1980 Discurso del Presidente Carazo Odio

LIC. RODRIGO CARAZO ODIO MENSAJE PRONUNCIADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 1º de mayo de 1980 SALUDO Señor Presidente de la Asamblea Legislativa; señores Diputados; señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; señor Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones; señores Magistrados; señores Ministros y Viceministros de Gobierno; señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático; Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de San José; señores Contralor y Subcontralor de la República: Nos congregamos en una hora especialmente significativa para el mundo, para el hombre, para el costarricense.

Ordena la Constitución Política al Presidente de la República, presentar en esta fecha un informe anual escrito conforme a su artículo 139.

Séame permitido, en primer término, formular votos para que los Poderes del Estado y las instituciones públicas, así como los partidos políticos, instrumentos fundamentales de la democracia, se replieguen sobre sí mismos y se pregunten sobre su origen, su destino y su papel en la historia actual de Costa Rica.

SITUACIÓN MUNDIAL En el mundo de hoy, cada amanecer nos ofrece radicales e inesperados cambios, que obligan a los gobiernos, a las empresas, a los ciudadanos, a modificar su rumbo; a desdeñar, por inaplicables, decisiones de ayer y a intentar abrir nuevos caminos y buscar nuevos horizontes para que, a veces, a la hora siguiente, una decisión tomada a millares de kilómetros de distancia, obligue a echar marcha atrás, a detenerse o a emprender otro sendero. En medio de este relativismo mundial, cuán importante y necesario es, señores Diputados, aferrarnos a los valores absolutos para sobrevivir y progresar.

Me refiero, entre ellos, a la necesidad de fortalecer la libertad y la democracia, lo que exige evaluar nuestra acción frecuentemente, tarea que, por cierto, resultaría vana, si una firme voluntad de colaboración mutua no preside nuestras labores.

Los problemas del mundo desbordan la división clásica de funciones de los Poderes del Estado, tomados en forma aislada, así como la de los partidos políticos. Si la democracia es esencialmente colaboración, por ser participación, el Estado o el país sometido a la división interna está destinado, inexorablemente, a perecer. La acción partidista es, fundamentalmente, una fórmula democrática que, para conservarla y disfrutarla, exige la supervivencia de la democracia.

Ningún político debe olvidar que de nada sirve lo circunstancial, si se pierde lo esencial.

Os invito a meditar sobre la situación actual del mundo no sólo a la luz de sus problemas tradicionales, sino de cara a la historia de la humanidad y del momento actual, en el que pareciera habérsele agotado al género humano toda capacidad de asombro o de sorpresa.

Para los antiguos la sorpresa fue admiración e impulso para el descubrimiento de los secretos de la naturaleza y fuente del despertar del camino intelectual. Pareciera que para el mundo de hoy, la sorpresa no es regocijo ante lo nuevo, sino sólo medida de evaluación ante la tragedia y el dolor. Y la acumulación de la tragedia y el dolor ha llevado al hombre a un punto sin precedentes en la historia: el peligro del agotamiento de su capacidad de sorpresa y, por lo tanto, la indiferencia ante el mal, cuyo efecto más inmediato es el desgaste, la impotencia de la voluntad.

Ante esta vorágine de superficialidad y de acoso permanente, anclemos en aquellas verdades y principios que, no por viejos, son menos revolucionarios en el mundo actual, pues son los únicos que pueden salvarnos, si sabemos remozarlos con un esfuerzo permanente de imaginación creadora en el trabajo diario.

En este recinto se encuentran aquellos que, en el orden político, están llamados a la visión de conjunto, que deben ser indiferentes a la mezquindad, a la pequeñez, al indigno triunfo político sin perspectiva y sin razón de bien común, que tantas veces ha destruido las más bellas creaciones del hombre. En esta hora de la humanidad, nadie tiene derecho a la victoria pírrica, ni a la venganza, ni a los celos, ni a la creación de obstáculos para que el adversario sucumba o, simplemente, para que no triunfe.

La crisis energética, con sus secuelas económicas y sociales, ha destruido en poco tiempo tesis, teorías y doctrinas, planes y proyectos, y, diariamente, reduce a cenizas el esfuerzo de gobiernos, partidos políticos y de sociedades enteras, al punto que puede aniquilar hasta la fortaleza misma del régimen democrático.

La inflación que inunda al mundo, presente en todas las naciones, ante la cual tiemblan potencias e imperios; la violencia febril y sin fronteras, que todo lo envenena y que ha suplantado a la racionalidad y sensibilidad del ser humano; la división de la humanidad en bloques ideológicos y políticos poderosos, algunos de los cuales son portadores de un mensaje de salvación y de liberación por medio de la fuerza, y por lo tanto, del incremento del dolor y de la pobreza en el mundo, son fenómenos que no dan tiempo para la duda, la división, la indiferencia, la mezquindad o el derroche del tiempo, tan gratos para algunas personas en el viejo estilo político, pero innobles en la hora actual. Nuestro país, al igual que todos los países de la tierra, sufre en su elevado grado de dependencia y recibe del resto del mundo, las fluctuaciones de los precios de exportación de nuestros artículos básicos, las presiones del encarecimiento financiero, el aumento de precios constante de las materias primas, de los insumos, del material de empaque, del transporte, de los gastos de seguros y financieros, y, en general, todo lo que se relaciona con los hidrocarburos, elemento imprescindible de nuestra civilización.

Los males de una nación son, en nuestros días, males sufridos por todas las naciones. El grado o medida del sufrimiento depende de cómo se manejen los asuntos internamente y cómo se enfrenten los embates que nos vienen de afuera. Es ilusa e infantil la creencia de que sólo en Costa Rica se encarecen las cosas, sube el tipo de interés, o escasea un artículo. Quien eso diga demuestra mala fe o un desconocimiento imperdonable sobre hechos elementales en el mundo actual. Midamos nuestra situación comparando el estado del país con el de otros países y, por ahora, sintámonos muy satisfechos, pues el resultado es muy positivo.

El estado actual del mundo no respeta a nadie ni a nada. No deja cotos cerrados. Su característica reside precisamente en su universalización. Ni siquiera las grandes naciones están a salvo. En una, falta petróleo. En otra, trigo. El azote de la inflación es general.

Los males del imperio romano fueron oportunidad para los bárbaros y las crisis de otros imperios de la humanidad llevaban en sí el germen de nuevos centros de poder. Alguien se favorecía siempre con el mal ajeno. El signo de nuestro tiempo es, en cambio, el de la universalidad, la imposibilidad del secreto y de la segregación a un tiempo y un espacio separados para el disfrute de un país determinado. La decisión de una empresa transnacional, la violencia de un grupo de estudiantes, el crimen de unos terroristas, la decisión de un grupo de países, una sola palabra en algún medio de comunicación social, un cambio en la bolsa de valores, tienen o pueden tener repercusión universal y a veces, trágica.

Pueden cambiar el rumbo de la historia o el curso político y económico de una nación. Los conceptos de independencia y de soberanía han adquirido nuevos sentidos y han perdido parte de su viejo contenido.

Centro América da testimonio de esta situación mundial. En cada uno de sus países puede descubrirse el tejido de los problemas mundiales. En ellos se puede reconstruir el panorama universal. Cada uno de sus hogares es víctima y testigo.

Y no se trata de un solo problema, sino de la presencia de todos ellos en una nación y en un grupo de naciones. Y no es sólo una sucesión lineal de causas y efectos, sino un tejido de causas y de efectos.

Durante estos 159 años de vida independiente, cada nación centroamericana arrastró su propia herencia. Cada país dio cuenta de sus males y de sus soluciones, de sus fracasos y éxitos. Algunas voces anunciaron en forma anticipada, que se estaba terminando toda oportunidad y que era preciso arrebatarle sus dominios a la fatalidad, al sufrimiento secular de estas naciones.

Centro América es hoy el escenario de una lucha histórica que se libra no en el plano político o militar, sino en cada grupo, clase o familia, mucho más radical e importante que el mismo proceso de independencia, que fue una decisión serena, pero que, en algunos países, puso el germen, a los pocos años, de la situación actual. La historia marcha lentamente y depende siempre de la voluntad y decisiones de los pueblos. Estas enrumban a los pueblos en distintas direcciones. Pero, la historia nunca falta a su cita.

Si la herencia de estos países era de por sí pesada y agobiante, a ella se une ahora la suerte del mundo. Centro América se encuentra así afectada, en todos sus órdenes, por toda suerte de influencias, venidas unas de su propia historia y otras de la universalización de los problemas actuales de la humanidad.

En estos meses, Centro América define por ello su verdadera suerte futura ya que puede conquistar su emancipación definitiva y auténtica, o sucumbir ante poderes extraños. En 1821 conquistó su independencia política. Hoy está en juego no solamente este bien, sino su supervivencia económica y la misma existencia de sus ciudadanos, la posibilidad de la justicia y su propia libertad. Los poderes totalitarios de este mundo, en el orden económico, político y militar, han hecho acto de presencia en Centro América. Su presencia no se adivina, se siente. Es un hecho permanente, que desgarra y sacrifica. En un solo punto de la historia de un grupo de países se han congregado la violencia acumulada durante más de un siglo y toda la potencia avasalladora de los problemas actuales de la humanidad, trágica coincidencia sin paralelo en la historia, cuyos resultados nos sobrecogen.

Es difícil que haya guerras mundiales en nuestro tiempo. La guerra se reserva para pequeñas naciones, pequeños territorios, que sirven de potrero prestado para la confrontación regional o local que sustituye a la de carácter mundial. Las naciones poderosas desplazan el dolor y la muerte a pueblos pequeños en los que dirimen su afán de dominio universal. La metrópoli imperialista queda .a salvo del dolor y la destrucción, pero estos males se transfieren a otros pueblos, sea Afganistán o El Salvador.

Centro América es hoy el gran campo de lucha por la libertad y por la dignidad, con todas las consecuencias que estos dos vocablos llevan consigo.

Cuatro fuerzas se disputan el escenario centroamericano: una legítima -el pueblo en procura de la justicia social, de la libertad y la dignidad-; una segunda, externa e injusta, derivación de la situación económica actual del mundo, en especial en el campo de los energéticos y la inflación, que azota nuestras economías; una tercera, ilegítima, que pretende conservar el statu quo, sus privilegios y granjerías en cada país, en el orden político y económico, a costa del sacrificio del pueblo; y una cuarta, de tipo totalitario que, organizada y financiada en los centros de poder del totalitarismo marxista-leninista, intenta, por todos los medios, prostituir el ideal de justicia social para uncir nuestros pueblos al carro del comunismo que sepulta toda forma de existencia espiritual.

Cuando me refiero a los grupos privilegiados, distingo entre aquellos que han forjado un patrimonio a base de trabajo, de riesgo y de esfuerzo personal, y que, por lo tanto, han creado riqueza y ocupación en nuestros países, y aquellos que han surgido al calor de los partidos políticos o de castas militares, o de aquellos dirigentes que han amasado fortunas, ellos y los suyos, en la función pública o en la política, utilizando, frecuentemente, el ideal de justicia social como telón de

fondo para sus desafueros. En este punto, coinciden los extremistas y los grupos oligárquicos. Ambos utilizan hábilmente el ideal de dignidad, de libertad y de justicia de nuestros pueblos para mantener su poder, en el caso de los grupos oligárquicos, o para someter a nuestras naciones al yugo del totalitarismo mundial, en el caso de los extremistas.

No hay, por consiguiente, punto de comparación entre la lucha que ahora libran nuestros pueblos y la que llevaron a cabo por la independencia, hace 159 años. La emancipación política de España fue un acto natural, sin duelo ni dolor. La de hoy, es una guerra contra todas las fuerzas del mundo y de nuestro Pasado: contra muchas décadas de injusticia y de miseria, pesada herencia repartida entre los sectores más abandonados de nuestros pueblos; contra la oligarquía militar, económica o política; contra un orden internacional, económico y político, injusto y avasallador, cuyas primeras víctimas somos los pueblos subdesarrollados, y contra el totalitarismo marxista-leninista, marcadamente minoritario en nuestros países, pero provisto de toda clase de recursos económicos y militares para llevar a cabo sus planes de asalto y manipulación, de dominación absoluta, de dictadura, violencia y muerte y, a la postre, de posesión de las estructuras del poder una vez que el pueblo se ha desangrado. La perversidad del totalitarismo reside no sólo en sus métodos, y en su ausencia total de escrúpulos, sino también en su oposición a todo tipo de cambio orientado a la libertad, la justicia y la dignidad. Al comunismo le interesa el estado de anarquía, de injusticia y descontento, campo abonado para sus objetivos.

De aquí su oposición violenta a toda reforma o cambio por la vía democrática o efectuada por los partidos políticos democráticos. Este sistema lo quiere todo y a todos para sí.

Esta es, pues, una lucha de titanes. El momento culminante en la historia de Centro América. De ella saldrán nuestros pueblos victoriosos templados en el combate para afirmar la libertad y la justicia, o se habrían desangrado en vano, habrían abonado sus campos con millares de muertos sólo para que, a la hora del triunfo, llegue un poder extracontinental y totalitario para apoderarse de ellos. Si esto llegara a ocurrir, se habría perpetrado la más negra traición contra nuestros pueblos, y Centro América tendría que iniciar una nueva lucha en conquista de su ideal de libertad, de dignidad y de justicia.

El Gobierno de Costa Rica ha seguido con atención los acontecimientos en nuestra región por sentido histórico y de hermandad, así como por sentido de previsión. En el caso de Nicaragua, puesto a escoger entre un gobierno despótico y el pueblo de Nicaragua, no dudó en utilizar todos los recursos jurídicos internacionales y todas sus reservas morales y espirituales para salvar a nuestra nación de la amenaza del dictador y contribuir a la liberación del pueblo de Nicaragua.

Nunca Costa Rica estuvo, en toda su historia, tan cerca de la tragedia y la destrucción, y pocas veces nuestro pueblo ha demostrado mayor sentido de unidad. Por el Gobierno de la República hablan con elocuencia singular los hechos: la peor dictadura de América cayó y no sólo se liberó de ella el pueblo de Nicaragua, sino también nuestro propio pueblo, habida cuenta de la influencia que ese régimen ejerció en ciertos tramos de nuestra historia. Me complace comprobar que, en esa crisis excepcional, Costa Rica mostró su temple, su prudencia y su dignidad. La paz se mantuvo inalterable y se preservó la seguridad de los costarricenses.

Corresponde ahora al pueblo de Nicaragua continuar la lucha para afianzar la libertad, la justicia y la dignidad, es decir, para construir su propio destino, arrancado del seno glorioso de su historia, pese a los poderes externos que he reseñado y que en todos los países centroamericanos conspiran contra nuestros ideales de libertad con justicia social.

El caso de Nicaragua difiere del de otros países hermanos de Centro América en sus relaciones con Costa Rica, ya que éstos no amenazaban nuestra paz ni nuestra seguridad, ni intentaban intervenir en nuestro juego político interno.

Con todos ellos mantenemos relaciones cordiales. Nuestra actitud ha sido, por lo tanto, cordial y fraternal. Ante Somoza debimos echar mano de nuestros mejores recursos políticos, morales y jurídicos, ya que la permanencia del dictador en el poder habría significado una tragedia para Costa Rica. Por dignidad de costarricenses, por seguridad nacional y por lealtad hacia el pueblo de Nicaragua, el dictador tenía que caer.

Mi Gobierno renueva su espíritu de colaboración y su amistad, hacia todos los gobiernos de Centro América, así como el respecto más profundo hacia sus propias decisiones. El Gobierno de Costa Rica da testimonio de su respecto a los principios internacionales y hacia sus sagradas tradiciones y formula votos porque esos pueblos hermanos afirmen la paz, la justicia y la libertad, y porque ningún poder externo, ni interno, malogre su esfuerzo histórico.

SITUACIÓN INTERNA He tratado de compartir con vosotros, en forma resumida, las inquietudes del Gobierno en relación con la situación actual del mundo y de Centro América.

Séame permitido ahora indicaros cuál ha sido nuestra respuesta interna en diversos campos y órdenes de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Me siento orgulloso y satisfecho de la labor realizada, la cual es muestra de intenso trabajo y de la realización efectiva del Programa de Gobierno, así como la evidencia de que, a pesar de la situación mundial y regional, Costa Rica sigue trabajando, progresando y conservando la paz en su lucha por la justicia, mediante la acción eficaz de un grupo de colaboradores cuyo trabajo me honro en presidir.

El estado actual del mundo es producto de diversos factores morales, económicos y políticos. Tal como lo indiqué anteriormente, ha sido decisión del Gobierno responder en el mismo orden, atento a la jerarquía de las influencias externas, no sin antes reparar en que no se trata de contestar a cada golpe externo con una decisión interna, porque sería imposible sino de buscar un hilo conductor o una serie de medidas capaces de contrarrestar los embates del exterior.

Quien esté atento a la situación actual del mundo sabe muy bien que el arte de gobernar en esta etapa histórica difiere, esencialmente, del de las anteriores, y quien haya evaluado, aun someramente, el peso de la herencia acumulada en muchos años y recibida por este Gobierno, aunada a los embates del mundo externo, se explicará por qué, tanto en Costa Rica como en muchos otros países en los que florece la democracia se critica y se ataca la acción gubernamental, pero se evita formular planes concretos de acción por un elemental sentido de prudencia, sabedores los críticos de que no todos los hilos se tienen en la mano y que cualquier acción externa malogra los más sólidos propósitos. Es posible para algunos formular consideraciones vagas y dar consejos muy generales, pero el arte del Gobierno, en estas circunstancias históricas, requiere otras condiciones y una nueva actitud. No quiere esto decir que un gobierno ha de someterse a la sinuosidad de los cambios diarios en el cuadro político y económico del mundo y aceptar dócilmente los acontecimientos externos, aferrado a una posición fatalista. No lo hemos hecho. Por el contrario, al relativismo y al cambio es preciso responder con lo único que le queda a un país en una situación como ésta: con el trabajo y la acción perseverantes en la utilización óptima de los mejores recursos que le ofrece su pasado histórico. Hoy más que nunca es preciso ser fiel a lo propio y tradicional, es decir, a lo esencial, a aquello que nos define como nación soberana e independiente, con personalidad y peso específico propios.

Lo contrario equivaldría a perecer en la vorágine de los acontecimientos mundiales y, sobre todo y en primera instancia, regionales.

Nuevo esquema de desarrollo Hemos tratado de adoptar un nuevo esquema de desarrollo, de tal modo flexible que no se agote al día siguiente ante las embestidas del exterior, y de tal suerte realista que permita ajustes periódicos, según los acontecimientos del mundo y la reacción de la economía nacional. Al proteccionismo excesivo, causa de no pocos privilegios para algunos y, al mismo tiempo, de perjuicio para el consumidor, ha de seguir un esquema que, en verdad, fortalezca el papel del empresario y beneficie al consumidor y al trabajador, a la vez que extraiga del hombre de trabajo y del propio sistema democrático todas sus potencialidades. Este cambio no puede realizarse de un día para otro, en pocos años, máxime si se tiene en cuenta que, durante muchísimo tiempo, ha regido un sistema proteccionista y, en el orden político-económico, una unión del poder político y del económico en manos del Estado, que le ha restado bríos y eficacia al sistema económico.

En otras palabras, el elevado grado de desarrollo democrático del país no se ha explotado en forma adecuada a fin de que potencie y beneficie el proceso de producción y el desarrollo social. El proteccionismo exagerado, las deficiencias del sistema educativo, el abandono del campo y el paternalismo de muchos años, han conspirado contra la producción y contra la justicia social. No se trata, sin embargo, de sustituir un esquema por otro inspirado en el revanchismo o la animadversión política, sino de que el país encuentre, gracias a las experiencias habidas, el mejor camino en esta coyuntura de la humanidad, es decir, dentro del cuadro político-económico al que anteriormente me referí. Y precisamente por esta situación mundial la solución no se encuentra en un gobierno o en un partido político, cualquiera sea su tendencia, sino en la colaboración democrática, en la unidad en lo esencial, tal como en mi informe del primero de mayo pasado y en otros discursos, lo he expuesto con amplitud.

POLÍTICA EXTERIOR La respuesta del Gobierno a los desafíos del exterior y del interior se ha inspirado en nuestros propios valores y tradiciones. En el orden moral hemos respondido a la violencia, a la guerra y a la inestabilidad, con la propuesta de la Universidad para la Paz, con el testimonio y la lucha por los derechos humanos, con la oposición del Derecho a las amenazas y a la fuerza, y con una posición nítida en el campo de las comunicaciones mundiales como instrumento inigualable para acrisolar la soberanía.

Nuestra propuesta sobre la creación de la Universidad para la Paz en Naciones Unidas fue reforzada con la firma de 40 naciones, de los más variados sistemas y regímenes políticos, y aprobada por unanimidad en la XXXIV Asamblea General de Naciones Unidas, el 14 de diciembre pasado, sólo un año después de haber formulado nuestro Gobierno esta iniciativa en el seno de esta institución mundial. Este triunfo internacional revela el prestigio de Costa Rica en el ámbito mundial.

Corresponde ahora a la Comisión Internacional, establecida en el proyecto final de resolución, la estructuración de la Universidad para la Paz, junto con el Gobierno de la República, a fin de dar cima a este proyecto costarricense. En cuanto a nuestro país, éste es un compromiso internacional histórico, así como un motivo de orgullo, que desborda toda circunstancia política efímera, por lo que agotaremos todos los esfuerzos diplomáticos a fin de obtener el financiamiento adecuado, sin perjudicar las instituciones de educación superior existentes en el país, y, más bien, en colaboración con ellas.

Complemento de esta propuesta internacional ha sido nuestro esfuerzo sostenido en pro de los derechos humanos en los más variados foros internacionales, como tema conductor junto con la paz, de la política internacional, a tono con la lucha mantenida en este orden por Costa Rica, durante muchos años.

La culminación de este esfuerzo ha sido el funcionamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica, presidida por un costarricense, cuya inauguración se efectuó el 3 de setiembre de 1979, así como la Presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también a cargo de otro compatriota, y el establecimiento en nuestro país del Instituto de los Derechos-Humanos. De este modo, Costa Rica adquiere otros

compromisos históricos de los que será digna, no sólo en los foros del mundo, sino por la conducta de sus ciudadanos y gobernantes.

Tan sólido y transparente es el prestigio de Costa Rica en el mundo y tan ineficaces y vanos han sido los intentos de causarle mengua a nuestra Patria en el exterior, en algún sector de la prensa, de parte de conocidos exdictadores y tránsfugas internacionales, en relación con algunos políticos nacionales, que la respuesta ha sido, además de las reseñadas en esta exposición, las legiones de asilados políticos que día a día recibe Costa Rica, a tono con sus más nobles tradiciones, tan rancias, que, a los pocos días de haber conquistado la independencia, ya estaba aquí, en nuestro suelo, el primer asilado político. Esta tradición añeja y gloriosa se ha perpetuado a lo largo de 159 años de vida independiente y ha encontrado, en estos dos años, su máximo esplendor. Del sur y del norte, del este y del oeste han acudido los asilados políticos, los perseguidos, los hombres y mujeres sedientos de libertad y tranquilidad, en busca de nuestro suelo y aquí los hemos recibido en forma sencilla, pero digna. No hemos podido, por nuestros escasos recursos, brindarles todo lo que ellos se merecen, pero les hemos dado, con generosidad, todo lo que ellos buscan.

Hay un nuevo tipo de héroe en nuestra época, oculto, silencioso. Aquel que decide un día oponerse al poder totalitario e infrahumano y testimoniar ante el mundo su condición de hombre libre. En otras partes, se llaman disidentes.

En algunas, exiliados. En otras, asilados. Pero, a todos los une el mismo ideal: el ansia de ese valor absoluto, eterno, natural en el hombre, llamado libertad y dignidad. A todos ellos que, cual nuevos Prometeos, han desafiado el poder pasajero, pero brutal, de quienes se consideran dioses en este mundo, Costa Rica les ha brindado su democracia, su paisaje y su hermandad.

El éxodo de los hombres libres aún no ha terminado. Y seguirá siempre que en algún lugar del mundo se pisoteen la libertad y los derechos humanos.

Quisiera, en este punto, reiterar, señores Diputados, un concepto expresado en otras oportunidades.

Esta es la vocación histórica de Costa Rica. Esta es la esencia de nuestra política exterior. Este es el compromiso que hemos firmado con el mundo. Estos son los valores absolutos que han de unirnos en un gran pacto nacional, a fin de mantener y acrisolar nuestra democracia. Nosotros no podemos fallarles a los hombres en busca de libertad. Es nuestro deber radical mantener siempre la casa limpia y vigilantes nuestros espíritus, pues, en cualquier momento, en esta hora de América y del mundo, tocarán a nuestras puertas centenares o millares, o un solo asilado, con las manos extendidas, pidiendo no sólo pan y abrigo, sino algo sin lo cual el pan y el abrigo carecen de sentido: la libertad.

Estamos acostumbrados, en Costa Rica, a observar los hechos extraordinarios del mundo con naturalidad, como si fueran escenarios ajenos. Y también nos hemos habituado a mirar, como cosa natural, nuestros propios valores. Tantas veces sale el sol por Oriente que a veces no reparamos en su luz.

Pero, cuando sigue la caravana de los asilados políticos en Costa Rica y observamos escenas desgarradoras en nuestros aeropuertos, y vemos cómo oleadas de hombres penetran en una embajada porque tienen hambre de libertad, de Dios y de pan, no podemos menos que reflexionar sobre el gran compromiso histórico que hemos recibido, sobre el deber de mantener y purificar nuestra democracia y sobre la urgencia de mantenernos unidos en lo esencial, pese a nuestras naturales disensiones políticas internas, a fin de ser dignos de nuestra vocación histórica, ya que la fortaleza de la política exterior de una nación reside, esencialmente, en su fortaleza interna.

La paz y los derechos humanos son valores absolutos fundamentales. Son puntales duraderos y firmes de los que Costa Rica no debe renegar nunca, si quiere, en medio de la inestabilidad actual del mundo, ser fiel a su vocación histórica y sobrevivir.

La Universidad para La Paz y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, junto con el Instituto de los Derechos Humanos, son entidades supranacionales, pero su establecimiento en Costa Rica es más que un elogio o una prueba del prestigio nacional, son la expresión de nuestra nacionalidad y señalan, junto con otras instituciones, el tipo de país que ofrecemos y debemos seguir ofreciendo al mundo: una nación fiel a sus principios y a sus valores, y sede de diversas instituciones internacionales, todo ello conformado en un Estado de Derecho, base del sistema democrático, del que hemos dado buena prueba en los conflictos internacionales y en la vida interior. De este modo se completa nuestra trilogía republicana: paz, derechos humanos y régimen de derecho.

Se ha preocupado, asimismo, mi Gobierno en el campo de las comunicaciones, como parte del quehacer nacional en defensa de su soberanía y de la cultura nacional. Participamos activamente en la Conferencia Mundial, en Ginebra, en la que expusimos nuestra tesis, junto con los países latinoamericanos, fruto de reuniones previas efectuadas en San José sobre la paz y las comunicaciones.

Este es uno de los temas centrales de la época actual, monopolio hasta ahora de las grandes potencias, pero cuyo análisis y toma de posición ha de formar parte de los asuntos primordiales de un gobierno democrático. Si el precio de los combustibles definen, en buena parte, el rumbo económico de las naciones, las comunicaciones y la información trazan el nuevo camino de la soberanía, de la educación y de la cultura de nuestros pueblos.

Aquí está el nuevo gran campo de batalla de las naciones libres. Quien domine el espacio y la tecnología de las comunicaciones dominará el alma de los habitantes del mundo. No en vano el primer intento de un gobierno totalitario es controlar las comunicaciones y la información. No en vano los grandes poderes económicos quieren un ilimitado y arbitrario disfrute en este sector.

Nuestro deber se orienta a que la verdad, la cultura, la educación, la libertad, la justicia, sean la inspiración y el móvil de estos excepcionales instrumentos del hombre. Es obligación de Costa Rica no perder la oportunidad de manifestar su pensamiento y luchar en este gran debate mundial, en defensa de nuestro pueblo, de su soberanía y libertad, y de disfrute de frecuencias de radio y canales de televisión por empresas costarricenses con capacidad de sobrevivir en un mundo de despiadada competencia y de poderosos intereses políticos. Es urgente que las estaciones de radio y televisión nacionales abarquen todo el territorio de país, máxime en la hora actual en que poderosos satélites de televisión podrán transmitir desde el exterior y directamente hasta nuestros hogares, eliminando las estaciones locales e introduciendo en nuestras familias, sin participación alguna de los costarricenses sus ideas comerciales y políticas.

Estas consideraciones sobre la situación actual en el mundo y en Centro América exigen, como lo expresé, una respuesta moral inmediata y congruente, fundamento al mismo tiempo de la política internacional de la nación. De aquí que, en punto a política exterior, Costa Rica se ha afanado no sólo en promover y proponer estos principios y valores esenciales del hombre, sino también en concretarlos en acciones positivas como nunca antes lo había hecho el país.

Como política exterior inspirada y dirigida en los valores morales, y no sólo en los intereses nacionales, es decir, en los bienes del hombre que exigen un anchuroso espacio para ejercer su propia libertad de nación soberana, hemos insistido en proclamar que Costa Rica es un país no alineado con ningún bloque político, ni siquiera con los llamados no alineados.

Coincidimos con muchas naciones del mundo en la defensa de los valores del hombre, de la libertad, la democracia y la dignidad, pero nadie debe esperar de Costa Rica una posición guiada por su pertenencia a un grupo, sino por razones mucho más sólidas y profundas que el simple interés pasajero o la vanidad. Hemos entablado relaciones con numerosos países, en un amplio espectro de regímenes, y sólo hemos puesto como condición el respeto mutuo, que estamos dispuestos a cumplir y a exigir que se cumpla, en beneficio de nuestra democracia y soberanía.

El mundo actual exige una política internacional activa y creadora, frecuentes contactos personales; testimonio permanente de convicciones, búsqueda incesante del diálogo, harmonización y flexibilidad. El torrente de influencias que, en todo orden, recibe nuestro país sobre todo en los últimos años, exige una nueva perspectiva y una vigilancia constantes.

Además, si es decisión nuestra formular la política internacional con base en los principios citados, y si también hemos de defender nuestros intereses en forma permanente, en un mundo altamente competitivo en todos los sectores, el enclaustramiento no puede ser, ahora, nuestra respuesta. Bien habéis hecho, por ello, señores Diputados, en visitar a otros países y gobiernos. Espero que de ellos Costa Rica haya derivado o lo logre en el futuro, beneficios y ventajas y que a ellos ustedes hayan llevado los planteamientos básicos y profundos que distinguen a nuestra nación. Este tipo de visitas concitan a veces la mezquindad y el resentimiento de algunas personas o grupos, incapaces de comprender la coyuntura actual de la humanidad, hechos a la medida de una visión reducida, pequeña y casera del mundo o guiados por rencillas políticas, impropias de espíritus elevados. Este tipo de visitas se confunden a veces con las de carácter personal o turístico que se han realizado en el pasado y de las cuales ningún beneficio derivó Costa Rica.

No se puede legislar en nuestra época sin una visión diáfana y objetiva de los problemas del mundo. Ninguna nación es autosuficiente. La estrechez de miras ante el desenvolvimiento de la humanidad refleja escasez cultural y limitación espiritual y pueden debilitar la gran obra legislativa, imprescindible en este mundo cambiante. Hay que saber atenazar los grandes principios conductores de la humanidad e inspirarse en ellos para no perder el rumbo. En ustedes, los Diputados, resulta básico que prive lo positivo y estimulante que han descubierto en sus viajes por el mundo, para que su legislación sea provechosa y abundante.

Bien sabéis cuál ha sido mi posición inalterable en este punto. Me he opuesto indefectiblemente a los llamados viajes de placer y con más razón a aquellos que se realizan, so pretexto de bien nacional, para afianzar intereses de los que podría extraerse algún beneficio particular. También me he opuesto a los viajes en los que el mandatario no da cuenta, en forma pormenorizada de los resultados de su gestión y a aquellos en los que el mandatario permanece en el exterior más tiempo que el estrictamente necesario para cumplir su cometido. En dos años he salido siete veces y el total de días que he ocupado en esas salidas ha sido de trece, menos de dos días por salida, incluyendo el tiempo de viaje de ida y regreso.

Guiado por estos principios, solicité permiso a la Asamblea Legislativa para salir del país. Mi propósito era el realizar una intensa labor. Cada paso y cada acción tenía un objetivo concreto de bien nacional y así os lo hice saber. Siento el gran gusto de trabajar y para mí el Gobierno no es una fuente de placer o de holganza, sino deber permanente de servicio público.

Conocéis bien cuál ha sido la reacción en la prensa mundial y de diversos gobiernos amigos ante la suerte que corriera mi solicitud, y estoy seguro que sabréis aquilatar cuál ha sido su efecto internacional sobre la imagen del país, máxime si tenéis en cuenta cuál es la visión de muchos países y pueblos del mundo sobre el escenario centroamericano y cómo la lejanía del teatro de los acontecimientos induce al político, al hombre de la calle, al periodista o al inversionista, a confundir y juzgar a los países pequeños, unidos por la geografía, con idénticos criterios negativos. En su imaginación tal diferencia se borra cuando se les dan motivos para ello. Digo esto no por envanecimiento costarricense, sino ajustado a la realidad. Nos ha costado siglos construir una nación pacífica y tolerante, respetuosa y generosa, democrática y libre, y no hemos de dar motivo ni permitir que nos la confundan, manchen, o desdeñen por acciones ajenas o propias, originadas en el error, la irresponsabilidad o la politiquería. Me habéis permitido, sin embargo, señores Diputados, con vuestra decisión negativa, dar un nuevo testimonio público de apego a los principios constitucionales y, sobre todo, habéis aminorado los malos efectos con la oportunidad de demostrarle al mundo que Costa Rica es un país tan democrático, tan sinceramente apegado al régimen de derecho, tan respetuoso su gobierno de la autonomía de los otros poderes del Estado, que el

Presidente acató la decisión legislativa y la vida siguió, internamente, discurriendo en paz y armonía. En lo personal, vuestra decisión me ahorró el esfuerzo de un viaje oficial tan lleno de incidencias y de detalles, y me brindó el especial agrado de pasar estos días en mi patria, de la que vivo perennemente enamorado.

Sufrió el país, en años recientes una campaña de desprestigio en el exterior, que hemos tratado de contrarrestar no sólo con nuestras acciones internas, sino con diferentes decisiones en lo exterior.

Mi Gobierno se propuso, desde el primer día de su gestión, brindarles a los costarricenses una nación limpia y digna, no sólo libre de la corrupción en el ejercicio de la función pública, sino de la familiaridad y presencia de ciertos personajes o individuos que tanto la perjudicaron en el pasado. Expulsamos, por ello, del país, a diversos miembros de grupos indeseables, conectados con organizaciones peligrosas en el exterior, y mantuvimos una posición digna y firme frente al exdictador vecino, quien no sólo era dueño de millares de hectáreas en Costa Rica, sino también de algunas voluntades de nacionales. No nos sometimos a su prepotencia en el Mercado Común Centroamericano y mucho menos le permitimos ingerencia alguna en nuestras decisiones soberanas.

Estos dos grupos, poseedores de recursos financieros sin límites, se han dado a la innoble tarea, por venganza, de desprestigiar a Costa Rica en el interior y en el exterior del país, con el apoyo de algunos amigos suyos en nuestro país. La manera como algunos medios internacionales de comunicación social deforman las noticias provenientes de Costa Rica, exaltan lo negativo o mienten sin pudor alguno por medio de informaciones o de comentarios, no es obra de la casualidad.

Es el poder del dinero y del odio político de quienes ya no reinan en nuestro país, ni en las decisiones soberanas de los costarricenses, aunque, por supuesto, hayan dejado algunas amistades agradecidas que al parecer aún están a sus órdenes.

A estas dos fuerzas se une también el poder del comunismo internacional, que no soporta la existencia de una nación firmemente arraigada en los principios democráticos y que prefiere la preponderancia de la extrema derecha, de las dictaduras militares o de los grupos políticos cómplices o complacientes. El comunista no acepta la existencia de una nación que denuncia sus intentos de penetración, que no teme denunciar sus actos y que opone el régimen de derecho a sus pretensiones.

También en este campo el comunismo internacional cuenta con aliados internos, ingenuos unos, oportunistas otros, interesados aquellos en conquistar posiciones políticas y éstos en aprovecharse de la coyuntura de una situación conflictiva en Centro América a la que desean llevar a Costa Rica.

Estos hechos nos han obligado a realizar una vigilante acción en el exterior, pese a la estrechez de nuestros recursos, a fin de esclarecer la verdad y de oponernos a la sistemática campaña de los enemigos de nuestro país. Este es el precio de nuestra dignidad y soberanía: Gustosos lo pagaremos.

El establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y la aprobación unánime de la Universidad para la Paz, con sede en nuestro país, ambos en 1979, ratifican que, por encima de la perversidad y de la mala fe, nuestro país goza de prestigio en el mundo.

En el conflicto bélico en Nicaragua, y ante sus efectos sobre nuestro país, opusimos la fuerza de la ley y de los tratados internacionales a las armas. Al final, sucumbió el que utilizaba las armas y Costa Rica, sin armas, siguió viviendo en paz.

Hemos sufrido tres secuestros diplomáticos costarricenses en El Salvador y Colombia y, gracias a las negociaciones habidas, los embajadores salieron ilesos de tan dura prueba. A ellos y a sus familiares nuestro respeto y admiración por su gallardía y valor moral. Lamentablemente, el mundo está sufriendo la violencia y ninguna nación está libre de su azote. No puedo, en esta oportunidad, dejar de enviar a los diplomáticos de Costa Rica en el exterior mi voz de aliento y la simpatía del pueblo costarricense, sabedores como estamos del riesgo de estas posiciones en el mundo actual.

En estos últimos meses, hemos entablado un diálogo cordial con los gobiernos de El Salvador y de Honduras, y les hemos ofrecido, y ellos aceptado, nuestro país para que en él realicen, y ya han realizado, conversaciones que, después de varios años de silencio diplomático, lleven a reanudar sus relaciones y con ellas se llegue a una paz durable y fecunda que hermane aún más a ambas naciones.

Asimismo, Costa Rica se ha convertido en sede natural, ya que a nuestro país viajan sin reservas los representantes de todos los gobiernos de Centro América, de reuniones de Ministros de Economía, Planificación, Hacienda, Gobernación, Agricultura, Educación, Cultura, y en general de representantes de entidades públicas. En nuestro país se celebró en marzo de 1980, después de más de ocho años de no hacerlo, la primera reunión de Cancilleres Centroamericanos y Panamá.

Congruentes, asimismo, con nuestros principios, y profundamente preocupados por el azote de la violencia y de la guerra que estremecen al mundo, condenamos de inmediato la invasión armada de la Unión Soviética a Afganistán, contraria a los principios de convivencia y de paz universal, así como ultrajante para la dignidad del pueblo invadido y negación radical de los derechos humanos.

Un país como Costa Rica, que decidió desarmarse y cuyas garantías de estabilidad y tranquilidad son el Estado de derecho, sus principios y convicciones sobre la paz, los derechos humanos y la solidaridad entre los hombres, no puede mirar con indiferencia este atentado contra la paz y la dignidad del hombre, extensión de otros actos de igual naturaleza y gravedad cuando otras naciones han intentado recobrar su libertad.

En el orden de las relaciones con diversas naciones del mundo, os hemos enviado para su ratificación, señores Diputados, los siguientes tratados, convenios y acuerdos, pendientes todos de trámite:

Adhesión de Costa Rica al Convenio Consultativo del Fondo Internacional de Desarrollo.

Ratificación del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Costa Rica y el Perú.

Ratificación del Convenio de Intercambio Cultural entre Costa Rica y el Perú.

Delimitación de las áreas marinas y submarinas entre las Repúblicas de Costa Rica y Colombia.

Ratificación del Acuerdo Multilateral de Búsqueda y Salvamento.

Ratificación de Costa Rica al Estatuto y Reglamento Interno de Reuniones de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil.

Instituciones de Educación Superior y Parauniversitarias.

Ratificación del Convenio de la Corporación de Desarrollo de la Mancomunidad.

Convenio de la Unión Postal Universal.

Convenio de Cooperación Cultural entre Costa Rica y Checoslovaquia.

Convenio de la Propiedad Intelectual.

Ratificación del Convenio de Cooperación Técnica entre Costa Rica y la Unión de Repúblicas Socialistas, URSS. Convenio de los países de América Latina y el Caribe para reestructurar el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Convenio Internacional del Trigo.

Convenio de estimulación precoz y convenio del Consejo de Directores de Protección a la Infancia.

Convenio Cultural entre Costa Rica y Chile.

Convenio Cultural entre Costa Rica y el Reino Unido.

Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.

Convenio de Representación Internacional entre Costa Rica y la Internacional del Personal de Correos y Telégrafos y Teléfonos.

Convenio Regional de Convalidación de Estudios y Títulos en América Latina y el Caribe.

Convenio Cultural "Convenio Básico de Asistencia Técnica" entre Costa Rica y el Ecuador.

Ratificación al Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre Costa Rica y Corea.

Convenio con la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.

Acuerdo Cooperativo entre Israel y Costa Rica a través del INA. Convenio entre Costa Rica y el Reino de Países Bajos para capacitación vocacional y agrícola en Costa Rica.

Convenio entre Costa Rica y Panamá para realizar la cooperación fronteriza.

Adhesión de Costa Rica al Convenio para la protección de los productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.

Ratificación Legislativa del Convenio Comercial entre la República de Costa Rica y la República Democrática de Alemania.

Ratificación al Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO para la designación de un representante de FAO en Costa Rica y para el establecimiento de una oficina de esa Organización en Costa Rica.

Ratificación Legislativa del Convenio Cultural entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania.

Ratificación Legislativa de Costa Rica a la Convención sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Ratificación Legislativa del Convenio suscrito entre la República de Costa Rica y la República Popular de Polonia, sobre Cooperación Cultural Científica y Técnica.

Ratificación Legislativa del Protocolo al Tratado relativo a la neutralidad Permanente y la del funcionamiento de Canal de Panamá.

Ratificación Legislativa de Costa Rica al Protocolo de Enmienda al contrato entre Costa Rica y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas para la creación de una Asociación para desarrollar los trabajos de un Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba.

Ratificación Legislativa del Tratado de Libre Tránsito por el Canal Interoceánico entre Costa Rica y Panamá.

Ratificación. Legislativa del Convenio de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, para establecer la sede de la Oficina Regional Interamericana de la Liga.

Ratificación Legislativa del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Dominicana.

Ratificación de Costa Rica y la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales para el establecimiento de la sede de la Secretaria General de la FLACSO. Ratificación Legislativa del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Costa Rica y la República de Chile.

Ratificación Legislativa del Convenio Comercial entre la República de Costa Rica y la República de Argentina.

Ratificación de Acuerdo Básico entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas OEA sobre privilegios e inmunidades del Instituto.

Ratificación al Tratado sobre delimitación de Áreas Marinas y de Cooperación Marítima entre Costa Rica y Panamá.

Adhesión de Costa Rica a los siguientes: a) Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud. b) Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones Análogas a la Esclavitud. c) Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de Explotación de la Prostitución ajena.

Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo. Rec. No. 135.

Recomendación sobre la Protección de los Jóvenes Marinos.

Recomendación sobre los programas especiales de Empleo y de Formación para los jóvenes, con miras al desarrollo.

Recomendación sobre el Aire Acondicionado en el Alojamiento de la Tripulación y en otros espacios a bordo.

Recomendación sobre la lucha contra ruidos nocivos en el alojamiento de la tripulación y lugares de trabajo a bordo.

Recomendación sobre los problemas de empleo que planteó la Evolución Técnica a bordo.

Recomendación sobre Consultas Tripartitas para promover la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo y las medidas nacionales relacionadas con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo.

Recomendación sobre la prevención de accidentes del trabajo de la gente del mar.

Recomendación sobre la formación profesional de la gente del mar.

Recomendación sobre la continuidad del empleo de la gente del mar.

Recomendación sobre la protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

Recomendación sobre el bienestar de la gente del mar en puerto y en el mar.

Recomendación sobre el mejoramiento de las normas de la marina mercante.

Recomendación sobre el empleo y condiciones de trabajo y la vida del personal de enfermería.

Convenio sobre las normas de la continuidad del empleo de la gente del mar.

Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas de la gente del mar.

Convenio sobre el empleo de condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

Convenio sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo.

POLÍTICA ENERGÉTICA Los problemas causados por el encarecimiento violento, repentino: y constante del petróleo, han conducido a todos los países a esfuerzos singulares.

La búsqueda de sustitutos de los derivados del petróleo es permanente y todos los pueblos, grandes y pequeños, han emprendido esta labor insistentemente en energía hidráulica, solar, atómica, producida por materias primas renovables, biomásica, geotérmica, etc.

Costa Rica ha vivido los serios efectos de este problema y para enfrentarlo, el Gobierno ha definido una política energética orientada, además, a racionalizar el consumo de derivados del petróleo y propiciar la transferencia de uso a otras fuentes de energía en todos los campos y actividades del transporte y la producción nacional.

Para estimular la eficiencia en el cumplimiento de estos objetivos, se creó el sector de energía, integrado por todas las entidades relacionadas y para dirigirlo se designó a un ministro de gobierno.

El costo total de los hidrocarburos necesarios para nuestro consumo fue de 68.8 millones de colones en 1970 y será de aproximadamente 2.035 millones de colones en 1980. Comparando lo pagado por hidrocarburos en enero y febrero de 1979 con lo que se ha pagado en los mismos dos meses en 1980, resulta un aumento de 85 a 280 millones de colones.

Al llegar al Gobierno, solicité al Instituto Costarricense de Electricidad que se adelantaran todos los programas de diseño y construcción de plantas lo más posible, por lo menos un año, en vista de que resultaba previsible el encarecimiento del petróleo. El Instituto Costarricense de Electricidad aceptó el criterio de mi Gobierno y el resultado ha sido altamente favorable, pues se ha avanzado sustancialmente en el diseño y construcción de plantas. Corobicí estará finalizada en 1982, a pesar de los atrasos sufridos en la aprobación parlamentaria de su financiación.

Al iniciarse 1978, la capacidad generadora hidráulica del país era de 184 799 kilovatios. Al finalizar 1979 llegó a 357 000 kilovatios; en la actualidad se generan 409 000 kilovatios y esperamos que en 1982 alcance a 583 000 kilovatios.

Las redes de distribución tenían una extensión de 2 423 km. en mayo de 1978 y llegarán a 3 692 km en mayo de 1980, con un aumento de más del 50% en estos cuatro años.

En marzo de 1979 se presentó un serio problema en el túnel de Arenal que ocasionó un atraso de diez meses en la generación eléctrica de esa planta, lo que causó graves problemas a la economía nacional, que debió sufrir un serio racionamiento de energía, además de que se consumieron ₡72.0 millones adicionales en aceite diesel para operar las plantas térmicas del país.

A partir de diciembre de 1979, se inició la operación de la planta de Arenal y con ello prácticamente el ciento por ciento de la energía que produce el ICE es hidráulica, con excepción de las pequeñas plantas de pueblos aislados que consumen diesel.

Es necesario que se hagan todos los esfuerzos para no detener por ninguna razón la construcción de la Planta de Corobicí ni la construcción de líneas eléctricas. Ya se realizaron estos esfuerzos durante el trámite parlamentario del préstamo, y deberán continuar mediante operaciones financieras temporales para que el país no sufra otra vez, en el futuro, los perjuicios da un racionamiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad ha tomado iniciativa en el avance del diseño de las plantas de Ventanas, Garita, Palomo, Angostura y Boruca, con una capacidad total de 1 244 000 kilovatios, que se construirán para suplir las necesidades nacionales de energía eléctrica en el futuro.

En 1979 el ICE pudo determinar la capacidad de generación geotérmica con base en exploraciones que realiza en Bagaces y estableció que puede llegar a 40 000 kilovatios. El 25 de agosto de 1979 finalizó con éxito la perforación del primer pozo.

En materia energética hemos activado la exploración petrolera en el país, auxiliados por cuerpos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, de México y de Venezuela y se ha sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa, desde octubre de 1979, un Proyecto de Ley de Hidrocarburos, que esperamos sea conocido pronto por los Diputados. Nada se puede afirmar categóricamente, pero parece que existen probabilidades de que el país tenga petróleo, según lo atestigua el estudio de la estructura petrolera Watsi-Cocales, finalizada hace algunos meses. El daño que el atraso legislativo produzca en esta materia, resultará siempre irreparable, pues sólo con la adecuada legislación se podrá conocer la verdad y lograr así que ese daño por atraso, que cuesta cada día millones, se detenga.

El Gobierno se ha empeñado, con la ayuda de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en llevar a cabo una ampliación de la refinería que la acerque a satisfacer la demanda del país. La capacidad de la refinadora, que era de 10.000 barriles al día en 1978, ha pasado a 14.000 barriles en la actualidad y llegará a 17.000 barriles a fines de este año.

La política del Gobierno en cuanto a compra de hidrocarburos, se ha orientado hacia el procesamiento local, lo que ha significado salirse de los mercados especulativos en que se encontraba sumido el país, pagando precios elevadísimos por el petróleo y, además, obtener un tratamiento especial de parte de los países productores en favor de los países del área centroamericana y del Caribe. Este tratamiento especial se pidió desde la reunión ce la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Manila en abril de 1979, se planteó en, la reunión de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en San José en julio de 1979 y se ha ido consolidando en las políticas de los países exportadores que nos suplen.

Durante el año, logramos que México nos vendiera un 33% de nuestras necesidades y que Venezuela complementara nuestra demanda total duplicando la cantidad que nos vendía. En 1976 el Gobierno decidió renunciar a las cuotas de gobierno a gobierno, que se habían establecido con Venezuela, para sumirse en el mercado especulativo. Muchos meses de esfuerzo nos significó resolver este problema. Gracias a la comprensión de los Presidentes López Portillo y Herrera Campins, México nos vendió petróleo a precios oficiales, nuestro país ha sido el único del área que lo ha logrado y Venezuela aceptó suplirnos el doble de lo que nos vendía, también a precios oficiales. Dos ventajas se han logrado con esta negociación: evitar manejos inconvenientes en la compra de petróleo y lograr una gran economía. La estimación de la diferencia anual que estaría pagando ahora el país, si hubiera seguido comprando a precios especulativos, da una economía de cerca de 172 millones de colones. Mientras otros países vecinos se favorecían con cuotas a precios oficiales, Costa Rica tuvo que sufrir los precios más altos del crudo, el diesel y la gasolina, así como de otros productos, debido a una política equivocada de administraciones anteriores que ya se corrigió.

En cuanto al uso del alcohol como carburante, se ha determinado que el alcohol anhidro, que se puede producir en las instalaciones existentes en Guanacaste, es muy caro y que, dada la naturaleza de esa planta, su inversión fue en exceso elevada. Para corregir en parte el problema de estas instalaciones, se pretende convertirla en procesadora de alcohol hidratado.

El Gobierno ha establecido, con la ayuda de conocedores de la materia, del Consejo Nacional de Producción (CNP) y de la Fábrica Nacional de Licores, que resulta mejor utilizar alcohol hidratado como combustible, y, al efecto, se ha diseñado un proceso que lleve a la instalación de varias plantas privadas procesadoras de alcohol que, por cuenta del Estado, que mantendrá el monopolio de su mercadeo, produzcan el alcohol necesario para suplir el petróleo importado y se espera, con fundamento lógico, que esta producción de alcohol se podrá hacer a un costo razonable.

Estas plantas se localizarán en diversas zonas del país de manera que se racionalice el acarreo del combustible y el programa se desarrollará, en su totalidad, en un lapso de cinco a ocho años, y podrá cubrir aproximadamente un área de cien mil hectáreas de caña que abastecerán a plantas procesadoras regionales de alcohol. Es fundamental tener en cuenta, sin embargo, los cambios que la tecnología está introduciendo a cada momento en el campo energético, cambios que pueden obligar a variación de planes a corto y largo plazo.

Pueden así, apreciarse los esfuerzos que ha realizado el Gobierno para hacer menos severos los efectos negativos producidos por el encarecimiento del petróleo. No obstante, se torna indispensable la comprensión nacional sobre las consecuencias económicas y sociales que esta situación acarrea al país.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL El diagnóstico realizado por el Gobierno durante el segundo semestre de 1978 y que sirvió de base para la elaboración de nuestro Plan Nacional de Desarrollo "Gregorio José Ramírez", evidenció una situación, heredada, concordante con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional con las siguientes características: estancamiento de la producción agrícola; deterioro marcado del Mercado Común Centroamericano; fuerte desequilibrio en las relaciones económicas internacionales; inflación acelerada y un sustancial desajuste en las finanzas públicas. Dentro de ese marco, los

problemas sociales, evidentes al iniciarse mi Gobierno, mostraban una extrema gravedad, como la injusticia en la distribución del ingreso y un elevado índice de pobreza extrema y de corrupción social.

En el orden institucional y administrativo heredamos un sector público muy grande e ineficaz.

Quedó demostrado que el buen estado del país que algunos pregonaban cuando salían del gobierno, no correspondía a la realidad.

El Plan Nacional de Desarrollo 1979-82 se configuró con una estrategia que contempla cambios en la estructura productiva nacional y en particular la participación efectiva de los costarricenses en el proceso de desarrollo, para combatir así los problemas económicos y los vicios sociales imperantes en la Costa Rica paternalista, resultado de la conducta conservadora y tradicional de nuestros gobernantes.

La estrategia se concentra ahora en lineamientos, medidas e instrumentos que permitan modificar paulatina y progresivamente la estructura socioeconómica del país y crear una base productiva nacional en la que se incremente la utilización de recursos humanos, materiales y culturales nacionales, se fortalezca el sector agropecuario y agroindustrial; se diversifiquen la producción y la exportación, se sustituyan importaciones de origen agropecuario y se incremente el valor agregado de los productos. Muchas medidas ha sido instrumentadas y aplicadas dentro de esta estrategia, unos resultados ya son evidentes y otros lo serán a corto y mediano plazo.

Resulta de vital importancia hacer un recuento, a la mitad de mi período constitucional, de lo que se pensaba del estado de la economía nacional en marzo de 1978, a pocas semanas de las elecciones en que se me eligió Presidente de la República y a vosotros señores Diputados y representantes del pueblo de Costa Rica, integrantes del Primer Poder de la República.

No estábamos aún en ejercicio de nuestros cargos, ni vosotros ni yo, cuando recibí copia del documento que con fecha 21 de marzo de 1978 dirigió a las autoridades del gobierno anterior, la Misión del Fondo Monetario Internacional.

Era tan serio el diagnóstico y tan graves las consecuencias que se preveían para la economía nacional, derivadas de la política de la administración pasada, que si se hubiera dado a conocer, nos habría dificultado mucho más nuestra labor, en razón del pánico que en el país y en el exterior se habría producido.

Hoy, después de haber aplicado una serie de medidas que han ayudado en mucho a que no se sufrieran las graves consecuencias previstas por el Fondo Monetario para Costa Rica y después de haber llegado con esa entidad a un convenio de contingencia que da evidencia de que ahora sí tienen confianza en Costa Rica; a pesar de los serios problemas derivados del aumento de los precios del petróleo y en general de la situación económica mundial, cuyas características no se tenían presentes a fines de 1977, y de los graves atrasos en el trámite de empréstitos que ustedes conocen, podemos afirmar que nuestra acción ha neutralizado en mucho los graves males heredados. Mucho esfuerzo queda por hacer y por ello, en bien de la Nación, os pedimos colaboración en beneficio del pueblo de Costa Rica.

El documento de marzo de 1978, que se refería al período 1970-1977, señaló aspectos muy importantes que resumo a continuación, transcribiendo textualmente las frases de la Misión del Fondo Monetario Internacional.

"A principios de 1972, la demanda interna ejerció presión sobre el nivel nacional de precios, y las importaciones se utilizaron progresivamente para completar la producción nacional." "...acompañado por un aumento rápido en el nivel nacional de precios y en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos."

Refiriéndose a la situación del período 1970-1977, agregó el Fondo Monetario Internacional: "Los factores externos se sumaron a las presiones generadas internamente"; "El alza de los precios del petróleo que ocurrió en 1973, aumentó considerablemente el volumen de las importaciones y también subieron con rapidez los precios de otras mercaderías importadas."

Es oportuno recordar aquí que la situación de 1974 era tal que el gobierno devaluó el colón para facilitarle a la administración que se inició en 1974, su situación. Al respecto, dijo lo siguiente el Fondo Monetario Internacional: "La devaluación del colón en abril de 1974 y el programa de estabilización concomitante, tenían el objetivo de corregir el desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones que había comenzado a producirse desde 1972. La presión de la demanda sobre el nivel de precios disminuyó un poco durante el período 1976-77, mientras las presiones sobre la balanza de pagos se intensificaban". Y agregaba el Fondo Monetario Internacional refiriéndose a la gestión económica del gobierno anterior: "Como las grandes ganancias de las exportaciones de café de los años 1976 y 1977 no se neutralizaron eficazmente, la demanda del sector privado subió muy rápidamente". Y agregaba "Lo anterior lo indicaba la balanza de pagos con el sostenido exceso de las mercaderías importadas sobre las exportadas y con el déficit de la cuenta corriente..."

"También las cuentas nacionales lo indicaban con la brecha constante de la demanda nacional". Véase lo siguiente con cuidado, pues evidencia la forma en que se condujo la economía por el gobierno anterior. Dice el Fondo en marzo de 1978: "Aún cuando parece claro que el principal origen del alza de la demanda radica en las exportaciones de café..." "...La posición de la política fiscal expansionaria se sumó a las presiones de la demanda hasta el último mes de 1977. El déficit del Gobierno Central, excluyendo los pagos de amortización, subió..." ...Los cambios en el crédito neto del sistema bancario concedido a intermediarios financieros no bancarios, indican cambios principalmente en el crédito a CODESA." "...el hecho de que el sector público dependiera cada vez más de la financiación procedente del sistema bancario dio de hecho por resultado la política de crédito relativamente expansionaria..." "...según la última proyección del déficit del

Gobierno Central (al inicio de 1978), al último se le debe canalizar una cantidad mucho mayor de financiación que la que originalmente se había pensado."

"Aún cuando el Banco Central reconoce un déficit del Gobierno Central del mismo orden y magnitud del que se proyecta, (1.918 millones de colones al terminar la administración pasada), no toda la financiación se ha incorporado en las proyecciones monetarias, ni tampoco se ha considerado en las proyecciones de la balanza de pagos."

Desde luego, estas consideraciones no incluyen las cifras centenarias de millones de financiación a CODESA en 1978. Agregó el Fondo Monetario Internacional, refiriéndose a las consecuencias que podía esperar Costa Rica a raíz de las formas de manejo económico y financiero de la pasada administración. "...La proyección de los activos líquidos del sector privado para 1978, supone que el último girará parte de sus depósitos con el Sistema Bancario, cuando se enfrente a las bajas drásticas en el ingreso de las exportaciones de café."

Refiriéndose a la falta de medidas de las que fuera responsable el Gobierno anterior, el Fondo Monetario Internacional afirmó en marzo de 1978: "Las principales conclusiones de las proyecciones con respecto a la falta de medidas políticas son: 1) La brecha entre la demanda y la oferta nacional será mayor, ya que la gran demanda persistente del sector privado será reforzada por las presiones de la demanda generada por la tendencia expansionaria de la política fiscal, con la relación del producto nacional bruto de la brecha de recursos, doblándose al 10 por ciento en 1978, y subiendo además al 12 por ciento en 1979. 2) Aún con un aumento repentino en los préstamos del sector externo, la afluencia proyectada de capital neto no sería suficiente para financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y 3) el resultado sería una pérdida en las reservas internacionales netas (de divisas) de cerca de cien millones de dólares en 1978 y de doscientos millones de dólares en 1979. Lo que significaría que como se ha calculado una ganancia en las reservas de cincuenta millones de dólares hasta junio de 1978, inclusive, la pérdida de reservas internacionales netas en los 18 meses transcurridos hasta fines de 1979 sería de trescientos cincuenta millones de dólares".

Llamo la atención a los señores Diputados acerca de la cita anterior en la que el Fondo Monetario Internacional hacía ver a las autoridades del gobierno pasado, en marzo de 1978, que se perderían la totalidad de las reservas de divisas antes de terminar 1979. A eso se debe, lo aclaro para beneficio del país, el que funcionarios de la administración anterior y otras personas, se hayan dedicado, por meses y meses, a pregonar que Costa Rica se quedaría sin divisas, del todo, en diciembre de 1979. El Fondo Monetario había dicho que, de seguirse como nos traía el gobierno pasado, tal cosa ocurriría.

Los que vaticinaron siempre lo negativo, los que se opusieron a que nuevos empréstitos ayudaran a solucionar la situación, se empeñaban en afirmar que las cosas sucederían de la misma manera que habrían sucedido según las proyecciones del Fondo Monetario, ante la política del Gobierno que terminó hace dos años. Asimismo, ha habido un empeño calculado, junto con obstaculizar la aprobación de nuevos empréstitos, tendiente a comprometer con nuevos gastos al Gobierno, sin dotarlo de mayores ingresos. Ha habido esfuerzos por lesionar a Costa Rica conduciéndola a sufrir los males económicos de una devaluación con sus efectos sociales negativos.

Quienes han luchado a favor de la devaluación y la han pronosticado vehementemente, habrán tenido presente, sin duda, el siguiente párrafo del Fondo Monetario Internacional, escrito en marzo de 1978 ante la inacción del gobierno pasado para resolver el problema y los resultados previsibles de la omisión. Dijo el Fondo Monetario en esa fecha: "Desde el segundo semestre de 1977, se han hecho imperativas ciertas medidas estrictas tendientes a limitar la expansión proyectada de la demanda total. Sería ideal que se pudieran adoptar durante el "interregno" (se refería al periodo entre las elecciones y el 8 de mayo de 1978), pero esa decisión no puede posponerse para mucho después de medio año. En efecto, el desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones en la economía puede llegar a ser de tal magnitud que no podría lograrse un ajuste que satisficiera las necesidades en el momento dado, sin recurrir a un cambio en el valor del colón, junto con un programa de estabilización económica a un plazo, más largo. Si no se toman las medidas inmediatas, probablemente el Gobierno se enfrentará a la necesidad de devaluar el colón a más tardar en 1979..." y agregó la Misión del Fondo Monetario, conocedor como era del carácter de los gobernantes de entonces: "sin embargo, como es probable que no se tome ninguna medida antes de mayo (de 1978), y considerando que algunas de ellas tendrán un efecto retrasado; un ajuste de cerca de 50 por ciento de la brecha de la demanda nacional podrá considerarse dentro del alcance de dichas medidas en 1978-1979. A causa de lo urgente del problema y de la magnitud del ajuste que es necesario, tendrán que tomarse inmediatamente una serie de medidas a corto plazo".

Señores Diputados, hoy, al iniciarse el quinto mes de 1980, la devaluación anunciada por muchos para que ocurriera en 1978, "... a más tardar en 1979...", no ha ocurrido. Se han podido neutralizar los efectos de una equivocada política económica, heredada, hemos tenido que aplicar medidas monetarias y fijar mayores ingresos fiscales por decreto, hemos reducido el gasto público en proporción sin precedentes en la historia del país y nos hemos enfrentado al mayor drenaje, imaginable, en razón del alza en los precios del petróleo, alza que no tuvo presente la Misión del Fondo Monetario Internacional en marzo de 1978, y que ha representado una carga adicional de centenares de millones de dólares sobre la economía costarricense. Permítanme ahora, señores Diputados, que insista en la necesidad imperiosa de que esta Asamblea Legislativa se consagre al conocimiento y aprobación de empréstitos y nuevos ingresos que complementen las medidas aplicadas por decreto por mi gobierno. Hemos encarado con firmeza una situación heredada que, según lo he probado, tenía características de tragedia, de acuerdo con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en marzo de 1978.

La responsabilidad es conjunta, señores Diputados. El Poder Ejecutivo ha tomado la suya. Os invito a atender nuestro llamado con la seguridad de que el único beneficiado será el pueblo costarricense. A vosotros hemos remitido

nuestra propuesta concreta para la solución fiscal. Aceptamos otras sugerencias, pero cualquier posposición puede dañar al país. Hemos hecho y seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para conjurar los males provocados durante el gobierno pasado, anunciados desde inicios de 1978 y que habían llevado al país al desastre en que se encontraba en marzo de 1978, cuyo rescate hemos iniciado. Empeñémonos todos juntos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, en lograr la solución final.

En los últimos dos años el país ha tenido que enfrentar una situación en la que mientras suben violentamente los precios de nuestras importaciones de petróleo y de todos los otros artículos a causa de la inflación mundial, los precios de nuestros productos de exportación han oscilado erráticamente. Esto último nos ha llevado a promover la participación directa de los países subdesarrollados, en defensa de sus precios de sus productos de exportación. Para enfrentar las presiones inflacionarias resultantes de la situación heredada y de la de carácter mundial, mi Gobierno ha recurrido a una serie de medidas de política económica de tipo antiinflacionario y se ha estimulado la economía hacia la producción de artículos de consumo local y de exportación a mercados fuera del área. Como ya se indicó, la más importante de las medidas aplicadas ha sido la reducción del gasto del gobierno por medio de la subejecución del presupuesto, la que alcanzó a 1.024.3 millones de colones en 1979 y ₡1.284.8 millones en 1979, un total de 2.309.1 millones de colones en sólo 20 meses, de los cuales aproximadamente 107 millones de colones son efecto del ahorro producido mediante el congelamiento de 1.045 plazas de presupuesto de la Administración Pública centralizada. Nunca en la historia de Costa. Rica un Gobierno ha llevado a cabo una acción de austeridad de tanta magnitud, lo que se puede evidenciar diciendo que el Presupuesto de 1980 tiene una capacidad 4e compra similar a la del de 1978. Además en el campo monetario se ha tratado de disminuir y encarecer el crédito no productivo y el crédito al sector público, tan presionado por los compromisos contraídos en la Administración anterior al punto que, en sólo CODESA, el anterior Gobierno dejó obligado al actual a financiar 1.492.3 millones de colones en dos años. Asimismo, el Banco Central fijó tasas de interés acordes con las de mercados financieros internacionales, retribuyendo apropiadamente a los depositantes y estimulando así a estos para que los recursos no salieran del país.

Este tipo de medidas han permitido aminorar la inflación y con ello han protegido en mucho el nivel de vida de los consumidores, en especial de los de más bajos ingresos.

De no haberse actuado en la forma indicada, Costa Rica estaría lamentando hoy un grado de inflación muy elevado.

No el que vivió de 9,2% en 1979, sino uno que podría haber oscilado entre el de 11,5% de Guatemala, y el 52,7% de Brasil ó de 159,5% de Argentina en ese mismo año. (Datos del Fondo Monetario Internacional).

Desafortunadamente para Costa Rica, dos de los factores de inflación más graves han sido el aumento de los compromisos fiscales sin contenido económico, como ocurrió en esta Asamblea Legislativa, cuando en 1979 no se aprobaron los ingresos propuestos por el Poder Ejecutivo para compensar los aumentos de salario que mi Gobierno acordó a los empleados públicos, y el congelamiento de la cartera bancaria que puso, durante años, grandes cantidades de dinero en pocas manos, dinero que no se puede recobrar en su totalidad.

Con respecto a la necesidad de ingresos fiscales para compensar el aumento de salarios de los empleados públicos, me complace repetir a los señores Diputados que la Comisión Especial de Salarios, encargada de revisar las dotaciones de los servidores del Poder Ejecutivo, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 11203-TSS publicado en La Gaceta de 3 de marzo de 1980, en cumplimiento de las funciones establecidas en el mencionado Decreto, rindió dictamen unánime con fecha 22 de abril de 1980, en el cual textualmente dice: "Que para hacerle frente a la erogación que representa la revaloración salarial aquí señalada, el Estado debe procurarse nuevos ingresos sanos que no generen presiones inflacionarias para lo cual esta Comisión considera que deben realizarse las reformas legales, que aumenten 103 ingresos del Gobierno en el monto suficiente que garantiza la correcta financiación del gasto derivado de la presente Revaloración Salarial. Dichas reformas tributarias deben tener las siguientes características: a) Que los nuevos impuestos o modificaciones a los existentes, no deben afectar negativamente a los grupos de menores ingresos ni a las pequeñas unidades de producción. b) Que estas medidas no deben tener efectos regresivos. c) Que mejoren los procedimientos de recaudación tributaria con el objeto de evitar la evasión fiscal. d) Que las reformas tributarias que se realicen contribuyan a la mejor distribución del ingreso y al mayor desarrollo socioeconómico del país y de todos sus ciudadanos.

Nos complace repetir a ustedes que el Poder Ejecutivo considera que las reformas fiscales propuestas a consideración a los señores Diputados, reúnen todas las características que acabo de transcribir y cuyo contenido mereció especial consideración por parte de los representantes de la Unidad Magisterial, Federación Costarricense de Trabajadores Democráticos, Asociación Nacional de Empleados Públicos, Consejo Sindical Democrático y Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos, quienes en las consideraciones finales del referido dictamen señalan que: "Los representantes del Sector Gubernamental han expuesto sus puntos de vista para demostrar que el Proyecto de Ley de Modificación a la Legislación Tributaria Vigente (Expediente de la Asamblea Legislativa No. 8468), cumple con las

características que en materia tributaria deben tener los nuevos impuestos o modificaciones a los vigentes que se requieren para financiar en forma sana los aumentos salariales recomendados en este dictamen."

El gasto público sin contenido, aprobado por vosotros, hubo que compensarlo con ingresos fiscales autorizados mediante Decreto Ejecutivo No. 11026-H de 20 de diciembre de 1979, en vista de que no se habían ni se han aprobado por la Asamblea Legislativa los ingresos fiscales propuestos. El congelamiento de la cartera, que conlleva cuantiosas pérdidas para los bancos y graves daños para el país, se está atendiendo con acción bancaria directa y mediante una política agraria de gran interés social en la que, sacando ventaja de la grave situación heredada en materia bancaria, se está transformando en propietarios a millares de costarricenses mediante la acción conjunta de los Bancos y del ITCO. Aprovechamos para advertir, respetuosamente, a los señores Diputados, que cualquier nuevo gasto que se apruebe sin el debido ingreso, conducirá necesariamente a emisión monetaria para dar crédito al Gobierno y, en consecuencia dejará sin efecto los beneficios logrados con el Fondo Monetario Internacional y producirá inflación como la inducida por esta Asamblea Legislativa el año anterior. No es posible pretender que acciones de tal naturaleza se neutralicen solas. En realidad, el error de aprobar gastos sin los correspondientes ingresos, lo pagan los consumidores y los empleados públicos de menores ingresos, que absorben a corto plazo el efecto inflacionario y así la aparente ventaja inicial lograda, se convierte en perjuicio.

El otro factor, el "congelamiento" de la cartera bancaria, ha sido la causa de que inmensas cantidades de dinero hayan salido a la circulación y no se hayan recogido jamás, ni se puedan recuperar en su totalidad. En los primeros meses de mi Gobierno, visité oficialmente a todos los bancos del Estado, y les advertí sobre esta situación sobre el volumen de crédito otorgado no recuperable y el impacto en ellos de la actividad financiada que hubiese fracasado o estuviese por fracasar, con los correspondientes efectos sobre cada banco en particular y en la economía nacional. Desde mediados de 1978 observé a los bancos sobre esta coyuntura difícil y sobre el grave problema de la concentración del crédito en pocas manos, en menoscabo del Sistema Bancario y de la economía nacional.

En la gran mayoría de los casos se confirmó nuestro diagnóstico. Se nos dijo oficialmente en el Sistema Bancario que su seria y difícil situación era consecuencia de que "en la anterior administración del banco se había seguido una política muy liberal en cuanto a crédito"; que "... había facilitado la concentración del crédito bancario en pocas manos", y que esto "había ocasionado también que se hubieran descuidado los sectores productivos del país".

Esta situación del congelamiento de la cartera bancaria ha producido serios efectos en la inflación, daños irreparables a los bancos, al crédito y a la producción del país que, a pesar de los esfuerzos hechos y que se hacen para corregirla, seguirá afectando a la economía costarricense por mucho tiempo, como grave herencia de años anteriores. Tan grave ha sido el problema del crédito perdido por los bancos que los ha obligado a medidas especiales y, en un caso, ha obligado al Banco Central a reforzar de emergencia a un banco comercial consumido por los malos y voluminosos créditos otorgados en el pasado.

El crédito bancario destinado al sector público ha sido presionado, como antes se dijo, por las demandas que desde la Administración anterior presentó CODESA. Desafortunadamente la actual administración de CODESA ha tenido que enfrentarse a muy malas inversiones, malos negocios como Guanacal, destilería del alcohol de CATSA, Alunasa y Cementos del Valle, entre otras.

Debo reconocer los grandes esfuerzos realizados por la administración de CODESA desde que llegamos al Gobierno. Con trabajo y oportuna orientación, ha cerrado pésimas empresas, enderezado otras, mejorado varias y realizado un magnífico negocio para el país con la compra de las acciones de Fertilizantes de Centroamérica, Costa Rica, S. A. (FERTICA), que se han puesto a la orden de trabajadores y usuarios de los productos de la empresa. La compra de estas acciones representó para el país una ganancia de 321.7 millones de colones y a la vez benefició al Estado con cerca de cuarenta millones de colones en cinco propiedades, una de las cuales ocupa hoy la Presidencia de la República, traslado que se efectuó por cuanto el anterior edificio de la Casa Presidencial no reunía condiciones de funcionalidad y, en alguna época del año, tampoco de seguridad. Su reconstrucción y el afianzamiento de sus bases habría costado una elevada suma. El 1° de marzo de 1980 se instaló el Despacho Presidencial en su actual edificio, con lo cual, sin costo alguno para el Estado, se resolvió el serio problema de su ubicación dentro de normas de comodidad y dignidad. En materia de salarios, tan importante en el momento de inflación que vive el mundo y que, mal manejados pueden conducir a una aceleración de la inflación o a una marcada injusticia social, el objetivo de mi Gobierno ha sido el de mantener y aún mejorar su valor real.

La definición y la clara acción en materia de una política salarial es de crucial importancia dentro de la política global económica y social.

El salario es uno de los costos de producción más importantes, por lo que los incrementos salariales tienden a traducirse en precios más elevados y en ocasiones, en menor producción, fenómenos que pueden dejar al trabajador en una situación real similar a la anterior o peor si se estimula la inflación. Por otra parte, si además del aumento del costo de producción causado por las alzas salariales, se ponen límites máximos arbitrarios a los precios de los productos que consumen los trabajadores, se podría desestimular inconvenientemente la producción nacional.

Considerando estos y otros factores, y, teniendo en cuenta que la política salarial no puede desvincularse del resto de la política económica, el Gobierno ajusta la política salarial para que cumpla los fines sociales que le corresponde y trata de no deformar el papel que el salario desempeña en el proceso de la producción.

Los objetivos sociales básicos del Gobierno son la promoción humana de los grupos de menores ingresos, por medio del mejoramiento de sus condiciones de vida y el fortalecimiento del sector agropecuario-rural costarricense, que debe disfrutar de una política y una acción de precios justos para sus productos.

En consecuencia, la política del Gobierno propende a un ajuste racional en los precios de compra al agricultor, de acuerdo con el incremento en sus costos, simultáneo con incrementos salariales mayores para los grupos de más bajos salarios, como lo acaba de recomendar el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de Salarios, y ha sido acogido y aprobado por éste.

La fijación de salarios mínimos debe tomar como límite máximo el incremento anual estimado en los precios, de acuerdo con el índice para el consumidor de ingresos medios y bajos en el año previo a la fijación y considerar el aumento de productividad.

El Gobierno ve en esta política un instrumento importante de carácter económico y social, que permite aminorar los efectos de la inflación a base de no aumentar la capacidad de compra de los grupos de mayores Ingresos que generalmente se orienta, en sus excesos a lo importado y a lo superfluo, con los consiguientes efectos negativos en la balanza de pagos. El marco monetario y fiscal resulta fundamental para consolidar la política que se sigue. Se ha establecido en nuestra carta de intenciones al Fondo Monetario Internacional que desembocó en el convenio de contingencia acordado por el Gobierno con el Fondo en diciembre de 1979 y aprobado por éste en marzo de 1980, fijar montos de endeudamiento externo y de gasto público, volúmenes de crédito, con el fin de contribuir a la estabilización económica del país. Este programa reclama la colaboración del pueblo que, como ya lo he dicho repetidamente, no puede seguir consumiendo e importando como no lo hace ningún otro país en la región. El pueblo costarricense debe comprender que no puede seguir gastando al ritmo que lo hace y que, si no se detiene en su alto consumo, le puede causar graves daños al país. La situación de Costa Rica permite un altísimo nivel de vida y un derroche considerable. Es tan alto el consumo costarricense que a pesar de las elevadísimas importaciones de 1979, los dos primeros meses de 1980 reflejan otro aumento en tales importaciones que suben en ese lapso de 1.665 a 2.267 millones de colones, o sea, un aumento de más del 36%.

Deseo dejar bien claro que no estamos dispuestos a administrar en forma pasiva la situación económica, como se hizo en el pasado, sino que estamos resueltos a enfrentarla promoviendo cambios estructurales en lo económico y social, mediante la aplicación de medidas de efecto a corto, mediano y largo plazo, como ya se ha hecho en lo fiscal, crediticio, monetario, de endeudamiento externo e interno y, en general, en lo económico y social.

Preferimos que las medidas que hoy se apliquen causen malestar relativo y pasajero, pero que tiendan a solucionar problemas fundamentales, que aquellas que en el pasado se tomaron por complacencia, que satisfacen a corto plazo, pero que causan efectos graves y permanentes a nuestro pueblo. No deseamos que pase de nuevo en Costa Rica lo que según el Fondo Monetario Internacional ocurrió en 1974 y 1975 en que las variaciones anuales de precios al consumidor llegaron al 30,6% y 20,5% respectivamente en comparación con un 8,5% en 1979.

Entre la dureza que contrarreste la inflación y la dañina amplitud y "generosidad" que la estimula y que se usó en el pasado en gran medida, escogemos la primera, convencidos de que sólo beneficios en lo moral, social y económico puede producir.

El desarrollo económico obliga a una utilización creciente de recursos nacionales. Para ello hemos establecido una política de población propia, inspirada en los Derechos Humanos, determinada según la conveniencia nacional, con absoluta autonomía y total respeto a nuestra soberanía, la que quedó olvidada en el pasado por el sometimiento que sufrió Costa Rica a normas importadas de países ricos y que ellos imponen a nuestras naciones procurando su propio interés y no el nuestro.

Atrás quedaron la acción veterinaria y la idea de que la esterilización de seres humanos es, según se piensa en otros países, más económica "que tener que darnos de comer". Nuestra política de población se fundamenta en la educación de los padres, en su debida ilustración para que tomen libremente las decisiones que sólo a ellos les corresponde, con respeto al ser humano y se evite que con recursos aplicados masiva e indiscriminadamente se pretenda apagar el germen de vida, la mayor riqueza del género humano, en su seria misión de poblar la tierra.

De acuerdo con estudios técnicamente realizados, se demostró que en noviembre de 1979 la desocupación del país alcanzaba un 2,9% de la población activa, o sea, uno de los más reducidos del mundo. Asimismo la Bolsa de Ocupación del Ministerio de Trabajo llegó a registrar una demanda no satisfecha de 7.200 trabajadores. A la vez, es digna de nota la fuerte presión que existe para traer trabajadores, hombres y mujeres, de países vecinos, lo que indica un elevado grado de ocupación en el país.

Estos datos nos demuestran que ahora Costa Rica no tiene los trabajadores que necesita y los está pidiendo a otros países, habiendo evitado por años el crecimiento de nuestra población, pareciera que el país está dispuesto a traerla de otras naciones en donde se sufre el analfabetismo y serios problemas sociales, por cuya eliminación ha luchado nuestro pueblo por generaciones.

Para proteger y utilizar mejor los recursos materiales impulsamos una intensa política de reforestación que ha logrado el establecimiento de 24 viveros, capaces de producir 5.340.000 arbolitos al año y que ha significado la siembra de.

2.141.165 árboles. Por primera vez en nuestra historia, el plan de crédito aprobado por el Banco Central para 1980 contempla sesenta millones de colones para créditos forestales. Se protegen con amor nuestros parques nacionales y éstos se han ampliado en dos años en 30 000 Ha, además de incluir los Parques de la Isla del Coco (2 400 Ha) y de la Amistad (150 000 Ha). Se han definido con claridad las reservas forestales y se mejora el sistema de vedas para proteger nuestra fauna.

La diversificación de la producción y de las exportaciones ha Helado a campos diversos y Costa Rica aumentó sus exportaciones industriales en un 55,3% a mercados fuera de Centro América en 1979; exportó legumbres frescas y secas, y otras frutas por un monto de veintisiete millones y medio de colones, o sea, un 43,4% más que el año anterior. La programación dé mayores exportaciones, diversificadas y a mercados nuevos, se ha realizado con la magnífica participación de representantes del sector privado, dé acuerdo con la política de diálogo que, en todos los campos, el Gobierno ha mantenido con los grupos y personas que trabajan con el deseo de ayudar a Costa Rica y no de hacer política circunstancial.

La economía nacional se ha impulsado, por otra parte, con la aprobación de 109 proyectos industriales y 88 proyectos nuevos, que generarán inversión por 925.000.000,00 y abrirá 8.398 nuevos empleos en las ramas de productos alimenticios, textiles, industria de la madera, industria del papel, productos químicos, productos minerales no metálicos, metálicos, maquinaria y equipo, hoteles y otras industrias manufactureras, todo lo cual indica la confianza en el país y en su situación económica. Así como la extensión de la frontera agrícola, mediante el proyecto de riego, revolucionará la agricultura nacional, el proyecto de zonas francas de exportación y de parques nacionales industriales revolucionará la producción industrial y transformará el panorama económico del país.

Los parques y zonas francas industriales contribuirán a superar el desequilibrio del comercio exterior y serán una de las columnas vertebrales del nuevo modelo de desarrollo industrial. Se trata de industrias livianas e intensivas en mano de obra, que proporcionarán abundantes fuentes de trabajo, que contribuirán a desarrollar dos zonas importantes portuarias del país, proporcionarán un desarrollo tecnológico moderno servirán para contener el proceso de migración rural-urbana, ayudarán a efectuar una mejor utilización de los recursos disponibles en infraestructura, espacio y materias primas y desarrollarán nuevos polos en el país, fuera del Valle Central, acorde con el plan de regionalización en marcha, e incrementarán la capacidad empresarial del país.

La Corporación de la Zona Franca de Exportación, subsidiaria de CODESA, es la encargada de este proyecto, que en febrero próximo instalará las primeras industrias en Limón y en Caldera, en una extensión de cuatro hectáreas en cada uno de estos sitios.

El estudio y diseño del proyecto está a cargo de un consorcio, que, una vez concluido, servirá para buscar el financiamiento total del proyecto. Este tiene como meta desarrollar un total de 60 mil puestos de trabajo en un lapso de ocho a diez años.

Os pedimos, señores Diputados, vuestra colaboración a fin de que el proyecto que os hemos enviado sobre la materia sea pronto una realidad y una fuente de beneficios para el país.

La pesca de atún exportado aumentó un 21,6% con relación a 1978, y se procesaron localmente 7 712 toneladas en comparación con 6 573 en el año anterior, o sea, un aumento del 17,3%. Se logró a diferencia de otros años cuando se dejaba ir a los barcos piratas, que nuestros tribunales los condenaran, sentando el precedente básico de que en realidad nuestro mar patrimonial es de 200 millas y de que se necesita permiso para pescar en él. Esta acción reportó al país ingresos adicionales por diez millones de colones. Hemos aumentado el monto total de las exportaciones tradicionales, sin incluir café, en un 8,9% en 1979.

Nos encaminamos con decisión a variar la política tradicional del país de comprar, puesto en bodegas aquí, todo lo que se importa y de vender entregado en puerto, y aún en rieles, todo lo que se exporta. Los costos de exportación o importación, de fletes y de seguros, deben ser parte fundamental del valor agregado de nuestra economía a todo artículo objeto de comercio exterior. Para realizar esta política vital para el país, en marcha, pedimos vuestra colaboración y comprensión. La explotación de. Para realizar esta política vital para el país, en marcha, pedimos vuestra colaboración y comprensión. La explotación de los recursos del subsuelo reclama la pronta vigencia del Código de Minería que por años y años ha estado en estudio de esta Asamblea Legislativa y que con optimismo esperamos sea aprobado pronto. Hace pocos días visitamos el Cantón de Pérez Zeledón y llevamos a distinguidos representantes de la comunidad un estudio realizado por técnicos de CODESA, que prueba que Costa Rica tiene bauxita en cantidad comercial suficiente que su explotación puede desarrollarse sin otorgar concesiones territoriales a empresas foráneas, que hay reservas comprobadas para que la planta opere racionalmente hasta su amortización y que la probabilidad de mayores reservas es muy grande.

Hace diez años, señores Diputados, desde una de esas curules, nos opusimos a que se entregaran a una empresa extranjera veinte mil hectáreas, para extraer, casi sin pagar nada, nuestra bauxita, y que el país se comprometiera a gastar sumas considerables en beneficio de una compañía extranjera ALCOA. Hoy poco tiempo después, nos sentimos orgullosos al comprobar que teníamos la razón quienes queríamos que el aluminio se explotara con beneficio para el país; nos satisface demostrar que estaba equivocado quien calificó a la bauxita como barro colorado que no valía nada y que no importaba que se lo llevaran. Ahora la riqueza puede ser explotada en beneficio real del país.

La que se llamó Jornada contra el Contrato de ALCOA del 24 de abril de 1970 tuvo como sano y feliz resultado la eliminación de los Contratos-Ley en Costa Rica mediante reforma a los artículos 124 y 140 de la Constitución Política.

Correspondió a mi Gobierno cancelar el último Contrato-Ley con la Compañía Bananera de Costa Rica y la Chiriquí Land, mediante Decreto No. 9330-H-A de 5-12-78, que la transformó en Contrato Administrativo.

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES El desarrollo económico de un país depende, en buena parte, de su infraestructura en obras públicas, así como en el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Por este motivo, nuestro Gobierno, además de los planes económicos ya citados, se ha

preocupado seriamente por todo lo referente a obras públicas y transportes, habida cuenta del atraso que el país sufrió durante varias décadas, en este sector vital de la economía costarricense, y de la ausencia de políticas claras y definidas.

Se ha logrado conformar un programa integrado de obras, ambicioso y dinámico.

En cuanto a caminos, el programa en ejecución y diseñado para el futuro trata de satisfacer la demanda de las comunidades y las necesidades del país. Especial atención se ha dado al planteamiento de una solución para el mantenimiento de caminos. Con este fin, se ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley tendiente a reformar la Ley General de Caminos y modernizar así la clasificación de caminos existentes y redefinir la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales. También se ha preparado un proyecto de ley para crear el Consejo de Carreteras y Puentes de Peaje, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es necesario que las vías y puentes que se autofinancien mediante el pago de peaje puedan ser planificadas, diseñadas, construidas y administradas independientemente.

La aglomeración metropolitana demanda una solución vial a un desarrollo urbano que careció de planificación. El programa de ejecución consiste en la ampliación de las principales radiales que habilitan los núcleos circundantes, la terminación de la ampliación de la Avenida Segunda, la construcción de un boulevard periférico por el sur de la ciudad, construcción de un puente a cuatro vías sobre el río María Aguilar que una Hatillo con la Sabana, construcción de seis puentes elevados que eviten accidentes y brinden fluidez al tránsito en puntos importantes de confluencia de tránsito y solución a tapones y obstáculos en vías de la ciudad.

Durante el período se contrataron obras por un monto total de ₡119.693.768. ₡

Radial San José-San Pedro Radial Desamparados Radial San Sebastián Radial Guadalupe Radial Uruca Tournón Ruta 102 (complemento carretera a Siquirres) Radial Alajuelita

9.573.500,00 9.979.200,00 21.492.538,00 21.332.287,00 24.461.200,00 30.112.753,00 2.742.290,00

Además se inició el trámite de licitación de los siguientes proyectos: Ampliación de la Avenida Segunda Puente sobre el río María Aguilar Puentes elevados Radial Tibás que incluye el paso a dos niveles en Cinco Esquinas

₡ 10.000.000,00 27.098.745,00 135.000.000,00 10.000.000,00

Con equipo propio del Ministerio se siguió construyendo la Periférica Sur. El avance de las obras es muy satisfactorio, ya que se concluyó un 70% del tramo Hatillo-Paso Ancho y un 30% del tramo San Pedro-Zapote.

Además, por administración se terminó la reconstrucción total de la carretera El Cristo-Sabanilla-Betania, con una longitud de 4 km y un costo de 6 millones de colones.

El conjunto de vías troncales en ejecución incluye el Complejo Vial del Pacífico Sur, la ruta San José-Siquirres y Radial a Puerto Viejo, el Proyecto Terrón Colorado-Los Chiles y la Autopista a Cartago.

El Complejo Vial del Pacífico Sur se compone de una red de 393 km con las siguientes vías:

Autopista San José-Caldera Costanera Sur Ciudad Colón-Parrita Pérez Zeledón-Costanera Sur

km 105 197 65 26

El programa convenido con el Banco Centroamericano de Integración Económica para realizar este plan en seis años, suponía su inicio en el año 1979. Lamentablemente atrasos en la aprobación de los primeros empréstitos pospusieron su inicio para 1980.

Se estima el costo del programa en 1.130 millones de colones.

Durante el período se concluyó el tramo Escazú-Santa Ana-Ciudad Colón, de 20 km y a un costo de ₡90.801.498,00 y se inició el trámite de licitación para la pavimentación del tramo Tárcoles-Loma de 62 km y un costo estimado de ₡30.000.000,00 y la construcción del tramo Barú-Palmar de 61 km y un costo estimado de ₡210 millones.

El Banco Centroamericano de Integración Económica concedió un empréstito por la suma de ₡140.056.000,00 para la construcción del tramo Orotina-Coyolar-Tárcoles-Caldera, cuyo contrato ha sido presentado a la Asamblea Legislativa para su ratificación.

El proyecto Carretera San José-Siquirres, que tiene una longitud de 125 km y un costo estimado de ₡424.800.000,00 se vio complicado por problemas empresariales del contratista que ejecuta la obra. Estos problemas parecen haber sido superados con la intervención del Ministerio de Obras Públicas. La marcha del proyecto es: Ruta 102Mata de Café ₡17.433.760,00 23% realizado; Mata de Café-Río Patria ₡182.057.251,00 66.8% realizado; Río PatriaGuácimo ₡70.081.063,00 8% realizado; Guácimo-Siquirres ₡68.393.805,00 53.9% realizado; Río Sucio-Puerto Viejo ₡35.523.680,00; seis puentes mayores ₡59.512.894,00, 25% realizado.

Durante el período se contrató e inició la construcción de la terminación de la Autopista a Cartago, tiene un costo estimado de ₡81.596.575,00 y se reporta un avance del 16% en el período.

También se contrató la terminación de la Carretera Terrón Colorado-Los Chiles por ₡60.145.952,00 en un proyecto que incluye la construcción de los puentes, y la pavimentación de toda la extensión del proyecto. Se obtuvo un avance del 80% de la primera sección que representa un 40% del total de la obra con una inversión de 30 millones de colones.

Para rutas de apoyo a zonas rurales se realiza un ambicioso plan con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo y una fuerte inversión local. Cubre una longitud total de 321 km y se ejecuta a un costo estimado de ₡450.000.000,00.

El siguiente cuadro reseña los proyectos incluidos en el programa así como el avance obtenido durante el período: San Vito-Colonia Gutiérrez Brown Mollejones-Platanares Juntas de Pacuare-Pejibaye Puerto Moreno-Ruta 21 Home Creek-Bribrí San Miguel-Aguas Zarcas Los Chiles-El Tanque Quebrada Honda-Barra Honda Santa Cruz-Arado Torno-Fortuna-Níspero Km 14-Km 16 Las Trenzas-río Coto Bagaces-Guayabal El Tanque-San Rafael de Guatuso Interamericana-Rincón Interamericana-Puerto Moreno Limón-Santa Rosa Herediana-La Alegría

46,6% 2,8% 39,3% 49,7% [sic] 20% 53,4% 5% 4,5% 17,8% 57,5% 36,8% [sic] [sic] 49,7% [sic] [sic]

Con la Administración actual se dio comienzo a una política de atención a la pavimentación de calles de centros poblados, aprovechando las contrataciones de proyectos viales en las cercanías. Con este sistema se están beneficiando las siguientes comunidades que, al concluir el período, habían sido incluidas en contratos vigentes:

Tres Ríos Paraíso Tejar Oreamuno Cartago Ciudad Neily Río Claro Palmar Norte Calles Golfito Calle San Vito Calles San Isidro de El General Bagaces Guayabo El Tanque Monterrey San Rafael de Guatuso Lajas y Altos de Pascua

km 5,0 3,0 2,0 2,0 15,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,5 5,0 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0

Pacayas Santa Cruz de Turrialba Turrialba Barrio Lourdes de Pacayas San Ramón Calles de Filadelfia, principales calles Corralillo Tablón San Juan de Tobosi Calles en Cot (Cartago) Calles en Venecia Calles en Aguas Zarcas Calles en Barra Honda Calles en Quebrada Honda Calles en Terrón Colorado Calles en Santa Rosa Calles en Los Chiles Calles en Barva-Heredia Calles en Guápiles Calles en Carian Radial Roxana Radial La Rita Calles en Llano Grande Calles en Tierra Blanca Calles en Ciudad Colón Calles en Santa Cruz Calles en Upala Calles en Cañas Calles en Bijagua Calles en Quepos Calles en Siquirres Calles en Guácimo Calles en Jiménez Calles en Heredia Calles en Alajuela Calles en Nandayure Principales Calles de Santa Ana Principales Calles de Escazú

3,0 1,5 5,0 0,5 10,0 6,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 2,0 3,0 3,0 1,7 0,8 3,0 2,0 0,6 1,4 2,0 0,8 1,5 3,0 0,5 2,0 3,0 1,2 1,0 30,0 30,0 [sic] [sic] [sic]

Atendiendo la necesidad de estimular mejoras en calles de nuestros principales puertos, Puntarenas y Limón, se inició un proceso de licitación para pavimentar 5 km de calles en cada una de esas ciudades.

Se trató de promover la ejecución de obras bajo el sistema conocido como "Planes Cooperativos". Se estima que durante el periodo se construyeron o mejoraron aproximadamente 5 531 km de vías en distintas comunidades del país, contando para algunas obras con la participación monetaria de comunidades, dentro de la cual, en contratos debidamente formalizados, se logró un aporte de 11.200.000,00.

Preocupación de la más alta prioridad ha sido el diseñar toda una nueva política que garantice buena atención a nuestras carreteras y caminos. Para ello se llevó a cabo un estudio específico y amplio que sentó bases concretas de requerimiento para un programa a realizar en los próximos cinco años. Incluye la reestructuración del sistema vial del país y un cronograma especial de pavimentación de caminos nacionales para el cual se cuenta con el apoyo financiero de instituciones como el Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se obtuvo del BID un empréstito de ₡281.000.000,00 destinados a la ejecución de un programa estimado en 465 millones de colones para pavimentar 400 kilómetros de caminos vecinales dentro de los cuales se encuentran los siguientes proyectos: km Lepanto-Playa Naranjo 8,4 Santa Rita-Canjel-San Pablo-Jicaral-Lepanto 32,1 Belén-Santa Ana-Cartagena-Portegolpe 23,4 Portegolpe-Huacas-Villarreal 22,9 Interamericana-Inocentes-Santa Cecilia 26,5

Tilarán-Nuevo Arenal Tilarán-Líbano Muelle-Terrón Colorado San Miguel-Chilamate San Ramón-Piedades Sur Cinco Esquinas-Palmito Bajo Corrales-La Palma Santiago-Grifo Alto-San Pablo Santiago-Santa Marta-Salitrales Frailes-Tarbaca-río Conejo Frailes-San Pablo de León Cortés San Isidro de El General-Rivas Interamericana-San Vito-Sabalito Paso Canoas-La Cuesta-Laurel Penshurst-Hone Creek Santa Cruz-Tamarindo San Josecito-Atenas Poasito-Volcán Poás San Ramón-Zarcero Corralillo-Tablón-Tobosi Interamericana-Upala Belén-Santa Cruz-Nicoya Pacayas-Santa Cruz-Turrialba Turrialba-La Alegría-Radial Guayabo San Ramón-San Isidro-Peñas Blancas

29,8 9,1 11,8 31,8 11,4 2,5 6,8 23,9 20,4 19,9 19,5 8,7 57,0 15,9 17,8 31,7 20,0 10,0 28,0 15,4 61,6 37,0 39,4 47,8 53,6

En proceso de licitación: Barva-Vara Blanca-San Miguel de Sarapiquí Rancho Redondo-Llano Grande-Tierra Blanca Puente Tempisque-Ruta 21 Parrita-Jabillos-San Carlos Carretera Naranjo-Ciudad Quesada-Florencia

58,0 16,0 [sic] [sic] 40,0

Se ha finalizado la negociación con el BIRF (Banco Mundial), de un empréstito por 250 millones de colones para rehabilitar carreteras existentes, adquirir equipo de mantenimiento y desarrollar un programa de rehabilitación de equipo en existencia.

Se suscribieron contratos con las firmas COOPESA y MATRA, para rehabilitar equipos de construcción para tratar de prolongar la vida útil de costosísimos bienes que de otra manera requieren una sustitución a valores muy superiores.

Lo fundamental, sin embargo, es que se ha creado conciencia de la necesidad de sentar bases para una acción decidida que contribuya verdaderamente a la preservación de nuestra red vial que en la actualidad alcanza 25 000 kilómetros de longitud.

Como complemento al programa vial en ejecución, en este período se ha realizado, bajo contrato, obras de mejoramiento y rehabilitación de caminos y carreteras por un monto de ₡85.000.000,00 en los siguientes proyectos que tienen una longitud de 430 kilómetros y costo total de 210 millones de colones.

Río Claro-Paso Canoas Pavones-Siquirres Santa Clara-Javillos (1ª parte) Quepos-Manuel Antonio San Mateo-Esparza (2ª parte) Santa Clara-Javillos (2ª parte) San Mateo-Esparza (1ª parte) Florencia-Muelle (2ª parte) Río Claro-Palmar Norte Guápiles-Cariari

km 23,0 32,0 7,0 9,0 17,7 17,8 4,0 11,0 63,0 23,0

Se puede reportar un avance muy satisfactorio de las obras portuarias que, a un costo superior a los 1.500 millones de colones se ejecutan en los puertos de Limón, Moín y Caldera.

Es lamentable tener que reconocer que el período sirvió para poner en mayor evidencia el descuido tan absoluto que se dio en el pasado a las instalaciones portuarias existentes. Fue necesario invertir, en colaboración con INCOP, más de 15 millones de colones para mantener en pie el muelle de Puntarenas y también invertir en Limón, especialmente en dragado del Puerto, más de doce millones de colones para habilitar puestos de atraque que durante años estuvieron sin utilización. Las mejoras introducidas en Limón y los mejores sistemas de operación portuaria dieron como resultado en ese puerto, una disminución de las sobre tasas que cargan las empresas navieras que eran de 126,42 colones, a cuarenta y cinco colones con cincuenta céntimos por tonelada métrica y una eliminación de las sobre tasas en Puntarenas, a partir del 24 de abril de 1980.

Es conocido que Costa Rica ha sufrido a un alto costo el congestionamiento portuario debido a la inadecuada capacidad y condición de sus instalaciones portuarias. Tanto JAPDEVA como INCOP han realizado ingentes esfuerzos para resolver mediante una mejor administración utilizando al máximo sus limitados recursos, este serio problema.

De contarse con la colaboración de la Asamblea Legislativa para aprobar los empréstitos necesarios, las obras en ejecución se pueden concluir en el próximo período legislativo según se puede desprender del avance logrado a la fecha y lograr así economías millonarias para Costa Rica.

Para anticiparnos al futuro y garantizar que iremos adelante a la demanda, se dio inicio, con asistencia técnica y financiera del Gobierno de la República Federal de Alemania, a un estudio para conformar un plan maestro para la Vertiente Atlántica, que señale cuándo, cómo, dónde y a qué costo se deberán las obras del futuro.

De igual forma, para la Vertiente del Pacífico, se obtuvo la asistencia del Gobierno japonés y después del análisis que realizó una misión que enviaron al efecto, se espera que un estudio similar se iniciará durante este mismo año.

Las obras realizadas en el puerto de Limón para una mejor atención al movimiento portuario consisten en la construcción de dos atracaderos, 5 400 metros cuadrados de áreas de almacenamiento y patios para contenedores, edificio administrativo de 480 m2 y otras facilidades conexas para la operación eficiente, que tendrá una capacidad media de 450 000 toneladas al entrar en funcionamiento y de unas 995 000 toneladas para el año 2000.

En el período se han invertido 0 44.178.586,00 que representa el 25% de su costo. La obra está terminada en un 33% de su valor total, estimado en ₡248.918.571,00.

También se licitó y adjudicó la compra de una grúa, para "contenedores" a un costo cercano a los 30 millones de colones, que deberá quedar instalada en un plazo de quince meses.

Las obras transcurren con una eficiencia satisfactoria y bajo un estricto control técnico, por lo que no se anticipa problema para su conclusión en los plazos esperados.

Es sabido que el complejo de Moín se ha venido construyendo con recursos financieros de RECOPE. La obra avanza técnicamente muy bien después de la intervención del Ministerio de Obras Públicas, a finales de 1978. Ahora se ejecutan los trabajos por administración directa, con la asistencia técnica de la Dirección de Obras Portuarias.

Lamentablemente el costo de las obras parece superar las posibilidades de inversión de RECOPE. Por ello se contrató un empréstito con el Chase Manhattan Bank, por un monto de ₡430.000.000,00, que fue presentado a la Asamblea Legislativa hace 10 meses.

La inversión total del Puerto se estima en ₡450.000.000,00 con una fecha de terminación de la obra portuaria para diciembre de 1980. El rompeolas principal y obras terrestres demorarán hasta el segundo semestre de 1981.

Sin embargo, las obras que se finalizan en diciembre próximo, permitirán atender la descarga de petróleo, carga de bananos y el sistema Roll-On - Roll-Off. A la fecha se han invertido ₡141.000.000,00 que representan un 65% del costo total de las obras y en el periodo se han hecho obras por un valor de 35 millones de colones.

El puerto de Caldera consiste básicamente en la construcción de tres atracaderos con un frente total para ese propósito, de 530 m. con una plataforma de operaciones de 30 m de ancho y además contará con un atracadero para barcos Roll-On - Roll-Off. En el período se han invertido ₡101.552.263,00 en las obras por contrato y ₡14.854.653,00 por administración, lo que representa el 38% de su costo total que a la fecha tiene un valor de ₡309.600.000,00 y alcanza un avance en conjunto de 70% lo que significa que entrará en operación la primera fase en setiembre de 1980.

Además de la Ley de Administración Vial, dentro del plan de reformas legales iniciado por el Ministerio respectivo, éste tiene en estudio tres proyectos más: Ley de Desarrollo Vial de Peaje, Ley General de Transporte por Agua, y Ley Orgánica del Instituto de Ferrocarriles.

La labor de legislación forma un todo con la de construcción de carreteras y caminos, sin paralelo en la historia del país, y culmina con los planes ejecutados por la División General de Transporte, consolidada ya como una organización indispensable para la Administración Pública y que señala una nueva etapa en materia de servicios de transporte para el país. Se creó asimismo, la Dirección de Estudios Técnicos, que sirve de apoyo a las otras direcciones ejecutivas.

El constante incremento de los precios del petróleo trajo como consecuencia al país un aumento en el precio de los combustibles.

La repercusión en el sector transporte fue directa, dada la alta y casi total dependencia en esos productos para la operación de estos servicios.

Esto ha hecho necesario la adopción de medidas para subvencionar el precio del diesel a los concesionarios del transporte terrestre a fin de no afectar al usuario con un aumento en los costos del servicio, y a su vez estimular el uso del transporte colectivo como alternativa a una economía necesaria en el consumo de combustibles. En el mercado internacional el precio de la gasolina y del diesel es muy similar y en Costa Rica se ha podido mantener el diesel mucho más barato.

Para reforzar este último propósito se estudiaron una serie de medidas de carácter administrativo.

Ha quedado concluido, para ser ejecutado a corto plazo, un plan para mejorar la circulación en el Área Metropolitana de San José.

Durante el período se ha sentido, al igual que en períodos anteriores, la necesidad de mejorar los servicios del transporte. La ausencia en gobiernos anteriores de una buena organización que dirigiera adecuadamente la prestación del servicio trajo como consecuencia el establecimiento de un sistema lleno de incongruencias y deficiencias que ahora ha sido y será necesario remoldear y reestructurar. Se ha iniciado este difícil proceso con una labor integrada y coordinada de la Dirección de Transporte Automotor, la Dirección de Ingeniería de Tránsito y la Dirección de Estudios Técnicos.

La ley No. 6324 de 24 de mayo de 1979 denominada "de Administración Vial", vino a dar marco jurídico y recursos propios al Consejo de Seguridad Vial, creado inicialmente por Decreto Ejecutivo No. 8768-T de 5 de junio de 1978.

Se ha operado una transformación de la Dirección del Tránsito.

Se cuenta con más elementos en la Policía del Tránsito con mayor y mejor equipamiento.

El 16 de diciembre de 1979 se puso en servicio un nuevo grupo de Patrullas de Carreteras.

Se licitó y adjudicó para ser recibido en los próximos meses un amplio y moderno equipo por valor superior a los 20 millones de colones que será utilizado por la Dirección del Tránsito que se está ampliando adecuadamente y capacitando profesionalmente a través de cursos que se han establecido localmente como mediante amplia especialización con el extranjero.

Gracias a una mejor vigilancia se puede reportar una disminución del 30% en los accidentes de tránsito y una disminución del 65% en las emanaciones de humo y ruido de los vehículos automotores.

Asimismo, en este mes saldrá publicada la licitación de los cuatro Centros Regionales de Tránsito, lo cual hará que la regulación y control del tránsito se lleve a cabo a nivel nacional, en regiones y con los adiestramientos técnicos necesarios.

Con el apoyo financiero del Consejo de Seguridad Vial se ha logrado ampliar los servicios de la Dirección de Ingeniería de Tránsito.

Es muy grande el déficit en el país de dispositivos de prevención, orientación y control de tránsito. Sin embargo, gracias a la constitución de esta organización y al suministro garantizado de recursos financieros se estima que en cinco años Costa Rica podrá servir de modelo a muchos países de América.

Se inició el trámite de licitación para la adquisición de un nuevo y moderno sistema de semáforos para el Área Metropolitana de San José.

Se contrató con el Instituto Costarricense de Electricidad, la iluminación de las autopistas a Alajuela y Escazú. Se licitó la construcción de una malla divisoria en la Autopista General Cañas para evitar los frecuentes accidentes mortales en la vía; y la construcción de puentes elevadas en diferentes intersecciones del Área Metropolitana con el efecto de descongestionar el tránsito y lograr una mayor fluidez y aprovechamiento del transporte.

Se demarcaron calles de 44 ciudades, 520 kilómetros de carreteras y se instalaron 4.300 señales verticales de tránsito. También se demarcaron 60 intersecciones importantes y se efectuaron 5.250 demarcaciones varias (misceláneas).

Por otra parte, resulta evidente que las restricciones de uso en vías públicas de nuestras principales ciudades así como redistribución de rutas para autobuses han producido una mayor fluidez en el tránsito y por ende una reducción en el consumo innecesario de combustible. Se inició la colocación de "ojos de gato", sistema de seguridad en las carreteras con problemas de neblina y se dio prioridad a la carretera a San Isidro de Pérez Zeledón, con excelentes resultados.

Acorde con los planes iniciados con la actual Administración se trabajó en la implementación de políticas de transporte aéreo para proveer un buen servicio interno, así como una expansiva y competitiva red de rutas internacionales.

Conocidos son los problemas que en el pasado vivió el transporte aéreo local, que por falta de respaldo y orientación y control fue limitándose a una subsistencia penosa, de servicio nacional sin desarrollo empresarial. Atendiendo a las necesidades de corregir tal debilitamiento del sistema y siguiendo los procedimientos legales del caso, se adjudicó a una nueva empresa aérea "SANSA", Servicios Aéreos Nacionales, las concesiones para su operación. SANSA está constituida empresarialmente con la participación de LACSA y CODESA. Siete meses de operación del nuevo sistema ha demostrado, con su creciente aumento en la demanda, la necesidad del servicio.

Durante este período la aviación también experimentó cambios fundamentales en el transporte internacional, gracias a la política de nuestro gobierno en este campo.

Se formalizó un convenio bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos, que abrió las puertas a nuestra empresa de bandera nacional LACSA para volar a cinco puntos de entrada a ese país.

A su vez el convenio estimula la participación de empresas de esa nación en vuelos a Costa Rica con la cual se beneficiará la industria turística. De igual manera, se suscribió una modificación del convenio con el Gobierno de México que en lo fundamental permite que LACSA opere vuelos con "Quinta libertad del aire" entre la ciudad de México y Los Ángeles de California, así como entre Cancún y Nueva Orleans.

Por su parte LACSA adquirió dos nuevos aviones tipo BOEING 727-200 uno de los cuales ya está en servicio, sin incurrir en compromiso de compra que pueden afectarse por la obsolescencia.

El Aeropuerto Juan Santamaría continúa en proceso de modernización: Las salas de abordaje están concluidas a un costo de 30 millones con trabajos de decoración pendientes para la inauguración. Asciende a 20 millones de colones el costo del equipo para aterrizaje por instrumentos y las instalaciones para el sistema de radar prácticamente concluidas.

Se completó un estudio preliminar que será presentado al Banco Interamericano de Desarrollo con el propósito de obtener financiamiento para mejorar los principales campos que sirven a la aviación local, así como instalar equipos de radio-ayuda que aumenten los niveles de seguridad aeronáutica, financiar la segunda etapa del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la formalización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alterno en la Provincia de Limón.

Este ambicioso programa, que cuenta con el beneplácito del Banco, resolverá el financiamiento para el diseño y construcción de la infraestructura aeroportuaria que requiere el país por más de veinte años.

Finalmente se ha creado por Decreto Ejecutivo No. 10010-T del 9 de mayo de 1979, la Sección de Transporte Aéreo que se ha hecho cargo de tan delicadas funciones un tanto abandonadas en el pasado. De esta forma y con la modificación que en fecha próxima enviaremos a la Asamblea, con el objeto de actualizar la Ley General de Aviación Civil, esperamos estar jurídica, organizativa y estructuralmente, bien dispuestos para hacerle frente a la actividad del transporte aéreo tal y como lo requiere la dinámica de dicho medio de transporte en esta época y en el futuro.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 11147-T de 6 de febrero de 1980, se creó la Dirección de Transporte por Agua.

El país ha sentido en el pasado la ausencia de una coordinación portuaria con políticas claras de carácter nacional y localista. El Consejo Portuario Nacional, creado por Decreto Ejecutivo No. 9118-T del 12 de setiembre de 1978, ha venido cumpliendo precisamente la función de coordinación entre todas las organizaciones e instituciones relacionadas contando con el apoyo de la Dirección de Transporte por Agua que a su vez ha preparado un Proyecto de Ley y los recursos para impulsar el desarrollo y la administración de nuestros puertos. El proyecto tiene la particularidad de mantener en existencia las organizaciones que administran los puertos en la actualidad.

El costo del transporte de nuestras exportaciones e importaciones cada año supera los 2.500 millones de colones y el país no sólo no hacía ningún esfuerzo en participar al menos en parte del proceso sino que, peor aún, no hacía nada por participar en la regulación de estos servicios. El Decreto Ejecutivo No. 11147-T del 6 de febrero de 1980 regula la actividad naviera aunque desde luego merece el respaldo que le daría la aprobación del proyecto de ley que al respecto se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa.

Con el apoyo de CODESA se ha constituido una "Oficina de Fletamentos" que tendrá como función buscar la consolidación de cargas de importación y proveer en lo posible transporte para nuestros productos de exportación al menor costo posible.

La misma ausencia de regulación y control existía para el transporte por aguas interiores. Esto en parte trajo como consecuencia, que dos servicios fundamentales de alimentación de carga y pasajeros a la Península de Nicoya, sufrieran del deterioro que obligaron al Ministerio, a buscar una solución radical de cambio.

Así se renovó el servicio de transbordadores entre Puntarenas y Playa Naranjo, con una concesión otorgada por licitación a la Cooperativa Nacional de Productores de Sal, quienes pusieron en servicio en el mes de diciembre pasado dos modernas naves que llenan con amplitud los requerimientos del servicio.

El trasbordador de la desembocadura del río Tempisque también hubo de ser reconstruido totalmente.

POLÍTICA AGROPECUARIA El desarrollo económico y social del país se inicia en el Valle de El Guarco y desde allí, en un proceso que todavía continúa, se realiza el dominio territorial con lo que históricamente se ha llamado "la marcha del Cartago hacia el oeste".

Esta marcha cobra en casi quinientos años, muy diversas direcciones y se ve impulsada por el afán, innato en el costarricense, de ser propietario.

Del Valle Central al norte, sur, este y oeste y desde Guanacaste a las zonas bananeras y luego, con el correr del tiempo, desde todas partes del país, hacia San José, éste ha sido el camino de la población costarricense. El Área Metropolitana de la capital ha crecido tanto que la población de hoy es superior a la que tenía todo el país hace veinticinco años. La urbanización en Costa Rica, con causas similares a las imperantes en muchos países de Latinoamérica, se ha reforzado en el pasado con la concentración de la tierra en pocas manos, la concentración de crédito en muy pocas manos, la gran mayoría congelado, el monocultivo cafetalero y la expansión ganadera extensiva que expulsa a muchos pequeños agricultores de sus áreas de cultivo. El crecimiento urbano acelerado y la multiplicación de la burocracia simultánea con el poder absorbente y creciente del Estado, producen un macrocefalismo que conturba nuestras principales poblaciones y causa en ellas la aparición de grandes grupos de marginados. Esta es la situación del país, a la que nos enfrentamos a partir de mayo de 1978.

Un sector agropecuario cafetalero, ganadero, bananero, con vestigios de cacaotales en algunas áreas del país; algunas tierras dedicadas a la producción de granos y otras a la horticultura y una frontera agrícola cerrada por los malos caminos, la falta de crédito, la ausencia de carreteras de penetración y la sequía de un verano cada vez más largo, que afecta al Pacífico Seco.

Simultáneamente con una política de Asentamientos Humanos acorde con las necesidades nacionales, se imponía el impulso al crecimiento agropecuario para enfrentar los requerimientos de desarrollo del país. Hasta hace muy poco tiempo, todo el desarrollo vial y en general, de la infraestructura nacional, obedecía al patrón impuesto por el cinturón poblado que va de Limón a Puntarenas, pasando por la Meseta Central, desde la cual salen una serie de carreteras radiales que habilitan parcialmente el territorio nacional y comunican la ciudad capital con algunas poblaciones de carácter regional como Ciudad Quesada y San Isidro de Pérez Zeledón, entre otras.

El Gobierno ha creído fundamental, el desarrollo de un plan vial y de mejoramiento de la infraestructura en general, que conecte a Costa Rica con sus fronteras y litorales, a la vez que constituya medio de comunicación periférica o marginal al sistema montañoso central. De esta manera, se abren nuevas fronteras agrícolas, se facilita la regionalización del país y se racionaliza la utilización de servicios con carácter regional. Esta política también se ha seguido con teléfonos y electrificación rural.

La ampliación territorial se ha llevado a cabo de manera integral con carreteras asfaltadas y vías ferroviarias que habilitan las poblaciones fronterizas. Estas obras se encuentran terminadas algunas y otras en construcción con una longitud que supera los 2000 kilómetros de carreteras asfaltadas y más de cien kilómetros de ferrocarril eléctrico también en construcción. La inversión en carreteras asfaltadas asciende a tres mil quinientos millones de colones y el costo del ferrocarril a cuatrocientos millones de colones.

La política de nuestro Gobierno ha sido asfaltar partes significativas de cuadrantes de las poblaciones habilitadas por las nuevas carreteras, con el fin de satisfacer así una sentida necesidad social y elevar también, de esta manera, la calidad de vida de los pobladores de pequeños centros en todo el país. Se encuentran en proceso, o se han asfaltado 175 kilómetros de calles en centros poblados.

La apertura de nuevas fronteras agrícolas mediante el Plan Vial, se lleva a cabo hacia Upala, Los Chiles, Guatuso, Norte de San Carlos, Sarapiquí, Guápiles, Sixaola, Parrita, Cariari, Puntarenas, Aguirre, Osa, Tárcoles, Golfito, Corredores, Coto, Río Frío, litoral del Pacífico en Guanacaste, Golfo de Nicoya, Guácimo, Siquirres, Matina, Coto Brus, Rincón de Osa, Puerto Jiménez, Guayabal de Upala, y muchos otros lugares. En corto plazo será posible ir del Atlántico al Pacífico por carreteras asfaltadas y de Guanacaste a Limón y Sixaola y de Guanacaste por el Pacífico a Panamá, sin pasar por la Meseta Central. El desarrollo vial radial quedará así complementado por una red periférica.

De igual manera se encuentra en proceso de construcción una obra de riego de gran magnitud que habilitará más de cien mil hectáreas de los cantones de Abangares, Cañas, Bagaces, Liberia, Carrillo y Santa Cruz, cuya construcción se inició el 13 de febrero de 1979 con la Presa de Magdalena y que se ha continuado con la apertura de un Canal, llamado del Sur, que constituye parte vital de esta obra y que a la vez es otra forma de ampliar nuestra frontera agrícola, poniendo al servicio, los doce meses del año, una gran extensión territorial con un área de influencia de cerca de 180 000 hectáreas de las cuales el Estado costarricense y pequeños propietarios controlan ya en una extensión del cuarenta por ciento del área.

Este paso fundamental para el desarrollo agropecuario del país, que cambiará radicalmente la situación actual, con una amplia visión hacia el futuro de la economía nacional y del mundo, se consolidó mediante decreto del 15 de junio de 1979, por medio del cual el Gobierno le encargó al Servicio Nacional de Electricidad lo relacionado con el riego y el avenamiento en todo el país.

La apertura de fronteras agrícolas debe ser consolidada con la operación del Plan de Mantenimiento de Caminos y Carreteras que esperamos sea aprobado en breve para beneficio de toda la nación. Este plan significa una inversión de 465 millones de colones.

La realización del Plan de Riego del Tempisque ha sido financiada por el Gobierno Central. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de aprobar nuestra solicitud de 130 millones de colones para acelerar la obra.

Recibiréis, señores Diputados, este proyecto para su trámite. El ICE ha efectuado las construcciones hechas hasta el momento, con una inversión total de 25.5 millones de colones.

Al iniciar esta gran obra de riego, de la que se había hablado por decenas de años y nunca se había iniciado, dijimos que era necesario que llegara "menos agua al, mar" y que se imponía que los beneficios de esa agua favorecieran a millares de costarricenses y no a unos pocos. La política decidida que se ha aplicado para construir la obra y la acción agraria efectiva le permiten a Costa Rica lograr ambas metas en paz, sin reacciones y en beneficio de la justicia social y de la racional distribución de la tierra. Mediante el riego, que se ha aprovechado desde el verano de 1979 y desde luego en 1980, se han puesto a trabajar tierras dedicadas a la producción de frutas frescas, que se han exportado y consumido localmente.

Durante muchos años, hemos sostenido que al agricultor lo oprime el habitante de la zona urbana, tanto el intermediario como el consumidor; el intermediario con sus prácticas explotadoras y el consumidor urbano organizado, al oponerse a la fijación de precios justos para los productores agrícolas. Todos los esfuerzos que se hagan a favor de la diversificación agrícola se perderían sin precios justos. Por ello, nuestro Gobierno se ha empeñado en una política de mercadeo agrícola por medio de las Ferias del Agricultor de las cuales ya funcionan 17. En ellas los agricultores venden directamente a los consumidores con provecho para ambos. Esta política comprende también el inicio del funcionamiento

del Centro Nacional de Abastecimiento, construido por el IFAM con un costo de 104 millones de colones y que funcionará a corto plazo en el distrito de Ulloa, cantón de Heredia.

Es empeño de nuestro Gobierno que exista adecuada, oportuna y suficiente financiación para el sector agropecuario y a tipos de interés muy bajos. Por primera vez en Costa Rica, antes de finalizar febrero, se había establecido el Programa Agropecuario 1980, mediante la fijación coordinada entre las instituciones del Estado, de áreas para cada cultivo, cuotas de crédito para todos los productos, precios de sustentación, seguro de cosechas, tipos de interés, cantidades a prestar, plazos para otorgar el préstamo y, en general, todo lo necesario para que el productor agropecuario programe sus siembras y sepa a qué atenerse en la cosecha de 1980. El monto total de préstamos bancarios para el sector agropecuario llegará este año a 4.647.7 millones de colones y comprenderá unas 25.000 operaciones con tipos de interés entre el 8% y 10%. Asimismo, el Gobierno se ha empeñado en que se adecuen deudas bancarias a productores agropecuarios para no apartarlos de la tierra, ni someterlos al cobro judicial. Los bancos han aceptado esta tesis del Poder Ejecutivo. Ante la organización urbana, el Gobierno ha insistido en la urgencia de la organización rural o campesina, que evite que la ciudad presione y abuse del campo. Se han estimulado reuniones para la organización campesina y, para impulsar la producción, se han fijado precios justos que garanticen al país la cosecha necesaria para el consumo nacional y, de ser posible, para la exportación, de preferencia a la región centroamericana, que sufre serios problemas de producción por sus dificultades políticas. Resulta de gran importancia que Costa Rica produzca lo que demanda su consumo. A lo largo de muchos años, se dejó a la importación el complemento de la demanda nacional de aceites, grasas, sal, frijoles y otros productos básicos. En 1979, en razón de los problemas políticos de la región, el país padeció escasez de esos artículos de consumo que venían de Nicaragua y de El Salvador. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos llamado la atención de los costarricenses sobre esta circunstancia y nos hemos empeñado en estimular su producción artículos básicos que, en el menor tiempo posible, el país se autoabastezca de estos artículos básicos que ha venido importando por muchos años.

Para llenar la necesidad social de una justa distribución de la tierra, el ITCO ha desarrollado un plan de reforma agraria y de titulación de tierras que ha favorecido, en estos dos años, a 13.800 familias, o sea, aproximadamente a 75.900 costarricenses. Este plan de titulación ha sido posible, en parte, gracias a la eficiencia con que, desde hace doce meses, funciona el Registro de la Propiedad en las provincias de Limón y Heredia, con su sistema mecanizado que opera desde el mes de mayo de 1979 y que abarcará las provincias de Puntarenas y Guanacaste en el mes de junio, Alajuela, Cartago y San José en 1981.

Con este esfuerzo el gobierno ha hecho posible que se distribuya mejor y con más justicia la propiedad de la tierra.

Aprovechando para ello las circunstancias financieras que privan en el mundo y, desde luego, como ya se indicó, que tienen sus efectos directos en Costa Rica y cumpliendo con nuestro Programa, el Gobierno ha estimulado la expropiación de extensas áreas de terreno e impulsa la tesis de que los deudores bancarios paguen a los bancos con sus tierras, con base en justos avalúos, para así descongelar deudas bancarias y trasladar la propiedad de la tierra de manos de unos pocos a millares y millares de costarricenses.

La motivación de la venta de la tierra surge del deseo de colocar dinero a los tipos de interés vigentes y la aceptación de entregar propiedades en pago se debe a que el rendimiento financiero de la tierra es, para el terrateniente que no la hace producir eficientemente, insuficiente para atender el pago de sus deudas. Así, ayudados por las circunstancias financieras, estamos realizando, pacíficamente y a costo razonable, una inmensa reforma agraria en cumplimiento de un programa de gobierno de contenido social-cristiano.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha desarrollado un intenso plan de salud vegetal y animal, de asistencia técnica, de investigación y de estímulo a la diversificación agrícola: coco, palma aceitera, macadamia, melón, pimienta negra, ramio, pejibaye, jengibre, morera, cítricos, maní y ha sido el corazón de una política de estímulo al mejoramiento cafetalero con un programa de crédito de ₡23.8 millones, con una tasa de interés de 10% para 1980. En conjunto con ASBANA, se ha desarrollado también el Plan de Fomento Bananero, mediante el cual se sembraron 1 879 hectáreas de nuevos bananales en 1979-80. Párrafo especial merece la conducta cooperadora de los agricultores afectados en sus cultivos por la monilia del cacao y por la sigatoka negra de las musáceas, que han ayudado grandemente en el combate a las enfermedades. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería elaboró un mapa nacional de capacidad de uso de la tierra, que nunca había existido, siguió colaborando en la lucha contra la roya del café en Nicaragua y realizó en enero del presente año un rastreo nacional que determinó que nuestros cafetales están libres de roya.

En cuanto al desarrollo pecuario, puede afirmarse que la producción de carne producirá 1.182.5 millones de colones en 1980, o sea, 11.8% más que en 1979. El consumo nacional de carne alcanzó en 1979 a 23,24 kg per cápita, cifra sin precedentes.

La importación de leche en polvo se ha reducido progresivamente desde 1978 y el país ha alcanzado su autoabastecimiento.

Se redujo el impuesto de exportación al azúcar y al cacao, en beneficio de los productores.

El año 1979 se caracterizó por una mala cosecha de frijoles, ocasionada por lluvias tempraneras que dañaron el grano y por muy buenas cosechas de sorgo, arroz y maíz. Se estima que la cosecha de frijoles de 1980 será un 75% más alta que la anterior.

Las pérdidas anuales del Consejo Nacional de Producción se han reducido considerablemente, en beneficio del país, al pasar de 138.3 millones de colones en 1977-78, a 116.3 millones en 1978-79 y a 70 millones de colones en el período 1979-80 estimado este último monto.

Debemos hacer referencia, señores Diputados, a uno de los más importantes aspectos de nuestro sector agrícola: al de los precios del café, que ha reclamado nuestra atención y acción.

A partir del segundo semestre de 1978, los precios del café experimentaron un violento descenso, al punto que se vendieron algunas partidas a menos de noventa dólares. Ante la seria situación, se trató de lograr alguna protección en la Organización Internacional del Café, poniendo de acuerdo a países productores con países consumidores. Dos delegaciones costarricenses viajaron a Londres. Ante la difícil posibilidad de lograr tal acuerdo, se propuso la creación de un fondo de estabilización, se organizó el Grupo de Bogotá integrado por ocho países entre los cuales figuró Brasil por primera vez en la historia.

La acción de los productores se consolidó mediante el aporte de los agricultores de nuestros países por un total de $150.000.000,00. Ese fondo cuenta hoy con cerca de $500.000.000,00. El aporte inicial de Costa Rica fue de cinco millones de dólares, financiado por los agricultores -aporte netamente privado- con el equivalente al 1,4% del "derecho de exportación ad valórem". Posteriormente, Costa Rica aportó otros cinco millones de dólares en calidad de préstamo. En 1979 el fondo interviene en gran escala y condiciones relativamente satisfactorias, en los mercados de Londres y Nueva York, operando por intermedio de corredores y depositando un diez por ciento del valor de cada contrato a futuro. Se produjeron así alzas en los precios con gran beneficio para los agricultores y para nuestro país y se adquirió conocimiento de cómo hacer operaciones que eviten las fluctuaciones violentas de precios y a la vez se gana dinero en las transacciones.

Esta acción que aumentó el precio en casi un 80% en beneficio de los cafetaleros, permitió al Gobierno subir el impuesto de exportación en un 3,6% para ayudar a mantener la estabilidad económica del país.

Debemos advertir que se debe ser consciente de que las ventajas obtenidas con esta política de precios del café, deben complementarse con otras acciones que, de no tomarse a plazo relativamente corto, pueden permitir inconvenientes y riesgos en cuanto al estrangulamiento de recursos y limitación en las operaciones a futuro. Los recursos serán suficientes en el tanto en que no se agote el fondo en un momento crucial, por lo que resulta imperativo que las naciones productoras de café deban complementar la acción del fondo con una programación coordinada de las exportaciones. Esta programación conjunta debe incluir a los principales exportadores del resto del mundo, para que la exportación se planee siempre de manera racional y equilibrada, de tal modo que una oferta ocasional voluminosa no haga peligrar los precios en perjuicio de todos nuestros países en general y, en particular, de los cafetaleros. Sabemos que ésta es tarea difícil, pero la creemos probable como fue posible la operación del fondo, en el que muy poca gente creyó.

En este año iniciamos gestiones para contrarrestar los perjuicios que la Convención de Lomé que, firmada en 1975 por países de Europa Occidental y sus excolonias, pretende favorecer las exportaciones de éstas, que son competidoras nuestras, en perjuicio de la producción nacional.

Nos complace informaros, señores Diputados, que las gestiones realizadas por el Gobierno de Costa Rica ante el Gobierno de los Estados Unidos, tendientes a obtener un sobre precio en la cotización del azúcar, a favor de nuestro país, culminaron exitosamente, al lograrse una prórroga de 5 años en este beneficio, a partir de abril de este año, lo que en una coyuntura de precios bajos del azúcar, significa hasta un 25% de ingreso adicional sobre el precio neto. Señalamos que solamente seis países cuentan con este sobre precio.

UNA NUEVA ACTITUD DE GOBERNAR PARA CONSOLIDAR LA PAZ SOCIAL Al principio de este informe nos referimos a las causas externas que privan en la situación actual del mundo y de Centro América.

No seríamos, sin embargo, coherentes si no nos preguntáramos cuál es la actitud del costarricense al respecto y si está preparado o no para hacerle frente a la magnitud de los problemas actuales y futuros a los cuales -repetimos- es preciso responder no sólo con medidas económicas o hacendarias, y no sólo en el campo de la política internacional, sino con la actitud interna de los dirigentes y funcionarios y, en general, de todos los costarricenses.

Estos no son tiempos normales. Más que crisis el mundo sufre un cambio profundo en su estructura económica y en su tejido moral o espiritual, que, como lo explicamos antes, no excluye a ninguna nación. No es ésta, sin embargo, una hora apocalíptica, sino profética. No se anuncia el fin de los tiempos, sino una nueva etapa, que habrá de ser mejor que la anterior, según ha sido la evolución del hombre. Al enfrentamiento de los dolores que todo cambio produce, ha de sumarse entonces, también, el gozo de poder participar en un gran proceso histórico, del que nosotros podemos ser protagonistas activos y eficaces, siempre que lo superficial de la época no nos domine y no perdamos el sostén de los valores esenciales.

Posee nuestro pueblo virtudes extraordinarias. Estas son las que explican su estabilidad, su paz y su apego a la libertad y a la democracia, enraizadas en él por políticos y educadores, por hombres de acción y de pensamiento, que forjaron nuestra nacionalidad desde los primeros días de la independencia y aun antes de este proceso. Estas virtudes son el producto del trabajo de muchas generaciones.

Con el discurrir del tiempo, y, sobre todo, en las últimas épocas, algunos defectos han malogrado parte del esfuerzo de desarrollo del país, básicamente por el desmejoramiento del sistema educativo, causado por la intromisión política en dicho proceso y el descenso de su calidad; por el debilitamiento de la estructura familiar y por la excesiva politización, que

ha sobrepuesto los intereses electorales o políticos a los de la nación y que, con el fin de engrosar huestes electorales, ha concedido primacía a lo cuantitativo y rentable electoralmente, antes que a los aspectos esenciales del hombre y de la sociedad, factores imprescindibles para sostener la excelencia del régimen democrático, expuesto siempre a la demagogia y a la anarquía.

Los problemas sociales que afectan a importantes sectores de la población, principalmente en el orden de la vivienda, del ingreso familiar, conspiran contra la estabilidad democrática del país. Con todo, al contrario de lo que algunos creen, son los sectores más pobres del país los que necesitan y tienen derecho a lo mejor, por lo que la solución debe correr pareja con la posibilidad de cambio, esto es, con el aprovechamiento máximo de las potencialidades del ser humano.

Nuestra principal riqueza ha de ser la capacidad creadora de nuestra población.

Desde este punto de vista, una de las causas más preocupantes de la vida social costarricense ha sido el paternalismo, no tanto como magnificación del Estado protector y distribuidor, sino como sometimiento personal y de anulación del ciudadano, del ser humano, al aparato político o al Estado que anula sus virtudes propias, lo esteriliza y lo convierte en un ser conformista, sin fuerza propia, sin seguridad en sí mismo y sin deseo de procurar él su cambio personal.

Urge, pues, consolidar un cambio profundo en el sistema educativo costarricense, transformar el estilo político nacional, a fin de que, en lugar de explotar el filón del paternalismo, y por lo tanto, de agravar la condición de dependencia de muchos costarricenses, les ofrezcamos a los ciudadanos soluciones con su participación, oportunidades de desarrollo personal y no regalías o favores.

Aunque algunos sectores de la sociedad no disfruten de condiciones óptimas, y a veces, elementales, el camino fácil ha sido una constante en estas últimas décadas. Nos hemos acostumbrado a un sistema nacional de mínimos en los deberes y de máximos en los derechos, de abuso de las exigencias y de mínimo de las obligaciones y del trabajo. La disciplina y la organización son vocablos que están desapareciendo poco a poco de nuestro lenguaje y hábitos. La estabilidad vitalicia sin competencia y el retiro o pensión a edad temprana constituyen grandes objetivos, que erróneamente consideramos muestras de desarrollo social. El derroche, lo mismo material que espiritual, ha mostrado signos muy serios en nuestra sociedad. La gente gasta sin medida, viaja sin medida, se endeuda sin medida, consume sin medida, no piensa en su realidad fundamental, y sí en lo aparente y superficial. En otras palabras, estamos perdiendo el sentido del futuro y el amor a nuestro pasado, para fijar nuestra atención sólo en un presente efímero. Esto es, no valorizamos nuestro más valioso tesoro: el tiempo.

Esta época y estos cambios profundos en la humanidad se nos han venido, entonces, encima, con toda su violencia, por lo que cabe preguntarnos si estamos preparados, espiritualmente, para responder y salir adelante, o si, por el contrario, consideramos, formados en el paternalismo, que sólo compete al Gobierno resolver todos los problemas, nacionales e internacionales, familiares y personales, de inmediato y sin ninguna posibilidad de renunciación ni de aporte de trabajo, de sacrificio personal, por parte de las gentes, o bien, validos de la huelga ilegal, de la presión, de la amenaza y, a veces, hasta del chantaje, para que el Gobierno satisfaga todos los deseos y para que, en un mundo convulsionado, no se pierdan los privilegios.

Es deber de los gobernantes hablar claro, con sinceridad, sin medir si sus palabras agradan o no. Gobernar es educar y estamos empeñados en que se le diga al costarricense, con claridad, que el cambio se enfrenta sólo con trabajo y con inteligencia. Hay que hablar claro, con el sustento de la razón, y cerrar el camino a la envidia, a la falsedad, al rencor, a la hipocresía. La palabra es un don de Dios y debemos usarla para el bien, no para dañar a nadie, ni aun cuando lo bueno o lo sagrado sean nuestras tareas.

Llamamos la atención de estos hechos y nos dirigimos en forma especial, a todos los dirigentes del país, a los sectores de clase media y alta de la sociedad costarricense, en fin, a quienes disfrutan de mayores posibilidades y recursos, por cuanto la experiencia nos demuestra que son estos grupos los que con mayor afán luchan para no perder su status, lo cual es legítimo, cuando la lucha no se realiza en contra del bien colectivo, del interés general, o a costa de sectores mucho más necesitados de la nación.

La situación del mundo y la actitud actual del costarricense necesitan una respuesta permanente y clara. La posibilidad de salir airosos ante los cambios actuales del mundo reside esencialmente en el cambio hacia lo espiritual o cualitativo.

Este viraje ha de darse primero en las clases dirigentes del país, a fin de que éstas comprendan que una democracia se sostiene a base de trabajo, disciplina y responsabilidad y así lo inculquen al pueblo, y no de explotación de los defectos populares o de avivamiento irresponsable de ciertos instintos o fuerzas. La democracia se destruye a sí misma cuando se ofrecen como botín los bienes del pueblo o del Estado o cuando, con tal de lucrar económica o electoralmente, se destruyen la economía, el sistema educativo y los valores propios de la sociedad.

Hay instigadores del error popular dispuestos a aprovechar el cambio en su beneficio y en provecho de sistemas políticos totalitarios, que se valen de la demagogia de los dirigentes aparentemente democráticos, quienes por cálculo o temor, se truecan en sus aliados.

Ya pasaron en este mundo los tiempos fáciles. Estos son tiempos tocados por la historia y por el cambio, por la competencia y el esfuerzo personal, y sólo saldrán adelante los pueblos disciplinados, trabajadores, austeros y con un profundo sentido de solidaridad social.

POLÍTICA SOCIAL Convencidos de que es urgente también realizar este profundo cambio cualitativo en la sociedad y en la democracia costarricense, hemos hecho hincapié en los siguientes campos: participación popular, como medio de enriquecer y transformar la democracia, demasiado aferrada a las formas; sistema educativo, como instrumento excepcional de cambio personal y social, es decir, de promoción social; salud y vivienda, como derechos básicos del ciudadano; lucha preventiva contra el alcoholismo, flagelo de la sociedad costarricense, y, tal como lo expuse antes, dignificación del campesino, por medio de la justicia en el valor de los artículos agropecuarios y de ofrecimiento de nuevas oportunidades de convertirse en propietario.

En síntesis, nuestro Gobierno ha dado énfasis a todas aquellas acciones que, en los más variados campos de la sociedad, eleven la condición del ser costarricense, capaz de producir esta nueva actitud nacional, este nuevo estilo, esta nueva forma de conducta, pública y privada, que permita encarar los tiempos actuales y los futuros.

A pesar de la evolución favorable del sistema democrático costarricense, existen amplios sectores de población deformados por el paternalismo y sustentados en su conformismo, al margen de los procesos de decisión y ejecución que los afectan directa o indirectamente. Lo esperan todo, lo piden todo y no deciden lo que van a recibir y, como resultado de ello, reciben muy poco.

Hay gran cantidad de costarricenses que han permanecido marginados del goce de ciertos derechos elementales tanto económicos, como sociales y culturales y que, en la determinación de los beneficios que han estado recibiendo del Estado, no han tenido participación alguna. Son, en consecuencia, receptores pasivos y, para su infortunio, han sido a menudo usados por grupos políticos e ideológicos.

El resultado de la marginación es la desintegración social, ya que es un grupo minoritario el que toma decisiones que afectan a todos, sin conocer y a veces, sin preocuparse sobre sus necesidades e intereses reales.

Nuestro gobierno se ha empeñado en integrar la sociedad mediante cambios profundos que pretenden incrementar la productividad y la producción; incorporar a las personas de escasos recursos al trabajo productivo y así facilitar su participación en el progreso económico y social, y favorecer la participación popular, ampliar el número de propietarios, y a la vez mejorar la efectividad de los programas; eliminar diferencias de trato social y estatal hacia los habitantes de las zonas campesinas.

Las acciones emprendidas por nuestro Gobierno se empeñan en buscar la igualdad de oportunidades materiales y espirituales para todos, con base en mecanismos prácticos y organización social, la presencia activa de la comunidad y el desarrollo de una creciente acción autogestionaria que reduzca la omnipresencia estatal y fortalezca la presencia de personas y de organizaciones de base. Se trata de un sistema que no pregona la caridad para tranquilizar la conciencia, sino que pretende que el hombre surja por su esfuerzo y a la vez se abran iguales oportunidades para todos los hombres.

Este espíritu conforma el proceso de reforma de la administración pública, la elaboración de los programas de educación, el desarrollo de los programas de salud comunitaria, los esquemas y programas de autogestión en agricultura y agroindustria, la realización de programas de construcción de acueductos rurales, programas de recreación, de rehabilitación de barrios y de dotación de otros servicios públicos.

La realización plena e integral del ser humano, así como la harmonización de todos los sectores sociales y el desarrollo integral de la sociedad dentro de un esquema político orientado hacia el logro de una democracia cada vez más participativa, no se puede lograr por decreto, ni por ley, ni de la noche a la mañana. Es parte de la formación educativa de un pueblo, que sólo es posible con la participación del mismo pueblo.

El cambio que se produce por razones económicas de carácter mundial, debe ser aparejado por un cambio costarricense que nos afirme en lo fundamental. Algunos piensan que pueden salvarse individualmente con sus propios recursos, con olvido del resto de la comunidad. Usan la presión, la violencia o cualquier otro medio para lograr sus fines.

Insistimos en que solamente el pueblo organizado tras objetivos de bien nacional salvará al pueblo. Esto es, sólo la participación popular dinámica será capaz de llevarnos a una sociedad integrada justa y democrática.

Los programas de vivienda, que han llevado soluciones habitacionales a 26.552 familias en dos años; los programas de titulación y de multiplicación de los propietarios que han creado 15.132 nuevos dueños de tierra rural y urbana y que en consecuencia en gran total de 41.684 familias, o sean, 229.262 costarricenses, más de un 10% de la población del país en sólo dos años, se han convertido en integrantes de familias propietarias, son instrumento positivo de la transformación de nuestra sociedad en la comunidad integrada por la que luchamos.

Los habitantes de las 181 comunidades rurales que han contribuido a construir sus acueductos están participando activamente.

Los aproximadamente 75.000 habitantes de los 50 barrios en proceso de rehabilitación, constituyen un factor que se ha incorporado a la Costa Rica participativa, en un programa que aún no cumple un año. Los 17.567 ciudadanos que ocupan cargos directivos en asociaciones populares que impulsan y apoyan los diferentes programas de salud de la comunidad, son base positiva de responsabilidad, solidaridad y creatividad. Todos ellos constituyen prueba fehaciente del éxito del proceso de promoción humana en que estamos empeñados.

Nuevo aparato administrativo La situación mundial y el propio impulso de la economía nacional exigen la renovación del aparato administrativo del Estado, cuyo anquilosamiento ha sido manifiesto no sólo por el paternalismo vigente en estas décadas, sino por su divorcio de la realidad económica del mundo, y del país.

La Oficina de Planificación Nacional se ha consagrado a la tarea de modernizar el aparato administrativo. En este sentido, se han formulado las políticas sobre regionalización y sectorialización, y se ha trabajado en orientar el esfuerzo de reforma administrativa hacia una reorganización del aparato público para facilitar una acción más eficaz de la gestión del Estado.

Las políticas de regionalización y sectorialización buscan una coordinación política y organizativa de alcance nacional, y los subsistemas de planificación regional y sectorial permiten identificar y ubicar todo el aparato público dentro de reglas de juego muy claras que las obligue a coordinar e interrelacionarse tanto en la formulación como en la ejecución de los planes del Gobierno. Se han constituido así siete sectores básicos: vivienda y asentamientos humanos, salud, trabajo y seguridad social, economía, industria y comercio; agricultura y recursos naturales renovables, energía y finanzas. Están en proceso de creación las de transportes y telecomunicaciones, y la de educación. Se está en proceso también de desconcentrar las actividades de ministerios e instituciones descentralizadas hacia las regiones del país para acercar más la prestación de servicios públicos a las demandas legítimas de las comunidades. Las instituciones, así desconcentradas, trabajarán también según el esquema de sectores. Se ha realizado un análisis minucioso de los ministerios encargados de sectores y se ha llevado a cabo una investigación minuciosa para determinar las necesidades actuales y futuras de profesionales en Administración Pública y se ha trabajado en la elaboración de un nuevo Estatuto de Personal, que establezca la carrera administrativa para todo servidor público.

EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA, CON PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO Los graves problemas heredados del pasado y la situación actual del mundo transformarán profundamente la realidad económica y social de la humanidad, y, por lo tanto, exigen una nueva actitud, la formación de un tipo de hombre capaz de sobrevivir y de progresar sin perder su propia identidad. En medio de un mundo en permanente y frenético cambio, en una nación sometida a las más variadas influencias desde el exterior y a problemas derivados de su propio desarrollo, la solución estriba, esencialmente, en la formación del hombre por medio de su sistema educativo y de la conformación de sus hogares.

Educación Los hombres y las mujeres del siglo XXI están ya en nuestras aulas. Desde este presente, estamos forjando ese futuro cercano, tan próximo que, a su vez, influye en nosotros. Y ese futuro depende de la formación que el hogar y la escuela den a sus jóvenes y niños. No podemos llegar más allá de donde llegue nuestra educación. Sumergidos en tesis, doctrinas y planteamientos que se dicen revolucionarios, expuestos a la creencia de que lo nuevo es siempre lo mejor y, por lo tanto, ilusionados por el esnobismo en materia política, como hombres responsables, debemos retornar a los grandes principios absolutos que han guiado a la humanidad, es decir, a aquello que queda siempre en pie y firme, pasadas la tormenta o la tentación de la moda. Ese principio inconmovible es el de que sólo podremos cambiar a los costarricenses en función de la educación, entendida ésta no sólo como tarea del sistema formal, sino como tarea de todos, sobre todo de los dirigentes políticos.

El total de la matrícula escolar del sistema formal costarricense excede los 550.000 alumnos, más 40.000 de la educación superior, es decir, el 30 por ciento de la población del país. Esta inversión representa el 30 por ciento del Presupuesto Nacional.

No obstante este esfuerzo inmenso, el retraso en materia educativa aún persiste, si se observa que el 8,9% de los niños de 6 a 12 años, el 43 por ciento de los jóvenes de 13 a 16 años y el 67% de los jóvenes entre 16 y 18 años, aún no tienen cabida en el sistema educativo, que el 10 por ciento de la población del país son analfabetos, y que el 56,8% de los costarricenses no ha incluido la enseñanza de I y II ciclos, es decir, muestran diversos y serios grados de analfabetismo, lo cual revela que más de medio millón de personas están al margen del principio constitucional de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.

Conviene, asimismo, tomar en cuenta que el 40,79% de las escuelas sólo tienen un maestro, que el 83,40% dispone de menos de seis maestros y que la educación preescolar sólo satisface el 35,6% de la demanda.

Además, la eficiencia interna del sistema escolar a nivel básico es sumamente baja, el sistema de educación posbásico es excesivamente lineal y enfocado directamente a los estudios superiores, lo cual acentúa los desequilibrios entre el sistema educativo y el mercado de trabajo; la duplicación de carreras en las instituciones de educación superior es muy elevada, el tiempo dedicado a la enseñanza es muy limitado, la participación de la comunidad en el proceso educativo es escasa y la transmisión de cultura y la calidad del sistema son muy reducidas, al punto que no se logra satisfacer un desarrollo cultural e intelectual elemental.

Una de las causas de este desequilibrio entre la elevada inversión en educación y el rendimiento cualitativo reside, según se ha expresado reiteradamente, en la instrumentalización política del sistema educativo durante muchos años, es decir, en la utilización de la educación como arma electoral.

La acción del Gobierno se ha orientado hacia la despolitización del sistema educativo, hasta donde lo permiten los grupos de poder político enquistados en él, y hacia la adopción de diversas acciones a fin de conferirle al sistema un mayor rendimiento.

Entre estas acciones básicas se citan las siguientes: 1. Renovación del marco filosófico de la educación costarricense, de tal suerte que compaginen los valores tradicionales de la sociedad con las nuevas necesidades que imponen los tiempos y la nueva etapa del desarrollo del país. Esta labor culminará con una nueva Ley de Educación, cuyo proyecto se halla en elaboración. Este trabajo ha sido el fruto de una intensa labor de participación popular, en la que han tomado parte millares de personas dando su opinión, tomando decisiones y promoviendo la acción.

2. Preponderancia de los aspectos cualitativos, como condición de cualquier desarrollo de tipo cuantitativo.

3. Codificación, armonización y articulación de la legislación y reglamentación en materia educativa.

4. Educación en función del desarrollo del país y realización de actividades específicas, tales como consolidación o creación de centros educativos, capacitación y perfeccionamiento del personal, elaboración de libros de texto básicos y complementarios, ejecución de un sistema nacional de información que integre todas las bibliotecas del país, investigación educativa, Centro Nacional de Material Didáctico, preparación de nuevos, programas, con base en el proceso de desconcentración, Programa de Educación General Básica, Plan Nacional de Alfabetización y Educación Básica por Suficiencia, regionalización del sistema educativo y mejoramiento de la educación técnica.

Este año se puso en marcha el proceso de regionalización educativa, fruto de la más amplía labor de participación popular que se ha llevado a cabo en nuestro país en materia educativa. El proceso de participación se inició con 32 comisiones técnicas y consultivas en todo el país, que produjo una síntesis impresionante con base en el análisis, que las comunidades realizaron, sobre la educación. La participación de las municipalidades fue entusiasta y digna de elogio. Esta síntesis se remitió a una nueva consulta participativa de alrededor de 100 encuentros regionales que reunieron a grupos de educadores y de personas de las comunidades en un número cercano a las 20.000. La consulta nacional versó sobre los fines, objetivos y orientaciones de la educación costarricense. Este proceso de participación popular ha permitido poner en marcha la política de regionalización y la desconcentración regional del sistema educativo. El Decreto de Regionalización del Sistema Educativo Costarricense se publicó el pasado 24 de enero. El trabajo de las comisiones técnicas del Ministerio de Educación Pública fue determinante para lograr este objetivo. El sistema educativo costarricense ha pasado por diversas etapas: un sistema originalmente descentralizado, a cargo de las municipalidades en la Colonia y en la vida republicana un sistema centralizado iniciado por el Doctor Castro Madriz y don Jesús Jiménez y que culminó don Mauro Fernández, no sin dar lugar a la participación del pueblo en la constitución de las juntas de educación, hasta rematar en la adopción del nuevo sistema de regionalización, como fruto de la experiencia, de la observación, de la participación popular y del trabajo efectuado en varios años. Una organización regional de 16 regiones se ha transformado en una división de siete direcciones regionales, 22 subregionales y 119 microrregiones.

Son objetivos de este plan de regionalización, el ajuste, de la educación al crecimiento socioeconómico de cada región y, por lo tanto del país; la consolidación de la identidad nacional, regional y local, facilitando la plena participación de la comunidad en la gestión educativa, para engrandecer y preservar nuestro patrimonio histórico, natural y cultural; la racionalización de los recursos y, por lo tanto, el logro de un rendimiento óptimo del sistema educativo, sobre todo en el orden intelectual y ético. El Plan de Regionalización comprende cinco grandes áreas: el área física, el área administrativa, el área cualitativa, el área filosófica y el área legal.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos que, en forma silenciosa y abnegada, han contribuido a poner en marcha este cambio sustancial en la educación costarricense, indispensable para que lo cualitativo, lo profundo, lo formativo, objetivo inmediato de esta labor, pueda tener su mejor base. Sin una organización ágil, eficiente, participativa, no podemos atender aquello que es fundamental. Este año, una vez puesta en marcha la regionalización, se iniciará la segunda etapa orientada básicamente hacia lo cualitativo. Las bases están echadas para esta magna tarea, que será la que en definitiva contribuya a este cambio de actitud del costarricense, del que hablé anteriormente, a fin de que éste se convierta en el gestor, artífice y protagonista de su propio desarrollo. Así entiende nuestro Gobierno el régimen de democracia y libertad: aquel que dedique fuerzas, potencialidades y energías, dadas por Dios con largueza al hombre, para que sean puestas al servicio de la Patria, de sí mismo, de la Humanidad.

En este gran esfuerzo educativo hemos querido dar testimonio de fidelidad a uno de los puntos básicos planteados al país en nuestro programa de Gobierno: la promoción del hombre costarricense y la educación como instrumentos imprescindibles para fortalecer nuestra democracia por medio de la excelencia.

De acuerdo con los principios fijados por el actual Gobierno, se le dio una nueva orientación al INA, a fin de que la formación profesional sea accesible al mayor número de costarricenses, principalmente a quienes tienen menos posibilidades en el ámbito educativo y de trabajo. Vale la pena destacar, a este respecto, el programa de Acciones Móviles, respuesta del INA para llegar a todas las comunidades del país. Del total de personas capacitadas, un 27 por ciento proviene de zonas rurales mediante este sistema.

Durante 1979, se capacitaron 53.529 personas y el INA pudo incrementar la mano de obra formada en un 39 por ciento.

Especial mención merece el proyecto denominado Grupos Especiales de Población con el que se les ha dado oportunidad a grupos marginales para que se incorporen a la población activa del país.

Debemos hacer referencia especial al hecho de que, en razón de la vigencia del Decreto Ejecutivo que puso fin al ultimo Contrato-Ley existente en el país, al convertir en Contrato Administrativo el suscrito con la Compañía Bananera de Costa Rica, en la década de los treinta, se extendió la enseñanza del Estado a todo el territorio nacional, ya que el Gobierno se hizo cargo, en el curso lectivo de 1980, de las 32 escuelas que durante casi medio siglo, estuvieron a cargo de la referida empresa frutera; asimismo, la eliminación del Contrato-Ley ha, producido el retiro de juicios contra el Estado, por un monto de ₡81.430.000,00 y el refuerzo de los ingresos municipales de los cantones bananeros en ₡7.350.000,00 en 1980.

El INS ha puesto en vigor, a partir del presente curso lectivo, un sistema de seguro escolar de accidentes que mediante el pago de una prima anual de ₡25,00, cubre al estudiante de escuelas y colegios.

Esta labor educativa se extendió a las zonas indígenas. Se ha iniciado un proyecto de educación bilingüe, basado en las propias necesidades de la población y se ha desarrollado un proyecto de artesanía en diversas poblaciones indígenas, al mismo tiempo que se ha elaborado un programa de trabajo y producción con el aporte de la comunidad en el campo agrícola. Se establecerán, asimismo, dentro de algunas semanas, cuatro puestos de salud en el área indígena, que completará doce puestos con esta finalidad. Con el objeto de conocer en forma más justa las necesidades de estas poblaciones se lleva a cabo un proyecto de censo y educación, a fin de trabajar en éstas con criterios más precisos.

El esfuerzo realizado en el orden educativo se ha completado con un amplio plan de edificaciones nacionales en las instituciones consagradas a la enseñanza. En este campo se ha tratado de fortalecer la participación de la empresa privada tanto en la construcción de edificios públicos como en trabajos de rehabilitación. Durante el período se introdujeron cambios importantes en la organización con el propósito de que la ejecución de las obras por administración sea encargada a las Regiones, mientras que el planteamiento, diseño y supervisión sea responsabilidad de la Dirección General de Edificaciones Nacionales.

El programa en ejecución de obras por contrato ascendió a ₡50.2 millones. De este programa se ejecutaron durante el período 43.3 millones de colones, con un avance de un 86% del programa en 27 obras. Además, recientemente se adjudicaron obras por valor de ₡41.7 millones en 21 instituciones educativas. Dentro del Programa MEP-BID que realiza el Ministerio de Educación Pública, y en el cual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes da la supervisión técnica, se terminaron obras por valor de 44.6 millones de colones y están en ejecución otras por 47.6 millones de colones. En el Programa de Asignaciones Familiares se realizaron trabajos por un valor de ₡5.2 millones y están en construcción proyectos por un monto de ₡3.0 millones que se espera terminar en el presente año.

Por medio de las Direcciones Regionales, creadas al amparo de la reforma administrativa, se realizó en este campo una amplia labor en la construcción de aulas, talleres, trabajos de pintura, reconstrucción, electricidad, hojalatería y otros.

Aunque esta labor es muy amplia, se puede resumir que durante el período se construyeron 460 aulas; 60 unidades para talleres, cocinas, comedores y otros y 65 reparaciones mayores.

Además, deben sumarse 21 colegios, entre agropecuarios y académicos, construidos y equipados y 3 del Proyecto MEP-BID. Se construyeron 12 gimnasios, se ampliaron 21 colegios, y se han adjudicado 21 gimnasios más para este año.

Un hecho significativo en el campo del planeamiento de las inversiones en el sector de edificios públicos es el inventario de necesidades actuales que contempla el mantenimiento en 170 edificios de colegios y de 300 escuelas, que permitirá una mejor orientación de las inversiones futuras.

Salud No basta, sin embargo, el esfuerzo en el campo educativo para preparar al hombre costarricense al gran cambio que plantea la humanidad en estos años. Es preciso completarlo con diversas acciones tomadas en otros campos, todas las cuales nos procurarán la deseada elevación y el cambio de actitud del costarricense en esta etapa decisiva de su historia.

Nos referimos, entre otras, a la salud. Con este fin se creó este año el Sector Salud, para lograr, mediante la coordinación, el más elevado nivel. Continuando, además, el esfuerzo ininterrumpido de los costarricenses por la salud del pueblo, pero con el afán de dar mayor participación a las comunidades, a tono con los principios enunciados por este Gobierno, se le ha brindado especial apoyo al Plan Nacional de Participación Popular en Salud. Se han organizado con este fin 330 comités de salud que colaboran con los puestos de salud rural y se han formado 879 subcomités, 14 asociaciones cantonales de salud, todo con la participación directa de más de 15.827 costarricenses.

Se efectuaron en la zona rural más de medio millón de visitas domiciliarias, más de 300.000 en el área urbana, lo cual implica en términos de población atendida, a 1.310.954 personas.

Se ha logrado así reducir la tasa de mortalidad infantil, que llegó a 22,3 por mil en 1978 y a 22,1 por mil en 1979, comparada con la de 28,1 por mil de 1977, una de las más bajas del Continente, mérito indiscutible de los gobiernos de Costa Rica que se han preocupado por este sector. Ha disminuido sensiblemente el porcentaje de niños con bajo peso al nacer, gracias a los planes de nutrición: si éste fue en 1976 de un 8,8 por mil, alcanzó un 6,9 por mil en 1979, cifra que sólo se encuentra en países desarrollados. De un 44,2 por mil de niños desnutridos de primer grado en 1976, se bajó a un 36,6

por mil en 1979 y de un 14,1 por mil de segundo grado se pasó a un 3,6 por mil y de un 1,5 por mil de tercer grado se descendió a un 0,03 por mil. En 1979, se realizaron estudios que demuestran que el bocio endémico y la hipovitaminosis A han dejado de ser un problema de salud pública. La convergencia de criterios y esfuerzos en el campo de la salud, con los excelentes resultados obtenidos nos demuestra palmariamente cuán elevadas metas podrían conquistarse y cuánto se aceleraría nuestro desarrollo económico, cultural y democrático, si en lo esencial estuviéramos de acuerdo y si el interés político efímero no contaminara nuestros planes e ideales.

La labor del Gobierno Central en orden a la salud se complementó con la del IFAM, empeñados en mejorar el ambiente en muchos lugares del país y no sólo en la ciudad capital, financió la compra de terrenos y equipo recolector para el tratamiento de basura en nueve cantones por ₡6.5 millones y se está trabajando en el programa de financiamiento por ₡19.7 millones que incluye 20 cantones más; además se tiene prevista la construcción, en este año, de dos rellenos sanitarios (Heredia y Puntarenas). Se construyeron cinco mataderos regionales (₡11.2 millones).

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, al 1° de julio de 1979 el Régimen de Enfermedad y Maternidad cubría a un 85% de la población nacional. Ahora, un año después, cubre al 97% de la población nacional. Ha habido un incremento porcentual del 34,1% en las prestaciones médicas y económicas de la Caja, se extendieron los servicios médicos a comunidades rurales abandonadas y se ha cubierto, en el plan de verdadera universalización del seguro al 97% de la población del país y se revaloraron las pensiones en un 15 por ciento, así como las de vejez e invalidez, se redujo la edad de retiro del pensionado, de 60 a 57 años y se aumentó sustancialmente, el beneficio por el pensionado que fallezca; se establecieron 411 comités de distrito en todo el territorio nacional, mediante un plan de participación popular, cuyos miembros estudian y recomiendan las solicitudes de pensión por el régimen no contributivo del Fondo de Asignaciones Familiares; se aprobó un aumento en las pensiones de este régimen de un 42,9%. El número de personas que reciben pensión del régimen no contributivo asciende a 31.000. Durante dos años se han construido en total, 58 Centros de Nutrición, 31 puestos de Salud Rural, 27 edificios de doble uso (puesto de Salud Rural-Centro de Nutrición), dos Clínicas Materno-Infantiles, 8 Clínicas de Consulta Externa y se está terminando la construcción del Hospital de San Carlos.

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ligado estrechamente a la salud se encuentra el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en el que, tras muchos meses de intensa labor se ha logrado poner orden en el campo financiero y técnico. Se han establecido normas, pautas y mecanismos en las diversas actividades financiadas con estos recursos.

Se ha efectuado un mejor control en la programación, ejecución y supervisión de labores que realizan las instituciones beneficiadas con estos recursos, de tal suerte que éstos se orientan ahora hacia verdaderos objetivos sociales, sin distraerlos en la atención de otros objetivos extraños al Programa. Se puede dar cuenta cabal del destino de los fondos, pues se ha realizado una labor total de despolitización del programa.

Se están ejecutando también funciones muy importantes para perfeccionar esta labor de ordenamiento y coordinación que nos propusimos desde el primer día de gobierno, mediante un censo e implantación de un sistema de información y evaluación permanente de los 3.152 comedores escolares, 542 centros de educación y nutrición y 34 centros infantiles de atención integral; creación de un banco de datos actualizado en cada uno de los subprogramas, proyectos y actividades y redefinición de algunos subprogramas, áreas y acciones. Esta tarea tiene como fin utilizar los recursos del Programa de Asignaciones Familiares con la mayor eficiencia y eficacia posibles. Se han podido así recuperar 12 millones de colones, recaudar 6 millones más mediante el cobro a los morosos y 20 millones por arreglos de pago, en comparación con lo poco o casi nada que se recaudó por estos conceptos en años anteriores.

Mediante este ordenamiento y coordinación, y la consiguiente eliminación de la desviación de fondos, se han adjudicado 454 millones de colones para el sector salud, alimentación y nutrición; 157 millones para el régimen de pensiones no-contributivas y 97 millones para vivienda y asentamientos campesinos.

Se ha logrado así con recursos de Asignaciones Familiares, la capacitación de 110 asistentes en salud, la construcción de 21 puestos de salud rural, 19 centros de educación y nutrición, 5 comedores escolares y otros 33 en proceso de construcción, financiamiento para 134 acueductos rurales, con participación popular, financiamiento para 800 viviendas por medio del INVU y para 1725 por medio del IMAS, compra de 34.000 hectáreas para asentar 901 familias costarricenses por medio del ITCO y pago mensual de 10.2 millones de colones a 31.000 pensionados. Del total de los 287 millones girados en varios años desde que existe el régimen no contributivo, el 40 por ciento fue girado en 1979.

Inspirados en el objetivo máximo de elevar, material y espiritualmente al costarricense y en el principio de que el país no necesita crear más instituciones de tipo social, pero sí poner a funcionar, en forma eficaz y ordenada, las actuales, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha realizado dentro de este marco diversas labores de indudable beneficio social. Ha atendido a más de medio millón de personas en asistencia social, obras y vivienda popular, promoción y desarrollo, con la participación activa de 160.712 personas.

Se evaluaron las instituciones públicas con menores internos, a fin de replantear todo el sistema de ayuda a los abandonados; tiene el IMAS viviendas en proceso de construcción, que beneficiarán a cerca de 10.000 personas y ha dado especial importancia al Programa de Ayuda Mutua y Empresas Comunitarias (PRECO), que es el resultado de la nueva política de la Institución en el campo de la vivienda de interés social, orientada hacia la autoconstrucción y la dotación de infraestructura mínima a grupos y estratos de menores recursos económicos y empresas productivas para dichos grupos.

Este plan se inspira en uno de los principios básicos del actual Gobierno, tendiente a reducir el estado de dependencia del costarricense del Estado y, por lo tanto, la aplicación del esfuerzo propio, como instrumento imprescindible en el desarrollo nacional y personal.

Se está trabajando en la implantación de empresas comunitarias tipo cooperativa, con estos principios.

Está en proceso un plan piloto destinado a la creación de una asociación de pescadores artesanales marginados en la zona de Puntarenas, que incluye la creación de cinco empresas comunitarias, y está en marcha el Proyecto Urbano de Empleo y Mejoramiento Comunal, que involucra al IMAS, al INA, al Ministerio de Trabajo, al IFAM y otras instituciones, con el fin de capacitar a las personas en diferentes ramas de la actividad productiva y luego en su colocación en empresas del Área Metropolitana.

Vivienda El Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos, creado en agosto de 1979, con el fin de elevar la calidad de vivienda del costarricense, tiene como propósito organizar y coordinar la acción institucional con un enfoque integral del problema habitacional y del medio ambiente social en el que éste se da. Con esto, el Gobierno ha sustituido el tradicional enfoque que aislaba el problema habitacional de sus relaciones con el contexto físico y social, abordándolo con productos atomizados y segregados, por una política que concibe a la vivienda como parte de una compleja red de servicios que, adecuada orgánicamente al medio ambiente de las comunidades, genera una armónica relación entre la familia y su hábitat, permitiendo el desarrollo integral del costarricense y dignificando sus asentamientos humanos.

Así como se ha integrado el problema habitacional al de los servicios y al de su medio ambiente en general, igualmente se han interrelacionado las áreas rurales con las urbanas.

Este nuevo enfoque gubernamental y su mecánica administrativa sectorial se vieron pronto sustentados en sólidos recursos económicos dirigidos hacia las soluciones de un plan de acción inmediato y con el cual se ha definido el más ambicioso programa para la atención de la problemática habitacional costarricense.

Se ha trabajado en los aspectos financieros y se ha propuesto un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para la creación de un "Sistema Nacional Financiero para la Vivienda". Esto significa que no sólo se ha realizado una importante transferencia de recursos al Sector para la atención inmediata de las situaciones más urgentes, sino que prevé la creación de un fondo nacional que sirva permanentemente a la vivienda de interés social y a los asentamientos humanos en general.

En cuanto a planeamiento físico, el INVU elaboró un. Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Región Metropolitana como parte de los avances que realiza el Sector en la formulación de un Plan de Ordenamiento Urbano para el Sistema Urbano Metropolitano.

Otra línea de acción ha sido el establecimiento de nuevos asentamientos. Este quehacer del Sector, complementario al Programa de Rehabilitación, responde a la demanda provocada por el crecimiento, de población. Se implanta para ello una nueva estrategia de densificación en las zonas urbanas con una mayor y más adecuada prestación de áreas comunales para parques, recreación y prestación de servicios.

Esta estrategia se basa en estudios realizados en áreas urbanas como la Metropolitana de San José durante 1979.

Fue así como se analizó el impacto urbano en los crecientes costos del transporte ligado al precio también ascendente del petróleo. De estos estudios se desprendió la necesidad de aumentar la densidad poblacional en los centros poblados y abandonar con franqueza y decisión, los deseos de expansión territorial urbana que habían privado en San José por muchos años y que nuestro Gobierno también compartía.

Dada la amplitud y complejidad de la tarea que implica lo anterior, el sector ha involucrado a doce entidades que se agrupan según bloques del quehacer institucional: instituciones directamente ligadas a la construcción de viviendas, instituciones relacionadas con aspectos financieros, aquellas que construyen y prestan la infraestructura de servicios esenciales a los asentamientos humanos y otras que por su función macroplanificadora se ubican en todos los sectores.

Con el establecimiento de políticas y objetivos claros se han definido dos grandes líneas de acción: a) Programa de Asentamientos Humanos, con el cual se desarrollan paralelamente la Rehabilitación de Barrios y Renovación Urbana. b) Programa de Infraestructura de Servicios.

Dentro del primer programa, las instituciones, incluyendo al INVU, IMAS e ITCO, construyeron en 1979 un total de 3.140 viviendas en áreas urbanas y rurales del país, como parte de sus 4.392 soluciones dadas al problema habitacional, lo que abarca no sólo las construcciones citadas, sino también lotes urbanizados, créditos y otros servicios.

El INVU terminó el año pasado 2.752 soluciones, por un monto de ₡128.8 millones y tiene en proceso 962 más.

Con los recursos asignados por el Estado al Sector, este Instituto desarrollará en los próximos dos años, un ambicioso programa que implica la construcción de 7.724.

El IMAS con recursos de esta entidad y del Fondo de Asignaciones Familiares, con una inversión de ₡29.4 millones, brindará 1.444 soluciones de vivienda, lo cual beneficiará a cerca de 10.000 personas.

La labor del. ITCO en el campo de los Asentamientos Humanos tendrá un significativo impacto en las áreas rurales del país.

De las 196 viviendas rurales construidas en 1979 por un monto de ₡2.8 millones, esta entidad contará este año con un recurso 8 veces superior, de ₡22.5 millones lo que le permitirá construir 1.251 viviendas.

El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo recibió un importante aporte del Estado que le permitió aumentar sus recursos 2.6 veces respecto a 1978 y facultó a las empresas constructoras a edificar 4.429 viviendas; 833 más que en 1978.

Para ello, el aporte estatal pasó de ₡97.8 millones en 1978 a ₡255.1 millones en 1979.

Para este año el Estado, por medio de la Caja Central de este Sistema, facilitará recursos por el orden de los ₡423.5 millones (incluyendo mutuales) y que significa un aumento de 22,5% respecto del total disponible para 1979 por el orden de ₡345.7 millones. Se llevó a cabo el Plan de Rehabilitación de Barrios para responder con soluciones concretas a los problemas propios de la gente mediante el esfuerzo propio, llevando por medio de las instituciones, los servicios básicos de agua, luz, calles, mejoras de vivienda y fundamentalmente de titulación y entrega de escrituras de propiedad. Se encuentran por gestionar 3.155 más. Paralelamente se han realizado 1.914 mejoras que benefician a una población estimada de 14 mil personas.

Dentro del Plan de Emergencia en el que participan el IMAS e INVU, se ha invertido la suma de ₡20.4 millones provenientes del Fondo de Asignaciones Familiares, con el cual se han ofrecido 691 soluciones de vivienda a las que se adicionaron las soluciones de otros proyectos que están en ejecución.

Como apoyo al Programa antes mencionado, se desarrolla un importante programa de Servicios en el que destaca la participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Dentro del Plan Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, el año pasado se suministraron acueductos a 98 comunidades rurales para un total, en dos años, de 181 acueductos.

Esta acción ha incluido no sólo las obras administradas directamente por la institución, sino el importante Programa de Ayuda Comunal. Creado en concordancia con la política de participación popular y promoción humana, este programa ha sido uno de los principales medios para la construcción de acueductos rurales en el que las comunidades aportan un buen porcentaje del esfuerzo total que se requiere.

En esta labor se destaca la creación del "Fondo Rotatorio para Acueductos Urbanos Municipales", a través del cual se dio una fuerte inversión para mejorar la calidad y cantidad de agua potable y alcantarillado sanitario en las localidades urbanas con sistemas de administración municipal.

En el Área Metropolitana, se desarrollaron valiosas obras, como la conducción Alajuelita-Desamparados y aquellas de la II Etapa del Alcantarillado Sanitario. Para resolver los problemas de abastecimiento de agua de esta área en la época de verano, se invertirán 125.4 millones este año en proyectos como los de "Chivas" y "Orosi" que adicionarán 110 y 1 000 litros por segundo respectivamente a la red existente. Gracias al segundo de estos proyectos las poblaciones de Escazú y Santa Ana, que tienen deficiencias en su cantidad y calidad de agua, se conectarán al sistema metropolitano. De aquí la enorme importancia que tiene la aprobación de la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley correspondiente.

En resumen se han construido en dos años 172 acueductos más nueve en construcción por el Programa de Ayuda Comunal y 21 por administración en la zona rural. En la zona urbana se han realizado 5 acueductos de gran envergadura y 14 mejoras sustanciales en localidades urbanas, se harán realidad por medio del Fondo Rotatorio a través de préstamos a municipalidades.

Seguridad Social La atención de la familia constituye parte esencial de todo programa de gobierno, tendiente a crear en los costarricenses una nueva actitud. Hacia este objetivo se orienta la acción del Gobierno en el campo económico y social, ya que la familia debe ser la beneficiaria de la acción estatal, no para someterla al Estado, ni para aniquilarla por un paternalismo esterilizador, sino para que, como núcleo de la sociedad, se convierta en el motor del desarrollo económico, social y moral de la nación. La presencia y la acción del Estado se justifican sólo si benefician al núcleo familiar.

Este es uno de los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, efecto del bajo ingreso de numerosas familias, del hacinamiento de la población en diversos sectores y de otros males sociales, producto en parte de un esquema de desarrollo que ha abandonado el campo y que no ha promovido el esfuerzo propio, que no ha promovido la legítima competencia y que no ha explotado toda la capacidad empresarial del país. El núcleo familiar es siempre beneficiario o víctima del fracaso o del éxito en la conducción del país o del tipo de desarrollo que se lleva a cabo.

En lo tocante a la familia, el niño abandonado y el hogar deshecho, han de ser preocupación básica de la atención del Estado. Por esta razón, el Gobierno se ha impuesto establecer una nueva orientación y ordenamiento de las futuras acciones de las instituciones, en especial el Patronato Nacional de la Infancia, encargadas de la niñez desvalida.

Otro de los grandes problemas que tradicionalmente ha sido tratado en forma paternalista y con gran duplicidad de esfuerzos, sin lograr resultado realmente satisfactorio, es el referente al menor deambulante, mendigo, inhalante e infractor.

Problemáticas estas que no son más que efectos de una causa común: la marginalidad. El gobierno ha sostenido una posición muy clara en el sentido de que a estos menores no se les puede seguir castigando, ignorando o tratando a medias.

Es conveniente aunar esfuerzos y asumir responsabilidades. Instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, Adaptación Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, etc., están planteando conjuntamente las acciones correspondientes a un correcto tratamiento a tan seria problemática.

La atención al menor no puede tampoco seguir circunscrita al Valle Central. Todos los niños de Costa Rica son nuestra responsabilidad y atenderlos adecuadamente es la oportunidad de pretender una generación sana, física, mental y espiritualmente.

El PANI está trabajando en propuesta muy concreta para lograr la integración de las Juntas Provinciales y Juntas Cantonales, a través de las cuales puedan los miembros de las comunidades, conocer y pronunciarse sobre los problemas de su niñez, así como proponer todas aquellas acciones que conjuntamente con el apoyo institucional, coadyuven a la debida atención del hombre en su primera etapa de vida.

El nuevo planteamiento pretende unificar servicios, pero dividir funciones. Desde este punto de vista, y en relación al menor abandonado a que una situación familiar difícil obliga a la intervención del Estado, el Patronato será responsable la admisión de todos los casos y el estudio correspondiente, y las instituciones privadas tendrán a su cargo el cuidado y la atención de menores. Los recursos de las instituciones se aprovecharán específicamente en el cuidado del menor, mientras que los recursos técnicos estatales estarán dedicados a la solución del problema. No se justifica por ejemplo, que el Patronato Nacional de la Infancia dedique muchos millones de colones y gran cantidad de funcionarios a la atención de un pequeño número de niños, que evidentemente repercute en una reducción de recursos para otros servicios que no están siendo cubiertos. Máxime, si se toma en cuenta que en el país existen instituciones privadas y grupos organizados que no sólo están dispuestos, sino deseosos de prestar esos servicios. Todo esto requiere un cambio total a fin de que la burocracia y la rutina no impidan o encubran las soluciones e impidan involucrar a la comunidad en la participación y atención de sus problemas. En esta orientación está laborando el Gobierno Central.

El mayor logro obtenido durante el Año Internacional del Niño se expresa la creación de un sistema de coordinación permanente de las instituciones que dan atención a la familia, mediante la creación del Sistema Nacional Atención a la Familia (SINAF) (Decreto No. 10834-MP), que se puede definir como una estrategia para la reformulación operativa de instituciones que prestan servicio a la infancia y la familia, comprendiendo fundamentalmente una política en materia de atención integral del niño y la familia. Cabe notar que Costa Rica es el primer país latinoamericano que cuenta con este sistema y que los organismos internacionales han acogido ampliamente esta iniciativa, a tal punto que UNICEF canalizará todos sus programas en nuestro país por medio del SINAF. La Subcomisión de Jurídicos del Año Internacional del Niño, que ha laborado durante más de año y medio, hizo una importante recopilación de todas las leyes penales, civiles y de familia que dio pie para una serie recomendaciones que ya se encuentran en la Asamblea Legislativa para su estudio. Entre las reformas al Derecho de Familia se encuentran reformas a la Ley de Salud, al Código de Familia, al Código Penal, al Código de Trabajo y a la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores.

El Plan Acción Ya Pro Menor Abandonado se creó con carácter de emergencia a nivel interinstitucional para prestar la debida atención al menor en estado de abandono. Comprende tres programas: el Programa de Atención al Menor Infractor, que en coordinación con el Ministerio de Justicia le dio una nueva conformación al tratamiento del menor, al transformarlo en un sistema reeducativo y abierto en vez del concepto carcelario represivo que se tenía. El Programa de Atención al Menor Deambulante que en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, abrió tres Brigadas y un Hogar Transitorio. Se pretende así reforzar el Programa de Rescate de Menores que deambulan por mendicidad y vagancia en San José, y extender el servicio también a las áreas rurales y portuarias. El Programa de Atención al Menor Institucionalizado, que en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e instituciones privadas, pretende dar otro rumbo al tratamiento del menor huérfano o abandonado.

Por considerarse que la educación preescolar tiene una importante repercusión en la configuración de la personalidad del niño, el Ministerio de Educación Pública integró los programas de los Centros de Educación y Nutrición, Centros Infantiles de Atención Integral y Jardines de Niños bajo el Subsistema "Educación Preescolar". El Consejo Operativo Nacional para la Estimulación Temprana es un organismo creado para promover las acciones de estimulación precoz, e inició sus labores para la atención del niño de 0 a 6 años. También se puso en marcha el proyecto "Establecimiento de un Centro de Material Didáctico" mediante el cual el país contará con el aprovechamiento de sus propios recursos humanos y materiales para proveer aproximadamente a 1.000 aulas preescolares, del material didáctico necesario. Como resultado del Convenio Cultural entre la Comisión Nacional del Año Internacional del Niño y la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) se realizó el programa "Biblioteca Cultura Nuestra", por medio del cual se proveyó a 169 centros educativos de una completa biblioteca para uso de sus educandos.

En lo que respecta al área de educación especial, se impulsó el proyecto "Creación de Escuela para Padres". Este proyecto se está desarrollando actualmente a través de las Escuelas de Educación Especial y de profesionales que trabajan en las Aulas Diferenciadas. Se crearon también los Talleres Prevocacionales, para responder a la imperiosa necesidad de cubrir la población infantil que egresa de las Escuelas de Enseñanza Especial.

A tono con el principio de procurar la elevación del costarricense, este esfuerzo de educación nacional, dentro del sistema formal y fuera de él, y convencidos de que el arte de gobernar es básicamente arte de la educación, máxime en la hora presente en que la salvación o supervivencia del país depende, esencialmente, de la calidad moral de cada uno de sus habitantes, más que de estructuras políticas o de simples reformas constitucionales, el Gobierno Central ha llevado a cabo un profundo cambio en materia de prevención de la delincuencia y adaptación social.

Con este fin, se ha revisado, modificado, ampliado y remitido nuevamente a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley Orgánica de la Dirección General de Delincuencia y Adaptación Social. Entre sus avances más sobresalientes se encuentran la formalización de la desconcentración geográfica integral del Sistema Penitenciario Nacional; el establecimiento de normas específicas para el tratamiento de menores, la creación de un órgano especial para el tratamiento de sentenciados con permiso para estar en libertad, la institucionalización a nivel nacional de un centro de diagnóstico criminológico, la institucionalización de la prevención de la delincuencia, la transformación del Instituto Nacional de Criminología y la institucionalización de un centro de enseñanza para capacitar al personal que labora en el campo penitenciario.

En 1979 la Dirección General de Adaptación Social se vio obligada a reestructurar totalmente los sistemas de organización y los procedimientos tendientes a lograr mayor eficacia y eficiencia. Una red de edificios en los principales centros urbanos del país complementará esta tarea. Por otra parte, se están abriendo centros regionales de confianza, urbanos y rurales. Un tercer elemento de modificación es la creación de la Oficina Nacional de Prueba y Libertad Vigilada en las principales cabeceras del país, así como en la zona norte y en la zona sur.

Mediante convenio entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia, se están brindando servicios médicos, medicinas, pago al personal médico y la instalación de pequeños dispensarios en los centros de reclusión del país, tanto para los internos, como a sus familias.

Gracias al esfuerzo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y al personal de la Dirección General de Adaptación Social, así como en virtud de los beneficios obtenidos con los cambios introducidos en los sistemas y procedimientos, se convirtió en realidad un viejo sueño de los costarricenses, el 20 de diciembre de 1979: el desalojo de la Penitenciaria Central. Este acto constituye uno de los logros más importantes del país en materia de derechos humanos, que armoniza con el establecimiento de la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica y con la política internacional de Costa Rica, inspirada en estos sagrados principios.

Durante más de 20 años, los costarricenses clamaron por la eliminación de la Penitenciada Central, de San José, verdadero antro y universidad del crimen, donde se ahogaban los principios que predicábamos en los foros internacionales sobre la dignidad del hombre. Con este hecho histórico el régimen carcelario celular ha sido desterrado del Sistema Penitenciario Nacional; ha comenzado así una nueva etapa, inspirada en la dignidad del hombre, a fin de regenerar a los costarricenses que han delinquido. Alajuela y Puntarenas han visto transformarse en museos o casas de cultura antiguos edificios carcelarios.

En 1979 el programa del menor infractor adquirió una nueva naturaleza al transformarse en un sistema reeducativo y abierto.

Se realizó la remodelación de las instalaciones físicas, se suprimieron los calabozos y el empleo de armas por parte de los vigilantes, se dotó a los menores de vestuario completo, se les aseguró una dieta balanceada y se implantó el diagnóstico. Este estudio ha demostrado que es la carencia de afecto la principal causa de desviación del menor y se ha comprobado que la institucionalización, lejos de resolver, ha contribuido a acentuar los rasgos negativos de la conducta de los jóvenes en estado de peligro social. Se replanteó, por ello, el tratamiento reeducativo y se instalaron cuatro albergues de admisión en las zonas de mayor incidencia o peligrosidad social. El resultado del diagnóstico nos indica, asimismo, por qué el Gobierno ha decidido variar sustancialmente la política seguida hasta ahora en el Patronato Nacional de la Infancia y demás centros de recepción de menores abandonados, a fin de complementar la institucionalización burocrática por el ambiente familiar.

Trascendental ha sido, asimismo, la decisión de reubicar geográficamente las instalaciones del Centro de Tratamiento de Menores de las frías faldas del volcán Irazú a una zona más cálida.

Se establecerá un centro en un complejo arquitectónico tipo campamento abierto, escolar, si rejas, ni calabozos, ni fortines, con espaciosas áreas recreativas y módulos de alojamiento independientes para ubicar a los menores según grupos de edad.

Este centro es muestra del cambio profundo realizado en la política de tratamiento de menores. La mayor riqueza del país son sus niños y todos estamos obligados a realizar los mayores esfuerzos para protegerlos, sin limitaciones, sin egoísmos y con verdadero espíritu cristiano.

Las labores de vigilancia y de seguridad dependen no sólo de la capacidad del equipo, sino, básicamente, de la capacidad personal de los empleados encargados de estas tareas. Por este motivo, el Gobierno ha llevado a cabo un intenso plan de alfabetización en la Guardia Civil y en otros cuerpos de seguridad, así como de Bachillerato por Madurez, tal como lo demuestra el número creciente de graduados, todo lo cual se ha completado con un programa de bibliotecas básicas, de las cuales 97 se han colocado en delegaciones distritales y cantonales de la Guardia de Asistencia Rural. Asimismo, se encuentra en ejecución un programa de alfabetización por medio de monitores de la Guardia de Asistencia Rural. No sólo por razones de eficacia en las labores de vigilancia y seguridad se ha procedido en esta forma, sino como realización de los planes de promoción humana.

Las tareas de vigilancia han recibido un fuerte impulso. Se ha tecnificado y modernizado el equipo, se ha capacitado al personal en forma amplia, con lo que se han logrado resultados excelentes.

Cultura y Deportes La cultura es, por esencia, medio singular de superación y promoción del ser humano.

En materia de promoción humana, las acciones durante este segundo año de gobierno pueden resumirse básicamente en: constitución y fortalecimiento de organizaciones de base; capacitación y asesoría para dirigentes y organizaciones comunales; construcción de instalaciones deportivas, establecimiento de centros de promoción, como casas de la juventud y casas de la cultura, extensión de la cobertura de servicios particularmente hacia las comunidades más abandonadas, investigaciones sobre el patrimonio histórico, once obras fueron declaradas monumento nacional, dos monumento histórico y cuatro reliquia histórica y cultural.

Se constituyó la Compañía Lírica Nacional, con el objeto de promover a los artistas costarricenses, así como a los compositores y se estableció la Compañía Nacional de Danza. Se ha trabajado intensamente, desde agosto del año pasado, en la restauración de las pinturas del Foyer del Teatro Nacional que encontramos muy deterioradas, labor que terminará dentro de pocos meses. Se han elaborado, asimismo, otros planes para restaurar diversas obras artísticas o culturales del país.

Dentro del esfuerzo de difusión cultural, ocupa lugar preeminente la labor desarrollada por el Sistema de Radio y Televisión Cultural. Pese a la falta de colaboración legislativa para configurar jurídicamente este sistema, Radio Nacional se lanzó a la producción del 100% de su programación de 19 horas y Canal 13, con 14 horas de emisión y más de un 50% de su programación con producción nacional. Nunca en la historia de la televisión costarricense se había realizado una producción tan intensa, tan extensa y de tan elevados quilates, al extremo que ha suscitado el interés de otras televisoras del extranjero para adquirir los derechos de transmisión.

Está programación y producción, tanto en Radio Nacional como en Canal 13, ha sido orientada hacia la cultura, la educación y el sano entretenimiento. Esto ha permitido dar impulso a una filosofía de cultura popular, que ha dado por resultado una aceptación masiva de los programas de estas estaciones de radio y televisión. Para realizar esta tarea se ha aumentado considerablemente el área de construcción para albergar todos sus servicios. Canal 13 cubre el 90% del país y Radio Nacional extenderá este año aún más su zona de emisión.

Nos hemos empeñado en que Radio Nacional y Canal 13, instrumentos de comunicación en manos del Estado, no se usen con interés personal o político de los funcionarios públicos o de algún partido político. Formulamos votos porque, en lo futuro, este respeto a la tradición democrática se mantenga inalterable.

Para el Gobierno de la República, el deporte no es sólo un pasatiempo o un sano esparcimiento, sino una gran escuela de formación nacional. Por ello, ha merecido toda la atención del Poder Ejecutivo. Consideramos que los principios de disciplina, de concentración, de sacrificio, del sentido del éxito, de solidaridad, de competencia, pueden encarnar en el pueblo por medio del deporte. Para el Gobierno el deporte es escuela de dignificación del hombre. Por lo tanto, es su deber fundamental promover esta actividad social y crear masas de deportistas activos. De aquí que el deporte aficionado sea uno de sus objetivos básicos, como expresión de participación popular y de promoción humana.

El deporte nacional recibirá en 1.980, 57 millones de colones, el monto más elevado en la historia del país.

Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha elaborado un vasto plan de reconstrucción de estadios de fútbol, que comenzará este año con la suma de 15 millones de colones, si se da la necesaria reorganización de esta actividad deportiva.

Con el fin de comenzar el proceso de reorganización del deporte con sentido técnico, se publicó el Decreto No. 11140-C, del 31 de enero de este año, llamado popularmente del 4-3, que tiene por objetivo la coordinación en materia deportiva, la utilización óptima de los recursos, la ayuda al deporte aficionado, la tecnificación y el ordenamiento. Este decreto no pretende atar el deporte al Estado, sino todo lo contrario; coordinar y racionalizar para que el deporte sea una actividad nacional, sin mezcla de intereses personales o de grupo. Aquellos que deseen formar casa aparte y seguir otros intereses y objetivos, muy respetables también, tienen b oportunidad, según el decreto, de separarse de sus normas y, por lo tanto, desligarse de toda ayuda estatal para que ésta se vierta sólo en el deporte aficionado o en los clubes o asociaciones que acaten las estipulaciones. El signo de la libertad de elección preside dicho decreto. Un ejemplo basta por sí solo para demostrar la necesidad e importancia de la coordinación. Desde el establecimiento del fútbol en Costa Rica, los costarricenses lucharon por competir en una justa mundial. Hace algunas semanas, este sueño se trocó en realidad.

El Gobierno ha adoptado la hermosa costumbre de exaltar los valores nacionales en cualquier campo de la vida del país y de apoyar todo esfuerzo de grupo o personal que tienda a la excelencia. En la Casa Presidencial, con una sencilla medalla de oro, hemos condecorado a costarricenses egregios, y no hemos escatimado esfuerzo en exaltar o apoyar al que desea triunfar.

También hemos hecho tema frecuente de nuestros discursos, la urgencia de eliminar del alma costarricense la mezquindad, que corroe a un cierto sector de la sociedad, el derrotismo, la frustración enervante, el negativismo.

Se cambia de actitud no sólo con la educación y la formación, sino también con el disfrute de sanas distracciones, con el goce de la belleza del país, con el aprovechamiento del tiempo libre.

Desde este punto de vista, dos acciones han merecido la atención del Gobierno: el turismo y los parques recreativos. Se han construido así varios miradores en puntos estratégicos y una red de campos de juego infantiles "paradores" y campamentos para el turismo popular. Algunos de ellos se encuentran en etapa de construcción. Se ha

elaborado el Plan Vacacional Popular Piloto y se ha puesto en marcha el proyecto turístico Golfo Papagayo, en Bahía Culebra, en Guanacaste. Este será el principal centro turístico en Centro América y el Caribe.

Ha sido honda preocupación del Gobierno la necesidad en Costa Rica de áreas recreativas para que los costarricenses ocupen su tiempo libre. Por ello, creó, el 1° de junio de 1979, la Oficina de Recreación y de Parques Infantiles a cargo de la Primera Dama, para motivar a la comunidad hacia la recreación, lograr una mayor integración de la familia, el niño y la comunidad. Gracias a este programa, se ha dotado a esta fecha a comunidades del país de pequeños parques infantiles construidos en su mayoría con ayuda comunal. Se terminaron, asimismo, los proyectos de áreas recreativas en La Sabana, el Parque del Sur, Parque Ricardo Jiménez en las faldas del Irazú y para este año se está trabajando en diversas etapas desde diseño hasta construcción de parques en Turrialba, Cartago, Limón, Parque del Norte, Campamento del Este en Montes de Oca y Parque de La Uruca.

En el campo de las telecomunicaciones se logró entre 1978 al 80, aumentar las 264 localidades rurales que tenían teléfono hasta 546, o sea, más del doble en dos años. Asimismo, el sistema télex del Gobierno Central llegó a cubrir 29 localidades, que ya cubren un 33% del territorio nacional.

Seguridad Laboral La política laboral del Gobierno se guió en este año por diversos principios: Respeto a la legalidad, ya que es evidente que en el tanto en que queramos preservar el régimen democrático, Costa Rica tiene necesariamente que conducir su quehacer dentro de los cauces de la ley. Las medidas de presión que no están expresamente autorizadas en el ordenamiento jurídico, sólo conducen a la peligrosa tendencia de que todos se sientan autorizados a irrespetar el derecho ajeno. Los costarricenses debemos mantenernos en el cauce de la legalidad como vía única que puede conducirnos al perfeccionamiento de nuestro sistema de vida.

Diálogo permanente: El Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República, han mantenido una posición de apertura permanente al diálogo con los sectores laborales y empresariales. Únicamente la discusión serena y objetiva produce el acuerdo entre los hombres. Cuando hay buena voluntad y deseo real de servir al país, cada uno de los factores puede reconocer e identificar los problemas de sus asociados en el esfuerzo común de producir más y mejor para Costa Rica. Si eventualmente es menester zanjar diferencias, el Poder Ejecutivo no titubea para adoptar las decisiones que correspondan, en el interés superior de preservar la paz social. Dar a cada quien lo que le corresponde, según expresa uno de los conceptos fundamentales de justicia, ha sido la directriz en la acción del Poder Ejecutivo, al intervenir en los problemas laborales. La idea de justicia en las relaciones de trabajo ha sido y continuará siéndolo, el enfoque de la intervención en las diferencias que suscitan como cuestión normal. Los protagonistas del trabajo, asociados en el proceso productivo, como ya se dijo, no pueden mantener la necesaria armonía si, en vez de ser sinceros, dan a cada una de sus diferencias la nota distintiva del enfrentamiento, de conflictos de intereses, o peor aún, de lucha partidista. De ahí que si bien son empleadores y trabajadores quienes en definitiva zanjan sus diferencias, no puede el Poder Ejecutivo guardar silencio cuando en algún momento, venga de donde viniere, se hace patente que alguien desea ocasionar perjuicio a otro.

Salarios: En otras secciones de este mensaje ha sido examinada en sus aspectos sobresalientes la situación económica general del país. Conviene, empero, formular algunas breves referencias respecto de los salarios. Los indicadores económicos reflejan en forma satisfactoria un incremento sensible en la tasa de participación de los trabajadores en el producto interno bruto. En el orden de los salarios mínimos, la determinación del Consejo Nacional de Salarios en 1979 acogió la tesis del Poder Ejecutivo destinada a producir incrementos convenientes, especialmente para los asalariados de menores ingresos. Y en fecha reciente, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Consejo mencionado ha hecho una revisión de las indicadas remuneraciones mínimas con la finalidad de reponer, en lo que es económicamente factible, el poder adquisitivo de los salarios, lo cual evidencia que es firme decisión del Gobierno propiciar y mantener toda clase de medidas destinadas a minimizar para los trabajadores costarricenses los efectos negativos de una situación económica cuyos orígenes trascienden las fronteras del país. Otras medidas complementarias han de producir resultados favorables: creación de una Junta de Adecuación de Precios con la participación del Sector Laboral y de una Comisión Especial de Salarios para los Servidores del Poder Ejecutivo.

Legislación: Muy delicada es la tarea de revisar una legislación que tiene más de treinta y seis años de vigencia. Se ha establecido el mecanismo conducente a tal fin. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo confía en que el Proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo, en conocimiento de la Asamblea Legislativa, se convierta en Ley de la República, con lo cual se habrá realizado el más importante avance legislativo en ese campo, porque es evidente que Costa Rica no puede continuar en materia de riesgos del trabajo con un conjunto de normas que ya no responden a las necesidades presentes de la población trabajadora, y que es urgente la nueva legislación, enmarcada en sólidos conceptos de Seguridad Social.

Los anteriores constituyen aspectos sobresalientes de la política laboral. Prolijo sería enumerar otros campos en esta materia en que la acción del Poder Ejecutivo, dentro de la concepción global formulada, orienta sus actividades. Sí es importante destacar, y el país está consciente de ello, que la buena voluntad y el esfuerzo permanente por resolver las situaciones conflictivas han estado presentes en todo momento. Inevitable es que algún sector, por motivaciones diferentes a la laboral, arrastre a un numeroso contingente de trabajadores a movimientos injustificados. Pero los propios trabajadores saben, al final de cuentas, que si tuvieron, lamentablemente, que sufrir grandes pérdidas en su tranquilidad y en sus

ingresos, ello se debió a la intransigencia de quienes no quisieron, a tiempo, aceptar las soluciones razonables que se les habían propuesto por el Poder Ejecutivo, ya que el interés de algunos dirigentes ha sido no el bienestar de los trabajadores y el respeto a la ley, sino el sometimiento del sindicalismo que ellos dirigen a intereses eminentemente políticos o, en algunos casos, subversivos. Firme es la posición del Gobierno de velar por la justicia, mantener la paz social y garantizar el respeto a la ley, consciente de que este es el sentir del pueblo de Costa Rica, que ama la justicia y el orden legal, rechaza la violencia y cualquier signo de sometimiento a consignas extrañas al modo de ser de los costarricenses.

La unidad en lo esencial garantiza nuestra paz social.

Todo este cuadro de pensamientos, decisiones, proyectos y obras, que esta tarde hemos compartido con vosotros, conducen a una finalidad específica: la paz social en Costa Rica, como forma de mantener y acrecentar el sistema democrático y nuestra libertad.

No es intención de nuestro Gobierno trabajar con la estrecha mira de sólo conquistar transitorios triunfos, sino que pretende afirmar los valores supremos de la nacionalidad costarricense, uno de los cuales, la paz social, es fundamental.

La expresión "paz social" describe a cabalidad nuestros ideales y nuestro sistema de trabajo, pues ella se nos presenta como objetivo básico en el proceso de desarrollo, capacidad de diálogo, apertura, dinamismo interno, respeto mutuo, renuncia a la violencia, a la ilegalidad y a toda forma de extremismo.

Precisamente, para conservar la paz social, punto en el que la mayor parte de nosotros coincidimos, propusimos en el Informe Anual, hace un año, un pacto social en Costa Rica, que en aquella oportunidad denominamos unidad en lo esencial y que algunos interpretaron, malévola y superficialmente, como la propuesta de un simple pacto político entre partidos, con intenciones de poder.

Un pacto social o unidad en lo esencial, no es simple y vago llamado a la unidad nacional con intereses electorales personales o de grupo como es usado, sino algo mucho más concreto, que desborda los cálculos y las divisiones electoreras y que desemboca en un objetivo específico: un acuerdo en puntos esenciales, condiciones necesarias para la supervivencia de la democracia, inspirado en el convencimiento de que este es el mejor camino que puede escoger un pueblo responsable, que se enfrenta a problemas derivados de la situación actual del mundo, para salir airoso, o al menos, para reducir el golpe de la coyuntura internacional en el orden económico y político.

Pacto Social significa unidad en lo esencial, esto es, en aquello que, por elemental sentido de supervivencia, debemos y queremos aceptar como propósito común: defensa y conservación del régimen democrático, lo cual implica rechazo de todo tipo de violencia y de extremismo; acatamiento fiel del sistema jurídico del país, lo cual supone no utilizar la ilegalidad o la desobediencia a las leyes, o su incitación, como arma electoral o de presión; acatamiento de los mandatos de los tribunales de justicia, sobre todo en punto a la declaratoria de ilegalidad de las huelgas; condenatoria de todo tipo de acción que lleve a la violencia, a la ruptura de las tradiciones del país, al orden establecido; acuerdo básico para mantener el valor de la moneda y, por consiguiente, para adoptar elementales decisiones en el campo económico, fiscal y monetario; acuerdo sobre toda medida o proyecto, factible y racional, tendiente a reducir el problema de la vivienda y otros problemas sociales de especial atención; elevación de la calidad de la enseñanza y de la educación, lo cual presupone alejamiento de toda presión o intromisión de tipo político en este sector; acuerdo fundamental para hacerle frente a la crisis de la energía, al mejoramiento de la infraestructura y otros más, en campos igualmente esenciales.

Según lo manifestamos al principio de este informe, la situación actual del mundo sobrepasa con creces la capacidad de acción de cualquier grupo, partido político o gobierno. Es preciso, entonces, que un país maduro y previsor, responsable de su futuro y consciente del presente, sepa distinguir entre aquello en lo que puede haber discusión política franca y sin tregua y aquello que, aun siendo tema de polémicas y debates, desemboque en un acuerdo fundamental, precisamente porque existen principios, valores o necesidades en los cuales no se pueden transigir, por su relación directa, inmediata, con el sistema democrático. En estas materias, especialmente significativas para la supervivencia de la democracia y de la libertad, así como de la economía y de la paz social, puede haber discordancia en lo accidental o en los medios, mas no así en lo esencial. Si existe este acuerdo básico, se abre la posibilidad de coincidir en los medios. Si no existe, las consecuencias serán serias e inevitables.

Lo anterior va dirigido a los partidos político-democráticos, pero no solamente a ellos, nos referimos también a los dirigentes, a los restantes poderes del Estado, a los sectores empresariales y laborales, a los educadores y a los profesionales, y especialmente a los medios de comunicación social, capaces, por su poder y penetración, de liquidar con facilidad, cuando son libres, al régimen democrático y, así, a ellos mismos, o bien, de robustecerlo y perfeccionarlo, si obran con apego a la verdad y si el sano juicio crítico preside sus palabras, y no el fugaz triunfo político, el resentimiento o el servicio a causas que son ajenas a los valores esenciales de la nación. Los medios de comunicación social manejan las dos armas más temibles y, por ello, más valiosas: la palabra y la imagen, es decir, las ideas y los sentimientos. Cuán selecta ha de ser la cultura cuán poderoso y fino el juicio crítico, cuán robusta ha de ser la ética, cuán firme la personalidad, cuán clara la perspectiva histórica, cuán excelente en fin, ha de ser el periodista o el dueño de medios de comunicación para que, en verdad, el mensaje periodístico sea un homenaje diario a la verdad y al país y no el peor y, por lo tanto, el más eficiente instrumento de deformación y perversión de una sociedad.

Estoy seguro que si todos nos lo proponemos, si somos conscientes de nuestro papel, no sólo el Gobierno, sino cada uno de nosotros en esta hora de la Historia que Dios nos ha concedido vivir, podremos hacerles frente con hidalguía y eficacia a los problemas del mundo y de esta región, y a aquellos derivados de nuestros propios errores y defectos.

Estos antecedentes, este momento histórico de Costa Rica, esta especial situación del mundo y de nuestra región, exigen, por lo tanto legislar con previsión, es decir, reparar no sólo en los asuntos cotidianos o de poca monta, o en los más importantes, sino en aquellos estrechamente ligados al futuro de nuestra nación.

Esta época de cambio, en la que, como expresamos, cualquier decisión o palabra, en cualquier parte del mundo, influye directamente en nuestra economía y hasta en nuestra vida personal, no puede regirse por los lentos procedimientos de otras épocas, sino que reclama una clara jerarquía de necesidades y de decisiones, de tal suerte que lo accesorio y banal no entorpezca u oculte lo esencial, que lo político o electoral no perjudique a lo nacional, que lo personal no malogre lo colectivo. No es época en que las decisiones puedan tomarse con lentitud ni parsimonia; hay que actuar decidida y rápidamente, hay que dialogar con todos. Yo visito constantemente el país, lo urbano y lo rural, para conocer el verdadero pensamiento nacional y no confundir nunca la razón de lo efectivamente costarricense, con la improvisación de quienes viven en la ciudad y creen que son poseedores de la verdad. El pueblo de Costa Rica posee la verdadera esencia de esta patria, de ese pueblo aprendo y en él me inspiro, por eso lo visito constantemente.

Los proyectos que hacen antesala en espera de ser conocidos por la Asamblea Legislativa, son la expresión de las necesidades del país. No todos tienen igual jerarquía ni todos necesitan igual tratamiento. No es nuestra intención intervenir en vuestras decisiones, pero sí insistir, como costarricense y como gobernante, en que el tiempo es uno de los bienes más valiosos del ser humano, si no el más valioso de todos y que la tardanza en tramitar ciertos proyectos le producen no al Gobierno, no al Presidente de la República o al Gabinete, sino al país, graves perjuicios económicos, sociales y morales.

Permitidme que os invite a reparar en los proyectos impostergables que os hemos remitido para vuestro estudio y cuya aprobación necesita el país. También en este campo surgen, a veces, voces airadas o presiones, o la inevitable tentación de postergar las decisiones para que determinado proyecto no se ligue a la existencia de un gobierno determinado.

A este respecto, os recuerdo que la ventura o desventura de un periodo de gobierno no recae solamente sobre el Poder Ejecutivo, sino sobre todos los Poderes del Estado, y que sin esta elemental colaboración, propia del sistema democrático, es imposible progresar y mantener la paz social. La historia pasa la cuenta por la mala acción, pero, en particular, pide seriamente cuentas por la omisión.

El Poder Legislativo tiene el deber de ejercer el control político sobre el Ejecutivo y, aun más, disfruta del derecho irrestricto de hacer política o de promover a su partido y cada Diputado a sí mismo. Toda esta actividad política o electoral adquiere, sin embargo, sentido, cuando no se olvida el deber de legislar y, en esta hora del mundo, el deber es legislar con mayor previsión que nunca.

Invitamos a todos los presentes a seguir trabajando para engrandecer la Patria. A los integrantes de la Asamblea Legislativa, respetuosamente les pedimos, como costarricenses, que produzcan la legislación que el país demanda. Hemos luchado por mantener la paz y lo hemos logrado; en ausencia de la nueva ley, hemos buscado la existente que dé base al Decreto Ejecutivo que permita al país seguir avanzando; lo hemos logrado y Costa Rica no se ha detenido; hemos respetado la Constitución y las leyes; de acuerdo con nuestro juramento de hace dos años, hemos sabido situarnos ante los requerimientos del país y usar las posibilidades jurídicas existentes. Sigue vivo el régimen de derecho, sigue en vigencia la democracia plena y pura. Os invitamos a conservarla, a esforzarnos para que mejore, a procurar que se le respete de verdad, con las palabras, las actitudes, los hechos. Hemos heredado, señores legisladores, una patria libre, democrática y republicana, os invitamos a transitar por el camino de nuestras instituciones, os invitamos a procurar la eficiencia y eficacia de los Poderes del Estado costarricense: que la acción ejecutiva se fundamenta en una fructífera, provechosa y creadora acción legislativa.

Señor Presidente, señores Diputados.

1° de mayo de 1980.