Un centenar de organizaciones trabajan en normas contables que midan el valor aportado a la sociedad.
Abacus ha empezado a aplicar el Valor Social Integrado (VSI). FOTO: CLADE Lantegi Batuak es la iniciativa empresarial de mayor dimensión que existe en Bizkaia en el ámbito de la discapacidad y, especialmente, en la discapacidad intelectual. En ella trabajan 3.100 personas. Pero pese al carácter marcadamente social de la organización, esta opera a la vez en el mercado. El 80% de la actividad de sus 25 centros de trabajo es industrial. Entre facturación y algunas subvenciones, anualmente mueve más de 100 millones de euros. Desde hace ocho años, la organización funciona con una doble contabilidad: la de carácter económico-financiero y la de carácter social. Y ambas comparten la misma unidad de medida: el dinero. Eso, medir las cosas en euros, todo el mundo lo entiende. Y es que cuando una compañía contrata, por ejemplo, a 200 personas, en sus cuentas computa en negativo, como un gasto, lo que no deja de resultar paradójico considerando las consecuencas positivas, sociales y también económicas, en múltiples aspectos, de crear empleo. Más aún se da esta contradicción si hablamos de personas con discapacidad. De ahí la necesidad de medir otros parámetros. Son cada vez más las empresas que realizan balances sociales que recogen su comportamiento ante determinados indicadores. Pero no estamos hablando de eso. Hablamos de poder comparar los resultados económico-financieros con los resultados sociales, con los mismos parámetros. “Estamos ubicados en un terriorio pequeño como Bizkaia. Se puede recorrer en coche de punta a punta en una hora, así que bastarían un par de plantas que agruparan a los trabajadores. Sin embargo, operamos con 25 centros de trabajo, porque eso evita que personas con discapacidad tengan que desplazarse, evita
que alguien tenga que acompañarlos al trabajo. Y, además, al año generamos un ahorro en transporte estimado en 100.000 euros. Ahora bien, la puesta en marcha de cada centro requiere una inversión media de seis millones de euros”, explica Ramón Bernal, director financiero de Lantegi Batuak. La contabilidad de la organización arroja 6,7 euros de retorno a la administración por cada euro que percibe de subvención. “Si presentamos nuestros datos a terceros, por ejemplo si nos dirigimos a la Administración y tiene que valorar concedernos una ayuda, es importante que tengan delante la foto global que refleje lo que hacemos, no solo si la cuenta de resultados arroja beneficios”, añade Bernal.
El profesor de Deusto Retolaza aspira a normas obligatorias ¿Pero quién valora en dinero lo que supone cada política aplicada por una organización? “Los criterios y el valor social los definen los grupos de interés o stakeholders [principalmente empleados, sus familiares, clientes, accionistas, Administraciones y proveedores] a partir de lo que consideran que aporta la organización o la empresa, y es lógico que las variables de valor sean comunes entre empresas de un mismo sector o entre las que compartan un mismo modelo de negocio”, explica el profesor de la Universidad de Deustro José Luis Retolaza. Este académico es el principal impulsor de una metodología que mide y visibiliza el valor social generado por las organizaciones a lo largo de su proceso productivo, con la aspiración de que se traduzca en “normas necesarias, es decir, obligatorias, y también internacionales”. Y a quien le llame utópico le replica que, al fin y al cabo, hasta el crash de 1929 la contabilidad económicofinanciera no era obligatoria de forma universal. MEJORAR LA GESTIÓN Las universidades públicas catalanas, empresas como Euskaltel, la Fundació Formació i Treball (FiT) y las mayores cooperativas del Grupo Clade se han sumado a la propuesta metodológica de Global Economic (GE) Accounting, una agrupación de interés económico sin ánimo de lucro que teje lazos entre una comunidad de usuarios interesados en la contabilidad social. Los miembros interactúan a través de una plataforma común, y participan además de las actividades de investigación, formación y congresos. GE Accounting, además, certifica cálculos de valor social, como si fuera una auditora. “Los modelos de algunas consultoras nos parecen opacos. Claro que cada cual puede realizar una estimación del valor, pero la gracia es que te lo certifiquen con criterios homologables”, añade Bernal. ¿Para qué una contabilidad social? “Igual que en el caso de los datos económicos y financieros: para gestionar mejor la organización, ya que la empresa habla en un mismo lenguaje que da lugar al valor social integrado”, responde Retolaza. “Al final del ejercicio, la contabilidad financiera es instrumental e interesa a los accionistas, pero la social es de propósito, que interesa a todo el mundo, incluidos los accionistas”.
CONDICIONES LABORALES En la medición, las condiciones laborales desempeñan un papel importante, como el transporte, el comedor, el salario, la estabilidad y la flexibilidad. Para valorar la creación de un puesto de trabajo de una persona en riesgo de exclusión, GE Accounting se basa en el valor que estima el Ministerio de Empleo: 45.000 euros. En realidad, el profesor de Deusto prefiere hablar de “modelo”, más que de contabilidad, porque “podría haber distintas metodologías”, precisa. La que comparte la comundidad de usuarios GE Accounting es una propuesta del Grupo de Investigación ECRI. Hasta 100 entidades están trabajando en ello. En teoría, dicha metodología vale para cualquier gran corporación cotizada, para cooperativas, fundaciones, instituciones y entidades de voluntariado. Si predomina el criterio mercantil en la gestión, el valor social integrado (VSI) — el beneficio social— saldrá más bajo. Por ejemplo, la Fundación Formació i Treball (FiT, que se dedica a la inserción laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y que fue pionera en Cataluña, obtuvo un valor social integrado de 16,68 millones de euros cuando lo calculó por primera vez, en 2013. El retorno a la Administración —dinero público ahorrado, según se mire— que generó su actividad ascendió a 3,91 millones, superior a las ayudas públicas obtenidas (1,20 millones), según el análisis realizado en 2015. El resultado puramente económico era, en cambio, de 182.878 euros. En enero del año pasado se impartió el primer curso universitario sobre contabilidad social, a cargo de ESCI-UPF (Universidad Pompeu Fabra) en colaboración con GEAccounting, para formar a personas expertas en la medición de aspectos sociales. Por ahora, en la contabilidad no se han incorporado criterios medioambientales, a falta de expertos para realizar cuantificaciones precisas y homologables. El reto de los impulsores de la contabilidad social es incorporar el VSI entre los criterios de adjudicación en la licitación pública. Los promotores de la herramienta piensan que podrán usarla como un modo de captar inversores. Están convencidos de que muchos lo tendrán en cuenta al decidir dónde poner su dinero.
Clade valora en 453 millones su valor social “Queríamos ir más allá de las típicas memorias de responsabilidad social corporativa (RSC), queríamos un cálculo más explícito del impacto social de nuestras organizaciones”, cuenta Ramon Roig, director general del Grup Clade, el mayor grupo empresarial de la economía social en Cataluña. Tras valorar distintas opciones, en el camino de Roig se cruzó José Luis Retolaza. Y han empezado ya a aplicar la metodología de GEAccounting sobre varias de las cooperativas del grupo, cuyo volumen de negocio conjunto ascendió a 330 millones de euros en el año 2017, y que incluye, entre otras, a la cooperativa Abacus, una comunidad de personas con sumidoras de productos culturales, educativos y de ocio, y a Suara, cuya actividad se centra en servicios de atención a las personas. Clade ha empezado por las cooperativas más grandes, con la idea de extender la práctica al conjunto del grupo empresarial, que emplea a un total de 6.000 personas, y que cuenta con 1.415 socios trabajadores y 900.000 socios consumidores. “Sobre el papel, cualquier organización puede sumarse a la contabilidad social, pero no tiene mucho sentido hacer un triple salto mortal y querer pasar del cero al 10 de golpe, Es importante haber trabajado previamente con RSC, el valor social integrado es una evolución de la RSC”, explica Roig. Tras los primeros cálculos, el valor social de las empresas que han participado en este proyecto asciende a 453 millones de euros. Esta cifra supone multiplicar por 135 el resultado económico obtenido, según informa Clade. “Ello pone de relieve la gran capacidad de generar valor del grupo, en comparación con la capacidad de generar excedentes, factor más propio de las empresas de la economía social”, añade. De las cooperativas del grupo, es Suara la que arroja un valor social integrado (VSI) bruto más elevado: 185.720 euros. Le siguen, por este orden, Abacus, con 145.380 euros, la Fundació Blanquerna (107.630), Escola Sant Gervasi (20.385,1 euros) y Lavola (14.619,8). El gráfico —elaborado con los últimos datos de cada empresa— permite contrastar esta aportación con relación al resultado económico-financiero, así como el retorno que supone para las Administraciones. El enfoque del negocio y el sector son los factores que determinan qué se valora en cada organización, a partir de la opinión de los stakeholders. Por ejemplo, en el caso de un centro de educación de enseñanza superior como Blanquerna o en Escola Sant Gervasi, el valor social se focaliza en la formación impartida; en el de Suara, en el valor ligado a su propia actividad de servicio a las personas; en el de Lavola, en los resultaods de sus procesos de asesoramiento (y cómo este ayuda a mejorar el medio ambiente). En el caso de Abacus las principales variables de valor son el importe del retorno cooperativo a los socios y socias de consumo, la capacidad de generar empleo estable, la no discriminación salarial entre hombres y mujeres y la dinamización del territorio con actividades culturales y educativas . A partir de un marco de variables sectorial común, cada organización batalla para que se tengan en cuenta prácticas propias. Para la cooperativa Abacus, era importante que se tuviera en cuenta una diferencia de abanico salarial máximo de 1:7 entre quien cobra más y quien cobra menos.