Al Tribunal Supremo de Elecciones

● Regular las actividades de lobby en la administración pública: Es urgente legislar sobre los límites que deben tener las actividades de lobby en las instituciones del estado para lo cual la Asamblea Legislativa debe hacer un esfuerzo por avanzar con los proyectos que están actualmente en la corriente legislativa.

● Impulsar la aprobación del Expediente 22529: Reforma y adición de varios artículos del código electoral, ley n.° 8765, del 19 de agosto de 2009, para el fortalecimiento del financiamiento estatal de los partidos políticos. Tiene como objetivo fundamental que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios para enfrentar la campaña electoral municipal, mejorando los índices de equidad en la contienda electoral y cumpliendo con la demanda ciudadana de mayor y mejor información para la toma de decisiones políticas.

● Impulsar la aprobación del Expediente 22.528: Reforma, adición y derogatoria de varios artículos del código electoral, ley n.° 8765, del 19 de agosto de 2009, relativos al financiamiento de los partidos políticos, esto para eliminar los certificados partidarios de cesión de contribución estatal para, en su lugar, robustecer el sistema de financiamiento anticipado de las elecciones nacionales y municipales, permitiendo a los partidos utilizar, antes de las votaciones, hasta un 50% del monto que se determine como contribución estatal.

● Impulsar la aprobación del Expediente 22.652: ley reforma del artículo 69 de la ley 7786, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Al Tribunal Supremo de Elecciones:

● Proponer a la Asamblea Legislativa, los mecanismos para garantizar el uso correcto de los recursos estatales del financiamiento de las elecciones cantonales y municipales. Especial atención merece el análisis de alternativas y acciones para fortalecer el departamento de financiamiento de partidos políticos.

● Valorar la asignación de los recursos necesarios, para la conclusión de las investigaciones sobre incumplimientos legales en el financiamiento de los partidos políticos y la formalización de las denuncias respectivas en los casos en que estas procedan.

● Dentro de la posibilidad de sus competencias, dar seguimiento a los expedientes que se han remitido al Ministerio Público y al ICD.