Trabajo Propiedad Intelectual

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas • • • •

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Universidad Nacional del Nordeste.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.

Derecho Comercial Segundo Curso.

Cuerpo evaluador: • Dr. Avena Osvaldo Atilio • Dra. Blanco Lorena Tema: Propiedad Intelectual.

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Autor: o Acosta, Guillermo Walter L.U. 71.662 o Contreras, Selva Mariana L.U. 78.211 o Garrido, Diego Tomas L.U. 74.053 o Luna, Rosela Yanet L.U. 72.189 o Mattos Serrano, Alfredo Fabián L.U. 76.093 o Mozzati, Guillermina L.U. 80.024 o Ramírez Forte, María Isoindi L.U. 78.237 o Rey, Mario Ramon L.U. 71.892 Fecha de presentación: 25/10/2013.

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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

Índice Introducción a la propiedad intelectual................................................................Página 3.

Título I: Consideraciones Generales.....................................................................Página 4 Título II: Aspecto normativo • Capítulo

I:

Tratamiento

constitucional

sobre

la

propiedad

intelectual.......................................................................................................Página 6 • Capítulo II: Ley de propiedad intelectual...........................................Página 8 

Introducción: Artículos 1 al 12..............................................Página 10

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Obras Extranjeras y de la colaboración: Artículos 13 al 26..Página 14

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Disposiciones Especiales: Artículos 27 al 36........................Página 16

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De la edición y de la representación: Artículos 37 al 50.......Página 21

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De la venta y de los intérpretes: Artículos 51 al 56………...Página 29

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Del registro: Artículos 57 al 68.............................................Página 30

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Fomento de las artes y letras. Penas: Artículos 69 a 79….....Página 32

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Proc. Civil Artículos 80 a 83……………………….……….Página 33

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Introducción a la propiedad intelectual

En un mundo con innovaciones permanentes es importante estar actualizado.

Hoy en día las invenciones, muchas veces, ya no son tangibles, y es común que se mencione términos cómo derechos intelectuales, propiedad intelectual, derechos de autor y definiciones similares.

Como futuros operarios del derecho, es importante que tengamos una noción, aunque sea acotada, de este sector de la realidad que son los derechos intelectuales.

En esta breve exposición intentaremos dilucidar algunos de estos conceptos, pasando por algunos aspectos históricos, la constitución nacional, la ley de propiedad intelectual, posturas doctrinarias y algunos fallos jurisprudenciales.

Equipo Propiedad Intelectual

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Consideraciones Generales En términos de supervivencia, la raza más débil del planeta es la humana. A esta raza, la naturaleza no le dio pelos para abrigarse del frío, espinas para protegerse de los depredadores, garras para defenderse o trepar los árboles, u otros elementos que le permitan resguardarse de todos los males que puedan acecharlo.

Pero, al dotarlo de un cerebro cargado de intelecto, le permitió interpretar el mundo y diseñar herramientas para poder sobrellevarlo, así aparecen inventos tangibles como el fuego, la vestimenta, las armas, la rueda entre otros elementos que le habilitaron abrirse paso en un mundo hostil con facilidad.

Con el desarrollo del intelecto humano, aparecieron también invenciones no tangibles como ser técnicas de producción, ideas, libros, estrategias entre otras.

Estos derechos se encontraban en la encrujidada de que no gozaban de la protección de las leyes, como si lo hacían otros derechos, como los reales o los derivados de las obligaciones.

Con el paso del tiempo, esto fue evolucionando y se fueron incorporando al marco normativo, los derechos provenientes del desarrollo de elementos abstractos como ser el pensamiento humano y sus creaciones. Esto dio reconocimiento a los autores por sobre lo que iban ideando.

Actualmente se ampara a los artistas, científicos e inventores en cuanto al ejercicio de los derechos derivados de sus obras.

Pero este reconocimiento de derechos tiene sus orígenes tardíos en la legislación mundial.

Esto se remonta al Siglo XV con la aparición de la imprenta. El hecho de imprimir en serie una misma obra, multiplicó la posibilidad de transmitir conocimientos y requirió, al mismo tiempo, una especial protección. Se creó, entonces, un sistema de protección llamado “De privilegios” donde, el monarca otorgaba a los impresores la exclusividad de la impresión del trabajo.

Según Emery: “…la concesión de privilegios fue la primera forma de protección legal específica de las obras del espíritu….

Cuando comienzan a aparecer los plagios a las obras, los autores van tomando conciencia de la necesidad de proteger sus creaciones.

En 1710 la Reina Ana reconoce el derecho de copia o “Copyright” que implicaba un reconocimiento al autor de su calidad de tal y, además, le daba el permiso para reproducir su obra.

La jurisprudencia francesa desarrollada entre 1810 y 1860 recepta a los llamados derechos morales que permiten al autor vincular su nombre a la obra después de su enajenación, a que no sea modificada o a que sea o no sea divulgada.

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Es cierto que las creaciones de los autores deberían tener beneficios para estos pero, también debemos reconocer que sus invenciones vuelcan al conocimiento colectivo una variedad de herramientas importantes. Por esto es necesario que se equilibren los intereses de los inventores y de la comunidad.

En síntesis podemos decir que: La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

La mayoría doctrinaria se refiere a los derechos intelectuales cuando habla acerca de los derechos de autor legislados por la ley 11723, y los que tienen por objeto los inventos, las marcas y los diseños y modelos industriales y de utilidad.

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Tratamiento constitucional sobre la propiedad intelectual Dos artículos de la constitución tratan expresamente la propiedad intelectual: El 17 y el 75.

El Artículo 17 de la Constitución Nacional establece: “…Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley…”

El art. 17 la prevé expresamente al establecer que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.

Propiedad intelectual es el derecho del autor sobre una obra científica, literaria, artística, etc.; su fundamento dikelógico es indiscutible; nada más inherente a la personalidad que el producto de su inteligencia, de su arte, de su inspiración creadora.

Propiedad industrial y comercial es el derecho que recae sobre inventos, descubrimientos, patentes, marcas de fábrica, etc., con un matiz económico acentuado.

Para ambos casos, la constitución prevé una regulación legal distinta que la de otras formas de propiedad, anticipando la posibilidad de extinción del derecho por el transcurso del tiempo, y ello quizás porque en la propiedad intelectual la creación del autor, sin perder el carácter personal a que hemos aludido, aprovecha necesariamente de la cultura que es patrimonio colectivo de la comunidad toda.

Ha de repararse en que el artículo 17 dice que “todo” autor o inventor es propietario “exclusivo”. Sin apegarnos literalmente a las palabras de la norma, entendemos que “toda” clase de obra, invento, descubrimiento, etc. debe quedar amparada por la propiedad intelectual o industrial, y que las exclusiones legales que impiden registrar esa propiedad son inconstitucionales, porque dejan desguarnecida esa misma propiedad y la titularidad del propietario.

Hay hitos en el derecho judicial de la Corte de los que se infiere que la protección al derecho de autor abarca todas las producciones intelectuales de cualquier naturaleza o finalidad, porque tiende a tutelar la creación intelectual en sí misma, sin que importe el medio material que le da soporte.

El Artículo 75 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde al Congreso: … 19.

Proveer lo conducente … a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.”

La reforma de 1994 asigna ahora al congreso la competencia de proveer a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento (art. 75 inc. 19 párrafo primero) y de dictar leyes que protejan la libre creación y circulación de las obras de autor (art.

75 inc. 19 párrafo cuarto), con lo que el panorama anterior del art. 17 se amplía en su dimensión originaria.

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Con la reforma de 1994 corresponde agregar que el art. 75 inc. 19 párrafo primero dispone que el congreso ha de proveer a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. No nos cabe duda de que esta cláusula presupone la libre expresión de todo aquél que se dedica a la investigación, así como la transmisión y circulación difusivas porque, además, el desarrollo científico y tecnológico requiere que los terceros en general puedan tener acceso al resultado emergente de dicha investigación, e informarse de ella. El vocablo “aprovechamiento” que utiliza la norma inclina a dar por verdad todo lo antedicho.

Asimismo, el art. 75 inc. 19 cuarto párrafo alude a la facultad del congreso para dictar leyes que protejan la libre creación y circulación de las obras del autor, lo que —aparte del consiguiente derecho de propiedad intelectual— significa reconocer la libertad de expresión, y la difusión del producto elaborado por el autor.

El mismo art. 75 inc. 19 cuarto párrafo prevé también el dictado de leyes que protejan el patrimonio artístico y los espacios audiovisuales y culturales.

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Ley de propiedad intelectual La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es toda creación del intelecto humano. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra cada 26 de abril.

Derechos Intelectuales Los derechos intelectuales a los que hace referencia la ley 11.723, comprenden una amplia gama de posibilidades de tutoría de la ley sobre las obras de los artistas, científicos, escritores, e inclusive programadores de software.

Termino de protección La ley protege los derechos de autor, sobre sus obras, durante toda la vida de este y luego de su muerte, por un plazo de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor, la propiedad de las obras para los herederos o derechohabientes del autor fallecido.

Derechos patrimoniales El derecho de propiedad que la ley le confiere al titular de alguna de las obras tuteladas lo faculta para disponer de su obra, publicarla, ejecutarla, de representarla y exponerla al público, enajenarla, traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y reproducción en cualquier forma, pudiendo el titular del derecho reclamar lo que le corresponda fruto de la explotación de su obra.

Derechos morales Los derechos morales que la ley atribuye al autor de cualquier obra protegida por la misma son principalmente dos. El derecho de paternidad y el de integridad, siendo el primero el que protege los derechos del autor contra cualquiera que ostente la autoría de una obra suya; y el segundo, el que protege al autor en su derecho de salvaguardarla contra cualquier deformación o alteración, en todo o en parte.

Algunos autores prefieren en lugar de propiedad intelectual utilizar la expresión derecho de autor o derecho autoral, pues derecho de autor corresponde a un concepto más puro, menos comprometido, sin vinculaciones directas con la esfera patrimonial o moral, aunque indique una sutil preferencia por el aspecto personal, ya que se refiere al sujeto del derecho de manera expresa. Así, la ley 11723 se denomina REGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL aunque en la doctrina también predomina la utilización de la expresión derecho de autor. El derecho de autor goza de autonomía legislativa en el orden nacional y en el de las convenciones internacionales y de autonomía científica en cuanto tiene principios y soluciones particulares para resolver los distintos problemas básicos en la materia.

En nuestro país la protección surge del texto expreso del artículo 17 de la Constitución Nacional, además de las normas emergentes de los tratados constitucionalizados en la reforma 8

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de 1994, que reconocen como tal al derecho de autor, aunque en el ámbito práctico del derecho de autor resulta conflictiva la búsqueda del equilibrio de los tres intereses que confluyen en esta materia: los del autor, el editor y el público.

La propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de la creación. Desde este momento, en el cual la obra goza de existencia, el autor podrá ejercer todas las facultades que le corresponden en relación con ella sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Autor es aquél que crea. La creación sólo puede ser realizada por el hombre; únicamente la persona física, puede con su inteligencia y voluntad dar vida a obras literarias, artísticas o científicas, y sólo él va a poder ser cualificado originariamente con la condición de autor y por tanto como titular de la propiedad intelectual, facultado para el ejercicio de las prerrogativas que las disposiciones legales le reconocen.

Ahora bien en relación a la capacidad para crear y, ergo, ser autor, no existe la exigencia de una capacidad específica para el acto de creación. Un menor, un demente, o cualquier otro incapaz goza de la tutela del ordenamiento jurídico respecto de su obra, en cuanto objetivamente, presente ciertas características, al margen de la capacidad que presente su autor.

Distinta de la capacidad para la creación es la incapacidad para hacer valer el derecho y transferirlo a otros. Por tanto no podremos establecer ninguna distinción de edad o relativa condición física en lo que atañe a la capacidad creadora del autor, existiendo capacidad para crear obras intelectuales en cualquier edad o estado de la persona; ahora bien, cuando se trata de la capacidad de obrar hemos de aplicar las reglas generales.

Ahora bien, autoría y titularidad son conceptos distinguibles. El autor es el sujeto del derecho; es quien crea la obra y, como la creación intelectual sólo puede ser realizada por personas físicas, la consecuencia natural es que la condición de autor y la titularidad originaria corresponden a la persona física que crea la obra. Las demás personas, sean físicas o jurídicas, pueden ser titulares derivados de algunos derechos de autor.

De acuerdo al artículo 1º de nuestra ley la obra debe

ser susceptible de ser reproducida, no

siendo necesario que la obra se encuentre plasmada en un soporte material. De allí que son objeto de protección las obras que se comunican en forma oral. Tampoco se pondera para la concesión de la protección del derecho de autor la extensión, el merito o el destino. Así ha dicho nuestra jurisprudencia que para la protección de la obra no cuenta el valor cultural o artístico que pueda tener ni el mérito que le adjudique cada uno según sus propios gustos.

Así ha dicho nuestra jurisprudencia que si bien según los artículos 1 y 2 de la ley 11723 gozan del amparo que ella brinda las obras científicas, literarias, artísticas o didácticas, y aún cuando el citado artículo 1º contiene una enumeración que debe entenderse no taxativa de las producciones que caen en su orbita, la ley no emplea la denominación genérica “obras 9

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intelectuales” sino la de “obras científicas, literarias y artísticas”; vale decir que cualquiera de las no enunciadas ha de considerarse comprendida. Las obras protegidas por la ley son las que conforman manifestaciones del arte o de la ciencia, es decir, tienden a expresar la belleza o a descubrir la verdad.

Concluyendo que la denominación más adecuada es sencillamente “derechos intelectuales”.

Es amplia y restringida al mismo tiempo. Comprende a todos los derechos que emergen de la actividad espiritual, así como ampara a los titulares de los mismos. El reconocimiento del derecho de autor en su contenido más amplio, aspectos moral y patrimonial, tiene fecha reciente en los ordenamientos jurídicos modernos y está íntimamente ligado al desarrollo de los medios de comunicación social y de las relaciones entre autor, editor y público”.

A diferencia del derecho real, el intelectual no se ejerce sobre una cosa, sino sobre un bien inmaterial, representado por una obra del ingenio, aunque se asemejan en orden a la posibilidad que tiene el autor de hacer valer "erga omnes" su derecho frente a sujetos pasivos indeterminados.

A nuestro modo de ver el derecho de autor es inescindible y ha de ser contemplado en su unicidad, teniendo un contenido plural de facultades propias y proyecciones que pueden agruparse en dos grupos: uno de contenido patrimonial derivados de la explotación económica de la obra y otros de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la paternidad de las mismas, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, han logrado alcanzar.

Artículos 1 al 12 Artículo 1°. — A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.

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El artículo 1° trata respecto a que tipo de creaciones intelectuales del hombre alcanza la protección de esta Ley, siendo su enumeración solo enunciativa y dejando en el último párrafo la puerta abierta a cualquier creación, sin importar su valor cultural o científico, e incluso, su valor moral.

Art. 2°. — El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.

Art. 3°. — Al editor de una obra anónima o seudónima corresponderán con relación a ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos para sí justificando su personalidad. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.

Los artículos 2° y 3°, refieren a que derecho corresponde al autor y/o al editor en el supuesto de obras anónimas o seudónimas cuyo autor no lo haya registrado, y claro que es un derecho de disposición completo, aunque un amplio sector de la doctrina entiende que no tiene el derecho de destruir la creación, pues debe primar el interés público de acceder a ese conocimiento.

Art. 4°. — Son titulares del derecho de propiedad intelectual: a) El autor de la obra; b) Sus herederos o derechohabientes; c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.

Art. 5°. — La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor.

En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las 11

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obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor.

En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros.

Art. 5º bis. — La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación.

Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley, volverán automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubieran realizado durante el lapso en que estuvieron en el dominio público.

Art. 6°. — Los herederos o derechohabientes no podrán oponerse a que terceros reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de diez años sin disponer su publicación.

Tampoco podrán oponerse los herederos o derechohabientes a que terceros traduzcan las obras del causante después de diez años de su fallecimiento.

En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos o derechohabientes no hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión o la retribución pecuniaria, ambas serán fijadas por árbitros.

Desde el artículo 4° hasta el artículo 6° (incluyendo un artículo 5 bis), la ley 11723 de ocupa de quienes pueden ser titulares del derecho intelectual, sus herederos y los plazos de protección y el modo de computarlos.

Art. 7°. — Se consideran obras póstumas, además de las no publicadas en vida del autor, las que lo hubieran sido durante ésta, si el mismo autor a su fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de una manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas.

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Art. 8°. — La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas, durará cincuenta años contados desde su publicación.

Art. 9°. — Nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de sus derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas.

Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo.

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización.

Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.

Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes.

Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas.

Art. 11. — Cuando las partes o los tomos de una misma obra hayan sido publicados por separado en años distintos, los plazos establecidos por la presente Ley corren para cada tomo o cada parte, desde el año de la publicación. Tratándose de obras publicadas parcial o periódicamente por entregas o folletines, los plazos establecidos en la presente Ley corren a partir de la fecha de la última entrega de la obra.

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Art. 12. — La propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente Ley. En nuestro ordenamiento jurídico existe una intima relación entre el derecho de autor y el derecho privado, específicamente con el derecho civil. Sin embargo, recientes estudios admiten la posibilidad de reconocerle, en ciertos casos, carácter mercantil. Por otra parte debe tenerse presente que el artículo 12 de la ley 11.723 expresa: “La propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente ley”. Así, el orden de prelación será el siguiente: a) El artículo 17 de la Constitución Nacional. b) Las normas expresas de la ley 11723 y de las convenciones internacionales sobre la materia de la que el país sea parte. c) Los principios generales del derecho de autor y el espíritu de las leyes autorales y convenciones internacionales. d) Las disposiciones expresas de las leyes reglamentarias y complementarias en materia autoral. e) Las normas análogas sobre propiedad intelectual. f) Las normas del derecho común, civil o comercial, según corresponda a la materia.

Artículos 13 al 26 De las Obras Extranjeras Con relación a las obras extranjeras, la ley 11723 establece que todas las disposiciones de la ley, salvo las del art.57, obligación de registro, son aplicables a las obras publicadas en otros países y que para asegurar la protección de la ley argentina, el autor de una obra extranjera sólo necesita acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes del país donde se la haya publicado.

Nuestros tribunales se han pronunciado respecto de las formalidades a cumplir por la obra extranjera para su protección en nuestro país.

Así en los autos ”Editorial Noguer SA”, la Corte Suprema de justicia resolvió, el 16/05/62 (LL 107-381) , que tratándose de una obra comprendida dentro de los términos de la Convención Universal sobre Derechos de Autor , publicada por primera vez fuera del territorio de la Argentina y cuyo autor no era nacional de este país , para que el titular de los derechos de autor reciba la protección acordada en nuestras leyes , basta que haya hecho reserva de los derechos 14

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colocando el símbolo © , acompañado de su nombre y de la indicación del año de la primera edición, de la manera en que la Convención especifica.

Si quien invoca tales derechos ha cumplido esta exigencia se presume, sin perjuicio de la prueba en contrario, que le corresponde la propiedad intelectual lo que la habilita para reclamar protección

judicial ante los tribunales argentinos, aún

cuando

no haya satisfecho las

formalidades de la ley 11.723.

De la Colaboración Las obras en colaboración son aquellas creadas por dos o más personas que trabajan juntas o que al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones. Además, esta categoría admite otra clasificación, la de las obras en las que es imposible determinar el aporte de cada coautor, y aquellas en las que hubo acuerdo sobre la proporción de aporte de cada uno a la obra total (lo cual se puede lograr por medio de un contrato). En las obras en colaboración, los derechos corresponden a todos los coautores en igual proporción, a menos que se contrate algo distinto.

Ejemplo: si varias personas se ponen de acuerdo para realizar una obra destinada a la EaD (educación a distancia) desde una Unidad Académica de la UNC, aportando uno el texto, otro el diseño multimedia, otro música, etc., los derechos de autor se ejercerán en partes iguales, a menos que en un convenio se haya pactado otra modalidad.

Las obras colectivas, son aquellas en que una persona (física o jurídica) ejerce la iniciativa y la coordinación y edita y distribuye la obra bajo su nombre, en base a aportes realizados por otras personas. Los colaboradores de una obra colectiva disfrutan de iguales derechos salvo que hubieran realizado convenios especiales; mientras que los colaboradores anónimos de una compilación colectiva, no conservan derecho patrimonial sobre su contribución y son representados por el editor en cuanto a sus derechos morales. Ejemplo: si la Universidad encomienda a distintos profesores la elaboración de textos para una obra colectiva, en la que únicamente aparecerá la autoría de la Universidad o de un director de la obra, estos aportantes anónimos percibirán únicamente la retribución que pudiera haberse pactado (o ninguna) y no podrán reclamar eventuales derechos económicos que genere la obra.

El autor de un libreto o composición cualquiera puesta en música, será dueño exclusivo de vender o imprimir su obra literaria separadamente de la música, autorizando o prohibiendo la ejecución o representación pública de su libreto y el compositor podrá hacerlo igualmente con su obra musical, con independencia del autor del libreto.

En el caso de que dos o varios autores hayan colaborado en una obra dramática o lírica, bastará para su representación pública la autorización concedida por uno de ellos, sin perjuicio de las acciones personales a que hubiere lugar.

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Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película.

Cuando se trate de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor, éste tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película.

Salvo convenios especiales: El productor de la película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración.

El autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie.

El compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música.

El titular de un derecho de traducción tiene sobre ella el derecho de propiedad en las condiciones convenidas con el autor, siempre que los contratos de traducción se inscriban en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual dentro del año de la publicación de la obra traducida.

La falta de inscripción del contrato de traducción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor o sus derechohabientes hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que correspondan, sin perjuicio de la validez de las traducciones hechas durante el tiempo en que el contrato no estuvo inscripto.

El traductor de una obra que no pertenece al dominio privado sólo tiene propiedad sobre su versión y no podrá oponerse a que otros la traduzcan de nuevo.

-El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con la autorización del autor, tiene sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia, el derecho de coautor, salvo convenio en contrario.

-El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra que no pertenece al dominio privado, será dueño exclusivo de su adaptación, transporte, modificación o parodia, y no podrá oponerse a que otros adapten, transporten, modifiquen o parodien la misma obra.

Artículo 27 al 36 Las disposiciones especiales del regimen de propiedad intelectual Art. 27. — Los discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre temas intelectuales, no podrán ser publicados si el autor no lo hubiere expresamente autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro, sin la autorización del autor.

Exceptúase la información periodística.

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Art. 28. — Serán considerados como de propiedad del diario, revista, u otras publicaciones periódicas, o de una agencia de informaciones con carácter exclusivo, los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por cualquiera de éstos medios y por haber sido adquiridos u obtenidos por éstos o por una agencia de informaciones.

Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas, es decir, son de dominio público; pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas.

Art. 29. — Los autores de colaboraciones firmadas en diarios, revistas y otras publicaciones periódicas son propietarios de su colaboración. Si las colaboraciones no estuvieren firmadas, sus autores sólo tienen derecho a publicarlas, en colección, salvo pacto en contrario con el propietario del diario, revista o periódico.

Art. 30. — Los propietarios de publicaciones periódicas deberán inscribirlas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

La inscripción del periódico protege a las obras intelectuales publicadas en él y sus autores podrán solicitar al registro una certificación que acredite aquella circunstancia.

Para inscribir una publicación periódica deberá presentarse al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual un ejemplar de la última edición acompañado del correspondiente formulario.

La inscripción deberá renovarse anualmente y para mantener su vigencia se declarará mensualmente ante el Registro, en los formularios que correspondan, la numeración y fecha de los ejemplares publicados.

Los propietarios de las publicaciones periódicas inscriptas deberán coleccionar uno de los ejemplares publicados, sellados con la leyenda: Ejemplar Ley 11.723, y serán responsables de la autenticidad de los mismos.

El incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan resultar para con terceros, será penado con multa de hasta $ 5.000 que aplicará el Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. El monto de la multa podrá apelarse ante el Ministro de Educación y Justicia.

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El registro podrá requerir en cualquier momento la presentación de ejemplares de esta colección e inspeccionar la editorial para comprobar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior.

Si la publicación dejase de aparecer definitivamente deberá comunicarse al Registro y remitirse la colección sellada a la Biblioteca Nacional, dentro de los seis meses subsiguientes al vencimiento de la última inscripción.

El incumplimiento de esta última obligación será penada con una multa de pesos 5.000.

Art. 31. — El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre.

La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios.

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.

Art. 32. — El derecho de publicar las cartas pertenece al autor. Después de la muerte del autor es necesario el consentimiento de las personas mencionadas en el artículo que antecede y en el orden ahí indicado.

(Cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre).

Art. 33. — Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publicación del retrato fotográfico o de las cartas, sean varias, y haya desacuerdo entre ellas, resolverá la autoridad judicial.

Art. 34. — Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de VEINTE (20) años a partir de la fecha de la primera publicación. Sin embargo, este plazo está extendido de hecho 25 años a partir del artículo 7 inciso 4 de la Convención de Berna 18

Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

Para las obras cinematográficas el derecho de propiedad es de cincuenta años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores (autor del argumento, al productor y al director de la película, y el compositor si era un musical).

Debe inscribirse sobre la obra fotográfica o cinematográfica la fecha, el lugar de publicación, el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito no dará lugar a la acción penal prevista para el caso de reproducción de dichas obras.

Las cesiones totales o parciales de derechos temporales o espaciales de explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles a terceros a partir del momento de su inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual.

Art. 34 bis: Lo dispuesto en el artículo 34 será de aplicación a las obras cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público sin que haya transcurrido el plazo establecido en el mismo y sin perjuicio de la utilización lícita realizada de las copias durante el período en que aquéllas estuvieron incorporadas al dominio público.

Art. 35. — El consentimiento a que se refiere el artículo 31 para la publicación del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte de la persona retratada.

Para la publicación de una carta, el consentimiento no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte del autor de la carta. Esto aún en el caso de que la carta sea objeto de protección como obra.

Art. 36. — Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar: a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras; b) La difusión pública por cualquier medio de la recitación, la representación y la ejecución de sus obras.

Excepción del pago de derechos de autor: 1.

La representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o

artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas, vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuación de los intérpretes sea gratuita.

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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

2.

La ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos,

audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos sea gratuita.

3.

La reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas

especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas.

Esta

excepción rige también para las obras que se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o protegidas por cualquier otro sistema que impida su lectura a personas no habilitadas. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán las claves de acceso a las obras protegidas No se aplicará la exención a la reproducción y distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles Se considera que: - Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopía, dislexia o todo otro impedimento físico o neurológico que afecte la visión, manipulación o comprensión de textos impresos en forma convencional.

- Encriptadas significa: cifradas, de modo que no puedan ser leídas por personas que carezcan de una clave de acceso. El uso de esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin de la presente exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, o ir en detrimento de la explotación normal de las obras.

- Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con otras discapacidades perceptivas.

- Obras científicas significa: tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.

- Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal o nacional.

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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

- Personas no habilitadas significa: que no son ciegas ni tienen otras discapacidades perceptivas.

- Sistemas especiales significa: Braille, textos digitales y grabaciones de audio, siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el párrafo anterior.

- Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo, cassettes, discos compactos (CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB. Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de la entidad autorizada, la fecha de la publicación original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión.

Artículos 37 a 50 De la Edición y de la Representación Contrato de Edición La ley 11.723 lo define diciendo: “habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor y éste a reproducirla, difundirla y venderla. Este contrato se aplica cualquiera sea la forma o sistema de reproducción o publicación”.

La ley señala que el objeto del contrato es el derecho de propiedad, de modo que excluye los casos en que se trata de una obra que no reúne los requisitos necesarios para ser protegida. No obstante debemos señalar que las partes pueden contratar sobre una obra y que si no hubiera protección a través de la ley 11.723 sería un vínculo atípico, pero con derechos contractuales válidos, aunque careciera de derechos reales. La obra objeto de este contrato, debe cumplir con los requisitos generales del objeto de todo contrato y por lo tanto ser licita, posible, determinada o determinable.

La ley incluye dentro de este contrato tres procesos distintos: edición, difusión y venta. El primero de ellos se refiere a la denominada impresión, proceso mediante el cual la obra intelectual del autor es inserta en soporte material de papel, aunque actualmente deben incluirse también los procesos de datos en soportes informáticos. Este aspecto significa que el autor, titular del derecho, transmite al editor la facultad de explotación del mismo para su impresión y conservando las facultades extramatrimoniales. La ley también menciona la difusión y venta, que 21

Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

son actos distintos y se refieren a la finalidad distributiva de la obra editada. Siendo actos diferentes nada impide que puedan ser contratados separadamente, la impresión con un sujeto y la distribución con otro.

La existencia de dos obligaciones nucleares reciprocas consistentes en la entrega de una obra a cargo del autor, contra el pago del precio, en su forma onerosa, la impresión y distribución a cargo del editor, confieren a este contrato un núcleo típico duro que obsta a su asimilación directa con otras figuras. Asimismo, cabe recordar la presencia del derecho de autor implicado en él, con su contenido inalterable, que atraviesa muchos aspectos de este vínculo, dándole caracteres propios.

Calificación y Delimitación El contrato de edición, si bien es tratado por numerosa doctrina como vínculo afín a la obra, no es una locación de obra intelectual, sino un contrato típico de edición. Las diferencias son las siguientes. a) el editor no se compromete a un resultado, porque no garantiza la venta; b) en la edición quien tiene la obligación de resultado es el autor, quien debe hacer la obra y entregarla, mientras que el editor, a diferencia del locatario de obra, no sólo tiene que pagar el precio, sino también reproducir, difundir y vender la obra; c) el precio puede ser pactado en relación a las ventas, lo que le otorga una aleatoriedad impropia del contrato de obra. De modo que el contrato de edición, tal como lo prevé la ley, es de una estructura típica más compleja que el de obra intelectual, ya que ambas partes asumen obligaciones recíprocas determinadas consistentes en obras intelectuales.

No obstante las señaladas diferencias en la configuración típica, las semejanzas son muy estrechas en el plano de las obligaciones y de los efectos, lo que hace aplicables las normas del contrato de obra en lo no previsto por la ley 11.723, máxime que ésta se remite al derecho común en forma subsidiaria. Las semejanzas son muy cercanas, toda vez que se trata de obras intelectuales, aunque recíprocas.

Caracteres El contrato sobre derechos intelectuales tiene los siguientes caracteres: 1- es bilateral, porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes.

2- es oneroso, existiendo presunción al respecto. Admite también la gratuidad si el autor no cobra ningún precio y el editor actúa por interés no económico, sino de apoyo a las artes.

3- es consensual, porque queda concluido por el mero acuerdo de voluntades.

4- es comercial, porque el editor es un comerciante, siendo competente la justicia comercial para dirimir cuestiones litigiosas.

Objeto 22

Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

El contrato de edición tiene por objeto obras susceptibles de reproducción: libros artísticos, literarios o científicos, estampas, grabados, policromías, fotografías, grabaciones fonográficas, copias cinematográficas, software, base de datos, entre otros.

De acuerdo con los principios generales, el contrato debe tener un objeto lícito, no prohibido ni contrario a las buenas costumbres. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este caso es aplicable el principio jurídico de la libertad de prensa, que limita severamente la posibilidad de declarar nulo este contrato por un objeto contrario a las buenas costumbres.

También sería nulo un contrato que tuviera por objeto la edición de una obra que ha caído ya en el dominio público.

La existencia de un derecho de autor produce efectos importantes en este contrato, porque el autor “conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición. Puede traducir, transformar, refundir, etc. su obra y defenderla contra los defraudadores de su propiedad, aun contra el mismo editor”.

No se trata de un derecho personal surgido del contrato de edición, sino de un derecho de propiedad intelectual oponible erga omnes, lo que le permite defenderse contra las ediciones clandestinas de terceros o del propio editor, cuando se impriman ocultamente más ejemplares de los establecidos, sin rendir cuenta de ello.

Forma y Prueba La ley 11.723 dispone que en el contrato deberá constar el número de ediciones y el de ejemplares de cada una de ellas, la retribución pecuniaria del autor o de sus derechohabientes, considerándoselo oneroso, salvo prueba en contrario. Si las anteriores condiciones no constaran, se estará a los usos y costumbres del lugar.

La doctrina ha interpretado esta disposición en el sentido de que es una mera recomendación legal, cuyo incumplimiento no produce efecto alguno, de modo que si no se celebrara por escrito sería válido; si no se especificara el número de ediciones, deberá entenderse que se refiere a una sola; si no se establece el número de ejemplares, debe interpretarse que el editor está autorizado “a tirar” los que crea convenientes, y en todo lo demás aplicándose los usos y costumbres.

En cuanto a la prueba, rigen los principios generales de los artículos 1190 y siguientes del Código civil.

El Autor a) Obligación de hacer la obra y entregarla: El autor se obliga a hacer la obra y entregarla en el plazo convenido. A falta de plazo, el tribunal lo fijará equitativamente en juicio sumario y bajo apercibimiento de la indemnización correspondiente. El autor puede modificar aspectos de la obra, que el editor debe aceptar, porque es una manifestación del derecho autoral. Si estos cambios inciden en el precio, autorizan a 23

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modificarlo y si influyen en la obra de modo sustancial, de manera que cambien sus características relevantes, puede reformularse el contrato o bien peticionarse la resolución porque hay un incumplimiento del pago en el aspecto relativo a la identidad: no se entregó la obra acordada, b) Deber de colaboración: El autor debe obrar de buena fe y, específicamente, no debe entregar la misma obra a otro editor mientras no esté agotada la edición anterior, ni reproducir el mismo tema en obra análoga.

No se viola el deber de buena fe si la obra es representada, o si hace citas sobre ella, o da conferencias sobre el mismo tema, o la traduce o hace traducir y con ello contrata una edición distinta, porque ésta va dirigida a un público diferente y se presume que no habrá competencia con la primera. c) Garantía de autenticidad y disfrute de la obra: El autor garantiza la autoría de la obra, ya que cede los aspectos patrimoniales del derecho de autor.

El autor garantiza también la disponibilidad jurídica de la obra, como una garantía de evicción, propia del vendedor. Si el editor se viere afectado, porque otra persona con mejor derecho le impide la impresión y venta de la obra, puede obtener una indemnización por violación de esta garantía.

Esta garantía incluye la de defender el editor contra acusaciones de plagio o falsificación de terceros. d) Acciones frente al incumplimiento: Si el autor no cumple con la entrega de la obra en el plazo convenido queda constituido en mora, existiendo derecho del editor a exigir el cumplimento o resolución. En el primer caso, encontramos una dificultad constituida por el límite del cumplimiento compulsivo en las obligaciones de hacer. Por otra parte, la idea misma de “terminación” de la obra es algo completamente subjetivo si se trata de una creación artística, toda vez que sólo el autor puede decir cuándo esta obra está concluida.

La solución para estos límites es la fijación de un plazo estimativo para la entrega y una indemnización sustitutiva para el supuesto de incumplimiento.

El Editor a) Obligación de pagar el precio: El editor debe pagar el precio de obra pactado en el contrato, o el que corresponda según los usos y costumbres si las partes no se hubieran expedido al respecto, ya que se presume oneroso.

El precio puede ser una cantidad determinada o determinable a través de porcentaje sobre el precio de cada libro vendido o sobre las utilidades líquidas.

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b) Obligación de imprimir, distribuir y vender la obra: Como titular de explotación de la obra, el editor tiene el derecho de imprimir, distribuir y vender la obra; como sujeto del contrato de edición, está obligado a hacerlo.

La edición debe respetar las condiciones pactadas en cuanto a la presentación, encuadernación, calidad de papel, tipo de letra, formato. En ausencia de una disposición contractual expresa, siendo un derecho de explotación del editor, puede decidir al respecto, y se le reconoce un cierto margen de discrecionalidad, pero deberá ajustarse a las costumbres y al ejercicio regular de ese derecho.

La impresión debe hacerse en el plazo señalado, y a falta de él, en el que los tribunales fijen en juicio sumario.

El editor no puede excusar su responsabilidad aduciendo incumplimiento del impresor, ya que celebró con este último un subcontrato inoponible al autor, pero podrá demandar al impresor por el incumplimiento tempestivo.

El editor se obliga a distribuir, ya sea por un sistema propio o subcontratado, asumiendo los costos que ello implica, pues forman parte de su obligación. Por esta razón, estos costos son deducibles del precio y no pueden constituir un plus sobre el mismo, en el caso en que en el contrato de edición se hubiera pactado un precio de venta de la obra.

El editor está obligado a poner toda la diligencia que sea dable exigir de acuerdo a las costumbres y la buena fe para lograr una buena venta; pero no garantiza el resultado específico, salvo que se hubiere pactado expresamente una obligación en tal sentido. c) Deber de colaboración: El editor tiene un deber de colaboración, que constituye un comportamiento cooperativo encaminado a la obtención de la finalidad del contrato y a la preservación del derecho autoral, y que se revela en reglas específicas.

Impresa la obra, el editor debe devolver al autor los originales.

Está obligado a registrar la obra dentro del plazo de tres meses de publicada bajo apercibimiento de pagar una multa igual a diez veces el valor venal del ejemplar no depositado.

El depósito de la obra asegura el goce de los derechos del autor y del editor El editor debe permitir la inspección y control por parte del autor de la cantidad de libros editados, de la cantidad de ediciones, la cantidad de ejemplares en existencia. Este deber existe sobre todo cuando el precio se ha fijado en un porcentaje sobre libro vendido o sobre las utilidades líquidas.

El editor tiene el deber de permitir que el autor corrija las pruebas de imprenta, ya que la ley 11.723 pone a cargo del editor la corrección de las pruebas cuando el autor no pudiera o no quisiere hacerla, absteniéndose cuidadosamente de no alterar el texto original.

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Finalmente, le incumbe también un deber de información, porque debe suministrar al autor los datos que éste requiera sobre la evolución de la venta de la obra, y si se hubiere pactado un precio basado en porcentajes de utilidad, debe informar sobre los costos de producción y distribución. En todos los casos el autor tendrá una acción de rendición de cuentas.

Modificaciones Subjetivas. Cesión El editor puede ceder el contrato porque es una empresa comercial y como regla su contratación no involucra una obligación intuitu personae. No obstante hay muchos casos en los que la figura del editor ha sido tenida en cuenta, ya sea por su prestigio en el mercado editorial, por la calidad de su trabajo, por su potencia en materia de publicidad, distribución y venta. En esos casos, si se demuestra que la obligación era intuitu personae, o bien se pactó la incesibilidad, la cesión no será oponible al autor y, por ello, tanto el cedente como el cesionario quedarán obligados frente al cedido.

La figura del autor es relevante en este contrato porque, obviamente, hay un interés en que la obra sea realizada por quien fue contratado y no por otra persona. Por otra parte, influye en estas consideraciones la titularidad del derecho autoral, que es lo que realmente interesa a los fines de la cesibilidad, ya que si se cede la posición contractual, pero no la titularidad del derecho de autor, se conduce a la frustración del vínculo. Por ello y como regla general, se precisa el consentimiento del editor para ceder la obra por parte del autor. Cabe aclarar que en no pocos cosos, el obligado es una persona jurídica, y la circunstancia de que la obra sea realizada por un empleado u otro, no importa una cesión.

Extinción Las causas de extinción de este contrato son las siguientes: -

Venta de las ediciones convenidas;

-

Pérdida de la obra;

-

Resolución;

-

Vencimiento del plazo resolutorio;

-

Muerte o incapacidad de las partes;

-

Quiebra del editor;

-

Supresión de la obra; Contrato de Representación Concepto

La ley 11.723 dice que hay contrato de representación cuando el autor o sus derechohabientes entregan a un tercero o empresario y éste acepta una obra teatral para su representación pública.

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En la locación de obra se contempla la realización de la obra; en la edición, se trata de la explotación de la misma a través de la impresión, venta y distribución; en la representación, se contrata sobre un aspecto que, en cierto modo, participa de ambos actos. En efecto, representar una obra es tanto “hacerla” como “divulgarla”, ya que, especialmente en el plano artístico se entiende que la ejecución de una partitura musical o la representación de una obra de teatro son “obras” en sí mismas, y en cada acto de ejecución se recepcione el original de un modo distinto y se lo recrea. La ley no hace referencia a este lenguaje artístico, sino al normativo, diferenciando al titular del derecho moral de autor y a quien representa, ejecuta, actúa la obra, sin ser el que la pensó, diseñó o la escribió. Para la ley, el autor crea una obra “reproducible” y se ocupa de los contratos que se vinculan con la explotación del derecho moral de autor la edición y la representación son tomados como actos de reproducción de una obra que, para el Derecho, se mantiene incólume, La ley se refiere a la representación teatral y a la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisión o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra literaria o artística.

La estructura típica de este contrato requiere: -

La existencia de un derecho de autor sobre una obra reproducible.

-

La transmisión del derecho de explotación parcial de esa obra.

-

Una obligación a cargo del empresario de reproducir la obra mediante la representación

teatral, radial, cinematográfica, televisiva o por cualquier otro procedimiento similar.

-

El pago de un precio, aunque excepcionalmente puede darse en forma gratuita.

Normas Aplicables

Este contrato se rige por las normas especiales de la ley 11.723 por las análogas que contiene el mismo texto en relación a la edición, por las que sean aplicables en subsidio derivadas de la locación de obra intelectual del Código Civil, y por las reglas generales de los contratos y obligaciones.

Por esta razón, todo lo atinente a la formación del contrato se rige por las normas generales.

Efectos a) El autor El autor mantiene todas las facultades que devienen del derecho autoral, y a las que hice referencia anteriormente. Con base en el contrato el autor puede exigir su cumplimiento, es decir: hacer representar la obra, que se respete la versión original y su integridad, hacerle reformas con los límites del contrato de edición.

Las obligaciones no difieren de las examinadas en el contrato de edición. Debe entregar la obra y garantizar el disfrute de la misma por parte del empresario, específicamente, en lo atinente 27

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a la autoría y la disponibilidad. Tiene un deber de colaboración que se concreta en abstenciones: no hacer representar la obra por otro en competencia, o reproducirla por sí mismo. b) El empresario La obligación del empresario es representar la obra respetando el derecho autoral y, específicamente, la originalidad de la obra.

Las partes pueden fijar un plazo dentro del cual la obra se representará, o bien un día determinado. Si no hubiere fecha de estreno convenida, deberá representarse dentro del plazo de 1 año a partir de la entrega de los originales, bajo pena de indemnizar al autor con una suma equivalente a veinte representaciones.

La representación puede ser hecha una sola vez o varias, o durante una temporada o varias, aspectos que se fijan en el contrato. Si no mediare estipulación, debe entenderse que el empresario está obligado a mantener la obra en cartel en tanto lo justifique económicamente la afluencia de público.

El empresario tiene un deber de colaboración que consiste en un comportamiento cooperativo para el buen fin del contrato. Específicamente debe facilitar al autor la intervención de ensayos, asistir a la representación, y en general, verificar la relación que tiene la obra con la representación, todo lo cual puede generar algunos conflictos de competencias que deben resolverse adjudicando a cada uno un espacio decisorio diferente: el ámbito de decisión del empresario es el referente a la representación y el del autor es todo lo relacionado con el respeto de la obra original.

El empresario debe pagar el precio convenido al autor o a sus derechohabientes. Si no se hubiera pactado un monto, se estará a lo que surja de la costumbre; si la retribución consiste en un porcentaje de los ingresos, el autor puede exigir rendición de cuentas.

El empresario es responsable por la destrucción parcial o total de la obra ocurrida por su culpa o dolo, como también de que se reproduzca o represente sin autorización del autor. La regla es la misma que en el contrato de edición, eximiéndose el empresario si demuestra la causa ajena, es decir, el caso fortuito.

La entrega de la obra inédita que se hace representar por primera vez requiere de un acto formal a cargo del empresario: debe expedir un recibo al autor o sus derechohabientes y les manifestará dentro de los 30 días de su presentación si es o no aceptada. Éste es un modo de protección del derecho autoral, porque si la obra es inédita, la entrega sin recibo puede generar riesgos ulteriores si se niega la autoría original. Si el empresario no da recibo, el autor puede demostrar la entrega de los originales por cualquier otro medio. Además de la finalidad protectoria y probatoria, el recibo tiene por efecto producir el comienzo del plazo de treinta días para que el empresario manifieste si acepta la obra. Si vence el plazo sin que exista 28

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manifestación expresa la obra debe darse por aceptada, ya que el silencio tiene, en este caso, los efectos presuntivos derivados de la regla general del art. 919 del Código Civil. Durante el plazo y antes de la aceptación, el autor puede retractarse, toda vez que resultan aplicables las reglas de la oferta no aceptada, que es retractable salvo que exista una “declaración unilateral como fuente de obligaciones”, que no se da en este supuesto. Perfeccionado el contrato por la aceptación expresa, se definirán los demás elementos específicos como la retribución, el tipo de representación, el plazo, lugar, artistas, publicidad. Si el perfeccionamiento es por vía del silencio del empresario, el contrato deberá ser integrado judicialmente recurriendo a las costumbres del lugar y la profesión.

Extinción Se aplican las reglas generales sobre la edición Artículos 51 al 56 Venta de la Obra Intelectual El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.

Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor.

La enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe inscribirse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, sin cuyo requisito no tendrá validez.

La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o sus derechohabientes.

La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras.

Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.

La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.

Interpretación de la Obra Intelectual El intérprete de una obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada 29

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o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por la autoridad judicial competente.

El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición corresponde al director del coro o de la orquesta.

Sin perjuicio del derecho de propiedad perteneciente al autor, una obra ejecutada o representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía o la televisión, con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo.

Artículos 57 al 68 Del registro de obras Para adquirirse el derecho sobre las obras con las consecuentes facultades, la mismas deben ser inscriptas en el registro de la propiedad intelectual.

En el Registro Nacional de la Propiedad deberá depositar el editor da las obras, tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.

Si la edición fuera de lujo o no excediera de 100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.

Para las pinturas, arquitecturas, esculturas, etc, consistirá en el depósito de un croquis o fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas. Para las películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogo, fotografías u escenarios de sus principales escenas.

El que se presente a inscribir una obra con los ejemplares copias respectivas, será munido de un recibo provisorio, con los datos fechas y circunstancias que sirvan para identificar la obra haciendo constar su inscripción.

El Registro Nacional de Propiedad intelectual hará publicaciones por 10 días en el Boletín Oficial, indicando las obras entradas, título, autor, especie, y demás datos especiales que las individualicen. Pasando un mes de la última publicación y no habiendo reclamo alguno, el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual otorgará el título de propiedad definitivo con un número de orden.

El depósito de toda obra publicada es obligatorio para el editor. Si éste no lo hiciere será reprimido con una multa será reprimido con una multa diez veces el valor venal del ejemplar no depositado.

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El depósito de las obras, hecho por el editor, garantiza totalmente los derechos de autor sobre su obra y los del editor sobre su edición. Tratándose de obras no publicadas, el autor o sus derechohabientes pueden depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del depositante.

La falta de inscripción trae como consecuencia la supresión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta.

No se admitirá el registro de una obra sin la mención de su “pie de imprenta”. Se entiende por tal la fecha, lugar, edición y mención del editor.

Todas la reparticiones oficiales y las instituciones , asociaciones o personas que por cualquier concepto reciban subsidios del tesoro de la Nación, están obligados a entregar a la Biblioteca del Congreso Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art 57, el ejemplar correspondiente de las publicaciones que efectúen, en la forma y dentro de os plazos determinados en dicho articulo.

Las reparticiones públicas están autorizadas a rechazar toda obra fraudulenta que se presente a su venta.

Del Registro Nacional de Propiedad Intelectual El registro llevará los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constarán su descripción, título, nombre del autor, fecha de la presentación, y demás circunstancias que a ella se refieran , como ser los contratos de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma.

El registro inscribirá todo contrato de edición, traducción, compraventa, cesión partición, y cualquier otro vinculado con el derecho de propiedad intelectual, siempre que se hayan publicado las obras a que se refieren y no sea contrario a las disposiciones de esta ley.

El registro estará bajo la dirección de un abogado que deberá reunir las condiciones requeridas por el art. 70 de la ley de organización de tribunales y bajo la superintendencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

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Artículos 69 a 79 Proteccion Legal •

El registro nacional de la propiedad intelectual: su organización:

La ley organiza el registro nacional de propiedad intelectual bajo la dirección de un abogado que deberá reunir las condiciones requeridas por el artículo 70 de la ley de organización de los tribunales, es decir, deberá ser ciudadano argentino, tener 30 años de edad, haber ejercido en el país la profesión de abogado durante cuatro años o desempeñando por igual termino una magistratura o empleo judicial (articulo 70 ley 1893).

El registro llevara los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constaran su descripción, titulo, nombre del autor y fecha de la presentación y demás circunstancias que a ellas se refieran, como ser los contratos de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma.

•

Efectos del registro:

La inscripción en el registro de la propiedad trae aparejados importantes efectos: a) Ante todo, es necesario recordar que en el sistema de la ley 11.723, la inscripción era un requisito indispensable para la protección de los derechos de autor. b) La inscripción importa una presunción juris tantun de originalidad. Es decir, quien demanda el amparo judicial solo debe probar la inscripción; quien sostiene que no hay obra intelectual por carecer de originalidad, debe probarlo. c) La enajenación o cesión de una obra intelectual carecerá de validez respecto de terceros si no se inscribe en el registro. d) Si se discutiere la paternidad de una obra o mejor dicho, la prioridad en la creación, deberá prevalecer el derecho de quien primero la inscribió en el registro, salvo prueba indubitable en contrario.

•

Acciones civiles:

Los autores lesionados en sus derechos tienen naturalmente todas las acciones civiles enderezadas a protegerlos. Para una mayor efectividad de los derechos, la ley a dispuesto que el procedimiento será el que dispongan los códigos de forma para las excepciones dilatorias (articulo 81), es decir, en la terminología del código procesal, el de las excepciones previas. La prueba debe ofrecerse junto con el nuevo escrito de demanda y de contestación de demanda y producirse en una audiencia especial designada dentro de los diez días.

•

Protección penal:

La ley no se ha conformado con reglamentar la acción civil; ha establecido también penas para los que infrinjan el derecho de autor.

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Primer Cuatrimestre 2013 – Derecho Comercial Segundo Curso

El artículo 71 establece que será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal Argentino “el que de cualquier manera y de cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley”.

Sin perjuicio de la disposición general precedente, se consideraran casos especiales de defraudación y sufrirán la misma pena del artículo 172 del código penal: a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho habientes; b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto; c) El que edite, venta o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el titulo de la misma o alterando dolosamente su texto; d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.

Sera reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de 100. 000 pesos destinados al fondo de protección de las artes: a) El que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechos habientes; b) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechos habientes.

Será reprimido con prisión de un mes a un año o con multa de 100. 000 pesos destinados al fondo de protección de las artes: a) El que atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derecho habiente o la representación o ejecución pública licita.

El proceso penal puede ser promovido de oficio, por denuncia o por querella.

Finalmente, la ley establece la completa independencia del juicio civil y el criminal, disponiendo que sus resoluciones no se afectan ni influyen recíprocamente.

Artículos 80 a 83 Procedimiento Civil Artículo 80 En todo juicio motivado por esta ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, y a como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tengan relación con la propiedad intelectual, regirá el procedimiento que se determina en los artículos siguientes.

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Desde el artículo 80 al 83 se determina el procedimiento a seguir en casos referentes a la Propiedad Intelectual.

Artículo 81 El procedimiento y términos serán, fuera de las medidas preventivas, el que se establece para las excepciones dilatorias en los respectivos códigos de procedimientos en lo civil y comercial, con las siguientes modificaciones: a) Siempre habrá lugar a prueba a pedido de las partes o de oficio, pudiendo ampliarse su término a treinta días si el juzgado lo creyere conveniente, quedando firme a esta resolución; b) Durante la prueba y a pedido de los interesados se podrá decretar una audiencia publica, en la sala del tribunal donde las partes, sus letrados y peritos, expondrán sus alegatos u opiniones. Esta audiencia podrá continuar otros días sí uno sólo fuera insuficiente; c) En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando la importancia de asunto y la naturaleza técnica de las cuestiones lo requiera, se podrá designar un jurado de idóneos en la especialidad de que se tratare, debiendo estar presidido para las cuestiones científicas por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas o la persona que éste designare, bajo su responsabilidad para reemplazarlo; para las cuestiones literarias, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras; para las artísticas, el Director del Museo Nacional de sellas Artes y para las musicales, el Director del Conservatorio Nacional de Música. Complementarán el jurado dos personas designadas de oficio.

El jurado se reunirá y deliberará en último término en la audiencia que establece el inciso anterior Si no se hubiere ella designado, en una especial y pública en la forma establecida en dicho inciso Su resolución se imitará a declarar si existe o no la lesión a la propiedad intelectual ya sea legal o convencional.

Esta resolución valdrá como los informes de los peritos nombrados por partes contrarias cuando se expiden de común acuerdo.

El Artículo 81 establece que, cuando nos referimos a procesos sobre Propiedad Intelectual, sea necesario recurrir al Código Procesal, Civil y Comercial en cuanto a lo que respecta a los plazos y a los pasos a seguir.

Al ser la “Propiedad Privada” un derecho que garantiza la protección del Patrimonio de las personas, y ser el Patrimonio un atributo de la personalidad, Entendemos que, corresponde 34

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aplicar principalmente esta rama normativa para defender, del abuso de terceros, las facultades de disposición y uso que de ella derivan desde la creación de una obra.

Al escuchar las posturas doctrinarias, vemos que todos los autores coinciden en encuadrarlos dentro de las normas civiles.

Toma fuerza entonces, la necesidad de encuadrar al tema en cuestión dentro del ámbito civil ya que, al ser el Derecho de Propiedad Intelectual un derecho real de propiedad para un sector doctrinario, un tipo especial de propiedad para otro, un derecho de la personalidad para otro, una conjunción de derechos patrimoniales y personales para otro, y conjunto de objetos inmateriales de valor económico para otro.

Quedan exceptuadas las medidas preventivas, como embargo, inhibición general de bienes, entre otras. Para nosotros, esto es así al ser suficientes las disposiciones del código civil.

Cuando las partes afirman algo en sus escritos deben tratar de convencer al magistrado de que lo afirmado es verdad, y para producir esa convicción en el juez pueden valerse de distintos medios o elementos probatorios (documentos: prueba documental: pericias: prueba pericial: testigos: prueba testimonial, etc).

Palacio define la prueba diciendo que es "la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia e inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas".

Las partes o el Juez de Oficio pueden aportar pruebas a fin de aportar elementos que permitan dilucidar la verdad formal que pretende el proceso.

Vemos que, por la importancia de la protección de estos derechos, se da la posibilidad al Juez de la causa que amplíe el término de prueba.

Debido al gran alcance social que puede tener una obra intelectual, las personas que exponen, reclaman o solicitan alguna situación referente al proceso que se esté tramitando, podrán solicitar se decrete una audiencia pública para que las partes sus representantes legales y, las personas con conocimiento técnico, tengan ocasión para aducir razones y pruebas o practicar diligencias, en el juicio o en el expediente.

En determinadas cuestiones, el conocimiento técnico que se requiere es muy alto, es entonces que la ley asigna la potestad de requerir determinadas habilidades en temas puntuales.

Al designar la Ley el término Jurado, ha generado un problema doctrinario ya que por ejemplo Según Ossorio el Jurado es un “Tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no ser letrados y llamado por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose únicamente a la apreciación de los

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hechos (mediante un veredicto), sin entrar a considerar aspectos jurídicos, reservados al juez o jueces que, juntamente con los jurados, integran el tribunal.”.

Cuando esta norma se refiere a “Jurado”, estamos hablando de un cuerpo colegiado técnico y especializado dotado de conocimientos académicos, y con condiciones aptas para opinar y profundizar cuestiones sobre derecho intelectual.

Dependiendo de la Materia del Derecho, se designará a una persona determinada: •

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones científicas,

será necesario que el Jurado sea presidido por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas o la persona que éste designare, debiendo obrar ésta con la diligencia atinente a un proceso, y quedará el Decano obligado a reemplazarlo ante su incumplimiento.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones literarias, el

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, con las mismas disposiciones que el caso de las cuestiones científicas.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones artísticas, el

Director del Museo Nacional de sellas Artes, con las mismas disposiciones que el caso de las cuestiones científicas.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones musicales, el

Director del Conservatorio Nacional de Música, con las mismas disposiciones que el caso de las cuestiones científicas.

Como la Ley no define la jurisdicción de la Universidad de donde debe provenir el Decano de la Facultad, así como tampoco define si la Universidad debe ser Pública o Privada, entendemos que, quedará a criterio del Juez designar la Universidad de la cual provendrá el Decano.

Se establece que “complementarán el jurado dos personas designadas de oficio”. Se entiende que, para buen proveer, estas personas requieren tener relación con el tema que se este tratando y conocimientos al respecto.

Como el tamaño máximo del Jurado no está determinado en la ley creemos que puede ser conformada por la cantidad de personas que Juez o las partes crean conveniente.

El momento de reunión y deliberación de la audiencia será el mismo del de la audiencia de prueba salvo que se haya designado una audiencia especial.

Este Jurado, cuya resolución tendrá la misma validez de los peritos de partes contrarias con dictamen de mutuo acuerdo, se encontrará habilitado para emitir opinión sobre la viabilidad de la lesión al derecho intelectual perpetrado.

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ARTICULO 82.- - El cargo de jurado será gratuito y se le aplicarán las disposiciones procesales referentes a los testigos.

Si bien el artículo 82 establece que el cargo de los jurados será gratuito, entendemos que esto se refiere a los honorarios que puedan percibir estas personas en razón de sus servicios.

Sin embargo, creemos indispensable que se cubran los costos que deriven de las averiguaciones atinentes al normal desenvolvimiento del proceso.

A estos individuos se les impone la carga de comparecer, el deber de delcarar y el deber de decir la verdad.

ARTICULO 83.- - Después de vencidos los términos del artículo 5, podrá denunciarse al Registro Nacional de Propiedad Intelectual la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, las transposiciones, la infidelidad de una traducción, los errores de concepto y las deficiencias en el conocimiento del idioma del original o de la versión. Estas denuncias podrá formularlas cualquier habitante de la Nación, o procederse de oficio, y para el conocimiento de ellas la dirección del Registro Nacional constituirá un jurado que integrarán: a) Para las obras literarias, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras; dos representantes de la sociedad gremial de escritores, designados por la misma, y las personas que nombren el denunciante y el editor o traductor, una por cada uno; b) Para las obras científicas el decano de la Facultad de Ciencias que corresponda por su especialidad, dos representantes de la sociedad científica de la respectiva especialidad, designados por la misma, y las personas que nombren el denunciante y el editor o productor, una por cada parte.

En ambos casos, cuando se haya objetado la traducción, el respectivo jurado se integrará también con dos traductores públicos nacionales, nombrados uno por cada parte, y otro designado por la mayoría del jurado; c) Para las obras artísticas, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, dos personas idóneas designadas por la Dirección del Registro de Propiedad

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Intelectual y las personas que nombre el denunciante y el denunciado, una por cada parte; d) Para las musicales, el director del Conservatorio Nacional de Música; dos representantes de la sociedad gremial de compositores de música, popular o de cámara en su caso, y las personas que designen el denunciante y el denunciado, una por cada parte.

Cuando las partes no designen sus representantes, dentro del término que les fije la dirección del Registro, serán designados por ésta.

El jurado resolverá declarando si existe o no la falta denunciada y en caso afirmativo, podrá ordenar la corrección de la obra e impedir su exposición o la circulación de ediciones no corregidas, que serán inutilizadas. Los que infrinjan esta prohibición pagarán una multa de 100 a 1.000 pesos moneda nacional, que fijará el jurado y se hará efectiva en la forma establecida por los respectivos códigos de procedimientos en lo Civil y en lo Comercial [7], para la ejecución de las sentencias. El importe de las multas ingresarán al fondo de fomento creado por esta Ley. Tendrá personería para ejecutarlas la dirección del Registro.

El plazo del artículo 83 comienza a correr después del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del auto El Registro Nacional de Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para recibir las denuncias sobre afectaciones a derechos intelectuales.

Esta ley establece una protección hacia las obras literarias, científicas o artísticas.

Por obra debe entenderse a toda producción del intelecto humano que, por su esencia, hace un aporte vital al conocimiento y cultura social.

Las variaciones previstas en la ley, son entendidas como atentados directos contra los derechos intelectuales protegidos. Estas variaciones son dañinas al alterar el sentido original que hubiese tenido la obra si se hubiese mantenido tal cual fue ideada e institucionalizada.

La mutilación implica cortar, cercenar o quitar una parte de la obra. El problema que hemos notado se presenta si la mutilación fuese total y no se respetare en nada la obra original. Esto es 38

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un problema porque debemos dilucidar si se trata de una obra nueva o de una contradicción de la obra original. Si se refiere a la obra original pero no la respeta en nada, estamos en presencia de una falta al derecho intelectual del autor de la obra original, si por el contrario, no se refiere a la obra original y presenta una contradicción total, estaríamos en presencia de un a obra nueva.

Los agregados implican unir o juntar conceptos o elementos a los originales de la obra.

Pueden implicar añadir algo a lo ya dicho, expresado, o escrito. No se considerarán añadiduras las explicaciones que se hicieren de las obras, siempre y cuando respeten su esencia.

Las transposiciones implican alterar el normal orden de los elementos de la obra.

La infidelidad de una traducción implica una conjunción de errores gramaticales fonéticos o terminológicos que por su falsedad o errores, no permiten entender la obra en su estado original.

Los errores de concepto implican construcciones que, por su estructura, no sean acordes a lo expresado en la obra original.

Las deficiencias en el conocimiento del idioma del original o de la versión implican un conocimiento acotado de esto que no permite una clara comprensión de lo expresado, por no usar los términos técnicamente correctos.

La ley habilita que las denuncias puedan ser realizadas de oficio o a pedido de cualquier habitante de la Nación.

Al igual que en el artículo 81 (al cual remitimos para el análisis) la dirección del Registro Nacional constituirá un jurado para evaluar los derechos vulnerados que estará integrado de la siguiente forma: •

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones literarias, el

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, dos representantes de la sociedad gremial de escritores, designados por la misma, y las personas que nombren el denunciante y el editor o traductor, una por cada uno.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones científicas,

será necesario que el Jurado sea presidido por el Facultad de Ciencias que corresponda por su especialidad, dos representantes de la sociedad científica de la respectiva especialidad, designados por la misma, y las personas que nombren el denunciante y el editor o productor, una por cada parte.

Cuando la ley establece la necesidad de nombrar dos traductores públicos nacionales, nos estamos refiriendo a dos personas que se hayan matriculado de esa profesión y que tengan título habilitante para ejercerlo.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones artísticas, el

Director del Museo Nacional de sellas Artes, dos personas idóneas designadas por la

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Dirección del Registro de Propiedad Intelectual y las personas que nombre el denunciante y el denunciado, una por cada parte.

•

Si el derecho intelectual en cuestión versare sobre cuestiones musicales, el

Director del Conservatorio Nacional de Música, dos representantes de la sociedad gremial de compositores de música, popular o de cámara en su caso, y las personas que designen el denunciante y el denunciado, una por cada parte.

Si las partes no designan sus representantes, se da la potestad a la Dirección del Registro a realizarlo.

Al igual que en el artículo 81 (al cual remitimos), se da la potestad al Jurado de ordenar si existe o no la falta al derecho intelectual vulnerado.

La ley otorga a este órgano administrativo la potestad de subsanar obra y evitar su circulación o muestra o la circulación de ediciones que presenten errores conforme a la ley. Estas obras serán sacadas de circulación o exposición e inhabilitadas.

La ley establece una multa estipulada en Peso Moneda Nacional. Consideramos la necesidad de reformar este punto de la norma al estar, esta moneda en desuso y resultar, su conversión irrisoria para un sistema de sanciones actual.

Los importes que se establecen son de m$n100 a m$n1000. Si hiciéramos la conversión actual de la moneda, podríamos ver que las multas irían de $0,00000000001 (equivale a m$n100) a $0,0000000001 (equivale a m$n1000).

La ley ha determinado que el destino de las multas debe ser para el fondo de fomento y que la dirección del Registro tendrá personería para ejecutar las multas.

De esta manera, y con los montos establecidos actuales, para que de las multas ingrese $1 al fondo de fomento creado por la ley, deberán dictarse 10.000.000.000 en su monto máximo establecido en moneda nacional.

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