Índice
Índice Presentación Prólogo Capítulo 1: Marco Teórico de Referencia I. MARCO JURÍDICO II. LA L.O. 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 1. Ámbito de Aplicación 2. Principios Informadores del Proceso Penal de Menores 3. El Ministerio Fiscal 4. La Detención del Menor y los Derechos del Menor Detenido 4.1. La Detención del Menor 4.2. Derechos del Menor Detenido 5. Procedimiento 5.1. Competencia Judicial 5.2. Iniciación del Expediente 5.3. Diligencias Preliminares 5.4. Fase de Instrucción 5.5. Fase Intermedia: Escritos de Alegaciones 5.6. Fase de Audiencia: Juicio Oral 5.7. La Sentencia 6. Medidas 6.1. Tipos de Medidas 6.2. Reglas Generales de Aplicación 6.3. Competencia para la Ejecución de las Medidas 7. Responsabilidad Civil Capítulo 2: Diagramas de Toma de Decisiones en el Proceso Penal del Menor I. ÁMBITO DE APLICACIÓN II. LA DETENCIÓN III. INVESTIGACIÓN IV. JUICIO Capítulo 3: Actuación Práctica de los Educadores en el Proceso Penal del Menor I. Comisaría de Policía II. Fiscalía de Menores III. Audiencia ante el Juez de Menores IV. Ejecución de Sentencia - Medidas 1. Medidas Privativas de Libertad 2. Medidas no Privativas de Libertad Anexo 1: Glosario de Términos Anexo 2: Directorio Judicial y de Recursos de la Región de Murcia Anexo I: Glosario de Término 4
Presentación
Presentación El objetivo de la Guía que ponemos en manos de los lectores es explicar de un modo claro y práctico los procesos judiciales relacionados con los menores de edad, para que los profesionales involucrados en su gestión conozcan y puedan aplicar las mejores decisiones en estos procesos. Esperamos, por tanto, que sea útil tanto a educadores sociales de menores en situación de riesgo social, como a cualquiera de los profesionales involucrados en esta labor, estudiantes universitarios de titulaciones relacionadas con el tema, como trabajadores sociales, psicólogos, asociaciones de apoyo y prevención de la marginación social de estos colectivos, y a las propias familias de los menores. La Guía responde a un problema muy constatado: la confusión que se produce en las familias de los menores infractores y en las personas que trabajan con ellos, en las distintas fases del proceso penal del menor. La edición de esta Guía es fruto de la colaboración de la Asociación IMAGINAmurcia y de la Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Publicaciones, contando con el apoyo de otras entidades como Presencia Gitana, Colegio de Educadores Sociales y de la Asociación para la Promoción Socio Cultural (ASPROSOCU). La Asociación IMAGINAmurcia, promotora de la Guía, tiene como uno de sus fines “el acompañamiento de los menores y sus familias en situación de exclusión social, para promocionar en este colectivo la formación y la promoción en los ámbitos educativo, sanitario, laboral y social”. De acuerdo a su fin la Guía, prologada por el profesor Fulgencio Madrid Conesa, se estructura en tres partes. En el primer capítulo se expone el marco legal actual de leyes que afectan al Proceso Penal de Menores. En el segundo capítulo se presenta unos diagramas que explican visualmente los derechos del menor y el proceso de toma de decisiones en los distintos momentos del Proceso: ante un Delito o Falta cometido por un menor, la Detención, la Investigación y el Juicio. En el tercer capítulo se incluye una guía práctica de actuación para educadores. Finalmente se incluyen dos anexos con un glosario de términos legales, y direcciones e instituciones de interés.
Basta leer la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuando afirma como principio esencial de su regulación que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable, para comprender la conveniencia de que los educadores que realizan su actividad con personas menores de edad en situaciones de riesgo o, directamente, de exclusión social cuenten con una herramienta como la GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN DE EDUCADORES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES. Un instrumento que les permita conocer las características esenciales del procedimiento articulado para hacer efectiva la responsabilidad penal de los menores de forma que puedan coadyuvar a que la reacción jurídica dirigida al menor infractor mantenga el carácter de una intervención de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, como, de forma valiente, se afirma en la citada Exposición de Motivos. Lamentablemente, las sucesivas reformas de la Ley Orgánica 5/2000 han ido difuminando, cuando no claramente contraviniendo, la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad para ir aproximando la responsabilidad penal de los menores infractores a la de los adultos. Es decir, para ir alejando la respuesta penal del principio del superior interés del menor, reiteradamente convocado como esencia del ordenamiento jurídico nacional e internacional sobre los menores, manifestado en esta materia en el rechazo expreso a otros principios esenciales del derecho penal de los adultos como son la proporcionalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, pretendiendo impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor. Es por ello que este proceso involutivo hace que la conveniencia de contar con esta GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN DE EDUCADORES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES se transforme en una necesidad ineludible. Del mismo modo que el desarrollo de las actividades educativas y formativas con los menores en situación de riesgo social por parte del colectivo de educadores más comprometidos con su profesión y con su entorno se ha convertido en casi la única vía para evitar la marginalización y, en la mayoría de los casos, la criminalización de chicos y chicas que carecen de las necesarias redes de apoyo sociofamiliar que permitan su adecuada inserción social y respecto a los que parece que los poderes públicos y la propia sociedad, cada vez más, quisieran verse eximidos de sus responsabilidades.
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Prólogo
Prólogo
Prólogo
Coherentemente con la situación descrita, la GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN DE EDUCADORES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES reúne los requisitos para convertirse en un instrumento útil de apoyo para los educadores que se encuentren ante la eventualidad de intervenir en un procedimiento penal. En ella se encuentran las necesarias referencias legales y teóricas que permitan su ubicación en el complejo procedimiento penal de menores. Se subrayan especialmente de forma clara los derechos de los menores así como la importancia que puede tener la labor de mediación del educador con los diferentes agentes implicados en el procedimiento como son la familia del menor, en caso de poder contar con ella, el abogado del menor, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las instancias del orden jurisdiccional (Ministerio Fiscal, Juez y Equipo Técnico) y las entidades encargadas de la ejecución de las medidas. Respecto a todas ellas se examinan de modo concreto y práctico las posibilidades de intervención del educador. La GUÍA incluye un detallado glosario de términos que permitirá a los educadores orientarse (y orientar al menor y su familia) en el farragoso universo de lo jurídico y se complementa con un diagrama que facilita la visualización de los muy diversos estadios en que puede encontrarse el menor infractor desde el punto de vista procedimental. Por ello se debe felicitar a los redactores de la GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN DE EDUCADORES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES. Por su completo trabajo de análisis del proceso penal de menores y por su capacidad para destacar todos los posibles momentos en que se puede articular la participación del educador. Pero, sobre todo, porque con la elaboración de esta GUÍA ponen de manifiesto su compromiso con una forma de entender la justicia penal de los menores, coherente con los principios que inspiraron una norma como la Ley Orgánica 5/2000, que reivindica la efectiva reinserción y el principio del superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas, como eje del sistema de responsabilidad penal de los menores infractores.
Fulgencio Madrid Conesa Doctor en Derecho Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia
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