Proteccion Integral a las familias inquilinas Para algunas personas y familias, el alquiler es la forma de acceso a la vivienda y la ciudad que más se adecúa a sus modos de vida (porque se trasladan frecuentemente, porque no pueden o no quieren ser propietarios, etc.). Hasta la mediados de los años '70, nuestro país contaba con leyes protectoras de lxs inquilinxs (regulación de precios, prohibición de desalojos, etc.), pero la dictadura militar decidió desregular el mercado de alquileres, con grandes perjuicios para miles de familias. Lo más triste es que a 30 años de gobiernos democráticos no se ha intervenido en este mercado y las condiciones de explotación y vulnerabilidad de lxs
inquilinxs por parte de empresas inmobiliarias y propietarios de viviendas se han agravado. El Estado debe proteger a esas personas regulando los precios de los alquileres y, muy especialmente, fijando condiciones de acceso y permanencia de lo/as inquilino/as en los lugares que habitan. Decimos no al mercado desregulado de alquileres y a los abusos de los propietarios y las inmobiliarias.
Función Social de la propiedad Estamos totalmente en contra de la noción de propiedad privada que nos rige actualmente y desde hace más de un siglo. La normativa que el capitalismo ha creado para sostener y perpetuar los intereses de unos pocos protege a la propiedad privada individual por encima de los intereses colectivos y a este lastre lo arrastramos en la Constitución Nacional, el Código Civil y las decisiones de los jueces que actúan en contra de los intereses del pueblo. Le decimos no a esta forma de concebir a la propiedad privada ¡y le decimos no a la propiedad privada! Como medida paliativa, peleamos porque se introduzca la noción de función social de la propiedad en las normativas y en las decisiones judiciales. El bien común debe estar siempre por encima de los intereses particulares, no es sumando un conjunto de acciones egoístas como vamos a garantizar igualdad en la calidad de vida, justicia social, protección del ambiente y del territorio, todo lo contrario, para garantizarlos debemos someter las voluntades individuales al bienestar colectivo de las generaciones presentes y futuras. Si logramos hacer valer la función social de la propiedad, allanaremos el camino para que los propietarios de tierras y viviendas urbanas se sometan a directivas que redunden en mejoras para el conjunto de la sociedad, es decir, que no puedan hacer lo que quieran con esos bienes (realizar actividades contaminantes o molestas para el entorno, mantenerlos en desuso, etc.).
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