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EDICIÓN Y DISEÑO
Filial de la FEU-Colombia en la Universidad del Tolima
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CONTENIDO
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LA FEU-COLOMBIA: 10 AÑOS DE HISTORIA
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PROGRAMA DE LA FEU-COLOMBIA POR UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
SOLOS NO PODEMOS, SOLOS NO QUEREMOS EN LA LUCHA POR UNA NUEVA EDUCACIÓN
Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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LA FEU-COLOMBIA: 10 AÑOS DE HISTORIA
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“Retomamos la senda de aquellos que con su sangre nos han glorificado eternizándose con su sacrificio en la barricada, en la trinchera, en el tropel, y en el campus mismo en defensa de la justicia”. Manifiesto de Junio, documento fundacional de la FEU-Colombia Si bien el estudiantado colombiano tuvo un largo periodo de quietud, desde 1996 comienza la reactivación de sus dinámicas. La realización del I Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios y el surgimiento de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), ambos en 1998, constituyeron una muestra palpable. Igualmente, el despunte de la Federación Universitaria Nacional (FUN-Comisiones), la irrupción de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) hacia 2001 y la aparición de variadas agrupaciones en diferentes universidades del país entre 2002 y 2004, configuraron un nuevo panorama en el movimiento estudiantil. Empero, el nivel de dispersión y desarticulación era una constante en muchas universidades y a nivel nacional. Mientras los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) en complicidad con los rectores de las universidades arremetían contra la universidad pública, tolerando la desfinanciación estatal y promoviendo la autofinanciación, los estudiantes no actuaban Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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contundentemente: la existencia de muchas organizaciones realizando acciones cada una por su lado proyectaba poca contundencia de las luchas estudiantiles. Por esta razón, el III congreso de la ACEU en 2003, propuso allanar el camino hacia una Organización Estudiantil Unitaria (OEU) con el fin de ofrecerle a los estudiantes universitarios de Colombia un sólo referente que orientará sus luchas. La idea según dicho congreso era cohesionar a las agrupaciones existentes en torno a un programa común de lucha, una forma organizativa que recogiera y respetará todas las identidades ideológicopolíticas existentes en las universidades y un plan de acción mínimo que encausara los esfuerzos de las organizaciones. Otras expresiones estudiantiles como la Cátedra Nacional Bolivariana (CANABO) de la Universidad el Atlántico y la Red Estudiantil y Juvenil de la Costa Caribe, manifestaron su pleno compromiso con la edificación de una OEU; incluso, fueron quienes propusieron el modelo federativo como la opción más adecuada de la organización unitaria. Infortunadamente, las organizaciones que en un momento impulsaron la propuesta, recularon y dilataron su concreción. Argumentando ausencia de condiciones y avances precarios en materia organizativa de las agrupaciones, renunciaron a construir, en ese momento, la OEU. Por consiguiente, quienes asumieron la tarea quedaron aparentemente solos. CANABO, la Red Estudiantil y Juvenil de la Costa Caribe, el colectivo Praxis de la UNAL y grupos de estudiantes de otras universidades, no renunciaron al planteamiento original; por lo cual, depuraron las características de la OEU, conformando desde 2004 un comité nacional de impulso y convocando el primer congreso de una federación de estudiantes universitarios en Junio de 2005; concretamente, prepararon y convocaron el congreso fundacional de la FEU-Colombia, el cual se desarrolló el 8 y 9 de junio en la calurosa Barranquilla. Vale la pena destacar que dicho congreso no fue la reunión de los estudiantes de la Costa Caribe y unos de la UNAL. Durante el impulso y la preparación del espacio, otras agrupaciones del estudiantado se identificaron con el proyecto federativo. Al margen de la ACEU, la OCE y la FUN, diversos intereses se acercaron a la naciente organización, por cuanto no anulaba sus
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FEU identidades ideológico-políticas y prácticas específicas, sino las potenciaba y garantizaba sus desarrollos. En este sentido, la FEU-Colombia no sólo significó la aparición de una nueva organización en el panorama del movimiento estudiantil universitario, sino representó la irrupción de un nuevo espacio que recogió aquellas manifestaciones estudiantiles nunca antes incluidas por una organización estudiantil; en otras palabras, incorporó a grupos de estudio, iniciativas vinculadas con el trabajo barrial, semilleros de investigación y otros. LA VALÍA DE LA FEU-COLOMBIA El acercamiento de nuevas dinámicas de los estudiantes, puso al descubierto que ellos no sólo se organizan en aras de superar las dificultades que viven diariamente o con el fin de contrarrestar ciertas medidas impuestas por los Consejos Superiores o el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sino a partir de intereses; por esta razón, se reúnen en torno a la academia y la investigación, el ocio y la recreación, la practica de un deporte y el goce de los productos culturales (cine, música, video juegos) o alrededor de un equipo de futbol. Esta realidad así como validó la pertinencia del modelo federativo, ubicó a la federación como el espacio llamado a involucrar a quienes se desenvuelven en estas esferas en la lucha por la defensa de los derechos e intereses de los estudiantes universitarios, y la defensa de la universidad pública. Por consiguiente, la FEU se convirtió en el escenario potenciador de las luchas gremiales, es decir vinculó a todos con los temas propios de los estudiantes y del sector donde están inscritos. De esta manera, la FEU-Colombia encontró en los grupos y agrupaciones estudiantiles su sustrato. Los estudiantes del común, aquellos quienes en su momento se desenvolvieron como académicos, investigadores, deportistas, artistas y barristas, se convirtieron en la base de la federación, ya que ellos fueron quienes encararon la lucha gremial y política en varias universidades del país, es decir ayudaron a enfrentar las medidas lesivas de rectores y el gobierno nacional. Escrito por @juangbermudes
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PROGRAMA DE LA FEU-COLOMBIA POR UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
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Este programa sugiere algunas propuestas para la solución de la crisis de la educación superior en Colombia, en la perspectiva de forjar una educación para la solución política y la paz con justicia social. Estas propuestas se encuentran inspiradas en el proceso de construcción programática que el movimiento estudiantil ha adelantado durante los últimos años en cabeza de la MANE y que representa el acumulado histórico de luchas del estudiantado por la democratización, la paz y la reconciliación nacional. Su propósito es determinar los cambios necesarios de orden estructural en el periodo actual para avanzar en la conquista del modelo alternativo de educación, por el que luchan y anhelan los desposeídos y las mayorías de la nación. LA EDUCACIÓN SUPERIOR HOY: Con la implementación del modelo neoliberal en la educación, en el transcurso de las últimas dos décadas, el proceso de despojo que adelantan las clases dominantes se ha fortalecido, negándole la posibilidad a las mayorías del goce efectivo de la educación como bien común y derecho fundamental y aumentando la acumulación de riqueza de quienes se hacen con el monopolio de su producción y apropiación. La situación de la educación superior en Colombia se caracteriza por el abandono presupuestal al que se ven sometidas las Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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instituciones públicas por parte del Estado que hoy se ve representado en el déficit histórico que acumula una cifra en ascenso de 12.5 billones de pesos; la violación permanente de la autonomía universitaria mediante dictámenes que condicionan su desarrollo académico, financiero, administrativo e incluso disciplinario en cabeza del Ministerio de Educación Nacional; la existencia de regímenes autoritarios que rigen los órganos de gobierno en cada una de las instituciones, carentes de representatividad real de la comunidad educativa de los claustros; la persecución a la libertad de cátedra y la movilización de la comunidad educativa por parte del Estado y las fuerzas paramilitares; el crecimiento de la oferta educativa del sector privado junto al endeudamiento progresivo de la población que accede a este ante la ausencia de un sector público consolidado; la precarización de la educación técnica y tecnológica que se masifica sin contar con una financiación adecuada y es sometida a la eliminación de su vocación investigativa y científica bajo la mal denominada figura de la “educación para el trabajo”; el acceso restringido y jerarquizado a la educación que excluye a más del 60% de la población. Esta serie de hechos configuran un modelo mercantil que profundiza las desigualdades sociales y representan a su vez la crisis sistémica por la que atraviesa la educación superior, una crisis que pone en riesgo su carácter público, su naturaleza como bien común y su garantía como derecho fundamental del pueblo colombiano. El momento actual que está viviendo la sociedad colombiana tiene como epicentro la posibilidad de la solución política del conflicto social y armado. La democratización de la vida social, económica y política del país, pasa por el reconocimiento del movimiento estudiantil y de los estamentos que conforman la comunidad educativa como actores sociales y políticos participes en la construcción de la nación, de suspender la violencia ejercida para acallar sus propuestas, como también de construir una educación de acceso universal, fundamentada en el sentido de lo público, critica y propositiva ante los avatares de la realidad social, dos condiciones indispensables para superar las causas que motivan la rebelión armada ante la guerra impuesta por las clases enquistadas en el poder del Estado y atadas a los interés de dominación imperialista de los Estados Unidos y de las potencias mundiales. Los acuerdos entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional en el proceso de conversaciones que está en curso, así como la posible instalación de una mesa de conversaciones con el ELN y el EPL, deben estar acompañados por el clamor masivo del pueblo colombiano que sueña con la
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FEU paz, de la mano con un proceso constituyente que profundice los cambios acordados y abarque nuevas dimensiones de las relaciones sociales que deben incorporarse para hacer posible un nuevo régimen social de justicia, soberanía y democracia. La movilización y organización del movimiento estudiantil debe conducir a las transformaciones necesarias en cada una de las instituciones educativas como en el funcionamiento del sistema educativo a nivel nacional. Dicho proceso constituyente será el resultado de la lucha popular, de la acción de gente del común, en la que juega un papel decisorio la determinación de los y las estudiantes, de su batalla de ideas en las aulas y en las calles. 10 PROPUESTAS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: Brindar el reconocimiento constitucional de la educación superior como un Derecho Fundamental y Bien Común de la sociedad colombiana. Hacer efectivas las condiciones para que dicho reconocimiento se materialice, asumiendo la educación como el resultado de la construcción colectiva de la humanidad y garantizando que su apropiación no sea excluyente ni sujeta a la mercantilización, siendo responsabilidad del Estado, como un derecho de primer orden que posibilita el buen vivir de la sociedad. Su carácter esta dado por el acceso universal, el ejercicio de la democracia, la pluralidad y la crítica en la construcción y la apropiación del conocimiento. Acoger una nueva concepción sobre los principios que rigen la educación superior, adoptando el concepto de la dignidad educativa, asociado a la formación integral, la interrelación e integración de los diversos saberes y disciplinas, a la interacción consiente de los sujetos con la realidad, la reivindicación de valores como la solidaridad, la justicia y la igualdad en oposición a la competencia, la dominación y la desigualdad; el desarrollo sin limitantes que busquen homogenizar y estandarizar la complejidad y la amplitud del conocimiento o promover la competencia y la producción mercantil. Este concepto implica eliminar el modelo evaluativo actual que establece las pautas para el ingreso a la educación superior, que genera una lógica de exclusión y una jerarquía en el acceso que refuerza las asimetrías estructurales. Se debe implementar un nuevo modelo evaluativo que potencie las capacidades humanísticas, la autonomía de las personas y que permita el desarrollo cultural de la sociedad. Así mismo se deben eliminar las instituciones o los parámetros que condicionan la vida académica de los centros educativos a intereses políticos de turno y que promueven la Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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competencia entre estos, supeditando su financiación o acreditación al cumplimiento de metas impuestas. La pertinencia y la calidad de la educación debe estar sujeta al concepto de la dignidad educativa, a la autonomía del sistema educativo y a su papel en la resolución de los problemas sociales, en oposición a los dictámenes del mercado. Salvaguardar el principio de la autonomía, en sus tres ámbitos (académica, presupuestal y administrativa), a nivel institucional y sistémico, reconociendo como sujeto de ésta los miembros y estamentos de la comunidad educativa que permita su autodeterminación, su regulación y darse su propio gobierno. Se deben reconocer como los actores que configuran la comunidad educativa a los y las estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones de educaciones superiores (públicas y privadas, de educación universitaria, técnica y tecnológica). Como parte de la autonomía académica, promover el respeto de la libertad de cátedra y de investigación, protegiéndolas de las decisiones de otros órganos del Estado mediante disposiciones legales especiales y disposiciones estatutarias en cada institución educativa que las salvaguarden. Declarar inconstitucional y derogar la ley de inspección y vigilancia e impedir la creación de instituciones que bajo el sofisma de la defensa de la calidad buscan acabar con la autonomía y la democracia en la Educación superior (Superintendencia Nacional de Educación Superior y Agencia Nacional de Calidad). Iniciar la construcción de un Sistema de Educación Superior (SES), que se rija bajo los principios de la autonomía y la democracia, que se encuentre presidido por las comunidades educativas y que este liderado por las instituciones públicas organizadas como subsistema dentro de este. Este sistema se encargara de regir el funcionamiento y desarrollo de la educación superior a nivel nacional y liderará la construcción y aplicación de políticas públicas en esta materia. Como elemento inherente a la autonomía, se debe adoptar el ejercicio pleno de la democracia, mediante la participación mayoritaria de los miembros de las comunidades en los órganos de gobierno que se den las instituciones educativas y en los órganos que constituyan el Sistema de Educación Superior. La elección del rector y de los representantes de los y las estudiantes, profesores y trabajadores (revocables y responsables ante la comunidad) ante los órganos de gobierno será de forma democrática, mediante el sufragio universal de todos los estamentos. Se contará con la participación del estamento de trabajadores en el Consejo Superior universitario u órgano similar. La elección de los decanos y aquellas figuras
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FEU que presidan los demás órganos de gobierno también se realizará de manera democrática. La comunidad educativa debe hacerse partícipe de manera vinculante en la construcción, la implementación y los cambios a los que dé lugar el plan de desarrollo de cada una de las instituciones. Las instituciones de educación superior y el Estado deben brindar las garantías para la organización, participación y movilización de los diferentes estamentos. Estas medidas se aplican para todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas. El Estado debe privilegiar, de forma permanente y creciente, la financiación a la oferta, dirigido al fortalecimiento, crecimiento y creación de Universidades e Instituciones Públicas de educación superior, aumentando los recursos destinados a su respectiva base presupuestal y a la inversión directa para mejorar las condiciones materiales, tecnológicas y científicas de la educación. Se hace prioritario saldar el Déficit que mantienen las universidades Públicas de 12.5 billones, siendo responsabilidad del Estado a nivel central y los entes territoriales que mantienen deudas vigentes de acuerdo a lo estipulado en la legislación actual, actualizando la base presupuestal de acuerdo con el déficit acumulado y aquel que se genere por los gastos no recurrentes. Crear un nuevo esquema de financiación que supere el esquema implementado a partir de la ley 30 de 1992, garantizando un presupuesto para las lES públicas que no puede ser inferior al 4.0% del Presupuesto General de la Nación. Debe garantizarse además, adecuada financiación para un nuevo modelo de bienestar universitario que garantice el acceso y la permanencia en la educación superior, entre 10 cual es fundamental crear una tarifa diferencial en el transporte para las y los estudiantes del país, así como programas de alimentación, alojamiento y para el fomento de la formación integral en áreas deportivas, culturales y artísticas. Reformar el ICETEX como establecimiento público de orden nacional, sin ánimo de lucro, regido por el derecho público administrativo. Los préstamos del ICETEX tendrán tasa de interés corriente igual a cero. Los pagos realizados hasta la fecha sobre los préstamos efectuados serán re liquidados, aplicándose exclusivamente al pago de capital, eliminando el pago de intereses. Se suspenderán los cobros jurídicos en trámite. El principal papel del ICETEX será el de promover e impulsar programas de movilidad internacional de las comunidades educativas.
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Establecer constitucionalmente un régimen especial de control y supervisión sobre las instituciones de educación Privadas que impida el ánimo de lucro y regule el crecimiento y la creación de nuevas de nuevas instituciones, además estipule un tope para el aumento de las matriculas, sujeto a los costos reales de la educación. Las universidades privadas deben promover facilidades para el pago de las matriculas que igualen o superen los ocho salarios mínimos vigentes. La educación técnica y tecnológica, entendida como parte de la educación superior, debe hacer parte de forma integral en el proceso de una construcción crítica del conocimiento integrando la función de la docencia, la investigación y la proyección social según sus especificidades y particularidades, contando con una adecuada financiación por parte del Estado. Las instituciones de este tipo harán parte del sistema de Educación superior, incluyendo al SENA como el principal instituto articulador de la educación técnica y tecnológica. Se regirá bajo los mismos principios de autonomía y democracia que cobijan al conjunto de instituciones de educación superior y su financiación hará parte del esquema acordado para el conjunto de instituciones públicas. Para la financiación del SENA se dispondrán algunas medidas especiales para aumentar su base presupuestal sin entrar en detrimento de otras instituciones. Fortalecer y crear nuevas instituciones de educación superior universitaria, técnica y tecnológica en las zonas rurales que contribuyan al desarrollo del campo y a la formación de las comunidades campesinas promoviendo sus conocimientos y saberes propios, su cultura y su relación con el territorio. Así mismo, crear y fortalecer instituciones de carácter étnico y de educación propia, acorde a las culturas de los pueblos indígenas, afro descendientes, palenques y raizales, con un énfasis regional. Estas instituciones serán estatales y contarán con participación plena en la conformación del Sistema de Educación Superior. Estas instituciones deben estar en relación con figuras de organización territorial tales como las Zonas de Reserva Campesina, los Resguardos, Cabildos, entre otros que existan actualmente y aquellos que se desprendan de los procesos de organización social y los posibles acuerdos del actual proceso de paz entre la insurgencia y e! gobierno. Suspender la implementación de la política pública “Acuerdo por lo Superior 2034” y de cualquier acto legislativo relacionado con la educación
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FEU superior e instalar una mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y los diferentes actores y estamentos educativos, con los cuales se definan democráticamente mediante la concertación, los temas prioritarios, los tiempos y la metodología de discusión para lograr un verdadero Acuerdo por la Educación, donde se puedan viabilizar estas propuestas y las inscritas en la Propuesta de Modelo Alternativo de Educación que ha elaborado la MANE, como de otros estamentos y organizaciones, para resolver la crisis actual y para el logro de una educación para un país con soberanía, democracia y paz.
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SOLOS NO PODEMOS, SOLOS NO QUEREMOS EN LA LUCHA POR UNA NUEVA EDUCACIÓN
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LLAMAMIENTO A CONSTRUIR UNA NUEVA EDUCACIÓN PARA UN NUEVO PAÍS Tras la intempestiva emergencia de un vigoroso, alegre y creativo movimiento social por la educación en el año 2011, en la retina de amplios sectores de la sociedad colombiana quedó grabada la imagen de los miles de hombres y mujeres que le salieron al paso a la profundización de la andanada neoliberal contra la educación, tumbando la Reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Sin embargo, pese al triunfo coyuntural de los estudiantes y sectores sociales articulados en tomo a la Mesa Amplia Nacional EstudiantilMANE, pese a la movilización permanente de los sindicatos de educadores por dignificar la labor docente, pese al renacer de las luchas en la secundaria por una nueva escuela, pese a la ardua brega de los estudiantes del SENA por recuperar el carácter de la institución, pese a las reiterativas huelgas de los trabajadores por sus justas reivindicaciones salariales; es decir, pese a la reactivación dispersa y desarticulada de las luchas del sector educativo, la crisis de la educación colombiana en todos sus niveles continúa sin resolverse. Las reformas implementadas durante los últimos dos decenios, tras la incursión rampante del neoliberalismo en Colombia y su asimilación tanto en la carta constitucional de 1991 como en los Planes de Desarrollo de los gobiernos sucesivos, continúan haciendo mella en el sector.
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La crisis estructural de la educación en Colombia se expresa, por ende, de múltiples formas: a través de la mercantilización del derecho a la educación; la financiarización del sistema educativo; la violación sistemática a los Derechos Humanos y las libertades democráticas; el desdibujamiento de los fines misionales de la universidad; la privatización de las instituciones de educación básica y media; la desarticulación de las problemáticas del país real; la sujeción de la educación técnica y tecnológica al modelo económico extractivo; la flexibilización y precarización laboral de docentes y trabajadores del sistema educativo; la legitimación silenciosa del ánimo de lucro en la educación; etc., que son algunos de los rasgos que constituyen la impronta de la educación-mercancía. Los efectos perversos de esta idea estrecha de la educación como estricta formadora de sujetos dóciles para el mundo del trabajo, en tanto inertes receptáculos de conocimientos preconcebidos, reducen al sistema educativo colombiano a la reproducción funcional del orden social imperante. En ese sentido, es urgente desoír los ensordecedores cantos de sirena que naturalizan la ignominia para levantar la Unidad como una bandera ineludible en el camino de lucha hacia la reconstrucción de la esperanza. Hoy, la historia reclama la articulación multiestamentaria e intersectorial para llenar el nuevo impulso privatizador de la educación colombiana (el cual, a través de iniciativas unilaterales y antidemocráticas como el denominado Acuerdo por lo Superior 2034, reedita la sujeción arbitraria del sistema educativo a los intereses de acumulación del capital). No obstante, no basta con cerrar filas en defensa de un sistema educativo maltrecho, desvencijado por la rapacidad de quienes lo ven como un espacio para saciar su ánimo lucrativo; no basta con aferrarse nostálgicamente a las ruinas del viejo país y la vieja educación que están muriendo. El momento exige, por lo tanto, enarbolar unitariamente, con tenaz convicción transformadora, una idea radicalmente diferente sobre los pilares fundamentales, sobre los principios rectores, sobre el horizonte de sentido de la educación. Una nueva educación debe romper con la sujeción autoritaria a las fuerzas del mundo del trabajo, oponerse al mutismo de la academia sobre las aberrantes injusticias de la realidad social, superar la esterilidad pedagógica del conocimiento libresco; una nueva educación debe ser una educación emancipadora, crítica y creadora, debe ser una herramienta para la transformación social, debe ser en síntesis una educación para un nuevo país, para una Colombia nueva con soberanía, democracia y paz con justicia
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FEU social. Cobijados por esta concepción, hacemos el llamamiento a construir colectivamente una educación que contenga los siguientes principios fundamentales: 1) La educación como derecho fundamental y bien común de la humanidad, que consiste en considerar la educación como fundamento para el goce efectivo de otros derechos sociales y políticos, por lo cual debe ser garantizado para la población colombiana en su conjunto. En ese sentido, el conocimiento que se produce en los diferentes niveles educativos es entendido como un medio para tener contacto con los saberes acumulados históricamente por la humanidad, debido a lo cual se plantea como un bien común puesto al servicio de toda la sociedad colombiana. Por consiguiente, concebir la educación como un bien común de la humanidad implica asumir la construcción de conocimiento desde la diversidad y pluralidad de los lugares, posturas e ideas, que se encaminan hacia el interés común, blindando así la autonomía académica y la libertad de cátedra que emana de las comunidades educativas para darle lugar al ejercicio práctico de una democracia real en las instituciones de educación y a una reconfiguración de lo público en la sociedad colombiana que parte de lo común y no de la polaridad dicotómica entre lo público y lo privado. 2) Defensa del carácter público de la educación, que exige la participación de la sociedad colombiana en la estructuración de un sistema educativo articulado en torno a la educación pública. Lo anterior requiere la apertura de más instituciones educativas públicas, la recuperación del carácter público de las instituciones concesionadas de educación básica y media, el fortalecimiento de las instituciones técnicas y tecnológicas de acuerdo a los intereses soberanos de la nación colombiana y la solución de sus necesidades, la proyección de la investigación y extensión en las instituciones de educación superior hacia la defensa de lo público, entre otros. Es decir, la defensa del carácter público de la educación requiere la garantía efectiva de las condiciones económicas, políticas, etc., para el ejercicio autónomo de sus fines misionales, por fuera de los condicionantes impuestos por los intereses privados que intervienen en el sistema educativo. 3) Plena financiación estatal de la educación para avanzar contra la fiinanciarización del sistema educativo, que incluye las deudas contraídas con el sistema financiero debido a su crónica desfinanciación así como su sujeción a los Tratados de Libre Comercio y demás acuerdos comerciales suscritos por Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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el Estado colombiano. La plena financiación estatal de la educación debe producirse sin condicionamientos; es decir, debe corresponder con un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal de las instituciones educativas que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión, etc., bajo el entendido de que la financiación adecuada de la educación es condición necesaria para el aseguramiento de la calidad. 4) Democracia real y autonomía universitaria, que incluye la reforma estructural de los órganos de gobierno en las diferentes instituciones educativas, para abrirle las puertas a la participación democrática, deliberativa y decisoria de los integrantes de las comunidades en la definición de los Planes Educativos Institucionales (PEI) en los colegios o de los planes de desarrollo en las universidades y demás lES. Deben ser las comunidades educativas las que definan el rumbo de las instituciones en todos los niveles, lo cual, en el caso de la universidad, debe tener como base la autonomía universitaria para posibilitar una interacción y articulación solidaria con la sociedad. La autonomía universitaria debe ser la garantía de la independencia política de la universidad y, por lo tanto, del ejercicio de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la lucha de las ideas, etc. 5) Garantía del goce electivo de los Derechos Humanos y las libertades democráticas, entendida como respeto y apoyo tanto a la diversidad de expresiones sexuales, culturales, políticas y sociales al interior de las instituciones educativas como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Lo anterior debe constituir, por lo tanto, un rechazo enfático de la injerencia de agentes del militarismo en éstas así como de la persecución hacia los miembros de sus comunidades. El ejercicio electivo de las libertades democráticas debe, a su vez, posibilitar la realización de todas las formas de movilización social, en el marco del goce del derecho a la protesta. 6) Garantía del goce electivo los derechos laborales, en tanto la significación de la profesión docente, el incremento salarial general a los trabajadores del sector educativo, las garantías para el ejercicio de la actividad sindical, el acceso integral a los beneficios de la seguridad social y, en últimas, el establecimiento de las condiciones necesarias para acceder a un trabajo digno hace parte del desmonte de la tercerización laboral en la
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FEU educación. El aseguramiento de los derechos laborales de trabajadores y docentes es indispensable para avanzar en la des mercantilización de la educación y su consolidación como un derecho fundamental. 7) Acceso universal y permanencia en el sistema educativo, lo cual debe ser garantizado no por la ampliación descoordinada de la cobertura educativa sino, por el contrario, por la garantía de las condiciones elementales que maximizando e! desarrollo de la experiencia educativa aseguran la permanencia en el sistema. Lo anterior, debe constituir la base material real económica, cultural, social y política para el goce efectivo del derecho fundamental a la educación, a través de la profundización de las políticas de Bienestar Universitario, de la ampliación de los subsidios de transporte y alimentación así como de la dotación escolar en los colegios, de la difusión del acceso al deporte, la cultura, etc. 8) Educación para el campo, que debe proyectar la universalización del acceso de los jóvenes a la educación básica y media en el mundo rural, la orientación especial de las instituciones educativas rurales, la generalización de la posibilidad de acceso a la educación superior así como la formación integral de sujetos constructores de una ruralidad democrática para la paz que detenga el éxodo rural-urbano y posibilite el rescate de los saberes, las trayectorias y experiencias de las comunidades rurales y comunidades étnicas. 9) Calidad educativa, entendida sobre la realización de los fines misionales de la educación; es decir, puesta al servicio de las necesidades del país y al desarrollo integral de la comunidad educativa. La calidad debe ser dirigida y evaluada de acuerdo a los criterios definidos por la misma comunidad educativa y, de ningún modo, en función de los criterios estandarizados de organismos externos al sector educativo. De igual manera, se abrirá la construcción de la calidad académica hacia la participación de los distintos sectores sociales, populares, democráticos y comunidades étnicas, en el entendido de que la interrelación del sector educativo con el resto de sectores sociales define el horizonte de sentido de su producción intelectual. 10) Educación para la paz con justicia social, que debe constituirse, bajo la premisa de la interrelación necesaria con la sociedad, como el aporte de la educación a la elaboración colectiva de un proyecto de país transformador, crítico y emancipador basado en la justicia social y la democracia real. La Desde aulas y calles construimos poder constituyente
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educación para la paz con justicia social debe cuestionar los relatos hegemónicos sobre la guerra en Colombia para abrirle las puertas a la construcción de una verdad histórica que, recogiendo las voces de los eternamente silenciados, avance en la reconstrucción de la memoria histórica y en la redefinición de un horizonte de transformación política y cultural cuyo propósito central sea cimentar la apertura de la sociedad colombiana hacia un escenario de reconciliación nacional. En el anterior decálogo se contiene en esencia la concepción de una nueva educación para un nuevo país, el reto consiste en materializarla a través de la acción colectiva creativa de estudiantes, trabajadores, profesores y el resto de sectores sociales y populares cuyo propósito común se encuentre en la democratización integral de la sociedad colombiana y, en específico, de la educación como uno de sus pilares fundamentales. Mientras la esperanza permanezca incólume ante los desafueros del oprobio, los callejones de un futuro mejor continuarán abiertos. Es el momento de transitarlos con férrea decisión transformadora.
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