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Síntesis 28 de Julio de 2011 Encabezados Poiré: debe la sociedad juzgar gasto de “Equipo” NG rompen diálogo en Bucareli en protesta por acusaciones de Saynez
Comunicación Social UAChVirginia de los Santos Z.
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Poiré: debe la sociedad juzgar gasto de “Equipo” Aseguró que la serie fue un esfuerzo y un ejercicio por dar a conocer “desde una perspectiva distinta para un público distinto una transformación institucional sin par, que es la transformación de nuestras instituciones federales como la Policía Federal" Jueves 28 de julio de 2011 Alberto Morales Serán los ciudadanos quienes juzguen si fue excesivo el gasto de 118 millones de pesos que costó al erario la serie de televisión El Equipo, dijo Alejandro Poiré, vocero de seguridad de la Presidencia. Los programas, realizados por Televisa, exaltan el trabajo, instalaciones y personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que encabeza Genaro García Luna. “Lo importante es que todos los gastos que emite el gobierno federal en todas sus iniciativas en comunicación social son transparentes para que los juzgue el ciudadano”, agregó Poiré. EL UNIVERSAL dio a conocer que la SSP aprobó desde mayo de 2010 la realización de esta serie dentro del marco de la campaña denominada “Policía Federal, héroes anónimos”, en una producción que duró tres meses y se grabó en las instalaciones de la dependencia. El costo de cada uno de los 13 capítulos fue de nueve millones de pesos. Poiré Romero aseguró que El Equipo fue un esfuerzo y un ejercicio por dar a conocer “desde una perspectiva distinta para un público distinto” una transformación institucional sin par, que es la transformación de nuestras instituciones federales como la Policía Federal.
Este diario documentó el proceso que llevó a cabo la SSP para contratar a la empresa Televisa, para la realización de la serie. De acuerdo con los contratos, obtenidos gracias a la Ley Federal de Acceso a la Información, la campaña contingente denominada “Policía Federal, héroes anónimos” de la SSP fue una “obra por encargo”, como la describe Televisa, a través de la cual la dependencia estaba obligada a dar acceso a instalaciones consideradas de seguridad nacional para las grabaciones. El Equipo tuvo como objetivo coadyuvar a revertir la percepción de la función policial ante la opinión pública a través de dar a conocer la infraestructura tecnológica, equipamiento de alto nivel de los agentes federales, la capacitación y especialización que reciben. La SSP erogó 21 millones 139 mil pesos por 13 guiones o libretos correspondientes a los episodios de la serie. En cuanto a producción, casting, ensayos y posproducción, por cada tres episodios de la serie se cobraron 9 millones 493 mil 615 pesos. Para la difusión de los servicios contratados, se cobraron cuatro millones 520 mil pesos por la grabación en DVD de cada tres episodios.
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utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.
NG rompen diálogo en Bucareli en protesta por acusaciones de Saynez Las organizaciones presentan queja ante la CNDH El titular de Marina dijo que criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a instituciones Periódico La Jornada Jueves 28 de julio de 2011, p. 2 Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas. Esas afirmaciones, señalaron, violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Exigieron que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos.
La queja fue presentada por las organizaciones en la oficialía de partes de la CNDH. Después las ONG serían recibidas por la quinta visitaduría. Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, explicó que se presentó dicho recurso porque existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se deben calificar los dichos que ponen en riesgo a los periodistas y los defensores de esos derechos. Además de esa agrupación, suscribieron la queja el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos. Por la mañana, representantes de ONG se reunieron en Gobernación con la titular de la unidad para la promoción y defensa de derechos humanos, Omeheira López, a quien expresaron su molestia por los dichos del almirante Saynez.
Las agrupaciones suspendieron además de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque el martes Saynez declaró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al
“No podemos continuar el diálogo cuando persisten expresiones esquizofrénicas y contradictorias en el gobierno federal, porque por un lado dicen ‘sí a la protección’ y por otro estigmatizan nuestras actividades”, advirtió Ricardo González Bernal, oficial de protección y seguridad para México y Centroamérica de Artículo 19. Las 15 agrupaciones que participan en esa mesa señalaron en un comunicado que con esas afirmaciones se expone a un mayor
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riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional recién aprobada en materia de derechos humanos. El sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recordó que ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos. Agregó en entrevista: quien hace afirmaciones señalando responsabilidades contra terceros, tendría que probar sus dichos. Las organizaciones civiles tienen reglas y protocolos para aceptar casos. No somos ingenuos, no comenzamos ayer nuestro trabajo. Tenemos una experiencia acumulada de años. José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, apuntó: “causa indignación que desde una instancia de gobierno federal se acuse sin pruebas a los ciudadanos de estar al servicio o vinculados a la delincuencia organizada. Lo que más nos indigna es que no es un hecho aislado, no es algo que apenas ayer surgió, sino que tiene relación con señalamientos anteriores del Ejecutivo por la labor de organizaciones y ciudadanos. Señaló que con esas acusaciones se construye un clima en el que se favorecen agresiones contra defensores de los derechos y contra quienes disienten.
El ingreso aumenta en la medida que sea mayor la escolaridad de la población, asegura En cinco años, siete millones de mexicanos pasaron de clase media a condición de pobreza: investigador Alrededor de 26.7 millones de personas padecen hambre, advierte Genaro Aguilar, del IPN Angélica Enciso L. Periódico La Jornada Jueves 28 de julio de 2011, p. 23 La distribución del ingreso durante los pasados cinco años ha llevado a millones de mexicanos a dejar la clase media y pasar a situación de pobreza. Ésta creció en al menos siete millones de personas en ese periodo y hay alrededor de 26.7 millones que padecen hambre, señaló el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Genaro Aguilar, de acuerdo con análisis basados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). Previo a que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dé a conocer el viernes los datos oficiales de la medición de la pobreza, indicó que entre 2005 y 2010 ésta creció en todo el país en sus distintas clasificaciones. La pobreza alimentaria se elevó de 19.5 millones de personas a 26.7 millones; la de capacidades, fue la que tuvo un aumento mayor, ya que pasó de 27.3 millones a 37.5 millones, y la patrimonial de 49.6 a 56.1 millones, detalló. En ese periodo se dio un fuerte proceso de polarización en la distribución del ingreso,
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hubo un aumento en la desigualdad con efectos importantes para la caída de la clase media, ya que un sector importante de ese grupo social cayó en situación de pobreza. El Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM, indicó en un análisis que la alimentación, educación y salud adecuada, constituyen factores esenciales para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad, justamente todo aquello que hoy representa un ancla para México. Se debe tomar en cuenta que no cubrir los requerimientos antes citados es el caldo de cultivo para que algunos sectores sociales volteen a la informalidad o a la ilegalidad como mecanismo para intentar obtener un mejor nivel de bienestar. Agregó que los resultados de la ENIGH muestran que varios de los elementos que dan génesis a la inestabilidad social no solamente prevalecen, sino que han aumentado, por lo que debe buscarse un nuevo modelo económico para darles atención.
políticas públicas, indicó, debe continuar el impulso de la escolaridad formal de los mexicanos a partir de inversiones cada vez mayores en el sistema educativo nacional; establecer sistemas de becas complementarios a los actualmente existentes, lo cual se traducirá en mayores ingresos para la población más pobre y que es la que recurre al sistema educativo público, así como impulsar leyes que regulen y disminuyan las discriminaciones salariales por género. A su vez, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, sobre las carencias sociales, que también mide el Coneval, indicó que en la vivienda se pueden observar algunos avances importantes en materia de accesibilidad a la infraestructura social, ya que de acuerdo con los datos del Censo 2010, hay una reducción de 41 por ciento en el número de viviendas con piso de tierra, por lo que de cada 100 viviendas, únicamente seis cuentan con ese piso.
Por su parte, Aguilar explicó que entre las causas de la pobreza están que el papel de la educación para aumentar los ingresos de las personas y, por lo tanto, sacarlas de la pobreza es un componente relevante, porque en 2005 ese factor explicaba 29.08 por ciento del ingreso de los mexicanos, pero en 2010 ya era el factor de ingresos de la tercera parte de los ciudadanos, al pasar a 33.29 por ciento. Refirió que el ingreso aumenta en la medida en que es mayor la escolaridad de las personas, depende también de si se es hombre o mujer y también se incrementa mientras envejece la población, pero cae después de los 51 años de edad. Para la elaboración de Pág 5
Exigen ONG disculpa pública de la Marina Política • 28 Julio 2011 - 3:01am — Omar Brito y Eugenia Jiménez Senadores y diputados de PRI, PAN y PRD pidieron al secretario Francisco Saynez que diga a qué organizaciones defensoras de derechos humanos acusa de haberse coludido con el crimen para desprestigiar a las fuerzas armada. Ciudad de México • Organizaciones civiles demandaron una “disculpa” pública del Gobierno Federal después de que el secretario de Marina Francisco Saynez señalara que el narcotráfico las utiliza para manchar a los militares. Y anunciaron que se levantaron de la mesa de diálogo que sostenían sobre el tema de defensores de derechos humanos por esas declaraciones. La Secretaría de Marina declinó realizar un pronunciamiento oficial sobre las críticas de las ONG. Consultado vía telefónica, el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la institución, dijo que no haría comentarios al respecto. Ayer en Secretaría de Gobernación la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Omehira López, se reunió con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y lamentó las declaraciones del secretario de Marina las cuales no comparte, según reveló, en entrevista telefónica la representante del Centro Nacional de Comunicación social (Cencos), Brisa Solís, quien dijo se le solicitó una disculpa pública al gobierno federal.
“Pedimos una respuesta institucional respecto ese tema, la Secretaría de Gobernación nos dijo que no compartía esa mirada, la mirada que se planteó desde (la Secretaría de) Marina, sin embargo, para nosotros es importante que haya un pronunciamiento público en términos de la importancia del derecho a defender y no estar ni estigmatizando, ni descalificando el trabajo que hacen defensores y defensoras de derechos humanos. “Lo que nos dijeron es que no compartían el punto de vista en esa reunión, pero hay que ver si es así, en el marco de esa reunión nos dijeron: “no, no compartimos ese punto de vista, lo lamentamos mucho””, expresó. La activista detalló que la mesa que declararon en receso es un mecanismo de diálogo que se venía instalando desde diciembre del 2010 para protección a los defensores de derechos humanos, y a la cual no volverán hasta que se ofrezca la disculpa. Brisa Solís agregó que el que se levanten de la mesa no quiere decir que no estén interesados y en el mecanismo, pero se encuentran preocupados como se están dando las condiciones para el ejercicio de los defensores. “No pueden generar un decreto para las protección y al mismo tiempo estar estigmatizando el trabajo de los defensores y las defensoras”, apuntó. El mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos se creó el 7 de julio del 2011, a través de un decreto presidencial que se publicó en el diario Oficial de la Federación. Las organizaciones integrantes de la mesa de negociaciones Centro de Derechos Hu-
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manos de la Montaña “Tlachinollan” Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH) y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria calificaron de “lamentables las declaraciones” del secretario de Marina. Esas afirmaciones, indicaron en un comunicado resultan contrarias al objeto del acuerdo emitido por el presidente Felipe Calderón que “sienta las bases para la implementación de acciones del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, publicado en el marco de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
garantizar la laborar y seguridad de las personas que en diversas actividades llevan a cabo la defensa y promoción de los derechos humanos y que por ello, enfrentan amenazas y agresiones por parte de actores estatales y no estatales por la aquiescencia del Estado. Las organizaciones demandaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que se pronuncie sobre la legitimidad del derecho a defender los derechos humanos en México como parte fundante de la construcción de un Estado democrático.
Lo expresado por el secretario de Marina, consideraron expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional aprobada en materia de derechos humanos. Por lo anterior, “exigimos al Gobierno Federal, emita una comunicación pública refrendando la importancia de la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos así como la necesidad de garantizar la implementación efectiva de medidas de protección e investigación”. Asimismo, insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo Federal, dentro del proceso de diálogo que ha sido impulsado, garantice los elementos mínimos necesario para lograr construir un mecanismo efectivo y acorde con los elementos requeridos para Pág 7
El esquema de financiamiento de la educación superior no se modifica desde los años 70 Karina julio de 2011, p. 45 La desigualdad presupuestaria que aqueja a las instituciones públicas de educación superior en el país ha traído graves consecuencias, como el incremento de las cuotas a sus alumnos y la paradoja de que los estudiantes más pobres acudan a las casas de estudio donde les cobran más, como es el caso de institutos o universidades tecnológicas, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Romualdo López Zárate. El experto en financiamiento de la educación superior indicó que el esquema actual de distribución del presupuesto a dichas instituciones data de los años 70 del siglo pasado y no se ha modificado. La proporción en promedio es la siguiente: 65 por ciento de los recursos provienen del gobierno federal y 35 por ciento de los gobiernos locales. Las únicas modificaciones corresponden a las bolsas que provienen de programas extraordinarios. Avilés Periódico La Jornada Jueves 28 de Ante ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha empujado un modelo de distribución para canalizar recursos adicionales a casas de estudio en mayor desventaja sin afectar a las que no están en esa condición. Sin embargo, el gobierno federal optó por el establecimiento de programas extraordinarios. Los efectos de la distribución inequitativa de recursos –una de las problemáticas que ha
puesto sobre la mesa la Universidad de Guadalajara al indicar que recibe el apoyo más bajo de 12 mil 820 pesos anuales por alumno contra 25 mil 380 pesos en promedio– han sido, entre otros, la poca disponibilidad para contratar profesores de tiempo completo. Además, los gastos de infraestructura y de operación están constreñidos a tal grado que la totalidad de las universidades públicas estatales se han visto obligadas a subir las cuotas. Las únicas instituciones que no lo han hecho son la Universidad Nacional Autónoma de México y la UAM. Por otro lado, las instituciones educativas con estudiantes de más bajos recursos tienen las cuotas más altas, como son las universidades y los institutos tecnológicos. De tal modo que el modelo de la ANUIES será efectivo siempre y cuando se le inyecten recursos, porque esto permitiría reducir a largo plazo las desigualdades. Sergio Martínez Romo, profesor investigador de la UAM, consideró que el actual esquema presupuestario ha tenido tanto efectos negativos como positivos. Entre estos últimos indicó que se ha generado una competencia y esfuerzos de innovación en los modelos de gestión. Tener un modelo que asigne recursos iguales con ciertos indicadores inhibe la innovación. No es un problema de justicia, sino de eficiencia económica presupuestal, explicó. Agregó que hay un déficit en el desarrollo de una cultura de administración eficaz de los recursos. Y opinó que en las recientes dos décadas ha mejorado el diseño de modelos más eficientes de asignación presupuestal, pero en cuanto a una administración más competente los avances han sido lentos.
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