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PREOCUPADOS POR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EMITIDAS EN CONTRA DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DEBIDO A LA FALTA, POR PARTE DEL ESTADO, DE PROCESOS DE CONSULTA DEL CONVENIO 169; Y ANTE LAS CONVOCATORIAS A CONSULTAS “A MANO ALZADA” QUE MANIPULAN Y CONFUNDEN A LA POBLACIÓN Y QUE SON INVÁLIDAS A LA LUZ DEL CONVENIO 169: LA ASOCIACIÓN DE GENERADORES CON ENERGÍA RENOVABLE (AGER) MANIFIESTA QUE: a. Apoyamos los procesos para la implementación de manera proactiva y congruente de las Consultas a Pueblos Indígenas del Convenio 169, conforme a su espíritu, sin olvidar que los procesos de consulta son responsabilidad exclusiva del Estado, debiéndose realizar con información veraz y exclusivamente con los representantes legítimos de las comunidades indígenas de las áreas de influencia real de los proyectos. b. Las consultas a pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169, son procesos de buena fe y tienen por objetivo identificar las preocupaciones y afectaciones de las poblaciones directamente vinculadas al desarrollo de los proyectos. El fin es un diálogo entre gobierno y comunidades, dentro del cual el gobierno asume compromisos que mejoren el nivel de vida de las comunidades, y a la vez se asegure que los proyectos a ser autorizados mitiguen de la mejor manera sus efectos negativos. Las consultas de buena fe no generan un derecho a veto, ni vedan al Estado su capacidad de autorizar las iniciativas que se consideren necesarias o de interés de la nación. c. Denunciamos todos aquellos procesos tendenciosos, manipulados y poco transparentes, que tergiversan el fin y el espíritu del Convenio 169, y son financiados de forma no transparente por intereses contrapuestos al desarrollo de Guatemala, y que confunden a los guatemaltecos. d. Llamamos a los magistrados de las cortes de justicia, para que con prudencia, responsabilidad y visión de país nos encaminen a una positiva y adecuada aplicación del Convenio 169, sin destruir la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en el país. Creemos que puede y debe lograrse la correcta implementación de las consultas sin suspender las autorizaciones de inversiones existentes. e. Cualquier decisión judicial o administrativa que vulnere los proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables, pone en riesgo el desarrollo de Guatemala y redundará en un detrimento en la calidad de vida de cada uno de los guatemaltecos, provocando tarifas de electricidad más altas, frenando el desarrollo del país y debilitando un sector estratégico que funciona de manera eficiente y competitiva. Los guatemaltecos necesitamos trabajar juntos para sacar adelante a nuestro país, buscando a través del diálogo de buena fe alcanzar acuerdos que mejoren nuestras vidas y nos lleven a mejores niveles de desarrollo a todos.
Guatemala, 1 de agosto de 2016