Revista HOY la Universidad - Número 4 - Noviembre 2010 by Universidad Nacional de Córdoba

Tapa Dante Montich Platos Acrílico sobre tela 100 cm x 80 cm. 2007

ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN ESTA EDICIÓN BIBIANA FULCHIERI Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. A partir de 1980 comienza a desempeñarse como Reportera Gráfica y completa su formación académica con diversos especialistas relacionados con Fotografía, Antropología y Patrimonio Cultural. Actualmente se desempeña como fotógrafa free-lance de diversos medios gráficos de trascendencia nacional e internacional. CECILIA IRAZUSTA Licenciada en Pintura egresada de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, donde trabaja como docente e investigadora. Cursó doctorado en España. Su obra se configura fundamentalmente desde el dibujo, indagando en otros modos de producción. Desde inicios de 1990 su obra se ha expuesto en Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, España y Polonia.También ha trabajado en obras colectivas y en teatro como escenógrafa. DANTE MONTICH Licenciado en Pintura egresado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. De 2002 a 2005 se desempeñó como docente en la Escuela de Artes de dicha facultad. Durante su carrera ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Además de exposiciones (individuales o colectivas) y de su participación en salones y concursos, organiza y promueve la obra de artistas emergentes en proyectos y muestras. MARISOL SAN JORGE Estudió Dibujo Publicitario en la Escuela Provincial Lino E. Spilimbergo y Plástica en la Escuela Provincial Dr. José Figueroa Alcorta. Desarrolló estudios de perfeccionamiento mediante una beca de Fundación Antorchas. Ha participado en las residencias para artistas de la Ciudad de las Artes. Su obra ha sido expuesta individual y colectivamente en diversos espacios, galerías, museos, ferias y salones. Paralelamente desarrolló su labor como diseñadora. PABLO PEISINO Entre 1993 y 1997 asiste a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Cofundador de la editorial independiente “llanto de mudo”, en 2003 recibió el Tercer Premio “Orígenes al arte joven” en arteBA. En 2004 participó en la muestra “Cultural Chandon” en el Museo Emilio Caraffa, Córdoba. En 2005 presentó “La muerte como consejera”, intervención en la vidriera del Centro Cultural España-Buenos Aires. PABLO SCHEIBENGRAF En 1997 terminó la Licenciatura en Pintura en la Escuela de Bellas Artes de la UNC. Participa en Kassel, Alemania, del proyecto EUARCA, donde cursó en la Escuela de Artes Libres de Kassel con el profesor Norbert Rademacher. Profesor de pintura en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2010 realizó una muestra individual llamada larala lara en el Museo Caraffa. Obras suyas pertenecen a colecciones privadas y a los museos Caraffa de Córdoba y Macro de Rosario.

Revista de la Universidad Nacional de Córdoba

Autoridades de la UNC Rectora: Dra. Carolina Scotto

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA

DEL ASALTO AL PODER AL SENADO VIRTUAL Dr. César Tcach

LA VOZ DEL CAMPO Lic. Waldo Ansaldi

Vicerrectora: Dra. Hebe S. Goldenhersch Secretario General: Mgter. Jhon Boretto STAFF Dirección Editorial: María José Quiroga, Prosecretaria de Comunicación Institucional, UNC. Producción y edición: Leandro Groshaus Gino Maffini Ariel Orazzi Edición fotográfica: Ariel Orazzi Diseño Gráfico: Agustín Massanet Infografía: Nicolás Pisano Colaboraron en este número: Sebastián Cáceres Corrección: Mariana Pirra Revista cuatrimestral editada por la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. ISSN: 1667-6289 Propietario: Universidad Nacional de Córdoba. Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, X5000GYA, Córdoba. Redacción: Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, C.P. 5000, Córdoba. Tel: 0351 - 4334069/70. hoy@comunicacion.unc.edu.ar Impreso en Arcángel Maggio S.A.

¿CIUDADANOS O HABITANTES? Mgter. Cristina González Mgter. Nora Britos Lic. Rubén Caro

CONVERSACIONES: ERNESTO LACLAU Por Daniel Saur

ESTAR EN JUEGO Lic. Georgia Blanas Abog. Marta Faur

DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS DE LOS BOSQUES EN CÓRDOBA Informe COTBN

MODELO SINDICAL Y EMBATE NEOLIBERAL Dr. Lucio Garzón Maceda

UNA AMENAZA SIN PRECEDENTES

ALUMBRAR DEMOCRACIA Lic. Ana E. Arriaga

UN MAPA DE TODOS

PARCHE SOBRE PARCHE Lic. Leticia Medina

AMBIGÜEDADES, VACÍOS Y CONTRASENTIDOS

HACIA UN ECOSISTEMA DE MEDIOS EMERGENTE Mgter. Daniela Monje

NO HAY LETRA MUERTA

LATINOAMÉRICA: ¿UNA REINVENCIÓN DE LA DEMOCRACIA? Dra. María Susana Bonetto

EDITORIAL UNC

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA l año del Bicentenario fue para nuestra universidad de gran intensidad política, Un año en el que la Universidad Nacional de Córdoba recuperó un lugar protagónico en los debates que cruzaron a la sociedad argentina en general y cordobesa en particular. Sin embargo los posicionamientos sociales, el asesoramiento en políticas públicas y el compromiso militante de sus docentes e investigadores en la resolución de las problemáticas que nos cruzan, sólo tienen sustento, acumulación y apropiación institucional, si son acompañadas por instancias de debate, reflexión y socialización, así como sobre el lugar que la universidad debe ocupar en cada uno de estos escenarios. El “Congreso del Bicentenario desde una mirada interdisciplinaria. Legados, conflictos y desafíos” que se realizó en los últimos días de mayo de 2010, aportó en este sentido. Este congreso presentó el aporte interdisciplinario sobre distintos ejes temáticos, tratando de romper con la delimitación de áreas específicas y encontrando problemáticas comunes que posibiliten

Pablo Peisino De la serie Carbón Objetos de tela Medidas variables 2007

una comprensión mas acabada de temáticas que están presentes a lo largo de nuestros doscientos años de historia. Así mismo, durante los meses de junio y julio de este año, el Centro de Estudios Avanzados organizó el congreso “Corporaciones y grupos de poder en la argentina del bicentenario: Pasado y presente”, con el objetivo de poder dar cuenta del papel de las corporaciones y grupos de poder en la configuración y transformación de los Estados nacionales, y su incidencia sobre las características de los regímenes democráticos. Recuperando algunos de los trabajos presentados en ambos congresos y entendiendo que el debate sobre la disputa entre las corporaciones y el poder público resume gran parte de los conflictos y posibilidades de desarrollo pasadas, actuales y futuras, Hoy la Universidad busca dar cuenta de alguno de los actores, instituciones y procesos que tuvieron, tienen y tendrán un rol central en la constitución de nuestra nación bicentenaria.

[La actualidad del debate sobre las corporaciones en Argentina]

DEL ASALTO AL PODER AL SENADO VIRTUAL Dr. César Tcach*

rganizado por el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, tuvo lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2010, el Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del Bicentenario. Pasado y Presente”. Esta actividad obedeció a la necesidad de reflexionar y dar respuestas desde el campo académico a preocupaciones que se relacionan pero exceden largamente la coyuntura política en la que se desenvolvieron las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo. En los años iniciales de la transición democrática –particularmente en la segunda mitad de la década de los 80– se debatió mucho acerca de los problemas que habían impedido la constitución de un sistema de partidos y una democracia estable. En el marco de ese debate, uno de los aspectos claves aludía a la relación entre partidos y corporaciones: ¿los partidos son débiles –en los procesos de toma de decisiones– porque las corporaciones son fuertes?; ¿el sistema de partidos es obs-

truido por las presiones corporativas?; ¿en qué medida los partidos son colonizados por los grupos de interés? Posteriormente, en la década de los 90, ese debate fue desplazado en función de priorizar otros temas, básicamente los de la reforma del Estado y el impacto de la globalización. Por otra parte, la eliminación del golpismo militar merced al aplastamiento del último levantamiento “carapintada”, la eliminación del servicio militar obligatorio y la reducción del presupuesto militar, proyectó la ilusión de una democracia consolidada, en la que el tema de las presiones corporativas debía ceder su paso a preocupaciones más urgentes. Esta percepción reduccionista de un problema que, ciertamente, era mucho más amplio y complejo que la cuestión militar, fue socavada entre 2003 y 2010 por la puesta en agenda de temas –como la educación sexual en los colegios, la propiedad concentrada de los medios de comunicación, las retenciones agrarias o el matrimonio homosexual– que pusieron nuevamente de relieve la relevancia de los intereses cor-

porativos en la sociedad argentina. En otras palabras, el repliegue del neoliberalismo coincidió con una renovada visibilización de la incidencia política de los enclaves corporativos. ¿QUÉ SON LAS CORPORACIONES? Dado el sentido polisémico del término “corporaciones”, cabe realizar algunas precisiones conceptuales. ¿Qué entendemos por corporaciones? En el mundo anglosajón la palabra es sinónimo de sociedades anónimas. En el universo historiográfico se asocia a herméticas y jerárquicas asociaciones medievales que agrupaban a personas de un mismo oficio. Pero en el uso contemporáneo del término, y desde una perspectiva que engarza las miradas de la historia con las de la sociología y la teoría política, las corporaciones remiten a intereses sectoriales articulados en organizaciones o instituciones cuyos objetivos centrales son la maximización de poder y/o ganancias. Estas instituciones pueden

procesamiento institucional y democrático de la pugna de intereses, hasta un escalón máximo que es la administración directa del Estado por una corporación. La última dictadura militar en Argentina es un buen ejemplo de este último extremo. Cabe recordar que los militares se repartieron el poder político siguiendo un criterio institucional: cinco provincias fueron cedidas a la Fuerza Aérea, cinco a la Armada y doce al Ejército, en consonancia con el tradicional predominio del arma Ejército en el interior de las Fuerzas Armadas. Fuera de las dictaduras institucionales del cono sur de América Latina, pueden encontrarse otros ejemplos extremos en el poder del clero fundamentalista en los regímenes políticos teocráticos del mundo oriental. De esta manera, se constata un puente de plata entre presión corporativa y vocación hegemónica. En los regímenes democráticos, las corporaciones pueden constituir una suerte de “senado virtual”. Esto es, desplegar una capacidad de veto a través de una panoplia de recursos de poder. Entre los más comu-

nes puede constatarse la colonización del Estado con sus propios dirigentes, la ocupación directa de ministerios gubernamentales claves –como por ejemplo Educación–, el financiamiento de las campañas electorales, la invisibilización o la estigmatización mediática de sus adversarios. Su incidencia en el presente argentino deriva de una larga historia que afectó al modo en que las distintas clases y sectores sociales se relacionaron con la política. SU LUGAR EN ARGENTINA Desde las primeras décadas del siglo XX, las clases dominantes –poseedoras de poder económico y del control de resortes del Estado–, comprobaron las dificultades de legitimar su poder en base a elecciones libres y democráticas. Fueron incapaces de construir una opción electoral competitiva, que representara plenamente sus intereses, frente al radicalismo primero y al peronismo después. En contraste con países de Europa, no construye-

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ser estatales o extra-estatales, nacionales o trasnacionales. El Ejército y la policía son instituciones del Estado, la Iglesia Católica es extra-estatal y trasnacional, las asociaciones empresarias tradicionales y las centrales obreras son extra-estatales y nacionales. Tras esta diversidad puede encontrarse –en determinados períodos históricos– una racionalidad común: un tipo de lógica política cuya práctica social está orientada a maximizar poder –económico, político, ideológico y cultural– en detrimento de la dimensión igualitaria de la ciudadanía, el pluralismo y la democracia. Dentro del entramado corporativo, la capacidad de presión es desigual. No es lo mismo, por ejemplo, la incidencia que puede tener sobre los procesos de toma de decisiones en el parlamento, un colegio de escribanos que una Iglesia o un multimedio comunicacional privado. Asimismo, esa capacidad de presión e imposición varía en función de los momentos históricos. En este sentido puede imaginarse un continuo en que el escalón mínimo es la presión regulada a través del

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ron un “partido de la industria” y apostaron a la carta militar como sustituto de un partido institucionalizado que expresase sus propios intereses. Este factor robusteció el papel político de las Fuerzas Armadas. El precio de esa apuesta fue la llave de una creciente autonomía militar, que encontró su punto más alto en la guerra de Malvinas en 1982. Su incidencia corporativa se articuló con el consenso de sectores poderosos económicamente y en alianza con la Iglesia Católica, institución que a partir de 1930 confesionalizó al Ejército y bregó, con distintos grados de eficacia, por desarmar el Estado liberal forjado al son de la generación del ochenta del siglo XIX. El poder judicial no fue ajeno a esa trama de intereses. La convalidación del golpe de 1930 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dista de ser un dato menor. Asimismo, las asociaciones empresariales más poderosas –con distintas siglas como Acción Coordinadora de Instituciones

Empresariales Libres (ACIEL) o Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresariales (APEGE)– cumplieron un rol relevante en la caída de los gobiernos de Perón, María Estela Martínez de Perón, Illia y Alfonsín. Argentina tuvo en lugar de una derecha democrática, una derecha corporativa. En ocasiones, la presión corporativa se vehiculizó a través de fundaciones provistas de sus propios intelectuales: durante la dictadura (1976-83) todos los ministros de economía –Martínez de Hoz, Sigaut, Roberto Alemann, Dagnino Pastore y Whebe– pertenecían a los consejos consultivos y directivos de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas). Como peculiaridad, estos intelectuales que facilitan la viabilidad de las presiones corporativas, son al mismo tiempo dueños de empresas. Un ejemplo análogo es el de la Fundación Mediterránea durante la mayor parte del menemismo. Como contrapartida, y también en clave

histórica, los asalariados argentinos no construyeron partidos obreros de masas, sino que tendieron a expresarse, principalmente, a través de los sindicatos. Esta peculiaridad –cuya explicación excede el alcance de estas líneas– combinada con la imbricación entre CGT y Estado desde los orígenes mismos del movimiento peronista, permitió sortear –aun desde el campo popular– al parlamento y el sistema de partidos como instancias privilegiadas de mediación. En algún punto, la burocracia sindical peronista –poseedora de dinero, obras sociales y nexos privilegiados con el Estado– sustituyó la mediación de un partido obrero. En la primera década del siglo XXI, la textura corporativa de la sociedad argentina dista de ser un dato del pasado. Tendencias corporativas asoman en el accionar político de empresarios, medios de comunicación, Iglesia Católica, sectores del poder judicial y de los sindicatos, por sólo mencionar los actores de mayor enverga-

[*] Director de la Maestría en Partidos Políticos del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Coorganizador del Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del Bicentenario. Pasado y Presente”.

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dura. Pero también están presentes a nivel micro, en la cultura política de las más diversas ramas de la actividad profesional o laboral, desde las academias a los colegios profesionales. Persisten privilegios corporativos, como el de los jueces que no pagan el Impuesto a las Ganancias o los de la Iglesia Católica, exenta de pagar impuestos por la totalidad de sus bienes. La configuración de un horizonte ciudadano común como base de sustentación de un proyecto de país y de sociedad, constituye aún un sueño por realizar. Pero no se trata de una expresión de deseos. Implica, por sobre todas las cosas, la decisión asumida por diversos actores y colectivos, de no reducir la política al arte de lo posible. Frente a esa concepción reduccionista de la política, se abre la posibilidad de entenderla como proyecto de redefinición de los marcos de lo posible. A esta tarea de redefinición apuntaron las reflexiones que, desde la universidad pública y laica, se desarrollaron al cobijo del Bicentenario

[Corporaciones agrarias. El caso de la Sociedad Rural Argentina]

LA VOZ DEL CAMPO Lic. Waldo Ansaldi* ste artículo1 abordará algunas de las corporaciones agrarias en Argentina, centralmente el papel de la Sociedad Rural (SRA), con menciones adicionales a la Federación Agraria Argentina (FAA). Ellas expresan el tipo de articulación existente en el país entre las corporaciones –en este caso en el ámbito agrario– con el sistema político. Previo a su análisis –aquí, necesariamente somero– caben algunas consideraciones más generales para situar la relación entre corporaciones y sistema de partidos. En las democracias representativas los partidos políticos juegan un papel central, en tanto son el canal de intermediación entre la sociedad civil y el sistema político. Ellos expresan los intereses sectoriales que surgen del seno de la sociedad civil, que pue-

den ser de una clase o de un colectivo más amplio que una clase, y que por esta vía se dirigen al Estado, ya sea bajo la actuación de los partidos en el Parlamento o por las diferentes formas de petición que las constituciones prevén. En las democracias representativas, entonces, ésta es la nota dominante, aun admitiendo que en las últimas décadas los partidos se han ido licuando considerablemente, no sólo como mediadores de la sociedad civil, sino, sobre todo, en cuanto a su capacidad de representar las demandas de los diferentes sectores de la ciudadanía. En su lugar aparecen otras formas de manifestación de la representación. Mientras en el país se constituía un sistema de partidos con reglas orgánicas –a partir de la década de 1910, con la sanción de la

Ley Sáenz Peña–, la sociedad argentina desarrolló un segundo canal de mediación entre la sociedad civil y el Estado, dado por la mediación corporativa, por el papel de las asociaciones de interés, que expresaban, surgidas del seno de la sociedad civil, las demandas y los intereses de grupos socioeconómicamente delimitados, que por su intermedio organizativo transmitían esas demandas ante el Estado. Este canal de mediación ya existía antes de 1910, pero se acentuó con el nuevo sistema de partidos. En Argentina, la mediación corporativa tendió a ser desde temprano la mediación dominante. En ese sentido, la SRA es la más antigua de las corporaciones, aunque poco después, por los años de 1870 se creó la Unión Industrial Argentina, a partir de

gadura con base social suficiente para construir un modelo corporativo, no implica desconocer que existían tendencias y prácticas corporativistas. Esto es efectivamente lo que constituyó –y todavía hoy lo es– la nota dominante del sistema político argentino. Hace falta además otra consideración para entender el funcionamiento, en particular de la SRA, la principal de las corporaciones empresariales argentinas durante mucho tiempo. La otra cuestión que resulta clave para entender el funcionamiento del sistema de partidos políticos y de la cultura política argentina es que en ella prima, desde 1810 hasta hoy, la lógica de la guerra por sobre la lógica de la política. La lógica de la guerra supone considerar al que piensa distinto –al disidente, al otro– como un enemigo al cual, en el límite, hay que aniquilar. En términos militares, aniquilar al enemigo significa neutralizar su capacidad de fuego, no matarlo. En Argentina, aniquilar, según muestra la experiencia de la segunda dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, era mucho más que eso. La lógica de la guerra no tiene que ser necesariamente una lógica fundada en el asesinato de los enemigos, puede ser fundada en una violencia solamente verbal. Sólo que el pasaje de la violencia verbal a la fí-

sica fue siempre muy débil en nuestro país. Morenistas y saavedristas, porteños y provincianos, unitarios y federales, crudos y cocidos, liberales y autonomistas, radicales y conservadores, radicales y peronistas. En cada período encontraremos elementos polarizados entre los cuales aparece la exacerbación de la lógica de la guerra, sea en términos verbales o físicos. Esta tensión entre la lógica política y la lógica de la guerra se da prácticamente en toda América Latina, como consecuencia de la ruptura de la dominación colonial y las luchas por la independencia. En el caso argentino, lo que resulta significativo es que va articulado con la primacía de la mediación corporativa, pero además que contrasta claramente con la experiencia de dos países vecinos –Uruguay y Chile–, donde la lógica de la política tendió a primar sobre la lógica de la guerra. La lógica de la política, por su parte, entiende que las diferencias permiten la aceptación del otro y requieren la búsqueda de la construcción de una arena en la cual esas diferencias puedan procesarse sin necesidad de apelar a la violencia y en la cual, conforme a la vieja regla, la mayoría gobierna respetando las posiciones de la minoría, y ésta acepta la decisión de la mayoría y contribuye al mejor desarrollo de la institucionalidad. La lógica de la guerra todavía existe hoy,

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la fusión de dos grupos preexistentes. Luego aparecieron también las Bolsas de Comercios, de Cereales, etc., las primeras grandes corporaciones y expresión de los intereses económicos más concentrados. Pero también surgió tempranamente la mediación corporativa sindical, sobre todo desde el momento en que los sindicalistas revolucionarios tuvieron el control del movimiento obrero argentino. Los revolucionarios eran una rama distinta a los anarquistas y a los socialistas, y se caracterizaron, inter alia, por no defender la mediación de los trabajadores a través de los partidos políticos. ¿Qué ocurre cuando el papel central que tienen los partidos políticos dentro de una democracia representativa –más allá del juicio que ésta nos merezca– no es ejercido por ellos, sino por las corporaciones? No necesariamente deviene en una política corporativista. De hecho, el corporativismo fue muy fuerte en el mundo en la década de 1930, con algunas expresiones cristalizadas en el mecanismo estatal, como el fascismo italiano, la dictadura de Salazar en Portugal, el nazismo, el franquismo español y algunas experiencias en Europa oriental. Que las corrientes corporativistas como esas no tuvieran en Argentina un peso a favor de una institucionalización tal, y que no existiera un proyecto político de enver-

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Fotografía: Ariel Orazzi

Fotografía: Bibiana Fulchieri

con otras características, porque no hay apelación a la violencia física –por lo menos hasta ahora–, pero hay una consideración del otro como alguien que es un enemigo. Y esto debilita la posibilidad de construcción de cualquier sistema democrático, no sólo del democrático representativo. La lógica de la guerra primando por sobre la lógica de la política se articula, entonces, con esa primacía de la mediación corporativa por sobre la partidaria. Esas son las notas distintivas del sistema político argentino si uno lo mira en una perspectiva de larga duración. SURGIMIENTO DE LA SRA En esta perspectiva, conviene prestar atención a cómo se fueron construyendo esas asociaciones representativas de intereses sectoriales. La primera de ellas fue la SRA, que se constituyó en 1866, impulsada por un terrateniente de la provincia de Buenos Aires, José Martínez de Hoz, quien había sido hasta pocos años antes presidente de

la Asociación Rural –que fue en verdad la primera asociación de intereses en Argentina, creada en 1819 y disuelta en la década de 1850. Martínez de Hoz pertenecía a una familia, como la mayor parte de lo que después se llamó “la burguesía terrateniente”, que llegó a Buenos Aires promediando el siglo XVIII; es decir que no eran familias del abolengo, como se encuentran en otros lugares de América Latina, sino recientemente instaladas, que rápidamente hicieron fortuna a través del comercio y la usura, y luego por medio de la apropiación de la tierra. Martínez de Hoz expresaba a una de las familias más dinámicas de ese núcleo, entre las cuales estaban también los Alvear, los Lezica, los Anchorena, los Santa Coloma, los Díaz Vélez, los Basavilbaso, entre algunos nombres más conocidos. Martínez de Hoz y sus compañeros representaban lo que podría llamarse –por paradójica que podría resultar la expresión– el sector progresista de los ganaderos, es decir, aquellos partidarios de la incorpora-

ción de las nuevas técnicas de crianza del ganado –el alambrado, el pastoreo, el tanque australiano, el molino de viento, el balde volcador, el mejoramiento de las razas por mejoramiento de los animales de pedigrí–, procurando así producir animales que satisficieran las nuevas necesidades del mercado mundial. Estos terratenientes fueron progresistas –en el sentido de incorporar las últimas tecnologías e innovaciones en la empresa y en el trabajo capitalistas–, pero al mismo tiempo eran regresivos y retardatarios, pues en lugar de utilizar esas innovaciones tecnológicas y esa organización del trabajo y de la empresa para fundar una economía capitalista independiente, orientaron todos sus esfuerzos en la dirección de la reproducción de sus propios intereses, sin un pasaje necesario a un proceso de industrialización, que es la base de un desarrollo capitalista independiente. De hecho, la SRA tuvo como lema inicial “Cultivar el suelo es servir a la patria”. Esa idea evidencia, desde sus orígenes, la convicción firme de la primacía de la produc-

INCIDENCIA EN EL APARATO ESTATAL La SRA definió inicialmente no ocuparse “de ninguna idea que salga de la esfera de sus objetos, prohibiéndose en ella toda discusión que no verse sobre los intereses rurales, único objeto que deberá ocuparla

exclusivamente”. Desde sus inicios la SRA enfatizó ese carácter no partidario. Vale decir que claramente desde el comienzo se planteó como una organización claramente corporativa, condensación de los intereses de un sector económico que gravitaba como ningún otro en la economía y por ello también en la política del país. Sin embargo, a pesar de esa declaración tan tajante de no inmiscuirse en la acción política concreta, la SRA fue asesora del Poder Ejecutivo Nacional en materia agraria hasta 1888, año en que se creó el primer Ministerio de Agricultura de la Nación. Como era de esperar, el primer ministro fue Emilio Fers, socio de la SRA. Fers marcó el comienzo de una interrelación entre la SRA y el poder político que fue casi constante a lo largo de la historia argentina, con la excepción de los gobiernos de Perón y de Alfonsín, que no tuvieron entre sus componentes hombres de la SRA y que además tuvieron un grado de enfrentamiento muy alto con la entidad. Entre 1900 y 1943, 5 de los 9 presidentes de Argentina fueron socios de la SRA: Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín P. Justo y Roberto Ortiz. Más del 40% de las designaciones ministeriales también recayó en miembros de la SRA. Más específicamente, 28 ministros del Poder Ejecutivo Nacional fueron socios de la SRA: en la cartera de Agricultura ocuparon 7 de estos 28 cargos; otros 5 fueron Ministros de Relaciones Exteriores, un punto central para una economía agroexportadora; 4 ocuparon el Ministerio de Hacienda; y 3 el de Obras Públicas, entre los más importantes. Según interpretó el historiador norteamericano Peter Smith, “acaso el hecho más provocativo fuera el que la Sociedad Rural generalmente sobrevivía a las vicisitudes de los partidos políticos. La Sociedad estaba fuertemente representada en el Gabinete, antes, durante y después de los gobiernos radicales de 1916-1930, y en cada uno de esos períodos distintos aproximadamente el 15% de todas las bancas del Congreso fueron ocupadas por miembros de la Sociedad, que como institución poseía gran poder político”.

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plantar y, al terminar el contrato, debían devolverlo alfalfado. Este mecanismo resultó extremadamente eficaz para los intereses terratenientes. Esto permite comprender, pocos años después, el surgimiento de la FAA, otra importante asociación de interés del mundo agrario, creada en 1912. Nació a consecuencia de una protesta chacarera en Alcorta (Santa Fe), rápidamente extendida, en demanda de lo que José Boglich llamó “las libertades capitalistas”. Con ello quería significar que la economía agraria argentina debía funcionar conforme a las reglas del capitalismo, que marcan entre otras cosas la absoluta libertad de los productores para concertar relaciones de compra-venta de fuerza de trabajo y, sobre todo, de compraventa de insumos y de la comercialización. Y el modelo que habían inventado los terratenientes para distribuir temporariamente sus tierras entre colonos arrendatarios determinaba que éstos estaban sujetos a comprar la materia prima a quienes los terratenientes indicaban, así como a quienes debían venderle la cosecha y asegurarla. Esta era una limitación muy fuerte a la extensión de las relaciones capitalistas, pero concentraba las ventajas y los beneficios económicos en los terratenientes. Por otro lado, esta demanda de obtener las libertades capitalistas significaba la expansión de los derechos de ciudadanía civil. En las sociedades capitalistas los derechos civiles, tal como se instauraron a partir del siglo XVIII, suponen la libertad absoluta de circulación de los hombres y las mercancías, una condición necesaria para la construcción de un mercado capitalista interno. Los chacareros no sólo estaban privados de su ciudadanía política –por su condición de inmigrantes, mayormente italianos–, sino que tampoco tenían ciudadanía civil.

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ción rural sobre cualquier otra forma económica. En 1879 dio a conocer un documento en el que expresa claramente que ella fue constituida para la defensa de “los hijos del país, los propietarios de la tierra y de la industria pecuaria, que es la única que da importancia a este país en el comercio exterior”, una aseveración que podría haber sido realizada también en la actualidad. La SRA fue acentuando su poder a través de diversos mecanismos e incluso fue articulándose con la actividad agrícola, que en principio no estuvo en el centro de los intereses de sus miembros. La llamada “revolución agrícola argentina”, entre 1850 y 1890, significó –mediante una combinación de mecanismos económicos, políticos y militares– la expulsión de los pueblos originarios de buena parte de la región pampeana, su confinamiento en el sur del país, la ocupación de la Patagonia y el reparto de tierras formalmente entre los efectivos de la llamada “expedición al desierto”, una definición equívoca y perversa como pocas. Ese reparto fue nominal, sin crear las condiciones para que quien fuera el dueño pudiera hacerlo producir, por lo que los grandes propietarios terminaron comprando a través de remates u obteniendo a través de otras formas la mayor parte de esas tierras. Esto está en la base de la extensión y concentración de la propiedad latifundista de la tierra en Argentina y fue un proceso que tendió a concentrar y ampliar el poder económico de estos ganaderos que aparecieron con ímpetus reformistas. Otro procedimiento que acrecentó el poder de estos terratenientes fue expuesto por primera vez por Benigno del Carril en un número de los Anales de la SRA, en 1890. Ante el avance del proceso de agriculturización en la región pampeana –“Hagamos 100 Chivilcoy” pedía Sarmiento, en referencia a la experiencia de colonización agrícola al estilo farmer–, Benigno del Carril recomendaba a los otros terratenientes dividir la estancia en parcelas de 200 hectáreas y darlas en arrendamiento a colonos, quienes debían pagar una renta para ocupar ese espacio y hacerlo producir. No podían allí edificar ni

Esto evidencia cómo la instancia de la mediación corporativa tendía a primar: encastrada en el seno del poder gubernativo, los intereses de la SRA y sus asociados se ejercían directamente, sin la mediación de los partidos. La aludida activa y estrecha participación de miembros de la SRA en el ejercicio del Poder Ejecutivo, se cortó con el golpe de Estado de 1943 y esa situación se prolongó durante los dos primeros gobiernos de Perón, entre 1946 y 1955. Entre 1956 y 1983 la SRA no tuvo presidentes de la Nación que pertenecieran a la entidad, pero hubo 14 ministros, 7 durante la autodenominada Revolución Argentina que encabezó Juan Carlos Onganía. También pertenecieron a sus filas en ese período 43 secretarios, subsecretarios y/o directivos de empresas nacionales. En la última dictadura su presencia fue menor comparada con otros períodos, solamente de 13 hombres, pero con un ministro de enorme importancia, como fue José Martínez de Hoz. Para la SRA, como dijo su presidente Pirán en la Memoria de 1979, esa dictadura militar era considerada un gobierno “democrático y constitucional”, porque asumía algunos enunciados de la primera parte de la constitución y porque combatía a la subversión, que era visualizada como una consecuencia del populismo. De modo que, si uno toma el período 1900-1983 puede constatar que hubo 5 presidentes, 4 vicepresidentes y 42 ministros pertenecientes a la SRA. Otra constatación que surge de estos datos es que la participación de los miembros de la SRA en el ejercicio de las funciones de gobierno, después del golpe de 1930, fue mayor en períodos de dictaduras militares que en gobiernos constitucionales. En el imaginario social argentino está fuertemente instalada la idea de que la SRA ha sido una institución claramente vinculada no sólo con el poder político estatal, sino con el poder imperialista, y esto efectivamente es cierto. La SRA participó siempre de la filosofía de la primacía del mercado e hizo de la inserción del país en

la división internacional del trabajo un elemento decisivo. Pero eso no la eximió de diferencias, contradicciones e incluso enfrentamientos con el poder político nacional y el capital extranjero. Es decir, no fue siempre a remolque de los intereses imperialistas, pues hubo excepciones –coyunturales, por cierto– en que se mostró industrialista y estatista. Una de ellas fue durante los años 30, cuando protestó contra las empresas ferroviarias británicas por imponer tarifas elevadas y llegó a reclamar la nacionalización de los ferrocarriles. Por esa misma época impulsó además una política de control del tipo de cambio y mostró un fuerte apoyo a la sustitución de importaciones. De todas maneras, muy rápidamente se produjo un retorno a sus posturas históricas, pues el Tratado RocaRunciman de 1933 implicó una reactivación de las exportaciones argentinas de carne. Otra excepción se dio durante la última dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. La política económica de Martínez de Hoz incluyó entre sus primeras medidas el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones. Y, frente a esa política definida por uno de sus principales hombres, la SRA decía en la Memoria de 1982: “No entran dentro de nuestra filosofía, pero en el momento difícil que vive el país las aceptamos aunque no compartamos la idea de su conveniencia. Hasta el momento lamentablemente no se ha cumplido el ideario establecido en marzo de 1976 en el sentido de revertir las políticas estatizantes de las últimas décadas. Tenemos esperanzas de que la Argentina retomará el rumbo y se conducirá al país a la posición que merece en el concierto de las naciones”. Vale decir, la histórica oposición a las retenciones admitía de un modo excepcional su aplicación por parte de un gobierno con el cual tenía una afinidad muy estrecha. Las posiciones históricas de la SRA –librecambista, monoproductora y agroganadera– generaron desde sus inicios diferencias profundas con la FAA. Incluso hoy tienen diferencias muy grandes –pese a que aparecen asociadas–, sólo que disi-

muladas en el contexto de la coyuntura. La FAA fue siempre una organización rural defensora de la intervención estatal en la economía. De hecho, si bien durante el primer gobierno de Perón lo enfrentó por la sanción del Estatuto del Peón Rural, luego lo apoyaría por el congelamiento de los arrendamientos –que generó condiciones para que una cierta franja de chacareros estuviera en mejores condiciones para acceder a la propiedad de la tierra dentro de un mercado no excesivamente liberado– y por la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) –que les permitió lograr mayores ganancias con sus cosechas, réditos que antes quedaban en manos de tres o cuatro grandes empresas exportadoras. PROFUNDIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN CORPORATIVA Tras la instauración de la democracia, en 1983, la SRA tuvo una mala relación con Ricardo Alfonsín, una muy buena relación con Carlos Menem –que por otro lado le dio en concesión el predio en Palermo– y, desde el comienzo, una buena vinculación con Eduardo Duhalde y una mala con Néstor Kirchner, empeorada aún más con la actual Presidenta, Cristina Fernández. Y lo que eclosionó en 2008 comenzó a prepararse en abril de 2004. Entre abril de 2004 y agosto de 2006, los grandes terratenientes nucleados en la SRA y en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresándose a través del diario La Nación, pasaron a la elaboración de un plan único estratégico, de profundización de la producción agraria y desarrollo de la industria alimentaria vinculada a ella. De esa enunciación de objetivos se pasó a una posición crítica del gobierno de Kirchner y luego a la aspiración de una fuerza capaz de nuclear tras de sí a diversos sectores de empresarios agrarios y conducir una acción que tuviera como medio de lucha la sucesión de un conjunto de boicots; de hecho, hubo cinco de ellos: uno en julio de 2006; otro en diciembre; el tercero en abril de 2007; el cuarto en marzo de 2008; y el quinto en mayo de

vilegiado para canalizar las demandas de la sociedad civil al Estado? Actualmente esa canalización se subordina completamente –como en ningún otro momento de la historia argentina–, a los designios y los intereses de las organizaciones agropecuarias, y básicamente de la SRA. No ha habido nunca en la historia argentina una situación tan intensa de subordinación de los partidos políticos a las corporaciones, y en particular a las corporaciones agrarias y más específicamente a la SRA. Esto es un fenómeno inédito, y que se exprese en fuerzas de un espectro político partidario muy amplio indica que esta generalización de la pérdida de centralidad de la mediación partidaria ha alcanzado una situación casi intolerable, que ocluye el funcionamiento del sistema representativo, que debe tener en el centro de la mediación a los partidos políticos; es decir que se está minando una democracia aún tan limitada como la representativa

1 Texto revisado por el autor, elaborado en base a una conferencia ofrecida en la Escuela de Formación Política de la UNC en septiembre de 2010 y otra expuesta en el Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del Bicentenario. Pasado y Presente”, organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la UNC en junio-julio de 2010.

[*] Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Su campo de investigación y docencia es la sociología histórica de América Latina. Profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Director del Instituto de Investigaciones de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

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2008, el último antes de la culminación del debate por la Resolución 125. La continuidad de la argumentación de la SRA, a veces acompañada por las otras organizaciones, tiene una coherencia fenomenal, que está dada en primer lugar por una defensa celosa de sus intereses particulares presentándolos como intereses del conjunto de la sociedad. Entre sus expresiones de 2008 y las de años anteriores hay una clara similitud. Realmente hay que aclarar que son declaraciones de años anteriores para darse cuenta de que no son afirmaciones hechas en el presente. Por último, cabe sugerir una lectura de larga duración sobre la relación entre la SRA y el poder político, que corrobora la hipótesis de la primacía de la mediación corporativa. El triste espectáculo de los partidos políticos –para un sistema que se propone democrático– yendo a remolque de las reivindicaciones de las organizaciones agropecuarias, es un indicador claro de la primacía de la corporación sobre el partido. ¿Qué puede esperarse de una dirección político partidaria –cualquiera sea su signo– que ha abdicado de su papel fundamental, la de ser el medio pri-

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Fotografía: Bibiana Fulchieri

[La resemantización regresiva del lenguaje de los derechos humanos en el discurso de la Iglesia Católica argentina]

¿CIUDADANOS O HABITANTES? Mgter. Cristina González / Mgter. Nora Britos / Lic. Rubén Caro* ste trabajo propone una lectura del documento De habitantes a ciudadanos. Construir un país que incluya a todos. Un desafío para la Argentina del Bicentenario 2010-2016, producido por la Comisión Nacional de Justicia y Paz1 de la Conferencia Episcopal Argentina en marzo de 2007 y presentado durante 2009 y 2010 a distintas organizaciones sectoriales del país para lograr su adhesión, en el marco de importantes disputas políticas sobre la redistribución económica. Entendemos que este documento configura una propuesta política que, centrándose en la inclusión social, pretende intervenir en múltiples sentidos, que abordamos en otros trabajos pero que conviene identificar. Un sentido relevante de la intervención política aludida lo constituye la autoatribución por parte de la iglesia católica de una centralidad política basada en la ficción de que esta institución se encuentra por arriba y más allá de cualquier institución política local2, y en particular la práctica de este actor político y social de presentarse sistemática-

mente como un no-actor. Un segundo sentido presente en el documento analizado es el modelo corporativista de articulación política mediante el que (pese a su pretendido universalismo) la iglesia desplegó las estrategias de difusión y adhesión al documento. A pesar de tratarse de un documento preocupado por la inclusión social, los actores interpelados por la iglesia son, fundamentalmente, corporaciones empresarias, aunque también centrales sindicales y algunas organizaciones sociales, en general, de segundo grado, sin que los sujetos y grupos excluidos aparezcan entre los convidados a este diálogo neocorporativo. Por razones de espacio, abordaremos un aspecto que consideramos central en los debates actuales: lo que denominamos resemantización regresiva del discurso de los derechos humanos por parte de la iglesia católica a través, entre otros, del uso de los conceptos de ciudadano y habitante en forma invertida con respecto al de los pactos y tratados de derechos humanos vigentes en el país.

DERECHOS POR DEBERES El documento que examinamos reconoce su deuda con la Carta Pastoral sobre la Doctrina Social de la Iglesia. En esa carta, los obispos se preguntaban: “¿Cuál es el grado de participación del argentino en la vida social, y, particularmente, en la defensa y el progreso de la sociedad política? Hay muchos signos positivos. En general, parece satisfactorio el índice de los votantes y aumenta la participación en la sociedad civil: centros vecinales, clubes, ONG de todo tipo, colegios profesionales, etc. Pero también hay señales negativas. Se exigen derechos, pero no siempre se conocen ni cumplen los deberes. Olvidan que el cumplimiento de estos deberes es la respuesta necesaria a la sociedad, la cual defiende y promueve los derechos de los cuales gozan. No sin razón se ha dicho que los argentinos somos 37 millones de habitantes, pero no logramos ser 37 millones de ciudadanos. El habitante usufructúa la Nación y sólo exige derechos. El ciudadano la construye porque,

la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son “universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”. Siguiendo a Juan Pablo II, mantienen que “el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido; el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad (…) Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona”. GARANTÍA Y UNIVERSALIDAD Como podemos observar, si bien se utilizan los términos ciudadano o ciudadanía y derechos humanos, todos ellos son resemantizados. Respecto de los derechos humanos, el planteo naturalista y ahistórico desvincula su desarrollo de las luchas políticas y sociales. Además se erosiona el carácter de normas obligatorias (derecho positivo vigente) de los pactos y tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución Nacional o de los cuales el Estado es parte, insistiendo en que su eventual legitimidad se originaría en creencias religiosas. En particular, sorprende la mezcla entre el lenguaje de derechos y la identificación de un derecho como fuente o síntesis de los demás (la libertad religiosa), concepción distanciada de los estándares

en el derecho internacional que establece la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos6. Por otra parte, la reinterpretación de los derechos humanos en clave católica y el énfasis en la familia y en la-vida-desde-la-concepción, presenta una perspectiva no universal que no encuentra fundamento en el sistema internacional en la materia. Para la iglesia, el ciudadano resultaría sólo un participante en una organización, un miembro de una ‘sociedad intermedia’. En lo concerniente a la distinción entre ciudadano y habitante, si el ciudadano es quien participa responsablemente, no sólo demandando derechos sino cumpliendo sus responsabilidades, parecería que el habitante sería aquel que no cumple con responsabilidades. La iglesia establece una afinidad entre habitante y pobre, en tanto opuestos a ciudadano (como participante activo) señalando que “está vigente la subcultura de la dádiva. Ésta pervierte el principio de la subsidiaridad, degrada al pobre y lo convierte en un sujeto incapaz de participar de la vida democrática, engendrando un nuevo problema social”. El documento denigra el status de habitante (y aquí es preciso señalar que un inmigrante residente es un habitante y no un ciudadano) y lo sitúa en un papel de francotirador abusivo, disponiendo, en el mismo orden, el “hacer uso” del país, el “buscar beneficios” y el “exigir derechos”. Tal construcción prejuiciosa, anti-garantista y completamente alejada de la propia Constitución, parece derivar de un republicanismo conservador claramente antimoderno. Es importante señalar que la tendencia a confundir derechos y obligaciones colo-

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además de exigir sus derechos, cumple sus deberes”3. La Comisión distingue entre habitantes y ciudadanos, señalando “la necesidad de vivir como ciudadanos del país y no como meros habitantes, de manera de asumirnos todos como constructores del bien común, llamados a la participación activa y responsable, superando la simple actitud demandante y desentendida de la suerte de los demás”. En otros documentos, se insiste con una visión sesgada del ejercicio de los derechos: “preocupa, también, la reiteración de reclamos no atendidos y de huelgas desproporcionadas, que no reparan en las injustas consecuencias sufridas por los más débiles: niños, ancianos, enfermos, trabajadores”. Al reflexionar sobre la aplicación a los problemas locales de la Doctrina Social de la Iglesia, se reafirma que “el Magisterio subraya la contradicción existente en una afirmación de los derechos que no prevea una correlativa responsabilidad. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen”4. El glosario de términos de la Comisión no considera la definición de habitante, la que debe deducirse como lo contrapuesto a ciudadano. El ciudadano y la ciudadanía son el “conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la ‘subjetividad creativa del ciudadano’”5. Bajo el título derechos humanos fundamentales se lee que “la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en

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Marisol San Jorge. De la serie "Mudar". Tinta china y aerosol sobre papel. 465 cm x 64 cm. 2010.

cando al titular de un derecho como titular de una obligación idéntica goza de una amplia difusión en el sentido común. Sin embargo, no tendría ningún sentido asignar un derecho a la vivienda adecuada a todas las personas y al mismo tiempo sostener que son esas mismas personas las que tienen que garantizar(se) y cumplir con su derecho. La estructura de un derecho supone que frente a un titular de derechos, hay otro u otros sujetos obligados, y que existe una instancia externa que puede intervenir para forzar al obligado cuando no cumple7.

dicada y relativa a ese vínculo legal con un Estado-nación, y no solamente una cualidad derivada de desarrollar actividades deseables. Ferrajoli sostiene que atribuir el conjunto de los derechos a los ciudadanos y no a las personas “está en contradicción con todas las constituciones modernas –no sólo con la Declaración Universal de Derechos de 1948, sino también con la mayor parte de las constituciones estatales que confieren casi todos estos derechos a las ‘personas’ y no sólo a los ‘ciudadanos’ (…) En suma, llegado el momento de tomar en serio los derechos fundamentales, se ha negado su universalidad, condicionando todo su catálogo a la ciudadanía con independencia del hecho de que casi todos, exceptuados los derechos políticos y algunos derechos sociales, son atribuidos por el derecho positivo –tanto estatal como internacional– no sólo a los ciudadanos sino a todas las personas”8. DISPUTA, DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Marisol San Jorge De la serie "Mudar" Tinta china y aerosol sobre papel 100 cm x 70 cm. 2009

En estas formulaciones no sólo se advierte la perspectiva errada que coloca en cabeza de un mismo sujeto, derechos y deberes, sino ‘maliciosa’ porque habitante puede ser cualquier persona que se encuentre en el territorio. Ciudadano, por el contrario, es quien goza de un status de miembro pleno de la comunidad política. Su sentido jurídico es central: no todos somos ciudadanos, ni podemos serlo aunque lo deseemos. Se trata de una identidad adju-

Por último, y en tanto los documentos analizados abordan los conceptos de derechos humanos, ciudadanía, verdad y memoria, consideramos relevante identificar lo que observamos como una perspectiva ya no sólo regresiva sino contrapuesta abiertamente a la institucionalidad del estado de derecho. El documento de la Comisión finaliza diciendo que “incluir es hacer efectivos los derechos humanos para todos. Lograr ese objetivo requiere de acuerdos en políticas de Estado de largo aliento. Construir esos consensos desde un espíritu de diálogo y reconciliación sólo es posible desde la verdad y la justicia”9. Al enlazar memoria, justicia y verdad con reconciliación, se usan estos términos en un contexto discursivo opuesto al de las organizaciones defensoras de derechos humanos de nuestro país, que han enfatizado la necesidad de lograr la verdad y la justicia en relación con los crímenes de la última dictadura. El párrafo 30 de la Carta pastoral del Episcopado argentino expresa: “La interpretación de la historia argentina está atravesada por cierto ma-

niqueísmo, que ha alimentado el encono entre los argentinos. Lo dijimos en mayo de 1981, en “Iglesia y Comunidad Nacional: ‘Desgraciadamente, con frecuencia, cada sector ha exaltado los valores que representa y los intereses que defiende, excluyendo los de los otros grupos. Así en nuestra historia se vuelve difícil el diálogo político. Esta división, este desencuentro de los argentinos, este no querer perdonarnos mutuamente, hace difícil el reconocimiento de los errores propios y, por tanto, la reconciliación. No podemos dividir al país, de una manera simplista, entre buenos y malos, justos y corruptos, patriotas y apátridas. No queremos negar que haya un gravísimo problema ético en la raíz de la crítica situación que vive el País, pero nos resistimos a plantearlo en los términos arriba recordados’. A veintidós años de la restauración de la Democracia conviene que los mayores nos preguntemos si transmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acaecido en la década del 70. O si estamos ofreciéndole una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos. Ello sería así si despreciásemos la gravedad del terror de Estado, los métodos empleados y los consecuentes crímenes de lesa humanidad, que nunca lloraremos suficientemente. Pero podría suceder también lo contrario, que se callasen los crímenes de la guerrilla, o no se los abominase debidamente. Éstos de ningún modo son comparables con el terror de Estado, pero ciertamente aterrorizaron a la población y contribuyeron a enlutar a la Patria. Los jóvenes deben conocer también este capítulo de la verdad histórica. A tal fin, todos, pero en especial ustedes, fieles laicos, que vivieron en aquella época y eran adultos, tienen la obligación de dar su testimonio. Es peligroso para el futuro del País hacer lecturas parciales de la historia. Desde el presente, y sobre la base de la verdad y la justicia, debemos asumir y sanar nuestro pasado”10. Podemos observar cómo la selectividad de la iglesia en la incorporación de términos como derechos humanos, verdad, justicia, ciudadanía, opera a través de su resemantización regresiva, utilizándolos en

sentidos opuestos a los usos estabilizados tanto en el sistema jurídico como entre los actores que los han promovido originalmente. Esta incorporación de un léxico de derechos en el interior de un lenguaje dogmático parece exhibir sus límites: como señala Ferrajoli, “sólo a través de la lucha por los derechos, que quiere decir su constante ejercicio y su defensa tenaz frente a todo posible obstáculo, amenaza o violación, puede garantizarse su posesión efectiva y la consiguiente valorización de la persona. Un derecho no ejercitado o no defendido está en realidad destinado a decaer y finalmente sucumbir. De la libertad de pensamiento y de prensa a los derechos políticos, de la libertad personal a los derechos sociales, la efectividad de los derechos de la persona no está nunca garan-

tizada de una vez por todas como graciosa concesión jurídica, sino que es siempre el efecto de cotidianas y a veces costosas conquistas. Entendida en este sentido, la lucha por el derecho acompaña a todos los momentos de la vida de los derechos: no sólo a su conservación, sino también a su fundación y transformación”11. Ciertamente, un lenguaje de los derechos que discrimine a los habitantes frente a los ciudadanos, que no reconozca ‘la ley del más débil’, que insista sobre la impunidad de los fuertes y que, adicionalmente formule reservas sobre los mecanismos de ejercicio y lucha por los derechos, parece sólo un intento por tomar prestada una legitimidad de la que carece la perspectiva organicista (siempre autoritaria) del orden que propone la iglesia católica en Argentin

[*] Docentes e investigadores de la Esc. de Trabajo Social de la Fac. de Derecho y Cs. Sociales de la UNC.

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Marisol San Jorge . De la serie "Mudar" . Tinta china y aerosol sobre papel. 100 cm x 70 cm. 2009

Ver http://www.justiciaypaz.org/sobrejusticiaypaz/, revisado el 10 de junio de 2010. En adelante, Comisión. 2 Verbitsky destaca que “la iglesia considera un derecho adquirido la elevación del dedo admonitor ante las narices de los gobernantes, a quienes sermonea desde las alturas del púlpito, simbólica de la preeminencia que se arroga sobre la soberanía popular”, en Verbitsky, H. (2010) La mano izquierda de dios. Historia política de la Iglesia Católica. Tomo IV La última dictadura (1976-1983). Bs As., Edit. Sudamericana, p. 416. 3 90ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, La Doctrina Social de la Iglesia. Una luz para reconstruir la Nación. Carta pastoral del Episcopado Argentino a los miembros del Pueblo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad, Pilar, 11/11/ 2005. En adelante, 90ª Asamblea. El resaltado es nuestro. 4 90ª Asamblea. 5 En http://www.justiciaypaz.org/documentos/2008/Glosario_de_ciudadania.pdf; revisado el 10 de junio de 2010. 6 Pinto, M. (1997) Temas de derechos humanos. Bs. As., Editores del Puerto. 7 “(…) Tener un derecho significa que una norma jurídica asigna a un sujeto una expectativa negativa (de omisión) o una expectativa positiva (de acción), y crea sobre otros sujetos los correspondientes deberes u obligaciones. (…) Existe otro elemento típico de la noción legal del término ‘derecho’, referente a los casos en los que los sujetos obligados –sea a hacer algo, sea a no hacerlo– incumplen con su deber. Nadie afirmaría que tiene un derecho si del incumplimiento por parte de quien está obligado no se sigue consecuencia alguna: esto equivaldría casi a conceder que el cumplimiento de la obligación queda librado a la buena voluntad del obligado. En estos supuestos, uno de los rasgos que caracteriza a un derecho es la posibilidad de dirigir un reclamo –que puede llamarse demanda, denuncia o queja– ante una autoridad independiente del obligado –habitualmente, un juez– para que haga cumplir la obligación o imponga reparaciones o sanciones por el incumplimiento (…)”. Abramovich, V.; Courtis, C. (2006) El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional. Bs. As., Editores del Puerto, p. 1 y ss. 8 Ferrajoli, L. (1999) Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Edit. Trotta, p. 55. 9 Comisión, p. 13. 10 90ª Asamblea. 11 Ferrajoli, L. (2005) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Edit. Trotta, pp. 944-

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[Democracia y acción de los Think Tanks]

ESTAR EN JUEGO Lic. Georgia Blanas* / Abog. Marta Faur** a fundamentación de la democracia más extendida entre los liberales desde mediados del siglo XX, es la denominada pluralista, sosteniendo sus teóricos que ella asegura que ninguna facción, grupo de interés o partido prevalece sobre el resto, llegando a dominar en forma permanente el poder. La política –formación de la voluntad ciudadana– cumple con la función de unir y empujar los intereses privados contra el aparato de gobierno para conseguir metas colectivas. El bien común surge de la armonización de los intereses fraccionarios o particulares. El propósito de este trabajo es exponer la actividad de los Think Tanks (TTs) –expresión que remite al concepto de “tanques o usinas de pensamiento”, y comprende a instituciones fundadas en el modelo de pequeño centro de excelencia, cuya vinculación con grupos de interés económico pone en discusión el propósito del conocimiento, de la investigación y las políticas públicas, y a la democracia misma, bajo el paradigma dominante.

ORIGEN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS THINK TANKS Un grupo de expertos convocados por Friedrich A. von Hayek en San Pelerín (Suiza) subscribió en 1947 el documento fundante de su movimiento ideológico, que proponía contar con “los argumentos intelectuales y la reafirmación de ideales válidos”, porque “los valores centrales de la civilización están en peligro”. Sostenían la

preferencia por un gobierno mínimo y disperso, cuyo obstáculo era la autonomía política de los Estados nacionales, que con medidas proteccionistas podían favorecer la producción propia de bienes y dificultar la mecánica de obtención masiva de beneficios de las grandes corporaciones comerciales. Este resurgimiento del pensamiento austríaco cobraría auge en momentos en el que Hayek es elegido en 1974 como Nobel de Economía. El universo de sentido de estos actores se nutre de incidir en los intelectuales, influir en la opinión pública y definir la decisión política1. Los TTs son grupos que ligan conocimiento y poder / ciencia y técnica, con la elaboración de políticas, y presentan rasgos comunes como: 1) utilizan metodologías científicas, aunque no se limitan a temas científicos; 2) son multidisciplinarios; 3) establecen fuertes lazos más allá de la comunidad científica; 4) tienen amplio grado de libertad en la definición del problema y elaboración de recomendaciones; 5) se preocupan por una variedad de problemas de amplio interés, o por implicancias amplias de una problemática; 6) marcan el ritmo de investigación para la comunidad investigativa (Thompson, 1994). Se distinguen cuatro modelos o tipos de TTs: 1. Centros de investigación privados: fundados con capital privado, dedicados a realizar estudios principalmente de carácter académico. 2. Centros universitarios: de educación superior, sirven de espacio para debate de

ideas y formación de dirigentes políticos y económicos, en ciertas ocasiones mediante la creación de centros y/o grupos de estudios específicos. 3. Centros de estudio y gestión: fundaciones que intervienen activamente en el proceso de políticas públicas, y responden o están relacionadas a un líder o partido. 4. Advocacy groups: centran sus actividades en promover derechos específicos, controlar acciones del Estado y canalizar la demanda cívica. En muchos casos configuran actores globales, al desarrollar prácticas a escala mundial o, al menos, a escala casi o tendencialmente mundial. Pueden ser transnacionales, o nacionales y locales, atento el ámbito geopolítico de actuación, pero de manera ocasional o habitualmente participan en redes transnacionales (Mato, 2007). Relevamientos realizados por Foreign Policy y la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) detectaron 5.465 TTs en 170 países del mundo. Así, se evidencia una expansión producto de la interrelación de expertos con sectores empresarios, políticos y medios de comunicación, cuyo objetivo es la centralidad (policy networks), atendiendo condiciones dirigidas a preservar credibilidad, ganar la atención de quienes deciden y, como aspecto clave, asegurarse financiamiento2. El conocimiento que manejan no es teórico, propio de la academia y universidades, sino un subproducto experto dirigido a quienes toman decisiones y cuyo objetivo es la aplicabilidad. Las temáticas de

THINK TANKS EN ARGENTINA La inestabilidad política en nuestro país ante las interrupciones democráticas impactó negativamente en la sociedad y el Estado. Las universidades, recurrentemente intervenidas, pusieron en riesgo la continuidad de profesionales e intentos de investigación, factores que impulsaron la creación de espacios alternativos a modo de centros de investigación. Entre los universitarios, destacamos el

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de 1956 y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) de 1964. La intervención de la Universidad por la dictadura de Onganía (1966) encontró al Di Tella en su etapa floreciente y a su área de Ciencias Sociales como núcleo científico más importante en su especialidad. Emergieron también el Instituto de Sociología de la UBA, el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), la Fundación Bariloche. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), creado en 1967, sirvió de nexo fundamental entre cientistas sociales locales con sus pares del exterior, y sus becas contribuyeron a que muchos permanecieran en el país. El Centro de Estudios de Población (CENEP) en 1974, se especializó en temas ligados a demografía y población; en 1975 aparecieron el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Centro de Investigaciones sobre el Estado y la Administración (CISEA). En 1976 surgió el Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), integrado a una red regional, con cobertura de un organismo internacional. Como centros de estudio y gestión de investigación económica, emergen la

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y la Fundación Mediterránea (FM). El primero contó desde 1964 con apoyo del Mercado de Valores de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina. Asimismo, contó con el financiamiento de las grandes empresas nacionales y multinacionales, que le otorgaron decisiva influencia para preparar en los años 80 el proceso de privatizaciones. La segunda tuvo una participación activa en las medidas previstas en el Consenso de Washington, a través de recomendaciones del IERAL –verdadero TTs de la Fundación, llamado primeramente Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL)– y la inserción de sus técnicos en la administración estadual, incluido el Ministerio de Economía en diversos períodos. Ambos centros representan los TTs locales más exitosos como difusores del liberalismo. Federalismo formal y heterogeneidad de intereses entre los grupos empresarios de la burguesía nacional fueron los factores que motivaron a 34 empresarios de Córdoba a constituir la FM quienes, según Acta Nº 3 del Consejo de Administración del 11 de julio de 1977, designaron

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trabajo son variadas, relacionadas con asuntos públicos de alta repercusión social y/o mediática, como economía, cuentas públicas, energía, privatizaciones, educación, salud, delitos, planificación urbana, entre otros. Operan con métodos del mundo académico combinados a tácticas de comunicación publicitaria y, si bien se definen como organizaciones sin fines de lucro, no trabajan sobre la base del voluntariado como ocurre con muchas de las instituciones surgidas de movimientos sociales. Se trata –casi exclusivamente– de profesionales contratados para “pensar” políticas e influir en el proceso de toma de decisiones, con un costo económico importante.

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Cecilia Irazusta. De la serie Decires: "callate". Objeto, técnica mixta. 7 cm x 16,5 cm. 2009.

como primer presidente a Piero Astori. Inicialmente la integran 3 categorías de socios: a) Promotores-Fundadores: 34 socios, de entre ellos surgieron las autoridades del Comité Ejecutivo. Estaban diferenciados por ramas o sectores: industria alimenticia (16%); construcción (24%); manufacturera, metalúrgica y metalmecánica (36%); comercio y servicios (15%); actividades industriales varias (9%); b) Socios Activos: 3 entidades bancarias: Banco de Crédito Rural Argentino, Hipotecario y Edificador de Córdoba y Banco Italia y Río de la Plata, miembros con voz y voto en el Consejo de Administración; c) Socios Adherentes: empresas productivas, de servicios, de comunicación, entidades financieras, comercios y empresarios en carácter particular3. La identidad colectiva aglutinaba a pequeños y medianos empresarios, de diferentes actividades productivas ligadas al crecimiento industrial de los años 50 de la ciudad de Córdoba y alrededores. Sus técnicos, formados en universidades nacionales y de Estados Unidos, se convirtieron en artífices de la implementación de las reformas de los años 90. A medida

que sumaron prestigio e influencia, crearon programas y facilitaron el diálogo entre los gobiernos de la región y las instituciones multilaterales. A juicio del Informe del Banco Mundial (1993), “se convirtieron en el núcleo central de los equipos de cambio que, dentro de las burocracias nacionales, se encargaron de los aspectos prácticos del proceso de transformación”. La evolución de su composición (ver gráfico Evolución...) muestra un crecimiento societario durante el período en que Domingo Cavallo –hombre de la FM– y sus técnicos, ocuparon cargos en el gobierno nacional; de entrevistas y registros institucionales surgen, a su vez, otros datos que permiten definir el perfil empresarial actual. Muchas de estas empresas fueron transferidas, tras el impacto que sufrieron por la destrucción del mercado interno, como por ejemplo Lía e Ideal, que fueron subsumidas por el Grupo Arcor. Basta pensar en el cierre de más de 100 mil Pymes para inferir que el grupo más numeroso desaparece. Los nuevos socios serán entidades financieras nacionales y extranjeras y empresas privatizadas. En carácter de Funda-

dores, entre otros, están: Banco Macro SA, BBVA Bco. Francés, Metalúrgicas Pescarmona, Techint, Telecom SA. Como Socios-Activos: Banco Santander Río SA, Bunge Argentina SA, Skanska SA, los Ministerios de Producción, Trabajo y Turismo de Corrientes, de Finanzas y Obras Públicas de Salta, y la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe. En el caso de la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba y la Lotería de la Provincia SE. Con menor número de socios que en tiempos del menemismo, representan hoy 80% (aproximadamente) del PBI argentino, con establecimientos productores o prestadores de servicios en territorio nacional, mayoritariamente vinculados al comercio exterior. En la actualidad tiende a un empresariado ligado a la actividad financiera del Estado, la concentración económica y transnacionalización del capital4. FM representa intereses económicos que la definen en el campo político como un actor no neutral. Sin embargo, su fuerte influencia como identidad consolidada durante la transición democrática la erige en “instancia de aprobación” de programas

EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

PERÍODO

31.12.1980

31.11.85

31.12.90

31.12.95

31.12.98

30.11.2000

31.12.07

Socios Nacionales (Córdoba y Bs As)

120

153

166

257

181

144

178

cese

Filial Comahue Filial La Pampa Filial Litoral

31.08.10 190

Filial Mendoza

Filial NOA

cese temporario

Filial NEA

cese

352

531

372

247

291

317

Filial Patagonia Filial San Juan TOTAL SOCIOS 120

229

Elaboración propia en base a datos institucionales

La transición democrática lleva el signo de la profesionalización de la política, con un escenario tal vez asimilable a lo acontecido a fines del siglo XIX y parte del XX, cuando quienes ejercían funciones públicas o se dedicaban a la política eran por lo general doctos o actores sociales influyentes, situación que revirtieron los denominados gobiernos de masa. La complejidad del sistema político y de las sociedades contemporáneas sin dudas exige de conocimientos específicos. Sucede que las fuerzas políticas al momento de presentar programas y tomar decisiones de gobierno, lo hacen mediadas por especialistas cuyos vínculos directos son sectoriales, y con un compromiso hacia un modelo sesgado de Estado orientado al mercado. A su vez, la profesionalización provocó el creciente desplazamiento de espacios alternativos de generación y reflexión de ideas. La posición privilegiada de actores que mediaron con intereses particulares (y bregaron por la caída del Estado de bienestar) incide en el descontento de otros colectivos de la sociedad que vienen ejerciendo ciudadanía desde los márgenes, como los movimientos sociales. ¿Cuál es el núcleo central de la problemática? Si el sistema político es considerado un espacio restringido donde opera un “mercado de ideas”, donde cada grupo hace del lobby una práctica para imponer su propia visión, la discusión gira en torno

Bibliografía Dahl, R. (1993) La democracia y sus críticos. Madrid, Paidós. Mato, D. (2007) Think Tanks, fundaciones y profesionales en la promoción de ideas (neo)liberales. En A. Latina en Cultura y Neoliberalismo. Buenos Aires, CLACSO. Olson, M. (1965) La lógica de la acción colectiva. El bien público y la teoría de los grupos. Cambridge, Mass, Harvard University Press. Thompson, A. (1994) Think Tanks en Argentina. Conocimiento, instituciones y política. En Documento Cedes. Buenos Aires.

[*] Doctoranda en el Doctorado en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. [**] Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.

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LA TAREA PENDIENTE

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA

económicos de los principales candidatos estaduales y, aunque ya sin el protagonismo de Cavallo, sus técnicos continúan integrando gabinetes, en número importante también en la provincia de Córdoba.

a que este modelo de democracia promueve la disputa por la mayor influencia. Robert Dahl (1993), quien reformula en términos más precisos la cuestión de la “democracia de los intereses”, reparó en que el problema de fondo es verificar en qué medida las elecciones de la colectividad están determinadas por el grado de mayor o menor “intensidad” con que determinados grupos persiguen intereses fuertemente sentidos, hacia los cuales gran parte de los demás grupos se muestra a lo sumo indiferente. Para el autor “no podemos describir el funcionamiento efectivo de las sociedades democráticas en términos de contrastes entre mayorías y minorías; sólo podemos distinguir grupos (variados en dimensión) que buscan avanzar (habitualmente compitiendo) para perseguir fines propios”. De no acceder al proceso político es porque no han insistido con diligencia o porque sus intereses no se han visto lo suficientemente amenazados. Lo cierto, es que la actividad de los diversos colectivos muestra debilidad ante los lobbying de minorías de intereses económicos o profesionales (de sencillo y espontáneo consenso sobre sus intereses), y que por su organización (staff de asesores y operadores), tienen la capacidad de asegurarse la persecución de intereses especiales (Olson, 1965). Los grupos de negocios ocupan una posición privilegiada y sus objetivos están legitimados por un sistema de creencias que la comunidad comparte ampliamente (Dahl). Estos factores explican la marcada incidencia que tienen en la generación de creencias, elección de preferencias y en la orientación de decisiones estatales. Plantearnos fortalecer la democracia, exige entonces desde la universidad pública el compromiso por instaurar planes de estudio con redefinición de perfiles profesionales, conforme a un proyecto nacional y a las necesidades regionales, y dirigir las acciones de extensión a una construcción democrática inclusiva de todos los miembros de la sociedad

1 Norberto Bobbio en sus estudios basados en la antología sobre el Interés, nos muestra la importancia de esta expresión para la política de la modernidad. Aparece utilizada con vehemencia a partir de la primera mitad del siglo XVI, con recorrido ambivalente porque originalmente significó “perjuicio”, y en el período en que se comienza a utilizar insistentemente, tendría la acepción opuesta de “ganancia”, “aliciente”, “provecho” o “utilidad” (Ornaghi-Cotellessa (2003) Interés. Léxico de política. Argentina, Nueva Visión). Lo llamativo para el autor es que la voz etimológica significa estar entre (del latín inter- esse) que significaría estar en el juego o ser jugador, y sus derivaciones muestran por qué el interés en el campo de la política se mueve en la peligrosa frontera entre un valor atribuible a alguien o cosa, de manera subjetiva, y otra modalidad “objetiva” que se materializa en el transcurso del tiempo en los intereses concretos y preferencias de los individuos o grupos, acoplándose a la “personificación” de la república, o, el Estado-Nación. 2 Basados en la experiencia del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Por caso, el Manhattan Institute instaló la teoría “de las ventanas rotas”, estructura intelectual de lo conocido como “tolerancia cero”. Entre sus donantes: Chase Manhattan Bank, Citicorp, Time Warner, Procter & Gamble, State Farm Insurance, American Express, Bristol-Myers Squibb. 3 Revista Estudios. Año 1, Nº 0, 1977, Córdoba, Fundación Mediterránea. 4 Fuente institucional. PBI estimado: $1.122.469. Base Presupuesto 2010 y Ministerio de Economía.

[Apostillas sobre poder y la organización de los trabajadores1]

MODELO SINDICAL Y EMBATE NEOLIBERAL Dr. Lucio Garzón Maceda * 1. El ejercicio del poder de los sindicatos en ciertas situaciones y realidades nacionales puede ser analizado a la luz del funcionamiento de las corporaciones; hay en algunos países un modelo sindical neocorporativista democrático, eficiente. Lo habitual es analizar el poder de los sindicatos en tanto grupo de presión o como grupo de poder, con predominio en las esferas económica y socio-política. Existe la versión meramente economicista limitada a ser un actor de negociación salarial y de condiciones laborales en el llamado mercado laboral, son los llamados sindicatos “pan y manteca”. La clasificación clásica de Richard Hyman es válida: sindicato de clase contra clase, de propuestas como contra-poder de reforma social, de mercado y de negocios. 2. ¿Sirven aún los sindicatos? En pleno siglo XX se han ido generando interrogantes neoliberales –asombrosos– sobre si realmente los sindicatos tienen razón de existir, si cumplen una tarea eficiente o simplemente deformante en tanto monopolio. Es una inquietud de sectores de derecha, reiterando argumentos expuestos ruidosamente en la década del 30 en los Estados Unidos. En el Reino Unido Margaret Thatcher lo reiteró, consagrando un lema, Union free enviroment, lugar de trabajo sin sindicatos. Brevemente expuesto, obviamente mientras exista trabajo dependiente, expropiación del valor del trabajo en el marco del mentiroso mercado, los sindicatos tienen

razón de ser como una respuesta equilibradora a la absoluta desigualdad de los trabajadores frente al empresario a la hora de ofrecer y fijar el precio de la fuerza de trabajo. 3. Interés colectivo. Un cambio esencial del sindicato en el siglo XX fue la consagración de la negociación colectiva, junto con la noción de relación de trabajo y la de interés colectivo; no solo hay representación directa de individuos sino también representatividad de las categorías laborales , de todos, sean o no afiliados. Se incorpora la idea del convenio colectivo, ya no como una suma de contratos individuales sino como continente del interés colectivo, el interés de la categoría profesional, que trasciende a los propios trabajadores y al propio empresario, y que incorpora al sindicato como sujeto colectivo que representa a todos. El sindicato pasa a ser el sujeto exclusivo y excluyente, titular de la contratación colectiva de todos los trabajadores en determinado ámbito y categoría. 4. El sujeto colectivo. Esto consolida la noción del convenio colectivo, regulador de la categoría que implica la posibilidad de que un sujeto jurídico, externo, discuta las condiciones de todo un universo de trabajadores de toda una determinada actividad. Hubo un gran debate, en el campo liberal, tendiente a rechazar los alcances de la ac-

ción del nuevo sujeto que se introduce en las empresas. Se plantea de parte de los trabajadores que el Estado contribuya a que el sujeto colectivo tenga garantías y poderes suficientes para lograr equilibrio con el poder que tiene el empresario. Incorpora la idea del equilibrio para que un convenio tenga un mínimo sentido de justicia. Sin equiparación de fuerzas no hay verdadera negociación colectiva; vale decir, sin poder sindical no hay derecho colectivo serio. 5. Representación y representatividad. El convenio colectivo, cuyo sujeto es una persona jurídica colectiva, tiende a aplicarse tanto a los afiliados de un sindicato como a trabajadores que sin esa condición pertenezcan a la misma categoría contractual. El sujeto colectivo debe tener no solo representación directa de sus afiliados sino también representatividad; vale decir, la posibilitada de representar el interés colectivo y negociar en nombre de todos, sean o no afiliados. Los sindicatos que negocian un convenio colectivo pasan a tener un rol trascendente, porque acuerdan contratos con efectos de una ley para todo un universo de trabajadores. En una negociación colectiva el sindicato negocia salarios y condiciones laborales mínimas para todos los trabajadores sean o no afiliados a su organización, que es la ley de la categoría. Hay países que no reconocen la legalidad de esas facultades a los sindicatos, por ejemplo Estados Unidos.

para la acción externa, una sola voz hacia afuera y muchas voces e ideas al interior del sindicato. Entre las naciones que mantuvieron el principio de unidad sindical se encuentran los países nórdicos, Austria y Alemania. Con la pluralidad, los trabajadores perdieron poder de negociación. En Francia por ejemplo, antes de la división de la única CGT en cinco centrales, la densidad de afiliación respecto de la totalidad de los trabajadores era del 60%. Hoy en el sector privado tiene 5 o 6% de afiliados, y sumando al sector público no llega al 10%. En Italia no supera el 20%. 7. Los modelos. En la primer mitad del siglo XX podía distinguirse, por una parte, al sindicato sujeto principal de los derechos colectivos, esencialmente reformista y democrático; por otra parte, el modelo del sindicato polea de transmisión de la vanguardia-partido de la revolución. Ambos propician cambios sociales, aunque distinguiendo las vías. Una tercera va-

riante lo constituirá el sindicato de mercado, economicista, carente de contrapoder social, reduciendo su acción a la negociación colectiva. Los sindicatos reformistas, abandonado el modelo de revolución, se plantean que en la sociedad capitalista democrática necesitan tener fuerza para poder presionar y negociar. Para ello necesitan tener a los trabajadores convencidos y eso no se logra solo con ideología, sino que hay que convencerlos con actos concretos, desarrollando y garantizando beneficios. Un grupo de países va a introducir un modelo sindical diferente, que se llama el modelo Gante, por la ciudad de Bélgica donde nació. Propone acción sindical de negociación y reforma acompañada de la administración de algunos de los servicios que necesita el trabajador. De esa manera, no solamente obtienen el apoyo al sindicato por la lucha que llevan adelante, sino por el beneficio concreto que le dan por medio del servicio. Y van a ser los sindicatos de esos países (Suecia, Finlandia, Nor-

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA

6. Unidad y pluralidad. Hasta los años 50 predomina entre los sindicatos el modelo de unidad sindical; vale decir, una sola central sindical, un solo sindicato de actividad, rama o industria. La noción de pluralidad sindical la promueve Estados Unidos como parte de su enfrentamiento con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, para debilitar la acción sindical de los partidos comunistas, sobre todo en las centrales sindicales de Francia e Italia. “No hay verdadera democracia política y social en un país si no hay pluralidad sindical”, decían los aliados europeos de Estados Unidos. Pluralidad pasa a ser sinónimo de libertad sindical. Ello va a implicar, indudablemente, pérdida de poder de negociación del sujeto colectivo. A diferencia de la democracia política, donde hay intereses contrapuestos –que son los intereses propios de los individuos ciudadanos–, en la clase trabajadora hay intereses comunes, intereses colectivos comunes de clase productora y asalariada. De allí que debe garantizarse la unidad

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Dante Montich- Maximiliano Murad. Obra conjunta. S/T. Acrílico sobre tela. 170 cm x 130 cm. 2008.

reducirse la capacidad de negociación, los trabajadores se alejan de los sindicatos y acentúan la crisis de representación y representatividad.

Dante Montich- Maximiliano Murad. Obra conjunta. S/T. Acrílico sobre tela. 150 cm x 150 cm. 2008.

uega, Dinamarca y, de una manera menor, Bélgica y Holanda) los que mantendrán la mayor tasa de densidad sindical en el mundo. Estos países son los que hoy, entre otros, sirven de referencia a la hora de analizar la crisis terrible por la que pasa el sindicalismo a nivel mundial. El modelo nórdico, y en especial el sueco, estableció religiosamente hasta los años 80 el principio solidario absoluto en la negociación colectiva de salarios, introduciendo un nivelamiento de ingresos, cualquiera fuese la actividad. Ellos introducen la idea de que el trabajador, por trabajar, cualquiera sea su lugar de trabajo, debe ganar lo necesario a sus necesidades, sin estar sujeto a la marcha de la empresa. Esa noción ha sido el camino de la mayor solidaridad laboral, al establecer el pago de salarios iguales a funciones iguales, sin depender de la rentabilidad de la empresa o de su posición en el mercado, y se logró a través de negociaciones centralizadas de cúpula. Las empresas, al imponérseles salarios iguales para todas, debían invertir en tecnologías para aumentar su

productividad. Las que no lo hacían y no innovaban, se veían obligadas a cerrar. 8. La crisis sindical. El declinar del poder sindical tendrá su comienzo en la década del 70, con dos shocks petroleros y crisis monetaria y financiera. Las corporaciones plantean reducir el valor de la fuerza de trabajo. A partir de los años 80 se realiza, con sordina por supuesto, la gran ofensiva del sistema capitalista contra los sindicatos, ya que los empresarios consideraban que, por su poder monopólico, eran un factor de aumento de costos; vale decir, de aumentos de salarios al margen de la productividad. En Estados Unidos, donde se organizan por empresas, la diferencia de salarios entre fábricas con sindicatos y sin ellos era de alrededor de 30%. Todo el muestrario de reformas y medidas laborales que padecimos en los años 90 se pusieron en marcha en el Norte desarrollado en la década del 80: precarización, flexibilización, tercerización, segmentación, contratos atípicos y, obviamente, reducción de capacidad para negociar. Al

9. Los recursos humanos. En los Estados Unidos se creó la figura de gerente de recursos humanos, con el objetivo de sustituir a los sindicatos. ¿Qué sentido tenía la gerencia de recursos humanos? Convencer a los trabajadores que en lugar de pensar colectivamente lo hicieran individualmente, y que en lugar de recurrir al sindicato se dirigieran al gerente de Recursos Humanos para que les resolviera sus problemas. El viejo capataz o jefe de personal fue reemplazado por una persona “afectuosa” que escuchaba a los trabajadores, y cuya tarea era evitar que recurrieran individualmente al sindicato. Los sindicatos fueron disminuyendo sustancialmente su poder a través de la pérdida de sus afiliados. Agotado el Estado de Bienestar, y con una crisis grave, no tenían nada que ofrecer y los trabajadores emigran. A medida que los sindicatos perdían afiliados se le hacía más difícil recuperarlos, ya que para ello hacía falta movilizar y, consecuentemente más dinero, que debía provenir de las cuotas sociales; pero para eso se requerían más afiliados. Vale decir, un circulo vicioso del que todavía no han salido en Europa los sindicatos en la actividad privada, con excepción de algunos países que mantuvieron la unidad y preservaron la representación y la representatividad. Los empresarios desarrollaron, en afán de debilitar los sindicatos, la llamada “empresarización” del trabajador: el trabajador solo debe pensar en función de la empresa, debe ser individualista y no actuar y pensar en función del sindicato. Se trata de la necesidad de que el trabajador viva la empresa como propia, “en lugar de la camiseta del sindicato debía usar la de su empleador”. Esos cambios fueron muy fuertes y todavía duran. Hoy en día el declinar sindical es uno de los problemas más graves que tienen todos los sindicatos europeos –salvo los nórdicos– y unos cuántos más.

10.2 La ofensiva contra el sindicato único de rama o actividad. Uno de los puntos centrales de la avanzada capitalista de los años 80 fue terminar con la negociación de industria, actividad o rama. El convenio por industria, el más beneficioso y solidario, en general ha quedado reducido a los países donde se mantuvo la unidad sindical y una densidad de afiliación por encima del 30 ó 40%; en el resto de países, prácticamente ha desaparecido. Recordemos que en nuestro país es la negociación dominante; casi 87% de los trabajadores amparados por una convención, lo está por una de estas modalidades.

10.4 La preservación. Los sindicatos viven un proceso de declinación evidente y reconocida por todo el mundo desde los años 80, pero hay algunos que han sobrevivido gracias a la aplicación de modelos que parecen ser exitosos (como los casos de los países nórdicos, Alemania, Bélgica y Austria) EL CASO ARGENTINO A pesar de la mala prensa que tienen sus élites dirigentes, constituye uno de los sindicalismos relativamente más poderosos del mundo, tomando en cuenta el PBI nacional. Porque lo que el Estado les da y les ha dado es el ideal de todo sindicato. A partir del ´45 recibieron todo lo que les hacía falta. Con un agregado que puede ser visto como negativo por algunos, de tener una comunicación directa, actualmente, con el gobierno y el Estado. Ellos eran el encuadre político del trabajador en la empresa. Aquí hasta el ´55 va a ser muy similar, el trabajador tenía casi todo resuelto. Pero juntamente con eso, los sindicatos argentinos, una vez que Perón cae, se nutrieron de tres pilares sustanciales que tenía el movimiento, prácticamente desde el ´45, que fueron el sistema de unicidad sindical alentada o promocionada, el de representación sindical en la empresa, y el de personería gremial y de negociación colectiva. Esa normativa permitió que el modelo sobreviviera, a

pesar de las ofensivas que sufrieron (desde el ´55 al ´58; desde el ´65 al ´73; desde el ´76 con la dictadura genocida; y el decenio de los años 90 con Domingo Cavallo) Además, los sindicatos son ricos por las cotizaciones universales establecidas en los convenios que abonan todos los beneficiarios, sean o no afiliados. La posibilidad de administrar la prestación de servicios, como la salud y el esparcimiento, les da una cercanía envidiable con los trabajadores, similar a los del grupo Gantes. El principio de que haya un solo sindicato que negocia colectivamente, –el más representativo– los fortalece. Aquí no necesita, como en otros países, autorización de la empresa para entrar a un establecimiento a organizar sindicalmente, ya que el reconocimiento de la categoría profesional para representar y negociar lo tiene el sindicato, independientemente de la voluntad de la empresa. Sí tienen los convenios colectivos de centralidad media (industria, actividad o rama), la unidad para negociar, la representatividad impuesta por ley en las empresas, con delegados afiliados, cotizaciones solidarias de los beneficiarios de convenio y además tienen las obras sociales. Puede decirse que los sindicatos argentinos reúnen todas las herramientas para sobrevivir a las reiteradas crisis. Si no están en mejor situación no es debido al modelo, sino a los errores que puedan cometer sus elites dirigentes 1

Síntesis revisada por el autor de algunos temas analizados en ocasión de la conferencia ofrecida en el Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del Bicentenario. Pasado y Presente”, organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la UNC en juniojulio de 2010.

[*] Abogado laboralista

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10.1 Sin poder de negociación no hay nada. Se dice que un sindicato tiene poder cuando tiene la posibilidad y la capacidad de hacer huelga triunfante, aunque sea solo una amenaza. Es suficiente que el patrón sepa que el sindicato puede hacerla, aunque no la haga nunca, pero que se puede hacer; obviamente es muy diferente cuando el patrón sabe que no le pueden hacer paro. Los salarios de los que pueden hacer huelga siempre serán más altos de los que no la pueden hacer. Esta es una clave de oro del sindicato. Cuando no hay un equilibrio de fuerzas no hay negociación auténtica, habrá solo una ficción.

10.3 Los trabajadores jóvenes. Hoy una de las preocupaciones centrales de todos los sindicatos de cualquier parte del mundo es la dificultad de afiliar jóvenes. Eso implica un envejecimiento de las organizaciones sindicales y una imposibilidad para adaptarse a un colectivo social segmentado. Por ende, cada vez resulta más difícil al sujeto colectivo mantener el poder de negociación, porque la afiliación decrece.

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA

10. La negociación. Suecia fue el modelo de negociación solidaria hasta los años 80, llevado a su máxima expresión, donde se realiza centralizadamente una negociación de cúpula, una sola para todos los trabajadores, a cargo de un solo gran sindicato. Un poquito menos centralizado es la negociación de industria: un solo convenio, un solo sindicato para cada rama o industria, llamada la media centralidad, “la mezza centralita”. El convenio de industria es la condición mínima tanto para la fábrica chica, mediana y grande, lo que permite discutir condiciones mínimas, moverse en la negociación con el conjunto de los trabajadores, y eso da más fuerza, más respaldo y permite negociar mejor, y también una categoría mínima y solidaria para todos los empleados.

[Sindicalismo “militante” en los ‘90: una experiencia para repensar a los gremios como espacios representativos y democráticos]

ALUMBRAR DEMOCRACIA Lic. Ana E. Arriaga*

in duda los años 90 han significado un antes y un después para los sindicatos respecto de su protagonismo en la conducción de los conflictos ligados al trabajo. En un contexto de drásticas reformas estructurales cuya cara más dramática fue la desocupación, el clásico modelo de reclamo laboral, la huelga, se vio desplazado por la emergencia de nuevos actores sociales y novedosas formas de acción. Muestra de ello fueron los estallidos y puebladas en el interior del país con la utilización progresiva del corte de ruta, hasta llegar a la aparición de los piqueteros conformando un movimiento social de desocupados. A nadie escapa que en este marco los sindicatos fueron perdiendo el interés que concitaban hasta no hace mucho entre historiadores, sociólogos y politólogos, sin mencionar el distanciamiento que generaron en buena parte de la opinión pública. Sin embargo, no todas las organizaciones sindicales quedaron al margen de la acción reivindicativa y mucho menos de la defensa de los trabajadores, aun los desocupados. En este sentido, focalizar la mirada en la suerte del “sindicalismo militante”1, que supo sostener una estrategia confrontativa en la interacción con el Estado y el capital, puede ser un punto de partida posible para pensar los alcances y limitaciones del modelo de organización sindical hegemónico en la actualidad. Como se sabe, la llegada de Menem a la presidencia supuso un punto de inflexión

en las mutaciones del capitalismo local. La conjunción de una serie de procesos de descentralización, achicamiento y pérdida de responsabilidad estatal respecto de la seguridad social, acompañados de una desregulación económica que supuso una reducción y flexibilización del mercado de trabajo y un rápido proceso de privatizaciones, fueron delineando un fenómeno de modernización excluyente que terminó por cambiar profundamente las pautas de integración y exclusión social2. Los sindicatos fueron una de las organizaciones visiblemente marginadas por este nuevo esquema de dominación. Las cúpulas vivieron una profunda crisis y el reacomodamiento en la redefinición de su relación con el peronismo gobernante, dada su histórica vinculación al Partido Justicialista. En este marco, buena parte de los dirigentes sindicales optó por la subordinación al líder del PJ, y el consiguiente debilitamiento de las organizaciones gremiales sujetas ahora a la dependencia de la participación empresaria en el nuevo modelo. Un sector del sindicalismo pareció quedar fuera de esta vinculación abriendo un potencial espacio de autonomía respecto de la lealtad al partido. En este escenario el sindicalismo tendió a dividirse en tres grandes sectores: un bloque de sindicatos leales al PJ aglutinados en la Confederación General del Trabajo (CGT), que con distintos matices apoyaron las reformas de mercado; otro bloque “disidente” de la CGT oficial, encabezado por

el dirigente camionero Hugo Moyano, que llegó a escindirse en 1994 formando el Movimiento de Trabajadores Argentinos pugnando por revivir el modelo sindical propio del régimen intervencionista industrialista; y un tercer sector, que desde el inicio rechazó tanto las reformas del Estado como la nueva alianza política del menemismo, y apareció como una alternativa al movimiento sindical clásico, nos referimos a la Central de Trabajadores Argentinos y a la Corriente Clasista y Combativa. EL CASO LUZ Y FUERZA Las interpretaciones sobre el rol de los sindicatos en los años 90 han puesto el acento o bien en su pasividad o bien en su apoyo a las reformas, explicando dicha respuesta en términos de la vigencia del pragmatismo de la burocracia sindical que negoció las reformas en pos de su supervivencia organizativa3. En general allí donde existió resistencia o confrontación a las reformas se ha destacado el limitado éxito de dicha estrategia. Basta mencionar las huelgas de los telefónicos contra la voluntad de la propia cúpula sindical o la de los ferroviarios, resistiendo las privatizaciones. En este marco, Córdoba ha sido testigo de un prolongado y paradigmático conflicto sindical: la lucha del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (SLyFC) contra la privatización de la Empresa Provincial de Energía (EPEC)

sindical, además de establecer que toda modificación en la estructura funcional y administrativa de las empresas públicas debía ser aprobada en instancias parlamentarias5. TIEMPO DE LUCHA Desde entonces el SLyFC protagonizó tres grandes momentos de confrontación: uno entre junio y diciembre de 1992, otro en el período comprendido entre 19961998, y el último desde fines de 1999 a octubre de 2001. Hacia 1992 el conflicto giró en torno a la intención del gobernador de concesionar dos centrales térmicas, la “Bazán” de Córdoba Capital y la “Zanichelli” ubicada en Pilar. El proceso comenzó por Capital cuando se llamó a licitación para la reparación de la central Bazán a cargo de la empresa CAT, subsidiaria de FIAT y parte del Grupo Bayco, interesado en la concesión de la misma

central. Desde un principio el sindicato se opuso no sólo a que dicha empresa fuera la que reparara la central, pues ya lo había hecho en varias oportunidades sin buenos resultados, sino –y sobre todo– a la privatización de la reparación y explotación de la usina considerando que dicha tarea podía realizarla exitosamente la propia EPEC y con menos gastos. El argumento central fue que la privatización no era una política necesaria para tener una empresa eficiente, exigiendo la participación de los trabajadores en las decisiones referentes a la empresa sobre la base del sostenimiento de un Estado activo en la reproducción social. Pero el principal desafío para el sindicato era resguardar las condiciones laborales de los trabajadores plasmadas en un convenio colectivo ampliamente favorable (CCT 165/75). Entonces los trabajadores de EPEC sostuvieron la lucha 62 días mediante “quite de colaboración y trabajo a reglamento” –que dejó a buena

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cuyo desenlace fue favorable a los trabajadores y al mantenimiento de la empresa en el Estado. El conflicto se inició hacia 1989, cuando el gobernador Angeloz comenzó un proceso de reforma administrativa que aspiraba a la reducción de funciones estatales mediante la reestructuración funcional de la administración y de las empresas, sociedades y entidades públicas, con inclusión de capital privado. El proceso fue muy resistido por los sindicatos estatales provinciales que –en las intenciones de Angeloz de diferenciar su reforma de la llevada a cabo a nivel nacional– encontraron canales de diálogo y negociación para resguardar no sólo condiciones laborales sino también prerrogativas del Estado en el control de los servicios públicos4. En definitiva, la Ley Nº 7.850 abrió las puertas a las privatizaciones pero sólo en la modalidad de concesión periférica, resguardando convenios colectivos y encuadramiento

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Fotografía: Bibiana Fulchieri

el sabotaje. Pero el éxito de su estrategia se debió a la presentación de un proyecto alternativo de transformación de EPEC que resguardaba la unidad de la empresa en manos del Estado, logrando negociar su tratamiento y aprobación con la oposición parlamentaria al gobernador en el Senado. A pesar de que Diputados aprobó el proyecto oficial luego ratificado por el Ejecutivo, la situación irregular de dicha sanción hizo que finalmente el proyecto de Nuevo Marco Regulatorio eléctrico no se ejecutara. EL ESTADO NUEVO

parte de la ciudad sin energía eléctrica–, realizaron además campañas de prensa, movilizaciones, cortes de calles e incluso llegaron a tomar vehículos de trabajo desconociendo a la autoridad empresaria. Hacia fines de agosto SLyFC levantó las medidas de fuerza al acordar con el gobierno el mantenimiento del encuadramiento sindical y la vigencia del CCT para los trabajadores afectados por la concesión, más un aumento de salarios. Aunque la concesión siguió su curso y el sindicato depuso la protesta, su estrategia de acción se derivó por la vía judicial denunciando irregularidades en la licitación y emparentando dicha defraudación con la causa que investigaba el asesinato del legislador Regino Maders. Finalmente en diciembre, acorralado por el escándalo público, el gobernador anuló por decreto el proceso de concesión al grupo Bayco, situación que el sindicato vivió como un triunfo.

Pero la privatización no desapareció de la agenda pública y distintos proyectos para transformar a EPEC en una sociedad anónima circularon en el ámbito legislativo sin lograr consenso. En 1994 el gobierno fracturó el frente de oposición sindical en la provincia, otorgando la concesión de la central de Pilar al Sindicato de Luz y Fuerza de Villa María, mientras autorizó la construcción de usinas a capitales privados. A fines de 1996, el sindicato de Córdoba retomó su lucha contra la privatización. Por entonces el gobernador Ramón Mestre buscaba la aprobación legislativa de un Nuevo Marco Regulatorio eléctrico que contemplaba la división de EPEC en dos sociedades anónimas para privatizar las áreas de generación y flexibilizar el régimen laboral. En aquel momento, el sindicato no escatimó en el uso del trabajo a reglamento y quite de colaboración, la intensa movilización e incluso

Hacia 1999 nuevamente se reabrió el conflicto, pero ahora contra un gobernador proveniente del peronismo, De la Sota, que había llegado al poder anunciando su intención de implementar un amplio abanico de reformas administrativas cuyo eje era la privatización de EPEC, la Banca Provincial y la Lotería. A comienzos del año 2000 ingresó a la Legislatura el tan anunciado proyecto conocido como el “Nuevo Estado” pero, como el oficialismo no contaba con mayoría propia, el proceso de discusión y aprobación estuvo cargado de todo tipo de intrigas y negociaciones con la oposición, incluyendo la denuncia de coimas. En este contexto, el SLyFC apostó a la anticipación y se movilizó antes que el proyecto tomara estado parlamentario. Esta vez apeló mucho más a recursos expresivos del tipo de caravanas, abrazos simbólicos, escraches, intervenciones artísticas, apagones solidarios, carpas de la solidaridad y la recopilación de firmas para lograr una Consulta Popular, entre otros. Aunque también aparecieron en momentos claves la huelga, el trabajo a reglamento, la toma de los lugares de trabajo y el sabotaje. Durante el debate legislativo el sindicato apostó nuevamente a dar a conocer un proyecto propio de reestructuración de EPEC bajo la órbita del Estado y luego

jadores Argentinos, una de las organizaciones sindicales militantes más relevante que ha planteado una innovación organizativa en pos de la participación democrática. Y en definitiva, en qué medida el actual ordenamiento legal de las organizaciones laborales y de la negociación colectiva no es el principal causante del deterioro de la calidad democrática de los sindicatos. Sin tener una respuesta acabada creemos que es necesario revisar el modelo sindical hegemónico, debatir ampliamente las potencialidades y/o limitaciones de la negociación colectiva centralizada y la dinámica de construcción de liderazgos dada la fragilidad actual de la participación democrática en la vida sindical

Debemos el concepto a Victoria Murillo, quien en el polo opuesto ubica a aquellos sindicatos cuya opción es la contención de la movilización, ya sea mediante estrategias de cooperación o subordinación. Murillo, V. (2008) Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI. 2 Svampa, M. (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Taurus. 3 Echemendy, S. y Palermo, V. (1998) Conflicto y concertación. Gobierno, Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1994). En Desarrollo Económico V. 37, Nº 148, pp. 559-589. Farinetti, M. (1999) ¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas de reclamo laboral en la nueva democracia argentina. En Revista Trabajo y Sociedad, 3º trimestre, Buenos Aires. Murillo, V. (1997) La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem. En Desarrollo Económico V. 37, N° 147, Octubre-diciembre, pp. 419- 446. 4 La Serna, C. (1997) Actores y procesos en la crisis del Estado de Bienestar. En Administración y sociedad. Revista del IIFAP-UNC. Córdoba, IFFAP, UNC, N° 10, pp. 101-121. 5 Closa, G. (2007) Trabajadores en conflicto: protesta e imaginarios en la emergencia económica de Córdoba, 1989. Trabajo presentado en las Jornadas de Historia y Memoria de la Dirigencia Política desde 1930 hasta la actualidad. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de la Córdoba, 2 y 3 de julio de 2007.

[*] Investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

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Tosco. A fines de 1991 ganó las elecciones Lorenzo Racero, también representante del peronismo ligado a Ceballos. Será Racero el Secretario General durante todo el conflicto. Lo significativo fue que la conducción simpatizó con la posibilidad de participar empresarialmente en el proceso de privatización y fue la reacción de las bases la que en más de una oportunidad definió la posición confrontativa del sindicato. Esto fue posible por la tradición combativa ligada a la experiencia de participación plural y democrática hacia el interior del gremio, visible en el peso del cuerpo general de delegados y en la dinámica asamblearia, donde las listas opositoras tuvieron la posibilidad de definir líneas de acción con un alto nivel de participación de los afiliados. Por otro lado, la histórica defensa de la autonomía respecto de las cúpulas sindicales, plasmadas en la potestad de los sindicatos eléctricos de Córdoba de negociar sus convenios sin la injerencia de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), no fue un hecho menor. Pues la FATLyF fue muy tempranamente un exponente del sindicalismo empresario que apoyó las reformas de mercado y participó directamente en las privatizaciones convirtiéndose en un gran Holding empresario que coartó las posibilidades de éxito de algunos sindicatos locales que resistieron a las reformas. Esta experiencia resulta un terreno fértil para pensar los sindicatos como potenciales espacios democráticos de cara a una real participación de los trabajadores en la defensa de sus intereses. Sin pretender idealizar el conflicto narrado y a sabiendas que esta organización es más la excepción que la regla, creemos que este tipo de ejemplos invita a retomar la reflexión sobre el modo en que se organiza e institucionaliza la actividad sindical en la Argentina. En este contexto es de destacar la tensión que atraviesa a los sindicatos en su vinculación con el Estado, de la mano de una identificación política con el gobierno que aparece muchas veces como el único medio para garantizar conquistas laborales. Cuánto de esto permite entender hoy la inminente fractura de la Central de Traba-

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de la aprobación en marzo de 2000 de la ley que permitía la privatización (8.837), la estrategia sindical se avocó a la denuncia de coimas que involucraba al senador Bodega, además de denunciar otro tipo de irregularidades. Paralelamente a la denuncia, desde el sindicato se diseñó un aceitado proceso de “antipropaganda oficial” presentándose ante empresarios interesados, así como en todos los actos oficiales de llamados de licitación y aperturas de sobres, denunciando las irregularidades y anunciando su postura de lucha. La crisis económica nacional no jugó a favor de las intenciones privatistas y recién a mediados de mayo de 2001 se creó “Electricidad Córdoba SA” y se puso en venta el 100% de las acciones de la empresa. Entre tanto, la crisis de la convertibilidad en el marco de una intensa movilización social coadyuvó a que progresivamente la defensa de la empresa pública de electricidad fuera una reivindicación sostenida más allá del sindicato, por organizaciones sociales de derechos humanos, vecinos autoconvocados, estudiantes universitarios y organizaciones barriales. Entonces las marchas y festivales por EPEC fueron multitudinarios. Finalmente en noviembre de 2001, luego de que se postergara el proceso licitatorio en varias oportunidades, De la Sota abandonó su pretensión de privatizar y hasta hoy la empresa se mantiene en el Estado. Este desenlace se debió en buena medida a la actitud militante del sindicato y en su capacidad para promover la movilización de las bases, sostener la protesta, proponer alternativas y tender lazos con otros sectores. Dos cuestiones derivadas de las características de dicha organización jugaron a favor de ello. Una se vinculó a la trayectoria identitaria del gremio ligada al “sindicalismo combativo” de los años 60 y 70 de la mano de quien fuera su dirigente histórico, el inquebrantable Agustín Tosco. Paradójicamente, la conducción del sindicato, al menos hasta 1998, no representaba a esta tradición sino a su principal oposición. Pues en 1989 conducía Sixto Ceballos, del peronismo ortodoxo, quien tenía una larga trayectoria gremial encabezando la oposición a la conducción de

[El Tercer Sector. Tendencias mundiales y políticas nacionales en los ‘90]

PARCHE SOBRE PARCHE Lic. Leticia Medina*

n 1996 el entonces presidente Carlos Menem anunció el lanzamiento de la Segunda Reforma del Estado. En el marco de una crisis que se evidenciaba no sólo en el ámbito nacional sino también en cada uno de los espacios regionales y supranacionales, las propuestas de solución contenidas en este plan de reformas fueron coherentes con el diagnóstico y las prescripciones divulgadas a nivel mundial por los organismos internacionales. Desde fines de los años 80, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) impulsaron de manera sistemática una política de incentivos a la participación de la “sociedad civil” y el “Tercer Sector” como modalidad de abordaje de ciertos temas prioritarios. El Banco Mundial reconocía “como de vital importancia el involucramiento proactivo de la sociedad civil, como un actor crítico en los procesos de desarrollo y de reducción de la pobreza”, e indicaba que “desde 1990, la participación de la sociedad civil en los proyectos financiados por el Banco Mundial se ha duplicado. En 2006, el 72% de las operaciones aprobadas por el Directorio del Banco, incorporó algún grado de participación” (Banco Mundial, 2009). El crecimiento de este Tercer Sector invocado desde los programas reformistas

trascendió largamente el ámbito de los convenios entre gobiernos locales y agentes internacionales, y se incorporó al discurso público a través de los medios de comunicación masiva, ciertas redes de trabajo académico y la acción de las propias entidades civiles. En el año 2000, el diario Clarín informaba a página completa que “quienes trabajan en el llamado tercer sector son cada vez más numerosos y su profesionalización es mayor”1. En este contexto resultan significativos también los resultados arrojados por la encuesta del Instituto Gallup realizada en 1998 y publicada por la revista Tercer Sector2 en relación a las instituciones “más confiables” para los ciudadanos. Según esta encuesta, las instituciones de bien público sin fines de lucro se colocaban en segundo lugar –detrás de la Iglesia Católica– en el orden de instituciones más confiables, con un 58% de adhesiones. Nos encontramos así con un fuerte protagonismo de las organizaciones del llamado Tercer Sector en el imaginario social de la década de los 90, que da cuenta no sólo de la deslegitimación de la institucionalidad propia del modelo de estado nacional-popular, sino también de la correlativa emergencia de nuevos actores e instituciones depositarios de las expectativas y esperanzas sociales.

LOS ORGANISMOS MULTILATERALES: DISCURSOS Y RECURSOS En 1994, José Luis Coraggio advertía que si bien diversos actores participaban en la producción discursiva respecto de qué hacer en los países en desarrollo, “hoy la iniciativa está ubicada en los organismos multilaterales, por lo que su contribución al discurso tiene una fuerza adicional a la de la argumentación racional” (Coraggio, 1994: 5-6). A través de las consultorías internacionales para asesorar procesos de reforma del Estado, liberalizar los mercados o reorganizar las políticas sociales, estas agencias hegemonizaron el discurso público en torno a las modalidades de inserción de los países latinoamericanos en el mundo globalizado en la medida en que además desembolsaron los créditos necesarios para tales reformas. En este sentido, hacia mediados de los años 90 era posible reconocer cierto desplazamiento en la composición de las carteras de préstamos de los BMD3, con la incorporación de montos destinados a las reformas de segunda generación y orientados a consolidar la transformación de sectores y problemas clave como el trabajo, la salud, la educación y la seguridad. Al mismo tiempo, y en función de ciertos

abierta, instituyendo al “sector social” como responsable –en alianza con el Estado y el mercado– de la integración social. En 1994 se realizó en Washington uno de los primeros eventos de envergadura sobre esta temática: el Encuentro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, organizado por el BID para la región Latinoamérica, que reunió a gobiernos nacionales y representantes de las agencias globales. Según advierte Mato, ya en aquellos tempranos años 90 el BID reconocía que “aunque el fortalecimiento de la sociedad civil es en lo fundamental un proceso social doméstico, es necesario que sea fortalecido por la comunidad internacional” (BID, cit. en Mato, 2004). En 1996, el Banco Mundial constituía el

grupo sobre Participación y las ONG4 (GTONG) como parte del Departamento de Lucha Contra la Pobreza y Políticas Sociales; en 1998 se funda la filial argentina del GTONG, que incluyó a unas 50 organizaciones y redes de todo el país. Con la mirada puesta sobre “la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre proyectos y políticas del Banco” (Martina, 2010), el GTONG fue responsable de la organización de los Foros de Consulta sobre la Estrategia de Asistencia al País del Banco Mundial en el año 2000. En ese mismo año se instaló en Argentina la representación local del Consejo Asesor de la sociedad civil, un instrumento orientado a operativizar el diálogo entre la sociedad civil con el BID tanto para la es-

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cambios hacia el interior de los propios bancos, se produjeron innovaciones en las modalidades de asignación y seguimiento de los proyectos financiados, incorporándose los componentes de participación, transparencia y rendición de cuentas. Al tiempo que se evidenciaban las consecuencias del ajuste propio de la “primera etapa” de reformas, los Bancos comenzaron a impulsar estrategias y proyectos orientados a intervenir directa o indirectamente en las consecuencias sociales de los desequilibrios económicos generados: las Alianzas para la Superación de la Pobreza, el incentivo al fortalecimiento de la sociedad civil, la financiación de programas públicos que incluyen participación de las ONG, expresan la apuesta por establecer una vía de solución a la crisis

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Dante Montich. Estrategia. Acrílico sobre tela. 170 cm x 170 cm. 2010.

trategia de país como para los temas coyunturales de la agenda común. El Banco Mundial alentó también en 1996 la formación del Foro del Sector Social en nuestro país, una entidad civil que articuló a numerosas organizaciones de base y de apoyo técnico en todo el territorio, y se consolidó como órgano de consulta y negociación con el Banco. El Foro tuvo, a su vez, un interlocutor local vinculado al sector privado comercial: en 1995 se conformó el Grupo de Fundaciones y Empresas (GdFE), que se propuso “promover y movilizar recursos de forma estratégica y eficiente en pos del bien público en la Argentina”, promoviendo iniciativas de inversión social y la responsabilidad social empresaria (RSE). Ambas instituciones coordinaron acciones conjuntas hacia fines de la década, orientadas a la difusión y promoción de la RSE5. POBREZA PARTICIPATIVA Si bien es posible reconocer diferencias de enfoque entre las iniciativas de los distintos Bancos globales, en los años 90 compartían una misma matriz respecto a las modalidades de trabajo con la sociedad civil: la participación se incluyó como componente sólo en programas compensatorios, mientras que en los préstamos de ajuste y reforma no hubo consulta a las organizaciones del tercer sector (Tussie, 2000). La participación era, según la fórmula acuñada en 1996 por Naciones Unidas, una “buena práctica”, pero no fue obligatoria en los proyectos ni constituyó una directriz para las agencias multilaterales. Es así como muchas veces las organizaciones no gubernamentales cayeron en la “trampa de la irrelevancia” (Wahl, 1997: 5), asumiendo actividades que no resultaban rentables para el sector privado o que el Estado debilitado no podía afrontar, así como problemáticas a las que se había despojado de su potencialidad política. En definitiva, se incorporaron a la dinámica social con un rol subsidiario tanto en el plano económico como en lo político.

Por otra parte, los interlocutores y potenciales aliados en esta política fueron definidos por los propios BMD, en un proceso de selección vertical no siempre exento de conflictos. Según las investigaciones, “(...) los bancos multilaterales de desarrollo parecen haber construido una imagen de la sociedad civil focalizada en las organizaciones no gubernamentales6, sin considerar otras organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos o las cooperativas, que en América Latina aún ejercen un peso político relevante (...)” (Casaburi y otros, 2000). Las organizaciones técnicas, más cercanas a los ideales de autorregulación, solidaridad y profesionalidad que impulsaban los Bancos, lograron a su vez avanzar en articulaciones institucionales que permitieron la canalización de fondos para la asistencia social. Esta descripción no pretende, vale aclararlo, adjudicar a cada una de las organizaciones particulares del llamado Tercer Sector los rasgos que estamos describiendo. Se trata, por el contrario, de comprender de qué modo la heterogeneidad de actores y prácticas, de politicidades y horizontes, de sujetos y experiencias sociales, fue despojada de sus diferencias y antagonismos en una operación simbólica cuyo resultado es el Tercer Sector, una construcción imaginaria –pero de ningún modo ficticia– portadora de una serie de valores y responsabilidades previamente estatuidos. APORTES PARA UN CIERRE ABIERTO La disputa por los modos de nombrar lo social, sus actores y prácticas organizativas, está lejos de ser saldada. En las últimas décadas del siglo XX, en particular, la apelación a la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil frente al achicamiento del Estado reavivó la discusión en torno a ciertos conceptos como el de sociedad civil, sector social y tercer sector. Los organismos internacionales tuvieron un lugar central en la instalación de algunos de estos nombres, mientras que el mundo

académico desarrolló sus propios lenguajes con capacidad de penetración en la discursividad social de la época. Tal como señala Roitter (2004), sin embargo, el concepto de “Tercer Sector” fue el de mayor difusión en América Latina, aun sobre el de “sociedad civil” u “organizaciones de la sociedad civil” impulsados fuertemente por los Bancos y el PNUD. Roitter plantea el debate vigente en el campo académico respecto del concepto de Tercer Sector, y alega en favor de su utilidad a los fines de la investigación social: la noción de sector permitiría “estimar su importancia en la economía, lo cual no es algo menor ya que su presencia da cuenta –junto con ciertas cooperativas, entidades de ayuda mutua y formas diversas de autogestión– de instancias privadas alternativas de organización social diferentes de la modalidad empresa” (Roitter, 2004: 21). Sin embargo, es necesario advertir aquí sobre las implicancias simbólicas –y por tanto, académicas, culturales, políticas– de la instauración de ciertas figuras. Sonia Álvarez, en este sentido, denunciaba ya en 2001 el proceso de “oenegización” y luego de “tercerización” al que venían siendo sometidos los movimientos sociales en las últimas décadas, en un intento por “metabolizar la esencia conflictiva de la sociedad civil” (cit. en Roitter, 2004). Mientras las denominaciones descalificatorias de los actores contenciosos –“piqueteros”, “punteros”, etc.– se multiplicaban en el espacio público, el nombre de Tercer Sector se reservaba para aquellos grupos e instituciones que participaban, en colaboración con los Estados, dentro de los marcos establecidos por las políticas sociales transnacionales. De cualquier manera, no se trata aquí y ahora de condenar unos conceptos ni consagrar otros. Más bien, intentamos reconocer las vinculaciones entre ciertos discursos y las políticas que determinados actores de poder impulsaron en el marco de los procesos de ajuste y reforma a fines del pasado siglo. Más allá de un análisis cuantitativo o económico del Tercer Sector, y más acá de un abordaje semiológico

Clarín, 25 de febrero de 2001. La encuesta está citada en Mallimacci (2008). El autor indica además que en posteriores ediciones de la encuesta, durante la década del año 2000, los resultados fueron similares. 3 El número de préstamos concedidos por el BIRF aumentó significativamente, pasando de tres préstamos en 1994 a doce en 1998. En cuanto al BID, también concedió un número cada vez mayor de préstamos por año, de cinco en 1994 a quince en 1998. 4 Banco Mundial. Colaboración entre el Banco Mundial y las Organizaciones No Gubernamentales, Grupo sobre Participación y Organizaciones No Gubernamentales, Departamento de Lucha Contra la Pobreza y Políticas Sociales, Washington, D.C., EE.UU., mayo de 1996. 5 En el año 1999, bajo el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresaria, cuarenta y tres empresarios firmaron un acuerdo de colaboración con el Foro. El acuerdo se sustentó en la idea de promover el trabajo conjunto y la coordinación entre el mundo de los negocios y el tercer sector, suscribiéndose para ello diez principios sobre RSE (Foro Ecuménico Social, en www.foroecumenico.com.ar/e/s_argentina.htm) 6 Tussie utiliza aquí el término ONG en sentido restringido (y el más cercano al sentido común), para referirse a las ONG de desarrollo, de carácter técnico-profesional.

Bibliografía Banco Mundial (2009) La sociedad civil. [En línea]: http://web.worldbank.org/ Casaburi, G.; Riggirozzi M.P. y Tuozzo M.F. (2000) BMDs-sociedad civil: Luces y sombras de una nueva relación. En Tussie, D., Luces y sombras de una nueva relación. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la sociedad civil. Buenos Aires, FLACSO-Temas Grupo Editorial. Coraggio, J.L. (1994) Las nuevas políticas

sociales: el papel de las agencias multilaterales. [En línea]: http://www.coraggioeconomia.org/jlc_publicaciones_ps.htm Mallimaci, F. (2008) Globalización y modernidad católica: papado, nación católica y sectores populares. En Alonso, A. (comp.), América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos para el diálogo. Buenos Aires, CLACSO. Mato, D. (2004) Actores globales y organizaciones nacionales de ciudadanos en la producción de representaciones de ideas sobre sociedad civil. Comunidad Virtual de Gobernabilidad y Liderazgo. Roitter, M. (2004) El tercer sector como representación topográfica de sociedad civil. En Mato, D. (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas, FACES, UCV, pp. 17-32. Tussie, D. y otros (1997) Los nuevos mandatos de los Bancos Multilaterales de Desarrollo: su aplicación en el caso de Argentina. En Tussie, D. (comp.), El BID, El Banco Mundial y la sociedad civil: nuevas formas de financiamiento internacional. Buenos Aires, FLACSO. Wahl, P. (1997) Tendencias globales y sociedad civil internacional ¿Una ongización de la política mundial? Revista Nueva Sociedad, N° 149, Mayo-Junio, pp. 42-50.

[*] Investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

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de los conceptos en disputa, resulta necesario avanzar en indagaciones acerca de la capacidad instituyente de estos “emblemas” de fin de siglo. Reconocer de qué modo tales nombres, y las representaciones sobre lo social que ellos suponen, lograron interpelar a los sujetos, los invitaron a adherir a unos ciertos valores y estimularon determinadas prácticas. En ese sentido, la invocación a la participación y el desarrollo de la sociedad civil dibuja un pantanoso territorio de confluencia de dos modelos opuestos que luchan por establecer los contornos y contenidos de tal participación. De un lado, la perspectiva tecnocrática que alienta la mediación entre Estado y ciudadanía a través de organizaciones profesionalizadas y altamente institucionalizadas. De otro, las iniciativas democratizadoras y de ampliación de derechos que desde distintos sectores pugnan por abrir espacios participativos y deliberativos. De uno a otro extremo, circulan algunos mitos que debieran ser revisados para reorientar las prácticas de las organizaciones democráticas en este nuevo escenario político. El actual contexto argentino y latinoamericano de reposicionamiento de los Estados nacionales y de cuestionamiento a las bases ideológicas del neoliberalismo exige un nuevo debate alrededor de ciertos conceptos instalados en el “deber ser” de la gestión. Entre otros, el desarrollo local, la descentralización y la transparencia requieren una discusión histórica y socialmente situada, que contemple circunstancias como el abrupto y traumático proceso de achicamiento del Estado nacional en Argentina, con la consecuente desaparición de ese nivel estatal en la vida cotidiana de los sujetos. Si la apuesta sigue siendo impulsar procesos democráticos orientados por los valores de igualdad, libertad y justicia, un punto de partida es, justamente, la recuperación de la razón política desplazada por la razón tecnocrática durante la era neoliberal

[Políticas de radiodifusión entre los países integrantes de MERCOSUR]

HACIA UN ECOSISTEMA DE MEDIOS EMERGENTE Mgter. Daniela Monje* videnciando lo que podríamos nombrar como un ecosistema de medios emergente, la primera década del siglo XXI concluye con la conquista de un territorio de posibilidades y proyectos en medios de comunicación audiovisual en el que algunos Estados suramericanos se reposicionan alterando su histórico papel como proveedores subsidiarios de contenidos, y donde el sector no lucrativo recupera posiciones fortalecido luego de décadas de permanecer en la ilegalidad. Este escenario de cambios incipientes enfrenta una resistencia explícita y articulada de factores de poder organizados en torno a las corporaciones económicas, los propietarios de los medios de comunicación y algunos grupos en los que reside el poder político. Analizar estos procesos en un país como Argentina resulta especialmente valioso habida cuenta de las transformaciones en el aparato jurídico-normativo operadas durante el último año, y que sin dudas se enmarcan en una política de comunicaciones de más largo aliento que ha colocado en su horizonte discursivo la democratización de la palabra, el acceso a la información y la participación de los diversos actores sociales vertebrando una política que reedita los ideales setentinos del NOMIC1 pero que, además, avanza con una agenda propia sobre los desafíos contemporáneos de la convergencia y la digitalización. Pese a ello, el análisis de lo que acontece en un país no nos permite realizar proyecciones hacia la región. Es necesario avanzar con base en un estudio comparado para es-

tablecer –al menos de modo tentativo– tendencias regionales sobre este cambio de época. En esta búsqueda, las reflexiones que se exponen a continuación buscarán leer –aun a pesar del ejercicio de síntesis necesario– las instancias de transformación en torno a políticas de radiodifusión que han tenido lugar en cuatro países de Sudamérica agrupados desde hace casi dos décadas en el llamado Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este interés adquiere relevancia tanto por la indagación de un fenómeno de carácter regional como por las controversias que pueden leerse cuando se analizan las industrias culturales del audiovisual, en relación a su dualidad constitutiva en la que se tensionan aspectos económicos y culturales. 1. Las comunicaciones, en tanto sector económico, constituyen desde hace al menos tres décadas una zona de creciente rentabilidad en el mercado internacional. Las transformaciones que se registran en la estructura de propiedad de la industria info-comunicacional evidencian, en el caso de América Latina, altos niveles de concentración de la propiedad y una progresiva convergencia de tecnologías. Estas circunstancias, en la práctica, han conseguido acortar la brecha entre las especificidades del mercado de las comunicaciones y otros mercados, produciendo un borramiento de la centralidad que los medios adquieren en las sociedades en tanto matriz portadora de valores y formadora de identidades y cultura. Estas condiciones han sido posibles por el accionar complaciente, cuando

no moroso, de los estados nacionales que durante décadas produjeron un entorno jurídico habilitador para el desarrollo de las corporaciones nacionales y el arribo, a partir de la década del 90, de capitales extranjeros al sector, una situación que antes que un destino irremediable, fue producto de políticas públicas que por acción u omisión proporcionaron al sector privado-comercial no sólo la casi exclusividad en la explotación de un servicio –público o de interés público según los casos–, sino que además diseñaron una arquitectura normativa de “hiper-seguridad jurídica” (Becerra, 2009)2, es decir una suerte de blindaje diseñado a medida de los regulados que permitió el desarrollo y expansión de los grupos económicos de medios y su consiguiente concentración económica. Paralelamente, y en el plano regional, la actuación de MERCOSUR –subregión conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– elidió sus incumbencias en el sector comunicaciones en tanto mercado regional y como actor político inhibiendo el desarrollo de políticas regionales de comunicación capaces de establecer límites a la expansión transfronteriza de las corporaciones de medios que, sin embargo, siguieron operando a través de empresas nacionales. Tanto el desacople regional como las rémoras nacionales en el diseño a implementación de políticas públicas de comunicación demarcaron un territorio en el que la comunicación mediática se produjo bajo una lógica mercantil antes que como un bien público y social. Resistiendo esta tendencia impuesta sin

la libertad de expresión en los cuatro países que integran MERCOSUR durante la década del 90. Tanto Argentina como Brasil, Paraguay y Uruguay registran historias semejantes en las que los estados nacionales actuaron por dos vías: mediante políticas explícitas limitando la potencia de las emisiones, persiguiendo y decomisando los equipos de las emisoras ilegales, o bien por omisión, eludiendo la sanción de normativas que protegieran al sector lo cual dejó a todos estos radiodifusores literalmente en una situación de ilegalidad que se extendió por décadas y que sólo comenzará a revertirse paulatinamente y de un modo imperfecto a partir del año 2002 en Paraguay, 2005 en Argentina y 2007 en Uruguay. En cuanto a Brasil las condiciones restrictivas fijadas en 1998 para los radiodifusores comunitarios no han tenido sustantivas modificaciones. El papel que los Estados nacionales han tenido en la consolidación de estas asimetrías fue decisivo, e impactó no sólo en los actores del sector social-comunitario, sino que además llegó a fragilizar, al punto de

atrofiar en algunos casos, las estructuras de medios estatales que funcionaron durante las casi seis décadas de historia de la TV en el continente, bajo un principio de subsidiariedad –implícito o explícito– y en general como apéndices propagandísticos de los gobiernos de turno antes que como medios públicos. El ecosistema de medios emergente tiene, en este sentido, múltiples dificultades para desarrollarse luego de décadas de consolidación del modelo privado-comercial en desmedro de los sectores público-estatal y social-comunitario. Tanto los límites a la concentración de la propiedad de medios, cuanto el reconocimiento del Estado como prestador no subsidiario o la legalización de los actores procedentes del sector social-comunitario constituyen tópicos de interés que han logrado cambios parciales e imperfectos pero que sólo alcanzarán performatividad en la medida en que puedan constituirse como parte de políticas de comunicación activas, coherentes e integrales, ciertamente más amplias que leyes en las que se sostienen.

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fisuras desde la creación de los medios audiovisuales en el subcontinente, se constata desde mediados de los 80 el surgimiento de actores políticos y sociales integrados por organizaciones sin fines de lucro vinculadas al cooperativismo y al sector comunitario. La emergencia de este sector coincide con los procesos de recuperación de la democracia en el continente que tienen lugar en los países analizados entre 1983 y 19893. Para estos actores, la situación planteada se manifiesta como el reverso jurídico de lo acontecido para el sector privado-comercial: luego de crecer en la ilegalidad, la primera normativa destinada al reconocimiento de los medios de radiodifusión comunitarios es promulgada en Brasil en el año 1998 y buscará limitar antes que proteger el desarrollo de estas emisoras. En efecto, el sector en su conjunto acumula a lo largo del continente un dramático historial de persecuciones, decomisos y clausuras que alcanzó coherencia y homogeneidad regional pese a que los Estados no lo buscaran de manera explícita y que corrobora una tendencia restrictiva de

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Cecilia Irazusta. De la serie Decires: "sos todo". Técnica mixta sobre tela. 11 cm x 16 cm. 2009.

Cecilia Irazusta. De la serie retratos blancos: mujer del barrio (detalle). Dibujo: grafito y latex sobre madera. 20 cm x 15 cm. 2007.

2. En 1991, los cuatro países signatarios del acuerdo MERCOSUR se regían por leyes de radiodifusión sancionadas y/o modificadas por las dictaduras militares que los gobernaron en modos diferidos y durante algunos años en simultáneo entre 1954 y 19894. Entre 1991 y 2007, se producen algunos cambios en las legislaciones de los cuatro países que presentan un carácter ambivalente que, por una parte, busca fundamentos en el derecho a la comunicación y, por otra, convalida viejas prebendas para el sector privado. En Paraguay se modifica en el año 1992 la Constitución y se incluyen artículos específicamente orientados a la comunicación social y la libertad de expresión (Arts. 26 al 31) que luego serán retomados en la legislación sobre telecomunicaciones de 1995 –que sustituye a la antigua ley del 44– y también en las reglamentaciones posteriores sobre radiodifusión de pequeña y mediana cobertura. En Brasil, el CBT de 1962 regula de modo conjunto radiodifusión y telecomunicaciones hasta el año 1997 cuando se sanciona una nueva ley de telecomunicaciones que representa una importante concesión a las presiones del capital trasna-

cional por ingresar al mercado. En 1995, además, se sanciona una ley sobre TV por cable resultante de las disputas que lleva adelante el Foro Nacional para la Democratización de las Comunicaciones (FNDC) y que resulta ser una norma progresista y amplia que consigue dar cabida a los sectores público, gubernamental, educativo, comunitario y comercial. Pero se trata de una legislación excepcional en el marco de un sistema regulatorio inconcluso, donde gran parte de los artículos de la Constitución dedicados a la comunicación social no llegan a reglamentarse hasta 2007. En cuanto al sector comunitario, se dicta una ley en 1998 que regula la actividad, una norma que en la práctica dio lugar a la persecución de los radiodifusores comunitarios y al decomiso de sus equipos y que, en general, resultó restrictiva de la actividad del sector. En cuanto al sector público, se crea la Empresa Brasil de Comunicación a fines de 2007 dando un puntapié inicial en la región respecto de la posibilidad de desarrollo de televisoras públicas no gubernamentales. En Brasil, al igual que en Paraguay, se constatan modificaciones constitucionales cercanas al año 1991 que se sustentan en definiciones filosófico-políticas inscriptas en la estela de los derechos humanos que recuperan como principios reguladores el derecho a la libertad de expresión, a la diversidad, la igualdad de oportunidades para el uso del espectro, el pluralismo informativo, y la necesidad de limitar los monopolios. Sin embargo, estos principios, no logran articularse y ponerse en práctica cabalmente. En el caso de Argentina, existe una reforma constitucional en 1994 pero sus contenidos no afectan directamente la norma de radiodifusión vigente, aunque colocan en un estatuto superior a la Constitución a los acuerdos y tratados internacionales suscriptos por el país. Entre 1991 y 1997 operan reformas sustantivas en el articulado de la ley 22.285/80 de radiodifusión en sintonía con la re-regulación impulsada como premisa por el modelo económico y político neoliberal. De tal suerte que a partir de 1989 se constatan de modo progresivo modificaciones que resultan en la habilitación para la conformación de multime-

dios, el incremento de los horarios de emisión publicitaria, al ingreso de capitales extranjeros, la ampliación del número máximo de licencias por licenciatario, entre otros aspectos. Una serie de decretos van moldeando la norma sobre radiodifusión y la convierten al final del período en un instrumento lábil. En este lapso se consignan modificaciones que habilitan el ingreso legal a la explotación de frecuencias por parte del sector social comunitario desde el año 2005 y la supresión del principio de subsidiariedad del Estado en la prestación de servicios de radiodifusión a partir del año 2002. En el caso de Uruguay, la norma que regula la actividad radiodifusora data de 1977 y se mantiene vigente hasta la fecha. En el año 1990 se sanciona una normativa que regula la TV de pago y sólo en 2007 se habilita por ley al sector social-comunitario en la explotación de frecuencias de radiodifusión reservándole un 33% del espectro en todas las bandas y frecuencias. De este modo, Uruguay se ubica a la vanguardia de las legislaciones regionales en lo relativo a radiodifusión comunitaria. Del análisis comparado de la legislación se desprende que entre 1991 y 2007 se registran modificaciones en los cuatro países que afectan de un modo desigual a los tres sectores de la radiodifusión, acentuando la hegemonía del sector privado comercial. La emergencia del sector social comunitario tiene lugar a partir de regulaciones y reglamentaciones específicas desde 1998 en Brasil, puesto que Paraguay a pesar de sancionar una norma que contempla al sector en el año 1995 sólo reglamenta la actividad en 2002. Luego seguirán, con un rezago importante, la reforma en Argentina de la ley de radiodifusión de 2005 y finalmente la sanción de la Ley de Radiodifusión Comunitaria de Uruguay en 2007. En lo relativo al sector público-estatal, las modificaciones regulatorias son lentas y marcan el pulso de un cambio que se desarrollará con otra temporalidad y de un modo progresivo. Las experiencias en TV pública por fuera de los servicios oficiales de radiodifusión creados en la década del 60 y 70 en los diferentes países –SODRE en Uruguay, Sistema Nacional de Medios

3. En cuanto a los sistemas regulatorios nacionales de los países que integran el MERCOSUR, y la propia unión regional, se registran carencias sustantivas en el período analizado (1991-2007). Entre otras cuestiones la región ha demorado la

El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC) fue un proyecto internacional que promovió la reorganización de los flujos mundiales de información. La iniciativa fue lanzada en el inicio de la década del 70 por el Movimiento de Países No Alineados y recibió apoyo de la UNESCO. En 1980, una comisión designada por UNESCO y encabezada por Sean MacBride presentó un informe en el que se analizaban los problemas de la comunicación en el mundo y propuso cambios para redistribuir y balancear los flujos de información entre países ricos y subdesarrollados. El “Informe MacBride” fue publicado para su divulgación años más tarde bajo el título de “Un sólo mundo, voces múltiples”. Allí se definió a la democracia de la comunicación “como el proceso mediante el cual 1) el individuo pasa a

ser un elemento activo y no un simple, objeto de la comunicación, 2) aumenta constantemente la variedad de los mensajes intercambiados y 3) aumenta también el grado y la calidad de la representación social en la comunicación”. 2 Becerra, M. (2009) La diversidad amenazada. En Revista Caras y Caretas Nº 2236. Buenos Aires, p. 81. 3 Si se consideran las últimas dictaduras militares que gobernaron en cada uno de los países signatarios del acuerdo regional MERCOSUR, la cronología indica que la primera y más extensa de la serie tiene lugar en Paraguay entre 1954 y 1989. Durante ese lapso los militares tomarán el poder y ejercerán gobiernos de facto en Brasil entre 1964 y 1985, en Uruguay entre 1973 y 1985 y en Argentina entre 1976 y 1983. 4 Paraguay lo hacía por una Ley de Telecomunicaciones sancionada en 1944 por el gobierno militar de Higinio Morínigo y reglamentada en 1963 por Alfredo Stroessner; Brasil por el Código Brasileño de Telecomunicaciones sancionado en 1962 durante un gobierno democrático y modificado en 1967 por el gobierno militar; Argentina por una Ley de Radiodifusión sancionada por una dictadura militar en 1980 y reglamentada en 1981; y Uruguay por una ley de radiodifusión sancionada también durante un gobierno militar en 1977. En los casos de Paraguay y Brasil se subsumió a la radiodifusión en una normativa más amplia de telecomunicaciones, mientras que en Argentina y Uruguay la actividad se reguló de modo diferenciado. 5 Hasta 2001 los medios del estado se desagregaban en Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR), Canal 7, ATC, Radio Nacional y la Agencia de Noticias TELAM. 6 Mastrini, G. y Becerra, M. (2006) Periodistas y Magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Buenos Aires, Prometeo. 7 La norma fue sancionada en octubre de 2009 y reglamentada en septiembre de 2010. 8 Es ejemplo de ello la creación en 2009 de un sistema público de televisión digital terrestre que llegará a cubrir en 2012 la totalidad del territorio nacional brindando de modo gratuito un paquete de señales producidas por el Estado y por realizadores privados del sector lucrativo y no-lucrativo. El sistema se complementará para aquellas zonas fuera de cobertura de antena con un sistema de transmisión satelital.

[*] Docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la UNC.

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discusión acerca del estatus de inclusión o exclusión de la radiodifusión de las reglas del comercio de servicios mientras las estructuras de propiedad de los medios en los últimos 20 años, han alcanzado niveles de concentración alarmantes con más del 90% del sector radiodifusor explotado con fines comerciales en los cuatro países analizados (Becerra y Mastrini, 2006)6. Frente a este escenario resulta fundamental rescatar la importancia social y política que –aun por fuera del período de análisis– ha tenido en nuestro país la reciente sanción y reglamentación de la ley 26.5227 de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que, fundada en los principios del derecho internacional, busca romper con la matriz privado-comercial característica de la radiodifusión en el subcontinente y avanza articulada a una serie de otras normativas8 en el diseño de políticas de comunicación de más largo aliento que buscan la desconcentración de la propiedad de los medios, los límites a la extranjerización de la propiedad, la incorporación del sector no lucrativo y la ampliación del sector público en un gesto político que no reconoce precedentes en el continente. Si bien resulta una traza normativa incipiente y no exenta de controversias –puesto que busca subvertir poderes fácticos consolidados– prefigura un horizonte de cambios en el ecosistema de medios de la región

CORPORACIONES Y DEMOCRACIA

Públicos5 en Argentina, RADIOBRAS en Brasil– se inician de modo restringido y, en general, vinculadas a los sistemas de TV de pago a mediados de los 90. En orden cronológico encontramos en 1995 la creación de canal TV Ciudad de Montevideo Uruguay, en 2005 la fundación de la señal Canal Encuentro en Argentina y, por fuera del período de análisis, en 2009 la creación del canal educativo-cultural Arandú Rape en Paraguay. Estas experiencias se caracterizan por la calidad cultural y educativa de su programación, incluso TV Ciudad desarrolla programas informativos y de actualidad alcanzando las audiencias de todo el país mediante distribución en los sistemas de cable y satélite. Sin embargo no dejan de ser propuestas acotadas al público que puede pagar por el servicio. En octubre de 2007, se produce un quiebre en esta tendencia: Brasil crea una TV pública no gubernamental con proyección de alcance nacional, abierta y gratuita que además puede ser receptada y retransmitida por los sistemas de pago. Esta iniciativa se inspira en los modelos de televisiones públicas europeas al estilo BBC. De este modo, y sobre el final del período, se inician cambios sustantivos en relación al sector público que explicitan las diferencias entre lo público, lo estatal y lo gubernamental. Merecen mencionarse, en esta línea los intentos de modificación de las programaciones que han tenido las televisoras estatales pertenecientes a los sistemas oficiales como Canal 7 en Argentina y Canal 5 en Uruguay, los que registran a partir de 2003 cambios orientados a dotar a la pantalla de contenidos de calidad, educativos, culturales e informativos. Sin embargo hasta el año 2007 la administración de los canales tenía un vínculo directo con los gobiernos de turno, con lo cual aun con mejoras en la programación no podríamos hablar de medios públicos estricto sensu.

[Recuperación del Estado y la política frente a las corporaciones]

LATINOAMÉRICA: ¿UNA REINVENCIÓN DE LA DEMOCRACIA? Dra. María Susana Bonetto*

n la actualidad se produce la emergencia de importantes movimientos sociales y políticos en América Latina que impugnan el orden universal e irrefutable que propone la democracia liberal. También en ese marco se han producido nuevas construcciones políticas, que están reformulando la realidad regional, impulsando reformas políticas y económicas, incluso institucionales, orientadas a “refundar” el Estado y la democracia, sus sentidos y contenidos. Partiendo de los marcos institucionales del Estado de derecho y la democracia liberal, que intentan transformarlos, desbordando sus limitados parámetros con reformas sociales profundas y búsquedas de protagonismo popular, afianzando como supuestos básicos de la democracia la igualdad y la soberanía popular, con referencias fuertes a la autodeterminación nacional y regional. Aunque de diferentes maneras y con distintos niveles de profundización en sus transformaciones, estas nuevas propuestas se han constituido en alternativas posibles que impulsan la interpelación a la pretendida universalización de la democracia liberal, que se instaló como una certeza en el contexto de la globalización. Las razones que permitieron la hegemonía de este modelo democrático son diversas y múltiples y no imputables a un

solo núcleo causal. En cierta medida, se puede suponer que influyeron entre otras posibilidades la emblemática caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el inicio de lo que se consideró el proceso de globalización, en un escenario en el que se reintensificaron las pautas de interconexión mundial. En ese nuevo escenario, se pierde lo que Boaventura de Sousa Santos (2006) llamó la demodiversidad, en cuyo contexto era posible oponer un concepto de democracia socialista opuesto a la liberal. Además, en ese marco, se requería un concepto de democracia resignificado, que diera cuenta del impacto del sistema global sobre ésta y que a su vez la hiciera funcional al nuevo contexto. MERCADO, ESTADO Y DEMOCRACIA LIBERAL La democracia liberal y los derechos provenientes de esta tradición se constituyeron en el modelo paradigmático, en tanto no priorizan los contenidos de éstos (salvo los ya declarados universales, aunque sean etnocéntricos), sino el funcionamiento procedimental y los aspectos jurídico-institucionales que se articulan a este modelo, postulado a nivel mundial. Por otra parte la globalización económica, base constitutiva del sistema mundial capitalista y sus re-

laciones asimétricas, encuentran en este modelo procedimental la posibilidad más plausible de funcionamiento. En Latinoamérica, en las transiciones, se impulsó este modelo principalmente por los Estados Unidos, ya que se había producido la derrota de los movimientos populares y los gobiernos que se plantearon objetivos transformadores fueron a partir del establecimiento de dictaduras militares disciplinadoras a través de la represión. En ese marco, la situación estaba “bajo control” y, por otra parte, los gobiernos militares resultaban ya impresentables en el contexto del nuevo orden global. Por ello era necesaria la construcción de Estados y democracias liberales viables, que por sus características mantuvieran la legalidad, pero no permitieran la emergencia de decisiones propias de la soberanía popular, que afectaran el funcionamiento del mercado. Tanto las teorizaciones como la praxis de la democracia elaboraron una definición restringida de Estado y Democracia procedimental, con un sentido minimalista, tal como expresa el concepto de poliarquía de Dahl. En definitiva, se trata de un conjunto de reglas que específicamente hacen referencia a un determinado tipo de funcionamiento político, propio de la tradición liberal, que separa su dimensión política de la socioeconómica, siendo esta

nos a esta tradición la exigencia de participación popular o los requerimientos redistributivos. En Latinoamérica, al instalarse este modelo democrático en las transiciones, se reformulan los marcos conceptuales a partir de discursos que instauran la opción entre este tipo de democracia y el autoritarismo. A partir de estas transformaciones políticas, se instaló en los 90 el neoliberalismo y la preeminencia del mercado, que disciplinó la sociedad con políticas de ajuste que afectaron con exclusión y segregación a vastos sectores populares. También se abandonó la consideración de un desarrollo económico equitativo como condición de posibilidad de una democracia igualitaria. La política se transformó, sin resguardos,

en la gestión del mercado y en intermediaria de la aplicación de las políticas de las organizaciones internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). El discurso satanizador del Estado bloqueó la legitimidad de éste para formular y ejecutar políticas alternativas, que no se orientaran al acompañamiento de los programas impuestos por estos organismos. En ese marco, se produjo un debilitamiento extremo de la integración social, así como también de la trama de solidaridades populares, que pusieron en crisis las estructuras de representación de los intereses colectivos, además de un profundo vaciamiento de la política y de toda movilización popular.

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democracia interdependiente y articulada a la expansión del mercado. Debe destacarse que la democracia liberal surge en un contexto histórico regional europeo decimonónico, luego del afianzamiento del pensamiento liberal, cuando ya el constitucionalismo, la propiedad privada y el mercado se habían establecido como sus pilares. Por ello, en la institucionalización de la democracia liberal el significado de lo democrático queda sujeto a las restricciones del Estado de Derecho, plasmado constitucionalmente, que pone límites y constriñe lo que puede decidirse democráticamente. Así, en su realización, la democracia liberal constituye un entramado institucional, por medio del cual el poder limitado se delega en determinados agentes, siendo aje-

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Dante Montich. Retrato de Dios. Acrílico sobre tela. 140 cm x 150 cm. 2008.

En síntesis, como sostiene Atilio Borón (2003), el neoliberalismo de los 90 produjo políticas conservadoras, sociedades fragmentadas, marginación de masas, ruptura del tejido social y disgregación de los mecanismos de integración, así como la degradación de la política. A partir de la vinculación del neoliberalismo con la “ideología de la globalización” se justifica “el único camino posible”, que plantea una autonomización del capitalismo y del mercado respecto a toda limitación sociopolítica, imponiendo una devaluación de la presencia o acción estatal, salvo para un acompañamiento y protección de éstos. En definitiva, la construcción de las democracias regionales, en especial en Argentina, siguió el trayecto de una democracia liberal procedimental hacia la instauración del proyecto neoliberal. Coincidiendo con Castorina (2007:76), “el proceso histórico de apertura democrática fue política e ideológicamente construida como un tránsito hacia una forma neoliberal y anti-estatal de democracia de mercado”. LOS AVANCES EN LATINOAMÉRICA Luego del fracaso de los modelos neoliberales surgieron nuevos proyectos planteados, sobre todo, por movimientos sociales, que hay que pensarlos desde sus propios contextos, sus propias convocatorias y sus prácticas e imaginarios. En estos nuevos contextos políticos problemáticos se requiere un esfuerzo para adaptar nuevas formas de pensar, que se apoyen en la alteridad del pensamiento del centro, que profundicen en las resistencias a la dominación desprendiéndose de las teorías hegemónicas centrales, para abrirse a otros saberes y formas de conocimiento. Coincidiendo con Prada Alcoreza (2010), una teoría crítica del Estado y la democracia en la periferia no puede sino realizarse desde el enfoque de la descolonización. Esto es así porque todos los países de la región no sólo han sufrido los efectos de la colonización, sino que en el presente se encuentran bajo formas reite-

radas de dependencia, y el colonialismo se ha expandido y proliferado, innovándose con las transformaciones comunicacionales y tecnológicas. Por eso para comprender y apuntalar las nuevas propuestas democráticas que sobrepasan las limitaciones del modelo liberal –planteado como universal, aunque en realidad corresponde a la tradición europea occidental–, se requiere construir interpretaciones teóricas apropiadas desde nuestro propio y diferente lugar. Como sostiene Mignolo (2001), este abordaje plantea un pensamiento que se encuentra en la interrelación entre el conocimiento universalizado central y las reflexiones sobre la diferencia que lo ponen en cuestión y se desvían de los marcos dominantes, pensando desde categorías negadas por el centro. Las nuevas democracias regionales se están construyendo con compromisos transformadores que exceden los marcos liberales, y se orientan hacia una expansión de la igualdad, apuntalada en las decisiones emanadas de la soberanía popular y de una ciudadanía participativa. Por ello nuevos instrumentos y marcos conceptuales permitirían comprender estos procesos si se supera la dominación y el control de la “colonialidad del saber” y se propone la apertura y libertad de pensamientos y formas de vida propias de la región, sin subordinarse a las teorizaciones hegemónicas centrales. En ese contexto resulta interesante una definición como la formulada por Luis Tapia (2009), quien sostiene que la democracia es una forma de autogobierno entre sujetos políticos iguales, que tiene la finalidad de ampliar áreas de igualdad socioeconómica y participación ciudadana. Desde esa mirada, podemos reconocer el carácter profundamente democrático de gobiernos como los de Bolivia, Venezuela y Ecuador, que no por casualidad han sido objeto de intentos destituyentes. Para ello es necesario desarmar el etnocentrismo y la pretensión ética de universalidad que hoy articulan las principales teorías democráticas en los núcleos dominantes del centro. Es conveniente una revisión de la estructura conceptual de las definiciones

de democracia, en tanto sirven como discurso de legitimación de un solo tipo de democracia: la liberal, que se define como un método y las condiciones de posibilidad del mismo (Tapia, 2009). Sin embargo, esta propuesta aparentemente sólo procedimental, forma parte del modelo de las sociedades centrales y lo constituye en fundamento de dominación regional y de expansión imperialista, en tanto el sistema que no cumpla esos procedimientos es considerado “no democrático”. Esto ha dado lugar a descalificaciones de ciertos gobiernos latinoamericanos, ya que según lo expresado los dos núcleos constitutivos centrales de algunas de las nuevas democracias regionales son la búsqueda de igualdad y la idea de autogobierno, que se manifiestan de manera débil en la democracia liberal, sólo como igualdad ante la ley e igualdad política en la elección de los representantes. Por ello, nuevos procedimientos para el cumplimiento de los objetivos centrales mencionados pueden ser objetados por exceder estos marcos. Estos núcleos centrales se evidencian por ejemplo en Bolivia, país en el que los movimientos sociales al cuestionar y poner en crisis al Estado colonial y al modelo neoliberal, también cuestionaron y pusieron en crisis la estructura social dominante. Por otra parte, a pesar del triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), los movimientos sociales no han cejado en la búsqueda de una constante interrelación entre el gobierno y las estructuras colectivas de deliberación y toma de decisiones de estas organizaciones. Y aunque es inevitable la tensión entre concentración y socialización de decisiones, hay una articulación innovadora en la relación con los movimientos sociales. En primer término, porque las decisiones estratégicas tomadas por el gobierno dan respuestas en su gran mayoría a las demandas generadas en las luchas sociales. En segundo lugar, porque las designaciones de gran parte de los funcionarios públicos pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Y en tercer lugar, por la presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparato estatal. Finalmente, gran parte de las

Dante Montich

de la democracia liberal y representativa, en cuyo marco el reclamo de participación en la decisión política y la búsqueda de mayor igualdad conducen inexorablemente al desorden, a la anarquía y la pérdida de libertad. La agudización del conflicto y la confrontación que este tipo de accionar democrático produce, se explica porque gobernar para el pueblo implica confrontar y recortar el poder de las corporaciones que orientaban las políticas estatales desde los inicios de la transición. En este marco, pensar de otro modo la democracia es recuperar el Estado y la política para construir proyectos alternativos a los poderes dominantes. Finalmente, cabe destacar que en Latinoamérica se advierte cada vez más la presencia de transformaciones que están produciendo una reinvención de la democracia y de la política. Por ello, se puede concluir siguiendo a Tapia (2009: 67) que “el trabajo teórico de reconceptualización de la democracia y las luchas políticas por la democratización y reforma de las instituciones políticas no son algo que corre de manera separada (…) es decir que la discusión teórica puede alimentar la lucha política, en términos de apoyar, precisamente, procesos de democratización histórica”

Bibliografía Borón, A. (2003) El postneoliberalismo: un proyecto en construcción. En Sader, E. y Gentili, P. (comps.), La trama del neoliberalismo. Buenos Aires, CLACSO. Castorina, E. (2007) Transición democrática o transición neoliberal. En Emiliozzi, Pecheny y Unzue, La dinámica de la democracia. Representación, instituciones y ciudadanía en Argentina. Buenos Aires, Prometeo. Mignolo, W. y otros (2001) Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento. Buenos Aires, Ediciones Signo. Prada Alcoreza, R. (2010) Democracia y proceso de cambio. Mimeo. Grupo de trabajo sobre el Estado. CLACSO. Sousa Santos, B. de (2006) Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Buenos Aires, CLACSO. Tapia, L. (2009) Pensando la democracia geopolíticamente. La Paz, CLACSO.

* Directora del Doctorado en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Coorganizadora del Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del Bicentenario. Pasado y Presente”.

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S/T Lápiz sobre papel 30cm x 50 cm 2007

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decisiones más importantes se toman después de muchas consultas con los niveles dirigentes de los movimientos que acompañan al gobierno. Esto no quiere decir que no existan decisiones centralizadas, pero sí que se intenta abrir el Estado a esos movimientos, que conformaron con sus luchas la base movilizada de las transformaciones en curso, que están recortando el poder de las corporaciones económicas dominantes previamente en la política boliviana. También en Argentina podemos dar ejemplo de leyes que tuvieron procesos de discusión y deliberación social, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que constituye un verdadero avance en una agenda democratizadora de los medios de comunicación. En el proceso de sanción de esta ley, previamente a su tratamiento legislativo, se realizó una extensa consulta pública que incluyó la realización de 23 foros en distintas ciudades del país; se permitió la incorporación de más de 200 contribuciones de la sociedad civil al proyecto inicial; y finalmente se abrió a modificaciones su texto original, en la Cámara de Diputados, receptando aportes de distintos partidos de izquierda, que permitió la media sanción en esa Cámara y su posterior aprobación en el Senado, en ambos casos por abrumadora mayoría. Frente a decisiones judiciales que suspendieron su aplicación, la movilización de quienes participaron en su discusión legitima la decisión política realizada con su sanción Estos procesos participativos orientados a la extensión de la igualdad no están exentos de dificultades, por la complejidad de su realización. Por otra parte, son objeto de críticas que provienen del viejo cuño

Fotografía: Sebastián Cáceres

[Conversaciones con Ernesto Laclau]

“PARA LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA ES NECESARIO UN PRESIDENCIALISMO FUERTE” Por Daniel Saur*

principios de septiembre Ernesto Laclau y Chantal Mouffe visitaron la ciudad de Córdoba, invitados a disertar por el Doctorado en CienA cia Política de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Cien-

- Sí, creo que representa un momento de inflexión desde el punto de vista de mi historia y trayectoria intelectual personal, representa el momento en que una serie de intuiciones políticas que habían surcado toda mi trayectoria anterior empiezan a formularse en un lenguaje teórico más preciso. Desde los años 60 venía intuyendo esta cuestión de los significantes vacíos, de la hegemonía y de los proyectos a ella adheridos, pero es solamente en esta obra –escrita en colaboración con Chantal Mouffe– que esto se plasma en una posición teórica más coherente. Y, desde el punto de vista de la trayectoria del marxismo creo que representa una inflexión también, y ha sido percibida por todo el

mundo de esa manera, por cuanto implica la transición hacia el posmarxismo. Hacia esos años todo el mundo, por una razón u otra, deja de ser marxista, pero no todo el mundo trata de hacer una elaboración interna de esa transición, y si algún valor teórico tiene nuestra obra es que fue una de las pocas que intentó verificar esa transición. - Y en estos 25 años, ¿qué se ha profundizado o sedimentado en esa línea de pensamiento, y qué se ha modificado? ¿Hay algún giro en los planteamientos conceptuales de Laclau a partir de aquel texto fundacional? - Diría que modificado no hay nada realmente. Nuestra posición sigue siendo la que se elaboró en aquel momento. Lo que sí se ha producido es la profundización de una serie de categorías. Por ejemplo, el límite de la conceptualización de la negatividad en Hegemonía y estrategia socialista estaba dado por la categoría de antagonismo. Posteriormente, empezamos a ver

que la categoría de dislocación era más primaria que la categoría de antagonismo, porque la categoría de antagonismo era ya una forma de inscripción distintiva de la dislocación. También ha tenido una importancia cada vez más relevante el diálogo con el psicoanálisis lacaniano. Allí mi colaboración con Joan Copjec –cuando éramos profesores en Buffalo (Estados Unidos) y organizamos durante varios años un seminario de posgrado sobre Retórica, Psicoanálisis y Política– fue decisiva desde ese punto de vista. - ¿Cómo caracterizaría su decurso intelectual durante estos 25 años, si tuviera que describirlo de alguna forma? - Nunca he pensado la cuestión en esos términos, pero diría que en los años 60 fue el período en que leí a Althusser y a Gramsci, y esto tuvo una influencia decisiva en mi formación. Por ejemplo, la categoría de contradicción sobredeterminada, que es central en la teoría althusseriana, nos hizo ver una serie de cosas. Porque

ENTREVISTA

- Se han cumplido 25 años de la publicación de Hegemonía y estrategia socialista. Muchos pensadores han planteado que esa obra marca una inflexión en su trayectoria y también en el pensamiento marxista. ¿Acuerda con esa lectura que hacen los críticos? ¿Y en qué consistiría esa inflexión, si así fuera?

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cia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. En ese marco, “Hoy la Universidad” invitó al docente e investigador Daniel Saur a entrevistar a Ernesto Laclau, uno de los referentes más importantes en teoría y filosofía política en América Latina y uno de los intelectuales más interesados por los procesos sociales que se están dando en la región en la última década.

nosotros no nos dábamos cuenta que el giro nacional popular que estaba sufriendo el movimiento de masas bajo la hegemonía peronista era algo que no se podía conceptualizar simplemente en términos de clases sociales. Por eso la idea de Althusser de que la contradicción de clase siempre es sobredeterminada y nunca se presenta en estado puro, vino como una especie de iluminación. Ahora, más decisiva que la influencia de Althusser fue, en ese período, la de Gramsci. Y ahí di una lectura muy distinta de la que, por ejemplo, los gramscianos argentinos –que eran fundamentalmente cordobeses– daban a la incorporación del material de Gramsci. Ellos lo hacían desde una perspectiva que no rompía con la matriz histórica de la izquierda liberal y por consiguiente traducían este material, pero no lo traducían a categorías teóricas pensadas desde Argentina. Y desde la izquierda nacional, es lo que intenté hacer. -Se refiere al grupo de Pancho Aricó… - Sí, con Pancho Aricó éramos por lo demás muy amigos, también con Juan Carlos Portantiero manteníamos un cierto diálogo, pero todos teníamos conciencia de que mi posición era distinta a la de ellos. Por ejemplo, yo afirmaba la dimensión de lo nacional-popular en Gramsci, que para ellos no era tan decisiva. - En relación a otro concepto central, el de democracia radical que han trabajado junto a Chantal, ¿puede ser entendido como algo realizable u opera más desde el punto de vista conceptual como una suerte de ideal regulador? - No estoy seguro que lo segundo sea correcto, pero en todo caso es más correcto que lo primero. Diría lo siguiente: ¿Cuándo hay democracia radical? Democracia radical no es una forma institucional precisa sino que significa, en un cierto contexto, incorporar a la esfera pública sectores que antes habían sido excluidos; o sea que sobre qué sectores se va a basar un giro democrático radical y bajo qué formas democráticas institucionales es algo

difícil de decir. Democracia radical en China en los años 30 significaba la adhesión a la Larga Marcha de Mao, que no tenía nada que ver con las formas de una democracia de tipo liberal occidental. Democracia radical pueden ser, en mi opinión, ciertas movilizaciones como la Intifada. Es decir que significa algo distinto en cada contexto. Por eso es que he insistido en afirmar que democracia y liberalismo no son términos que se articulen o que se yuxtapongan de una manera precisa, hay siempre una negociación entre estos dos términos. El concepto de democracia a principios del siglo XIX en Europa era un término peyorativo, mientras que liberalismo era un término respetable, porque se identificaba a la democracia con el gobierno de la turba y el jacobinismo. Y entonces se requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar en Europa a un cierto ensamblaje entre las dos categorías, a tal punto que liberalismo y democracia se nos presentan como una unidad, cuando en realidad hubo siempre una relación de tensión. Ahora, en América Latina, por ejemplo, la unidad entre estos dos elementos –el liberal y el democrático– nunca se logró. Los Estados latinoamericanos se constituyeron como Estados liberales en la segunda mitad del siglo XIX, pero las demandas democráticas de las masas no podían ser vehiculizadas por esos Estados de base clientelista, por eso es que la democracia radical en América Latina se expresó muchas veces, en la primera mitad del siglo XX, a través de formas que estrictamente eran antiliberales: el Estado Novo en Brasil, el gobierno peronista en Argentina, el MNR en Bolivia, el primer ibañismo en Chile, y hubiera sido también probablemente la experiencia de Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado. Es decir que hubo una especie de desfasaje histórico entre liberalismo y democracia y solamente en los últimos 30 años, después de que los países del Cono Sur pasaran por algunas de las dictaduras más brutales del siglo XX, que las condiciones para una convergencia entre los mecanismos formales del liberalismo y lo nacional-popular pudie-

ron entrar en una relación de simbiosis, es lo que hoy en día estamos experimentando. Pero la democracia radical en América Latina va a tener algunas características distintivas de la europea: las dos van a participar del modelo occidental de la democracia representativa, pero, por ejemplo, creo que los regímenes latinoamericanos para ser verdaderamente democráticos tienen que afirmar un presidencialismo fuerte. El predominio del Ejecutivo sobre el Parlamento es decisivo. Siempre la parlamentarización del poder ha sido, por ejemplo en nuestro país pero también en otros países latinoamericanos, una forma de reconstitución de la hegemonía conservadora: el antipersonalismo frente a Yrigoyen; el antiperonismo; y, bueno, si usted encuentra similitudes en lo que digo con lo que está pasando hoy en día en el país es mera coincidencia. (Risas) -Mencionó a Latinoamérica, y de alguna manera usted se ha transformado en una suerte de referente ineludible desde el punto de vista filosófico y político para varios de los nuevos gobiernos de la región. En ese sentido, ¿cómo interpreta el rol del intelectual en relación a la práctica política? Y también ¿cómo interpreta la relación entre teoría y práctica, pensada en términos de la tesis XI de Marx? - Una categoría como la de intelectual orgánico de Gramsci es plenamente válida. Él entendía por intelectual orgánico no a un intelectual en el sentido tradicional del término, sino toda práctica de la articulación: un organizador sindical practica la articulación de una serie de tareas en torno a ciertos objetivos, y es por tanto un intelectual orgánico, y cada grupo que empieza a emerger necesita producir intelectuales orgánicos –periodistas, cineastas, una serie de actividades subsecuentes– a través de los cuales una rearticulación de las funciones sociales se va verificando en un contexto determinado; o sea que en América Latina lo que tenemos es una expansión muy grande de la función intelectual, que tiene caracterís-

contemporáneos más influyentes, sobre todo en Latinoamérica. Su pensamiento se ha complejizado y fortalecido incorporando aportes del Psicoanálisis y de la Retórica, entre otros, teniendo por preocupación el modo en que se constituye el pueblo, como forma de expresión política, y a la noción de democracia radical y plural como proyecto y horizonte de acción. En esta perspectiva reconocida como antifundacionalista, donde la sociedad es vista como un espacio agonal imposible de instituir como totalidad y por lo tanto indomeñable, Laclau ha publicado en español las siguientes obras: Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Nueva Visión: 1993); Emancipación y diferencia (Ariel: 1996); Misticismo, retórica y política (FCE: 2002); Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda (junto con Judith Butler y Slavoj Žižek, FCE: 2003); y La Razón Populista (FCE: 2005)

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La fascinación de Ernesto Laclau por lo político y los movimientos sociales se remonta a su infancia, cuando en 1945, con apenas 10 años, observó con curiosidad a una multitud que marchaba por su Buenos Aires natal decidida a llevar a Perón al poder. La década del 60 lo encontró comprometido con la militancia universitaria, primero en el Partido Socialista Argentino y luego en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, mientras se formaba en historia y sociología con Rodolfo Mondolfo, Gino Germani, José Luis Romero y Rodolfo Puiggrós. En 1969 Eric Hobsbawm lo convocó para realizar un posgrado en Oxford, instalándose en Inglaterra definitivamente. A los pocos años quedó a cargo del Departamento de Ideología y Análisis de Discurso de la Universidad de Essex, donde profundizó una línea de reflexión

que le permitió leer teóricamente aquellas experiencias de juventud. En 1977 publicó Política e ideología en la teoría marxista, pero su obra fundamental, escrita junto a Chantal Mouffe, llegó en 1985 con el título Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de lo social. El texto produjo una marcada inflexión en el pensamiento de la izquierda generando un enorme debate que aún continúa, siendo reconocido como fundante de una reflexión identificada como posmarxista, ya que da continuidad a esa tradición pero desmarcada de los determinismos de clase y económicos. La influencia de este trabajo, que articula con gran originalidad una multiplicidad de tradiciones y pone en el centro una renovada noción gramsciana de hegemonía, se evidencia no sólo en la Filosofía Política, sino también en el Análisis de Discurso, los Estudios Culturales, los Nuevos Movimiento Sociales, entre otros ámbitos. A 25 años de aquella obra, Laclau se ha convertido en uno de los intelectuales

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UNO DE LOS INTELECTUALES MÁS INFLUYENTES EN AMÉRICA LATINA

ticas que la hacen una función definitivamente no estereotipada en el sentido europeo del término. - Usted suele elogiar a ciertos procesos latinoamericanos, estar de acuerdo con algunas de sus facetas, por ejemplo los encabezados por Lula, Chávez o Evo Morales. ¿Qué diferencias habría en el caso de Lula, que extrañamente tiene una fuerte aceptación del establishment internacional y también del local, a diferencia del kirchnerismo o del proceso que se vive en Venezuela, que son tan combatidos por el establishment internacional y local? ¿Qué diferencias encuentra allí? - No es que los modelos sean tan absolutamente diferentes, el brasileño y el argentino. La diferencia es en primer lugar que Brasil es una potencia mundial mucho más prominente que Argentina. Hoy en día lo que estamos viviendo es una reestructuración de las relaciones internacionales. En 20 años China va a ser la principal potencia económica mundial y va a superar por lejos a Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay una especie de integración continental que está operando en el

mundo contemporáneo. Allí los poderes emergentes son China, India y Brasil, sin lugar a dudas, y eso inclina a hacer más cautas las reacciones frente al proceso brasileño que con respecto al argentino. De todos modos, el proceso argentino en un sentido es más radical, porque la ruptura con el modelo neoliberal ha sido también más radical que en Brasil. También hay que pensar que la socialdemocracia europea es un híbrido, que trata de acoplar algunas reivindicaciones redistributivas con un aceptación global del modelo neoliberal de la economía de mercado. Finalmente Tony Blair en Inglaterra aceptó íntegramente el modelo económico tatcherista. Eric Hobsbawm afirmó, en ese sentido, que “el blairismo es un tatcherismo con pantalones” y evidentemente lo es, como lo es la política de la socialdemocracia alemana. Todo el discurso de la tercera vía va en esa dirección. Por eso es que ellos no pueden fácilmente aceptar que haya un mantenimiento de la democracia formal, una expansión de estos mecanismos, y que al mismo tiempo el modelo económico se aparte radicalmente del neoliberalismo. Hace un par de semanas leí un artículo en The Economist, de Londres, que hablaba

del gobierno de Cristina Fernández y decía que el modelo económico es absolutamente absurdo y no científico y que, sin embargo, todos los índices económicos funcionaban muy bien. Y la conclusión que sacaba era que había tenido suerte. (Risas) - Una conclusión bastante poco científica… - En una entrevista dije que eso me hacía acordar a esa historia de los generales austríacos y Napoleón, cuando los generales austríacos eran derrotados por los ejércitos populares napoleónicos y entonces decían: “Sí, gana, pero no es científico”. - Recién mencionaba la fuerte presencia que están cobrando China, India e incluso Brasil. En términos de democracia, ¿cuáles son las implicancias de esto que se perfila como una multipolaridad, en oposición a la hegemonía que ejerció Estados Unidos desde la caída del Muro de Berlín? - La hegemonía de Estados Unidos a partir de la caída del Muro de Berlín fue, en buena medida, una ilusión. Todo el

- Y sí, ahí es donde está, creo, la cuestión decisiva: o bien el antagonismo es reducido a una objetividad última que lo trasciende y lo explica, que sería una lectura hegeliana; o bien el antagonismo es constitutivo y por lo tanto hay un elemento de no representabilidad que está inscripto en el corazón de lo representable. Esta segunda perspectiva evidentemente es la nuestra y eso significa una ruptura con el esencialismo filosófico. - ¿Podría pensarse que hay una suerte de relación inversa entre dominación y política? - No diría que hay una relación inversa, pues la política puede implicar dominación. Lo que tiene que quedar claro es que la hegemonía no es dominación. La gente piensa la hegemonía en términos negativos como dominación, pero el liderazgo moral del que hablaba Gramsci y a través del cual definía la hegemonía, evidentemente no se deja captar por una noción como la de dominación, porque hay un elemento del consenso que es constitutivo de la operación hegemónica.

- En el texto famoso de Tocqueville, La democracia en América, después de aquel viaje que hizo en la primera mitad del siglo XIX, él plantea algo que se repite con mucha frecuencia: que no había conocido ningún sistema donde hubiera tanta libertad de expresión y, a la vez, que la gente pensara y se expresara de manera tan parecida. Una sociedad como la norteamericana, la de entonces y la contemporánea, ¿podría ser pensada en términos de dominación efectiva o de consensos fuertes? - Las dos cosas. De consensos fuertes, evidentemente, porque sin eso el acta fundacional de los Estados Unidos no hubiera sido posible, pero había sectores también sobre los que operaba una esclavitud sin matices. La esclavitud en Estados Unidos estaba en su apogeo en ese momento y muchos de los constituyentes que van a declarar la independencia y redactar la primera constitución americana eran propietarios esclavistas, empezando por Jefferson. Y la dominación fue también la que definió la relación sobre las poblaciones autóctonas en América. O sea que hubo dominación con respecto a ciertos sectores, pero eso se dio dentro de un consenso que abarcaba a la élite dominante. - En términos generales, ¿qué se gana y qué se pierde cuando las sociedades están estructuradas en torno a consensos fuertes?

-¿Podríamos ponerlo, entonces, en términos de una oposición entre dominación y lo político, entendido este último como disconformidad social?

- Evidentemente, lo que se gana es que el elemento de coerción tiende naturalmente a disminuir. Lo que se pierde es que las sociedades de consensos fuertes son sociedades en las que el disenso es más difícil y sin disenso político no hay política tampoco.

-Si se entiende por lo político la operación básica de constitución de lo político, que es la hegemonía, evidentemente

- Es decir que el pueblo siempre se expresa a partir de la lucha y de la manifestación del disenso…

- Pienso que sí… - ¿No puede existir una representación estrechamente vinculada a los intereses del pueblo que gestione la realización de su voluntad y defienda sus intereses a partir de procesos institucionalizados o fuertemente institucionales? - Esto es posible en cierta medida. Una sociedad como la que describías antes, de fuertes consensos, sería por naturaleza una sociedad altamente institucionalizada. Lo que he sostenido es que lo político se construye siempre a través de dos polos, que tienen un peso relativo distinto en cada contexto: uno es el polo populista, que tiende a interpelar a los de abajo frente al poder; el otro polo es el institucionalista, que tiende a absorber las demandas de una manera individualizada. Evidentemente, sin una dosis de los dos elementos ningún arreglo social es posible. Un populismo puro sería una sociedad en la que existe tal grado de movilización que no es posible ningún tipo de fijación institucional, y una sociedad puramente institucionalizada es una en la cual el disenso ha pasado a ser imposible. - Y en los casos, por ejemplo, donde la organización social lleva las ineradicables luchas y conflictos a los márgenes, a los límites de lo social. ¿Qué se gana y qué se pierde allí? - Esa era la tesis de Carl Schmitt, quien hacía de la relación amigo-enemigo el eje de lo que él llamaba lo político, pero pensaba que el enemigo siempre tenía que ser exterior a la sociedad, o sea que postulaba una sociedad de consenso absoluto internamente y en la cual el conflicto se desplazaba al exterior. Ahora, evidentemente, la posición nuestra es distinta a la de Schmitt, porque acordamos al antagonismo un papel central. Y ese antagonismo lo planteamos como interno a la sociedad, no simplemente externo

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- Se caracteriza su pensamiento como antiesencialista. ¿Se podría pensar que dos componentes constitutivos de lo social a nivel de fundamento son, por un lado, la necesidad de orden, y por otro la expresión del disenso, del desacuerdo como manifestación de lo político?

esto tiene que ser diferenciado de la dominación.

CONVERSACIONES

ANTAGONISMO, DOMINACIÓN Y HEGEMONÍA

DIVISIONES Y REFUNDACIÓN EN ARGENTINA -La historia argentina ha estado notablemente estructurada en torno a divisiones fuertes: los unitarios y los federales, los yrigoyenistas y los antipersonalistas, los peronistas y los antiperonistas. ¿Se podría afirmar que es un rasgo característico de la identidad nacional? - Siempre la política –y no sólo la argentina– se da en términos de ciertas divisiones globales. Cuando usted dice “Braden o Perón” trata de reorganizar todo el sistema institucional alrededor de dos posiciones sintagmáticas muy definidas; es decir se trata de organizar una polarización social. Por otro lado, el discurso más institucionalista tiende a dispersar los puntos en los cuales se produce la enunciación política. Ahora, en Argentina, en los momentos decisivos, ha habido ese tipo de división a la que usted se refiere: en torno al yrigoyenismo, en torno al peronismo y, hoy en día todavía no se ha llegado a una confrontación exactamente del mismo tipo, aunque pienso que en las elecciones de 2011 algo de una confrontación como esa necesariamente va a tener que ocurrir.

De todos modos, la diferencia si se piensa en fenómenos como el chavismo es que hay sociedades en que las alternativas son de todo o nada. En Argentina, que tiene una sociedad civil mucho más organizada que la venezolana, incluso si hay alternativas radicales tienen que pasar por una negociación mucho más fuerte entre los distintos grupos. Es por eso que no creo que el modelo chavista sea un modelo hacia el cual Argentina esté avanzando, ni creo que sea un modelo adecuado para el país, lo cual no significa emitir ningún juicio acerca de las virtudes de uno u otro, simplemente se aplican a tipos distintos de sociedades. - En el diccionario político argentino aparece con mucha recurrencia esta idea de la necesidad de “refundación” del país. ¿Qué implicaría eso? - Refundación puede querer decir crear un horizonte nuevo a partir del cual todos los conflictos comienzan a estructurarse. Para dar un ejemplo de otro lado: se hablaba mucho a fines de la Primera Guerra Mundial, en Italia, de la necesidad de una refundación del Estado italiano, porque se veía que se estaba desintegrando. Ahora, cuáles eran las fuerzas que iban a refundar el Estado, si el fascismo o el comunismo, era algo que

presentaba un gran interrogante. Hoy en día creo que ha habido una serie de avances desde 2003 que van en la dirección de una refundación, no sé si de la totalidad del Estado, pero al menos de las reglas de juego en la política argentina. Y especialmente en los últimos años, en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, se ha visto la reestructuración de los partidos políticos, la reforma del régimen jubilatorio, la ley de medios; es decir, una serie de medidas que si se las ve como conjunto equivalen a un cierto tipo de refundación. Pero no hay que pensar la refundación como una transformación absoluta y total de las instituciones, sino como su adaptación a una etapa nueva y distinta. - Para profundizar esa transformación o hacerla más radical ¿hace falta una nueva mística? O, para decirlo en términos de Laclau, ¿es necesaria la emergencia de algún significante vacío que aglutine? - Sí, es la condición, pero creo que eso de alguna manera se está produciendo, gracias entre otras cosas a la acción de la oposición, que es una de las fuerzas más activas en crear una divisoria de aguas interna en la sociedad

- Desde luego ha implicado un cambio, en el sentido de que las formas más agresivas del neoliberalismo están cuestionadas. Y no solamente como consecuencia de la

- ¿Y existe tal cosa que a veces se propugna de “un capitalismo con rostro humano”, un capitalismo que sea amigable y sustentable en términos del planeta y de la sociedad? - Bueno, es un poco un oxímoron “el capitalismo con rostro humano”. Pero de otro lado, lo que sí es evidente es que ya no se puede proponer como modelo alternativo un socialismo de carácter burocrático y totalmente reglamentado. Cualquier forma democrática radical en el futuro va a tener que incluir la aceptación de la economía de mercado en algunas de sus dimensiones, pero va a tener que implicar una regulación estatal mucho más fuerte que la que se dio en los últimos 20 años

[*] Daniel Saur –quien tuvo a su cargo el diálogo con Ernesto Laclau publicado en esta edición de Hoy la Universidad–, es Magíster en Sociosemiótica por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctor en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV (México). Es además profesor de la Escuela de Ciencias de la Información e investigador de planta del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se dedica al Análisis Político de Discurso, investigando sobre los modos en que el discurso mediático aborda las temáticas universitarias.

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- Siguiendo con el contexto internacional, ¿la llegada de Barack Obama ha implicado cambios de cierta significación?

ideología de Obama, sino de la crisis económica mundial, que requería cierto tipo de regulación estatal, sin la cual la crisis no hubiera podido ser controlada. No es que esté totalmente controlada, pero al menos los peores efectos están siendo obstaculizados. Desde el punto de vista latinoamericano no se notan grandes diferencias, simplemente porque toda la última etapa del gobierno de Bush fue de retracción de la participación en los eventos del resto del hemisferio occidental y Obama ha continuado esa política hasta el momento y no ha tenido ningún tipo de intervención decisiva; o sea que el futuro está realmente abierto.

CONVERSACIONES

mundo pensó que se estaba entrando en un mundo unipolar, pero hoy en día la multipolaridad está pasando a ser la regla en las relaciones internacionales. Estados Unidos es cada vez menos capaz de implantar su modelo al resto de la comunidad internacional. En el caso de América Latina, el momento del colapso de la dominación americana fue la reunión de presidentes en Mar del Plata, realizada en 2005. Allí, el proyecto de George Bush, que era el ALCA, fue rechazado decisivamente por el continente sudamericano y eso fue logrado gracias a la acción conjunta de Venezuela, Brasil y Argentina. Y es interesante notar que los gobiernos que tienen mejor prensa en Europa –que son Uruguay y Chile– son los dos gobiernos que votaron a favor de Bush en esa reunión en Mar del Plata y son los dos regímenes que han sido más cautos en romper la continuidad con el proceso dictatorial. En Argentina hoy todos los represores están en proceso de ser juzgados, en cambio en Chile el discurso sigue siendo el de la “reconciliación nacional”. O sea que ni siquiera es cierto que haya un modelo liberal nacionalista que sería más compatible con los derechos humanos, porque la defensa más radical de los derechos humanos ha venido de países como Argentina.

[Informe sobre el trabajo de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo]

DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE LOS BOSQUES EN CÓRDOBA Dra. Alicia H. Barchuk / Dr. Fernando Barri / Ing. Agr. Andrés Horacio Britos / Dr. Marcelo Cabido/ Ing. Agr. José Fernández / Biol. Daniela Tamburini

l 28 de noviembre de 2007, Argentina sanciona la ley nacional para la protección del bosque nativo. La misma, dispone que todas las provincias deben realizar un ordenamiento territorial de sus bosques, teniendo en cuenta las necesidades ecológicas, productivas y ambientales de cada región. A partir de la sanción de esta ley, en Córdoba la Secretaría de Ambiente (SA) de la Provincia crea la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) cuyo objetivo central fue la confección de una propuesta de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia determinando en qué zonas el bosque debe ser fuertemente protegido, manejado de manera sustentable, o permitido el cambio de uso de suelo. Para lograr esta propuesta de ordenamiento, la SA y la COTBN convocan a talleres regionales, audiencias públicas con sectores productivos, instituciones públicas y organizaciones sociales. En octubre de 2009, la propuesta de la COTBN comienza a ser tratada en la Legislatura provincial, conjuntamente con otra presentada por la Confederación de

Pablo Scheibengraf Sin título. Serie: Larala lara Detalle Acrílico sobre tela 140 cm x 170 cm 2010

Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que según la mayoría de los especialistas se apartaba de las exigencias mínimas que la ley nacional definía.Finalmente el 4 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba un contenido acordado entre los bloques mayoritarios un “dictamen por mayoría” desconocido en el trabajo legislativo previo. La ley surgida es fuertemente criticada tanto por las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, como por las demás organizaciones participantes de la iniciativa, ya que no respeta los presupuestos mínimos que la ley nacional impone. Sin embargo, y en pos de brindar la información y herramientas necesarias sobre el trabajo realizado por la COTBN, y a la espera de la decisión judicial sobre la inconstitucionalidad o no de la norma aprobada, Hoy la Universidad presenta este informe sobre el trabajo realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, los fundamentos teóricos de la propuesta elevada al poder legislativo y las diferencias existentes con la ley finalmente sancionada.

[Diagnóstico sobre el estado de los bosques nativos en Córdoba]

UNA AMENAZA SIN PRECEDENTES

n los últimos 30 años, el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria sucedió en el norte y oeste de la provincia de Córdoba. A expensas de los bosques nativos, este fenómeno viene provocando la degradación y extinción de los ecosistemas naturales, pérdida de biodiversidad, desertificación, disminución de la productividad e incremento de la pobreza y marginación de las poblaciones rurales. En el noreste más de 1,5 millones de hectáreas de bosques de llanura han sido eliminadas desde 1969, a una tasa anual de deforestación superior a 6% (Zak et al., 2004). Los bosques serranos se perdieron a una tasa anual de 9,4% y hacia el noroeste se han registrado tasas de desmonte del 6,5% y 7,5% anual para las zonas de llanura de las cuencas de Quilino y Río Los Sauces (período 1997-2007) (Britos, et al. no publicado). Por otra parte, existe evidencia cuali-cuantitativa que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia, los bosques nativos originales representaban alrededor de 71,4% (12 millones de hectáreas). Al momento de la sanción de la Ley Nacional 26.331 –en 2007–, la cobertura de bosques en parches de más de 1.000 hectáreas sólo alcanzaba el 4,9% (811.000 hectáreas) de cobertura del territorio provincial. La vegetación nativa remanente, representada por arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pasti-

zales, roquedales y/o sistemas asimilables a los anteriores, comprendía el 13% de la superficie total de la provincia (2.157.977 hectáreas) (Bono et al., 2004; Zak et al., 2004; Atala et al., 2009; FAO, 2009; SAyDSN, 2010). El origen de esta transformación se debió al desmonte de la cobertura para uso agropecuario (Zak et al., 2008) y la deforestación por los incendios (Plan Nacional de Manejo del Fuego, 2010). Como consecuencia de lo anterior, la desertificación en la provincia es superior al 35% de su superficie (Plan Nacional de Lucha Contra la Desertificación, 2010). Además, al avance de la frontera agropecuaria se han sumado otros factores de deforestación y fragmentación de los bosques nativos remanentes: la creciente urbanización no planificada –principalmente en la zona serrana–, los incendios de plantaciones forestales, el sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas, la actividad minera, el drenado de bañados y lagunas del sureste de la provincia, entre otros. Estos procesos han sido acompañados por el fenómeno de la concentración de la tierra y de los capitales inversores, dando lugar a numerosos conflictos sociales relacionados con la expulsión de campesinos y pobladores de zonas rurales y urbanas de nuestro interior, además del

empobrecimiento y la desarticulación de las economías locales. La pérdida de cobertura y biodiversidad provoca que cada vez se cuente con menos recursos naturales. De esta manera, las comunidades indígenas y campesinas que viven en áreas boscosas o colindantes ven reducidas sus posibilidades del uso histórico, múltiple y diversificado de los bienes naturales que produce el bosque. También las pérdidas de bosques repercuten en el conjunto de toda la sociedad. Se traducen en pérdidas para el turismo, en las economías regionales, en la industria y en todo tipo de actividad agropecuaria. Además de estas pérdidas, se está dilapidando una inestimable fuente de servicios ambientales esenciales para nuestra sociedad –aporte de agua para uso humano y productivo, retención de suelos, fertilidad de suelos, mantenimiento de la diversidad genética, captura de carbono, mitigación de los efectos del calentamiento global, amortiguamiento de los eventos catastróficos, diversidad de controles bióticos naturales a plagas, germoplasma para nuevos cultivos, barreras naturales a factores atmosféricos naturales como los vientos, recreación, valores culturales, entre otros–, lo que ya se está traduciendo en dificultades económicas y sociales de gran magnitud que los gobiernos deben afrontar.

Los bosques que quedan en la provincia de Córdoba se encuentran en el extremo más árido, Chaco Árido (Morello et al., 1985) con vegetación adaptada a los ambientes áridos. Lorentz (1876) describió el paisaje de esta región como cubierto por bosques altos y arbustales en los que predominaba el quebracho blanco. La cobertura del suelo en la región oeste de Córdoba muestra cambios que tienden a un incremento de la presencia de algarrobales, arbustales, pastizales y amplias superficies de suelo desnudo (Bonino y Araujo, 2005; Barchuk et al., 2007). Un estudio que cuantificó los cambios en la reserva de carbono medido en la vegetación (parte

aérea) y el suelo (a 20 cm de profundidad), a lo largo de un gradiente de vegetación, reveló cambios dramáticos en la reserva de carbono a medida que se incrementan los procesos de desertificación (Iglesias, 2010). Los mayores contenidos de carbono se encuentran en la biomasa total de árboles y arbustos de bosques en buen estado de conservación. Este valor decrece desde bosquecitos degradados, arbustales, pastizales con árboles aislados, siendo estos valores muy bajos comparados con el bosque (Bonino, 2006). La disminución de la biodiversidad –tanto a nivel de especies como de la genética de las poblaciones–, de los servicios ecosistémicos y de los procesos que involucran las interacciones entre plantas y animales –como la polinización de las flores y dis-

persión de las semillas–, ha dado lugar entre otros problemas a la preocupante penetración de plantas exóticas (Cabido et al., 2005; Aguilar et al., 2008; Renison et al., 2010). Información empírica indica que 11 especies animales ya están extintas de los bosques subtropicales de Argentina, 25 están en peligro inminente de desaparecer, 54 son vulnerables y otros 100 géneros (con todas las especies de cada género) están en marcado retroceso numérico (UICN, 2001). A medida que las áreas deforestadas se hacen más extensas, la pérdida local de especies pasa a ser regional, y en algunos casos lleva a la extinción total (Giraudo, 2009). En la región chaqueña se observa que el 91% de las especies que sufrieron defaunación son especialistas de

INFORME COTBN

DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

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Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

hábitat –es decir, que requieren de un hábitat específico y particular para su crecimiento, reproducción y supervivencia– y 56% de todas las especies animales que declinaron son exclusiva o facultativamente dependientes de bosques, como el pecarí (Altrichter & Boaglio, 2004; Giraudo, 2009). Lamentablemente, las perspectivas en este sentido apuntan a que la provincia de Córdoba pierda completamente una gran parte de su fauna nativa. La fragmentación del bosque original y el aislamiento entre eco-regiones provoca además que el riesgo de extinción de las especies se acelere, sobre todo en aquellas que necesitan grandes áreas para mantener poblaciones estables (Benhim, 2006). Nores ya señalaban que ocho especies de aves, que eran residentes en bosques chaqueños continuos, ya se habrían extinguido localmente por efectos de la fragmentación (Nores et al., 1983). Sin embargo conservar parches de bosque pequeño también puede mantener en parte la biodiversidad; por ejemplo uno o pocos fragmentos de 1 a 3 hectáreas aseguran la supervivencia del 80% de las especies de aves (Dardanelli y Nores, 2006). A nivel del ecosistema se ha observado que la fragmentación del bosque chaqueño afecta más a la fauna de mamíferos, anfibios y reptiles, siendo importantes los remanentes que quedan de bosques para mantener especies en riesgo de extinción (Briguera et al., 2005; Kufner et al., 2005). En Córdoba se registran 40 especies de serpientes, distribuidas en los distintos ambientes, encontrándose serpientes en todos los ecosistemas boscosos –chaqueño oriental y occidental, serrano, espinal–, pero al igual que otras especies, su estado de conservación no es satisfactorio por la pérdida de hábitat y presión de caza de algunas especies (Reati, 1996). Los anfibios, al igual que en numerosas regiones del mundo, muestran un retroceso numérico principalmente por ser muy sensibles a la polución ambiental y a la destrucción y fragmentación del hábitat. Como consumidores de artrópodos –insectos principalmente–, y dado que los anfibios son depredados por numerosos vertebrados, su declinación general tendría gran reper-

cusión en la organización de la trama alimenticia de los ecosistemas (Di Tada et al., 1996). La biodiversidad, al menos de plantas y artrópodos, no cambia significativamente en bosques secundarios y matorrales con respecto al bosque maduro (Cabido et al., 1994; Gardner et al., 1995). Esto indica la importancia que mantienen los parches de vegetación nativa para sostener la biodiversidad local, aun cuando éstos estén degradados. PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Por su parte, la “pampenización” de la región chaqueña implica un cambio negativo en un gran número de servicios ecosistémicos en la escala de paisaje, sobre todo en lo que refiere a procesos hidrológicos, flujos de energía, ciclos minerales, estabilidad y fertilidad de suelos, señalando a su vez que la conversión de bosques nativos a sistemas agrícolas implica la aplicación de un alto grado de insumos, en tanto que la relación entre productividad y estabilidad productiva se hace inversamente proporcional (Carreño, 2009). Es así como la presencia de una importante cobertura de especies leñosas, de raíces más profundas que las especies herbáceas, contribuye a mantener el agua en el sistema. Los rendimientos hídricos disminuyen al deforestar, principalmente en zonas subhúmedas y semiáridas (Gyenge et al., 2010; Jobbágy et al., 2006). Por ejemplo en las Sierras Grandes de Córdoba, el tabaquillo (Polylepis australis) es una especie valiosa por proveer importantes servicios ecosistémicos a nivel de cuencas (Giorgis et al., 2010); sin embargo su distribución se vio reducida al 8% de su cobertura potencial, siendo una de las causas de ello el efecto del sobrepastoreo sobre los mismos (Cingolani et al., 2008). El sobrepastoreo es causa de pérdida de cobertura vegetal y suelo en las sierras (Nai-Bregaglio et al., 2002). Estudios preliminares realizados en las sierras de Córdoba (Cingolani et al., datos inéditos) indican que las áreas serranas con vegetación nativa –bosques y pastizales–

aportan más agua a los ríos que las deforestadas. Los primeros datos muestran que durante la estación seca –de mayo a setiembre–, en la zona de formación de los ríos y arroyos con cobertura de bosque “se produce en promedio unos 2.300 metros cúbicos de agua por mes y por kilómetro cuadrado, más que en las cuencas sin bosques nativos”. En territorios correspondientes a grandes cuencas del este de Córdoba (Suquía-Xanaes, Talamochita y Chocancharava), la cobertura de bosques nativos oscila entre 4 y 7%. Si a esta cobertura se le suman otros tipos de vegetación nativa, este porcentaje tan sólo se eleva del 8 a 13%. A su vez, en áreas de sierras con cultivos forestales exóticos –pinares– baja menos agua de la cuenca durante la estación seca que en las pobladas con pastizales autóctonos (Farley et al., 2005). Actividades de restauración ecológica han mejorado el valor de la zona como reguladora de los ciclos hídricos, pero la mejora es lenta y se debe esperar mucho más que 11 años para que los suelos sean semejantes al bosque de referencia (La Torre, 2010; Renison et al., en prensa). Asimismo, es importante un correcto manejo de la carga ganadera en las sierras cordobesas, ya que una carga elevada retarda la recuperación de los bosques (Teich, 2005). Estos datos ponen en evidencia la escasa capacidad de las cuencas “productoras” de agua de regulación hídrica y el riesgo para la futura provisión de este vital recurso. La polinización es también un importante servicio ecosistémico, comparable a la preservación de las cuencas hídricas o la integridad de los suelos provista por la vegetación (Richards y Myers, 1997). Un 35% de la producción global de alimentos –en toneladas– proviene de cultivos que dependen total o parcialmente de polinizadores (Klein et al., 2007). En Argentina, el 66% del área cultivada durante 2008 estuvo ocupada por cultivos dependientes en algún grado de polinizadores (Chacoff et al., en prensa). El bosque nativo provee además néctar y polen para la producción apícola, de importancia económica en la región central de Argentina (Karlin et al.,

Otra situación negativa que se reitera en distintas porciones de la provincia de Córdoba es que, en general, cuando se producen desmontes en áreas no aptas para la agricultura se observa una rápida caída de la fertilidad física y química de los suelos recientemente desmontados. Esto lleva a incrementar el uso de fertilizantes, a los fines de mantener el rendimiento de las cosechas, pero en el largo plazo estos suelos terminan siendo muy poco productivos, por lo que en muchos casos dejan de ser utilizados con fines agropecuarios. Por ejemplo, para la región del Chaco Seco cerca de 50% de los suelos no presentan aptitud para la agricultura (Casas & Puentes, 2009). Regiones como el impenetrable chaqueño –que se redujo de 8,5 millones de hectáreas de bosques nativos

a principio de siglo XX a menos de 4 millones en la actualidad–, muestran signos de desertificación severa o irreversible (Abraham et al., 2005; Alberto, 2007). Es decir, que áreas con vegetación nativa que aportan recursos genuinos y diversificados se convierten en desiertos improductivos que difícilmente se puedan recuperar en el corto plazo. Las consecuencias a nivel de las economías regionales de la pérdida de bosques nativos para el país se pueden percibir a diferentes escalas, entre ellas la escasez de determinados recursos de valor comercial como la leña y el carbón (Morello et al., 2009). Las especies de Prosopis (algarrobos), originarias del bosque nativo, son ampliamente utilizadas por los pobladores locales especialmente en la ganadería:

INFORME COTBN

1992; Andrada, 2003; Barchuk et al., 2007; Britos et al., 2008). Existen evidencias que los servicios de polinización están decreciendo local y regionalmente, debido a una retracción en la abundancia y/o diversidad de polinizadores –es decir, a la pérdida de especies–, cuya principal causa es la pérdida de hábitat causada por la destrucción de ambientes naturales (Aizen & Chacoff, 2009). Los efectos negativos que trae aparejada la pérdida de este servicio ecosistémico sobre la producción de cultivos en nuestro país ha sido bien documentado en los últimos años (Chacoff & Aizen, 2006; Chacoff et al., en prensa). Cabe preguntarse, entonces, ¿cuáles serán las consecuencias económicas de la pérdida de los polinizadores para nuestra región?

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Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

en pastoreo directo y diferido, para suplemento en invierno, para ganado vacuno, caballar, caprino y porcino. También como alimentos para el hombre y para usos medicinales. Dentro de otros usos tradicionales está la construcción de muebles, parquets y aberturas, con la excelente madera de distintas especies; además se cuenta con recursos no renovables como combustible (Galera, 2000). Un cálculo realizado para la región del Chaco Húmedo indica que el uso racional de los bosques de algarrobos (Prosopis sp.), quebracho colorado (Schinopsis lorentzii) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), representa 2.548.731 m3 de leña y carbón por año, señalando que con la pérdida de los bosques nativos de la región también se pierden abundantes volúmenes de forraje, frutos y miel, entre otros recursos naturales de valor económico

(Morello et al., 2009). Se puede apreciar así que cuando se transforman estas áreas para agricultura intensiva no sólo se las convierte en tierras improductivas, sino que además se dilapida la posibilidad de aprovechar sus recursos genuinos de manera sustentable en el tiempo. ÁREAS PROTEGIDAS EXISTENTES E INTEGRACIÓN REGIONAL La grave situación que pesa sobre los bosques nativos de la región chaqueña se agrava si se tiene en cuenta la escasa superficie integrada al sistema de áreas protegidas, que si bien ha crecido en los últimos años, en la práctica representa menos de 1% de su superficie (Burkart, 2009). De estas áreas protegidas, solamente 6,1% de

ellas presentan un grado de control aceptable, en tanto que para algunas de las áreas protegidas de mayor tamaño se cuadriplicó la disección de sus entornos –es decir, la fragmentación y reducción de los remanentes de bosque nativo– en las últimas tres décadas (Burkart, 2009). Un gran número de áreas protegidas de la provincia de Córdoba carecen de recursos humanos y económicos para su resguardo. Los corredores biológicos de reciente sanción no poseen plan de manejo, ni relevamientos de sus valores de conservación, o un mínimo nivel de implementación a campo de proyectos de conservación (Schneider et al. Inédito, 2009; SEP, Guardaparques Provinciales, 2009). Es así como se pone en riesgo la continuidad de la diversidad biológica de las comunidades silvestres allí presentes (Burkart, 2009; Matteuci, 2009).

VALOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

La deforestación de los escasos fragmentos de bosque nativo remanentes en la provincia de Córdoba, tanto para agricultura intensiva como urbanización y otras actividades humanas no sustentables en la manera en la que se están realizando, afecta de manera irreversible la biodiversidad, genera la eliminación de servicios vitales para el hombre, incrementa la brecha socioeconómica, modifica y debilita las estrategias campesinas y favorece la expulsión de familias del campo. Este panorama desolador es el que nuestra provincia ha comenzado a transitar desde hace más de tres décadas. Lo más preocupante de esta grave situación es que, no sólo no se ha detenido, sino que la velocidad de estos cambios es vertiginosa. La amenaza sobre la sociedad de Córdoba es sin precedentes y las respuestas requeridas tienen que ver con el carácter público de la cuestión ambiental y con la decisión política de planificar estratégicamente en la escala territorial incluyendo la variable social y superando las coyunturas electorales. Las perspectivas a futuro para la sociedad cordobesa son difíciles de evaluar. Lo que sí es cada vez más claro es que los emergentes ambientales son acompañados por un aumento de la conflictividad social.

El incremento en el gasto del Estado para paliar los cada vez más numerosos emergentes de esta situación aún no ha sido contabilizado. En el corto plazo, las perspectivas de presupuesto público en lo que hace a infraestructura para eventuales catástrofes climáticas, gastos de salud por nuevas epidemias e intoxicaciones por agrotóxicos, la escasez de agua potable en los centros urbanos, entre muchas otras situaciones, hablan de crecientes erogaciones de las arcas públicas. En el largo plazo, las consecuencias de la ausencia de políticas públicas están arrastrando a Córdoba a una situación de crisis ambiental prácticamente irreversible. Conservar los escasos ecosistemas naturales –los bosques entre ellos– es un acto de racionalidad e inteligencia, ya que son éstos los únicos que podrán asegurar el mantenimiento de todos los servicios y actividades –incluyendo la producción agropecuaria– que sustentan nuestras vidas.

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CONSIDERACIONES FINALES

INFORME COTBN

Es posible y sustentable –desde el punto de vista ecológico, económico y social–, el mantenimiento de las comunidades campesinas e indígenas en relación al uso racional y conservacionista de los bosques nativos (Díaz y Cáceres, 2001; Morello et al., 2009). Los conocimientos relacionados con especies botánicas utilizadas como alimentos y componentes de infusiones o de propiedades tintóreas en nuestra provincia se concentran en las comunidades tradicionales rurales de pequeños productores ganaderos del noroeste; la importancia que se le adjudica al bosque serían factores claves en la conservación de este conocimiento tradicional (Karlin et al., 1992; Trillo et al., 2007; Scarpa, 2004). Salguero (2008) describe el significativo valor económico y simbólico de la caza y recolección de frutos silvestres en comunidades campesinas del noreste de Córdoba. Otro ejemplo lo constituye la recolección de goma de brea, que contribuye de manera significativa en los ingresos de las familias campesinas, dándole mayor sustentabilidad al sistema productivo (Von Müeller et al., 2007). Todo ello demuestra que la producción diversificada en los ambientes con bosque nativo permite ingresos importantes para el sostenimiento de las familias en la región (Karlin et al., 1992; Calvo et al., 2007; Bocco et al., 2007; Cavanna et al., 2009.) Pero las perspectivas de que ello se siga manteniendo son muy pocas. Las transformaciones producidas en el Chaco Árido cordobés han producido un doble efecto de incremento de la deforestación para la implantación de cultivos intensivos, combinado con la expulsión de pequeños campesinos y sus prácticas productivas (CELS, 2002; Defensor del Pueblo de la Nación, 2006; Britos y Barchuk, 2008; Cátedra UNESCO, 2009; Cáceres et al., 2010).

[Bases para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos]

UN MAPA DE TODOS l proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en el marco de la Ley Nacional 26.331 y en respuesta a la dramática disminución regional del bosque nativo en la Provincia de Córdoba, propuso regular de manera integral las actividades y estrategias que tienen que ver con el bosque nativo mediante un proyecto de Ley que alcanzó estado parlamentario (Proyecto Nº 6.562), fruto de un amplio consenso de diversos sectores sociales. Se procuraba con la propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) que sus disposiciones sean de orden público ambiental de manera de regular el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. La Ley Nacional define Categorías de Conservación de manera de zonificar las estrategias de conservación y la prescripción de actividades en los bosques nativos. Para ello la norma prescribe la consulta a la población (proceso participativo) y orienta el ordenamiento según Criterios de Sustentabilidad definidos en el anexo de dicha Ley. Los criterios deberían ser utilizados para la construcción de las áreas o categorías de conservación, bajo la forma de mapas combinados en Sistemas de Información Geográfica. De esta manera, se determina geográficamente las estrategias de conservación, recuperación y se prescribe cómo se manejarán y gestionarán los bosques nativos. La aplicación de los criterios de sustentabilidad para ordenamiento te-

rritorial de los bosques nativos requiere de conocimientos científicos del territorio como de las teorías ecológicas que fundamentan las propuestas y decisiones. PROCESO PARTICIPATIVO La ordenación del territorio se considera como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de la sociedad. Las comunidades que habitan la región deben tener posibilidades de participar teniendo en cuenta sus perspectivas de vida y los mecanismos para lograr los modelos a futuro. El artículo 6º de la Ley Nacional 26.331 establece que para la sanción del OTBN debe realizarse a través de un proceso participativo. Es por ello que es importante integrar la valoración de criterios y aportes de las comunidades, pobladores, organizaciones sociales e instituciones en instancias de participación y consulta pública. Por otra parte, la Ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente–. Dichos artículos también establecen la participación ciudadana. El proceso participativo comenzó con la conformación de la COTBN a propuesta de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba el 24 de noviembre de 2008 a tres días de la culminación del plazo establecido por la Ley 26.331 para que las provincias realizasen sus ordenamientos. La misma estuvo integrada por una amplia representatividad, con miembros de instituciones y organizaciones vinculadas a la problemática ambiental y productiva: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Secretaría

de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Programa de Sistemas Agroforestales), Programa Social Agropecuario (PSA - SAGPyA), Administración de Parques Nacionales, Regional Centro (APN), Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), Federación Agraria Argentina (FAA), Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Colegio de Biólogos y ONGs como Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM), Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Ecosistemas Argentinos, Grupo Escalera, Foro de los Ríos, Fundación Conydes, entre otros. Se realizaron además siete talleres regionales en el interior de la provincia, en las localidades de: Sebastián el Cano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos, donde se posibilitó un amplio debate intersectorial sobre el proceso de ordenamiento territorial en cada una de estas regiones. Las mismas fueron divididas en base a las siete grandes cuencas o módulos de gestión ambiental. En cada módulo se analizaron y priorizaron los criterios de sustentabilidad de la Ley 26.331 y se propusieron límites a las categorías de conservación. Además se elaboró una lista de actividades de manejo admitidas a los fines de cumplir las estrategias de zonificación permitida para cada categoría. Los participantes disponían de mapas de cuencas, político, suelos, hidrográfico, de altitud, de cobertura vegetal y uno en blanco, los criterios de la Ley 26.331 y una cartilla informativa de la misma. Mediante esta consulta se pretendió priorizar los crite-

La estrategia de conservación de los bosques como ecosistema considera en forma esencial a la cobertura de la vegetación. La cobertura vegetal es un atributo biofísico que sintetiza el funcionamiento ecosistémico (Forman, 1995) y es indicadora de la variación climática y de la desertificación (Wu, 2006; Verón et al., 2006; Maestre y Escudero, 2009). La aplicación de los criterios de ordenamiento sobre la cobertura de bosques, casos de “vinculación con otras comunidades naturales, vinculación con áreas protegidas existentes, integración

la provincia y se localizan en zonas montañosas, noroeste provincial y los humedales de Mar Chiquita. La mayor parte de la superficie provincial es una matriz de uso agropecuario de la tierra (más de 12 millones de ha) (Mapas Nº 1). La recuperación de bosques requiere de la existencia de corredores boscosos y riparios para la conectividad entre parches, así como de preservar gradientes ecológicos, vincular Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y la conectividad entre eco-regiones. Las áreas riparias usualmente mantienen una biodiversidad alta de flora y fauna en comparación con las áreas no riparias, siendo en muchos casos el refugio de especies de plantas y animales. Estas áreas proveen de hábitat a gran cantidad de especies silvestres, a la vez que actúan como corredores para el movimiento entre parches de vegetación en el paisaje fragmentado y ayuda a mantener las poblaciones en bosques. Cuanto mayor sea la conectividad entre los parches-hábitats, las especies podrán dispersarse de sitio en sitio con mayor facilidad (Robert et al., 2000; Price y Lovett, 2002). Así, se incluyen en la Categoría de alto valor de conservación a los márgenes de ríos y arroyos en franjas protegidas de al menos 250 metros de manera que permita la conectividad entre parches (Mapa Nº 5). En cuanto a la Existencia de valores biológicos sobresalientes y conectividad entre eco-regiones, la provincia de Córdoba está situada en el centro argentino, región con diversidad de climas (Capitanelli, 1979a), geomorfologías (Capitanelli, 1979b), presenta una confluencia de elevada diversidad de flora y fauna de diferentes orígenes (Sayago, 1969; Luti et al.,1979; Bucher y Ávalos, 1979) exis-

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CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD (ANEXO LEY 26.331)

regional y conectividad entre eco-regiones”, requiere reconocer la estructura de la cobertura como paisaje (patrón) conformado por la matriz, parches, corredores y las relaciones entre estos elementos a través de los flujos de energía, nutrientes minerales y especies. La matriz del paisaje ocupa la mayor superficie y presenta una superior conexión, jugando un papel dominante en el funcionamiento del mismo; los parches son aquellas superficies internamente homogéneas y los corredores son superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por su aspecto de lo que lo rodea. El valor del estado de conservación de los parches de bosques depende del origen, composición interna, tamaño, cantidad, grado de conectividad o de aislamiento, forma y efecto de borde de los parches; se manifiesta en forma diferencial en el espacio, incidiendo en el funcionamiento y dinámica de las comunidades que en ellos habitan (Forman, 1995; Farina, 2006). La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia en cuanto a la cobertura y el grado de fragmentación de sus bosques. El ordenamiento debe promover la conservación de los escasos bosques existentes. El 5%, 800.000 ha en parches de más de 1.000 ha, se reparte en 3,8% de Bosque Chaqueño Occidental, 0,6% de Bosque Chaqueño Oriental, 0,36% de Bosque Serrano Oriental y menos de 0,15% de Espinal. Los bosques alcanzan el 10% de la superficie provincial si se consideran todos los parches, cuyo promedio es de 2,5 ha. La vegetación nativa remanente no boscosa, representada por arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/o sistemas asimilables a los anteriores comprende el 13% de la superficie total de

INFORME COTBN

rios de la ley que luego se aplicaría a una ponderación de factores incluidos en un modelo multicriterio en forma de capas en el ordenamiento territorial. De la ponderación de los factores en la consulta social resultaron que el “Potencial de conservación de cuencas” y el “Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas” fueron los más seleccionados, de esta forma incorporándose como prioritarios en el modelo multicriterio bajo SIG. Así la definición de las capas del Sistema de Información Geográfico del modelo se relacionó con la valoración de los criterios de sustentabilidad (Anexo I de la Ley 26.331) y aportes de las comunidades para determinar las categorías de conservación, las actividades y las estrategias de recuperación y/o manejo de los bosques nativos. La participación social permitió además definir qué actividades productivas y de manejo se permitían en cada categoría (ver cuadro actividades).

Mapa Nº 1: Cobertura de la tierra

Mapa Nº 2: Áreas Naturales Protegidas

Salinas Grandes Cerro Colorado Monte de las Barrancas

Reserva Forestal Chancaní Parque Nacional Quebrada del Condorito Reserva Hídrica de Achala

Laguna La Felipa

ed Corr n alde or C

0 25 50 100 150 Km

Cobertura (ha) I (Roja) 1.806.743 II (Amarilla) 2.157.977 III (Verde) 12.507.848

Ralicó

0 25 50 100 150 Km

Referencias Monte de las Barrancas Espejos de agua Salinas

Áreas naturales protegidas

Nombre

Tipo

Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita

Decreto Pcial.

1.048.584

Cerro Colorado

Decreto Pcial.

2.816

Laguna La Felipa

Decreto Pcial.

1.276

Parque La Quebrada

Decreto Pcial.

4.220

Reserva Hídrica Pampa de Achala

Decreto Pcial.

154.488

Corredor Biogeográfico del Chaco Árido

Decreto Pcial. Corredor

1.410.423

Salinas Grandes

Decreto Pcial.

196.229

Chancaní

Decreto Pcial.

5.011

Monte de las Barrancas

Decreto Pcial.

7.658

Parque Nacional Quebrada del Condorito Ley Nacional

36.937

Ralicó

Convenio

15.258

Ralicó

Convenio- Decreto en aprob.

Corredor Calden

Corredor Biogeográfico Total

tentes en los relictos de pastizales pampeanos, relictos de bosques de Espinal, relictos del Bosque Chaqueño Serrano, Región del Chaco Árido, Salinas Grandes y de Ambargasta (Dargám, 1995). La depresión fluvio lacustre comprende lo que es la laguna Mar Chiquita (Mar de Ansenusa), los bañados del Río Dulce, las desembocaduras de los ríos Primero (Suquía), Segundo (Xanaes) y cursos dispersos. Constituye una amplia concavidad limitada por fallamientos profundos de orientación Norte-Sur, que recibe los aportes hídricos de los ríos antes mencionados, en cuya parte más baja está emplazado Mar Chiquita. Por su magnitud constituye la cuenca endorreica más importante de la República Argentina y por ende de la provincia de Córdoba (Reati et al., 1997). Es por ello que se consideraron con alto Valor de Conservación la cobertura de bosque remanente aun en parches de menos de 2,5 ha, bordes de lagunas de zonas de humedales de cuencas bajas, en especial de los ríos Popopis (Río Quinto) y Chocancharava (Río Cuarto), borde exterior de 8 km de las Salinas Grandes y de

Ambargasta y las ANPs, en especial el sito Ramsar de Mar Chiquita (Mapas Nº 2 y 5). Es importante destacar que las Salinas Grandes y Mar Chiquita constituyen los sectores más bajos de la provincia desde una perspectiva de cuenca que implique a las interjuridicciones de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y San Luis . ESTADO DE CONSERVACIÓN Y EL POTENCIAL FORESTAL La recomendación de normas de manejo que regulen el uso de los recursos forestales debe estar basada en el conocimiento de la estructura y dinámica de los mismos. Sin embargo, dado el estado de degradación de los bosques es necesario generar estrategias de recuperación, dado que es factible alcanzar nuevamente el potencial forestal (Villagra et al., 2004; Álvarez et al., 2006). La recuperación de bosques puede ocurrir a través de dinámica sucesional y la regeneración natural de las especies de la región dependen principalmente de la facilitación de plantas nodrizas, el tipo de

Hectáreas

6.775 678.677 3.568.354

suelos y la cantidad y distribución oportuna de los eventos lluviosos (Barchuk et al., 2005, 2008). También, son determinantes la capacidad de regeneración vegetativa de las especies leñosas (Bond y Midgley, 2001; Gurvich et al., 2005), las estrategias de las plantas para responder a las limitaciones de recursos especialmente el agua (Ogle y Reynolds, 2004; Reynolds et al., 2004) y la heterogeneidad en la oferta de los recursos (Rossi y Villagra, 2003; Tylianakis, 2008). En otros extremos, los bosques requieren de la intervención del hombre para su recuperación. Existen diversas observaciones sobre la respuesta de la vegetación al desmonte y al fuego, las cuales a menudo no son lineales y reversibles y conducen a umbrales entre los distintos estados (Westoby et al., 1989; Briske et al., 2005). Al moverse más rápidamente desde algunas condiciones o estados deseables, el costo de intervención o retorno del sistema a aquella condición también incrementa (Reynolds et al., 2005). Los modelos sucesional y de estados y transiciones son considerados extremos a lo largo de un

Mapa Nº 3: Pendientes

Mapa Nº 4: Suelos

0 25 50 100 150 Km

Pendiente

Mapa Nº 5: Ríos, arroyos, lagos y salinas

0 25 50 100 150 Km

Criterio

1.712.012 ha. >5% alto valor de conservación 449.973 ha. 3-5 % valor medio de conservación <3 % bajo valor de conservación 14.311.956 ha.

Suelos Alfisoles, Entisoles y Aridisoles Monte de las Barrancas Esp. de agua Salinas

0 25 50 100 150 Km

Zona Amarilla

Zona Roja

Referencias

Alfisoles Entisoles Aridisoles Total

Buffer lagos 239.347 Buffer ríos 688.393 Bordes salinas 254.200 Total (ha) 1.181.940

Monte de las Barrancas Espejos de agua Salinas *Bordes de ríos, arroyos y lagos *Bordes de Salinas Grandes y de Ambargasta

1.235.523 526.539 2.748.065 4.510.128

continuo y muchos sistemas se encuadrarían en ambas teorías (Briske et al., 2003, 2005). Se ha encontrado evidencias que en ambientes más áridos y con escasa vegetación leñosa, los sistemas atraviesan más fácilmente umbrales de no retorno y la productividad está estrechamente determinada por las precipitaciones (Vetter, 2005). Los procesos sucesionales y de estados y transiciones también pueden ser observados a escala de paisaje, donde se integran las heterogeneidades espaciales, temporales y de manejo en distintos estados como “mosaicos cambiantes” (Forman, 1995) o estados inestables de la

Mapa Nº 2. Áreas Naturales Protegi-

das de la provincia de Córdoba. Mapa Nº 3. Zonificación por clases de pendientes. Mapa Nº 4. Suelos. Distribución espacial de órdenes de suelos Aridisoles, Entisoles y Alfisoles, según Mapa de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. vegetación (With y Crist, 1995; Morello et al., 2005) que pueden conducir hacia mayor conectividad o por el contrario mayor fragmentación. En cuanto al Potencial de sustentabilidad agrícola, el territorio provincial posee extensas regiones con suelos sin aptitud agrícola y que fueron clasificados como Entisoles, Aridisoles y Alfisoles (Jarsún et al., 1989). En dichos suelos no es factible la implementación de actividades agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo, sin embargo, en grandes superficies, ocurrió el cambio de uso de la tierra ocasionando procesos erosivos, sali-

Mapa Nº 5. Ríos, arroyos, lagos y salinas. Zonificación roja de fajas de conservación de 250 m. a cada lado de la orilla de ríos y arroyos. Zonificación roja faja de conservación de 250 m. de borde de lagos y bañados. Zonificación roja en faja de conservación de 8.000 m. de bordes de Salinas Grandes y Ambargasta.

nización y mayores descensos en la productividad. Es necesario recuperar estos suelos y otorgarles un valor de Conservación II, conduciéndolos a arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, y/o sistemas asimilables a los anteriores (Mapa Nº 4). CONSERVACIÓN DE CUENCAS El territorio de la provincia de Córdoba está recorrido de norte a sur por montañas y sierras, rodeadas por tierras bajas situadas al Oeste, Este y Sur de las mismas.

INFORME COTBN

MAPAS DE CRITERIOS Mapa Nº 1. Cobertura de la tierra: bosques en buen estado de conservación y bosques secundarios (rojo), arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/o sistemas asimilables a los anteriores, en la provincia de Córdoba (amarillo) y zonas con cambio de uso de la tierra sin cobertura de bosques y otros tipos de vegetación nativa (verde).

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* A 250 metros de la línea de rivera de cada lado * A 800 metros del borde de las salinas

o Dulce Chiquita

brada

ala

ográfico o

arrancas

Mapa de zonificación para el OTBN Referencias Espejos de agua Salinas Zona de bajo valor de conservación Zona de mediano valor de conservación Zona de alto valor de conservación Categoría de Conservación (ha) I (Roja) II (Amarilla) III (Verde)

0 25 50 100 150 Km

Una de las más valiosas funciones es la captación de agua atmosférica, su almacenamiento y su posterior provisión a los ríos (Vázquez et al., 1979), aspecto que es reconocido mundialmente (Mark & Dickinson, 2008). La cobertura vegetal influye fuertemente sobre la cantidad total, la estacionalidad y la calidad del agua disponible para uso humano a través de los ríos (Brown et al., 2005; Brauman et al., 2007; Samani et al., 2009). Los procesos de recuperación de la cobertura depende de procesos biofísicos facilitados por las transferencias de recursos desde zonas altas a bajas, desde pobres o bajas concentraciones (parche fuente) a zonas ricas o de alta concentración/acumulación de recursos (parches sumideros) Tipo Hectáreas (Noy-Meir,1985; Saco et al., 2006). La recuperación de la cobertura a nivel cuenca Decreto Pcial. 1048584 y de sistemas riparios conlleva al mejoraDecreto Pcial. miento de la dinámica 2816 hídrica y la reducDecreto Pcial. ción de la fragmentación 1276 de las masas boscosas (Ferreira et al., 2005; Van Looy Decreto Pcial. 4220 & MeirePatrick, 2009) puede incremende los parches de actuar Decreto Pcial. tar la capacidad154488 como sumideros de recursos tales como Decreto Pcial. agua, nutrientes, propágulos (Tongway y Corredor 1410423 Ludwig, 2005). Entonces, tienen alto Decreto Pcial. 196229 valor de conservación la cobertura vegetal Decreto Pcial. como protección5011 de nacientes, bordes de Decreto Pcial. cauces de agua permanentes 7658 y transitorios, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios

al ondorito Ley Nacional

3.931.951 2.830.165,65 8.832.939,66

Convenio Convenio- Decreto en aprov. Corredor Biogeográfico

36937 15258 6775 678677

de humedales Ramsar (Mar Chiquita) y áreas con pendientes superiores al 5% (Mapas 3 y 5). En cuanto al Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes, se estableció una tabla de actividades donde el uso y valor de las comunidades campesinas comprendía tanto las zonas rojas como amarillas. Cuando se habla de uso se entiende al que pueden hacer de los recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. El manejo sustentable implica el uso múltiple del bosque en base a la diversidad y su capacidad de renovabilidad.

Agosto 2007) obtenidas de la CONAE. La clasificación supervisada de imágenes satelitales permitió obtener la cobertura de bosques nativos, otros estados de la vegetación y los territorios donde ya ocurrió cambio de usos de la tierra debido a actividades culturales. Se realizó la definición cuencas como entidades biofísicas que concentran relaciones funcionales donde se observan unidades de cobertura y los usos de la tierra. En base a imágenes satelitales de altitud se calcularon cuencas, pendientes, definición de la red hidrográfica, lagos y lagunas y fueron corregidos mediante cartas topográficas del IGN. Para la confección del modelo multicriterio, se definieron los mapas de criterios de acuerdo a lo prescripto por la Ley 26.331 (en total 10 criterios). Se considera que cada criterio brinda la base para una decisión que puede medirse y evaluarse. En una planificación puede seguirse dos tipos de criterios: las restricciones (mapas de máscara) limitan las alternativas en consideración (zonas rojas / con agua / asentamientos urbanos), y los factores que mejoran o reducen la aptitud de una alternativa para la actividad específica (escala desde no bosque a bosque, poblados: más vulnerable a poca distancia, pendiente: más vulnerable pendientes superiores al 5%, superficie: tamaño requerido para unir corredores). De la consulta pública y ante la emergencia de bosques nativos surgió la definición de criterios tipo restricciones como base para la construcción del mapa de ordenamiento.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

En base a Sistemas de Información Geográfico (SIG) se utilizaron técnicas que permitieron la visualización y combinación de variables biofísicas relativas a los criterios de ordenamiento de la cobertura de vegetación (Chuvieco, 2006; Gasparri et al., 2010). Para ello se montó una base de geodatos: Mosaico del Modelo Digital de Altitud (DEM), Mapa de Suelos del Atlas de Suelos de la República Argentina, Áreas Naturales Protegidas y el Mosaico en base a 12 Imágenes Landsat5 (Julio-

En el Mapa 6 se presenta la zonificación territorial de la provincia de Córdoba de acuerdo a las siguientes categorías de conservación, y en la Tabla 1 la prescripción de actividades permitidas para cada categoría: -Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de

den hacer proyecciones de los cambios y evaluaciones a futuro del proceso de OTBN (Wu, 2006; Xiao & Weng, 2007; Cousins et al., 2007). El proceso de ordenamiento también requiere que se gene-

ren más conocimientos para resolver técnicamente la problemática de recuperación en las distintas categorías de conservación tanto a escala de paisajes como a escalas locales

Actividad Desmonte y uso de árboles nativos Desmonte total o parcial Despeje en áreas específicas como vías de escurrimiento, represas rurales, picadas contrafuegos, picadas de luz, sitios para instalación de alambrados y en bordes de caminos Tala o raleo de plantas individuales Podas y raleo del rebrote de árboles y arbustos Recolección de leña seca Tala o raleo mecánico con maquinarias pesadas de plantas individuales Forestación y reforestación Plantación de árboles exóticos Plantación y sembrado de plantas autóctonas de la eco-región Aplicación de técnicas de restauración (enriquecimiento, clausuras, dispersión secundaria por animales, etc.) Ganadería Uso ganadero sustentable de bosques Manejo del sotobosque (fertilización con residuos orgánicos, intersiembra con pasturas) Uso de recursos no madereros Extracción de plantas nativas enteras Caza o captura de animales nativos Uso de plantas aromáticas, medicinales, cesteras y tintóreas Recolección de frutos silvestres Apicultura Uso de turismo Turismo rural extensivo (caminatas, tours fotográficos, etc.)

Rojo

Amarillo

Verde

NO (SI)1

NO (SI)2

(SI)3 (SI)3

NO (SI)1 (SI)1

(SI)2 (SI)2 (SI)2

(SI)3 (SI)3 SI

(SI)3

(SI)2

(SI)3

(SI)1

(SI)2

(SI)1

(SI)2

(NO)1

(SI)2

NO NO

NO (SI)2

(SI)3 (SI)3

(SI)1 (SI)1 (SI)1

(SI)2 (SI)2 SI

SI SI SI

(SI)1

Observaciones: (SI)1 Sujeto a Plan de Conservación, (SI)2 Sujeto a Plan de Manejo Sustentable, (SI)3 Sujeto a Plan de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo, (NO)1 A los fines de garantizar el enriquecimiento: Técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos de especies o de genotipos en un Bosque Nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente. Cuando no se cuente con especies autóctonas adecuadas al estado de regresión del lugar, con el objeto de estimular la progresión sucesional, puede incluir a especies alóctonas o exóticas, no invasoras, hasta tanto las especies autóctonas se puedan desarrollar adecuadamente.

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Tabla Nº 1. Tabla de actividades por categorías de conservación (Técnica Delphi)

INFORME COTBN

cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas, y pueden ser objeto de investigación científica. Se incluyen en esta categoría la cobertura de los bosques nativos existentes en toda la provincia de Córdoba al momento de sancionarse la Ley 26.331 (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos), los márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas; médanos y humedales; bordes de salinas, áreas con pendientes iguales o superiores al 5%. -Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración ecológica pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a manejo sustentable e investigación científica. Son áreas de vegetación nativa que actualmente no tienen cobertura boscosa pero tienen el potencial de recuperarla (arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/o sistemas asimilables a los anteriores), suelos sin aptitud para el cambio de uso de la tierra. -Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que se transformaron en su totalidad por cambio de uso de la tierra. El proyecto de OTBN no es estático y debe ser factible de ser monitoreado y evaluado. Para evaluar el proceso de ordenamiento es necesario considerar los cambios de la cobertura y cambios de usos de la tierra (CCyCUT), de manera de incorporar en la dimensión temporal a los patrones espaciales de la cobertura del bosque y su recuperación. En base a la evaluación de los cambios, CCyCUT desde una perspectiva histórica-espacial se pue-

[Análisis comparativo de la Ley Provincial frente al marco nacional]

AMBIGÜEDADES, VACÍOS Y CONTRASENTIDOS a provincia de Córdoba se encuentra bajo amenaza de perder los escasos bosques remanentes y está en riesgo su población, no sólo por la limitación creciente de los recursos vitales como el agua y los servicios ecológicos del bosque nativo, sino también por el incremento de los conflictos sociales por el acceso a dichos recursos y el avance de la desertificación. La perspectiva que se avizora es que la provincia de Córdoba continuará con la reducción del bosque nativo y con ello la pérdida de biodiversidad, diversidad genética y de sus recursos naturales: maderas, frutos, semillas, mieles, plantas medicinales, resinas, taninos, compuestos esenciales, carbón vegetal, materias primas para la industria, materiales para la construcción y producción de artesanías, fauna nativa de interés económico, entre muchos otros. Todo esto repercutirá además en la pérdida de suelos, degradación de cuencas y reducción del aporte de agua potable en cantidad y calidad, pérdida de identidad cultural y exclusión de comunidades campesinas e indígenas. La escasa cobertura boscosa existente se ubica al noroeste de la provincia de Córdoba, sector de clima árido-semiárido con un índice de aridez (cociente entre las precipitaciones anuales y la evapotranspiración) comprendido entre 0,12 y 0,5 –las zonas áridas del mundo oscilan entre 0,05 y 0,65– y alto riesgo de desertificación. Es en este territorio donde continuará el avance de la frontera agropecuaria del agronegocio y la desertificación. De acuerdo a la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) de la ONU,

la cobertura de la tierra es indicadora de la desertificación y de que coberturas muy bajas generan umbrales de degradación irreversibles. Según las tendencias de pérdida de cobertura que registra nuestra provincia probablemente hayamos superado los umbrales de irreversibilidad de desertificación. Ésta es definida por la CLD como “la reducción o pérdida de la productividad económica y complejidad de los ecosistemas terrestres, incluyendo a los suelos, vegetación y a otros componentes bióticos de los ecosistemas, así como a los procesos ecológicos, biogeoquímicos e hidrológicos que tienen lugar en los mismos”. La Ley Provincial 9.814, sin considerar la situación de emergencia de la provincia, incluye la “explotación” y el “aprovechamiento sustentable”, es decir, habilita desmontes en las categorías de conservación I y II (Art. 5º) e incide negativamente en la conservación del bosque existente, de las Áreas Naturales Protegidas y en la recuperación del mismo. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS En la provincia de Córdoba existen Áreas Naturales Protegidas declaradas mediante numerosos decretos provinciales y en teoría comprenden el 21% del territorio provincial (3.568.354 ha), de acuerdo al digesto de cartografía de límites y cálculos de superficies para las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) contempladas en el Sistema de ANPs de Córdoba. Pero en la realidad, la superficie protegida es inferior a 30.000 ha. De acuerdo a un extenso in-

forme de Guardaparques Provinciales elevado a la Secretaría de Ambiente, la mayoría de dichas áreas ha sido desmontada en diferente grado (Corredores biogeográficos del Chaco y del Caldén), mientras otras no poseen presupuestos para su mantenimiento, ni se prevé lo establecido por la Ley Provincial 6.964 de ANPs para su reglamentación ni la reglamentación del Cuerpo de Guardaparques. La escasa efectividad para la protección de bosques se pone en evidencia en la supuesta conectividad de “corredores” establecidos por Decreto Provincial Nº 891/03 (los Corredores Biogeográficos del Caldén y del Chaco Árido). Así, el “Corredor del Caldén” presenta un 97% del territorio desmontado. A excepción de las aproximadamente 5.000 ha de la Reserva Chancaní, es muy exigua la superficie boscosa en buen estado de conservación en las más de 16.400.000 ha de la provincia, distribuyéndose como pequeños parches aislados en una matriz de tierras cultivadas. De esta forma, las áreas naturales protegidas actuales funcionarían como verdaderas islas, en las cuales la composición de especies (biodiversidad) y el funcionamiento de los ecosistemas, se verían altamente comprometidos por la amenaza que representan los ecosistemas altamente modificados que rodean a las áreas de reserva. En este sentido, el espíritu de la Ley Nacional apunta a fortalecer la función de las áreas protegidas, a establecer vínculos estrechos (conectividad) entre ellas y con otros sistemas naturales y seminaturales, y a conservar parches de bosques del mayor tamaño posible. Al posibilitar la interven-

RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN DEL BOSQUE A pesar de los escasos bosques que quedaban al momento de la promulgación de la Ley 26.331 (2007), ocurrieron en época de veda desmontes ilegales e incendios. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación informa un total de

99.935 ha incendiadas en agosto de 2009, y en octubre del mismo año la superficie quemada alcanza las 300.000 ha, agudizando la situación de emergencia forestal que tiene la provincia. Al respecto, hay que agregar que en los últimos 10 años en el noroeste de Córdoba se desmontó especialmente para uso ganadero, a tasas increíblemente altas (más de 6% anual). Ello dio lugar a los llamados “sistemas silvopastoriles” que producen ganado bovino en grandes superficies desmontadas dejando como remanente árboles maduros y una elevada proporción de suelo desnudo. Acompañando al desmonte se siembra pasturas megatérmicas, con lo que se consigue aumentar la carga ganadera en años buenos, todo ello a costa de la regeneración natural del bosque.

A la fragmentación o pérdida de conectividad de las comunidades vegetales nativas le sigue la expansión de especies exóticas, potenciales invasoras de los ecosistemas de la provincia. La proliferación de algunas especies muy agresivas, principalmente en el Bosque Chaqueño Serrano en las Sierras Chicas de Córdoba, reduce la biodiversidad de plantas nativas de estos bosques y modifica no sólo la biodiversidad sino también el funcionamiento hídrico. Mientras la Ley Nacional prioriza la conservación de sitios de excepcional interés por incluir especies o funciones de valor único a escala local, nacional y global, la Ley Provincial 9.814 es ambigua ya que deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento sustentable” (según su defi-

INFORME COTBN

ción sobre ellas e incrementar las posibilidades de aislamiento de las mismas, la Ley Provincial sancionada profundiza la grave situación de las ANPs. En estas áreas se permite el desmonte bajo el Artículo 14 y el “aprovechamiento sustentable” definido en el Artículo 5º, en controversia con la Ley Provincial 6.964.

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Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

Cobertura de bosques y aguas subterráneas*

Referencias Área agua subterránea con aptitud para riego Lagos y Salinas Bosque Nativo Otros tipos de vegetación nativa

0 37.5 75

150 Km

* Superposición de cobertura de bosque con área potencial (subterránea) con aptitud para riego suplementario.

nición) aun en territorios de fundamental interés e importancia como los mencionados. La provincia de Córdoba reúne ecosistemas con valores biológicos excepcionales, ya sea por su unicidad (Pampa de Achala, Salinas Grandes, Chaco Seco del norte y oeste provincial), como por ser muestras únicas de confluencia de flora y fauna de diferentes orígenes (pastizales pampeanos, relictos de bosques de Espinal, Bosque Chaqueño Serrano). La nueva norma es insuficiente para proteger estos sitios de incalculable valor. Según un informe, son numerosas las especies extinguidas y aún más las que están en vías de extinción, debido a la pérdida de hábitats y fragmentación de los bosques nativos. Mediante su Artículo 5°, la Ley 9.814 anula toda posibilidad de recuperación del bosque, ya que deja sin categoría a “aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho”. La situación general de la provincia es que 12 millones de hectáreas han sufrido cambio de uso del suelo. A pesar de esto y dada la condición de aislamiento que muestran muchos fragmentos de ecosistemas naturales de la provincia, como así también sus áreas pro-

tegidas, resulta imprescindible restablecer y garantizar la conectividad entre eco-regiones. A escala local, es igualmente recomendable que se establezcan corredores biológicos que aseguren el flujo génico entre poblaciones de distintos organismos y reduzcan el aislamiento que puede conducir a la pérdida local de especies. A tal efecto, son necesarios los corredores biológicos tipo riparios (referido a la vegetación junto a los ríos, arroyos, vías de escurrimiento principales) que conecten territorios severamente fragmentados, como por ejemplo la región serrana con los humedales del noroeste, humedades del sureste, los pastizales pampeanos del sureste, los bosques del Espinal del centro y sur de Córdoba, los bosques chaqueños del norte y oeste provincial y las salinas. En este sentido, es imprescindible la protección (inclusión en Categoría I) en fajas continuas donde se promuevan procesos de conectividad a escala de paisaje. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE La Ley 9.814 define a las categorías de conservación por debajo de los presupuestos mínimos ambientales de la Ley Nacional 26.331. Habilita en las Categorías I y II el “aprovechamiento sustentable” de los bos-

ques nativos, independientemente de su estado de conservación, priorizando la “explotación” del bosque en función de una única actividad que es la ganadería bovina. La Ley Nacional en su intención de preservar e incrementar la superficie con bosque establece claramente la prohibición del descenso de categoría de conservación y da lugar al cambio hacia una categoría superior. Sin embargo, en su Artículo 14 la ley provincial permite el cambio de categoría de conservación para “aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, que se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde)” violentando los principios establecidos en la Ley Nacional. La disponibilidad actual de recursos forestales es escasa y su capacidad productiva futura está en riesgo. Sin embargo, es posible recuperar el potencial forestal de los bosques secundarios y matorrales de las sierras y del oeste y noroeste de la provincia gracias a los mecanismos de regeneración de las especies. Los matorrales juegan un papel importante en la facilitación de la regeneración natural y presentan importantes depósitos de carbono. La recuperación de los matorrales a bosques secundarios y a bosques maduros es un proceso espontáneo, conducido por la sucesión vegetal y no requiere de mayores insumos. Aquí es fundamental tener en cuenta que la gran expansión de la frontera agropecuaria para cultivos extensivos y ganadería bovina –que la Ley 9.814 incluye como “aprovechamiento sustentable”– de los últimos 20 años, determinaron una pérdida superior al 40% de los bosques maduros en el mismo territorio. Las actividades y el cambio de uso de la tierra ocurrido en el territorio no consideraron la aptitud de los suelos de la provincia para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La provincia presenta una elevada proporción de su territorio con clases de usos no aptos para cultivos o aptos para uso agropecuario con cubierta vegetal natural permanente. Se promueve que prosiga el cultivo en tierras no aptas, zonas que están mostrando graves problemas de erosión eólica y desertificación como en

PROVISIÓN DE AGUA La situación actual de degradación de la cobertura vegetal de cuencas de captación de agua no aseguraría la provisión de agua, de vital importancia para la supervivencia y la economía en Córdoba. La Ley 9.814 también va en desmedro de la conservación de cuencas hídricas y de asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. Le quita valor de protección a cuencas, áreas de resguardo de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, áreas de recarga de acuíferos, sitios de humedales o Ramsar. Además, desconoce el efecto de la geomorfología en la regulación de la dinámica hídrica ya que omite la especificación de proteger las áreas cuya pendiente sea superior al 5%, umbral establecido por la Ley 26.331.

Con respecto a la importancia de la cobertura vegetal de una cuenca, un estudio inédito de los investigadores de la UNC confirma que las áreas serranas con vegetación nativa (bosques y pastizales) aportan más agua a los ríos que las deforestadas. Esta evaluación fue realizada en la parte alta de las cuencas de las sierras de Córdoba (18 cuencas hídricas en la zona alta de las Sierras Grandes), normalmente consideradas como “productoras” de agua. Los primeros datos muestran que durante la estación seca (de mayo a setiembre), en la zona de formación de los ríos y arroyos cordobeses con alguna cobertura de bosque (15 a 30%) “se produce en promedio unos 2.300 metros cúbicos de agua por mes y por kilómetro cuadrado”, mucho más que en las cuencas sin bosques nativos. La situación es crítica dado la baja cobertura de las grandes cuencas del este de Córdoba: Suquía - Xanaes, Talamochita y Chocancharava. Esto implica escasa capacidad de las grandes cuencas de regulación hídrica y posibilidades de almacenamiento de agua. El estado actual de las cuencas, especialmente la casi destrucción de su cubierta vegetal natural, ha desembocado en graves problemas en el almacenamiento y provisión de agua para consumo humano. Este problema impactará en la población que depende de estas verdaderas “fábricas de agua” que son las sierras, casi las 2/3 partes de la población de la provincia. Tan relevante es esta problemática que ha merecido extensas páginas y espacio en los más variados medios locales y nacionales. Por otra parte adquiere especial relevan-

cia el mapa de riego de la provincia de Córdoba elaborado por el INTA, el cual determina los potenciales sectores que podrán estar afectados por el desmonte (Ver Mapa de riego de la provincia de Córdoba en página web). Existe un preocupante solapamiento entre los mapas de potencialidad de riego elaborados por el INTA con las áreas de mejor estado de conservación del bosque nativo. En consecuencia, la posibilidad de desmontes para uso de la agricultura bajo riego es una amenaza inminente para los relictos de bosque. Esta región se caracteriza además por poseer suelos de categoría VI y VII no aptos para agricultura y esto también lo informa el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Entre las reservas subterráneas amenazadas, la principal es el acuífero de Conlara, donde además están los bosques remanentes. Lamentablemente según las proyecciones de avance de la agricultura con riego por pivote central, es esperable más desmontes en el oeste provincial, lo que implica un alto riesgo para los departamentos de Pocho, Minas, San Alberto y San Javier. COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS La Ley 9.814 no promueve la conservación de bosques nativos como hábitat y territorio de las comunidades campesinas e indígenas a las que el bosque les provee bienes y servicios. Tampoco considera de manera integral las actividades y estrategias de estas comunidades con respecto al bosque nativo. No prescribe cómo se ma-

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gran parte del suroeste provincial. La escasa cobertura vegetal de las áreas serranas y pedemontanas contribuye con procesos de erosión hídrica y frecuentes crecientes a una extensa planicie deprimida del este cordobés correspondientes a las cuencas bajas de los ríos Popopis (Río Quinto) y Chocancharava (Río Cuarto). Es importante destacar la gravísima situación ambiental ocasionada por la pérdida de la cobertura de los bosques de caldén, donde quedan menos de 15.000 ha en grandes parches de las 3 millones de hectáreas de origen. La falta de protección de los suelos genera el avance de médanos y la erosión eólica en zonas con suelos tipo Entisoles, y la aplicación de la Ley 9.814 cerraría la puerta para toda posibilidad de mitigación de dicho desastre.

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1, 2. Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

nejarán y gestionarán teniendo en cuenta a sus pobladores y sus estrategias productivas. Las comunidades campesinas podrían quedar afectadas al no definirse en la Ley las actividades forestales y el uso múltiple del bosque. El avance de la frontera agrícola ha conducido a un confinamiento de los sistemas de producción campesinos, generando condiciones de migración, resistencia o adaptación al territorio. El avance de la ganadería de grandes estancias afectó las condiciones de producción caprina y conducirá al sobrepastoreo y a un fuerte impacto sobre la vegetación, suelo y productividad. El avance de la frontera agrícola de los últimos años en el Chaco Árido elevó el valor de la tierra, lo que trajo como consecuencia un aumento

EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

En cuanto a los criterios de sustentabilidad pautados en la Ley Nacional 26.331, la recientemente sancionada Ley Provincial 9.814 no cumple con lo siguiente: Superficie. No tiene en cuenta los ecosistemas que están en proceso de extinción, en donde el tamaño mínimo de hábitat disponible no asegura la supervivencia de las comunidades vegetales y animales, especialmente importante para las grandes especies de carnívoros y herbívoros. Vinculación con otras comunidades naturales. No se determinan formas de vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional. Se favorece el aislamiento en parches de áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial y reduce su valor de conservación al incorporarle el aprovechamiento sustentable, o sea se posibilita la

de la conflictividad de la misma afectando a la producción familiar campesina, por lo que desaparecieron el 40% de los establecimientos agropecuarios (EAPs) menores de 200 ha en el período 1988-02. Además repercutió en una homogeneización espacial, pérdida de la biodiversidad e ineficiencia en el aprovechamiento del recurso natural. Todo indica que la situación social y económica del interior se agravará de continuar este proceso de expulsión de población. Es importante destacar que los bosques nativos remanentes se encuentran en el extremo noroeste y el oeste de la provincia de Córdoba, comprendiendo un sector del Chaco Árido de la provincia Fitogeográfica Chaqueña. La zona pertenece al

intervención sobre las áreas protegidas. Existencia de valores biológicos sobresalientes. No se apunta a fortalecer la cobertura de bosques a fin de establecer vínculos estrechos (conectividad) entre ellas y con otros sistemas naturales y seminaturales y a conservar parches de bosques del mayor tamaño posible. Conectividad entre eco-regiones. No se favorecen los corredores boscosos y riparios que garantizan la conectividad entre eco-regiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies. Estado de conservación. Incluye el concepto de aprovechamiento sustentable en el de conservación. Cualquiera sea el estado de conservación, se somete a los parches de bosque a un único uso definido por el aprovechamiento sustentable: la ganadería con rolado e introducción de pasturas exóticas, y no tiene en cuenta las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. Potencial de sustentabilidad agrícola. Promueve que se continúe cultivando en tierras no aptas para cultivos y que son sustentables con vegetación nativa. Por otra parte, la degradación –con-

Dominio semi-desértico, de las planicies del Noroeste, con excesivo déficit anual de agua y sin invierno térmico. El promedio de precipitación anual se halla por debajo de los 450 mm. Esta región tiene como limitante principal el agua tanto para el ecosistema como para la vida humana. Todas las comunidades campesinas de este territorio carecen de agua potable, la mayoría de las aguas tienen diferente grado de salinización y en un alto número de casos con arsénico. Mientras los pobladores tienen dificultades en el acceso al agua potable, las grandes reservas subterráneas de agua dulce que hay en la zona son aprovechadas por empresas que han instalado enormes equipos para riego.

secuencia de los malos manejos esperados– empeorarían aún más el potencial productivo de los suelos. Potencial de conservación de cuencas. Es ignorada la posición estratégica que tiene la conservación de las cuencas hídricas de Córdoba para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. Incluso fueron desestimados el resguardo de nacientes, áreas de recarga de acuíferos, sitios de humedales o Ramsar, áreas con pendientes superiores al 5%. Valor de las Comunidades Indígenas y Campesinas. Promueve una ambigua idea del aprovechamiento sustentable que implica sólo la perspectiva de cambios de uso del suelo enfocados hacia la gran propiedad con ganadería tipo empresarial o agricultura intensiva bajo riego, permitiendo el incremento de la conflictividad entorno a la posesión de la tierra en comunidades indígenas y campesinas. Potencialidad Forestal. No se reconoce la potencialidad de recuperación forestal de los bosques de la provincia de Córdoba.

La Ley 9.814 legisla bajo el concepto de la existencia de áreas que poseen una posición estratégica en cuanto provea agua para riego. Así, el Artículo 14 expone abiertamente la intención de violentar el principio establecido en la Ley Nacional 26.331, Arts. 9 y 14 y Art. 9 del Dto. Reglamentario 91/09, al establecer que: “En aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde)”. Además, precisa zonas estratégicas que se las considera directamente en la Categoría de Conservación III (verde) y las define como “aquellas destinadas a caminos, alambrados, mangas, corrales, represas, viviendas, contrafuegos, para permitir sustentar actividades sin sobrepastoreos, con rotaciones, atenuando el impacto de sequías y con un manejo de rodeos que permita la preservación del ambiente”, mostrando abiertamente el grado de sesgo de la ley provincial a potenciar y resguardar la actividad de ganadería bovina de gran escala. En cambio para la Ley Nacional 26.331 lo estratégico es “la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por cada eco-región forestal del territorio nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de servicios ambientales estratégicos”.

¿DE QUIÉN ES LA LEY? En las últimas décadas, las comunidades campesinas del noroeste de Córdoba quedaron recluidas a zonas de baja productividad debido al avance de la frontera agropecuaria. El arco noroeste de la provincia es la zona con mayor avance de la frontera agrícola que trajo aparejado una alta tasa de emigración rural. Los conflictos agudizados en años anteriores impulsaron un debate profundo en la sociedad sobre la importancia ecológica y económica de los bosques nativos. Esto se vio plasmado en la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación del Bosque Nativo N° 26.331, donde empiezan a reconocerse la importancia de las comunidades campesinas e indígenas en el mantenimiento de los servicios del bosque nativo. Hasta ese momento las propuestas de desarrollo agropecuario en su gran mayoría no incluían estrategias activas para el uso sustentable y la conservación del bosque. Contrariamente, el bosque nativo es la base de la producción de los campesinos quienes lo valoran y manejan con criterios de sustentabilidad. Estas comunidades han tratado de permanecer en su territorio generando estrategias de promoción y defensa de la vida campesina con diferentes instituciones gubernamentales, educativas e internacionales. En este marco se ha promovido un desarrollo conjunto de actividades con la

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CONCEPCIÓN DE LAS “ÁREAS ESTRATÉGICAS”

UNC (becas de extensión, becas para doctorado, cursos de extensión y posgrado, foros de bosques y soberanía alimentaria) para proveer herramientas de manejo integral, recuperación del bosque nativo y sus servicios ambientales, protección de cuencas, acceso al agua, preservación de la biodiversidad. De acuerdo con la letra de la Ley 9.814, en la provincia de Córdoba se “promoverá la explotación racional y correcto aprovechamiento de los bosques nativos”. Se asegurará “la sustentabilidad integral, social, cultural y económica de los titulares de bosques nativos y de las comunidades rurales, desarrollando la productividad de bienes ganaderos”. Sin embargo, se legisla acerca de la infraestructura y la implementación de las actividades ganaderas, para las cuales se requiere “la ejecución de prácticas de recuperación, reservas forrajeras estratégicas, picadas de sistematización, obras de infraestructura tales como corrales, bretes, mangas y otros, y prácticas de raleo manual o mecánico conocidas como rolado o control selectivo de bajo impacto, de manejo de sotobosque, la implantación o intersiembra de especies exóticas”. Todas estas actividades propias de los establecimientos agropecuarios con gran capacidad de inversión. En todo lo relativo a los análisis de la Ley 9.814 se pone en evidencia la enorme influencia de un solo sector sobre una Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que debería ser para el bien de toda la sociedad cordobesa presente y futura. El estado provincial (que debería representarnos) se deslinda del cumplimiento de hacer respetar los derechos de un ambiente sano para toda la sociedad de Córdoba y pone en evidencia hacia donde inclina la balanza de la política

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Pablo Scheibengraf. Sin título. Serie: Larala lara.Detalle. Acrílico sobre tela. 140 cm x 170 cm. 2010.

[Aportes bibliográficos para un debate inconcluso]

NO HAY LETRA MUERTA El trabajo de elaboración de un proyecto de ley como el realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) supone, además de un enorme esfuerzo de escucha de los distintos actores sociales y de construcción colectiva de la propuesta, una recopilación y análisis de los innumerables materiales bibliográficos existentes, dispersos en múltiples lugares. Esos materiales no sólo evidencian el trabajo serio, profundo y fundado efectuado por la Comisión, sino también la enorme evidencia científica que lo respaldó y que no debió ser desoída por ninguna iniciativa. Pero además representan un insumo insoslayable para todas aquellas personas, organizaciones e instituciones que pretendan contribuir a mejorar la situación de los bosques nativos en la provincia. Por ello, Hoy la Universidad y los integrantes de la COTBN decidieron realizar una selección de los materiales utilizados y poner a disposición de todos los interesados las referencias de estos materiales, como una manera de profundizar el debate sobre la realidad ambiental y social en Córdoba

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INFORME COTBN

Ed. Boldt, pp. 213-296.

EDITORIAL UNC

[Gaceta de crítica y cultura]

DEODORO eodoro no se propone ser una revista de información, ni una cartelera de espectáculos, ni un servicio de orientación para el lector en la jungla de ofertas literarias entre las que la ciudad le permite optar. Tampoco es una revista académica. Se concibe más bien como una gaceta de crítica donde pensar los objetos culturales que Córdoba ha sido y es capaz de producir. Por crítica se entiende aquí una voluntad de indagar, leer, mirar, escuchar, conocer e interpretar reflexivamente; adoptar como tarea de pensamiento lo que otros hacen con las palabras, el cuerpo, las formas, los sonidos, las ideas, los colores o la materia, para contribuir así a un diálogo lúcido –no siempre abierto– en torno a ese hacer, que sucede insistente no obstante estar muchas veces despojado de un retorno y un interés crítico en su existencia. Crítica como compa-

ñía de lo que es raro y se interroga por el sentido de la aventura humana. Crítica, pues, como placer y tarea de escrutar y pensar objetos singulares que no admiten un desciframiento inequívoco, ni una reducción de los múltiples sentidos que son capaces de alojar, ni un esclarecimiento según los preceptos de eficacia que impone la comunicación mediática. En cuanto palabra reflexiva sobre significados culturales que encuentran sus soportes en una variedad indeterminada de materiales, el trabajo de la crítica se halla siempre inscripto en la encrucijada de una herencia –transmitida por la memoria interrumpida, catastrófica y a veces involuntaria de la ciudad–, y la inagotable producción de cosas nuevas, invenciones individuales o colectivas que no dejan reducirse a lo que había, intervenciones que le añaden al mundo algo que antes no existía, creacio-

nes que están sucediendo todo el tiempo. Es por ello que, si entendida de este modo, la crítica se propone volver más complejo el concepto de actualidad tal y como es inmediatamente dado, para concebir una interlocución cultural que escrute y hospede las marcas que otros, antes, han dejado en la ciudad; que recupere lo que se había perdido, o lo que estaba olvidado, o lo que se hallaba oculto; que sea capaz de explicitar la potencia de una inactualidad crítica frente a lo que es vetusto, o pura amnesia, o repetición inadvertida. A través de Deodoro, la Universidad busca ser la ocasión de un hecho de lenguaje donde narradores, poetas, dramaturgos, actores, músicos, artistas visuales, vivos y muertos, encuentren un lugar común, la crítica

ÚLTIMOS TÍTULOS

La presente obra se propone una introducción a la cosmología para lectores no especializados, en la que se abordan cuestiones vinculadas a la gran explosión, también llamada “Big bang”: observaciones básicas del cielo nocturno, informaciones varias referidas a objetos distantes, la existencia de una velocidad máxima para cualquier interacción. En ella se tratan nociones básicas para la comprensión de nuestra galaxia y de la expansión del universo, y se realiza una estimación de su antigüedad. Asimismo, se estudian los conceptos fundamentales de la radiación cósmica de fondo, el surgimiento del concepto de densidad crítica del universo, el de abundancia cósmica de los elementos; la noción de singularidad cósmica inicial, y se incluye un breve resumen de la historia del universo desde su origen hasta el presente. Por último, se añade una nomenclatura donde algunos términos son explicados separadamente.

EL DISCURSO AFROARGENTINO. OTRA DIMENSIÓN DE LA DIÁSPORA NEGRA Marvin A. Lewis 2010, 180 páginas ISBN: 978-950-33-0802-8 El discurso afroargentino... es un estudio crítico con un enfoque histórico y literario del material escrito por autores argentinos de ascendencia africana a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Lewis realiza un análisis pormenorizado de las notas periodísticas y los poemas escritos por estos autores, a quienes la historia de la literatura argentina casi no registra. En el campo de los estudios literarios, este libro constituye una referencia fundamental para las investigaciones en un área que, si bien en los últimos años ha generado interés, continúa siendo marginal dentro de la academia nacional. Asimismo, en el campo de los estudios culturales, este trabajo interpela ideas fundantes de la cultura argentina que han invisibilizado la presencia negra en nuestro país.

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En momentos en los que el discurso se ha constituido en objeto insoslayable de las diversas disciplinas sociales, su análisis impone una aproximación interdisciplinaria. El enfoque sociodiscursivo, tal como lo plantea Marc Angenot en este conjunto de trabajos, es el resultado de esa movilización generalizada en el campo de las ciencias sociales. Por tal motivo resulta indispensable recoger y conciliar los múltiples aportes disciplinarios dentro de lo que el autor belga llama una “Pragmática sociohistórica”. Su teoría del discurso lo lleva a afirmar que “el único objeto posible de la semiótica es una ciencia histórica y social de las maneras de conocer y de representar lo conocido y que esas maneras de conocer están ligadas a una función, a una praxis”. Acorde con esta línea teórica, Angenot desarrolla una suerte de gnoseología social, orientada a dar cuenta de la particular construcción del mundo efectuada por cada sociedad. En función de este marco conceptual, la significación de cualquier objeto debe surgir de la interacción simbólica global.

BIG BANG: LA GRAN EXPLOSIÓN CÓSMICA Osvaldo Moreschi 2010, 48 páginas ISBN: 978-950-33-0813-4

EDITORIAL

INTERDISCURSIVIDADES. DE HEGEMONÍAS Y DISIDENCIAS Marc Angenot 2010, 294 páginas ISBN 978-950-33-0812-7

COLECCIÓN BICENTENARIO

ESTUDIO SOBRE LA REVOLUCIÓN Y OTROS ESCRITOS Joaquín V. González 2010, 282 páginas ISBN: 978-950-33-0783-0 Este volumen reúne tres textos escritos por el riojano Joaquín V. González (18631923) durante su etapa de estudiante en Córdoba. El primero de ellos, en orden a su elaboración e importancia, es el Estudio sobre la revolución, tesis doctoral presentada por González a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC en 1885 y defendida allí en 1886. De este trabajo, parcialmente censurado en esa ocasión, se presenta aquí la versión completa, tal como ella debió leerse en forma manuscrita antes de pasar recortada a la imprenta. A la vez, esta edición integra dos textos anteriores de González que, según él mismo llegaría a verlo, constituyen antecedentes muy directos de aquella tesis. Por un lado, La revolución, conferencia leída en la Sociedad de Tipógrafos de Córdoba el 11 de octubre de 1882 que, ciertamente, ensaya ciertas claves de interpretación luego retomadas en el texto de 1885. Por otro, Córdoba Religiosa, texto escrito en 1883 para un libro nunca publicado, en el cual queda prefigurado uno de los núcleos conflictivos de la tesis: el cuestionamiento de las formas históricas asumidas por el vínculo entre Estado e Iglesia y la postulación de su radical autonomía.

CÓRDOBA BICENTENARIA. CLAVES DE SU HISTORIA CONTEMPORÁNEA César Tcach (coord.) 2010, 524 páginas ISBN: 978-987-1751-01-3 Esta obra es una suerte de biografía no autorizada de Córdoba. Sus autores, apuestan a la construcción de una nueva historia política y social, interesada en poner al desnudo las características de los distintos actores sociales y políticos: sus intereses, sus prácticas políticas y su universo simbólico. Se trata de una historiografía de puertas abiertas a la sociología y la ciencia política, en que la ordenación de los datos se vincula a problemas centrales de la historia contemporánea de Córdoba: la configuración de las élites, el nacimiento del peronismo, el sabattinismo, el papel de la Iglesia Católica, las dictaduras y los períodos democráticos. Desde este punto de vista, la obra no se suma al coro de voces festivas que saturan el Bicentenario de la Revolución de Mayo. No añade más tinta al panegírico ni constituye un elogio de nuestra propia historia. Pensar Córdoba en el bicentenario es más bien una ocasión propicia para acercarnos al modo en que su identidad fue soñada, formulada y reformulada.

ACTAS CAPITULARES DE CÓRDOBA 1808 - 1813 Edición facsimilar. Virginia Ramos (comp. ) 2010, 328 páginas ISBN: 978-950-33-0792-2 La presente edición facsimilar de Actas Capitulares del Cabildo de Córdoba corresponde al período comprendido entre 1808 y 1813 e integra la Colección Bicentenario, con la cual la Universidad Nacional de Córdoba procura recuperar textos y documentos históricos considerados relevantes de nuestra historia, no obstante su inaccesibilidad sea por no haber sido nunca publicados, o por el hecho de que su publicación resulta inhallable debido a su antigüedad. El material original que este libro pone a disposición de estudiosos y del público en general se encuentra en la Municipalidad de Córdoba, y una copia microfilmada en el Archivo Histórico Municipal. Dado que para la reproducción editorial se ha realizado una selección de Actas, no siempre consecutivas, cabe advertir al lector que encontrará espacios blancos y saltos en algunas ocasiones. Se han incluido asimismo las transcripciones de las Actas seleccionadas, extraídas de las publicaciones de los libros del Cabildo de Córdoba realizadas en los años 60 bajo la dirección de Carlos Luque Colombres, cuya notación original ha sido respetada en esta edición.

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