Informe de progreso de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú 2018

INFORME NACIONAL DE PROGRESO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ Documento Final

Descripción breve

El documento es el resumen ejecutivo sobre el informe de progreso de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú 2018

INTRODUCCIÓN El presente informe, se elaboró con los integrantes del colectivo de ONGs internacionales, a través de sus representantes en el Perú, integrado por Aldeas Infantiles SOS Perú, Plan Internacional, Save the Chidren, Federación Internacional Terre des hommes y World Vision Perú, cuyo objetivo común es la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA). En ella se describe el progreso sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú, partiendo de un análisis vigente del contexto político, social, económico y cultural, identifica ciertos avances, dificultades, vacíos, pendientes y recomendaciones para hacer efectivo estos derechos, y como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están contribuyendo al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente documento no desarrolla un análisis exhaustivo de todos los derechos de la niñez, sino aquellos que el colectivo de ONGs ha definido como los más relevantes y que aún están pendientes de atención por parte del Estado, por tanto este documento se somete a un constante ejercicio de revisión, que permita a las organizaciones socias, incorporar temas y elementos que consideren pertinente, a partir de una lectura de las oportunidades que se presentan o las dificultades a enfrentar día a día.

Es así que en el capítulo I, se logra identificar los principales compromisos que el Estado peruano viene implementando, a través de diversas estrategias de articulación con los ODS y el sistema de planeamiento estratégico, para el diseño de políticas públicas, las mismas que son puestas en marcha por los respectivos ministerios y sectores gubernamentales, teniendo en cuenta el contexto político, económico, social y cultural que vive en país en estos años recientes, y el rol de la ciudadanía en las acciones de participación y vigilancia social para su cumplimiento. El capítulo II aborda la situación de los derechos de los NNA priorizados, las brechas actuales, así como las barreras económicas, sociales, culturales y de género. El capítulo III se centra en conclusiones específicas a las cuales se debe exigir al Estado peruano mayor cumplimiento para el cierre de brechas y garantizar el ejercicio pleno de derechos de las niñas, niños y adolescentes La identificación de estos problemas, sus causas, e implicancias en el desarrollo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, importa para incidir y vigilar constantemente, con los diversos actores locales, a exigir al Estado peruano, genere las condiciones mínimas para cerrar las brechas que vulneran o limitan el libre ejercicio de sus derechos.

DISEÑO METODOLÓGICO La elaboración del presente Informe Nacional de Progreso sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se ha desarrollado en tres momentos: Momento I: Las organizaciones socias 1 delimitan los principales derechos de las NNA a partir del cual se abordará el análisis de la situación de derechos, teniendo como referencia la plantilla para los informes nacionales de progreso en materia de derechos del niño, que establece la estructura estandarizada para el presente informe. En esta etapa se realizaron grupos focales en 05 regiones del país (Cusco, Madre de Dios, La libertad, Lima, Ayacucho), para motivar la participación de las niñas, niños y adolescentes (NNA) y recabar sus voces y opiniones sobre aquellos derechos que sienten son vulnerados o poco atendidos por el Estado desde su propio entender de las cosas, acorde a su edad.

Momento II: Se identifica y revisa los principales instrumentos internacionales en materia de niñez y adolescencia suscrito y ratificado por el Estado peruano. Se revisa los avances reportados y se contrasta con la percepción de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la voz de 150 NNA recabada en grupos focales en 05 regiones del país (Cusco, Madre de Dios, La libertad, Lima, Ayacucho). Se recaba información estadística disponible para analizar las brechas de vulneración de derechos identificados; las estrategias que el Estado peruano viene implementando, y los factores que contribuyen o dificultan el ejercicio de derechos de las NNA. Momento III: El Informe Nacional de Progreso sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es retroalimentado con los aportes, recomendaciones y sugerencias de las organizaciones socias, la misma que es subsanada para su aprobación final.

I.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN EL PERÚ

1.1.

Compromisos políticos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Avances y vacíos desde la adopción de los ODS. El Perú ha suscrito y ratificado diversos convenios y tratados internacionales relacionadas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), las mismas que se mencionan en el Anexo 01.

1 La referencia a Organizaciones Socias, hace alusión a las organizaciones internacionales cuyos representantes en Perú impulsan la elaboración del Informe de Progreso de Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo, en orden alfabético, las siguientes; Aldeas Infantiles SOS Perú, Federación Internacional de Terre des Hommes, Plan Internacional Perú, World Visión Perú, Save the Children.

1

El Ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016, y frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificó el compromiso del Perú con los 17 ODS 2, que es continuado por el actual Presidente Martín Vizcarra.

Los ODS refuerzan los derechos estipulados en la CDN, a la vez que lo complementa. Por ello, los compromisos políticos del Estado Peruano, en especial hacia las NNA, se encuentran enmarcados en los Acuerdos de Gobernabilidad y específicamente en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021. Los principales compromisos son: -

Implementación del Enfoque de Género.

Mejora de la calidad educativa, Reducir la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia Lograr el acceso universal a la salud Lucha contra la violencia hacia la mujer Reactivación de la economía y el cierre de brechas laborales y sociales Lucha contra la corrupción

Donde aún no se definen compromisos políticos claros son: La reforma del Código del Niño y Adolescente vigente Sobre el embarazo en adolescentes y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos Sobre la participación de las NNA en espacios de toma de decisiones.

La lucha contra la violencia hacia las NNA es un tema poco visible, a pesar del incremento de casos relacionados al tema.

Recientemente, en el marco de la Modernización de la Gestión Pública, los Ministerios y sectores se vienen alineando al proceso de planeamiento nacional liderado por el CEPLAN, a fin de que las políticas públicas priorizadas por cada sector, estén vinculadas con los Programas Presupuestales Estratégicos nacionales que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bajo la lógica que las políticas estén articuladas a un respectivo presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en beneficio de la población. El CEPLAN, viene realizando acciones de coordinación y articulación para que el Plan Nacional y los planes sectoriales y temáticos, estén alineados a los ODS y las políticas sectoriales prioritarias, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos internacionalmente y que a la vez sean el impulso para alcanzar el desarrollo humano sostenible.

En el marco del Acuerdo Nacional el Perú ha establecido cuatro objetivos Nacionales: Democracia y Estado de Derecho. Equidad y Justicia social. Competitividad del País y Estado eficiente, transparente y descentralizado) y 34 Políticas de Estado. En el marco del segundo objetivo nacional referido a Equidad y Justicia Social el estado ha definido siete políticas de estado: • La política 10: reducción de la pobreza • La política 11: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

• La política 12: Acceso Universal a una educación gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte.

• La política 13: Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.

• La política 14: Acceso al empleo pleno, digno y productivo.

• La política 15: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición.

• La política: 16 fortalecimientos de la familia, promoción y protección de la niñez, adolescencia y protección.

Para estas políticas, desde la perspectiva de la planificación y asignación de recursos sobre la base de resultados, se han definido 8 programas presupuestales estratégicos: Tabla 01: Programas Presupuestales Referidos a Bienestar Social

Salud Alimentación

Educación

Protección

Programa Presupuesta Estratégico Salud Materno Neo Natal, para mejorar las saludes materna-neo natal y de los recién nacidos.

Programa Articulado Nutricional, para combatir la desnutrición crónica.

Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Logros de Aprendizaje de estudiantes de educación básica regular.

EJECUTA Ministerio de Salud. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Incremento de acceso de la población de 3 a 16 años del servicio educativo público.

Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Lucha contra la violencia familiar:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Gobiernos Locales

Diario “El Peruano”. Entrevista del 10/10/2016 a María Luisa Fornara. Representante de UNICEF en Perú. Visto en: https://elperuano.pe/noticia-peru-tienemetas-muy-claras-salud-educacion-y-proteccion-de-infancia-47324.aspx

2

2

Trabajo / Seguridad Social

Atención Oportuna de NNA en presunto estado de abandono[DA1] Inclusión de NNA y jóvenes con discapacidad en educación básica y técnico-productiva.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (Juntos) Cuna Mas (cuidado diurno) Acceso a Personas Mayores a Servicios Especializados Programa Para la generación de empleo social inclusivo – Trabaja Perú Pensión 65 Acceso de Hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gobiernos Regionales y Locales Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y Gobiernos Locales Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

1.2.

Estrategia de implementación de los ODS y su relación con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La estrategia del Perú para implementar las ODS se desarrolla en cuatro (04) niveles: a) Información que producen los sectores públicos y el INEI usando indicadores y línea de base. b) El CEPLAN, que ha generado indicadores simples para discutir el efecto en las personas y otros mecanismos de información que alimentan el sistema de seguimiento y monitoreo para actuar preventivamente a nivel de los gobiernos regionales y locales, y atender posibles daños al potencial de las personas, en especial de las niñas y niños. c) El seguimiento de Sociedad Civil y Estado se realiza a través de las MCLCP, quienes elaboran informes de Seguimiento Concertado de las políticas y los recursos asignados. d) El seguimiento de OSC, que brindan datos desde lo local sobre los avances y percepciones de los objetivos y metas establecidos, y el impacto en los derechos de las personas, especialmente de NNA.

El CEPLAN es el punto focal para la Agenda 2030, colabora en el proceso de incorporación y alineamiento en el Planeamiento Estratégico del Estado y la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los planes de los gobiernos regionales y municipales. El INEI es el encargado del monitoreo y seguimiento de los indicadores, a través de su plataforma virtual 3, y pese a las dificultades, el SDG Indexa and Dashboards Report 2018 4 reporta que el Perú se encuentra en la posición 64 de 156 en el índice.

Los ODS se relacionan con los derechos de las NNA: El Objetivo 01 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), el Objetivo 03 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades), el Objetivo 04 (Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos), el Objetivo 5 (Lograr la igualdad de género y empoderamiento a todas las mujeres y las niñas), Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), el Objetivo 10 (reducir la desigualdad en los países y entre ellos), y el Objetivo 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas).

El Estado Peruano presentó en el 2017, ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 5, el primer informe voluntario de cumplimiento a la implementación de las ODS 6. Resumiéndolo de la siguiendo manera: • •

•

Alineamiento de las políticas y coordinación multinivel. La agenda 2030 se va incorporando en las políticas y planes sectoriales, con objetivos y metas al 2021, y con perspectivas al 2030, desde lo nacional y local con enfoque territorial.

La construcción de una visión de país conjunta al 2030. Que a partir de conocer la realidad nacional se busca representar las aspiraciones de todas y todos los peruanos: comprender como viven, sus características y necesidades, las brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos en su territorio y la posibilidad real de usarlos por factores limitantes.

El seguimiento de indicadores de los ODS por el INEI. Con el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas, se creó la plataforma interactiva para el seguimiento de los ODS 7, que contiene información de encuestas de hogares y censos nacionales ejecutados por el INEI e información estadística de registros administrativos de las entidades nacionales, para el seguimiento del PEDN y la Agenda 2030.

INEI. Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS. Visto en: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible Evaluación SDG Dashboards. Visto en: https://dashboards.sdgindex.org/#/PER 5 Perú: Exposición de avances en la implementación de ODS en el Foro Político de Alto Nivel – ONU. Javier Abugattás, presidente del CEPLAN, ante la ONU, en representación del Gobierno del Perú. visto en: https://www.youtube.com/watch?v=oAegdV8_7iw&list=PLehPeVFN0R2LzdwkGFU5eKrZdq16UTkuQ&index=1 6 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Visto en: https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/INVPeru-04-07-2017-para-web.pdf 7 INEI. Sistema de Sistema de Monitoreo de las Metas e Indicadores de los ODS. Disponible http://ods.inei.gob.pe/ods/ 3 4

3

1.3.

Situación política, económica, social y cultural y su impacto en la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los años 1983 a 2000 el Perú vivió una violencia política que vulneró los derechos de las personas desde el Estado y de parte de grupos subversivos, afectando en particular a las NNA 8, estudiantes, mujeres y campesinos de las zonas rurales. Con el retorno a la Democracia, después de 10 años de dictadura y corrupción, en el 2002 se aprueba el Acuerdo Nacional 9 que sirve de base para el diseño de las políticas de gobierno. Esta democrática, permite garantizar en lo posible la vigencia de los derechos humanos, en especial los derechos de las NNA. Durante el 2000 y 2006, la economía creció en un 4.8% debido al boom de los metales preciosos que permitió implementar medidas para mejorar la educación, entre ellos, a través del aumento de sueldo de docentes y políticas sociales en favor de población menos favorecida, además de fortalecer la institucionalidad democrática. Desde el año 2006 y 2010 se tuvo un gobierno que apostó por la asignación de mayor presupuesto en la mejora de las vías de comunicación e infraestructura; sin embargo, con poco impulso en políticas que erradiquen la desigualdad social de las comunidades campesinas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, niñas y niños, persona adulta mayor, etc. que han sido excluidas desprotegidos; con la llegada del gobierno de Ollanta Humala en el periodo 2011-2016 se impulsó políticas sociales para la inclusión social de la población antes referida, a través de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que canaliza a la fecha una serie de programas sociales como Cuna Mas, Pensión 65, Fortalecimiento del programa Juntos, Qali Warma, etc. y en el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Beca Educativo; así como la aprobación de la Ley de Consulta Previa en favor de los pueblos indígenas.

Desde el 2016, existe un clima de confrontación y polarización entre el ejecutivo y legislativo, y que, a partir del indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, provocó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República. Esta situación inestable afecta las políticas a favor de la infancia y adolescencia, dificultando la atención de los principales problemas como la anemia, la desnutrición infantil, el incremento del feminicidio, la violencia sexual contra las mujeres y niñas, la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción en todos los niveles, etc.

El presidente de la República del Perú Martín Vizcarra, estableció 5 ejes de acción de su gobierno: Integridad y lucha contra la corrupción; fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; desarrollo social y bienestar de la población; y descentralización efectiva para el desarrollo”. La corrupción afecta el Sistema de Justicia vulnerando los derechos de las NNA en casos de violencia sexual, y ha generado una pérdida de S/136 mil millones aprox. Combatir la corrupción es una recomendación de la CDN 10 pues mientras las instituciones y la sociedad no se enfrente a ella, sus efectos seguirán limitando las medidas afirmativas en favor de la población más vulnerable como las NNA, mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas adulto mayor, personas con discapacidad, población LGTB, en favor de garantizar la calidad de vida e igualdad de oportunidades.

En los últimos gobiernos, el Perú ha tenido crecimiento económico por encima del 7% del PBI; sin embargo, desde el 2016, los destapes de corrupción con ODEBRECH, el fenómeno del niño costero y la polarización política, han afectado este crecimiento. El PBI en el año 2017 fue 2.5% y el presente año es 3.5%, porcentaje mayor al año anterior. Respecto de la inflación, el Perú tiene una estimación de 1.80% de inflación. Según proyecciones del BCRP se espera que este año la inflación tenga un porcentaje de 2.0% 11.

En los estimados como parte de la esfera social si se incluyen parte de los presupuestos de salud y educación.

El Presupuesto General de la Republica asciende a S/. 169,393,583,911 millones de soles, el cual está distribuido en 25 categorías presupuestales, de estas categorías tres están referidas a bienestar social: Educación con el 17% del presupuesto, Salud con el 10% del presupuesto y Protección Social con el 4% del presupuesto. En su conjunto podemos señalar que el 31% del presupuesto está dirigido a bienestar social. El presupuesto dirigido a protección social está organizado de la siguiente manera: Tabla N° 02. Organización del gasto público en Programas Sociales Acciones de protección social Programa Nacional de Alimentación Escolar Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (Juntos) Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Programa Cuna Más (cuidado diurno) garantizar el acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a los mercados locales Programa de Lucha Contra la Violencia Familiar Atención Oportuna de NNA en Presunto Estado de Abandono

% 26% 16% 13% 7% 3% 2% 2%

8 La CVR ha reportado 2,952 casos de crímenes y violaciones que vulneraron los derechos de los niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado (se trata del 12.8% del total de violaciones de los derechos humanos) 9 El Acuerdo Nacional. Visto en: http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estadocastellano/i-democracia-y-estado-de-derecho/3-afirmacion-de-la-identidad-nacional/?print=pdf 10 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú.2016. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/PER/CO/4-5&Lang=Sp 11 Perú económico en el 2018.

Análisis de la Economía peruana a Marzo de 2018.

Disponible: http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2018/04/26/peru-economico-en-el-2018-analisis-de-la-economia-peruana-a-marzo-de-2018/

4

Apoyo al Hábitat Rural Apoyo nutricional a pacientes con tuberculosis fortalecimiento de prácticas seguras y resiliencia de la población ante situaciones de emergencia por desastres Prevención y tratamiento del consumo de drogas acceso de personas adultos mayores a servicios especializados Fuente: Consulta Amigable MEF – Elaboración Propia

1% 1% 1% 0.5% 0.4%

Bajo este enfoque de gestión basada en resultados, resulta fundamental que las políticas públicas cuenten con los presupuestos suficientes para su implementación para el cierre de brechas sociales, sobre todo los relacionados a los derechos de las NNA; pero que lamentablemente, no todas las políticas cuentan con esta vinculación presupuestal, por tanto se hace necesario insistir en su pronto diseño presupuestal. La pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos como salud, educación, vivienda, infraestructura, electricidad, y seguridad son interdependientes y vulneran los derechos humanos.

La violencia contra la mujer y las niñas se incrementó durante el año 2018 teniendo casos simbólicos como de Eyvi Agreda Marchena y de la niña María Jimena que fue ultrajada sexualmente y asesinada cruelmente.

Frente a ello el presidente Martín Vizcarra anunció el incremento de presupuesto de 271 millones más para la lucha contra la violencia hacia la mujer para el 2019, y que se ampliará la red de centros de emergencia mujer (CEM); y otros servicios especializados. La lucha contra la corrupción es otro tema bandera que impulsa el gobierno, y la no reelección de Congresistas, la misma que será sometida a Referéndum este 09 de diciembre.

Por otro lado, los dos últimos años hay una alta tasa de migración, especialmente venezolana, producto de la crisis que vive dicho país 12. Esta crisis trae consigo elevados niveles de DCI, mortalidad materna e infantil, y casos de enfermedades prevenibles y erradicadas 13. Si bien el Estado ha desplegado esfuerzos para que la población venezolana goce de servicios, y ha brindado facilidades para su permanencia, estos no son suficientes para garantizar plenamente sus derechos, en particular de las NNA que constituyen un alto porcentaje de la población vulnerable.

1.4.

Los ODS y su impacto en la aceleración de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño El Estado peruano asumió el compromiso de implementar los ODS, los mismos que son observados por los organismos técnicos como el Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, Comité contra todas las formas de discriminación racial, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Para ello el Estado viene alineando las ODS a las políticas nacionales y planes, que a través de indicadores se va monitoreando su implementación. Los avances son presentados mediante informes, por ello Perú presentó el Primer Informe Voluntario sobre ODS ante las NNUU. Estos compromisos tienen como efecto, garantizar el cumplimiento de una serie de obligaciones, principalmente de la CDN, por lo que su consonancia se encuentra reflejado en el PNAIA 2012 – 2021, y en los informes que remite el MIMP al Comité. Así, por ejemplo, se busca asegurar Reducir la mortalidad infantil, y Combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre (alineado al ODS 2 y 3), siendo una de las limitantes, la asignación de recursos económicos para su adecuada implementación y logro de resultados.

Tabla N° 03: Avances del Perú en el cumplimiento de los ODS 2015 - 2017 ODS

Indicador

UM

ODS 01. Fin de la pobreza

Proporción de población de 14 a más años de edad con seguro de pensión Proporción de la población que viven en hogares con acceso a servicios básicos Proporción del gasto público total en servicios esenciales (educación, salud y protección social)

%

28.1

28.9

29.9

%

74.9

76.7

79.9

(% del total de gasto no financiero del gobierno general)

36.8

38.8

40.1

%

0.8

0.6

0.5

ODS 02. Hambre cero

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los niños menores de 5 años

2015

2016

2017

Cfr. HUMAN RIGHTS WATCH. Crisis Humanitaria en Venezuela. La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos. Octubre 2016 13 Cfr. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Cuarto Informe sobre Venezuela. Presentado por la Secretaría General de la OEA el 25 de setiembre de 2017. Página. 24.

12

5

ODS 03. Salud y bienestar

ODS 04. Educación de calidad

Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años) que practican la planificación familiar con métodos modernos Proporción de la población con seguro de salud

%

91.6

92.4

93.6

%

53.3

54.3

54.5

%

73.0

75.8

76.4

Tasa de asistencia a educación inicial Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora Índice de paridad en la matrícula a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad Porcentaje de II.EE. de inicial donde todos sus docentes han recibido acompañamiento pedagógico

% %

78.8 17.3

79.2 -

-

Índice

1.023

1.008

1.006

%

17.3

-

-

ODS 05. Igualdad de género

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido en los 12 meses anteriores a la encuesta violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo

%

11.7

10.8

10.6

ODS 06. Agua limpia y saneamiento

Proporción de hogares que dispone de agua potable con adecuado suministro de cloro Proporción de hogares que realizan prácticas adecuadas en el lavado de manos

%

88.2

89.2

89.4

%

72.2

74.0

74.7

ODS 07. Energía asequible y no contaminante

Proporción de la población con acceso a la electricidad

%

94.2

94.5

95.1

ODS 08. Trabajo decente y crecimiento económico

Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por ocupación, edad y personas con discapacidad.

Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación.

Soles

6.6

7.0

7.0

%

17.3

16.8

17.0

ODS 10. Reducción de las desigualdades

Proporción de la población que declara haberse sentido víctima de discriminación o acoso en los 12 meses anteriores.

Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos

%

17.3

18.7

15.8

%

25.4

26.2

26.1

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual en los 12 meses anteriores

%

11.7

10.8

10.6

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores en el mes Trata de personas registradas en el Sistema de Registro Estadístico de Denuncias de trata de personas por cada 100 000 habitantes Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se han registrado ante una autoridad civil

%

39.8

-

-

Por cada 100 000 habitantes

7.7

6.2

2.8

%

98.3

98.6

98.9

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Datos de ONS-INEI

1.5.

Actores con influencia en la agenda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

A continuación, se presenta una tabla donde se identifica a los actores claves peruano que pueden influenciar en la agenda social y política a favor de los derechos de las NNA, y que son necesarios para impulsar acciones de incidencia en el corto, mediano y largo plazo, para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CDN Tabla N° 04: Actores locales con influencia en la agenda pública sobre los derechos de las NNA

Públicos

Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).- Coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial a través de los Ministerios y otras entidades que velan por el cumplimiento de los derechos.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

- Elabora el Marco Macroeconómico Multianual y el proyecto de Ley del Presupuesto Público del Año Fiscal. Su influencia puede o no permitir el incremento de la inversión pública para las políticas de infancia.

Congreso de la República. - Tiene función de dar leyes, fiscalización y control político, orientado al desarrollo económico, político y social del país.

Tiene gran influencia en las garantías constitucionales de los derechos de las NNA. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH): Diseña e implementación la política criminal en el país, y de manera específica a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Privados

UNICEF. - Organismo de Cooperación Internacional de NNUU. Brinda orientación para las políticas sociales a favor dela infancia con alianzas estratégicas de actores públicos y privados. Promoviendo la participación de las ONNAs. ONGs. Son organizaciones independientes sin ánimo de lucro. Prestan servicios de utilidad pública, desempeñan labores sociales y promueven el desarrollo social, así como los derechos de las NNA, su participación, empoderamiento y fortalecimiento ciudadano.

NNA

ONNAs.Son espacios integrados por NNA a partir del cual realizan acciones colectivas a favor de sus derechos, buscando participación activa en los espacios de toma de decisiones.

6

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).- Lidera la política de desarrollo e inclusión social, con la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” con un enfoque por ciclo de vida, con una intervención de enfoque territorial.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).Ente rector en materia de infancia y adolescencia. Diseña, promueve, ejecuta y supervisa las políticas públicas hacia las mujeres, NNA, y personas vulnerables.

Medios de Comunicación. - Ejercen gran influencia en la población, y son responsables, junto al Estado, la familia, los anunciantes y la sociedad de respetar, proteger, promover y defender los derechos de la niñez y adolescencia.

Ministerio de Educación (MINEDU).Ente rector de las políticas educativas nacionales. Tiene funciones en el diseño curricular básico de los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA).- Promueve el empleo decente y digno, el cumplimiento de derechos laborales de la población. Impulsa la formación laboral en concordancia con las políticas de desarrollo productivo y sostenible de la economía.

Iglesias. - Con gran influencia en un sector de la población. Enfrenta situaciones que la desacreditan respecto a los derechos de mujer, la niñez y adolescencia, el más conocido es el caso del Sodalicio y los escándalos de abusos sexuales.

Asimismo, su influencia en el rechazo a la “ideología de género” en las políticas públicas.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).- Son espacios de las y los ciudadanos que buscan promover los derechos de la niñez y adolescencia, contribuyendo al análisis de su situación, buscando alternativas para su solución.

Participan en la construcción de consensos para el desarrollo local.

Ministerio de Salud (MINSA).- Ente rector de la salud. Propone y conduce los lineamientos de políticas sanitarias para el ejercicio de derechos, en especial de las NNA, a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

Ministerio de Cultural (MINCUL).Promueve la cultura de manera inclusiva y accesible para fortalecer la identidad, conservar y proteger el patrimonio; fomenta expresiones artísticas y acciones de desarrollo cultural de los pueblos, fortaleciendo su ciudadanía e identidad cultural.

GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES. - La protección especial de las NNA son funciones y responsabilidades compartidas en los niveles de gobierno.

Establecen los Planes de Infancia y Adolescencia para combatir la DCI, la Anemia, luchar contra la trata, la explotación laboral, la violencia y promover la participación de las NNA. Diseñan políticas locales, estrategias y brindan servicios públicos que erradiquen la discriminación y permitan la inclusión de las NNA con discapacidad, afrodescendientes, andinos, amazónicos y otras etnias.

1.6.

Compromisos del gobierno peruano frente a las recomendaciones internacionales y los mecanismos de rendición de cuentas.

El Perú mediante los Informes periódicos cuarto y quinto 14 ha presentado al Comité de los Derechos del Niño para explicar acerca de los principales avances y desafíos en esta materia, y en atención a las recomendaciones realizadas al Perú por el CDN en 2006; sin embargo, el Comité reitera recomendaciones para el Estado peruano en materia de educación, salud, salud sexual reproductiva, trabajo infantil, violencia sexual contra niñas y mujeres, trata de personas, que afectan a las NNA principalmente de las zonas rurales, y de los pueblos indígenas 15, y que son los principales derechos que se abordan en el presente documento.

El Estado, en materia de protección, ha brindado recientes medidas legislativas para la protección integral de las NNA, tales como las que se menciona en el anexo 02. Del mismo, para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, en atención a las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se ha aprobado normas para proteger y garantizar los derechos de la mujer y las niñas frente a situaciones de violencia, acoso sexual, trata y feminicidio.

De otro lado, el MIMP ha aprobado planes nacionales tales como el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021 16, Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021 17, Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 18, entre otros, con el objetivo de proteger de manera integral a la mujer, niñas, miembros de la familia, y personas con discapacidad. A nivel, del Ministerio de Justicia se aprobó del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Asimismo, en el MIDIS se cuenta con una Política de Desarrollo e Inclusión con una estrategia por ciclo de vida que se implementa a través de diversos programas como Qali Warma, Cuna Mas, Pensión 65, Foncodes, Juntos, Pensión para personas con Discapacidad, etc.

En sector Trabajo, se ha creado en el año 2003 el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 19, como una instancia de coordinación multisectorial de instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que viene trabajando intensamente actividades a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil, y a la fecha se tiene 23 Comités Regionales de las 26 regiones del país. Asimismo, se tiene Mesa de Coordinación Multisectorial contra las Peores Formas de Trabajo Infantil en Lima Metropolitana (2011), Programas de empleo como “Trabaja Perú” y “Jóvenes a la Obra”. En el año 2012 se aprueba la

14 Informe país del Perú al Comité de Derechos del Niño recepcionado con fecha 6 de noviembre de 2013. Disponible en: 15 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú.2016. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/PER/CO/4-5&Lang=Sp 16 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP. Julio 2016 17 Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N 003-2016-MIMP 18 Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-MIMDES 19 Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil creada mediante Resolución Suprema Nº 018-2003-TR

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Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 – ENPETI 20 que tiene como resultado final la erradicación del trabajo infantil en coherencia con las obligaciones de las normas nacionales e internacionales, así como con las metas fijadas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021.

En el sector Salud se aprobó el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, 2017-2021 21 que tiene como objetivo combatir la anemia y la desnutrición infantil, para tal efecto aprobó intervenciones a través de Programas Presupuestales como el “Articulado Nutricional” y “Salud Materno Neonatal” entre otros. Asimismo, en materia de derechos sexuales y reproductivos se aprobó el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 22, con el objetivo de prevenir y disminuir los embarazos en adolescentes en el país a través de una serie de acciones del sector público en los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, además de la Norma Técnica de Salud: Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados de Atención Integral de Salud para Adolescentes 23 y otros instrumentos.

Como mecanismo de rendiciones de cuentas sobre lo que viene implementando progresivamente el Estado peruano, debe emitir informes periódicos al Comité de Derechos del Niño, CEDAW, del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal y de otros órganos internacionales. Asimismo, la sociedad civil organizada, a través de los Informes Alternativos o “Informes Sombra”, realizan la vigilancia social y reportan al CDN las brechas existentes, las dificultades que aún existen para la implementación de las políticas públicas, el uso de los presupuestos públicos y las propuestas de recomendaciones para su mejora. Estos insumos son analizados por los miembros de la CDN a partir del cual emite sus Observaciones Finales a cada Estado.

1.7.

Participación de la sociedad civil y las niñas, niños y adolescentes en los espacios de toma de decisiones públicas: promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Participación de las OSC. Con la creación de la MCLCP se impulsa y fortalece la participación de la sociedad civil, y posteriormente de las NNA. Así, participan en la elaboración acuerdos y compromisos entre las Instituciones del Estado y la Sociedad Civil, generando el Acuerdo Nacional, e incluye temas aquellos relacionados a los derechos de las NNA como la DCI, anemia, logro de aprendizajes, reducir la mortalidad materna, prevenir el embarazo en adolescentes, la lucha contra la violencia hacia la mujer, entre otros, desde un enfoque de derechos, género, interculturalidad, diferencial, inclusión y equidad, protección social, que se enmarcan perfectamente con los ODS. Desde los COMUDENNA se analiza el contexto local, identifican y priorizan los problemas que afecta los derechos de las NNA, y propone el diseño e implementación de políticas locales. Otros espacios donde participa la sociedad civil son en la formulación del Plan de Desarrollo Concertado, los presupuestos participativos, Comités de Vigilancia Ciudadana, Consejos Consultivos Regionales (CCR) y los Consejos Consultivos Locales (CCL) donde emiten opinión sobre el Plan y el Presupuesto Público local.

A nivel nacional, la experiencia del CONADENNA fomentó la participación de las NNA dentro de espacios públicos de decisión para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las NNA, fortaleció competencias y desarrolló acciones de incidencia con autoridades a nivel local, regional y nacional.

Actualmente el CONADENNA se encuentra inactivo, pero existen otras redes y espacios que continúan promoviendo estas acciones, con el apoyo de ONGs. En el 2017, se constituye en el Perú, el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra las NNA, integrado por ONGs que aúnan esfuerzos para incidir en un mayor incremento del presupuesto público para luchas contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, a través de una propuesta de construcción de Programa Presupuestal para tal fin.

Participación de las ONNAs. La participación de las NNA, aún no está regulada mediante una ley específica, pero se reconoce en los cuerpos normativos de participación ciudadana vigentes. Desde el MIMP se constituyó el CCONNA Nacional, como una instancia consultiva y se impulsó a niveles regionales o locales dependiendo de la voluntad política de las autoridades y del apoyo de las OSC. En la escuela tienen el espacio de los Municipios Escolares, con el apoyo de la comunidad educativa (directores, docentes, padres y madres de familia) Existen ONNAs que se conforman en la comunidad, el barrio, ya sea por actividades deportivas, artísticas, culturales, académicas, ambientales, entre otros, que no siempre reciben acompañamiento de alguna entidad pública o privada, pero su dinámica es muy activa y participativa en lo que le interesa.

Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 – ENPETI aprobado mediante Decreto Supremo N°015-2012-TR. Minsa. R.M. 249-2017/Minsa. 12 de abril del 2017. Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, 2017-2021 22 Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-SA 23 Norma Técnica N° 034- MINSA/FGSP-V.01 Norma Técnica de Atención Integral en la etapa de vida adolescente aprobado mediante Resolución Ministerial N° 633-2005/MINSA de fecha 22 de agosto de 2005.

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II.

CAMBIOS A REALIZAR PARA LOGRAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES

Cabe precisar que el cumplimiento de los 17 objetivos que tienen como fin erradicar la pobreza, proteger el ambiente y eliminar las desigualdades en el mundo, tienen interrelación y son interdependientes; puesto que, el cumplimiento de un objetivo exige el desarrollo y materialización de las otras. En consecuencia, aquellos objetivos y metas relacionados con la infancia y la adolescencia, demandan la materialización de los otros para garantizar la protección integral y el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

2.1.

DERECHO A LA SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2.1.1. Derecho a la salud Este derecho está garantizado en los artículos 4 y 7 de la Constitución Política del Perú, en consonancia con el artículo 24 de la CDN. Para tal efecto, el Estado ha adoptado una serie de medidas tales como reducir la mortalidad infantil y de la niñez, asegurar la prestación de la asistencia médica, combatir enfermedades y la malnutrición, entre otros.

Se cuenta con Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 -2021 (PNAIA), que tiene entre sus metas reducir la desnutrición crónica de la primera infancia al 5 % y como objetivo estratégico garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de edad. Asimismo, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (PNDH) establece en el lineamiento 3 sobre las NNA, el objetivo estratégico de lograr el desarrollo de las NNA en entornos seguros y libres de violencia. Para tal efecto dispone, como una acción estratégica, lograr el adecuado estado nutricional de las NNA menores de 5 años. Estos y otros documentos de planificación, se encuentran en consonancia con el objetivo 2, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS).

Actualmente la DCI en niños menores de 5 años se redujo de 28.5% (2007) a 12.9% (2017) 24 y a 12.2% (2018). En el área urbana bajó de 15.6% (2007) a 8.2% (2017), y en lo rural de 45.7% (2007) a 25.3% (2017), incrementando a 25.6% (2018) 25, concluyendo que niñas/os rurales padecen en mayor proporción la DCI, asociado a su vez al nivel educativo de la madre (27,6% no cuenta con educación o con nivel primaria, y 11.0% sólo con secundaria). La anemia en niños/as de 6 y 35 meses de edad, paso de 57.7% (2005) a 43.6% (2017) 26; al primer semestre del 2018 subió a 46,6%, siendo mayor a nivel urbano de 43,6% a 46,6%, mientras a nivel rural descendió de 53,3% a 51,9%. La anemia en los niños de 6 meses a 5 años es 33,3% (ENDES 2017), lo que en el país cerca de un millón de niños/as están con anemia. En cuanto a Seguro Integral de Salud, 84,2% de la población de 0 a 17 años cuenta con seguro, de los cuales 84,2% son mujeres menores de edad, y 84,3% son hombres. A nivel rural (90,2%) y urbana (82,0%). El 15.8% de niñas/os no cuenta con ningún seguro, siendo un obstáculo para su derecho a la salud.

Las regiones que presentan alto porcentaje de anemia son Puno (75,9 %), Loreto (61,5%), Ucayali (59,1%), Pasco (58,0), Madre de Dios (57,3%), Cusco (55,3%), Huancavelica (54,7%), Apurímac (54,2%), Amazonas (51,2), San Martín (50,7%) y Ayacucho (48,3%) 27 ; y las regiones que prosiguen en la lista tienen en promedio más del 40 % de anemia. En estas regiones la mayoría de la población es hablante de lenguas indígenas tal es el caso de Puno, el 90.81% se siente o considera parte de un pueblo indígena u originario (quechuas, 56.98%, y aimaras, 33.72%), Ayacucho que cuenta con un 81.52% de ciudadanos y ciudadanas que se sienten o consideran indígenas u originarios (principalmente quechuas, también hay aimaras, ashánincas y shipibo-konibos), Madre de Dios, departamento amazónico con mayor porcentaje de ciudadanos o ciudadanas que se siente o considera indígenas, alrededor del 40% 28, entre otros. La lengua indígena u originaria en un elemento que permite identificar a un pueblo indígena u originario, además de las costumbres, tradiciones y cultura propia de estos. Estas cifras alarmantes en estas regiones del país, nos advierten que las niñas y niños afectados con la anemia pertenecen a esta población, más aún cuando se tiene que la prevalencia de la anemia es mayor en la zona rural que en la zona urbana; debido a que, estas zonas son las que padecen en su mayoría del acceso a los servicios básicos como agua y saneamiento básico, servicio de salud, educación, vivienda, infraestructura, sumado a la carencia económica y los hábitos alimenticios de las familias influyen en la persistencia de la anemia y la desnutrición; por lo que el Estado debe actuar de manera intersectorial con enfoque intercultural, respetando sus tradiciones y costumbres de cada pueblo.

Según el estudio sobre “Estado de la niñez indígena en el Perú” desarrollado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) por encargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la situación de la niñez revela cifras preocupantes, que evidencian que las desigualdades entre los niños peruanos están directamente relacionadas a su origen étnico. De acuerdo a este informe, los NNA indígenas –aquellos que aprendieron a hablar en quechua, aymara o alguna de las lenguas amazónicas- viven en peores condiciones y acceden a menores Instituto Nacional de Estadística e Informática – ENDES 2017. en: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero Información extraída del artículo Alerta y Desafío para hacer frente al incremento anemia infantil durante el primer semestre de 2018. Datos preliminares de la ENDES 2018 en anemia, desnutrición, vacunación y lactancia maternal. Disponible en: https://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/4127 26 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Disponible en: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero 27 INEI- ENDES 2017 28 INEI – CENSO 2017. Información publicada por el Ministerio de Cultura. Disponible en : https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/18974-ministerio-decultura-alrededor-de-siete-millones-de-peruanas-y-peruanos-se-identifican-como-poblacion-indigena-o-afroperuana 24 25

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oportunidades de desarrollo que aquellos que tienen como lengua materna el castellano. Es entre la población indígena de la selva donde se concentran los mayores índices negativos de pobreza, salud, educación e identidad. En el Perú hay cuatro millones de indígenas, de los cuales un millón son niñas, niños y adolescentes, y 43 lenguas andinas y amazónicas. 29.

Además, que la mayor cantidad de niños y adolescentes indígenas viven en las regiones con los mayores índices de pobreza y desnutrición crónica infantil, como Huancavelica, donde el 56% de la niñez es indígena, que tiene un 77% de pobreza y un 53% de desnutrición crónica infantil 30.

Se advierte de los párrafos precedentes, que para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental como la salud de las niñas, niños y adolescentes, se debe implementar políticas de manera transversal con enfoque de género, intercultural y diferenciado; debido a que, las niñas, niños y adolescentes de las zonas rurales y pertenecientes a los pueblos indígenas son las que padecen en nivel superior la desnutrición crónica infantil y anemia que a su vez está íntimamente relacionada con la pobreza que padecen, expresadas en la falta de acceso a los servicios de salud, educación, identidad, vivienda, servicios básicos, etc., sumidos en una desigualdad estructural y exclusión social por muchos años.

Las NNA reconocen como dificultades la desnutrición, anemia, sobrepeso; la salud mental; falta de charlas de nutrición, orientación alimenticia; SIS limitado; discriminación en los hospitales, entre otros, recomendando “Campañas de buena nutrición; mejor inversión en los programas de alimentación a los pobladores; promover el consumo de comida saludable; mayor inversión en el sector salud; inspeccionar los quioscos de las instituciones educativas; capacitar a los funcionarios para mejorar la atención de las personas. Atención adecuada en los centros de salud. Mayor personal y mejor capacitados; mayor regulación en la evaluación del SIS, entre otros” 31.

El presidente Martín Vizcarra 32, instó a los gobernadores y alcaldes electos a disminuir la anemia a menos del 20% y otorgará incentivos a quienes lo cumplan, debiendo superar barreras como: • La ejecución eficaz del Programa Articulado Nutricional (PAN) y del Programa de Salud Materno Neonatal (SMN), en los tres niveles de gobierno, garantizando la movilización de recursos locales en la atención de la salud a las familias más pobres.

• La limitada articulación sectorial dificulta la lucha contra la anemia y la DCI, y requiere de una intervención multisectorial no sólo declarativo, también en lo operativo, evitando duplicar esfuerzos en recursos humanos, económicos y tiempo.

• La baja calidad educativa de la población en zonas rurales, amazónicas y de los pueblos indígenas sobre los alimentos fortificados en micronutrientes; en prácticas de higiene y cuidado, y el consumo de productos locales de origen animal y vegetal para mantener la alimentación saludable, nutritivo y sostenible de las niñas/os.

• La deficiencia y la falta de capacitación sobre el uso de micronutrientes y jarabes entregados a la población por el sector competente.

• La no implementación de la Política Nacional de Transverzalición del enfoque intercultural, no permite articular con las políticas públicas para garantizar los derechos de las NNA. La DCI en el Perú (12.2%) en menores de 5 años en el 2018, aún sigue siendo elevado en comparación con el promedio de América del Sur (7.5%), el caribe (8%), pero menor que Centroamérica (14.1%) 33, por ello sigue siendo una prioridad su intervención política, social, económica y cultural.

2.1.2. El Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva Está reconocida en el artículo 24 de la CDN, y en el Objetivo 03 de los ODS, meta 3.7.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.

El objetivo precitado está en consonancia con la Política de Estado N° 13 del Acuerdo Nacional (AN) que tiene como objetivo (h) promover la maternidad saludable y ofrecer servicios de planificación familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción 34. Asimismo, el Código del Niño y Adolescente (CNA) en su artículo 15 establece que la educación básica comprende entre otros el derecho a la orientación sexual y la planificación familiar. Y el artículo 21 sobre la atención integral a la salud precisa “(…) combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los períodos de gestación y lactancia”.

29 Artículo denominado “Casi el 80% de niños indígenas vive en la pobreza”.

Información disponible en: https://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/207/0 30 Ídem 31 La Voz de mi Comunidad. Las Voces de las niñas, niños y adolescentes en los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). World Visión Perú. Aldeas Infantiles SOS. Julio 2018.

32 En el I Encuentro de Grandes Ciudades y Gobernantes Virtualmente Electos. http://www.pcm.gob.pe/2018/10/pcm-organiza-encuentro-de-grandesciudades-y-gobernadores-virtualmente-electos/ 33 UNICEF, OMS y Grupo del Banco Mundial (2018) 34 Acuerdo Nacional. Disponible en: http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estadocastellano/i-democracia-y-estado-de-derecho/3-afirmacion-de-la-identidad-nacional/?print=pdf

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Para la MCLCP (2018) Es una condición que mundialmente se encuentra en incremento por múltiples factores determinantes: 1) Existencia de barreras culturales, económica, sociales y geográfica que inciden en la alta prevalencia del embarazo en adolescentes en zonas rurales y en situación de pobreza, 2) limitado acceso a la educación y la deserción escolar, 3) mayor vulnerabilidad y discriminación de niñas adolescentes indígenas en zonas rurales y 4) limitado acceso a métodos anticonceptivos (MAC) a pesar que la edad de la iniciación sexual es cada vez más temprana. 35 El ENDES 2017 indica que las adolescentes de 15 a 19 años que alguna vez han quedado embarazadas es de 13,7% (2009) y 13,4% (2017). En el área rural tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes es de 23.2% (2017) y en la urbana de 10.7%, siendo la zona rural la que va en aumento año tras año 36. La región Loreto es quien muestra el mayor porcentaje de embarazo: 30.4% de adolescentes de 12 a 17 años; asimismo, el 68% de adolescentes han oído sobre métodos anticonceptivos modernos, pero solo conocen del condón, pastillas anticonceptivas, inyectables y la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). El 94% ha oído sobre el VIH/SIDA e ITS, pero menos de la mitad identificó afirmaciones incorrectas o prejuiciosas 37.

Este incremento del embarazo en adolescentes está asociado al nivel educativo y socioeconómico del/la adolescente, que no tienen acceso a una educación sexual libre de estereotipos sexistas, adecuada orientación en la familia y un servicio de salud sexual y reproductiva accesible, oportuna y confiable, tal es así que “Los planes de vida de muchas adolescentes que quisieran postergar la maternidad y el primer embarazo no se puede cumplir porque falta educación sexual, una buena orientación, consejería y que los servicios de salud sean amigables” 38. Esta misma encuesta, con los registros del MINSA y del RENIEC, muestran que cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazas diariamente en el Perú, mientras que diez con 15 años exactos de edad se embarazan al día. Asimismo, detalló que Perú tiene uno de los niveles más bajos en el uso de métodos modernos de planificación familiar a causa de problemas de la logística, calidad del servicio, horarios de atención en centros de salud, lo que no es aceptable, en el marco de los ODS, siendo un derecho fundamental decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener.

El Estado ha elaborado el PNAIA 2012-2021, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021, con metas de reducir en promedio a un 20% la prevalencia de embarazo adolescente, incrementar en 50% el uso actual de métodos anticonceptivos modernos, y que las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta. Se cuenta con Lineamientos de Políticas del Adolescente y normas técnicas para su atención, pero las cifras indican que estas metas no se están logrando, por tanto, las políticas y estrategias diseñadas por el MINSA no están funcionando adecuadamente o son insuficientes. El Informe X, del Plan de Igualdad de Género, menciona que el MINSA no cuenta con servicios exclusivos para SSR en adolescentes; sin embargo, sus establecimientos de salud cuentan con 3,107 servicios diferenciados que incluyen la atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Las NNA reconocen las dificultades en el tema salud sexual y reproductiva así: “Embarazo precoz, falta de educación sexual (protección a la niña), falta de información a la población”; asimismo recomiendan al Estado “Campañas de orientación sexual; brindar gratuitamente anticonceptivos; disposición del MINSA a escuchar propuestas de la población representada por organizaciones de NNA y adultos; que los NNA accedan al servicio de salud sin la compañía de un adulto; Alianzas entre el MINSA y MINEDU para aumentar las horas de curso en donde se tocan temas de salud sexual. Hacer campañas que nos ayuden a prevenir enfermedades como VHI y el Sida” 39. El embarazo en adolescentes de por sí ya coloca en una situación de vulnerabilidad, afectando el desarrollo integral o la seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a una carencia de protección oportuna y eficaz para mitigar o superar dicha situación 40.

A nivel legislativo, existe un proyecto de ley para despenalizar el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas y malformaciones incompatibles con la vida, que se encuentra a la espera de debate desde el 2016, pero no se discute por ser un tema confrontacional con el pensar de muchos ciudadanos/as respecto al derecho a la Vida del Niño/a. A nivel político, hace falta una atención multisectorial del embarazo adolescente en los tres niveles de gobierno, para implementar los lineamientos de una educación sexual integral desde la familia, escuela y la comunidad; la asignación de presupuesto es necesaria para que las políticas públicas aseguren el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para los y las adolescentes.

Entre los prejuicios culturales, la desinformación que tienen las adolescentes hace que la sexualidad se perciba como un tabú y que se debe silenciar porque es algo negativo, situación que limita el acceso a los métodos anticonceptivos modernos. La ausencia de una educación sexual integral vulnera la autonomía reproductiva en edad adulta a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Embarazo en adolescentes y niñas en el Perú Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI (ENDES,2017) 37 Infografía Plan Internacional. Decidamos reducir el embarazo adolescente en Loreto (2017) 38 Walter Mendoza De Souza. Representante del UNFPA - Perú 39 La Voz de mi Comunidad. Las Voces de las niñas, niños y adolescentes en los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). World Visión Perú. Aldeas Infantiles SOS. Julio 2018.

40 Marco Normativo de la Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable a las ITS. VIH/SIDA-CARE Perú 2008 35 36

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Finalmente, el enfoque de género busca erradicar la desigualdad de las niñas y niños; sin embargo, existe un PL N°3610/2018-CR que viene impulsando el Congreso para eliminar el término género de las políticas públicas, lo cual constituiría un retroceso en el avance de las políticas en favor de las mujeres y niñas.

Asimismo, el proceso judicial viene revisando la demanda sobre el retiro del enfoque de género del currículo escolar promovida por grupos conservadores de Padres en acción y el colectivo “Con mis hijos no te metas”.

El embarazo adolescente no es un problema ajeno a los demás países de la Región, los cuales en el marco de la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe (Lima, agosto 2018), señalaron la urgencia de impulsar políticas y acciones para prevenirlo, pues no se han logrado cambios significativos en su reducción. Así, la tasa mundial de embarazos adolescentes está ubicada en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas, mientras que en América Latina está por los 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años 41. En la región, el 15% de los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años, siendo Perú uno de los países que registra la tasa más baja de 13.4% en el 2017.

2.2.

DERECHO A LA EDUCACIÓN 2.2.1. Acceso y calidad de la educación Esta se enmarca en los artículos 28 y 29 de la CDN, en el Objetivo 04 de las ODS, ambos articulados a la Décimo Segunda Política de Estado 42 del Acuerdo Nacional, que dispone el “Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte”, a partir del cual existe el compromiso de “garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social (…)”.

Según INEI en el periodo 2007 al 2017, se tuvo que en educación inicial incrementó la matrícula escolar de 66.9% (2007) a 82.7% (2017), del cual 82.9% son niñas y 82.5% niños. En lo urbano de cada 100 niños/as de 3 a 5 años, 83 estuvieron matriculados; en el área rural 81 de cada 100 se matricularon, lo que significa un avance en acceso a la educación inicial, sobre todo en zonas rurales. La asistencia escolar, creció de 64.4% (2007) a 81.5% (2017). En educación primaria, la matrícula en niñas/os de 6 a 11 años fue de 99.5% (2017), siendo 99.4% (niños) y 99.5% (niñas); no existe diferencia en área urbana (99.5%) y rural (99.3%).

La asistencia escolar fue de 91.4% (2017), llegando a ser mayor en el área rural (92.6%) respecto al área urbana (90.0%), por tanto, existen las mismas oportunidades educativas a nivel nacional, logrando una mayor igualdad de género en acceso y asistencia a este nivel educativo. En educación secundaria, la matrícula en población de 12 a 16 años fue de 75.4% (2007) e incrementó a 84.8% (2017); según sexo 85.3% son varones y 84.4% son mujeres. En el área urbana 87.1% se matriculó en algún año de educación secundaria; en el área rural se observa un incremento de 62.8% (2007) a 79.4% (2017). La asistencia escolar, se incrementó de 75,4% (2007) a 83.9% (2017); en el área urbana hay mayor asistencia escolar (86.1%), respecto al área rural (78.5%). Según sexo, en el 2017, la asistencia de mujeres fue 93.2% y de hombres el 95,1%, lo cual significa un avance en este nivel, pero aún insuficiente para lograr equidad, sobre todo en las mujeres, donde se empieza a incrementar las brechas de exclusión en la culminación de los estudios, donde sólo 73.8% de varones terminaron la secundaria, respecto al 62.8% de mujeres que alcanzaron a terminarla. En la educación rural otra dificultad que existe es la alta dispersión, aislamiento y dificultades para la comunicación, y la demanda educativa ha sido cubierta con centros unidocentes y multigrado, sin embargo, aún hay niños y niñas que no van a la escuela.

El Perú es un país pluricultural y multilingüe, en la que coexisten diversas culturas y 47 lenguas indígenas u originarias conforme al Ministerio de Cultura. Esta riqueza cultural en muchas ocasiones ha sido una limitante para el acceso a la educación, salud, justicia y otros servicios de las NNA de las zonas rurales y comunidades indígenas como se aprecia de los datos estadísticos en el desarrollo de cada uno de los derechos.

Los NNA de estos pueblos olvidados históricamente sufren la vulneración de sus derechos, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación; puesto que, según la Encuesta Nacional Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación étnico-racial realizada por Ipsos Public Affairs 43 por encargo del Ministerio de Cultura en el año 2017, ha arrojado datos significativos sobre la discriminación racial, por ejemplo a la pregunta ¿Qué tan discriminada diría que es en el país? se tiene que el 59% considera que la población quechua o aimara y población negra, morena o zamba son las más discriminadas, seguida del 57% de la población nativa o indígena y 31% población mestiza. Estos datos nos muestran que somos un país que ha hecho de la discriminación como algo natural y cotidiano, cuando este flagelo menoscaba la dignidad de la persona humana, siendo el daño mayor cuando padece una niña o un niño un acto de discriminación.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de la persona humana el Poder Ejecutivo está impulsando un proyecto de Ley N° 03793/2018-PE 44, PL para la prevención, eliminación y UNFPA (2018) Acuerdo Nacional. Política Nacional 12. Visto el 10.11.2018 en https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-deestado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-gratuita-y-de-calidad-ypromocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/ 43 MINISTERIO DE CULTURA. I Encuesta Nacional Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación étnico Racial. Ipsos Public Affairs. 2017.

44 Proyecto de Ley N° 03793/2018-PE. Congreso de la República del Perú. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/comisiones2018/Cultura/ProyectosLey/ 41 42

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sanción del racismo y discriminación racial que fue presentado el 10 de enero de 2019 al Congreso de la República, en la que se plantea entre otras medidas modificar la Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de considerar a la discriminación racial como una casual de destitución de los docentes cuando estos actos vulneran el derecho de los estudiantes y otros miembros de la comunidad estudiantil a la igualdad y discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación de los NNA está reconocido en la CDN (artículo 02) en coherencia con otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

En este apartado es importante conocer datos estadísticos sobre el aprendizaje de los NNA como se detalla a continuación: Logros de aprendizaje: Al año 2016, el 46.4% de estudiantes de segundo grado de educación primaria, logró aprobar el examen de comprensión lectora en forma satisfactoria respecto al 2007 (15.9%). Según sexo el 49% (niñas) y 43.9% (niños) alcanzaron el nivel satisfactorio en comprensión lectora. Por área de residencia en el 2016 el 50.9% (área urbana) comprende lo que lee de manera satisfactoria, respecto al 16.5% (área rural), la misma que debe ser potenciada, sobre todo en la zona rural.

En razonamiento matemático, al 2016 el 34.1% de estudiantes de segundo de educación primaria, lograron aprobar esta prueba en forma satisfactoria, respecto al año 2007 (7.2%). Según sexo, el 35.4% (niños) y 32.7% (niñas) alcanzaron el nivel satisfactorio, siendo en esta área donde los niños obtuvieron mayores porcentajes que las niñas en los últimos años. En área urbana el 36.6% alcanzó el nivel satisfactorio; mientras en el área rural fue 17.3% de los niños y niñas.

Las condiciones educativas: Si bien hay mejoras en cuanto acceso, conclusión de estudios y logros de aprendizaje; aún existen condiciones a trabajar para superar el atraso escolar, la no conclusión del nivel secundario y la mejora de aprendizajes de calidad para todos, siendo a) la falta de docentes calificados para acceder a la carrera pública con un desempeño satisfactorio en los estudiantes para mejorar sus resultados académicos; b) la especialización de docentes según nivel de estudio (inicial, primaria y secundaria); c) la necesidad que tienen muchos docentes de autogestionarse los materiales para el dictado de clases, pues se ven limitados por la falta de materiales educativos, sea porque son insuficientes o son inadecuados y d) los docentes necesitan recibir capacitación en estrategias y prácticas de enseñanza acorde a los cambios curriculares que se presentan en el país 45. Las NNAs considera que “que trabaje por la educación, así disminuiríamos el analfabetismo, tendríamos más oportunidades y saldremos de la pobreza” 46.

Entonces podemos observar que la política educativa ha avanzado en cerrar ciertas brechas y hubo avances en cuanto a la calidad educativa, pero en un nuevo contexto como hoy, hace falta el uso de nuevos elementos para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. Si bien las políticas y normas están siendo reajustadas su principal limitante sigue siendo la asignación de recursos para su implementación sostenida, tanto para mejorar los salarios, la capacitación a docentes y su respectiva acreditación bajo los estándares de calidad; la mejora de los materiales educativos bajo un enfoque inclusivo, diverso, acorde a la realidad, ello implica mejorar la Curricula Educativa hoy en día observada por el tema del enfoque de género desde un sector de la sociedad civil. Asimismo, se debe dotar de las herramientas tecnológicas para adecuarse a la educación digital, esto implica contar con docentes que también se encuentren preparados en su uso y manejo respectivo.

Si bien se ha dado impulso a políticas educativas para asegurar el acceso a la educación en la primera infancia de 03 a 05 años, y potenciar la primaria, es cierto que el nivel secundario ha quedado relegado, y hoy en día se convierte en uno de los retos impostergables del sector por dar una mejor respuesta a las necesidades y demandas de los estudiantes, sobre todo porque ello marca las condiciones y habilidades necesarias para continuar con éxito sus estudios superiores.

A nivel de América Latina y el Caribe, la asistencia escolar de niñas y niños entre 6 a 12 años alcanzó en la mayoría de países cifras cercanas o superiores al 90%. En educación primaria, la asistencia no presenta brechas significativas entre los quintiles de ingresos más ricos y más pobre y el porcentaje de niños y niñas del quintil más pobre que asisten a la educación primaria es de 93% 47. En el Perú, la matrícula de niñas, niños de 6 a 11 años fue de 99.5% en el 2017, con un enfoque de género de 99.4% niños y 99.5% niñas y no existe diferencia en área urbana (99.5%) y rural (99.3%).

2.2.2. la violencia escolar y bullying En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sido víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus compañeros 48. Entre setiembre 2013 a setiembre 2018, se registraron 22,126 casos de acoso en el portal SÍSEVE, donde el 16% de casos se dio en instituciones educativas privadas, y el 84% en instituciones educativas públicas; los más afectaron fueron varones (52%) respecto a las mujeres (48%). Según grado de estudio el 8% se dio en el nivel inicial, 37% en el nivel primaria, y 55% en el nivel secundaria 49. Asimismo, la 45 Estado de la educación en el Perú. Análisis y perspectivas de la educación básica. César Guadalupe, Juan León, José S. Rodríguez, Silvana Vargas. GRADE. Primera edición. Lima diciembre 2017.

46 Grupo focales de NNA desarrollado por Plan Internacional.

47 Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe. Análisis regional sobre cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe (2018).

48 Encuesta realizada el año 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 49 Ministerio de Educación, SíseVe Contra la Violencia Escolar. Visto el 11.11.2018 en http://www.siseve.pe/seccion/estadisticas

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encuesta Young Voice Perú, realizado por Save the Children el 2017 revela que el 39.8% de escolares se ha sentido acosado, y sólo la mitad se atreve a denunciarlo, el resto se queda callado; un 45% de adolescentes aseguró haber visto que alguien fue golpeado en el colegio, el 43% dice que fue acosado por las redes sociales, el 22% se sentía preocupado de ser víctimas de bullying y el 35% se siente inseguro en su propia aula y durante el recreo. El 77% de alumnos no sabe adónde acudir de sentirse hostigado o tratado injustamente 50.

PROMSEX indica que, en las instituciones educativas, hay prácticas de bullying homofóbico, con hostigamiento sistemático, además de violencia sexual y tocamientos indebidos a las víctimas.Otras causas de la violencia escolar son la edad, el color de la piel, el origen étnico y la diversidad cultural en las escuelas y la orientación sexual.

Algunas dificultades son que, de las más de 91,000 escuelas existentes en el país, sólo 49,656 están afiliadas al SíSEVE 51, haciendo difícil identificar y atender la real demanda de casos de violencia escolar. La Ley 29179, sobre convivencia sin violencia dispone que cada centro educativo cuente con un psicólogo para atender casos de bullying, pero este objetivo no se está cumpliendo, porque no hay especialistas para atender a más de 90 mil colegios y los pocos psicólogos en escuela no están preparados para esta problemática, siendo la estrategia fortalecer el Comité de Tutoría 52 para que ayude a los estudiantes en caso de conflicto, y elabore guías de capacitación a docentes para responder ante los tipos de bullying. Son pocos convenios con facultades de psicología para cubrir esta demanda. Las instituciones educativas no incluyen actividades de prevención primaria o secundaria anti-bullying; algunos docentes aplican medidas disciplinarias y acciones punitivas en la escuela. Los medios de comunicación ocupan mayor tiempo mostrando mensajes de amor, odio, envidia y sexo. En las redes sociales también se expone a los jóvenes a mensajes malintencionados y sin control, que crecen de manera viral tergiversando sus valores y provocando actitudes violentas y agresivas que crean ambientes escolares de bullying. En ese sentido el MINEDU debe liderar, con otros sectores y la participación de los padres de familia 1) una educación que fomente la tolerancia y el diálogo; 2) informar a los padres y brindarles herramientas para prevenir la violencia entre sus hijos; 3) capacitar a docentes para detectar y resolver problemas de acoso escolar, y 4) no guardar silencio ante la violencia. Asimismo, debe planificar y gestionarlos recursos económicos, y diseñar estrategias para hacer más eficaz y eficiente el uso de los recursos. La currícula educativa debe contener elementos para prevenir y atender situaciones de violencia escolar, además de generar las condiciones necesarias para que sea funcional. Y en la familia se debe fomentar una mayor comunicación para combatir el bullying y otros tipos de violencia escolar, desarrollar habilidades y capacidades para la crianza positiva de sus hijos e hijas, y entablar comunicaciones asertivas para prevenir, detectar y abordar el acoso escolar, pues su hijo/a puede estar siendo víctima o acosador.

2.3.

DERECHO A LA PROTECCIÓN 2.3.1. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes La lucha contra la violencia hacia NNA, se enmarca en el ODS 16, meta 16.2, en alineación con los artículos 19, 34 y 39 de la CDN. Estas se reafirman en nuestra Constitución Política, en el artículo 1) la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; el artículo 2, inc 1) al derecho a la vida, la identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, y al inc 2) A no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, a su identidad e integridad moral psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; y al artículo 7) que establece la protección en la salud, educación, en la familia y la comunidad; en especial a las personas con discapacidad.

En el 2017, el CEM atendió a 9,121 casos de violencia física (7,867 casos en 2016) y 12,498 casos de violencia psicológica (9,279 casos en 2016) contra NNA. El MIMP, entre los meses de enero a octubre del 2018, reporta la situación de violencia en NNA, siendo la violencia física: 11,078 casos, violencia psicológica: 15,482, violencia económica: 167 casos y violencia sexual: 178 casos. La violencia hacia niñas y adolescentes fue violencia física (6 426 casos), violencia psicológica (8,819 casos), violencia económica (88 casos) y violencia sexual (6,525 casos). Asimismo, la violencia sexual contra NNA en los últimos 5 años ha incrementado de 4,481 (2014) a 7,178 (ene-oct. 2018), lo que demuestra que, a pesar de contar con políticas, estrategias y servicios, estos nos están siendo efectivos. Los tipos de violencia física y psicológica representan más del 80% de las denuncias en niños y niñas; y en adolescentes llega al 70%; además registra la tasa más alta de agresiones sexuales, cerca del 30% del total. En ENDES 2016, el 26,4% de madres y 23,1% de padres todavía utilizan golpes para castigar a sus hijos/as, necesario” para su corrección, disciplina y/o aprendizaje. La extensión y magnitud del problema se vincula con las pautas culturales aceptadas, legitimadas, las relaciones de poder y el carácter estructural de las sociedades, como género, la edad, la raza y la clase o sector dominante social, que pueden constituir ejes de análisis de las jerarquías sociales en cualquier contexto. La violencia afecta el desarrollo integral de las NNA, tal es así, que las NNAs de Madre de Dios señalan “Derecho al buen trato. En la casa porque aveses me pegan en la casa mi papá con correa y manguera cuando reniega” 53.

Encuesta Young Voice Perú, realiza por Save the Children entre julio y setiembre del 2017.

Patricia Giraldo, especialista de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 2017 52 Resolución Ministerial Nº 321-2017-MINEDU, que modifica la Resolución Directoral N° 343-2010-ED y que autoriza que los directores de las instituciones educativas conformen, entre otros, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa 53 Grupo Focal NNA desarrollado por Terre des Hommes, Madre de Dios, Perú.

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El Estado peruano en los años más recientes, ha desarrollado diversas normativas para la prevención, atención y restitución de derechos frente a la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre las principales: a) Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, b) Ley Nº 30403 Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes, c) Ley Nº 30466 Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño, d) Decreto Legislativo Nº 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, e) Ley Nº 30815 Ley que declara de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a través de la educación y f) Decreto Legislativo Nº 1368 que crea el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

En un estudio de World Visión Perú 54 las niñas y los niños señalan que dentro de su familia los principales problemas son: Violencia familiar, abandono y descuido de las madres y padres Castigos físicos y humillantes, acoso y tocamientos. Asimismo, plantean soluciones al problema que les aqueja expresando que se debe “capacitar a padres sobre el buen trato. Educación a los padres, sobre todo para la crianza; empoderarnos en nuestros derechos; capacitación a los maestros en género y no violencia; campañas de prevención de violencia dirigida a los programas sociales, escuela y comunidad; entre otros” 55 Entre las dificultades está la creación de espacios como la Instancia Nacional para promover la protección de las NNA, donde no se ha percibido avances, ni logro alguno de su implementación; el SNAINA 56 tiene dificultad para dar una respuesta eficiente, eficaz y oportuna cuando se vulneran los derechos de las NNA, pues se evidencia que en las instituciones que la integran, hace falta recursos humanos, infraestructura adecuada con condiciones de privacidad o accesibilidad para personas con discapacidad; los presupuestos son insuficientes, para intervenir en las zonas rurales y alejadas, entre otros 57. La alta rotación limita el fortalecer las competencias del personal, llegando incluso a darse situaciones de revictimización.

La rectoría del SNAINA la tiene el MIMP, a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, pero presenta deficiencias para implementar la política integral de protección, especialmente en las regiones del país, donde no se ve el trabajo articulando para liderar el sistema. Asimismo, el Perú ha sido considerado País Pionero en el marco de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, lo cual implica que el MIMP elabore un Plan de Acción Nacional contra la violencia hacia la niñez, y que la sociedad civil está aportando al entregar una propuesta de estructura, ofreciendo contribuir en el diseño, lo cual al cierre del informe no obtenía respuesta formal del ente rector.

La mayor dificultad que se viene presentando en la implementación de las normas, es la asignación de presupuesto público y el diseño de estrategias que invisibilizan a las niñas, niños y adolescentes, por tanto son pocas las acciones de intervención que se realizan a favor de este grupo vulnerable. Si bien los servicios como el Centro de Emergencia Mujer (CEM) vienen atendiendo casos de violencia familiar y sexual hacia las NNA, el personal no cuenta con las competencias para brindar una atención especializada, no cuentan con protocolos de intervención focalizada, ni la infraestructura necesaria para la atención diferenciada y brindar las medidas de protección que correspondan, siendo derivados a otras instancias, como la Unidad de Protección Especial que ve el riesgo de desprotección familiar, siendo muchas veces derivados a Centros de Acogimiento Residencial públicos y/o privados. Si bien las normas y su reglamento incluyen la atención a grupos vulnerables (NNA, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros) el énfasis del enfoque, implementación y atención se centra en la violencia contra la mujer, con la respectiva asignación de los recursos económicos. Ante los recientes casos de abuso sexual seguido de muerte de algunas niñas, se han formado diversas comisiones nacionales que se han limitado a elaborar planes de acción y que se han venido apagando en el camino (eso aparenta, debido a la poca información sobre los resultados de estas comisiones). A pesar de los esfuerzos que un sector del ente rector viene desarrollando por hacer mayor difusión de la norma, en brindar las herramientas y presupuesto para su implementación (guías o manuales para enseñar a las madres y padres a educar sin violencia), y a pesar que se está brindado la capacitación a los operadores de servicios (DEMUNA) y de justicia (jueces, fiscales, otros), no se observa ni se siente un fuerte liderazgo del MIMP en la lucha contra la violencia hacia las NNA. Las organizaciones de defensa de los derechos del niño/a no están debidamente articuladas, por lo que no existe un movimiento fuerte desde la sociedad civil, capaz de exigir y vigilar el cumplimiento de las políticas de infancia, como sí lo están realizando las organizaciones de mujeres, quienes con justo derecho, esfuerzo y articulación, vienen posicionando con fuerza la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia la mujer.

El Estado y la Protección de la Niñez y Adolescencia 2013-2017 La Voz de mi Comunidad. Las Voces de las niñas, niños y adolescentes en los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). World Visión Perú. Aldeas Infantiles SOS. Julio 2018.

56 Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente.

57 El Estado y la Protección de la Niñez y Adolescencia 2013-2017 54 55

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En América Latina, 1 de cada 2 niños experimenta castigo físico y el 64% de niñas y niños de 0 a 15 años experimenta regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión emocional o física). En el Caribe, el castigo corporal como método de disciplina es casi 3 veces mayor que en América Latina.

2.3.2. El derecho a vivir en familia 58.

Las directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de la Niñez de las Naciones Unidas indican: “Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad (…) los esfuerzos deberían ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debería velar porque las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora” 59 La Familia es el lugar donde cada persona debe sentirse querida, cuidada y protegida, por ende, crecer allí trae consigo el desarrollo integral e impacta en su calidad de vida, en el logro de oportunidades para su futuro.

Pero existen factores que ponen en riesgo este derecho, tal como la violencia familia, la falta de trabajo y recursos económicos, el limitado acceso a la salud y educación, a la identidad, entre otros. La CDN sitúa a la familia como el entorno privilegiado e indiscutible para el desarrollo de las NNA, por ello la convención exige a los países miembros, la creación de todas las estrategias posibles para que las familias puedan fortalecer sus capacidades de cuidado, crianza y protección de las NNA. En ENDES 2017, 12.5% de menores de 15 años de edad están en calidad de niños/as de crianza: 6.6% están entre los 10 a 14 años, 4.5% entre 5 y 9 años y 1,4% entre los que tenían 0 a 4 años de edad. En el caso de niñas/os huérfanos la proporción total es de 7.5%, del cual el 4,3% está entre los de 10 a 14 años de edad, 2.5% tenían entre 5 y 9 años y 0.7% estaban entre 0 a 4 años. Según región natural, la proporción de menores de 15 años de edad, que eran niños/niñas de crianza o eran huérfanos se presentó en mayor porcentaje en los hogares ubicados en la región Selva (6,7% y 3,7%, respectivamente). Asimismo, 6 de cada 1000 NNA se encuentran en riesgo de desprotección familiar debido a la violencia, carencia de cuidados familiares u otros factores que los ha llevado a una situación de calle. Al 2015, el MIMP tenía registrado alrededor de 5,661 NNA menores de 17 años ubicados en Centros de Acogimiento Residencial (CAR) donde 68% son de administración privada, 15% son del INABIF, 9% de los gobiernos regionales, 6% de la sociedad de la Beneficencia Pública y 2% de municipalidades locales. La mayor parte de los NNA declarados en desprotección familiar por el Estado, se encuentra en los CAR privados, quienes buscan sus propios recursos para brindar cuidado y protección; en tanto los CAR públicos cuentan con financiamiento estatal (PPR 117); creando una brecha de discriminación y vulneración al derecho de los NNA a recibir la misma protección económica del Estado, (artículo 4 CDN). Muchas autoridades derivan a las NNA a un CAR sin realizar el seguimiento, monitoreo ni acciones de reintegro familiar. Habiendo condiciones favorables para que el niño/a retorne a un entorno familiar, las autoridades judiciales pueden tomar años para dar una resolución afirmativa de retorno, contribuyendo al desinterés y desvinculación de la familia con el niño/a, vulnerando su interés superior. El Informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas, evidencia que el uso excesivo de una vida separada de su familia genera grandes costos para los NNA, sus familias y la sociedad; los efectos de la institucionalización pueden incluir salud física deficiente, grave retrasos en el desarrollo, discapacidad y daño psicológico potencialmente irreversible.

Una niña albergada en la Aldea Infantil SOS Ayacucho expresa que: “hay niños que sus padres les abandonan”; esto debido a situaciones o crisis donde la familia pierde condiciones para el cuidado de sus hijos/as. Del mismo modo un niño menciona que “hay muchas familias que mandan a robar para alimentarse”, siendo los padres/madres quienes enseñan a sus hijos/as al hurto o la mendicidad para poder subsistir, sobrexponiéndolos a riesgos mayores en la calle. La relación familiar hoy en día es tan frágil, que trae consigo una débil capacidad parental para relacionarse mejor con los hijos/as; la violencia como medida correctiva y de formación personal y las rupturas familiares conllevan a conflictos y limitan la capacidad de los padres de brindar cuidado y protección adecuada a los niños y niñas. La transición a nuevos modelos de intervención, debe venir con recursos económicos adicionales mientras se encuentre en situación de desprotección familiar, y el gobierno debe asegurar la reforma del sistema, diseñando estrategias para evitar la permanencia innecesaria en la modalidad residencial, buscando servicios de ayuda a padres y madres en dificultades para evitar su separación; en caso sea necesario el ingreso al sistema de cuidado infantil, debe asegurar la revisión regular de las colocaciones existentes y realizar con frecuencia una evaluación sobre cada niño o niña institucionalizado a fin de ubicar a su familia de origen y comprobar si la reintegración es una solución adecuada.

En América Latina y el Caribe una cantidad significativa de niñas y niños está en riesgo de perder el cuidado parental y muchos otros viven sin él. Entre sus principales causas están la pobreza, la violencia en todas sus formas y modalidades y la discriminación. Asimismo, en ALC, los NNA en cuidado alternativo se calcula en 189.000, estimando la tasa de niños/as en instituciones en 97 cada 100.000 60.

Aldeas Infantiles SOS Perú http://www.aldeasinfantiles.org.pe/getmedia/026e3872-1c3b-46ae-87e2-ad976ff22001/Reporte-Me-Importan-Final Naciones Unidas; 2009. Directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños. Principio 1.

60 MMI-LC Análisis regional sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.

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2.3.3. Trata de Personas El ODS 05, se alinea con los artículos 34, 35 y 36 de la CDN, que instruyen a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para protegerlos de cualquier forma de explotación o abuso sexual y para prevenir el rapto, la venta o la trata. Asimismo, el Perú asumió compromisos y obligaciones en la lucha contra la trata de personas, al suscribir los siguientes documentos del derecho internacional: • La convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios • El protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) • Las Notas interpretativas (Travaux Preparatoires) al Protocolo de Palermo.

• Protocolo opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la Pornografía Infantil • Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores • Convenio N° 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo • Convención N° 182 de la OIT sobre prohibición de las peores formas del Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación La Constitución, establece que serán la comunidad y el Estado los encargados de proteger especialmente al niño, niña y adolescentes, madre en situación de abandono. Prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos (artículo 2.24 literal b). El Código del Niño y Adolescente, en su artículo 18 establece la protección a ser brindada por los directores de los centros educativos mediante denuncia a las autoridades competentes en los casos de vulneración o violación de los derechos del NNA. El Código Penal Peruano, modificado por Ley Nº 28950, Ley contra la trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2016-IN, adecua la legislación peruana a los estándares internacionales, como el Protocolo de Palermo. Posteriormente, se perfecciona el concepto de trata de personas la misma que se incorpora mediante Ley N° 30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo 153°, que en relación a los niñas, niños y adolescentes establece que: “La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1” De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la definición de la trata de personas se compone de tres elementos que están intrínsecamente ligados entre sí: el comportamiento o conducta, los medios y el propósito o fin, los cuales deberán confluir para configurar el delito.

El MIMP aprueba mediante Decreto Supremo N° 2010-MIMDES, la relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y la moral de las y los adolescentes.

Existe información no estandarizada, así, desde el Ministerio Público se ha registrado 5,935 denuncias por trata de personas entre los años 2010 (298 denuncias) y 2017 (1,464 denuncias), tendencia que va en aumento 61. Del 2010 – 2014 el mayor índice de trata de personas se da entre 13 a 17 años de edad (1,795), seguido de 18 a más años (1,138) y en menor proporción menores de 13 años (228). En cuanto a sexo, se registró 1,191 mujeres víctimas de trata de personas: 580 tenían entre 18 y 35 años de edad y 551 eran menores de edad entre 0 – 17 años. Las victimas de sexo masculino, en su mayoría fueron menores de edad (185 casos) entre 2014 – 2017. Hasta octubre 2018 a nivel departamental, la mayor cantidad de denuncias fiscales se registraron en las regiones de Lima, Madre de Dios, Puno, Loreto y Arequipa. En el Ministerio del Interior, el sistema RETA, desde enero 2010 hasta agosto de 2018, registró 2,756 denuncias de trata de personas, de las cuales 34.2% fue con finalidad de explotación sexual y 16.6% con fines de explotación laboral. En cuanto a género, del 2010 al 2017, se registraron 9,071 presuntas víctimas de trata de personas.

Así, 9 de cada 10 son mujeres. Desde la PNP, del 2010 al 2017 se registró 2,999 denuncias por trata de personas y entre enero y junio del 2018 se registró 426 denuncias. En el primer semestre del 2018 se registraron 257 denuncias por explotación sexual, 102 por explotación laboral y 14 por mendicidad, venta de niños y tráfico de órganos. La modalidad para captar a las víctimas de trata de personas, es la oferta de trabajo. Según sexo, en el 2017, del total de presuntas víctimas de trata de personas, 8 de cada 10 son mujeres, la mayoría de ellas entre 18 a 29 años (44.2%); respecto a menores de 18 años (32,4%). Del total de víctimas hombres, la mayoría son menores de edad (70.8%). Entre enero y junio de 2018, se registraron 373 mujeres, de ellas, 139 tenían menos de 18 años de edad y 182 de 18 a 29 años de edad, entre otras.

La ONG Terre des Hommes Suisse, reporta que el Perú es el tercero con mayores tasas de esclavitud moderna de América 62. Las redes de trata se despliegan acorde a la geografía peruana; los que logran sobrevivir deben sobrellevar traumas que los acompañaran toda su vida. El tratamiento que reciben las 61 62

INEI. Perú. Estadísticas de Trata de Personas 2011 - 2018 Índice Global de Esclavitud 2018.

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víctimas, sobre todo menores de edad, empeora su situación, porque van a parar a reformatorios de menores por una cuestión de insuficiencia logística en los Centros de Albergue. La misma ONG 63, describe que el modelo de atención que aplica los CAR públicos contraviene a las políticas de no revictimización, y se convierte en una medida de aislamiento, donde, además, el personal del servicio responsabiliza de los hechos a las víctimas, afianzando su estigmatización, sanción social, por tanto, vulnerando sus derechos. Se espera revertir esta situación con la implementación del DL 1297. Asimismo, las sobrevivientes de Trata son mujeres y adolescentes captadas en el interior del país, porque la demanda de clientes prefiere la compañía y sexo con adolescentes. Cuando son menores de edad, es más complicado identificarlas, porque no denuncian y muchas veces no son conscientes de su situación y la vulneración de sus derechos humanos en varios niveles (sociales, económicos, culturales, políticos y civiles); por tanto, se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad que requiere salvaguardad su integridad o derechos, y se deberá tomar en cuenta que es mejor para su bienestar, protección y desarrollo 64.

Las NNA opinan de la trata como “la violencia física, psicológica, explotación sexual y laboral hacia las niñas, niños y adolescentes (…); acoso sexual en las escuelas inicial, primaria, secundaria” 65.

En el año 2014 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de una tratante cuya víctima era una niña de 14 años captada para trabajar como “dama de compañía” en un bar de la zona minera de Mazuko en Madre de Dios. Organizaciones de la sociedad civil, incluida Terre des Hommes Suisse solicitaron la sanción de los magistrados de la CNM, sin embargo, se consideró archivado el caso sin sanción por considerar que no había motivos para realizarlo, dejando de lado la recomendación 24 b) del Comité CEDAW (2014). Cabe mencionar que este 2018 los miembros de la CNM han sido destituidos; y miembros del Poder Judicial están siendo investigados por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El Estado peruano ha tenido pocas acciones y respuestas frente a los diversos problemas de la esclavitud moderna. La tolerancia social contribuye a que se mantenga latente, por ello se debe fortalecer el sistema educativo y las competencias parentales. La necesidad de contar con servicios especializados e integrales para la atención, protección y reintegro de la víctima, en especial las NNA, no se lograrán implementar con el escaso presupuesto que se asignan a la lucha contra la trata de personas, y que genera un clima de elevada impunidad.

Los últimos datos de la región de América Latina, evidencian que 1,9 millones de personas fueron afectadas por alguna forma de esclavitud moderna en el 2016, de las cuales 417.000 fueron NNA. El trabajo forzoso, incluida la explotación sexual comercial, afectó a 208.000 NNA 66.

2.3.4. Migración de la niñez y adolescencia El artículo 2 de la CDN, establece que los Estados respetan los derechos enunciados en la presente Convención y aseguran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna (…). El inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin discriminación por motivos de origen, raza, sexo, (…). Asimismo, el Estado ha suscrito la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, incorporados al ordenamiento jurídico nacional.

Si bien en el Perú existen migrantes y refugiados procedentes de diferentes países; sin embargo, en los últimos dos años la migración de la población venezolana ha sido en una proporción nunca antes vista debido a la crisis humanitaria que padece Venezuela, por la falta de alimentos, medicinas y la alta inflación que azota al país vecino. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) el número de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela ha alcanzado los tres millones en el mundo. Los países de América Latina y el Caribe acogen a 2,4 millones 67, mientras que los otros 600.000 se reparten en otras regiones. El Perú acoge medio millón de venezolanos, segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos después de Colombia.

Según ACNUR y OIM el número de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela ha alcanzado los tres millones en el mundo. Los países de América Latina y el Caribe acogen a 2,4 millones 68. El Perú acoge medio millón de venezolanos, segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos después de Colombia.

Según INEI, ingresaron más de 500 000 venezolanos al Perú 69.Por grupos de edad, el 45,2 % tiene entre 15 y 29 años; 11,5 %, de 5 a 14 años; 5,4 %, de 0 a 4 años y, 2,0 % de 60 y más años de edad 70. No se tiene información qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes venezolanos acceden a la educación, salud, Protegidas o revictimizadas. Alerta Nacional sobre el manejo de gestión en los CAR de víctimas adolescentes de trata de personas Terre des Hommes Suisse Estudio. Barrantes Carmen: La Ruta del Oro: Madre de Dios, Entre el Cielo y el Infierno: La Trata con fines de explotación sexual en el Perú. Segunda edición. Año 2017 65 La Voz de mi Comunidad. Las Voces de las niñas, niños y adolescentes en los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). World Visión Perú. Aldeas Infantiles SOS. Julio 2018.

66 OIT (2017). Del MMI-LC Análisis regional sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.

67 Artículo: Hay más de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, según la ONU. Nombre 2018. Disponible en: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/venezuela-onu-son-3-millones-refugiados-migrantes-venezolanos-mundo-noticia-575536 68 Artículo: Hay más de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, según la ONU. Nombre 2018. Disponible en: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/venezuela-onu-son-3-millones-refugiados-migrantes-venezolanos-mundo-noticia-575536 69 Del total de venezolanos que residen en el Perú, el 53,7 % son hombres y el 46,3 % mujeres según el INEI. 70 INEI. Información disponible en: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-tres-millones-de-peruanos-salieron-del-pais-y-no-han-retornado-11010/ 63 64

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medicamentos, y si estos viven con su familia o están en desprotección familiar, así como cuantas mujeres y adolescentes embarazadas han ingresado. Dato que se será fundamental para las políticas públicas.

Las NNAs, personas con VIH son los más vulnerables, debido a que, por su condición requieren de los servicios de salud, vivienda, medicamentos, alimentación, educación etc. Muchos menores en el proceso de inserción en un país diferente al suyo han sido objeto de discriminación y/o xenofobia ya sea en el ámbito público o privado, hechos que requieren de una respuesta oportuna del Estado y de la sociedad. El Estado ha desplegado algunas medidas para garantizar que la población venezolana tenga facilidades en la permanencia en el país, así como en el acceso a los servicios de salud a través del SIS y la educación; sin embargo, están no son suficientes para garantizar plenamente sus derechos en particular de las niñas, niños y adolescentes que constituyen un buen porcentaje tal como detalla INEI. En América Latina y el Caribe, el tema de la migración se amplió a Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador y México en la ruta hacia EE.UU. Del mismo modo, ACNUR ha registrado un incremento de solicitudes de asilo, que pasaron de 34.000 en 2016 a 48.000 entre los meses de enero y setiembre de 2017, y los principales países de destino son Brasil, Costa Rica, México, Perú, España y Estados Unidos. Al mismo tiempo México no sólo se está convirtiendo en territorio de tránsito para la niñez migrante no acompañada sino también en territorio de destino y muchas veces espacio de detención y deportación 71.

2.3.5. Trabajo Infantil.

El artículo 32 de la CDN reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT 72, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. De la misma manera, el Convenio Nº 182 de la OIT, relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, establece la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Según, la OIT el trabajo infantil en América Latina y el Caribe se redujo a la mitad en los últimos 8 años; sin embargo, en el Perú el ritmo de decrecimiento fue más lento y, aunque la tasa de trabajo infantil disminuyó en poco más de 4% desde 2012, aún hay un 21.8% de niños y adolescentes que trabajan. Lo peor es que con estas cifras Perú encabeza la lista de países de Sudamérica con más trabajo infantil 73. El Ministerio de Trabajo (ENAHO (2017), recordó que en el Perú hay 920.229 niños de entre 5 y 13 años que realizan algún tipo de actividad económica. Es decir, el 17,6% de los menores peruanos trabaja. De ellos, 241.998 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad realizan trabajos que exceden las 50 horas semanales, lo cual se considera como trabajo peligroso. Además, el trabajo infantil en menores de entre 5 y 13 años según el área de residencia el trabajo infantil en la zona rural es mayor que en la zona urbana, siendo la cifra de 56.7% y 12.7% 74 respectivamente. Así, "un niño que trabaja no va a la escuela, está expuesto a problemas de salud debido a la contaminación con pesticidas o químicos, la falta de higiene, una alimentación insuficiente y la realización de esfuerzos excesivos para su edad, y es una víctima indefensa frente al aislamiento, los abusos y la violencia verbal, física o sexual".

El trabajo infantil ha sido visibilizado gracias al trabajo de la sociedad civil y a la influencia externa con la aprobación de la CDN desde el año 90. El Estado en el marco de la lucha contra el trabajo infantil ha impulsado programas como “Educadores de calle” (1992) y “Colibrí” (1991) de la Policía Nacional del Perú, experiencias que se han reducido en la atención de niños, niñas y adolescentes que trabajan y de cobertura bastante limitada. Entre enero y abril del 2018, se atendió a 5.300 niñas, niños y adolescentes que permanecían en las vías públicas, a través del programa Educadores de Calle; y desde abril del 2014 a la fecha, la SUNAFIL impuso 69 multas a empresas donde trabajaban menores de edad, mostrando la falta de capacidad operativa y técnica para realizar la supervisión y fiscalización del trabajo infantil informal. Por ello se requiere un compromiso político del más alto nivel con una intervención multisectorial para erradicar el trabajo infantil en niños menores de 14 años de edad, así como promover programas que rescaten a adolescentes de 14 y 17 años de edad de trabajos peligrosos y forzosos, toda vez que este flagelo limitan las oportunidades de desarrollo físico, mental y social, siendo uno de sus principales efectos la deserción y repitencia escolar.

2.3.6. Justicia Penal Juvenil En cuanto a la infracción a la ley penal por parte de adolescentes, en el 2017, se encontraban 3,723 adolescentes cumpliendo una medida socioeducativa, siendo en su gran mayoría hombres (93.4%), entre los 16 y 18 años de edad 75. Ese mismo año el 41.7% (1,551) estaba cumpliendo una medida socioeducativa alternativa a la privación de libertad en los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) y el 58.3% (2,172) MMI-LC Análisis regional sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.

En el año 2002 el Estado Peruano ratifico el Convenio 138 y 182 de la Organización Internacional de Trabajo.

73 Información extraída de: https://peru21.pe/peru/infantil-peru-tasa-alta-sudamerica-informe-409742 74 INEI. ENAHO.2017. Disponible en: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/trabajo-decente-y-crecimiento-economico 75 La edad de responsabilidad penal de adolescentes en el Perú es de 14 a18 años de edad.

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se encontraba privado de libertad en los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación. Esta proporción entre los adolescentes privados de libertad y quienes no lo están, contraviene uno de los principios fundamentales de la CDN que señala que la privación de la libertad debe ser el último recurso por el menor tiempo posible.

Además, hay otros derechos que afectan los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, entre ellas, tenemos: los adolescentes que son intervenidos por la policía no reciben un trato adecuado en la medida que las comisarías carecen de personal especializado y de ambientes apropiados para su atención. De acuerdo a las normas nacionales e internacionales la intervención policial de los adolescentes debe estar a cargo de personal policial debidamente capacitado y debe realizarse en ambientes y con procedimientos diferenciados al de los adultos.

De igual modo, los adolescentes detenidos y acusados de infringir la ley en su gran mayoría cuentan con una defensa pública pero poco efectiva que no garantiza el respeto a sus derechos en las distintas etapas del proceso judicial, especialmente en la intervención policial. Esta ausencia de una defensa efectiva de sus derechos los hace vulnerables al maltrato, abuso y corrupción, compromete su situación jurídica, y limita sus posibilidades de cambio y reintegración social. En el mismo sentido, los limitados servicios para la aplicación de los programas de orientación y las medidas socioeducativas en medio abierto, no solo impiden un efectivo tratamiento y una adecuada reinserción social, sino que además condicionan las decisiones de los operadores de justicia (fiscales y jueces) hacia una mayor judicialización de los casos y un mayor uso de la medida de internamiento.

Como en otras regiones de América Latina y Caribe, la información disponible sobre los sistemas de justicia penal juvenil es insuficiente para conocer la magnitud y condiciones de cada país. En el 2017 se realizó un informe con datos de 11 países de la región donde se estimó que el total de niños y niñas en el sistema de justicia penal fue de aproximadamente 136.700. De esos países, los que cuentan con más adolescentes cumpliendo sanción penal (por cada 100.000) son Chile (297), Brasil (149.9), Uruguay (83,6) y Colombia (79).

Por otra parte, Uruguay presenta en mayor uso de privación de libertad con una tasa de 52,5 por cada 100.000 adolescentes, seguido de Perú, Brasil y Chile con tasas superiores en los tres casos a 30 por cada 100.000.

Asimismo, en Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hay más adolescentes privados de libertad que aquellos cumpliendo medidas no preventivas 76.

2.4.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN El ODS 10 se relaciona con el artículo 2 (sobre discriminación), artículo 12 (opinión del niño y de la niña), artículo 13 (libertad de expresión), artículo 14 (libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 15 (libertad de asociación), artículo 17 (acceso a una información adecuada) de la CDN. El Perú, tiene como base la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Asimismo, el derecho a la participación ciudadana se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 17: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.

El mayor desarrollo de la participación ciudadana inicio con la reforma de descentralización y la Modernización de la Gestión del Estado, la misma que se consolida en la Ley N° 26300 Ley de los derechos de participación y control ciudadanos; la Ley orgánica de gobiernos municipales y la ley orgánica de gobiernos regionales para regular la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil. Pese a estos avances, la participación de NNA aún no está regulada mediante una ley específica.

Sobre la participación de la niñez y adolescencia, la doctrina de la Protección Integral entiende que las NNA tienen derecho a ser escuchados, así como expresar su opinión en aquellos asuntos que les afecte; este derecho también les permite la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la asociación y acceso a la información. Por ello, el Estado y la sociedad en su conjunto deben implementar medidas que contribuyan al ejercicio de estos derechos en función a su edad, madurez, su condición de sujetos de derechos y a su interés superior. Así, el MIMP, en el 2009, constituye el CCONNA, como una instancia consultiva de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyos representantes son elegidos en sus respectivos territorios locales. Los gobiernos regionales y municipales, siguiendo esta iniciativa, empezaron a generar ordenanzas regionales y municipales para crear CCONNA, y sus respectivos planes de infancia y adolescencia. Un estudio realizado por la ONG World Visión 77, ha identificado que entre el 2011 y 2016, se han constituido 307 CCONNA (222 en distritos, 70 en provincias y 15 en regiones), dándose así los primeros pasos para institucionalizar la participación de la niñez y adolescencia. El MINEDU institucionalizó la conformación de los Municipios Escolares y las normas que orientan su organización, implementación y funcionamiento; es así que las y los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas participan mediante elecciones. El MIDIS, ha implementado el Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para Crecer: Gestión Local para las Personas”, para incrementar la participación de NNA en los gobiernos locales.

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MMI-LC Análisis regional sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.

El Estado y la Protección de la Niñez y la Adolescencia 2013 – 2017. World Vision Perú. Pág. 69

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A través de grupos focales, los NNA han expresado que “nos gustaría que nos tomen en cuenta al momento de hacer sus planes de gobierno” 78 es así que existen organizaciones de NNA que se forman y desarrollan en la comunidad, que, con el apoyo de organizaciones sociales, han desarrollado prácticas y experiencias de participación a nivel distrital, provincial y regional, especialmente en los procesos de formulación de los planes de infancia y adolescencia, y presupuestos participativos. Asimismo, algunas ONNAs articulados en redes nacionales, han logrado llevar su demanda al Congreso de la República, exigiendo la pronta revisión y actualización de un Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. A pesar de sus esfuerzos, la propuesta no logra concretarse hasta la actualidad, debido a creencias y percepciones de las autoridades y funcionarios, siendo uno de los temas “Tabú” la opinión y participación de NNA, entre otros 79.

Los principales factores que limitan la participación de las NNA son 80: El desconocimiento de las autoridades sobre los derechos de las NNA y su reconocimiento como sujeto de derechos, Las dificultades para impulsar proyectos de participación para NNA vía presupuesto participativo, La ausencia de personal capacitado en derechos de las NNA para brindar acompañamiento y asistencia técnica, El temor de las y los adolescentes de ser manipulados por las autoridades políticas, sobre todo en procesos electorales, La falta de recursos económicos para el desarrollo de acciones del Plan Local de Acción para la Niñez y Adolescencia, Se crean CCONNA para cumplir metas, y que en la práctica, son espacios inactivos donde no hay organización ni participación de las NNA; sumado a la falta de voluntad política de promover una real y efectiva participación ciudadana desde la infancia.

III. CONCLUSIONES 3.1.

Derecho a la Salud, Salud Sexual y Reproductiva 3.1.1. Derecho a la Salud 1. El Estado a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los servicios básicos como agua potable y saneamiento básico en las zonas con mayor índice de desnutrición crónica infantil, anemia y las enfermedades que afectan a la infancia en particular de las zonas rurales, considerando de ser necesario la instalación de sistemas de cloración para una mejor calidad del agua, la reposición, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura de agua y saneamiento.

2. Garantizar la ejecución eficaz del Programa Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN), en los tres niveles de gobierno, monitoreando la calidad del gasto con la participación de las familias.

3. Ampliar la cobertura del SIS y mejorar la calidad de los servicios de salud y nutrición materno-infantil.

4. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas en la lucha contra la desnutrición crónica y anemia infantil en espacios multisectoriales, que permita garantizar la vigilancia y cooperación en la lucha contra estos problemas de salud pública.

5. Desarrollar acciones de educación nutricional en las escuelas, en las familias y comunidades, para tener una cultura de alimentación saludable y nutritiva, para tal efecto se deberá coordinar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en el marco de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, para garantizar una alimentación saludable en la infancia y adolescencia.

6. Articular el Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal a los PPE-PpR, para la movilización de recursos locales que garanticen la atención de salud a las familias más pobres del país. Asimismo, se debe priorizar las solicitudes de créditos suplementarios destinados a la atención integral materna infantil.

3.1.2. Derecho a la Salud Sexual Reproductiva 1. Implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a través de la acción intersectorial e intergubernamental, con el fin de garantizar el acceso de las y los adolescentes a servicios de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes, con especial énfasis en salud sexual y salud reproductiva.

2. El Congreso de la República debe aprobar el Proyecto de ley que despenalice el aborto como consecuencia de una violación sexual.

3. El MINSA en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud debe implementa medidas para garantizar la distribución gratuita de los métodos anticonceptivos modernos incluido la Anticoncepción Oral de Emergencia “píldora del día siguiente” en los establecimientos de salud públicos, garantizando la atención diferencial en espacios exclusivos con enfoque intercultural.

4. Se garantice la aplicación de la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo

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Grupo focal de Niños y Niñas. World Vision Perú, La Libertad Diario Gestión, visto en: https://gestion.pe/peru/politica/defensoria-invoca-congreso-debate-amplio-nuevo-codigo-ninos-ninas-adolescentes-82110 La participación de niñas, niños y adolescentes. Factor indispensable para mejor inversión Municipal en Centro América. Save the Children. 2017.

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5.

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menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal.

El MINSA debe brindar la atención en salud sexual y salud reproductiva de los adolescentes incidiendo en que no se requiere del acompañamiento de los progenitores o tutores, para la entrega de información y la provisión de cualquier insumo anticonceptivo temporal y moderno.

Otorgar mayor presupuesto para las actividades del Plan de Prevención del Embarazo Adolescente, así como para garantizar el desarrollo de un mayor número de actividades en el ámbito de la prevención del embarazo en adolescentes, a través de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y promoción de la Participación Estudiantil en las IIEE. El MINEDU deberá garantizar el cumplimiento de la Ley N°29600 en las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional y de los Lineamientos de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación.

3.2.

Derecho a la Educación 3.2.1. Acceso y calidad de la educación 1. Se recomienda actualizar el Proyecto Educativo Nacional, en incluya los diversos enfoques en el sistema educativo, reconociendo la diversidad del territorio donde se desarrolla la población infantil, identificando las diversas barreras de infraestructura, sociales y económicas que limitan el acceso y conclusión oportuna de las niñas, niños y adolescentes según tipo de discapacidad, con enfoque de género que permita romper el ciclo de discriminación y violencia que se produce en el entorno hacia las niñas y adolescentes, fortaleciendo así los derechos humanos desde la primera infancia.

2. Se recomienda fortalecer las capacidades y competencias de las y los docentes de los diferentes niveles de educación, el cual es una de las condiciones necesarias para asegurar y la calidad educativa.

3. Se recomienda diseñar e implementar una estrategia integral de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los espacios educativos: infraestructura educativa, equipamiento y mobiliarios, en trabajo conjunto con los gobiernos regionales y municipales, sin barreras para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con espacios seguros frente a situaciones de desastres de acuerdo a las condiciones geográficas de cada lugar, dentro del territorio.

4. Se recomienda revisar participativamente la Curricula Educativa Nacional, con contenido de aprendizajes y orientaciones que deben recibir las niñas, niños y adolescentes para su formación en la vida presente y futura, que incluya el desarrollo de habilidades para el emprendimiento económico.

5. Se recomienda fortalecer la educación secundaria, donde se observa la ampliación de brechas entre varones y mujeres, sobre todo en la conclusión académica, con énfasis en las zonas rurales.

6. Se recomienda estimular un sistema meritocrático en la educación secundaria, donde las adolescentes y los adolescentes que logren un buen desempeño educativo, puedan acceder a beneficios directos para continuar estudios técnicos y/o superiores.

7. Se recomienda, impulsar la inversión pública necesaria en el sistema educativo, para cerrar las brechas de exclusión pendientes de acceso y conclusión educativa; asimismo para la mejora de la calidad educativa con enfoque de derechos, igualdad de género, discapacidad e interculturalidad.

3.2.2. Violencia escolar y bullying 1. Fortalecer el Sistema Especializado en atención de casos de Violencia Escolar – SíseVe, para ello todas las escuelas debe estar debidamente registrados al sistema y reportar los casos que se presenten y las medidas adoptadas para su resolución.

2. Se recomienda diseñar un programa de capacitación integral sobre los derechos del niño, niña y adolescentes a los miembros del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, eliminado todo tipo de método de disciplina que implique el uso de la violencia.

3. Se recomienda articular con otros servicios de protección como las DEMUNAs. 4. Se recomienda un trabajo conjunto entre docentes y padres de familia, para supervisar el comportamiento de las niñas, niños y adolescentes en casa y el colegio.

5. Se recomienda incluir en la formación técnica y universitaria de los futuros docentes, los conceptos, enfoques y mecanismos de protección a la infancia, que les permita desarrollar sus competencias y habilidades para actuar en forma oportuna ante situaciones de violencia escolar.

3.3.

Derecho a la Protección 3.3.1. Violencia contra las niñas, niños y adolescentes 1. Fortalecer el SNAINA en lo referente a la prevención y protección contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, visibilizando sus prioridades y particularidades en el marco de su interés superior.

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Acción para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes considerando las 7 estrategias del INSPIRE que promueve la Alianza Global, donde el Perú es PAÍS PIONERO. La construcción del plan debe asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de niñas, niños y adolescentes y demás sectores del Estado.

3. Es imprescindible la construcción de una ruta de atención para atender los casos de violencia contra las NNA, articulando las políticas de protección en el SNAINNA con protocolos de atención, desde las instituciones educativas, para asegurar que cada uno de los operadores que interviene en el ciclo de protección integral, estén debidamente capacitados en su aplicación, con enfoque de derechos, género, interculturalidad y discapacidad.

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4. El país requiere contar con un Programa Presupuestal para la prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia. Si bien existe el PPE 080 y PPE 117, estos no responden a la violencia contra la niñez.

3.3.2. Derecho a vivir en Familia 1. Articular los programas de apoyo social, de emprendimiento y de formación profesional, para que brinde apoyo y protección a las familias en riesgo de desprotección familiar.

2. Fortalecer el Sistema de Protección Infantil (SNAINNA) a través de las Defensorías Municipales (DEMUNAS), con presupuesto suficiente, profesionales capacitados y acreditados para la intervención con familias en riesgo de desprotección familiar; con los operadores de justicia y con presupuesto garantizado para la atención, cuidado y protección.

3. Establecer Alianzas Público-Privadas de carácter social, para diversificar e implementar las modalidades de cuidados alternativos con familias extensas, terceras y profesionalizadas, siendo la última opción el Acogimiento Residencial; diseñando estrategias de acompañamiento post reintegro de las NNA, y que permita prevenir los factores que causaron la separación temporal de su familia.

4. Las NNA que no ha sido posible su reintegro familiar teniendo en cuenta el ISN, y sea necesario permanecer en una institución pública o privada de acogimiento residencial, el Estado debe garantizar su acceso a programas de formación técnica, superior para asegurarle una vida independiente.

3.3.3. Protección de Trata de personas 1. Se recomienda implementar el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017 – 2021, con la asignación presupuestal correspondiente, teniendo en cuenta los enfoques de género, discapacidad e identidad cultural.

2. Se recomienda diseñar una estrategia de intervención que permita la articulación de acciones intersectoriales e intergubernamentales para la prevención, atención y reintegro de las víctimas de trata de personas, así como garantizar la fiscalización, persecución, y sanción a los victimarios.

3. Se recomienda que el Poder Judicial tome las medidas pertinentes para dar celeridad a las denuncias de trata de personas, con especial énfasis a las niñas, niños y adolescentes victimas de trata.

4. Se recomienda unificar los sistemas de denuncias para caso de trata de personas como el sistema de información del Ministerio Público (SISTRA), el Sistema de Registro y Estadística del Delito de la Trata de Personas y Afines del Ministerio del Interior (RETA) y la Estadística de denuncias registrada de la Policía Nacional del Perú, que permita un seguimiento eficaz del delito. Así como fortalecer los sistemas de controles aéreos, terrestres y fluviales.

3.3.4. Situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes 1. El Ministerio del Interior a través de la Superintendencia de Migraciones deberá aprobar e implementar políticas para el reordenamiento de la población migrante a nivel nacional.

2. Se deberá aprobar la propuesta normativa contra la discriminación racial y xenofobia con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes venezolanos y otros migrantes. Asimismo, el Estado deberá ratificar la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia así como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, para garantizar el principio derecho a la igualdad y no discriminación e informar a la población sobre esta normatividad.

3. El Estado a través del sector competente deberá tener el registro de las niñas, niños, y adolescentes no acompañados extranjeros y el tipo de calidad migratoria. Asimismo, se deberá tener información oficial de cuantos niñas, niños y adolescentes migrantes han accedido a los servicios y programas sociales.

3.3.5. Protección frente al trabajo infantil 1. El MINTRA deberá fortalecer el piloto Semilla u otro para rescatar a los y las adolescentes de las actividades más peligrosas, con el objeto de garantizar su integridad física, psíquica y social, asignado presupuesto correspondiente a estas acciones.

2. La Municipalidades deben implementar lineamientos para registrar e identificar, así como rescatar a los menores que trabajan en su jurisdicción debido a que, la mayoría de los municipios solo tiene un listado de los niños y adolescentes que declaran ser trabajadores, pero no tiene ningún plan de rescate o de apoyo al menor.

3. Se debe revisar y emitir normas desde el Ejecutivo para que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) tenga capacidad operativa y técnica para realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción a los responsables del trabajo infantil.

3.3.6. Justicia juvenil restaurativa 1.

Se recomienda personal especializado para la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal , a través del cumplimiento del protocolo de atención de comisarias, lo que implica el acondicionamiento en las comisarías para la atención de los adolescentes, que el MINJUSDH disponga de defensores especializados para la protección de los adolescentes desde la etapa policial y que además disponga de mediadores especializados para la aplicación de procesos restaurativos en el marco del Condigo de Responsabilidad penal del Adolescente.

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2.

3.

Se recomienda que la Línea de Acción en Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público se extienda a nivel nacional, así como el fortalecimiento de los Servicios de Orientación al Adolescente (SOAs) para que se incrementen las medidas alternativas a la privación de la libertad.

Se recomienda la implementación inmediata y progresiva del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente a nivel nacional.

3.4.

Participación de las Niñas, Niños y Adolescentes.

1. Se debe promover el registro de ONNAs en la base de datos del Municipio y mantenerlas actualizadas con el apoyo de las entidades públicas y privadas relacionadas al tema 2. Se recomienda brindar información y desarrollo de capacidades para el monitoreo social y la incidencia acorde a la edad y entendimiento de la niña, niño y adolescente a fin de que participe en las decisiones sobre aquello que afecta su vida.

3. Se recomienda fortalecer el servicio de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad y la DEMUNA para brindar el acompañamiento y asistencia técnica para la participación de las NNA creando plataformas de ONNAs. 4. Se recomienda fortalecer los mecanismos de participación de los NNA, dónde ellos puedan participar en el ciclo de políticas públicas, promoviendo una cultura de responsabilidad, honestidad y liderazgo eficiente para las nuevas generaciones.

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ANEXOS Anexo 01: Instrumentos Internacionales ratificados, relacionados con los Derechos de las NNA Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Convención sobre los derechos del Niño y los tres protocolos facultativos.  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial  El Pacto de Derechos Civiles y Políticos Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará"  Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

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Anexo 02: Avance normativo para el cumplimiento de las recomendaciones de la CDN. • •

• • • • • • • • • • • •

El Perú ha venido implementado medidas legislativas, políticas y otros instrumentos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la población, en coherencia con los ODS y la Agenda 2030. Entre las principales que se viene dando cumplimiento están: Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil creada mediante Resolución Suprema Nº 018-2003-TR Resolución Ministerial 0035-2013-ED, que crea la Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género 2013.

Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-SA Ley N° 30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra las niñas, niños y adolescentes.

Diciembre 2015.

Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Noviembre 2015 Decreto Legislativo n° 1297, Decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Diciembre 2016.

Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N 0032016-MIMP.2016.

Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N 0032016-MIMP.2016.Decreto Legislativo Nº 1348 Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Enero 2017.

Decreto Legislativo N°1323 Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia. Enero 2017.

R.M. 249-2017/Minsa. 12 de abril del 2017. Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, 2017-2021 Decreto Legislativo N°1377 que fortalece la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Agosto 2018.

Ley Nº 30838, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción contra la libertad e indemnidad sexuales. Julio 2018.

Ley N° 30903 Ley que modifica el artículo 52 de la ley 29944, ley de reforma magisterial, para incorporar la sanción de inhabilitación permanente por hostigamiento sexual. Diciembre 2018.

Decreto Supremo No. 004-2018-MINEDU, Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra NNA. 2018.

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