Foro Sindicatos Mesa 2 (jueves 28 oct 2010)

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL FORO “LOS SINDICATOS ANTE LOS DESAFÍOS DE LA TRANSPARENCIA”, CELEBRADO EL JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010, EN LAS INSTALACIONES DEL INFODF. MESA 2 C. OSCAR GUERRA FORD.- Muy buenas tardes. Nuevamente agradecemos a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta segunda mesa del foro que se ha denominado “Los sindicatos ante los desafíos de la transparencia”.

Hace una semana realizamos la primera mesa. Creo que fue muy interesante y sobre todo el compromiso que varios compañeros de varios sindicatos del Distrito Federal, así como de la (…) y también de la Asamblea Legislativa se comprometieron con el tema de la transparencia con el objeto de ir avanzando.

Como sabemos la legislación en el Distrito Federal en materia de transparencia es una legislación que podemos decir de vanguardia pero obviamente no estamos conformes todavía con lo que hoy la ley marca, que es que los sindicatos son sujetos obligados indirectos.

Obviamente tenemos claro que así deberá seguir, digamos no pueden ser los sindicatos sujetos directos, pero sí nos gustaría poder hacer algunas adecuaciones a la ley con el objeto que esta información que los sujetos obligados, a la hora de entregar recursos públicos a los sindicatos, se pueda hacer pública no sólo a través de un recurso de revisión, como ya los es ahora, sino también pueda ser publicada de manera, de oficio, como se le denomina en los portales de los sujetos obligados con el objeto de que toda la gente pueda acceder a ella de forma inmediata sin que tenga que hacer una solicitud, ya para cosas más específicas se tendría que hacer la solicitud.

Pero bueno ya me estoy metiendo en el tema que nos tocará discutir y analizar en esta mesa.

Quiero agradecer a todos nuestros invitados que nos han hecho favor de responder a esta invitación.

Al Licenciado Manuel Fuentes Muñiz, agradecemos su presencia; a Benito Bahena y Lomé también, que nos acompañe; ya en su momento el Comisionado Bustillos hará la presentación curricular de cada uno de ellos a la hora que tomen la palabra.

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De Abraham Guzmán Blas y también Enrique Torres Miranda, quien viene representando al Diputado Ensástiga, de la Comisión de Presupuesto, que me imagino tendrá mucho trabajo por estos días y más los que vienen, dado que estamos en los meses en que se elabora el presupuesto a nivel federal y en su momento también el del Distrito Federal.

De verdad sean todos bienvenidos, agradecemos mucho su presencia y esperamos que obviamente de aquí podamos tomar algunas ideas que nos permitan seguir fortaleciendo el tema de la transparencia en el Distrito Federal y que la ciudadanía pueda encontrar la información relacionada con los recursos públicos que se destinan, y hay que decirlo, a veces muy válidamente a los sindicatos pero que obviamente se pueda conocer el destino y uso, el uso de los mismos por parte de los cuidadnos.

Esto por lo que se refiere a los recursos públicos que se aportan; los otros recursos obviamente son parte de la vida interna de los propios sindicatos y ellos tendrán sus propias formas de transparentar o rendir cuentas a sus sindicalizados.

Yo les voy a pedir una disculpa para (…) un compromiso que ya tenía con anticipación que atender pero se queda el Comisionado Jorge Bustillos, que aparte le gusta y conoce perfectamente el tema. Él ha participado también en su vida profesional como asesor de algunos sindicatos, principalmente con el Sindicato de la Industria Nuclear, en su momento, y obviamente él ha sido el artífice, para bien o para mal; yo espero que para bien, de estas dos mesas de este foro.

Entonces Jorge, si nos haces favor y de verdad les agradezco como siempre su atención y que nos acompañen y recuerden que este es su Instituto.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Vamos a abrir las intervenciones de mi lado derecho hacía acá, si pudiera el Licenciado Manuel Fuentes hacernos el favor de ser el primer participante, de tal forma que pudiéramos tener un marco amplio desde el punto de vista de un experto de política laboral, en aspectos laborales y sindicales.

Manuel Fuentes es Licenciado en Derecho por la UNAM, es Maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina, Doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, (…) postulante con especialidad en Materia Laboral, Penal y Derecho Administrativo.

Profesor en Derecho Laboral y Seguridad Social de la UAM Azcapotzalco; Asesor y Consultor legal de sindicatos, asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos; autor de diversos artículos periodísticos y en revistas en materia de derechos humanos y laborales; conferencista en diversas universidades nacionales y extranjeras, y dentro de la administración pública se ha desempeñado como

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Director General del Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal; Consejero Jurídico del gobierno del Distrito Federal y Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo METRO. Actualmente el Licenciado Fuentes es Consejero de Humanos del Distrito Federal (…) en el que se igualmente es consejero en la casa de Derechos de los la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. gracias por haber (…).

la Comisión de Derechos desempeña actualmente, Periodistas y Presidente de Manuel Fuentes, muchas

Y cedo la palabra.

C. MANUEL FUENTES MUÑIZ.- Muchas gracias. Antes que nada agradecer la posibilidad de expresar puntos de vista relación a un tema tan importante como es el de la transparencia en el ámbito sindical.

Voy a leer textualmente este concepto que dice lo siguiente: “La transparencia debe de ser una forma de vida, una cultura; dentro de las instituciones es vital, pero urge crear más empleos y ser más competitivos. No es que nos hagamos de la vista gorda, pero son intereses en los que hay que ser prudentes y saber tratar”.

Se puede dejar a un lado la reforma laboral en temas como la transparencia sindical o la rendición de cuentas, si estos se van a convertir en obstáculo para mejorar el marco legal del trabajo.

Estas palabras son de Luis Espinosa Rueda, actual Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra.

Es decir, finalmente cuando se dice públicamente el tema de la transparencia lo podemos dejar por intereses, para que no se lleguen a molestar las grandes centrales nos puede dar una idea de cómo el tema de la transparencia sindical choca con los temas de la democracia, choca con escenarios muy importantes.

Quisiera centrar mi intervención específicamente en el ámbito del Distrito Federal.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal existen 912 sindicatos.

Yo les puedo asegurar que de estos 912 sindicatos, el 95 por ciento se encuentran controlados por mafias sindicales. Posiblemente un medio centenar de ellos, y a lo mejor estoy exagerando, serán sindicatos que tienen trabajadores.

La mayor parte de estos sindicatos son los que sustentan contratos colectivos de protección en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es decir, donde mafias, me refiero a empresarios locales, representantes sindicales firman contratos colectivos

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de trabajo y finalmente se encuentran depositados en la Junta de Conciliación y Arbitraje y que afectan los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando finalmente este tipo de contratos llamados de protección, lo que hacen es evitar que los trabajadores de encuentren organizados sindicalmente; que puedan, incluso, los trabajadores tener conocimiento de cómo es la estructura sindical y lo que llama la atención es que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, si ustedes acceden a la página de esta institución y se van al tema de los sindicatos.

La transparencia de los mismos tiene que ver con un cuadro en donde, se dice, hay 16 puntos: número de registro, nombre del sindicato, fecha de registro, último domicilio social, secretarios generales durante la vigencia, secretarios generales vigentes, última toma de nota, número de trabajadores, fecha de la última promoción, legajos, junta, rama alimenticia, tipo de sindicato, central, estatuto.

En estatuto es muy curioso porque le ponen estatuto y dice sí, sí, sí, sí, y yo digo que es obvio que deben tener estatuto si no entonces cómo es que están registrados en la Junta Local; y el último depósito que han hecho de sus contratos colectivos de trabajo.

Pero lo que llama la atención es que hay una disposición en la Ley Federal del Trabajo y me refiero a lo que marca el artículo 373, dice “La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.

Bueno, las autoridades locales del Distrito Federal la dispensan porque finalmente, primero no requieren de las cuentas que deben de rendir, y en todo caso informar ante la autoridad competente, y por otro lado, la estructura del gobierno del Distrito Federal, el aparato con el que se dio el cambio del PRI al PRD, el número es el mismo número de inspectores.

Estamos hablando, yo fui Director General de Trabajo y Previsión Social y conocí desde dentro el área de trabajo y estuve ahí un año y ocho meses y nos quedamos con 26 inspectores y checo y seguimos con 26 inspectores.

Entonces hay un ámbito de cerca de 240 mil establecimientos en todo el Distrito Federal. Si esos 26 inspectores, bueno, a lo mejor sin contar vacaciones y que se les quitaran las vacaciones y demás y todos los días hicieran inspección, tardarían 46 años en poder llevar a cabo inspecciones en cada uno de los centros de trabajo del Distrito Federal.

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Esto nos puede dar una idea del número insuficiente que hay para llevar a cabo las inspecciones de trabajo; por otro las omisiones que está llevando a cabo la Junta Local de no requerir los informes que debe rendir cada uno de los comités ejecutivos.

Tiene facultades la autoridad en ese ámbito y no se da. Por otro lado, tendremos que estar un poco observando si es posible que se pueda acceder dentro del ámbito de lo que es la autonomía sindical, dentro de lo que es una cuestión interna de los sindicatos, y aquellos sindicatos, los cuales son sindicatos que reciben directamente de áreas de gobierno, que puede ser en este caso los sindicatos de instituciones, transportes eléctricos, o sea la ciudad de México, que están aquí en esta mesa, sistema de transporte colectivo y demás, que reciben directamente recursos públicos.

Me refiero específicamente en el tema de prestaciones. De pronto puede haber un pago de apoyo a deportivo o de pronto puede haber, recuerdo situaciones en las cuales en el Sistema de Transporte Colectivo, como administración combatíamos que no era posible que se le entregara dinero en cheque al sindicato y él comprara por su cuenta juguetes para la entrega y pago de esa prestación de los trabajadores porque de pronto esos tres millones de pesos, quién sabe si les costarían millón y medio de pesos y quién sabe qué harían con ese dinero.

Finalmente, ese tipo de cuestiones las tenía que entregar el patrón pero había un reclamo de los sindicatos de que ese recurso tendría que ser entregado por los sindicatos o el sindicato en lo particular.

A mí me parece que cuando se entrega como prestación, la Contraloría debe tener derecho a saber qué pasa con esos recursos porque finalmente son recursos derivados de los impuestos.

Leyendo precisamente el artículo 1 de la Ley de Transparencia, dice que el presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo, etcétera, y dice que en todo caso, toda persona estará obligada a brindar información pública en posesión de órganos fiscales, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.

En cuanto los sindicatos reciben y entra al seno de los sindicatos esto, no hay posibilidades de que se pueda auditar porque se estaría afectando la autonomía sindical.

A mí me parece que no debe de haber una situación de esta naturaleza porque finalmente, en el ámbito de los sindicatos, los integrantes del mismo son servidores públicos porque finalmente, como empleados públicos también pueden

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ser sujetos de investigaciones vía Contraloría para que se pueda estar auditando vía esos recursos, pero también un tema, y yo empezaba diciendo, en el ámbito privado donde existe el mayor problema, en investigaciones que hemos realizado, ese 95 por ciento de sindicatos amafiados no hacen asambleas.

Los dirigentes sindicales curiosamente son electos por unanimidad, pero lo que ha ocurrido es que los dirigentes sindicales, ese 95 por ciento presentan actas con firmas falsificadas de los trabajadores que hacen supuestamente asambleas; las presentan y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ratifica, no tiene incluso facultades o no quiere llevar a cabo una investigación para verificar si los firmantes realmente firmaron o si son sus firmas que presentan ante una autoridad determinada.

Esto obviamente plantea una serie de cuestiones bastante graves en donde a mí me parece que el tema del derecho a la información no requiere de reformas laborales, no requiere de situaciones legales porque la legislación ya se encuentra.

Lo que hace falta, en efecto es, voluntad política, decisión política de llevar a cabo estas cuestiones, pero bueno.

Finalmente yo he visto a veces gobiernos de derecha o de izquierda, finalmente no se quieren meter con los intereses patronales porque esto es meterse en situaciones contra la producción y esto puede ser políticamente incorrecto y demás.

Es un tema donde hay una necesidad importante de que esto finalmente afecta la economía de los trabajadores. Esos trabajadores que laboran en panaderías o tortillerías o centros comerciales o en diversos lugares y donde finalmente hay contratos de protección y donde no se rinden cuentas en este ámbito, finalmente trae como consecuencia que hay aun a cuestión de impunidad muy importante.

Por otro lado, habrá que señalar que es necesario que la Asamblea Legislativa pueda estar entregando recursos suficientes a las áreas de trabajo, la las áreas de inspección para que puedan tener mayor número de inspectores. Es necesario también que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje puedan contar con más recursos porque finalmente, si alguien se puede asomar a esos ámbitos se podrá dar cuenta de que se dan este tipo de instituciones pero no tienen físicamente la manera de poder llevar a cabo o instrumentar medidas para exigir a los sindicatos o a esta apariencia de sindicatos a que efectivamente puedan hacer las reclamaciones correspondientes.

Me parece que este sentido de necesidad de que la transparencia sea efectiva, insisto, no requiere de reformas, requiere decisiones políticas, pero también no solamente de un apoyo de discurso sino necesariamente de que esas áreas puedan contar con los instrumentos y los apoyos necesarios y obviamente pueda

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lograr una mejora en salarios, condiciones de trabajo, y efectivamente, estas mafias que están alrededor de estas cuestiones y donde, cuando iniciaba este representante patronal, dice “no nos queremos meter en los temas de transparencia sindical porque obviamente esto puede afectar grandes intereses”.

Me parece que estos son los retos importantes de los tiempos e insisto la necesidad de que efectivamente, la voluntad política, la voluntad se pueda expresar en un beneficio real para los trabajadores. Muchas gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Muchas gracias a Manuel Fuentes que nos da un panorama en donde aborda los aspectos que transparentan las instancias gubernamentales, particularmente el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y los retos que se le presentan a la tarea (…) una eficaz transparencia en materia sindical; habla más que de una reforma legal una reforma política y de dotar de recursos, estructura, instancias.

Perdón por nuestro sistema de micrófonos inalámbricos que luego con las señales ahí se nos cruza y se vuelven mudos temporalmente.

Le agradecemos mucho a Manuel y vamos darle la palabra ahora a un dirigente sindical muy importante aquí en la capital.

Benito Bahena es Secretario General de la Alianza de Tranviarios de México, un sindicato legendario y miembros da la Unión Nacional de Trabajadores.

Benito tiene un historial muy largo como dirigente sindical, desde Secretario de Educación Obrera Social y Previsión; Secretario de Trabajo Legislativo; Secretario de Relaciones Sociales Sindicales e Internacionales del Congreso del Trabajo; fundador e integrante de la (…) social de Organizaciones Sociales y Sindicales de México; integrante de la Confederación Internacional de la Paz; delegado de México en la Organización para la Cooperación y Desarrollo de Comercio Económico por la Unión Nacional de Trabajadores, que ya les mencionaba que esta Alianza forma parte de esta unión, y así me podría seguir con este largo recorrido de la experiencia de la carrera como dirigente sindical de Benito, que le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y participe de estas reflexiones.

Tienes la palabra Benito, por favor.

C. BENITO BAHENA Y LOMÉ.- Muy amable. Quiero comenzar agradeciendo también a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los Comisionados ciudadanos, el tener la oportunidad de expresar algunas ideas e inquietudes que tenemos varios líderes sindicales.

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También quiero comentar con ustedes que lamento mucho como ciudadano mexicano lo que ayer se dio a conocer por medio de la organización de transparencia a nivel mundial en donde México, en lugar de reducir, de aminorar la corrupción en nuestro país, creo que vamos como los cangrejos, para atrás, no obstante que México fue de los primeros países en firmar el convenio de acceso a la información pública de transparencia.

Pero bueno, ese ya es otro asunto que tal vez en algún momento se pueda tocar porque es lamentable y vergonzoso que estemos en esas situaciones, como ayer nos lo dieron a conocer.

Creo que el día de hoy voy a tener la oportunidad tratar en este tema tan importante que es “Los Sindicatos ante los desafíos de la Transparencia”, que por supuesto, en lo particular, yo saludo y felicito a los Comisionados ciudadanos por la labor y la voluntad que tienen para hacer posible la transparencia y acceso a la información pública.

Lo traigo por escrito, voy a tratar de ser rápido porque creo que esa es una importancia, que quede esto en el archivo del Info.

No cabe duda que la transparencia y la rendición de cuentas debieran ser la herramienta determinante que nos permita a los ciudadanos del Distrito Federal, salvaguardar los valores intrínsecos de la democracia y poder disminuir con ello la opacidad y la corrupción del quehacer ciudadano en cualquier campo de actividad, toda vez que el manejo de la información significa poder y el acceso efectivo y seguro de ésta se constituye como un acto de restitución de la soberanía a cada uno de los ciudadanos de esta capital y de nuestro país.

Desafortunadamente en el mundo laboral y sindical, no nos hemos dado a la tarea de buscar e impulsar conjuntamente con las autoridades correspondientes, mecanismos de preventivos y punitivos que nos puedan ayudar a avanzar en este terreno de la transparencia y la rendición de cuentas e impulsar una base trabajadora informada, participativa, que exija a sus dirigencias una rendición de cuentas ante la forma de contratación y una real transparencia en la negociación contractual que efectúan muchos líderes corruptos con los patrones.

Ya lo mencionó el Licenciado Manuel Fuentes. Cuando en el sector laboral se refieren a la rendición de cuentas, únicamente priorizan el transparentar el manejo de las cuotas sindicales, cuando sabemos que este rubro sólo y únicamente es competencia de la base trabajadora al exigir a sus representantes cuentas claras al respecto, de otro modo, consideramos sería una grave injerencia en la vida privada de la organización.

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Con esto quiero comentar que debe ser no únicamente de las cuotas sindicales sino de todas las prestaciones, como lo menciona el Licenciado Manuel Fuentes.

Sin embargo, porque los sindicalistas democráticos hemos denunciado, es conocimiento de toda la sociedad lo siguiente: quiénes son los actores de la contratación de protección patronal, cómo actúan las instituciones en torno a ella, esto es, los representantes de los sindicatos corporativos, y hablo desgraciadamente de los que están integrados en el Congreso del Trabajo, la gran mayoría, con sus excepciones.

Los empresarios y las autoridades laborales y cómo está diseñada la propia ley laboral para que la contratación de este tipo pueda llevarse a la práctica sin mayores consecuencias para quienes la realizan.

No es excepcional, que en muy diversos ámbitos del país se minimicen las consecuencias de los Contratos de Protección Patronal, o más aún, se defiendan abiertamente como una especie de fuente de desarrollo y estabilidad laboral ante la inversión extranjera y aún nacional ya que con ello se garantizan condiciones de ventaja para el patrón en las relaciones laborales, aumentando sus niveles de ganancia vía la violación de los derechos humanos y laborales y lograr que la inversión que generan los empleos productivos se quede y se siga atrayendo a nuestro país.

Paradójicamente, en nuestro país los derechos colectivos fueron parte de un proceso revolucionario; por la vía constitucional se buscó incluir a los asalariados entre los beneficiarios del desarrollo económico desde principios del siglo XX y en la actualidad, una de las tareas más importantes del sindicalismo es precisamente la aceptación del derecho de los trabajadores a elegir la forma más conveniente de defender sus intereses y la liberalización de los controles corporativos que constituyen una condición para cerrar el paso a los contratos de protección.

Hay que recordar los trabajadores son los que son verdaderamente los integrantes de los sindicatos, no los líderes. Son los trabajadores los verdaderos sindicatos.

Hay que considerar que la arbitraria división de regímenes legales, jurisdicción federal contra jurisdicción local, y el uso restrictivo y discrecional por parte de la autoridad en ocasión del registro de los sindicatos de empresas, gremiales, de oficio, de industria, fomentan la fragmentación sindical, crean divisiones y unidades artificiales que dan lugar a una menor visibilidad y transparencia del proceso organizativo, cobijando la manipulación y la simulación que convierte el ejercicio de los derechos de los trabajadores en un negocio para los líderes, sin que los trabajadores puedan salir de sus organizaciones ni cambiar a los dirigentes que los traicionan.

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Ante la falta de autonomía, los sindicatos democráticos, carecen de la capacidad de escoger las estrategias que permitan defender mejor los intereses de sus representados, ya que uno de los impactos más difíciles para los sindicatos auténticos son los representantes obreros que pertenecen a sindicatos oficiales y se convierten en juez y parte de los conflictos, dentro de las juntas locales, negándose a que se registren los sindicatos auténticos o incómodos, cuestión que se agrava con el despido tanto de los trabajadores como de su representación sindical ante la falta de medidas punitivas para los empleadores por prácticas antisindicales.

Tenemos, como todos sabemos, un clima de incongruencia. Como un punto: Los criterios que han prevalecido en el desarrollo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han sido de control político subordinado al Ejecutivo, lo que neutraliza e inhiben las posibilidades y alcances que en el ámbito productivo podría tener la autoridad laboral.

Como otro punto, la nula independencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y con ello la politización de los conflictos, la corrupción, la discrecionalidad en el manejo e interpretación de la ley.

Otro punto, la escasa o nula independencia a la ineficacia del sistema de procuración de justicia laboral.

Otro punto, la no existencia tanto en las instituciones como en la ley, de mecanismos que impidan al gobierno y al patrón intervenir en la vida sindical.

Otro punto importante es la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas trasnacionales y locales, pues no es posible que, vía la indagación de los pocos periodistas e investigadores honestos nos enteremos de los grandes fraudes, fugas y malversación de fondos, de los contratos leoninos que ejercen, de los llamados outsoursing, de la trata de personas, de las complicidades gubernamentales, de las negociaciones políticas, sin que se tomen las medidas penales conducentes, por quienes deben ser garantes de erradicar corrupciones e impunidades.

Así mismo, el clima de inversión que prevalece en la entidad y la asignación de recursos, porque hay entidades que dentro de sus prioridades fijan algunos conceptos pero si se van a revisar los presupuestos de la entidad, resulta que a los conceptos que están establecidos de mayor prioridad, no se le asignan recursos y peor aún, si se va a los presupuestos que sí se le asignan recursos, y a la hora de revisar cómo se ejercieron, ya los recursos a toro pasado pues da cuenta que lo que estaba destinado a educación se lo gastaron en un edificio más bonito para oficinas administrativas.

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Sin lugar a dudas, la Ley de Transparencia ha sido una de las adquisiciones democráticas más importantes de esta ciudad capital pues ante el proceso de profundas transformaciones que estamos viviendo como país, se hace inexcusable tener información veraz y expedita tanto de las actividades desarrolladas como de los resultados de éstas, en todos los sectores sociales y poder lograr con ello la ciudad más transparente y con el mayor índice de pleno respeto a los derechos humanos.

Pero también, creemos que si de verdad estamos interesados en una efectiva transparencia y rendición de cuentas, es indispensable que desde el gobierno del Distrito Federal, se deje en claro a los actores del mundo del trabajo que existe la decisión gubernamental de no permitir en adelante la trasgresión de la legalidad laboral ni mucho menos permitir los intereses ilegítimos que sostienen la corrupción y la simulación que hoy afecta a los procesos de sindicalización, que ya comentó el Licenciado Fuentes, y la negociación colectiva, pero en especial con un obstáculo para el desarrollo laboral que es sin duda parte substancial del desarrollo productivo y económico del país.

De igual manera, es necesario que las organizaciones sociales ajenas a los arreglos corporativos y de partidos políticos, estén a favor de un nuevo equilibrio y formas de gobernabilidad democrática en donde quepa la discusión abierta y equilibrada, en donde quepa la discusión de los diferentes diagnósticos, orígenes, consecuencias y alternativas de solución a los problemas de la ciudad y del país, dejando en claro que no pueden dejarse más en manos de quienes temen perder con el cambio y continúan obteniendo no pocos beneficios basados en estrategias de precariedad y simulación.

Para ello, se requieren como tareas iniciales. Se propone por parte de la Alianza de Tranviarios de México: acatar la recomendación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgando acceso pleno e incondicionado a toda la información relacionada con el registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.

Establecer mecanismos de coordinación entre la Federación y el indicado del Distrito Federal y los estados, a fin de homologar los procedimientos de acceso a la información de manera que cualquier persona tenga conocimiento de lo que debe ser en cualquier lugar del país.

Ya comentó el Licenciado que me antecedió la palabra, propongo, tomando en consideración la importancia cuantitativa que tiene en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa que tiene actualmente el Distrito Federal, debe garantizar que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno local, tenga condiciones para cumplir las importantes funciones de vigilancia, supervisión y

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fiscalización que debe realizar en materia de trabajo, sobre todo en aquellos sectores y empresas en donde más se han rezagado.

El poder abordar estos temas tan importantes es muy alentador pero aportar ideas y actividades es trascendental, por ello, nuestra más cálida congratulación para los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y los mejores deseos de lograr las metas anheladas, sumándonos desde luego, a la tarea de tener un mejor gobierno en bien de México y de nuestra gran ciudad, la ciudad de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Muchas gracias Benito por tus palabras y bienvenidas las propuestas y compromisos que también la Alianza, a través de su Secretario General nos hace para mejorar los mecanismos de coordinación, tratar de extenderlos, la difusión del derecho que tenemos todos los mexicanos y de su compromiso de dar acceso pleno a toda la información pública.

Por supuesto no estamos refiriéndonos a las cuotas sindicales y a lo que se hace con ellas sino a todo lo que hay alrededor, que él de alguna manera nos envía el mensaje “la transparencia puede contribuir a resolver un conjunto de problemas, en pocas palabras a combatir la corrupción y la simulación que hay en el mundo laboral”.

Entonces bienvenidas todas estas ideas, creo que aportan para la reflexión que nos hemos propuesto en este foro.

Antes de darle la palabra a Abraham quisiera agradecer la presencia de representantes sindicales, compañeros que son los representantes de las Oficinas de Información Pública en el Distrito Federal que hoy nos acompañan; compañeros de organizaciones sociales que, preocupados por las tareas de transparencia, nos acompañan aquí también.

Particularmente quisiera agradecer de manera especial el entusiasmo y el compromiso que la Maestra Licenciada Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria General de las AAPAUNAM, ha puesto con esta tarea, son este tema y su presencia aquí la verdad nos honra y le agradecemos que haya venido aquí, que haya transmitido este tema como un tema de interés para los compañeros que forman parte de laS AAPAUNAM. Bienvenida, muchas gracias; bienvenidos todos ustedes.

Ahora le damos la palabra a Abraham Guzmán (…) Secretario General (…) un sindicato muy joven, es el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que (…) sindicato que emerge

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en la era de la transparencia nos pareció importante invitarlo para (…) cual es su punto de vista sobre este tema.

Abraham Guzmán realizó estudios de Licenciatura en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa; fue representante sindical del Colegio de Bachilleres; ha sido Coordinador de Planeación y responsable del área de Registro e Información en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; fue vocal de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de la misma Universidad y actualmente, como les decía, es el Secretario General de este Sindicato.

Abraham muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra.

C. ABRAHAM GUZMÁN DE BLAS.- Muchas gracias por la invitación, asimismo honrado por estar aquí con las personalidades que nos acompañan y con este público que nos hace el favor de escucharnos.

Coincido de manera general con lo que ha planteado el licenciado Manuel Fuentes, el licenciado Benito.

Yo creo que lo que voy a exponer solamente complementaría algunos aspectos, pero más en términos generales.

Se llama “Transparencia Sindical en Tiempos de Crisis”. Un primer aspecto a considerar es que la crisis internacional iniciada en 2008 aumenta el desempleo y disminuye la calidad de vida de amplias capas de la población y, en consecuencia, refuerza la inequidad, multiplica la pobreza y arroja a grandes sectores sociales a la economía informal o a eso que se ha convertido en parte del paisaje de nuestro país: la delincuencia organizada con su cauda de sangre.

No obstante, se persiste en las gastadas políticas de restricción del gasto público y se promueven las mismas soluciones en materia laboral, arrasando, además, los sistemas de seguridad social. De allí, considero, las manifestaciones en Grecia, España y Francia.

La expresión concreta de estas crisis, apunta de manera recurrente a cargar los costos en los de siempre, los trabajadores y sus prestaciones sociales. Aumentar los años de jubilación, la revisión de las pensiones, la constante disminución de los salarios, la pretendida individualización de las relaciones laborales y la constante violencia institucional en contra de los trabajadores y sus sindicatos, como es el caso del SME, de los mineros, de los trabajadores de las aerolíneas, son las políticas que emanan de los centros financieros mundiales, para hacer frente a los desajustes de la economía, que los sucesivos gobiernos en nuestro país han asumido como dogma de fe.

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Se ha insistido mucho sobre la transición a la democracia como el referente que ha permitido el paso de un régimen autoritario a otro en el que la alternancia política es el sustento de la participación ciudadana; no obstante, recuperando a Norberto Bobbio, en nuestro país la democracia se quedó a las puertas de la fábrica, a las puertas de la oficina, a las puertas de los supermercados, arrastrando con ello lo que alguna vez se le dio en llamar en México el Estado de Bienestar.

Este es un hecho aunque discutido poco valorado: nuestra democracia está mutilada por la falta de atención a uno de los actores sociales más importantes en la vida de nuestro país: a los sindicatos.

Por supuesto, es un lugar común de los opinadores públicos señalar, como lo diría Nexos en Línea el primero de septiembre de 2010, “los sindicatos en nuestro país se sostienen y actúan a partir de un andamiaje legal que les permite no entregar cuentas al Estado, a la ciudadanía ni, por supuesto, a sus trabajadores. Son quistes que impiden democratizar uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad y que obstaculizan el crecimiento económico de sectores clave para el país”. Eso es lo que opinan estos opinadores profesionales.

En sentido contrario, nosotros consideramos que la atrofia del sistema político mexicano tiene como referente una política de Estado que tutela a un sindicalismo abyecto y sometido a los intereses de sus dirigentes, de los empresarios y de los gobiernos en turno, para aplicar políticas económicas salvajes en contra de la población.

Habrá de señalarse que en México, aún después de la desaparición del régimen priísta que les dio sustento, los sindicatos y las centrales sindicales oficiales, se aclimataron sin modificar sus cúpulas dirigentes, y lograron vender su apoyo a los gobiernos federales panistas, así como localmente al mejor postor.

El caso más escandaloso quizás sea el del SNTE, convertido en una franquicia negociada por su dirigente vitalicia, Elba Esther Gordillo, y que tiene un papel preponderante en el control político de bases sindicales y en el atraso educativo que sufre nuestro país; otro tanto sucede con la corrupción rampante en el sindicato Pemex, el del IMSS o el del la Comisión Federal de Electricidad, donde ni la mera apariencia de ejercicio democrático es cuidada, ni se requiere.

Cúpulas sindicales asociadas al gobierno, a las empresas, que manejan gigantescos presupuestos y que con prebendas y privilegios recibidos, se les permite el control político sindical de amplios sectores de trabajadores, y que, en consecuencia, terminan siendo funcionales al orden jerárquico del sistema político mexicano.

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La intelectualidad liberal pone el grito en el cielo para acusar de manera general al sindicalismo como responsable de la corrupción, del atraso económico y político en nuestro país, sin señalar de manera específica los hilos de control político en los que se relacionan los intereses de las cúpulas sindicales dirigentes y de los gobiernos en turno.

En efecto, en donde se percibe de manera más contundente la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas, es en esa relación amafiada entre las dirigencias sindicales y los gobiernos federal y locales, para omitir información precisa y oportuna a los trabajadores sobre quiénes son sus dirigentes, cuáles los estatutos que los rigen, quiénes son y cuántos son el número de afiliados.

No es una deficiencia técnica, un poco como lo explicaba el Doctor Fuentes. Es la opacidad con la que operan las Juntas de Conciliación y Arbitraje un primer obstáculo y mecanismo de control, en el que se define de manera particular el manejo de la información pública sobre las tomas de nota, tipos y modalidades de contratos colectivos, número de afiliados, favoreciendo con ello la existencia de sindicatos blancos o de protección.

Un segundo aspecto se relaciona con la falta de rendición de cuentas hacia los trabajadores. De manera regular se omite información por parte de las dirigencias sindicales sobre los mecanismos de toma de decisiones y los resultados de las gestiones sindicales, que se relacionan directamente con la falta de democracia interna, apuntalado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes, con la toma de nota, definen quién o quienes son los representantes de los trabajadores.

Tercero, pero no menos importante, el uso y abuso de las cuotas sindicales. No por conocido es sabido, por ejemplo, que además de la manipulación y uso particular de las cuotas sindicales, en los casos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del IMSS y del SNTE, el gobierno federal otorga amplios recursos para diversas situaciones a las dirigencias sindicales. Sin información sobre el uso de los recursos, pero con la seguridad de que los mismos se utilizan, entre otros, para financiar campañas políticas y/o para enriquecimiento personal de esas dirigencias sindicales.

Reiterando, la opacidad y la falta de rendición de cuentas en el sindicalismo oficial, se explica a partir de una relación simbiótica entre las dirigencias sindicales, el gobierno y los empresarios, para mantener el status quo y el control político de los trabajadores, en aras de políticas económicas desnacionalizadoras, con efectos destructivos sobre los asalariados.

En ese contexto, lo que está en juego no es la democracia sindical, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos, sino de manera principal, la intención, por parte de los gobiernos, de acabar con los reductos

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constitucionales que otorgan al Estado la propiedad del subsuelo, la energía eléctrica y las poquísimas empresas públicas, entre otras, así como acabar con el sindicalismo considerado como rémora del antiguo régimen que obstaculiza la modernización económica del país.

Es por ello que se hace necesario revalorar la historia de las luchas obreras que, a contrapelo del discurso y las prácticas oficiales, han posibilitado espacios de participación y resistencia, en defensa de los derechos contenidos en la Constitución, a la vez que son referencia de construcción de ciudadanía y democracia.

Es de valorar la persistencia del sindicalismo independiente que, no obstante la necesidad de actualizarse, con su accionar ha generado una lógica distinta en su relación con los gobiernos, con los empresarios y con los trabajadores mismos.

Asimismo, es conveniente asumir como propios reclamos de diversos sectores de la sociedad civil que desde diversos ámbitos, han planteado la necesidad de que la transparencia y rendición de cuentas sean parte constitutiva de la vida de los sindicatos.

Desde nuestra perspectiva, la aspiración o el objetivo histórico de la acción sindical, es fortalecer la democracia participativa, la autonomía de las organizaciones sindicales y la acción concertada con los trabajadores, para oponerlos al sindicalismo corrupto prohijado por los gobiernos y los empresarios.

En ello, reiteramos, juegan un papel importante las prácticas de transparencia, en términos amplios de solventar los mecanismos de toma de decisiones mediante la participación de los trabajadores en las asambleas u otros organismos de representación.

Asimismo, es necesario establecer mecanismos de información, en primera instancia para los trabajadores agremiados a un sindicato, en los que se informe de manera periódica cuánto son los montos de las cuotas sindicales, cómo y para qué se ejercen los gastos de representación, mediante dispositivos ágiles y regulares, en los que se dé cuenta de del quehacer de los dirigentes sindicales, acorde con el uso de los recursos.

Y de eso quisiera señalar, creo yo, el sindicalismo independiente ha dado muestras de tener avances muy grandes respecto al sindicalismo oficial.

Para terminar quisiera citar a Adolfo Sánchez Rebolledo, quien recientemente ha señalado lo siguiente: “La ausencia de organizaciones sociales auténticas, representativas de los intereses legales e históricos de los trabajadores es la principal falla estructural en la configuración de una ciudadanía democrática,

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vigilante de sus derechos. Es esa terrible omisión la que castra el desarrollo político de generaciones de mexicanos”. Muchas gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Muchas gracias Abraham por los conceptos que acabas de exponer.

Me parece que es importante lo que advierte Abraham. De alguna forma nos dice: lo que está en discusión no es tanto la transparencia y la rendición de cuentas, eso nos ayuda para una democracia participativa; lo que está en juego, a lo que hay que apostar es a, de alguna forma, desmoronar esas estructuras que permiten que prospere una serie de políticas antiobreras, antisindicales y antidemocráticas.

Entonces me parece muy bien la forma como redondea su participación. Te agradezco mucho Abraham.

Vamos a darle la palabra, sin antes decirles que vamos a recibir preguntas que tengan, les están dando por ahí o está ofrecida por ahí una tarjeta para que, si tienen preguntas nos las hagan llegar y podamos darle la oportunidad a nuestros invitados para que retomen el tema o refuercen algunos de sus planteamientos.

Quisiera agradecer particularmente la presencia aquí del Director de FUNDAR Centro de Análisis, Miguel, gracias por venir por aquí.

También han llegado representes de otras organizaciones, ahora que me pasen la lista voy a estarlas mencionando.

Miguel Pulido, te me fuiste, de repente se me fue tu apellido. Disculpa.

De hecho tenemos una mesa de diálogo en donde Miguel Pulido ha sido artífice de la construcción de un ejercicio muy productivo de diálogo con organizaciones sociales y con las instancias gubernamentales para procurar mejorar las prácticas de transparencia en nuestra ciudad.

Vamos a darle ahora la palabra al Licenciado León Martínez Sánchez quien viene en representación de la Doctora Leticia Bonifaz, Consejera Jurídica del Distrito Federal. Él es el Licenciado León Javier Martínez Sánchez, es Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Le agradecemos mucho Licenciado, que hayan hecho el esfuerzo por participar en este foro, adelante.

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C. LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ.- Muy buenas tardes a todos ustedes.

Les traigo un saludo muy afectuoso de la Doctora Bonifaz y ofrecerles al mismo tiempo una disculpa por parte de ella, a los señores Comisionados de este honorable Instituto. Alguna cosa extraordinaria que le encargó el Jefe de Gobierno le impidió, contra su voluntad, estar aquí con ustedes ahora.

Me pidió que leyera la ponencia que tenía preparada para el día de hoy, así que si me permiten lo voy a realizar.

La legislación mexicana ha marcado un hito histórico al incluir las leyes federal y estatales de acceso a la información. Estas leyes representan el logro de una larga y compleja tarea por la transparencia y la responsabilidad gubernamentales en México; es una labor que empezó en los años setenta, con esfuerzos para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así asegurar el derecho a la información como una garantía constitucional de los ciudadanos.

La nueva redacción del artículo Sexto de la Constitución se aprobó en 1977; la reforma al artículo Sexto de nuestra Carta Magna representa la piedra angular para la realización de un efectivo proceso de democratización, al establecer el acceso a la información pública a todas las personas que así lo requieran.

Con esta base, la expedición de leyes de transparencia en las diferentes entidades federativas de nuestro país, contempló el establecimiento de obligaciones de transparencia sobre el destino de los recursos públicos a las diversas autoridades de las diferentes instancias de gobierno y además considerando aquellos recursos que son destinados a los sindicatos.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, misma que abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal del 8 de mayo de 2003, considera a los sindicatos como sujetos de la Ley, lo que implica que están obligados a rendir cuentas sobre los recursos públicos que reciben.

De acuerdo con información del propio Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hasta el momento sólo las leyes locales de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sonora y Yucatán consideran a los sindicatos como sujetos obligados no de manera explícita, utilizando términos como el de “instancias que reciban, o manejen o administren recursos públicos”.

Como se puede apreciar, la inclusión de los sindicatos en el ámbito de la transparencia ha resultado un tanto lenta y compleja, en virtud de las resistencias que se enfrentan.

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Los sindicatos en nuestro país se han sostenido a partir de un marco legal que les ha permitido en ocasiones no entregar cuentas al Estado, ni, por supuesto, a los trabajadores. Son obstáculos que impiden democratizar uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad y que impiden el crecimiento económico de sectores clave para el país.

Afortunadamente esto ha cambiado y en la actualidad el marco jurídico de la transparencia, parte del artículo Sexto Constitucional, establece que el Estado debe de garantizar el acceso a la información y enlista los principios por los que se regirá.

Podemos apreciar que la propia Carta Magna reconoce el derecho que todo individuo tiene respecto del acceso a la información, lo que puede definirse como la libertad de buscar, investigar, recabar y difundir información, en estricta relación con la participación ciudadana en la vida pública. Asimismo, señala que la regulación del derecho a la información, se encuentra a cargo de la Federación, Estados y Distrito Federal, en su respectivo ámbito de competencia, y para tal efecto, enlista los principios que se deben observar.

Ahora bien, no hay que perder de vista que el acceso a la información pública, no se trata únicamente de la estructura, organización o funcionamiento de los entes públicos, sino también del ejercicio de los recursos del Estado, en el caso particular de los del Distrito Federal.

En lo que respecta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hay que decir que es una ley muy valiosa: bien concebida, articulada y con claros propósitos para garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre su Poder Ejecutivo.

Esta Ley supone el principio de la publicidad, definiendo toda la información del gobierno como pública, e instruyendo a todas las dependencias y entidades del gobierno a favorecer el principio de la publicidad de la información por encima de la reserva. Obliga a las entidades a publicar de manera rutinaria y asequible toda la información que se refiera a sus funciones diarias, presupuestos, operaciones, personal, salarios, informes internos y celebración de contratos y concesiones.

Asimismo, les concede a los particulares el derecho de solicitar información que aún no se ha hecho pública por medio de un procedimiento nada complicado, además del derecho de recurrir en contra de la decisión de una entidad de denegar la información, y el derecho de llevar la entidad a juicio ante un tribunal si el recurso es rechazado.

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Aquí me permito hacer un paréntesis. Como Director General de Servicios Legales, comento a ustedes que ante una solicitud de acceso a la información pública, le doy inclusive más prioridad que a un término judicial.

Por la naturaleza propia del trabajo que yo desempeño, atiendo los juicios del gobierno del Distrito Federal y por supuesto tengo que atender los términos judiciales a los que estamos sujetos en los diversos procesos jurisdiccionales a los que nos enfrentamos.

El Doctor Manuel Fuentes sabe muy bien de esto porque él fue Consejero Jurídico en el gobierno del Distrito Federal y dejó buena huella en el propio gobierno.

Por supuesto, cada vez que llega una solicitud de acceso a la información pública le damos la prioridad que el caso amerita. Digo esto porque tiene igual o mayor valor que un término jurisdiccional.

Con relación al Artículo 1 de la Ley de Transparencia, puedo comentar que este ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función publica, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomo por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, como es el caso de los sindicatos.

El ejercicio del derecho la información comprende difundir, investigar y recabar información pública.

El Artículo 4 de la propia Ley señala justamente lo que se entiende por Ente Público, y en la parte final de la fracción V justamente se refiere a los que son los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público.

El Artículo 30 de la propia Ley dispone que toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra análoga que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberán proporcionar a los Entes Públicos de los que los reciban la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos.

El primero de los citados preceptos, establece que la ley de donde deriva, contempla los principios y las bases del segundo párrafo del artículo Sexto Constitucional y tiene por objeto: transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso a la información que posea entre otros, cualquier

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organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. El ejercicio de tal derecho a la información comprende investigar, recabar y difundir información pública.

Por su parte el 30 también señala que las organizaciones civiles, los sindicatos o cualquier otra análoga, insisto, que reciba recursos públicos por cualquier concepto, excepto las cuotas sindicales –y aquí me parece que hay una coincidencia con los compañeros de esta mesa que me han antecedido en el uso de la palabra- deberán proporcionar a los entes públicos de los que reciban los recursos económicos, la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos.

Como puede advertirse la ley secundaria no desacata ni contraviene en modo alguno el mandato constitucional previsto en el artículo Sexto Constitucional por el contrario regula plenamente tal garantía, al establecer todas las cuestiones inherentes a ella, por lo que es evidente que en tales preceptos descansa la regulación del derecho a la información.

Sin embargo, nuestra percepción sobre la obligación prevista en el artículo 30 de la Ley de Transparencia ha sido la de resistencia por parte de algunas organizaciones sindicales.

A manera de ejemplo, la Doctora presenta a ustedes dos amparos que promovió el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el cual es de conocimiento, por supuesto, de este Instituto, y en afán de transparencia y compartir con ustedes la experiencia que ha tenido la Consejería Jurídica y en términos concretos el gobierno del Distrito Federal, lo quiere hacer patente.

El Presidente del Comité Ejecutivo General interpuso un amparo en contra de la resolución de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamando el acuerdo adoptado en su Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, en el sentido de instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, en términos del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para solicitar al propio Sindicato, la documentación comprobatoria de los recursos que, como apoyo económico, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, entregó a la representación sindical.

El antecedente se deriva de un comunicado del 21 de octubre de 2009, notificado al sindicato de referencia del contenido del oficio número de 2009, emitido por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del cual le solicita “la documentación comprobatoria de los recursos que, como apoyo económico, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, entregó a la Representación Sindical”, argumentándose en el propio oficio que el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

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la Oficialía Mayor del Distrito Federal, le instruyó al emisor del documento ahora reclamado, para actuar en ese sentido y en términos de lo previsto por el artículo 30 de la Ley de Transparencia.

Esto se hizo del conocimiento del sindicato sobre que el asunto derivó en virtud de que el solicitante requirió por conducto del Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante determinado folio, la información relativa, entre otras cosas, a documentos probatorios entregados por la o las representaciones sindicales al ente público del uso y destino de los recursos proporcionados por la Oficialía Mayor, en el período comprendido del primero de junio de 2008 al 30 de mayo del 2009; y que el propio individuo interpuso el recurso de revisión “X”, ante el mismo Instituto; además de que el mismo ordenó, en la resolución, la entrega de la información solicitada por el requirente.

El sindicato, por conducto de su Presidente, manifestó que tal determinación del propio Instituto violaba en perjuicio del propio Sindicato, lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política, que habla de la supremacía de la Ley Fundamental, toda vez que, de manera excesiva e ilegal, rebasa la previsión contenida en el numeral Sexto de la Carta Magna.

En ese sentido, el Sindicato expresó que la Asamblea Legislativa se excedió en sus facultades, ya que la Ley de Transparencia consideró a las organizaciones sindicales como entes públicos, violando lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Constitución.

Asimismo, el Sindicato, además de demandar la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 30 de la Ley de Transparencia, emitida por la Asamblea Legislativa, violaba en perjuicio del Sindicato Único lo ordenado por el artículo 133, es decir, estaba contraviniendo ambas disposiciones: la Constitucional y la legal.

De la misma manera el Sindicato señaló que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 7, 8 y 11 del Convenio 87 Sobre la Libertad Sindical, así como el numeral 5 del Convenio 151 de la OIT, existía impedimento legal para que cualquier autoridad pública, en cualquier forma, solicitara esta información a la organización sindical.

En nuestra opinión, el motivo de la inconformidad del Sindicato es infundado porque parte de la falsa premisa de que los preceptos que acusa de inconstitucionales autorizan a las autoridades que menciona a intervenir en la organización, funcionamiento y administración de los sindicatos.

Lo anterior es inexacto, porque lo que se constata con la simple lectura de los preceptos impugnados a que se ha hecho referencia. De ahí que también sea inexacto que tales preceptos obliguen al quejoso a rendir cuentas de su

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administración y organización, porque como ya se observó de manera clara, se le requirió cierta información que se considera pública y, por consiguiente, se debe tener acceso a ella.

En ese orden de ideas, el Comité Ejecutivo General del Sindicato Único se encuentra obligado a proporcionar la información que se le requiera, en virtud de que es un sujeto obligado de acuerdo a lo establecido por los artículo 1 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en cumplimiento de lo dispuesto por el propio artículo Sexto de la propia Constitución.

En virtud de lo anterior, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública debe acatar efectivamente las garantías que otorga nuestra Constitución, a decir, las llamadas garantías de seguridad jurídica, de audiencia, debido proceso y, con un valor determinante para efectos del argumento que se expone: el derecho a la vida, seguridad e integridad de las personas.

Este derecho, confluye a complementar la garantía que establece la Constitución Federal y trasciende al establecimiento de las leyes que regulan el ejercicio de éstas, de manera que el legislador ordinario debe acatar las garantías individuales en su conjunto a efecto de cumplir con el mandato constitucional.

Estoy tratando de resumir porque está muy larga la cuestión del amparo, perdón.

Hace referencia también la Consejera Jurídica a una jurisprudencia emitida en contradicción de tesis, que refiere la voz información pública, el monto anual de las cuotas sindicales de los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye un dato que deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten.

Se refiere exclusivamente a lo que son cuotas sindicales, nada más.

Expuesto lo anterior, concluiremos señalando que si bien es cierto los sindicatos desde el punto de vista jurídico son asociaciones donde el gobierno no tendría alguna injerencia con respecto a su administración, el caso es que éstos reciben recursos públicos, y aquí sí, el Estado debería tener facultades para determinar en qué condiciones o bajo qué circunstancias se otorgan.

La transparencia es un rasgo distintivo de un Estado Democrático y de Derecho porque implica una relación más cercana entre el Estado y la sociedad. Ésta tiene con el principio de la transparencia el derecho a la información a saber cómo se toman, por dentro de las entidades públicas sujetas a la ley respectiva, las decisiones que afectan de manera directa o indirecta los intereses de personas, de grupos sociales o de la sociedad en su conjunto.

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La transparencia es un valor universal; representa una reivindicación de ética pública y privada. La oscuridad, por el contrario, es una patología grave que afecta a la sociedad en su conjunto, un fenómeno ante el cual no podemos sentirnos tranquilos ni satisfechos, mucho menos quedarnos paralizados.

Si la secrecía y la opacidad son áreas donde se desarrolla la corrupción a través de sus múltiples manifestaciones, la transparencia, por el contrario, acota en gran medida esas expresiones y reduce de manera considerable los límites de las acciones de los servidores públicos proclives a incurrir en actos de corrupción.

Muchas gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Le agradecemos al Licenciado Martínez esta exposición que nos envía la Consejera Leticia Bonifaz.

Me parece más importante apuntar lo siguiente: lo mencionaba yo en la sesión pasada. Se han interpuesto cuatro amparos por parte del nuevo Sindicato, ninguno ha prosperado, solamente en uno prosperó para que le diéramos audiencia como tercero interesado al Sindicato, cosa que nos parece sumamente válida, aceptable y practicable por parte de nosotros, de escuchar a los sindicatos pero no vino el Sindicato ha exponer sus argumentos y se dio por cumplido lo ordenado por el juez.

Y otra cosa importante. La transparencia no debe interferir en la vida interna de las organizaciones sindicales, no tiene porque involucrarse en el manejo de las cuotas, en la administración de las cuotas ni afectar la vida interna de las organizaciones.

La transparencia tiene que ser parte de este conjunto de acciones en el servicio público para transparentar el uso de los recursos públicos. Esa es la misión y el espacio del que nos debemos de ocupar.

Y creo que va en armonía, de alguna forma, los espacios que han subrayado nuestros expositores.

Y para cerrar esta ronda le vamos a ceder la palabra a Enrique Torres Miranda, que viene en representación del Diputado Erasto Ensástiga, Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Enrique, además de ser Secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, que por lo mismo le reconocemos mucho el tiempo dispensado para esta reunión porque justo en estos días están viéndose muy presionados para tener a tiempo el presupuesto para el Distrito Federal.

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Él es candidato a Doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, es Maestro en Administración Pública por el mismo instituto y Licenciado en Economía por la UNAM. Se ha desempeñado como consultor externo y coordinación de Servicios Parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Por su experiencia y por su trayectoria Enrique es un expositor también de lujo que tenemos aquí. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando.

C. ENRIQUE TORRES MIRANDA.- Gracias Licenciado.

Yo después de escuchar a los ponentes, pues casi me dejaron sin ponencia. Pero sin embargo creo que existen muchos elementos todavía por reflexionar.

Uno de ellos es el papel que juega y ha jugado el INFODF, así como los diferentes organismos que se han dado a la tarea de luchar por la transparencia y la rendición de cuentas de cualquier Ente Público, a cualquier nivel: federal, estatal o municipal, o en nuestro caso, delegacional.

Y es que en años recientes apenas estamos viviendo lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la acountability.

Por hoy se han ido multiplicando organizaciones que reclaman ese derecho (…), esa garantía individual (…) las entrañas de quien nos gobierna porque fundamentalmente se está orientado a acotar el poder y evitar que ese poder sobre la información sea un instrumento de abuso del poder.

Por eso es que consideramos en este momento, y quiero reconocer el papel que juega el INFODF, porque es también un termómetro de cuánto o cómo se está avanzado en la democracia en la Ciudad de México.

Se dice recientemente (…) a través de un estudio del CIDE, si no estoy mal, que el Distrito Federal es la primera entidad en transparencia y rendición de cuentas (…) y sin embargo (…) áreas de opacidad (…) resistencia a informar puntualmente lo que se le demanda y dentro de estos Entes están los sindicatos.

Y es que aunque digamos que este es un valor democrático, la transparencia, la rendición de cuentas, es un valor democrático y que estamos viviendo ya en una democracia a partir de que se renueva el poder político a nivel federal, con la alternancia en el poder, pues evidentemente hay todavía cuentas pendientes, hay aspectos que tienen que profundizarse.

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Y uno de ellos es precisamente abrir la información, compartir la información. Que la ciudadanía tenga acceso a la información.

No hace mucho los sindicatos, por una parte eran los instrumentos de control corporativo del poder público. Poco a poco esto se ha venido debilitando.

Otro aspecto dentro de los sindicatos es que los sindicatos eran como alternativa, los sindicatos independientes eran escuelas de educación política de los trabajadores en el que diseñaban estrategias para mejorar sus condiciones de vida y en la medida en que se profesionalizaban tenían una visión cualitativamente desarrollada hacia la búsqueda también de espacios de poder. Y esos espacios de poder están muy relacionados precisamente con el acceso a la información.

Espacios en donde se han ido conquistando, no sin dar una batalla fuerte, pero sin embargo, los resultados son si no los mejores, son buenos porque nos permite a todos ejercer mejor nuestras garantías.

Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá no le decía nunca a mi mamá cuánto ganaba y siempre tenía una reservita para sus escapadas, pero el día que mi mamá supo cuánto ganaba, ese día empezó a mejorar la administración del gasto familiar porque tuvo el poder de intervenir y participar y decidir cómo se gastaban las cosas.

Así es en el uso y destino y el origen también de los recursos, obviamente.

Más allá de esta anécdota creo que es ilustrativo porque eso es lo que sucede también al interior de los sindicatos. Cuando vemos que la dirigencia de un sindicato permanece indefinidamente es porque sabe algo, porque tiene información que sabe capitalizar, porque hay información que puede compartir y en caso de los sindicatos en el orden público, porque comparten con el patrón que es el gobierno, en muchos de los casos, con la Secretaría, con el Instituto, etcétera.

Entonces cuando se niega esa información al gremio lo que sucede es que las representaciones sindicales se burocratizan y se vuelven ajenas a la lucha que da origen precisamente al agrupamiento, a la asociación, a la búsqueda de mejoramiento de condiciones de vida.

No es el caso de algunos sindicatos que están en una dinámica y en una visión diferente en el que incluso publican sus estados financieros. Es el caso y quiero reconocer a AAPAUNAM, es el caso del STUNAM, es el caso UACM, de los trabajadores. Sobre todo de este nivel de Institutos.

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¿Y qué es lo qué nos aportan a nosotros dentro de nuestra función? Yo como técnico de apoyo a los trabajos legislativos. Que creo que la dinámica en que va la sociedad en general es hacia allá y que si no se desarrolla es porque existen no solamente resistencias en las mismas agrupaciones sindicales, también existen resistencias al interior de espacios de gobierno.

No todo el gobierno es único y marchan al mismo ritmo y en una visión única. Se comparte un proyecto pero se interpreta de manera diferente.

Yo he escuchado en estos momentos a través de nuestros compañeros panelistas que no he oído ninguna objeción en que los sindicatos transparenten, incluso no solamente los recursos públicos que se les asigna por parte del presupuesto público. Estoy escuchando que incluso, es necesario transparentar las cuotas sindicales, es necesario transparentar, poner en las páginas, que todos los sindicatos tengan su portal en internet y que ahí digan “nuestro contrato colectivo es este, nuestras condiciones de trabajo son estas, estas son las percepciones, las cuotas, como se gastan, que resultados se tienen”.

Y eso, el día que se haga, desde mi punto de vista, nos va a dar el poder como integrantes de un gremio, como sociedad, como individuos que estamos a favor del mejoramiento de las condiciones, de la cultura, etcétera, y de los valores democráticos.

El día que tengamos esa información los mismos trabajadores afiliados a uno u otro sindicato van a poder comparar que eficacia hay en sus representaciones sindicales y porque unos están en una situación y porque otros en otra. Por qué los tabuladores están disparatados, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los rendimientos del trabajo, cuál es la calidad y la calificación de los propios trabajadores y qué es lo que hace falta, cómo podemos elevarla.

Qué podemos exigir a nuestros representes; cuáles deben ser las decisiones que deben tener los representantes sindicales para mejorar las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve su gremio o sus representados. ¿De qué manera se puede sentar a los patrones a negociar nuevos contratos colectivos, fortalecer y ampliar las garantías laborales?

En fin, si tuviéramos esos parámetros de comparación a través de esta publicidad de esta información que está guardada muy celosamente en la mayoría de los sindicatos yo creo que esto sería parte de un detonante, de un relanzamiento de la vida democrática en el Distrito Federal y en todo el país.

Yo me llevo la tarea ¿de qué? Yo creo que las leyes en el Distrito Federal y dada la composición que se tiene en la Asamblea Legislativa, como en cualquier órgano

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legislativo además, que somos órganos representativos pero también de auto control y que tenemos que rendir ya información también y eficacia del trabajo que hacemos, y parte de esto es mejorar y fortalecer las leyes pero orientadas siempre al mejoramiento de las condiciones de vida.

Ese es el valor público que hoy se encuentra en los espacios de decisión pública también, como es la Asamblea Legislativa, el gobierno, etcétera.

El valor público supremo debe de ser mejorar las condiciones de vida de la población y parte de esto es elevar su nivel de cultura con valores de democráticos como es la transparencia y la rendición de cuentas.

Y nos llevamos esa tarea de mejorar la Ley de Transparencia hasta donde dé y hasta donde tope.

Creo que esa es la tarea que los legisladores deben de hacer y nosotros como parte del soporte técnico tenemos que apuntar hacia allá. No sin resistencias, no sin valorar incluso, en esto hay un cálculo político de que si se abre todo y entonces se abre la puerta precisamente para que la ciudadanía también demande, reclame y con conocimiento de causa, con información en la mano.

Y dentro de sus propios gremios sean los principales actores de la transformación y democratización de sus organizaciones y como resultado general la transparencia y el fortalecimiento de la democracia hoy en nuestra ciudad.

Eso es lo que yo hoy puedo plantearles.

Gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Le agradecemos mucho a Enrique estas palabras, pero creo que es un buen cierre, creo que aquí hay, implícito, un llamado a los sindicatos, a que utilicen la transparencia para fortalecer su vida interna, a trabajar con asociaciones públicas su actividad, su vida, sus contratos, sus condiciones generales de trabajo, estatutos, membresía, etcétera; lo que sea necesario transparentar.

Para fortalecer su vida interna a través de portales de internet, que no es una práctica muy regular, está muy generalizada en los entes públicos, pero no en los sindicatos; dijeron que son fuentes de comunicación indispensables.

Tenemos que hacer las herramientas para masificar la información y abrir las puertas y ventanas para que la vida misma de las organizaciones, tanto de las organizaciones sociales sindicales como de las organizaciones gubernamentales,

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como puede ser este mismo instituto y las instituciones de gobierno, la misma Asamblea, para que todo mundo se abra.

Planteamos en la sesión pasada, la necesidad de llevar a cabo una reforma a la Ley en esta materia, en donde estos aspectos, como las condiciones generales de trabajo o contratos colectivos, estatutos, membresía, el registro de las asociaciones, las tomas de nota, los trabajadores que son condicionados a los sindicatos, los pagos extraordinarios que por cualquier concepto de la vida sindical, que son muy normales, haga el ente público, que sean públicas.

Yo, les digo, son normales, vengo de una experiencia sindical en donde de todo ello se daba cuenta, nosotros teníamos asambleas semanales, una vez a la semana, todos los lunes a nivel nacional, y todos los lunes se rendía un informe de tesorería, ellos tomaban decisiones sobre los recursos económicos, que fueran provenientes de las cláusulas del contrato colectivo, las cuotas sindicales, y ahí tomábamos decisiones abiertamente.

Este es un poco el camino hacia adelante; tenemos un conjunto de preguntas arriba que nos va a permitir hacer un repaso rápido, les vamos a pedir que en tres minutos traten de reaccionar nuestros panelistas; Manuel Fuentes, por favor, si fueras tan amable.

C. MANUEL FUENTES MUÑIZ.Hay algunas preguntas que tienen que ver precisamente en que (…) transparencia en materia sindical; pero dicen “¿cómo es posible que la junta local, a quién le rinde cuentas de su funcionamiento, de su parcialidad, a la edificancia para dictar laudos?”.

Déjenme decirles que desde mi punto de vista, de los 12 años que lleva a cabo un nuevo gobierno, lleva pocos avances en materia de política laboral; ha habido avances en algunas partes; pero lo que observo es de que no hay recursos suficientes para las áreas de gobierno.

De pronto, de nada sirve decir “apoyamos por una política de honestidad, de transparencia” si los recursos son mínimos; en la Junta de Conciliación y Arbitraje, seguramente el noventa por ciento de los recursos van para pago de personal, y no hay más recursos.

Y luego, se han llevado a cabo políticas, por ejemplo, ha habido demandas de que haya renovación de actuarios, en donde hay una enorme corrupción, y se ha planteado por parte del sindicato, de que se contraten jóvenes, “de preferencia nuestros hijos” dicen.

Entonces sucede que los actuarios de una generación de corrupción, sus hijos también han aprendido a llevar a cabo la misma inercia, lo mismo con los

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archivistas o esta idea que ahora se está buscando resolver, de los dictaminadores; algunos dictaminadores viven en Aguascalientes, otros en Estado de México y ¿quién hace los dictámenes?

Algunos, a mis amigos abogados, dicen “pues es en mi oficina”, de los abogados patronales, de pronto algunos reciben algún beneficio. ¿Cómo poder lograr acabar con la corrupción? Algunos trabajadores se acercan a la Junta de Conciliación y Arbitraje y ya los están esperando “coyotes” fuera de la junta, me parece que es importante que se pueda lograr, como actos de gobierno importante, efectivamente, lograr que la corrupción se pueda llevar a cabo, pero no es solamente con un tema de discurso que se pueda acabar, sino que el efecto, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe realmente haber apoyos efectivos.

Si yo digo, ojalá pudiera haber funcionarios que pudiera estar requiriendo a los más de novecientos sindicatos cada seis meses, ¿qué pasa con las cuotas sindicales y con la administración de los recursos?, no hay personal que haga esa función.

Yo sería injusto en decir “bueno, es que no hace la Junta de Conciliación y Arbitraje ese trabajo, pero observo que no hay personal para ese efecto”.

Me parece que no hay una congruencia si se habla de una política laboral, y finalmente las áreas de gobierno no responden a esta situación.

A mí me parece que uno de los temas de transparencia tiene que lograrse, el que se dote de instrumentos adecuados, decíamos, en la Secretaría del trabajo, donde están las áreas de inspección, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde tiene que ver con los temas de registro sindical, pero además que haya eficacia en los temas de contralorías en ese sentido.

A mí me ha tocado de pronto, presentar denuncias contra actuarios que dan fe pública, en un expediente dice que estuvieron a la misma hora en este lugar y en otra dice que estuvieron a la misma hora en ese mismo lugar y de pronto le hacen una amonestación. Digo “cómo es posible, córranlos, eso no puede ser”, son fedatarios que están haciendo uso indebido de eso.

Y de pronto, cuando se ha querido quitar que las mecanógrafas ya no reciban dádivas, lo que se ha planteado es paro general de los trabajadores y, obviamente, el tema es muy complejo, porque más del cincuenta por ciento de lo que recauda y recibe el gobierno del Distrito Federal, más del cincuenta por ciento se gasta en salarios de los trabajadores-.

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Y luego vemos a los salarios de los trabajadores y son salarios de cuatro mil pesos, de tres mil pesos, a lo mejor, a los que bien les va, de cinco mil pesos; en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, estuvieron a punto de despedir a procuradores de la Defensa del Trabajo con honorarios, y les dijeron “bueno, tú ganas ocho mil pesos pero no nos dieron presupuesto, nos lo redujeron, pero si quieres seguir trabajando te lo vamos a pagar en cuatro mil pesos, ¿quieres seguir trabajando?” y le dijeron “bueno, está bien”.

Una política laboral tiene también que atender a los temas presupuestarios, pero habrá que ver hasta dónde está la responsabilidad del Distrito Federal y cómo el gobierno federal, léase Congreso de la Unión, ahoga también los espacios para no otorgarle recursos al gobierno del Distrito Federal.

Hemos visto como en el tema del Metro y otros escenarios, se reducen estos temas.

Obviamente, lo que yo estaría diciendo, que este es un escenario derivado de una falta de democracia a nivel nacional, que obviamente también pega en el ámbito del Distrito Federal, y que tenemos que hacer, efectivamente, hacer una revisión general.

Yo hace rato les decía que, obviamente los empresarios no están interesados en el tema de la transparencia sindical, porque obviamente esto atenta también contra sus intereses.

Es un tema muy profundo, es un tema que no se resuelve solamente con presupuestos o modificaciones de leyes, sino efectivamente, que se logre un transformación de abajo, una auténtica democracia, para lograr que desde abajo la gente pueda estar peleando porque se pueda dar una democracia igual a la transparencia.

Mientras no se dé eso, va a ser muy difícil, va a haber intereses que se sigan acotando, y que haya una búsqueda de oscuridad en las cosas para que siga reinando los intereses de unos cuantos. Muchas gracias.

C. BENITO BAHENA Y LOMÉ.Bueno, como yo pasé volando y no me vieron, no tuve ninguna pregunta, pero quiero comentar a ustedes que me siento verdaderamente preocupado por lo que les comenté al inicio de mi ponencia, que nuestro país es más corrupto y menos democrático.

Transparencia internacional da a mexicanos la pero calificación en los últimos diez años por corrupción, el país cae del lugar 43 al 53 en prosperidad; según encuesta del Instituto (…) del Reino Unido, por inseguridad, salud, educación, oportunidades

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de desarrollo y percepción sobre el gobierno, son los factores que determinaron el retroceso.

En materia de corrupción México descendió nueve puestos, al pasar del 89 al 98 de este año.

Y si sigo comentando esto, yo creo que nos vamos a ir mal en este momento; yo considero que, verdaderamente debe de haber transparencia en todos los sectores, porque esto que está sucediendo es porque no hay transparencia en ninguna secretaría, ningún secretario del gobierno federal.

Hemos vivido de engaños del actual presidente que, para mí, es ilegítimo, porque simple y sencillamente creo que no ha hecho la labor que merecemos los mexicanos, ¿qué estamos esperando?, tenemos tierras, litorales, minerales, petróleo, gente trabajadora, gente creativa, entonces ¿dónde está la falla? En el gobierno federal.

Ojalá que los gobiernos de los estados vean esta situación, porque también hay mucha corrupción en los estados, aquí en el Distrito Federal también hay corrupción, pero como dijo alguna persona, no digo el nombre, porque no es una situación que puedan pensar que estoy a favor de él, dice “los de abajo agarran pesos, y los de arriba trastocan, hacen esto”, y es la verdad.

Yo creo que la transparencia que vamos a tener en el Distrito Federal va a ser trascendental para el cambio de nuestro país. Gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Tiene razón Benito al mencionar esto, creo que (…) hacer un comentario al respecto, fue una nota muy importante que se dio ayer en el país, y tiene que ver con la percepción de los mexicanos con lo que sucede.

A esa percepción contribuyen todos los intentos de dar marcha atrás a las políticas de transparencia, de tratar de que se retroceda en la materia, de tratar de someter las decisiones los órganos garantes a tribunales, a diversas o diferentes, a las instancias especializadas que estamos para ello, a tratar de debilitar a los órganos garantes, en negar las respuestas a las solicitudes de información de la gente; en eso contribuye.

En la medida en que las instancias de gobierno intentan socavar esta política de transparencia y la fuerza que ha adquirido ya para muchos sectores de la sociedad, en esa medida de la percepción dicen “¿cuál transparencia?”, no hay transparencia, no se confía, en esto se habla de un índice alto de corrupción.

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Y creo que aquí en el Distrito Federal, tenemos que combatir cualquier tendencia que atente contra la necesidad de que se transparente la vida en el servicio público, y por ello también es importante que hoy estemos abordando este tema en el marco de un sector, el sector sindical, que está llamado a ser propulsor de las políticas de transparencia en el Distrito Federal y en todo el país.

Pero por lo pronto, a nosotros nos toca invitar y convidar a los sindicatos de patrón gubernamental del Distrito Federal a que cerremos filas y empujemos para delante en esta política pública de transparencia.

Doy ahora la palabra a Abraham para que nos comente sobre las preguntas que le han hecho.

C. ABRAHAM GUZMÁN DE BLAS.dadas de manera directa.

Son dos preguntas, que creo que están

La primera es ¿Por qué se le permite a Elba Ester Gordillo que utilice los recursos del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación, pese a no ser representante de esta organización?, y la segunda me cuestionan, yo creo que amablemente ¿por qué el sindicato al que represento, permitió que el gobierno del Distrito Federal nos impusiera el aumento de 2.76 por ciento? Situación que no ayuda a los demás trabajadores del gobierno del Distrito Federal.

Aquí la cuestión es, creo que la respuesta es la misma, es una cuestión de democracia, no es una cuestión que, por ejemplo, nosotros hayamos permitido que el gobierno del Distrito Federal nos impusiera un aumento del 2.76 por ciento, el más bajo para todo el sindicalismo a nivel nacional.

Nosotros estuvimos planteando, desde un principio, que rechazábamos un ínfimo incremento por parte de la Rectoría de nuestra universidad, y hasta el último mantuvimos nuestra negativa a aceptar esta propuesta, este incremento.

El caso es que, una asamblea que tiene el valor de la participación de la mayoría de los compañeros de la universidad, decidieron que se aceptaba este incremento, y nosotros decimos “somos representantes de los trabajadores y aceptamos lo que los trabajadores decidan”; creo que este no es un valor, sino es el sustento de la democracia, la participación de los trabajadores.

El caso contrario, la cuestión de Elba Ester Gordillo, tiene que ver con una situación, en efecto, de falta de democracia; la eligieron, sí es representante del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación, la eligieron presidenta del SNTE, no es secretaria general, ahora es presidenta, y hasta honorífica, vitalicia y todo lo que le quieran poner.

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Y por eso utiliza, según esto, dentro de los márgenes legales, los recursos del sindicato, pero hay que ver por qué este uso de los recursos sindicales tiene que ver hasta con préstamos que hacen para diferentes sectores. Ustedes podrán ver el Metro, hay algunos anuncios en donde se señala “el SNTE te presta” creo que se llama guardadito o algo así por el estilo.

Hay un uso y un abuso de los recursos sindicales por parte de Elba Ester Gordillo, y eso tiene que ver, en efecto, con una falta de democracia, con una falta no de participación, porque los maestros son unos de los gremios más aguerridos de nuestro país, sino con una falta de democracia que es apoyada y que es engrosada, en términos de poder, por parte del gobierno federal.

Decía yo en mi presentación que el SNTE es un lastre para la educación de nuestro país, precisamente porque se ha impuesto, desde muchísimo tiempo atrás, cuáles son las políticas educativas que siguen este país.

Sobre todo en los últimos tiempos, tiene esa característica de definir las políticas educativas de nuestro país, tiene los puestos en la Secretaría de Educación Pública para definir cuáles son las políticas educativas en el país, y por supuesto, estamos en un atraso terrible en términos educativos en este país.

Pero tiene que ver, estas dos preguntas, considero yo, con una situación particular, que es la democracia, y de los otros dos compañeros, compañera Georgina Pliego y María de Lourdes Valtierra, por supuesto, estoy a su disposición.

Muchas gracias.

C. LEÓN JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ.a mí me tocaron seis preguntas.

Gracias. Señor Comisionado,

Tres se refieren al tema del foro, hablando de, por supuesto, el tema de transparencia, y las otras tres se refieren al tema del cumplimiento de laudos; si usted me lo permite, por supuesto podré contestar a las que corresponden al foro, las tres primeras, y las otras tres, en honor al instituto donde estamos ahora, si me permiten daré una respuesta breve también, aunque no corresponden al foro.

Gracias.

Las tres primeras se refieren, a cuenta de agruparlas, por qué no los organismos en el DF adoptan un criterio definido sobre la información pública, es decir, si se ha demitido algún comunicado o alguna circular dirigido a todas las dependencias.

Y al mismo tiempo, por qué no el gobierno del Distrito Federal transparenta los recursos proporcionados por el gobierno del Distrito Federal al sindicato, si este no lo hace de manera directa, por qué no lo hace el propio gobierno.

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Yo contestaría esto en ese sentido. En primer lugar, la Constitución es muy clara en cuanto al tema de transparencia, el Artículo Sexto Constitucional dice que: Toda información en posición de cualquier autoridad, es pública –ese es un principio general-. Solamente puede ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

Si esto lo vinculamos con que las autoridades, si los servidores públicos, solamente pueden hacer aquello que la ley les permite, yo contestaría entonces a estas preguntas señalando que, por supuesto, las autoridades del gobierno del Distrito Federal tienen esa limitación legal.

Hablando, por ejemplo, de las cuotas sindicales, me parece que la Ley de Transparencia del Distrito Federal impediría dar a conocer lo que corresponde a las cuotas sindicales, en mi opinión, no así al otro tipo de aportaciones, pero en cuanto a cuotas sindicales, me parece que habría un impedimento legal.

Transparentar estos recursos de manera directa, por parte de las autoridades de gobierno, me parece que sí estaría violentando una disposición de tipo legal.

En cuanto a por qué no se emiten circulares o criterios a todas las dependencias, yo creo que sería lo mismo, es decir, ya la Ley, la Constitución es la Ley, señala cuáles son esos lineamientos, me parece que a estos lineamientos, a estas disposiciones constitucionales legales, se tienen que ceñir todas las autoridades.

Esa es la norma que deben de cumplir.

Por lo que se refiere a las otras preguntas, se refiere al cumplimiento de laudos; señala que por qué los sindicatos de, por qué el sindicato de gobierno no defiende los derechos de los trabajadores, y por qué no se cumplen los laudos condenatorios por parte del gobierno del Distrito Federal, y asimismo, por qué los distintos funcionarios de las diversas dependencias, no cumplen con estas determinaciones.

Miren ustedes, yo soy fiel testigo, en mi calidad de Director General de Servicios Legales, que soy quien enfrento los juicios en contra del jefe de gobierno de la Consejería Jurídica, y por otro lado, defiendo las estrategias generales junto con las áreas jurídicas de todas las dependencias y delegaciones, por supuesto, para salvaguardar los intereses del gobierno del Distrito Federal, que si alguien defiende a los trabajadores es el propio sindicato.

Son muy aguerridos, todas las secciones del Sindicato Único, perdón, esa es mi opinión, y los defienden ahí a costa de lo que sean.

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Por otro lado, el por qué no se cumplen los laudos, yo les diría que, seguramente es de su conocimiento, si hay ya jurisprudencia firme, señala que la relación jurídica se entiende entre los trabajadores y los titulares de las dependencias, es decir, el obligado al cumplimiento de los laudos no es directamente el jefe de gobierno, pero son los titulares.

Como en el ámbito federal, cuando un servidor público demanda al titular de una dependencia federal, no demanda al presidente de la República y no le pide a éste el cumplimiento de un laudo, demanda al titular de la dependencia, y a él, en todo caso, le pide y le exige el cumplimiento del laudo.

Esto mismo ocurre en el caso del Distrito Federal, los obligados son las dependencias; por supuesto, esas dependencias, las delegaciones, los organismos, están obligados a cumplirlo en sus términos, y para esto, pues por supuesto, los trabajadores tienen los medios de apremio que prevé la ley para poderlos hacer cumplir.

De manera particular, yo me reúno frecuentemente con las distintas instancias jurisdiccionales, tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como en el Tribunal federal de Conciliación y Arbitraje, con autoridades de la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal, en donde les damos a conocer lo que estamos haciendo como estrategia (…) gobierno para ver cómo se pueden cumplir los laudos.

Hay veces que son muy complicados, donde son ya laudos muy antiguos, en donde, a veces, los trabajadores están exigiendo el cumplimiento puntual, en todos sus términos, de todos los salarios perdidos; y yo, por supuesto, no soslayo ese derecho que tienen que les asiste, eso esté fuera de discusión, ya que es un laudo firme y tiene que ser observado en sus términos.

Sin embargo, hay veces que es muy complicado cumplirlo en esos términos, hay veces que nos permite la conciliación con los trabajadores, ver la manera de arreglarlo, es decir, ver la manera de poder encontrar el cumplimiento a través de la reinstalación, la mejor no de la plaza donde está condenado en el laudo, sino una similar o bien el pago de salarios, a la mejor no en el cien por ciento, sino en una cantidad menor, nos permite ahí jugar con las cifras, con las condiciones para poder cumplirlos.

En lo que va de la presente administración, hemos sido muy insistentes en la mesa de asuntos laborales que yo presido, de ver la manera de considerar los asuntos, la mesa de asuntos laborales tiene facultades para otorgar vistos buenos aún cuando no haya laudos.

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Es decir, cuando llega una demanda y la dependencia advierte que el asunto lo va a perder, basta y sobra con que justifique a la mesa de asuntos laborales, bajo un argumento jurídico, que más le conviene a los intereses del gobierno conciliar el asunto y pagarlo que esperar hasta el final en un juicio muy largo y costoso, ese resultado final, la mesa tiene facultades para autorizar, con este visto bueno, los pagos.

De una manera particular, y perdón si me excedo, Señor Comisionado, en el uso de la palabra, yo invitaría a quien se interese en estos temas, a que pudiera asistir a mi oficina, allá en Izazaga 89, en el piso 11, para ver de manera particular cómo le pudiéramos ir avanzando en los cumplimientos de los laudos.

Muchísimas gracias Señor Comisionado.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Le vamos a dar, por último, la palabra a Enrique Torres, y al final le voy a pedir a la Comisionada Areli, que nos está acompañando aquí en la mesa, dirija algunas palabras para dar por terminado este foro.

Adelante.

C. ENRIQUE TORRES MIRANDA.A mí nada más me están haciendo una pregunta, me preguntan ¿quién sancionará a los sindicatos por no entregar la rendición de cuentas?

Aquí lo que acabamos de mencionar es que los sindicatos no son sujetos obligados, incluso yo quería saber como qué podemos hacer; bueno, si estamos hablando de sindicatos en la esfera del sector público, el ente público, la secretaría, la dependencia, etcétera, será la que tendrá que informar al INFODF sobre los requerimientos de información que se le esté haciendo, sobre la asignación presupuestal en este caso (…) a un determinado sector o sindicato.

Pero otra cosa que me llama la atención también, y quiero aprovechar el momento, porque estamos en un proceso precisamente en el que se está revisando el presupuesto de la Federación ya, ya entramos en esa materia.

Y hoy el Distrito Federal junto con el gobierno, los diputados de la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales han, bueno, yo también participo en eso, hemos creado un fondo o un frente de lucha con los recursos a los que tiene derecho el Distrito Federal por sus diferentes características.

Y hemos sostenido que el Distrito Federal tiene un trato inequitativo, porque siendo la primera entidad, que aporta la quinta parte del Producto Interno Bruto, el veinte por ciento de la riqueza nacional, solamente se le da por cada peso que

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aporta a la Federación a través de los impuestos federales, recibe nueve centavos, eso es inequitativo.

Y el Distrito Federal, el gobierno del DF ha hecho un esfuerzo constante para que sus ingresos propios, que son el cincuenta por ciento de lo que cubren sus gastos, los cubre con sus propios recursos, el otro cincuenta por ciento, a diferencia de los demás estados, son recursos que vienen de la Federación.

Pero a los que aporta, a nivel federal, el cincuenta por ciento de toda la recaudación de impuestos federales en el país; esto pues da idea a la dimensión que estamos hablando.

Y para el año que entra, por ejemplo, se está hablando de que hay un fondo fiscal participable, esta bolsa de los impuestos federales, por un valor aproximado de un billón setecientos mil pesos, de los cuales se tiene proyectado que el Distrito Federal aporte el cincuenta por ciento, los cuales son distribuidos entre las 32 entidades del país.

Además hemos sostenido que recibe un trato discriminatorio, porque siendo la sede de los Poderes y todos los gastos que implica mantener y darle funcionamiento a las dependencias federales, a las representaciones diplomáticas del exterior, etcétera; con vigilancia, con transporte, vialidades, etcétera; no tiene compensación, dado que estos costos, que hoy se le llaman de capitalidad, implican catorce mil millones de pesos, que el gobierno del DF tiene que desembolsar para darle funcionalidad a la representación exterior y a las dependencias del gobierno federal asentadas en el Distrito Federal.

Es este el trato discriminatorio, porque no recibe incluso otros recursos, otros fondos que otros estados sí reciben, todo ¿por qué?, porque no somos un estado, sino un distrito federal, y las delegaciones no son municipios.

En ese proceso se está hoy luchando, porque la Cámara de Diputados, que tiene a más tardar el 15 de noviembre, apruebe un presupuesto de egresos que le dé los recursos necesarios y justos que requiere la ciudad y a lo (…) que no es ninguna dádiva, ninguna cuestión que se quiere decir que es un chantaje del jefe de gobierno o de los habitantes del DF, no. Nosotros aportamos en muy buena medida para formar esa bolsa que se distribuye.

Parte de los recursos que hoy tiene el Distrito Federal y que asigna a los programas sociales, entre ellos a educación a la Universidad, a servicios de salud, etcétera; en gran parte, hoy pasan por esta búsqueda de los recursos suficientes, justos y necesarios que requiere el Distrito Federal y en eso se está hoy en la Asamblea Legislativa.

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Parte de esto es el problema que tiene el Distrito Federal por cumplir sus compromisos y obligaciones tanto con los laudos como los aumentos de los sueldos de los trabajadores.

Ese es el problema que tiene hoy el Distrito Federal, que el tamaño de su presupuesto cada vez está más involucrado, más del treinta por ciento, orientado a políticas y programas sociales, y en general, casi el setenta por ciento, destinado a ofrecer a todos los habitantes al menos un aspecto, un recurso de política social.

Como puede ser el transporte subsidiado, como es el Metro, como son las políticas de salud en los que comparte con todos los habitantes del Valle de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, del Estado de México, que en sus estados, esta población de casi 16 mil personas diariamente vienen al DF porque en sus entidades no tienen la atención, los servicios y los recursos con que cuenta y que hoy ofrece el Distrito Federal de manera solidaria a toda esta población del Valle de México.

Ese es el problema que tiene el Distrito Federal para poder cumplir, yo creo, con mayor holgura estos compromisos, tanto con los trabajadores como con los asuntos que se le exigen cada día.

Y que cada día van a ser más, porque resolver una necesidad implica generar nuevas necesidades y fuentes de recursos, y lo ha hecho el gobierno del Distrito Federal sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos.

Yo creo que parte de esta información hoy que compartimos con ustedes, es algo que también se tiene que compartir, no es fácil el proceso en el que se va, hay resistencias también del Congreso de la Unión, ya de por sí la propuesta del Ejecutivo Federal viene con por lo menos tres mil quinientos millones de pesos menos para invertirse y gastarse en el Distrito Federal. Gracias.

C. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Menciono dos mensajes que los tomo porque no están dirigidos a nadie y son propios de la moderación; uno, maría de Lourdes Valtierra, por supuesto que bienvenida la propuesta, para que en una próxima ocasión podamos invitar a estos debates también a sindicalistas democráticos, disidentes y también para otros integrantes de las comisiones laborales de la Asamblea Legislativa.

Y a Mayela (…), también, bueno, nos dice que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cobra ocho pesos por cada copia, no creo, debe ser un peso por copia. ¿Ocho pesos? Bueno, ahí luego platicamos con los compañeros de la Junta, vamos a tener una reunión con ellos el próximo miércoles, ahí en la Junta podemos platicar ahí con ellos.

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Ya le transmití su felicitación a nuestro ponente, al licenciado Martínez, muchas gracias Mayela.

Estuvieron aquí con nosotros las compañeros, compañeros del AAPAUNAM, de la Asamblea General de Trabajadores del gobierno del Distrito Federal, del Sindicato de Análisis de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, del Sindicato de Trabajadores Públicos del Distrito Federal, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, del Sindicato de INAPAM, del SNTE, del STUNAM, del ACROM, del SUBGDF, del Sindicato de la Asamblea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Alianza de Tranviarios y organizaciones sociales civiles como Artículo 19, el Centro Nacional de Promoción Social, Miel que vino del Cielo, Poder Autónomo de México, FUNDAR, red de Mujeres Sindicalistas, partidos políticos, funcionarias y funcionarios públicos de diversas dependencias locales y federales, como la Caja de Previsión de Policía, de la Policía Auxiliar, el Heroico Cuerpo de Bomberos, gracias compañera; el INAPAM, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el Seguro Social, el IFAI, Secretaría de Finanzas, Procuraduría general de Justicia, Procuraduría Social, Sistema de Aguas del DF, Caja de Previsión de la Policía, ya lo había mencionado, estudiantes, etcétera.

A todos ustedes, si se me pasó alguno, por favor disculpas, les agradecemos muchísimo que estén participando en esto, porque nos ayuda a socializar este derecho y el poder que tiene.

Le doy la palabra a la Comisionada Areli Cano para que cierre estos eventos.

C. ARELI CANO GUADIANA.Comisionado.

Gracias,

muy

buenas

noches,

gracias

Evidentemente, agradecer a todos ustedes su asistencia en nuestros foros, a los especialistas, a los líderes sindicales y a diversos servidores públicos que, evidentemente, están involucrados en esta cuestión sindical.

Para el INFODF es fundamental el tema, de hecho abrimos varios espacios desde el año pasado, hemos inclusive, en nuestros mecanismos de difusión, tuvimos el seminario internacional y fue tema estratégico, una mesa sindical.

El día de hoy cerramos dos mesas, la del 21 y hoy, del 28 de octubre, donde para el INFODF el tema sindical es fundamental.

Me parece importante que contribuyan todos ustedes a la reflexión y al debate, que es el objetivo que inspiró estas mesas de trabajo, y que tiene como finalidad buscar áreas de oportunidad y mejoras en estas circunstancias de la vida sindical.

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Tengan la seguridad de que las propuestas que se dieron en esta mesa, como en la del 21 de octubre, serán dirigidas a los destinatarios, particularmente está el órgano legislativo, para llevar a cabo esta propuesta de reforma, de hecho ya lo hemos hecho en la propuesta en las leyes que tenemos ahora vigente.

La ley que entró en vigor en 2008; donde se incorpora de manera normativa ya la obligación de los sindicatos de manera indirecta a rendir cuentas. Y me parece que esto es fundamental.

Aquí en la mesa se ha dicho que es importante que la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos se dirija y se vincule con el sector público, pero también es importante que a través de esa práctica, pues también al interior los propios afiliados a los sindicatos tengan esos principios que se fomentan al sector público.

Y eso es evidente, por la práctica que hemos tenido nosotros a través de los recursos de revisión, pues hemos notado, y es una cuestión que nosotros tenemos que fomentar a través de los entes públicos que aglutinan sindicatos, es que piensan que a través del ente público, lograrán información de sus propios sindicatos.

Pero esto me parece que es una cultura que sí, fomentada en el sector público, pero también tiene que permear al interior de cada uno de los sindicatos.

Tengan esta seguridad, yo me congratulo, y a nombre también del INFODF, el compartir con ustedes estos espacios de reflexión y de debate, que los temas no se agotan aquí, vean ustedes, hubo varias propuestas de consideraciones de la propia vida sindical, del respeto que deben de tener también estos sindicatos como sujetos colectivos de la defensa de derechos sociales.

Muchas gracias por su asistencia, por sus aportaciones; yo no participé en las mesas, la posición del INFODF se dio en la mesa anterior a cargo del Comisionado Bustillos que es un apasionado del tema sindical, y creo que de nosotros es el tema, es el experto que maneja dentro de nosotros este tema, lo cual felicitamos también, no solo por la moderación que tuvo en la mesa, sino por las aportaciones que dio a nombre del INFODF. Sin embargo, me hacen una pregunta sobre la fricción en torno a la temática de transparencia vinculada con el desarrollo de políticas públicas y las instituciones de gobierno.

Evidentemente, nosotros como INFODF tenemos una obligación fundamental de fomentar a través de estos temas que tenemos como cargo de revisar y ser el órgano garante en el Distrito Federal en materia de transparencia, pues de

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fomentar, no solamente a través de los entes públicos y en lo que sea posible, sensibilizar a los líderes sindicales de la obligación que tienen al interior de su sindicato, como también esta defensa que los propios trabajadores, tanto obligaciones como derechos tienen de defender y hacer efectivas sus obligaciones.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, dentro de sus políticas importantes, precisamente es generar estos espacios, estos espacios donde se escuchen, donde los líderes, donde los funcionarios públicos involucrados, quien diseña las leyes, pues tenga este contacto directo donde se brinden estos espacios de propuesta.

Agradecer, simplemente les pediría unos minutos para que se entregue un reconocimiento a los panelistas que hoy nos acompañaron, por sus aportaciones y propuestas en esta mesa. Muchas gracias por esperarnos hasta casi siete y media de la noche. Muchas gracias. (…) al Licenciado Manuel Fuentes; al Licenciado Benito Bahena; al Licenciado Abraham Guzmán; se entrega también reconocimiento al Diputado Erasto Ensástiga, quien lo recibe, Enrique Torres por esta ponencia que nos dio; a la Consejera Leticia Bonifaz, a nombre de León Javier Martínez. Muchas gracias a todos.

Y las constancias de todos ustedes serán entregadas en las oficinas aquí del INFODF, muchas gracias.

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