¿Basta la estabilidad macroeconómica para dinamizar nuestro desarrollo? Rogelio Montemayor Seguy Abril 13 de 2012
El Presidente Felipe Calderón concedió una entrevista a ocho connotados comentaristas de diversos medios electrónicos y gráficos que se transmitió en un programa de televisión recientemente. Al ser cuestionado sobre resultados en economía y pobreza, su respuesta me llamó la atención; defendió su gestión en dichas materias con el argumento de que ahora hay menos pobres que en el año 2000, año que marca el inicio de los gobiernos de la primera alternancia.
Ese argumento me sonó elusivo. En momentos en que los mexicanos estamos cerca de decidir la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, me habría gustado escuchar sus puntos de vista sobre una cuestión definitoria para el futuro: ¿podemos estar satisfechos con los resultados logrados, con una estrategia que ha sabido conservar por más de 15 años la estabilidad económica del país?, y ¿le recomendaría a su sucesor seguir por la misma ruta, persistir en la misma estrategia económica?
Puedo suponer, sin temor a equivocarme, que el Presidente habría contestado que sí está satisfecho y sí recomendaría a su sucesor seguir por la misma ruta. No tiene de otra. Hasta ahora no ha mostrado capacidad para
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leer la realidad con sentido crítico y hacer los ajustes necesarios a diversas estrategias de su gobierno que no han producido los resultados esperados.
No obstante, un análisis serio de la realidad actual lleva necesariamente a contestar que no. Pues no podemos estar satisfechos con una estrategia económica que no ha logrado reducir la pobreza de manera significativa en más de una década, y más si ampliamos el plazo a 1995.
Al margen de si son más o son menos el número de familias y personas que viven en estado de pobreza y con carencias sociales ahora en relación con el año 2000, es un hecho que luego de doce años de la primera alternancia el número de pobres existente es excesivo pues representan cerca de la mitad de la población. Tampoco podemos estar satisfechos con esta situación porque a pesar de los enormes recursos dedicados al combate a la pobreza, los avances han sido magros y de corta duración, como lo muestra la crisis reciente de 2009, que elevó la cantidad de pobres en el país, borrando los escasos logros de años anteriores.
No podemos sentirnos satisfechos con una estrategia económica que produce crecimientos de la economía y del empleo notoriamente insuficientes frente a las necesidades de millones de jóvenes que no encuentran una oportunidad digna de ingreso y quedan en condiciones de vulnerabilidad, de subempleo o desempleo, o aun peor, en riesgo de caer víctimas de la adicciones o de engrosar las filas de la delincuencia. Nadie puede sentirse satisfecho, y menos quien aspire a representar a la mayoría de los mexicanos, con una estrategia económica que ha congelado peligrosamente el ingreso per cápita demasiados años y ha mantenido a la económica mexicana fuera del grupo de los BRICS.
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No podemos estar conformes con una estrategia económica que no logra reducir la vulnerabilidad de nuestra economía frente a shocks del exterior, como sucedió en 2009, cuando, ante la crisis de las economías desarrolladas, fue la que mayor contracción sufrió, contrastando con el desempeño de otras con niveles de desarrollo comparables, como las de Brasil y Chile.
Los enormes retos del presente nos obligan a innovar.
Para ello, debemos reconocer que la estabilidad económica, siendo deseable y necesaria, no es suficiente. Nuestra historia económica reciente lo muestra. Después de más de 15 años de estabilidad, los resultados en términos de empleo, crecimiento económico, reducción de la pobreza y de la desigualdad son desalentadores.
México, por su demografía, por sus elevados rezagos de empleo y niveles de pobreza actuales, necesita crecer más. Requerimos ser capaces de lograr tasas elevadas, de 6, de 7% o incluso más. Tasas de 3 o 4% no son suficientes: un desempeño económico a este ritmo implica que no se generen los empleos que demandan los jóvenes que anualmente se incorporan a la fuerza de trabajo, como ha sucedido hasta ahora, lamentablemente desde hace mucho; significa también no romper el círculo perverso de no crecimiento que produce mas pobreza, lo cual a su vez limita el potencial de crecimiento de la economía nacional. A tasas de 3 o 4% llevaría 30 años o más duplicar el ingreso per cápita de los mexicanos, lo cual sería necesario para poder observar una reducción significativa de la pobreza.
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Debemos proponernos crecer más rápido. Lo suficiente para generar los empleos que demanda la población que anualmente llega a la edad laboral, así como los requeridos para cubrir en un lapso razonable, no más de 15 años, el rezago actual de empleos de calidad y así poder ofrecer a quienes actualmente se encuentran sin horizontes de ingreso y educación, una mejor oportunidad. Tasas de crecimiento altas son también necesarias para producir mejoras sostenibles en los salarios reales. Sólo si somos capaces de crecer a esos ritmos, de 6% o más anualmente y hacer crecer los salarios reales, y de sostener tal dinamismo por un largo periodo, dos décadas al menos, podremos aspirar a reducir significativamente los elevados índices de pobreza que actualmente caracterizan a México.
Sin embargo, hay que estar conscientes: tampoco bastará con lograr ritmos más elevados de expansión del empleo y de la economía. El mayor crecimiento por sí solo -como lo muestra la evidencia de los años en que la economía nacional ha logrado crecer a tasas equiparables a las que se requieren ahora-, no necesariamente reducirá las desigualdades del presente, problema que por la desproporción a que ha llegado, se ha convertido en un serio obstáculo a los afanes para mejorar el desempeño de la economía nacional.
Las enormes desigualdades entre personas, grupos y regiones hacen imprescindible que a la par de crecimiento y estabilidad, deliberadamente nos propongamos reducirlas de manera sostenida.
Mayor igualdad constituye no sólo un imperativo ético, también representa una necesidad económica. Reducir las excesivas desigualdades existentes es la forma más segura y efectiva de fortalecer el mercado interno, el cual, ante un escenario externo adverso como el actual, es el 4
motor de desarrollo con mayor potencial para el crecimiento que demanda el país. Del exterior caracterizado, como ya se apuntó por incertidumbre, inestabilidad financiera y débil crecimiento de las economías más desarrolladas, poco podemos esperar. En el presente y en el futuro cercano, los débiles estímulos que vienen de la economía externa sólo darán para crecer a tasas de 3 o 4%, ritmos insuficientes para generar los empleos que demanda nuestra demografía.
Llevamos demasiados años con un crecimiento deficiente de la economía y del empleo. Modificar este panorama requiere apoyarnos en nuestras fortalezas internas, ampliar el mercado interno y usar el poder de compra de las empresas públicas, y adicionalmente diversificar nuestras relaciones externas. El fortalecimiento del mercado interno requiere mayor igualdad para incorporar a la mitad de la población que ahora sólo participa de manera marginal y desventajosa en el desarrollo nacional. Crecimiento e igualdad son propósitos que se apoyan y refuerzan mutuamente.
Promover mayor igualdad es también un requisito para fortalecer las actuales instituciones del Estado, las cuales se muestran incapaces para moderar los efectos negativos que sobre la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía nacional tiene la elevada concentración de riqueza y poder monopólico de empresas privadas y públicas existente en múltiples mercados. Menos desigualdad y menos pobreza, mas ciudadanía, mejor calidad de nuestra democracia, mejores gobiernos e instituciones, alentarán mejor desempeño económico.
Finalmente, la reducción de las desigualdades existentes contribuirá a reducir tensiones sociales que se originan por la persistencia de elevados niveles de exclusión de las personas y grupos que viven en condiciones 5
menos favorecidas. No podemos explicar los niveles absurdos de violencia e inseguridad a que se ha llegado en el país, sin tomar en cuenta los enormes contrastes sociales y económicos que mantienen a millones de jóvenes al margen de las oportunidades de empleo y formación, sin un horizonte digno. Sólo propiciando mayor igualdad y crecimiento, habrá mejores condiciones de estabilidad social y seguridad pública, lo cual a su vez alentará mayor crecimiento económico, creando así un círculo virtuoso de expansión económica, empleos, bienestar, justicia y seguridad.
En suma, el momento actual de México, con elevados índices de pobreza y excesivos contrastes y desigualdades, demanda que asumamos un objetivo central de desarrollo: crecer con igualdad y estabilidad y hagamos lo necesario para lograrlo.
Lograr este objetivo de desarrollo exige en primera instancia desearlo, proponérnoslo como meta central del desarrollo nacional, hacerlo expresamente y de forma convencida. No hay de otra: para lograr crecer a tasas elevadas con igualdad y estabilidad, primero hay que desear hacerlo. Llevamos muchos años en que la acción pública hace proyecciones de crecimiento, pero sin formular una política económica de desarrollo que busque resolver las necesidades y atender las aspiraciones de los mexicanos.
Ello debe cambiar. Debemos asumir un objetivo de desarrollo acorde a las necesidades nacionales. Este sería el primer paso para resolver los retos del presente. Y este objetivo debe fijarse reconociendo que, reitero, ante los desafíos del presente la mera estabilidad no basta, que debemos buscar crecer y hacerlo a ritmos más elevados que en el pasado reciente. Y que además, como hemos visto, tampoco bastaría con crecer más, si no 6
proponemos al mismo tiempo deliberadamente reducir las enormes desigualdades económicas y sociales que existen entre personas, grupos y regiones del país. Por ello el objetivo de desarrollo del presente y para el futuro inmediato debe ser: mayor crecimiento, mayor igualdad y estabilidad.
Este propósito debe ser el faro que guíe los esfuerzos de desarrollo. No se trata de soluciones milagrosas, sino de consensuar un objetivo de desarrollo. Uno, estratégico, central y en torno al mismo alinear todos los instrumentos de la política económica y social.
Con este objetivo en mente debemos también construir un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad, que potencie la contribución de cada uno a su logro. La principal lección que nos deja la crisis reciente, es que no podemos seguir asumiendo que el mercado por sí mismo puede resolver las debilidades de la economía nacional que degradan el desempeño económico. Requerimos mercados competitivos, sin duda; mas para que éstos existan, el Estado debe jugar un papel relevante y no sólo rescatándolos cuando fallan, sino como actor que represente, por su origen democrático, los intereses de la mayoría en el proceso económico.
Este nuevo balance debe contemplar la más amplia participación social en el esfuerzo de desarrollo. Se requieren ciudadanos e instituciones privadas, no gubernamentales, con los instrumentos suficientes para evitar cualquier abuso de poder del Estado o del mercado.
Construir este nuevo equilibrio demanda lograr un amplio acuerdo sobre el papel del Estado en la promoción y gestión del desarrollo, y con ello, sobre la actuación que toca al mercado y a la sociedad. 7
En las condiciones del presente, en este nuevo balance, el Estado debe jugar un triple rol: como el gran equilibrador social, como rector del desarrollo y como promotor
En su papel de equilibrador, el Estado debe promover una nueva política social que ligue la solución del problema de la pobreza a la solución de la inequidad en la distribución del ingreso y ambos al crecimiento. La solución a la pobreza demanda de la incorporación de la población a la vida económica, para lo cual se requiere un sistema con un mercado interno que integre a la mayor parte de la población por su trabajo y su capacidad de agregar valor en la producción y en los servicios. Se requiere una nueva política social que busque la universalización de los servicios de salud, de la educación, de la seguridad social; que procure garantizar un mínimo de ingreso personal a cualquier ciudadano por el hecho de serlo, al margen de su situación laboral; y asociado con lo anterior, que sea financiada con contribuciones de tipo generales, no ligadas al empleo.
En su función como rector del desarrollo el Estado debe aportar bienes y servicios públicos esenciales para que los mercados actúen de forma adecuada y competitiva, y para que la sociedad viva en un clima propicio para el ejercicio de sus libertades y responsabilidades. En este rol, el Estado debe tener la capacidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y la vigencia del estado de derecho; de proveer seguridad social, salud y educación de calidad para todos, y la infraestructura de todo tipo, necesaria para crecer a tasas constantes y elevadas; debe ser eficaz para regular los mercados y asegurar conductas competitivas de todos los participantes, en especial de las empresas públicas y las privadas que 8
obtienen el usufructo de concesiones estatales. El nuevo balance requiere también que el Estado cuente con instituciones que puedan actuar con eficacia en la pluralidad política y frente a preferencias partidistas fragmentadas.
La construcción del nuevo equilibrio implica diversas reformas para: • Dotar al Estado de la capacidad para cumplir las tareas que se le asignan como rector del desarrollo, como el gran equilibrador social y como promotor y movilizador de la energía social para lograr el objetivo central de desarrollo. • Brindar al mercado las certidumbres necesarias para promover mayor crecimiento y la generación de suficientes empleos de calidad. • Dotar a la sociedad de los instrumentos e instituciones que le permitan participar con efectividad en la definición de las políticas públicas y del rumbo de la estrategia de desarrollo; evaluar y fiscalizar adecuadamente el uso del poder del Estado y del mercado; y evitar o castigar cualquier exceso.
En este contexto, la madre de todas las reformas es la reconstrucción de las haciendas públicas, la federal y las locales, pues son la base material para desarrollar las funciones que se le asignen al Estado.
Las haciendas públicas, la federal y las estatales, presentan severas limitaciones que le impiden al Estado cumplir su papel. Ello y la magnitud de los retos del desarrollo ya señalados antes, hacen imprescindible proponernos una reforma integral de la hacienda pública. El tiempo de modificaciones parciales ya pasó.
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La reforma debe incluir lo necesario para resolver las deficiencias de gasto, como: el exceso del corriente en todos los niveles de gobierno, las ineficiencias en diversos programas, un sistema educativo costoso y con resultados que dejan mucho que desear, un gasto en salud que, a pesar de su crecimiento, aún produce un promedio insatisfactorio de esperanza de vida; de la discrecionalidad y opacidad con se manejan muchos rubros de gasto; la insuficiente rendición de cuentas y la escasa evaluación de resultados, entre otros.
La reforma hacendaria debe incluir también soluciones para las diversas insuficiencias de un sistema tributario desgastado, que recauda poco y en forma inequitativa, que es complejo en su cumplimiento y jurídicamente inseguro, que depende de manera irracional y peligrosa de los ingresos petroleros, que cuenta con mecanismos de coordinación fiscal obsoletos y deficientes ante la mayor pluralidad política con que se integran actualmente los diversos niveles de gobierno, y que muestra signos de riesgo de insolvencia para el cumplimiento de las obligaciones pensionarias a cargo del Estado.
Finalmente, como promotor del desarrollo, el Estado debe movilizar la energía de todos los actores sociales para lograr los ritmos de crecimiento deseados. Para ello, es prioritario alinear diversos instrumentos de desarrollo hacia este propósito, en especial se requiere: una reforma monetaria y financiera que asegure mayores flujos de financiamiento a las actividades productivas en condiciones competitivas; una nueva política industrial, que use el poder de compra de
PEMEX
y
CFE
para impulsar el
desarrollo de industrias y empresas nacionales, que impulse la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, la sustitución eficiente de importaciones y la diversificación del comercio exterior; y una 10
nueva política de fomento al campo que tenga como propósito central la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, basada en una reforma del marco institucional para incorporar una visión de largo plazo de las actividades estratégicas para el fomento productivo y los principales instrumentos para aumentar la producción y productividad, claramente diferenciados de aquellos instrumentos orientados a combatir la pobreza rural.
México puede y debe aspirar a ser un país próspero, sin pobreza, justo, sin exclusiones. Se requiere la voluntad de lograrlo y actuar en consecuencia, alineando los instrumentos de la política de desarrollo a ese gran propósito nacional de crecer más, con más igualdad y estabilidad, a partir de revitalizar al Estado y sus instituciones, desarrollar nuevas instituciones que hagan viable y efectiva la participación de la sociedad en la definición del rumbo de nuestro desarrollo y en la evaluación de las acciones que se emprendan para lograrlo, y de renovar y fortalecer las instituciones existentes para que regulen eficientemente los mercados y eviten las prácticas monopólicas y los abusos de poder.
Rompamos paradigmas, sí estabilidad, pero unida a más crecimiento y más igualdad.
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