LA TAPISCA Boletín de análisis y discusión de la realidad rural guatemalteca Septiembre de 2012 No. 1
Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI): Algunas consideraciones Por Susana Gauster, Colectivo de Estudios Rurales Ixim
Colectivo de Estudios Rurales IXIM Somos un colectivo de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas. Tenemos una trayectoria de trabajo común en investigaciones y procesos de incidencia vinculados al tema agrario, la economía campesina y el desarrollo rural.
Objetivo general El Colectivo de Estudios Rurales Ixim contribuye a la transformación de la realidad agraria y rural en Guatemala para lograr el pleno goce de los derechos humanos, mediante la generación de conocimiento estratégico y propuestas políticas. ______________________________ 29 calle 17-37 zona 12, Condominio El Rosario No. 26, Guatemala, Centroamérica
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Recientemente el actual Gobierno de Guatemala presentó su plan para activar y adecuar la PNDRI, así como su Plan de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFEC) y el Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales. Al revisar esos documentos relacionados a la estrategia de desarrollo rural, llaman la atención algunos aspectos.
establecido en la PNDRI original, se convierte en “proponer formas novedosas de acceso a activos productivos” (ibid: 14). En la parte agropecuaria se plantea seguir como el gobierno pasado: asistencia técnica, créditos, dotación de insumos y para momentos de crisis, asistencia alimentaria. La creación de reservas alimentarias como medida estructural para la atención de crisis (de cosecha o de precios), un aspecto clave de la PNDRI, queda obviado. En una epoca de precios internacionales imprevisibles, la apuesta a seguir haciendose dependientes de los mercados financieros internacionales, parece bastante delicada. El eje sectorial económico hace caso omiso de reformar aquellos acuerdos y convenios que amenazan la producción campesina (alimentaria) y transforman la propuesta de inversión pública, contemplada en la original PNDRI, en inversión privada. Vinculado a ello la política de participación ciudadana, que si bien destaca la unidad de las organizaciones campesinas y sociales como referente para la negociación con el Gobierno, diluye la participación de los pueblos en la definición de las actividades y proyectos (es decir, de las inversiones privadas) que afectan sus territorios, tal como lo establecen el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT.
Primero destaca el papel central que se asigna a la economía campesina, lo cual es loable, dado que ha sufrido un proceso de invisibilización en la política pública en las últimas décadas. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que “el Maga será absolutamente consecuente con el compromiso de asumir la promoción de la economía campesina como el sujeto priorizado de su política”, lo que hará es impulsar “un programa específico que se constituirá en su ´programa insignia`” (Plan para activar la PNDRI: 14). Queda la pregunta entonces de cómo se entiende el sujeto priorizado de la Política, si finalmente su atención, al igual que en años anteriores se reduce a un solo programa?
Al no tocar explicitamente el tema de las actividades extractivas, fuente de graves conflictos en los territorios rurales, o, más bien, al no plantear una estrategia de solución a esos conflictos, queda la sensación que se pretende seguir con ese esquema exclusivo, discriminatorio y violatorio a la normativa nacional e internacional. Al revisar el Marco General para la promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales y encontrar que se “prevé el otorgamiento de incentivos a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República”, y que se busca “orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y lograr el pleno Empleo”(p.10), se confirma una estrategia que poco parece preocuparse por los medios de vida campesinos, el sujeto priorizado de la política rural. Resulta entonces mucho más una “alteración” que una “adecuación” o “activación” de la PNDRI, lo cual es lamentable ya que la PNDRI original ha sido producto de muchos años de esfuerzo humano, diálogo y consenso que ahora unilateralmente se bota.
Un segundo aspecto importante a analizar es la propuesta concreta de “adecuación y activación” de la PNDRI. Para empezar el “reformar y democratizar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra”
Finalmente debe destacarse un tercer elemento sumamente sensible, y es la utilización de un concepto ecléctico de la naturaleza de la economía campesina. Se define la economía campesina como “el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una
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