GATO por LIEBRE
10 posiciones para una reforma al sistema de pensiones. documento en desarrollo
Vlado Mirosevic, diputado Partido Liberal de Chile. Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal de Chile. Ignacio Ruelas, economista.
A 24 horas de realizados los últimos anuncios del gobierno sobre el sistema de pensiones, queremos fijar posición con algunas ideas y también dudas sobre dichos anuncios, que nos parecen insuficientes y que intentan hacer pasar estas modificaciones como el avance hacia un sistema mixto, cuando en la práctica no lo será. También ofrecemos algunas de nuestras definiciones y propuestas para un verdadero sistema mixto, tal como la propuesta que lideró el profesor Andras Utthof1 en la Comisión Bravo. 1 De la (in)seguridad individual a la seguridad social. Nuestro sistema de pensiones no se funda en un pacto social. Es necesario restaurar el valor republicano de la solidaridad, que se vio eliminado por la sociedad del “sálvese quien pueda” que impuso la capitalización individual absoluta de José Piñera. Por lo demás, las promesas no se cumplieron. Actualmente, las tasas de rentabilidad neta de las pensiones en Chile alcanzan apenas el 38%, mientras que en los países desarrollados la tasa rebasa el 60% aproximadamente. La dictadura militar primero, y la imposición de los macroeconomistas después, nos han hecho perder de vista el objetivo final de un sistema de pensiones, esto es, construir solidariamente, como sociedad, un sistema que brinde seguridad a las personas ante las contingencias de la vida que los hacen especialmente vulnerables, en este caso la vejez. Todo lo demás debe ser un medio para este fin. Tenemos dudas de que la propuesta del gobierno realmente encarne completamente esta concepción de seguridad social. 2 Mercado laboral chileno y desigualdad.
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Andras Utthof, Doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Consultor del sistema de Naciones Unidas, OIT, CEPAL, PNUD, entre otros. Ex comisionado en la Comisión Bravo, donde lideró la propuesta B de un sistema mixto.
Estamos conscientes que arrastramos un problema grave, como lo es la desigualdad. Cerca del 30% de los ingresos nacionales se concentran tan sólo en el 1% más rico; es decir, gran parte de los ingresos que se generan en Chile quedan en pocas manos, contadas familias. Junto con lo anterior, los ingresos de las personas mayores de 60 años equivalen al 67% de los ingresos del resto de la población. La situación previsional responde además a un mercado laboral que conjuga principalmente dos desigualdades, la de ingresos y la de género. De las personas entre 18 y 60 años, el 53% de los hombres pasan su vida como ocupados asalariados, mientras que para el caso de las mujeres apenas el 29% pasan su vida laboral en esta situación. Asimismo, la participación laboral difiere considerablemente según los ingresos de las personas y es más baja en el caso de las mujeres. Más del 80% de los hombres de mayores ingresos participa en el mercado laboral, porcentaje que se reduce hasta el 50% para aquellos con menores ingresos. Estas diferencias son aún más pronunciadas en el caso de las mujeres: mientras el 62% de las mujeres de mayores ingresos participa en el mercado laboral, apenas el 28% lo hace en los sectores de menores ingresos. Si comprendemos este escenario, podemos darnos cuenta de la brutalidad de haber impuesto un sistema exclusivamente fundado en el ahorro individual, que obviamente reproduciría dichas brechas. Dado lo anterior, es urgente avanzar hacia un sistema que se haga cargo de las desigualdades del mercado laboral chileno. Sería irresponsable no hacerlo. 3 Sistema mixto: ¿qué es y qué no es?. El modelo actual es de capitalización individual, con contribuciones definidas y obligatorias para los trabajadores dependientes. Las cotizaciones previsionales se hacen con cargo al trabajador y administradas por entidades privadas (AFP). Con el paso del tiempo hemos observado que este sistema no garantiza el derecho social a una vejez digna, simplemente otorga opciones financieras para ahorrar y obtener beneficios, dejando al afiliado en una situación altamente riesgosa y dependiente de los ingresos percibidos durante su etapa laboral. Por el contrario, creemos firmemente en que se debe avanzar hacia un sistema mixto, tripartito, compuesto por contribuciones de los empleadores, trabajadores y del Estado. Entendemos por sistema mixto, entonces, aquel cuyo espíritu es solidario, no asistencial, que cimenta un verdadero piso de protección social, capaz de proveer a todas las personas de ingresos dignos y suficientes para su vejez. En cambio, no es honesto llamar mixto a un sistema tal como propone el gobierno que mantiene la administración de los nuevos porcentajes de cotización (5% gradual) en las administradoras privadas y sólamente aumenta el pilar solidario, resultando meramente un subsidio. 4 Pilar solidario y el mínimo de dignidad.
Entendiendo que un sistema de pensiones debe ser uno de seguridad social, entonces un pilar solidario es clave. La reforma del 2008 introdujo un aumento significativo en la cobertura de aquellas personas que reciben una pensión básica solidaria, por no haber cotizado o haberlo hecho por un monto demasiado bajo. Sin embargo, el aumento de cobertura no ha significado dotar de una dignidad mínima a quienes la reciben. Como sociedad debemos discutir y definir sobre qué significa dignidad mínima para los miembros de nuestra sociedad. A nuestro juicio, el actual pilar solidario representa más un subsidio a la pobreza que un verdadero pilar solidario, por lo que éste debería igualar al menos el salario mínimo. Una cobertura menor no podría calificarse de seguridad social. Al no conocer los parámetros del anuncio del gobierno, no podemos afirmar que dichas propuestas alcancen el umbral de dignidad aquí propuesto. 5 Fondo de ahorro solidario y su administración. No compartimos la idea del presidente de las AFP´s en cuanto a que el aumento de la cotización con el aporte de los empleadores vaya a las cuentas individuales, con lo que cierra la posibilidad a crear verdaderamente un sistema mixto. Es en estas condiciones que el componente de seguridad social requiere de la creación de un fondo solidario que administre los aportes de los trabajadores, empleadores y los recursos del Estado. En la línea de la propuesta B (sistema mixto), de la Comisión Bravo, coincidimos en la creación de un fondo solidario y su administración por parte del Estado evitará la hasta ahora excesiva transferencia de riesgos hacia las personas, permitirá una redistribución solidaria de sus efectos y cimentará un nivel digno de ingresos para la vejez. A diferencia de las administradoras privadas que responden por naturaleza a las señales de los mercados financieros, la administración estatal del fondo solidario debería orientarse al interés público y construir condiciones necesarias para mejorar la cohesión social. Luego de ese piso mínimo de igualdad, la capitalización individual para los tramos de cotización más elevados puede coexistir, en donde opere la rentabilidad del mercado en sus respectivas cuentas individuales. 6. Ley corta y legitimidad de las AFPs. Las leyes cortas pueden esconder un peligro: zanjar rápidamente discusiones sin entrar muchas veces en el fondo del asunto. Los cambios cosméticos del sistema son una real amenaza en esta coyuntura. Y aquello hay que evitarlo, aunque podemos entender la gradualidad de los cambios. Marcando esa primera prevención, queremos expresar que no nos oponemos a una ley corta, pero seremos severos en no dar nuestra aprobación si eso significa sólo cambios cosméticos y no fije el principio mixto del sistema. 7. AFP estatal.
Desde un inicio fuimos reacios a la idea de una AFP Estatal, ya que ésta por sí misma no producirá grandes efectos en el sistema de pensiones en Chile, fuera de introducir más competencia por la vía de comisiones más bajas (con lo cual estamos de acuerdo), pero aquello continúa la misma lógica de capitalización individual casi absoluta. En ese sentido, la AFP Estatal nos parecía un distractivo de otros posibles y necesarios cambios estructurales. Sin embargo, hoy nos abrimos a la posibilidad de discutir una AFP Estatal en la medida que vaya acompañado del establecimiento de un sistema de pensiones mixto (en serio), tal como lo hemos definido en los puntos anteriores. Si se avanza en esa dirección, puede tener sentido que los cotizantes de mayores ingresos tengan la libertad para elegir entre una administradora pública o una privada. Aún así nos mantenemos escépticos en que una AFP Estatal tenga un gran impacto. 8. Retiro de un porcentaje del ahorro individual. En la lógica de la cuenta individual, los ahorros son del trabajor. En un sistema mixto, los cotizantes de mayores ingresos podrán mantenerse en sus respectivas administradoras (pública o privada). En ese sentido, nos parece que los cotizantes tengan derecho a retirar un porcentaje razonable de sus fondos para determinados usos. El anuncio de la Presidenta Bachelet no consideró esta propuesta y pensamos que debería hacerlo. 9. Confianza en el sistema. A diferencia de la “letra chica” y las falsas expectativas en que se fundó el régimen de capitalización individual en los 80´s, un nuevo sistema de pensiones (pensado y discutido desde sus cimientos en democracia), debe construirse en base a la legitimidad, responsabilidad, realismo y en la confianza del cumplimiento de las expectativas que se ofrezcan. 10. Cobros de comisiones y gobernanza de las AFPs. La administración privada de pensiones debe construirse en base a un nuevo régimen que ofrezca garantías de legitimidad, transparencia y eficiencia. La gobernanza de las AFP´s debe garantizar la separación de los intereses de estas con respecto de los destinatarios de inversiones y del mundo político. Además, debe asegurar transparencia permanente junto con la participación efectiva de los representantes de los cotizantes en la gobernanza de las AFP´s. En este contexto, el costo de las comisiones debe: ser informado detalladamente y a nivel de cada cotizante, además de depender de la eficacia de su gestión. Vlado Mirosevic, diputado Partido Liberal de Chile. Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal de Chile. Ignacio Ruelas, economista.
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