conclusión diagnóstica como primer paso de dicho proceso. Para las intervenciones que se realizan con NSC, se propone la utilización del Modelo de Estrés Modificado, que es un modelo de riesgo que hace hincapié en las aptitudes y en la capacidad de adaptación psicológica.

Se ha optado por este modelo porque no solo considera los aspectos relativos a las carencias y dificultades que poseen los NSC (factores de riesgo), sino también reconoce las fortalezas existentes en ellos, las cuales son señaladas como factores protectores. Así, la consideración de ambos tipos de factores arroja el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, lo que permite generar líneas de acción diversas. El modelo también considera el uso de drogas como un aspecto central en la situación de los NSC y que, por lo tanto, debe ser tomado en cuenta en las intervenciones que se realizan, ya que si no se aborda, difícilmente los niños pueden terminar con esta situación. Finalmente, si bien es un modelo que puede ser utilizado en diversas temáticas, en el caso de los NSC ha sido desarrollado largamente en un proyecto llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por más

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

de 10 años y en más de 20 países, donde han sido evaluados con éxito sus resultados (W.H.O., 2000).

El modelo se presenta en la siguiente ecuación: FACTORES DE RIESGO Estrés + Normalización + Experiencias Nivel de vulnerabilidad = del NSC Vínculos + Competencias + Recursos FACTORES DE PROTECCIÓN Fuente: Adaptación propia del modelo de la OMS, 2007.

Tal como podemos observar en la ecuación, el modelo tiene 6 componentes: a) Estrés, b) Normalización (del comportamiento y de las experiencias), c) Efectos del comportamiento y experiencias, d) Vínculos, e) Competencias, y f) Recursos.

El estrés, la normalización del comportamiento y de experiencias (del uso de sustancias), son vistos como factores que pueden incrementar la vulnerabilidad. Por otra parte, las competencias, los recursos y vínculos son vistos como factores que pueden reducir la vulnerabilidad y el riesgo de comportamientos y experiencias. Sin embargo, cada uno de estos factores tiene aspectos que pueden incrementar la vulnerabilidad (factores de riesgo) o disminuirlos (factores protectores).

El modelo sirve como una guía de factores que pueden contribuir a atraer a diversos comportamientos de riesgo. Básicamente el modelo plantea que si hay muchos factores de riesgo presentes en la vida de una persona, ella estará más dispuesta a empezar, a intensificar y continuar el uso de sustancias, y a experimentar problemas anexos. Por el contrario, en la medida en que más factores protectores estén presentes, menores posibilidades hay de que la persona llegue a estar involucrada con drogas, y en el caso de que ya esté usándolas, es probable que aumente la posibilidad de abandonar su uso (Forselledo, 2001).

La vulnerabilidad puede ser entendida más claramente si tanto los riesgos como los factores protectores son considerados al mismo tiempo.

Además de proveer una comprensión conceptual, el modelo es útil para planificar intervenciones para prevenir o tratar problemas como los relativos al uso de sustancias, salud sexual y reproductiva, incluyendo SIDA, VIH y enfermedades de transmisión sexual, tanto a nivel individual (de los niños de la calle) como comunitario.

El diagnóstico El modelo planteado es útil en todo el proceso de intervención, sin embargo, tal como lo hemos se-

ñalado, esta propuesta se focaliza específicamente en la etapa del diagnóstico, la que es fundamental en el proceso de intervención, ya que constituye la base sobre la cual se elabora el plan de acción. A través de ella se definen los principales problemas, causas, efectos, posibles áreas o focos de intervención y también las eventuales soluciones a dichos problemas (Román, 2010).

El diagnóstico debe contener: 1) un componente descriptivo: cómo son y/o suceden las cosas en un determinado contexto, 2) un componente explicativo: cuáles son las causas o factores condicionantes para que en esa situación y particular contexto, las cosas sean y/o sucedan de esa forma; 3) un componente predictivo: cuáles serían las consecuencias, qué sucedería si no se interviene y se deja que las cosas sigan su curso “espontáneo” (Nirenberg et al., 2010).

Considerando lo anterior, se identifican cuatro objetivos de la etapa de diagnóstico: • Insumar el plan de intervención: la recolección de información es la base para elaborar el plan de acción, de manera que el diagnóstico debe ser capaz de responder a una serie de indicadores que buscan describir la situación de los NSC. Entre estos indicadores se encuentran tanto problemas como fortalezas.

• Establecer niveles de complejidad: un buen diagnóstico no solo debe describir los problemas, sino también explicar las prioridades o urgencias que estos adquieren, de manera de fundamentar y justificar la necesidad de invertir recursos para su solución (Román, 2010). La multiplicidad de problemas que presentan los NSC hace necesario organizar la información recogida de modo de establecer ciertos niveles de complejidad.

• Identificar los requerimientos de coordinación y articulación intersectorial: el diagnóstico no solo busca recoger información de los NSC y sus respectivas familias, sino también determinar qué redes sociales existen, y de qué manera podrían coordinarse y articularse. En este sentido, la identificación de factores medioambientales corresponde a un objetivo central de esta etapa.

• Permitir el seguimiento: por último, el diagnóstico contempla la generación de lineamientos de intervención con metas determinadas, que pueden ser monitoreadas a lo largo del proceso y evaluadas al finalizar este por cada uno de los programas, pero además de esto, la presente propuesta considera que la etapa de diagnóstico es esencial en términos de política pública, dada la 73

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existencia por parte del Estado de una subvención a la labor que las instituciones colaboradoras realizan en relación a la protección y reparación de los derechos de los NSC. Dicha subvención es evaluada de acuerdo a aspectos cuyo avance es difícil de verificar de no mediar un diagnóstico adecuado. La evaluación respecto de si el convenio ha sido o no “exitoso”, es que resulta relevante el diagnóstico de la situación del niño que se realiza al inicio de la intervención. Si este no es adecuado, difícilmente se puede conocer si los objetivos logrados son los que corresponden a las necesidades de los NSC. Lo mismo sucedería respecto de los criterios de ingreso y egreso, ya que la ausencia de un diagnóstico impedirá evaluar estos aspectos.

El instrumento propuesto Con el fin de realizar un diagnóstico que cumpla con los objetivos antes planteados, se ha elaborado una ficha de evaluación diagnóstica inicial (ver Anexo N°1), que se propone como resultado del trabajo realizado en la elaboración de esta propuesta.

Para la realización de esta ficha, se utilizó la ecuación del modelo planteada antes. Así, las dos dimensiones sobre las que se trabajó fueron los factores de riesgo y los factores protectores. Para ambos factores se establecieron variables y cada una de estas arrojó indicadores, los que se transformaron finalmente en la ficha propiamente tal.

Con la ficha planteada se espera realizar una evaluación diagnóstica inicial, la que permitirá entrar a una segunda etapa diagnóstica de mayor profundización, cuyo objetivo es conocer de manera más exhaustiva la situación de cada NSC. Asimismo, esta segunda etapa diagnóstica permite que se realicen acciones tendientes a modificar la situación de los NSC, puesto que la ficha aplicada arrojará la posibilidad de abrir líneas de intervención en un tiempo acotado.

La capacitación de los equipos Además de la elaboración de un diagnóstico que permita establecer las líneas de acción dentro del proceso de intervención con los NSC, se propone una capacitación para los equipos profesionales que trabajan en los cinco programas existentes de la Región Metropolitana, en relación al diagnóstico, al modelo de intervención, a las habilidades para la implementación del modelo y a la aplicación de la ficha de evaluación diagnóstica.

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El diagnóstico: un aspecto a relevar en las bases técnicas Si bien se privilegia la flexibilidad e innovación en la atención de los niños, dada la complejidad del fenómeno específico de los NSC, esta propuesta considera que existen ciertos mínimos que debieran explicitarse como parte del diagnóstico. Sin ellos, parece difícil evaluar posteriormente si los objetivos señalados podrían entenderse cumplidos respecto de cada uno de los NSC atendidos (y, por ende, de la evaluación de continuidad del proyecto).

Si bien las bases técnicas entregan una gran cantidad de información y de lineamientos que hacen que muchas veces estos se diluyan, consideramos que, en términos generales, son una buena guía para el trabajo que desarrollan los proyectos.

Respecto de los objetivos y sus resultados esperados, cabe preguntarse en relación a los aspectos que permitirían asegurar el logro de estos y el rol que juega el diagnóstico como guía de intervención en función de ellos. Esta propuesta plantea al diagnóstico como un aspecto central en este sentido. De allí que propone una ficha diagnóstica de sencilla utilización, que cuenta con ciertos mínimos necesarios para establecer el diagnóstico inicial, el cual ilumina acerca de las líneas del plan de acción. Más que modificaciones, se propone una clara explicitación de la etapa de diagnóstico en las bases técnicas.

Impacto Se espera que la implementación de esta propuesta contribuya en la realización de intervenciones más efectivas, dado que elaborar un diagnóstico inicial en un corto período de tiempo implicaría dar curso a un plan de acción evaluable, tanto en el desarrollo de este como una vez finalizada la intervención, lo que además permitiría realizar las modificaciones necesarias en la medida en que se enriquezca el diagnóstico en la segunda etapa de este. Asimismo, el realizar un diagnóstico como el que aquí se propone, contribuye a distinguir niveles de vulnerabilidad, haciendo visible las diversas características que poseen y de este modo, realizar intervenciones adecuadas a cada niño. En cierto modo, el impacto estaría dado porque a la base del diagnóstico y en el afán de establecer distintos niveles de vulnerabilidad, se plantea una lógica que ha estado ausente en las intervenciones sociales, cual es reconocer que todas las personas contamos con fortalezas de diverso tipo y que, al considerarlas, se rescata una fuente importante de recursos que a la hora de intervenir pueden hacer diferencias en el éxito de estas.

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

Por otra parte y a más largo plazo, la realización de intervenciones exitosas redundaría en reducir la cantidad de NSC lo que sin duda es un impacto no solo en la vida de cada uno de ellos, sino también en su entorno más cercano (familia, amigos, barrio, etc.), y por lo tanto, en toda la sociedad. Lo anterior, considerando que la intervención tiene como uno de sus principios el enfoque ecológico, que postula que lo que sucede en uno de los sistemas sociales, influye en el resto de ellos y, por lo tanto, en la sociedad en general.

Factibilidad legal Como hemos descrito, esta propuesta no requiere de modificaciones legales para su consecución, sino más bien responde a la idea plasmada en la ley, cuando señala que los procesos de intervención deberán considerar estrategias que disminuyan al máximo la duración de la intervención. Ello implica la definición clara y acotada de objetivos de intervención, así como el desarrollo de dispositivos que faciliten su realización en el menor tiempo posible, cuestión que aparece definida en las bases técnicas. Sin embargo, la ausencia de un cierre diagnóstico, como el que esta propuesta plantea, podría hacer que el proceso de intervención se extienda más de lo necesario.

De esta forma es que se sugiere plantear más precisamente en las bases técnicas algunas especificaciones en torno a la etapa del diagnóstico, señalando cómo se operacionaliza la ley en este sentido y estableciendo criterios y lineamientos en cuanto a dicha etapa, los que tienen que ver con establecer ciertos mínimos que deben conocerse en esta etapa, respetando las individualidades de los niños y de las instituciones.

Factibilidad económica La Ley establece un valor de entre 9 y 15 dólares por niño para proyectos especializados, como es el caso de los PEC. Hoy en Santiago se paga 9,3 dólares por niño/a o adolescente. El valor en pesos chilenos para 2011 es de $12.650, por lo que la subvención que reciben los PEC en Santiago corresponde a $117.645.

El monto promedio del diagnóstico por niño/a fluctúa entre $105.951 y $250.168 mensuales, lo que muestra la factibilidad de llevar a cabo en términos económicos esta propuesta en relación al diagnóstico que se plantea.

En cuanto a la capacitación de los equipos profesionales, se estimó un valor de $740.000 cada dos años. Se sugiere que el SENAME aporte este monto con fondos de capacitación. Bajo ningún punto de vista se esperaría que dicha capacitación se realice con la subvención que se otorga a los programas.

Factibilidad política Consideramos que es un buen momento –dada la realización del Segundo Catastro de Personas en Situación de Calle–, para posicionar una política pública referida a las personas en situación de calle y, dentro de ella, a los NSC. Se propone, una política pública que responda a las necesidades existentes no solo en la Región Metropolitana, sino que se expanda con programas al resto de las regiones del país. Esta extensión puede ser gradual e ir ampliándose en las regiones de las que se tiene algún registro en torno al fenómeno.

Estrategia de implementación Para la implementación del diagnóstico de los NSC, se han considerado los siguientes elementos6: a. Respecto al servicio: se consideró que la actividad diagnóstica sea simple (sencilla en su forma) y científicamente sólida (basada en un modelo teórico probado, reconocido mundialmente). b. Respecto de los atributos de los líderes: que pueda ser hecha propia por los gestores de los proyectos, aceptable para las autoridades nacionales, que sea factible de ser usada por los actores locales. c. Respecto de la forma de entrega del servicio: la difusión de la innovación debe prestar atención a la situación de la red social en la que se insertará.

Para esto es fundamental realizar un estudio piloto, que tenga como propósito mejorar el instrumento y el manual propuesto, pero también que identifique las mejores formas de diseminar la innovación, identificando aquellos actores que sean adoptadores tempranos7. De este modo, la implementación podría hacerse de manera gradual: primero en la Región Metropolitana, y posteriormente extender a regiones a partir de capacitadores de las organizaciones capacitadas inicialmente. d. Respecto de la aceptación por parte de los NSC: para el escalamiento, es fundamental una etapa inicial de prueba del esquema de diagnóstico y

6 Yamey, G. 2011. Scaling up Global Health interventions: A Proponed Framework for Success. PLosS Me 8(6): e1001040.doi:10.371/ journal.pmed.1001049.

7 McCannon, C.J., Berwick, D., Massoud, M.R., 2007. The Science of Large-Scale Change in Global Health. JAMA 298: 1937-1939.

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del instrumento propuesto, de manera de considerar la valoración por parte del grupo objetivo, para asegurar la calidad de los datos recolectados. e. Respecto del contexto socio-político: es fundamental considerar el alineamiento con la Ley vigente y con las bases para los PEC. En este sentido, esta propuesta no requiere de modificaciones a la Ley, y solo propone especificaciones en las bases técnicas, lo que favorece su factibilidad técnica y política. f. Respecto del aporte para el conocimiento: el identificar con claridad los objetivos de la fase diagnóstica (en sus dos etapas), y el costo asociado, permite visibilizar su importancia. Esto, vinculado a un instrumento tipo que permita capturar información básica para identificar el nivel de vulnerabilidad, los factores sobre los cuales trabajar y colaborar en la priorización de intervenciones, a su vez, puede ser de utilidad como sistema de registro sistemático (monitoreo), de manera de proveer información que permita comprender de mejor manera los resultados de los diversos programas, a la vez que permite retroalimentar al mismo proceso diagnóstico y favorecer mejoras para el instrumento.

Por otra parte, la implementación de la capacitación a los equipos profesionales, requeriría de los siguientes pasos: a. Información, sensibilización y acuerdos: aquí es preciso informar a todos los equipos técnicos en torno a la propuesta, con el fin de que ellos hagan suya la necesidad de capacitación en torno a los aspectos que esta considera. De esta forma, la capacitación debe ser construida en coordinación con los actores relevantes (profesionales de proyectos especializados y directores). La fase de pilotaje es central a modo de evaluar la predisposición de los equipos frente a la capacitación. b. Formación de líderes: cada institución debiera contemplar dentro de su equipo al menos a dos personas que se hagan “expertos”, tanto en el modelo como en la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica, a fin de que puedan resolver las dudas que surjan, y también que capaciten profesionales que participen en programas que surjan en el resto de las regiones del país. c. Aceptación y apropiación desde las autoridades correspondientes: es imprescindible que las autoridades del SENAME conozcan y se apropien de esta propuesta de capacitación, con el fin de prestar el apoyo necesario a las instituciones, 76

para llevarla a cabo.

Finalmente, para la instalación de la propuesta de diagnóstico, siguiendo el modelo de estrés modificado (Rhodes & Jason, 1988), y para el logro de los objetivos propuestos, es fundamental trabajar en paralelo, estableciendo alianzas entre los diversos actores y programas que interactúan o deberían interactuar con los NSC y sus familias. En concreto se propone lo siguiente:

Etapa de diagnóstico inicial Etapa de definición del perfil del niño/a. Dado que se espera contar con una identificación preliminar del niño/a o adolescente como potencial usuario del programa, las instituciones con las cuales se deben establecer coordinaciones son: a. Área social del municipio: se espera compartir información sobre el niño/a y familia, y los lugares de pernoctación y/o calle. b. Establecimientos educacionales y área educación del municipio: se espera compartir información sobre la situación al respecto y coordinar a nivel local alertas tempranas para que el programa pueda actuar. c. Área salud del municipio y centros de salud: se espera colaboración en la identificación de casos de alto riesgo de calle o en calle, para dar las alertas oportunas al programa. Si en el área geográfica de trabajo del programa hay un hospital con unidad de emergencia, será importante establecer las coordinaciones para la alerta de casos. d. Área judicial/policial local: se espera colaboración en identificación de casos y ayuda en situaciones extremas de vulneración de derechos.

En general, para realizar un trabajo cercano al ámbito local y para optimizar recursos, es deseable que cada municipio organice junto con los programas que trabajan con NSC, una mesa de trabajo que coordine acciones, identifique problemas y pueda evaluar más integradamente los resultados de la acción conjunta. Este espacio ya existe en algunos municipios. Su implementación debería ser avalada y apoyada por el nivel central. En esta instancia es factible incorporar a otras organizaciones de la comunidad, tales como juntas de vecinos y empresas, entre otros, que puedan colaborar en las alertas tempranas y en la identificación de focos de NSC, en el entendido de que el problema es de responsabilidad de la comunidad.

Etapa de acercamiento en calle. Para lograr la iden-

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

tificación del nivel de vulnerabilidad, la calificación para el ingreso al programa, su aceptación por el usuario, la identificación de las áreas de profundización diagnóstica y las áreas de intervención inmediata, se requiere de la coordinación con las mismas organizaciones anteriores, intensificando el trabajo interno del equipo del programa. Si los nexos con las organizaciones están establecidos y hay puntos de contacto claros, se facilita el logro de los objetivos.

La existencia de vulneraciones de derechos que ameritan intervención urgente, requiere de la coordinación con el área social del municipio, como también con el área judicial/policial. Otro aspecto que implica intervención de urgencia es la constatación de un daño a la salud extremo (traumatológicos, sospecha de enfermedades infecciosas agudas graves como: neumonía, meningitis, intoxicación alcohólica o por drogas), que pueda implicar riesgo vital, lo que requerirá de la asistencia en un servicio de urgencia local u hospitalario; otra situación que corresponde a una urgencia médica es la detección de una adolescente embarazada.

Las particularidades de estos niños/as y adolescentes hacen necesario que exista una relación previa con los establecimientos de salud y conocimiento de los profesionales para que el manejo clínico se ajuste a la situación de vida del NSC.

Etapa de profundización diagnóstica Profundización diagnóstica. Esta etapa es clave para el desarrollo de los planes específicos que permitirán la reinserción social del niño/a o adolescente.

Las organizaciones con las cuales vincularse son las mismas que ya se mencionaron. En esta etapa el énfasis de la coordinación no está centrado en recabar información disponible sobre el NSC, sino en disponer de una oferta de servicios para ellos/as y sus familias. Los servicios necesarios son: a. La consulta en salud mental: que debería ser otorgada por COSAM o bien por CRS/ CDT de la red pública de salud correspondiente. Dada la situación de alta vulnerabilidad de estos casos, se requiere que la atención sea oportuna y expedita, para la cual es necesario que desde el nivel central (director de servicio de salud, mediante oficio del Ministerio de Salud), instruya a su red de prestadores de servicios sobre la situación particular de estos casos. De no disponer de atención en la red pública, será necesario que el Servicio de Salud (mandatado por el Ministerio), tenga la facilidad de comprar servicios a privados. En todo caso,

es importante conocer que en caso de consumo problemático de sustancias (incluido alcohol), el acceso a las Garantías Explícitas en Salud es un derecho. b. La consulta médica general: que debería ser otorgada en primera instancia por el centro de salud correspondiente al área o bien donde el niño/a y su familia esté inscrito. Este último punto es crucial, ya que es fundamental identificar la situación de inscripción de los niño/as a un centro de salud. De no ser así, será necesaria la coordinación para hacer una inscripción provisoria, de modo que reciba las prestaciones correspondientes. Este examen general debe estar centrado en identificar problemas de salud en particular: estado nutricional, problemas de piel y enfermedades infecciosas. c. La consulta de salud sexual y reproductiva: debería ser otorgada a NNA para identificar riesgos en esta área. De existir un centro de salud con atención para adolescentes, es preferible esa atención integrada (que incluye b y c). El objetivo de esta atención es, además, prestar la consejería en este campo, en particular para aquellos que ya hayan iniciado actividad sexual.

Estas prestaciones pueden ser otorgadas por los centros de salud correspondientes. El resto de las prestaciones necesarias para contar con un buen diagnóstico, pueden ser entregadas por el mismo equipo del programa o bien mediante compra de servicios a terceros.

Conclusiones Esta propuesta ha plasmado el interés por profundizar en el proceso de intervención que se realiza con los NSC, siendo el punto de partida la etapa de diagnóstico, considerada como la base fundamental sobre la cual se elabora e implementa el plan de acción.

Se ha propuesto la utilización del modelo de intervención denominado Modelo de Estrés Modificado, por el que se ha optado ya que no solo considera los aspectos relativos a las carencias y dificultades que poseen los NSC, sino que también reconoce las fortalezas que tienen. La consideración tanto de los factores de riesgo como de los protectores, arroja el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, lo que permite generar líneas de acción adecuadas a cada caso. Por lo tanto, su aporte se encuentra de manera fundamental en el establecimiento de distintos tipos de NSC, como también en sus diversos grados de vulnerabilidad.

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Se ha propuesto una ficha de evaluación diagnóstica, que en su fase de implementación debiera ser pilotada, con el fin de mejorar aquellos aspectos que lo requieran y así transformar esta propuesta en viable y en un real aporte a la política pública en este tema.

Por último, cabe señalar que esta propuesta, junto con ofrecer una alternativa posible de intervención, plantea desafíos en un fenómeno tan complejo como es el de los NSC. Desafíos que llaman a trabajar desde la intersectorialidad, con acompañamiento y no solo supervisión desde el SENAME. Asimismo, nos desafía a hacer visible lo que ha estado invisibilizado por mucho tiempo, como también a asumir la nueva realidad de la situación de calle, donde no podemos dejar de tener una mirada preventiva con intervenciones tempranas.

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Nirenberg, O., Brawerman, J., y Ruiz, V., 2010.

Programación y evaluación de proyectos sociales. Aportes para la racionalidad y la transparencia. Paidós. Tramas Sociales 19. Buenos Aires.

Observatorio Metropolitano de Niños, Niñas y Adolescentes, 2011.

Ordóñez, D., 1995. Niños de la calle y sus familias en Lima: la realidad en 852 variables. Lima CEDRO. Oyarzún, K., 2006. Entre lo crudo y lo cocido: sistema sexo-género. En Oyarzún et al. Labores de Género, Modelo para rearmar el trabajo. Ediciones Generam.

Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades.

Rew, L., y Horner, S., 2003. Personal strengths of homeless adolescents living in a high-risk environment.

Advances in nursing science, 26 (2), 90 -1001. Austin: University of Texas.

Román, M., 1999. Guía práctica para el Diseño de Proyectos Sociales. Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. CIDE. Servicio Nacional de Menores (SENAME), 2003. Estudio sobre magnitud de niños y niñas de la calle.

Santiago: PRODENI. Servicio Nacional de Menores (SENAME), 2004. Niños y niñas de la calle. Santiago: SENAME. Weick, A., y Saleeby, D., 1995. Supporting family strenghts: orienting policy and practice toward de 21st century. Families in society, Vol. 76, N°3.

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Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

ANEXO N°1

Ficha de evaluación diagnóstica inicial Nombre entrevistador Fecha entrevista 1. Identificación del niño(a) o adolescente: a. Nombre b. RUT c. Fecha de nacimiento d. Edad e. Sexo f. Dirección de la familia responsable g. Comuna de la familia responsable h. Lugar desde donde viene derivado 2. Nivel de estrés8: Eventos

Si

No

Cambios en la escuela, trabajo o casa Enfermedad seria o accidente Dificultades económicas Separación de los padres Divorcio de los padres Discusiones de los padres Enfermedad o accidente de los padres o hermanos/as Enfermedad o accidente de los abuelos/as Muerte de padres, hermanos/as o abuelos/as Muerte de un miembro de la familia o amigo/a Dificultades o conflicto con un miembro de la familia Rompimiento con el novio/a Problemas legales o con la policía Robo de pertenencias personales Fracaso en la escuela Embarazo Abuso físico Abuso sexual Otro problema serio (especificar)

8 La lista de eventos estresantes se ha tomado de R. Coddington, “The significance of life events as etiologic factors in the diseases of children”. A study of a normal population. Journal of Psychosomatic Research. 16. 1972.

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Liliana Guerra

3. Situación de calle: a. Fecha de inicio en calle………………………… b. Estadía en calle (Marque con una X lo que corresponda): Estadía diaria en calle

Todo el día Toda la noche La mayor parte de la noche La mayor parte del día

Estadía mensual en calle

Una semana Menos de una semana Dos semanas Casi todo el mes

c. Condiciones de salud física: i Apariencia nutricional:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

• Enflaquecido • Normal • Sobrepeso • Obeso Se observan lesiones no traumáticas en la piel Tiene lesiones traumáticas ii. Antecedentes de salud: ETS Epilepsia Problemas respiratorios d. Condiciones de salud mental: i. Consumo de drogas: Presencia de consumo Tipo de consumo (sustancia): • Alcohol • Marihuana • Pasta base • SI • Cocaína

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Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

Problemas asociados al consumo: • De salud física • Robo • Dependencia • Narcotráfico • Familiares • Emocionales • Con amigos Frecuencia de consumo: • Diario • Día por medio • Una vez por semana • Algunos días en el mes Fecha de inicio de consumo: e. Vulneración de derechos: SI

NO

Presencia de VIF Presencia de peores formas de trabajo infantil 4. Vínculos Positivos: a. Presencia de personas significativas y protectoras para el niño(a) o adolescente (enumere e identifique) Nombre

Relación

Edad

1.

2.

3.

4. b. Presencia de otros significativos (animales, religión, otros niños, entre otros) 1.

2.

3.

4.

5. Grado de desarrollo de competencias a. Físicas: SI

NO

SI

NO

Ausencia de discapacidad motora evidente

b. Psicológicas: Ausencia de discapacidad mental evidente

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Liliana Guerra

c. Sociales9: YO TENGO • Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente.

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas.

• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder.

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo.

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito aprender.

YO SOY • Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño.

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo.

• Capaz de aprender lo que mis profesores me enseñan.

• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos.

YO ESTOY • Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

• Seguro de que todo saldrá bien.

• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo.

• Rodeado de compañeros que me aprecian.

YO PUEDO • Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.

• Buscar la manera de resolver mis problemas.

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien.

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.

• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres.

• Sentir afecto y expresarlo.

6. Recursos a. Internos10 SI

NO

Educación: • Escolarizado • Curso actual.....................................................

• Repitencia • Retraso escolar • Deserción escolar Cuenta con idea de futuro Tiene fe religiosa Optimismo/Sentido del humor: • Capacidad de reír, de adaptarse • Alegría • Sonreír • Contar anécdotas graciosas • Recordar momentos alegres y divertidos • Mantener un ambiente distendido 9 La escala que se utiliza para conocer el grado de desarrollo de las competencias sociales se ha tomado del “Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes”. M. Munist, H. Santos, M.A. Kotliarenko, N. Suárez, F. Infante, E. Grotberg, 1998. pp.3.

10 Los aspectos relativos al optimismo/sentido del humor se han tomado de “Avances en el estado del arte en resiliencia. Educación”. H. Acutón y colaboradores. Ceanim. Chile. 2004. Pp.13-14.

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Niños, niñas y jóvenes en situación de calle: desafíos para la intervención desde la perspectiva de las fuerzas

• Controlar las ironías • No censura la risa • Promover el optimismo sobre los resultados b. Externos: Acceso a redes:

SI

NO

• Cuenta con cédula de identidad • Está inscrito en el consultorio • Asiste regularmente al colegio Está vinculado a su familia Está vinculado a otros niños de la calle Cuenta con modelos positivos Participa en alguna organización social positiva Tiene acceso a lugares de recreación positiva 7. Interés por participar en el proyecto SI

NO

Resumen evaluación diagnóstica: Vulnerabilidad en torno a la situación de calle: • Alta.

• Media.

• Baja.

Factores de riesgo: Nivel de estrés: • Alto.

• Medio.

• Bajo.

• Experiencia de calle:

Factores Protectores: • Vínculos: • Competencias: • Recursos: 83

Liliana Guerra

Predominio de factores: • Protectores.

• De riesgo. Áreas de intervención: Factores protectores posibles de mejorar: Factores de riesgo posibles de reducir: Intervenciones específicas para la profundización diagnóstica: • Psicológica: • Salud física: • Salud mental: • Área legal:

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M a g í s t e r A C RE D I TA D O COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CHILE

trabajosocial 2014 Fecha de recepción de postulaciones Hasta marzo de 2014.

Coordinador Dr. Patricio Miranda Rebeco E-mail: pmirandr@uc.cl

www.trabajosocialuc.cl

Inscripción e informaciones Avda. Vicuña Mackenna 4860 Teléfonos 2354 4606 / 2354 4665 E mail mvelizn@uc.cl

Facultad de Ciencias Sociales - Escuela de Trabajo Social

Magíster en

Trabajo social y familia VERSIÓN 2014

S u b di rector de I nv e stigac ión y Posg rado Rodrigo Flores Guerrero Coordi nadora de l Prog rama

Fabiola Cortez-Monroy Muñoz fcortezm@uc.cl I n formac ión Mabel Véliz Narváez, mvelizn@uc.cl Teléfono: (56-2) 2354 4606

FEC HA DE RECE PCIÓN DE POSTULACIONE S

A partir del 2 de agosto de 2013.

www.trabajosocialuc.cl

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MAGÍSTER Trabajo social y organizaciones Informaciones y obtención de formularios de postulación Coordinador del Programa Rodrigo Flores Secretaria Mabel Véliz N. Teléfono: (56-2) 2354 4606 e-mail: mvelizn@uc.cl

versión 2014 www.trabajosocialuc.cl

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Postítulo

Estudios de la

Familia

2014

www.trabajosocialuc.cl PERÍODO DE POSTULACIÓN Desde el 2 de agosto de 2013 COORDINADOR ACADÉMICO DEL POSTÍTULO Profesora Fabiola Cortez-Monroy M.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIONES Secretaría Postítulo Estudios de la Familia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Trabajo Social, Campus San Joaquín Avda. Vicuña Mackenna 4860, Santiago (Metro San Joaquín) Secretaria: María Elena Contreras H. Teléfonos: (56-2) 2354 4589 - (56-2) 2354 4665.

E-mail: mcontreh@uc.cl

Escuela de Trabajo Social Programa de Educación Continua 2014 Responde a necesidades de actualización, de nuevos aprendizajes,

propicia el juicio

crítico,

generación de conocimiento intervención innovadora.

Programa de Extensión 2014 Diploma de

Intervención social con adolescentes infractores de ley Diploma de

Pericia social en juicios orales Diploma de

Gestión de bienestar en organizaciones Diploma de

Marketing social y responsabilidad social empresarial Diploma de

Especialización en el sistema de seguridad social chileno Diploma de

Intervención en abuso sexual infantil Diploma de

Marketing social y responsabilidad social empresarial Diploma de

Especialización en mediación familiar

Para mayor información

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Revista Trabajo Social ISSN 0716-9736

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Del arbitraje de los artículos Los originales que se envíen para su publicación serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Consejo Editorial, el Director y/o Editora, quienes determinarán la pertinencia de su publicación en Trabajo Social. Una vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, además de los requisitos formales indicados en estas instrucciones, será enviado a dos árbitros del Consejo Asesor Nacional o Internacional, quienes determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan cumplido correcciones menores, c) publicar una vez que se haya efectuado una revisión a fondo y d) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.

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• Existirán dos niveles de jerarquización en los subtítulos: uno en negritas minúsculas y otro en cursiva (no negritas); se aconseja no numerarlos.

• Se debe utilizar comillas solo para citas textuales. Si se desea destacar una palabra o frase, utilizar negrita. Para anglicismos o palabras en idioma distinto a la lengua original en que está escrito el artículo, utilizar cursiva o itálica.

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Cuadros y figuras Aparte del texto solo existirán cuadros y figuras. Éstos serán los estrictamente necesarios y deberán explicarse por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir abreviaturas, indicar las unidades de medición, y contener todas las notas al pie y las fuentes completas correspondientes.

Respecto a los cuadros, cada uno deberá encabezarse con la expresión Cuadro N° y, en la línea siguiente, el título, ambos en minúsculas. Al final se indicará la fuente de la información o del cuadro; si es propio se indicará: Elaboración propia. El título y la fuente se ubicarán fuera del recuadro principal. Su formato deberá ser una hoja de cálculo de Excel. Se numerarán correlativamente con cifras arábigas. Siempre habrá que aludir a ellos explícitamente en el texto (Cuadro N° 7).

Con la denominación de figuras se incluyen los gráficos, mapas y fotografías. Cada figura debe encabezarse con la expresión Figura N° y, en la línea siguiente, el título, ambos en minúsculas.

Al final se indicará la fuente de la información; si la fotografía es propia se debe indicar. El título y la fuente se ubicarán fuera del recuadro principal. Su formato debe ser JPG, en blanco y negro o en tonos de grises, con una resolución mínima de 300 DPI. Se numerarán correlativamente con cifras arábigas. Deberá aludirse a ellos explícitamente en el texto (Figura N° 51).

Cuadros y figuras deberán enviarse de forma separada, en el formato que se indica, y serán incluidos sólo si el autor menciona en el texto la ubicación exacta, entre el título y la fuente respectiva.

Una línea limpia y fina que defina el área del cuadro o figura se recomienda como límite visual.

Notas y referencias bibliográficas en el texto Las notas deben ser las imprescindibles y se situarán al final de cada página. No se incluirán notas a pie de página con referencias bibliográficas. Para las referencias dentro del texto se usará la normativa APA (American Psychological Association), edición 2001, es decir: apellido del autor, año y página, escrito entre paréntesis: (Christoff, 1996, p. 21). La referencia completa deberá constar en la bibliografía.

Referencias bibliográficas Las referencias bibliográficas no deben extenderse innecesariamente (la estrictamente citada en el texto), y deberán aparecer completas al final del artículo, ordenadas alfabéticamente y, para cada autor, en orden cronológico, de más antiguo a más reciente.

Las referencias bibliográficas se harán según las normas APA, que establecen, entre otras, las siguientes formas: • Libro de un autor: Autor (Apellido e inicial del nombre), Año de publicación (entre paréntesis), Título del libro (cursiva), Edición (entre paréntesis), Lugar de edición (seguido de dos puntos), Editorial. Si no tiene editorial se escribe [s.n] del latín sine nomine que significa sin nombre. Ejemplo: Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado. (1ª ed.). Argentina: Paidós.

• Libro con más de un autor: Autor(es) (Apellido e inicial del nombre), Año de publicación, Título del libro (cursiva), Edición (entre paréntesis), Lugar de edición (seguido de dos puntos), Editorial. Ejemplo: De Mattos, C. & Ducci, M. E. (2005). Santiago en la globalización: ¿una nueva ciudad? (2ª ed.).

Santiago: Lom. • Artículo de revista científica con un autor: Autor del artículo (Apellido e inicial del nombre), Año de publicación (entre paréntesis), Título del artículo, Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma), Volumen (seguido de coma), Número, Paginación (separadas por un guión). Ejemplo: Winchester, L. (2006). Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina y El Caribe. EURE, 32, 96, 7-25.

• Artículo de revista científica disponible en Internet: Autor (es) (apellido e inicial del nombre), Fecha de edición o de publicación (año, día y mes, entre paréntesis), Título del artículo, Título de la revista (en letra cursiva), Volumen, Coloque la expresión “Recuperado el”, Fecha de consulta (día, mes y año), Coloque la expresión “de”, Dirección electrónica. Ejemplo: Winchester, L. (2006, agosto). Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina y El Caribe.

EURE, 32, 96. Recuperado el 24 de enero de 2007, de http:// www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S02501612006000200002&lng=es&nrm=iso.

Los artículos que cumplan con los requisitos temáticos y formales indicados en estas instrucciones, serán declarados como “recibido” y puestos a consideración del Comité Asesor Internacional para su evaluación. Los artículos que no se ajusten a estas normas serán devueltos a sus autores y serán declarados como “no recibido”. Revista Trabajo Social, se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere convenientes.

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