Condenan a 30 meses de cárcel a exayudante de Trujillo Alto

Redacción >EL VOCERO

Radamés Benítez Cardona, quien fue ayudante ejecutivo del convicto exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, fue sentenciado a 30 meses de prisión por delitos de corrupción.

El exempleado municipal se declaró culpable el pasado 30 de noviembre de haber conspirado para aceptar sobornos y ‘kickbacks’ con dinero provenientes de programas federales. La vista de sentencia se efectuó ayer ante el juez federal Pedro Delgado Hernández.

El jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, se expresó satisfecho con la sentencia.

“Los ciudadanos de Trujillo Alto confiaron en el acusado para que sirviera a sus comunidades con honestidad e integridad, pero en lugar de ello, participó en un esquema ilegal y utilizó su posición para beneficio personal”, dijo Mulldrow. “Los funcionarios públicos que no cumplen fielmente con los deberes de su cargo, y aquellos que conspiran con ellos, serán investigados, procesados y castigados por sus acciones”, abundó.

le haga justicia a todos los empleados de la rama judicial”, expresó.

Según Castro, es incorrecto que Oronoz diga que han recibido nueve aumentos porque está incluyendo ajustes que datan de la década de los ‘90 y principios de los 2000.

El senador novoprogresista William Villafañe se unió a la manifestación y aseguró que anteriormente la rama judicial había informado tener un sobrante de $10 millones que entiende se puede usar para los incrementos de sueldo. Abogó para que primero se les otorgue un salario digno a los trabajadores de la rama judicial, que son los que menos devengan, y después a los jueces.

“Que no se entienda que se va a conceder primero, por lo menos desde mi perspectiva, una revisión salarial a los que más devengan dentro de la rama judicial... Cuánto es lo que se necesita, eso es totalmente materia de la jueza presidenta, su equipo de trabajo, la Administración de Tribunales. En la medida que ellos nos faciliten la información, nos orienten, estamos en la mejor disposición de colaborar en esa dirección”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos G. Salgado Schwarz, expresó estar de acuerdo con el aumento salarial, pero indicó que debe aplicar a “todo el poder judicial”.

El jueves, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que le toca a la Legislatura actuar y hacer los ajustes en el presupuesto de la rama judicial.

Sin embargo, Domingo Torres, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Laborales, indicó ayer que le corresponde a la rama judicial hacer su plan de clasificación y retribución, para luego ir a la Legislatura a buscar la parte del presupuesto adicional que necesitarían para hacerle justicia a los empleados.

“No he recibido nada de esa petición de presupuesto en mi comisión. El gobernador lo despacha de manera liviana, pero esa no es la realidad. Ellos tienen que trabajar el plan que hasta tenía entendido que la Universidad de Puerto Rico y la OAT tenían un acuerdo para poderlo trabajar, pero lo tienen que hacer ellos porque nosotros no sabemos cuánto es lo que se necesita”, aseguró.

El portavoz de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Jean Nieves, dijo que se remitía a sus expresiones del jueves cuando la jueza presidenta indicó que ha discutido “activamente” con la Junta de Control Fiscal una propuesta y que han solicitado “el presupuesto necesario para poder otorgarle una remuneración competitiva a todos y todas en el Poder Judicial”.

A finales de septiembre de 2022, la defensa de Benítez Cardona informó al magistrado que su representado aceptó una oferta de la Fiscalía federal para que el caso no llegara a juicio. Como parte del acuerdo, la defensa solicitaría una sentencia de 30 meses de cárcel, mientras que el Ministerio Público recomendaría una de 46 meses.

Benítez Cardona fue arrestado el 9 de diciembre del 2021 por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, inglés).

Durante una vista, el fiscal Scott H. Anderson explicó que Benítez Cardona utilizó su puesto para influir en la contratación de una empresa de recogido de basura a cambio de que los directivos le pagaran un ‘kickback’ de 75 centavos por cada casa en la que recogieran los desperdicios.

Según Anderson, uno de los directivos de la empresa, identificado como Individuo A en el pliego, le habría pagado a Benítez Cardona una comisión ilegal inicial de $200,000 para asegurar el contrato con el municipio de Trujillo Alto, toda vez que el esquema le generó al acusado $17,250 al mes. Benítez Cardona recibió estos pagos mensuales desde junio del 2017 hasta julio del 2021. Aunque no se indica directamente en el pliego, la empresa se trata de Waste Collection Corp, cuyo propietario, Oscar Santamaría, se declaró culpable junto al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, y el contratista Raymond Rodríguez Santos, a principios de diciembre del año pasado.

El jefe de Benítez Cardona, Cruz Cruz, también se declaró culpable por delitos de corrupción pública el 21 de junio del 2022. Cruz Cruz fue sentenciado el pasado 13 de enero a dos años de cárcel y otros dos de libertad supervisada por conspirar para cometer soborno con fondos federales y recibir comisiones ilegales (‘kickbacks’).