La misión del estado

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 LA MISIÓN DEL ESTADO El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que establecen las Constituciones Políticas y Ordenamientos Jurídicos de cada país.1 ¿En qué grado los países logran cumplir con su misión? ¿Será posible que el ser humano pueda promover el bien común sobre cualquier interés particular?

La misión podría considerarse una misión imposible; no porque no se pueda realizar, sino porque no existe la voluntad humana para trabajar por el prójimo, por el bienestar y desarrollo social de la mayoría.

Ciertamente la historia nos ilustra con realidades un panorama desolador y desilusionante; conquistas (de las que algunos todavía se enorgullecen), saqueo, esclavismo, dominación, colonialismo a la fuerza, desarrollo en detrimento de culturas y sociedades, discriminación, guerras, luchas por el control social, dictaduras sangrientas y al final los objetivos son los mismos; poder, control y riqueza.

Tristemente la realidad actual no es distinta, la violencia se sigue reescribiendo y redefiniendo constantemente debido a las nuevas modalidades y alcances del crimen, la injusticia y la falta de políticas públicas que realmente busquen cumplir con la misión del Estado. El Estado siempre ha velado por engrandecer el mismo Estado y los intereses de sus financistas, no su pueblo. La protección consiste en mantener el estatus quo, el orden público y no promueve el desarrollo de los menos favorecidos; quienes deben de conformarse con su papel y su posición; pues es la que le corresponde vivir. La existencia de la pobreza y servidumbre es justificada y necesaria. Su misión principal claramente difiere grandemente con la que citamos al inicio.

Como ejemplo me gustaría citar la realidad de mi país adoptivo Guatemala, en el cual podría decirse que se vive una total ausencia de Estado: Según la comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala, en un breve resumen sobre los antecedentes de Guatemala, identifica el reto de Estado de Guatemala: “El conflicto armado interno en Guatemala, el cual duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz se inicia el ambicioso proceso de establecer una sociedad democrática y global. Sin embargo, doce años más tarde, el país está plagado por la generalización de la delincuencia común y organizada y encadenado por un legado de ineficacia por parte de las instituciones del sector justicia. Como en muchos otros países después de los conflictos, la aplicación de los Acuerdos de Paz se ha visto obstaculizada por la debilidad de las instituciones, la falta de voluntad política, y el aumento de delitos violentos.

Hay cerca de 6.000 homicidios por año en Guatemala, incluida la matanza generalizada de mujeres y niños. Sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio. Además, los recientes crímenes 1

Tudela, Patricio. Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad. Policía de Investigación de Chile, p. 4.

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 de alto perfil han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada en el Estado de Guatemala. Estos grupos plantean una grave amenaza para el estado de derecho y amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país arduamente ha logrado. El Estado enfrenta un reto muy serio en sus esfuerzos para hacer valer el estado de derecho y proteger los derechos humanos fundamentales como son la vida e integridad física de sus ciudadanos.

Un factor particularmente complejo son las continuas acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinas de seguridad, las cuales se desarrollaron a partir de las estructuras de contrainsurgencia del Estado y hoy en día aparecen y operan como redes parecidas a las mafias, las cuales están ampliamente relacionadas con actividades económicas ilícitas y crímenes violentos y ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del estado.

En el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, el Gobierno de Guatemala se comprometió a "combatir cualquier manifestación" de " fuerzas ilegales de seguridad" y "maquinaria clandestina de seguridad". No obstante, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala conocida como MINUGUA, así como organizaciones de derechos humanos y el Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman), continuaron informando sobre la existencia de dichos grupos, implicándolos en amenazas a los defensores de los derechos humanos así como a los oficiales investigadores del sector de justicia, encargados de los crímenes políticos cometidos durante la guerra; y más ampliamente, en perpetrar crímenes violentos. En particular, las instituciones de los sectores de justicia y seguridad han sido penetradas y socavadas por estas mafias, lo que limita la capacidad del Estado para desmantelarlas.” 2 Y así la situación se agrava, la desigualdad se maximiza la impunidad, el dinero fácil y el ansia de poder y riqueza, engrandece el porcentaje de marginados y excluidos que permiten que la realidad de violencia, se convierta en un problema que trascienda las fronteras nacionales y se convierta en un problema global pues incluso en el mismo Estados esta infiltrado por actividades ilícitas como el narcotráfico, la defraudación, la asociación ilícita, tráfico y trata de personas, incluso se les podría decir que venden su país por el 1% de las regalías, sin importarles la destrucción de este; como es el caso de la minería en nuestros países centroamericanos.3 Como afirma Cancelado (2015), “El mundo en general, actualmente se encuentra atrapado dentro de la lógica de la guerra y de la paz, sin que ninguna de las dos dinámicas se imponga sobre la otra, es decir, se desarrolla la guerra, los derechos humanos se violan flagrantemente, mientras que se habla de paz constantemente”4 La naturaleza de la guerra se ha transformado. Las confrontaciones armadas de nuestros días se desarrollan más al interior de los estados que entre ellos, como lo reconoce el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas: “la mayoría de las guerras de hoy en día son guerras civiles. O al menos empiezan como tal. Y estas guerras civiles son cualquier cosa menos benignas. Son en realidad de carácter “civil” sólo en el sentido de que los civiles – es decir, los no combatientes – se han convertido en las principales víctimas” (Annan. 1999). Las nuevas confrontaciones se desarrollan sin reglas, con una violencia en permanente crecimiento y con una 2

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Antecedentes, recuperado de: http://www.cicig.org/index.php?page=antecedentes 3 Para ampliar sobre el tema, ver El Oro o la vida: https://www.youtube.com/watch?v=CADStDtdp7c, Con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala. http://www.foei.org http://www.ceibaguate.org 4 Cancelado, Henry, (2015) Guía conceptual “Políticas públicas y seguridad ciudadana”, IIDH-AUSJAL, p. 17

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 informalidad y autonomía de los grupos armados, lo que genera desastrosas consecuencias desde un punto de vista humanitario: masacres de civiles, desplazamiento forzado, hambrunas.

(Cancelado, 2015:7) Siguiendo la idea de Cancelado: “Frecuentemente, estos enfrentamientos afectan a los países vecinos. Entre otras razones, porque los combates pueden traspasar las fronteras, por la afluencia de refugiados; y en especial, porque pueden desequilibrar regiones vecinas particularmente inestables. Razones que explican la preocupación de la comunidad internacional por estos fenómenos y su redefinición como problemas de seguridad.

En este nuevo contexto, surge una nueva percepción de seguridad internacional que no reposa, sobre los criterios de integridad territorial y soberanía estatal, propios de la concepción tradicional.

Pues, en especial, la lucha contra las violaciones de derechos humanos y el control de algunas de estas nuevas problemáticas requiere consideraciones globales que conciernen al conjunto de la comunidad internacional y no solamente al Estado en particular” (Cancelado, 2015:8).

Especialmente en estados violadores de los derechos humanos de su propia ciudadanía.

La redefinición de la seguridad adoptada por la ONU privilegia, entonces, la soberanía individual en detrimento de la soberanía estatal, al considerar que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de no permanecer impasible ante las violaciones de derechos humanos o ante crisis humanitarias.5 Por otra parte, la aceleración y profundización de la interdependencia en el sistema internacional y la aparición de nuevos actores no estatales, cuya actividad rivaliza incluso con las potestades tradicionales del Estado nación, configuran un nuevo espacio de desarrollo de lo político en el que las fronteras parecen haber perdido su significado. Como consecuencia resulta muy difícil en la práctica establecer diferencias claras entre los que podrían considerarse asuntos internos de un país y aquellos que pueden ser objeto de acción internacional. En este caso, el desarrollo de una política pública de seguridad y la protección de los derechos humanos. (Cancelado, 2015:10-11) La esperanza podría radicar en la comunidad internacional como protectora de los derechos humanos e impulsadora de verdaderos proyectos de políticas públicas que sean incluyentes y eficaces, además de velar por la seguridad internacional, también es un reto para la comunidad internacional pues como se indica a continuación deben ser acciones legítimas y apegadas al ideal de garantizar el respeto a los derechos de la persona humana.

Según las conclusiones de cancelado (2015), “El poder ya no sólo se ejerce desde los lugares clásicos, sino en las corporaciones, y en escenarios de política global y por qué no en las redes ilegales del sistema internacional. La Comunidad Internacional debe intentar fortalecer la institucionalidad internacional, más allá de la simple estructura jurídica o enfrentarse, al mejor estilo del concierto europeo decimonónico por la fuerza entre sus Estados miembros para equilibrar los nuevos poderes centrales y adyacentes. Todos los países quedan en la misma disyuntiva frente a sus opciones de solución de sus temáticas de inseguridad sin llevar a otros países a una mayor inestabilidad.

La obligación de los Estados es entender que sus acciones influyen en todas las demás regiones, ya sea por conveniencia o por enemistades políticas. Las dudas jurídicas domésticas derivadas del tratamiento del conflicto interno, implican, cada vez en mayor grado, al derecho internacional. Las acciones de las cortes internacionales son de gran ayuda para crear puntos de referencia en cuanto a las acciones jurídicas que se deben emprender a nivel interno frente al 5

Naciones Unidas,

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 conflicto y a nivel externo frente a sus vecinos. De tal manera la justicia interna debe empezar a pensar en términos de política exterior y de intereses de Estado en sus relaciones internacionales.

Los asuntos internacionales deben ser incluidos en las decisiones de las cortes domésticas. Los asuntos judiciales deben tener un efecto doble: en las cortes internas que juzgan y en las cortes externas que legitiman las acciones de los Estados.”

De acuerdo a Patricio Tudela “Es un hecho indiscutible que hoy el enfoque sobre la seguridad y las formas de alcanzar los niveles requeridos están en directa relación con la democracia y que la seguridad tiene como finalidad última servir a la misión del Estado. Las sociedades que aspiran al desarrollo social asumen tanto la democracia y la gobernabilidad como los derechos y obligaciones individuales y colectivas como referentes y escenario para la construcción de la convivencia social y la seguridad de y para las personas. Estos configuran el espacio sociopolítico determinante de las condiciones y viabilidad de los esfuerzos.”

Para ampliar nos enumera una serie de lineamientos que debería perseguir una política pública enfocada a abordar seriamente el tema de la seguridad ciudadana.

“La seguridad se ordena en torno a diversos ejes, algunos de los cuales se destacan aquí:

1. Seguridad individual y seguridad colectiva. Más allá de que la seguridad, según se señala en las constituciones y leyes de cada país, es un derecho, también es cierto que existe un bien superior que actúa como límite a las exigencias individuales: la búsqueda del bien común.

2. Seguridad de las personas y seguridad del Estado. La finalidad de la seguridad no se acaba en la estabilidad del orden social y político, sino que se traspasa en favor del beneficiario último de la política: la comunidad representada.

3. Seguridad como bien público. La seguridad es una condición fundamental que toda democracia debe garantizar, junto a otras, como la libertad, la igualdad y la justicia. Estos valores tienen trascendencia universal y no pueden ni deben transarse por la consecución del otro.

4. Seguridad y derechos humanos. La seguridad no puede ser el resultado de la privación de los derechos de las personas. Por el contrario, ella es un instrumento o herramienta funcional al desarrollo social. El derecho de las personas debe ser un componente central que debe guiar e inspirar las políticas en esta materia.

5. Seguridad y democracia. La construcción de la seguridad de las personas, las formas de alcanzarla y garantizarla, tiene un componente y dividendo sociopolítico para la gobernabilidad y estabilidad de las democracias. Este desafío demanda la adecuada interrelación de las políticas y la gestión de los gobiernos enmarcados e inspirados en una visión de “seguridad en democracia”.

6. Seguridad como factor clave para el bien común y el desarrollo. La búsqueda de la seguridad debe ser coherente y complementaria con los propósitos del Estado y la Democracia, y esto no es más que el bien común. La búsqueda de seguridad es funcional, entonces, a la creación de mejores condiciones para la realización material y espiritual de todos los miembros de la sociedad.6

6

Tudela, Patricio. Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana. Policía de investigación de Chile, p. 4-5.

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015

FALTA UNA RELACIÓN Y CONCLUSION FINAL, HAY OTROS TEXTOS QUE ME GUSTARIA ENCONTRARLES LUGAR, TALVES TE SIRVEN PPARA TERMINAR LE DOCUMENTO

El desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana surge y evoluciona dentro del marco social, en donde este término cumple la función de ser expresión de una inquietud o preocupación por la centralidad de los derechos de las personas en un entorno inseguro, fenómeno sociopolítico que intenta modificarse y cuyos orígenes se hallan en el rol de los órganos del Estado en la materialización de condiciones básicas para el desarrollo social.(Tudela) En esencia, podría decirse que la seguridad ciudadana es un “bien”, una “aspiración”, una “condición” a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o, al menos, contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de una gestión pública basada en la persona como principal beneficiario. El conjunto de ellas conforman un discurso que, a su vez, es la concreción del marco ideológico-social en que surge y de donde se ha desarrollado.

Los diferentes contextos desde los cuales emergen el concepto “seguridad ciudadana” explican su valor y uso. El primer lugar, este surge como oposición a una visión dominante sobre la seguridad, fuertemente anclada en la noción de seguridad nacional y pública, que pone como eje central u objeto de ella la seguridad del Estado y la seguridad interior. Las traumáticas experiencias de interrupción de las democracias y las transiciones hacia una plena vigencia de ellas constituyen el escenario en el cual el término ha evolucionado desde un uso reivindicativo a uno paradigmático .

En segundo lugar, otro fenómeno que le dio origen ha sido la ausencia de certeza y el sentimiento o percepción de las personas de que sus derechos son sólo parcialmente garantizados y transgredidos tanto por la propia acción del Estado (por negligencia, insuficiencia u omisión) como por la conducta de terceras personas (delincuencia, violencia, etc.).

En tercer lugar, la tendencia arriba descrita se asocia a otra en la cual la noción de seguridad cambia sustantivamente a partir de situaciones que vienen vivenciándose tanto la sociedad latinoamericana como el resto del mundo, volcándose en un enfoque fuertemente asociado a la seguridad del individuo, los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y la convivencia social.

En cuarto lugar, en lo inmediato, parece ser que la tendencia actual es en algunos casos la instalación y, en otros, la consolidación de esfuerzos para reformar las instituciones y políticas de seguridad pública buscando un modelo de seguridad ciudadana democrática. Esto consiste en una reformulación de la gestión de “seguridad pública” en términos tales que la seguridad ciudadana se entienda como la seguridad de todas las personas y que esto implica, por tanto, el desarrollo de condiciones que permitan la regulación eficiente de la violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la violencia de las propias instituciones del orden público.

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 En quinto lugar, existe un creciente acuerdo entre los gobiernos y los Estados de que la seguridad ciudadana es un fenómeno dinámico y global que exige intervenir decididamente en aquellas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, habitacionales, ecológicas, de policía, que ayudan a garantizar el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y mejorar la convivencia y calidad de vida de las personas, y promover la cooperación a través de una red de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para contribuir al empleo y la aplicación de mecanismos de apoyo eficaces en materia de prevención del delito. Así, de manera muy sintética, puede señalarse que el enfoque de la seguridad se desplazan en sus ejes hacia convicciones o aproximaciones relevantes para ella, tales como: 1. El objeto de la seguridad ya no es el Estado, sino la persona humana concebida de manera integral.

2. El orden político se caracteriza por la aspiración democrática, el desarrollo social y los derechos de las personas.

3. La institucionalidad de la seguridad y las formas de materializarla se resuelven en el marco del Estado democrático de derecho.

4. La agenda de seguridad se amplía e incorpora otras temáticas además de la tradicional noción vinculada a la defensa del Estado-Nación, producto de una ampliación de la noción de riesgo y amenaza.

5. La noción y enfoque de la seguridad adopta un carácter integral, globalizador y dinámico.

De esta forma, del examen de las diversas adjetivaciones y definiciones de seguridad, en particular seguridad ciudadana, surge como elemento común el hecho de que la “doctrina de la seguridad ciudadana”, si así se le puede llamar, en esencia destaca el carácter de bien público de la seguridad y que en democracia la seguridad no puede ser entendida como un fin en sí mismo, sino como una garantía para el ejercicio de los derechos y el logro del bien común. Este enfoque implica el respeto incondicional de las libertades económicas, políticas y sociales. Por ello es relevante que las estrategias y actuaciones de las instituciones públicas se sustenten en el marco de un Estado de Derecho, enfoque esencial para establecer criterios y la construcción de políticas en esta materia. (Patricio Tudela) Las leyes del Mercado parecen ser más fuertes que los esfuerzos nacionales e internacionales para acabar con un negocio que no solo deja muerte a su paso, sino que corroe, penetra y destruye las instituciones democráticas.7 La inseguridad es uno de los ejes del debate político latinoamericano. Su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y temor. En este contexto, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla. Aunque la función de control de la seguridad está a cargo de los gobiernos nacionales o estaduales, en cuya órbita se encuentran las fuerzas policiales, las gestiones locales son, sin duda, las más adecuadas para trabajar en la prevención del delito. Para ello deben dejar de lado los planteos simplificadores y desarrollar políticas de largo plazo que impliquen el compromiso de la comunidad.8

7

Costa Gino (2012), La situación de seguridad ciudadana en América Latina- Inter American Dialogue. Working paper, febrero p. 10.

8 Dammert, Lucia (2007), Seguridad pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, Nueva sociedad N° 212, noviembre – diciembre, p. 67.

Evamaría Rodríguez de M. Guatemala, 24 de noviembre del 2015 Conclusiones: 1. Sin ser sensacionalistas y amarillistas, el papel del estado respecto a la violencia, puede verse reflejado en los últimos acontecimientos sangrientos en el mundo: Los atentados en París, en Malí, pero sobre todo en la gran crisis humanitaria de la guerra civil en Siria, donde un grupo terrorista ha ocasionado miles de muertos. Estos hechos lamentables demuestran que: a) el equilibrio humano, emocional, es tan frágil y se ha roto frecuentemente en “honor” a ideas religiosas, sino realmente por intereses económicos transnacionales, b) Estamos interconectados entre todos; no debemos pensar solo en una parte, sino en un “todo”, de forma global. Una situación de inseguridad, que crea muerte, víctimas, sufrimiento y tragedia humana, por muy lejos que esté de nuestro contexto, siempre nos golpea. Por eso las soluciones, deben irse gestando en el concierto de las naciones.

2. En mi opinión, el rol de un estado en la seguridad ciudadana, no solo se concentra en la capacidad o no de poner en las calles un determinado número de agentes de seguridad, sino en la capacidad de planificación, organización y optimización de recursos que favorezcan el desarrollo y el bien común. Parece utopía, pero la mejor manera de proteger la persona humana, no es solo la fuerza punitiva, sino nuestra capacidad de organizarnos equitativamente, de entender nuestras diferencias, de tolerarnos unos a otros, de comprender y superar nuestra concepción nacionalista y el pensamiento que nuestra cultura es la única y mejor, y descubrir más bien un mosaico de tradiciones, concepciones y maneras de ver el mundo.

3. Desde Guatemala, el país donde vivo, el papel del estado en cuanto a la seguridad ciudadana, debe pasar por el reconocimiento, precisamente de su incapacidad para no hacerlo, pero no solo eso, sino asumir su papel histórico de estado violador de los derechos humanos, donde por ejemplo, sus agentes (ya sea las fuerzas regulares de su ejército nacional, o la policía nacional, o la guardia de hacienda, entre otros), fueron los hechores materiales de verdaderos actos de terrorismo que causaron miedo e inseguridad durante varias décadas. La fortaleza y credibilidad de las instituciones de Justicia, se deben concentrar no solo en el número de casos resueltos, sino en su capacidad de respuesta a estos clamores de las víctimas, donde la garantía de la no repetición, es base fundamental para crear un medio ambiente seguro.

4. Se debe fortalecer el papel del estado, pero a nivel de la sociedad civil hay que luchar y erradicar los mitos. En una sociedad postconflicto, donde las instituciones de justicia son inoperantes, el sentido popular (enardecido por tantos discursos propagandísticos electoreros), se orienta más por vencer la violencia con la misma violencia: linchamientos, la mal llamada “limpieza social”, etc. Gobiernos corruptos le han apostado a una política de “mano dura” y lo que han causado es más confrontación y muerte, como por ejemplo en El Salvador, que así como van las cosas, morirán 100 salvadoreños por cada cien mil personas. De cada mil personas, una persona morirá producto de esta violencia, según informaciones de El faro.net. La pena de muerte, la resucitación de alguno de los caudillos militares, como por ejemplo Ubico, el exterminio de las maras, y otros “métodos violentos”, son ideas absurdas que deben ser combatidas desde una visión democrática y estratégica.