Transparencia, democracia y fake news

Las noticias falsas han existido siempre. Durante mucho tiempo quienes las producían y diseminaban eran los gobiernos y los medios. Internet hace que extender mentiras sea más barato y rápido: otros pueden hacerlo. La alerta por los bulos que partía de los medios y los gobiernos obedece a varios factores, pero uno de ellos es una disputa por cuotas de mercado. Curiosamente, quien popularizó la expresión fake news fue Donald Trump, mentiroso compulsivo. Es tentador decir que las noticias que no nos gustan son bulos. La tribalización conduce a versiones irreconciliables: como dice Kenan Malik, vivimos en un mundo con demasiadas «verdades» incompatibles. Pero la convivencia y la democracia se basan en unas premisas compartidas. Otra de las paradojas es que también son los medios y los gobiernos y administraciones los que nos dan información fiable. Una función central de la prensa es fiscalizar a las autoridades, que siempre tienen incentivos para la opacidad y en especial cuando más importante es que sean transparentes: por ejemplo, cuatro comunidades autónomas —Madrid, Castilla y León, Andalucía y Cataluña— evitaron publicar los resultados (negativos) de comprensión lectora de sus estudiantes antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Con vistas a los comicios electorales del 23 de julio, la Fundación Civio ha solicitado a los partidos políticos compromisos para mejorar la transparencia y reducir la opacidad institucional y la corrupción. Nuestra batería de medidas trasciende reivindicaciones largamente demandadas, como mejorar la Ley de transparencia, regular los lobbies o abrir el Registro Mercantil, para abordar nuevos contextos donde la opacidad y la ineficacia pública tienen consecuencias reales sobre la ciudadanía.

Pedimos garantías de transparencia en la toma de decisiones en la Administración mediante sistemas automatizados, algoritmos e inteligencias artificiales. Nuestra relación con lo público está cada día más automatizada. La opacidad sobre cómo funcionan los sistemas informáticos que, cada día más, determinan derechos y deberes, nos afecta individualmente y como sociedad. Confiar en ellos a ojos ciegos, o conocerlos y auditarlos, como al resto de códigos y normas que rigen sobre nuestras vidas debe ser una pregunta que nuestros políticos se hagan siempre. La publicación de ejecución presupuestaria con el mismo nivel de detalle que los Presupuestos Generales del Estado o que los organismos públicos tengan la obligación de dar a conocer entre qué medios reparten sus campañas de publicidad institucional, y qué criterios de eficiencia u otros intereses consideran, son otras de las reivindicaciones que hemos sumado a las ya citadas. Civio vigilará y presionará para que se conviertan en realidad