EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA. ENTRE LA DESIGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LA IDENTIDAD
César Andrés Ospina Mesa Instituto Pensar, Colombia 2009
INTRODUCCIÓN El desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno de larga duración. La guerra interna y la violencia sistemática de grupos armados ilegales y legales contra la población civil ha sido la causa principal del destierro de distintas poblaciones, entre ellas, las comunidades afrocolombianas, los indígenas y campesinos, quienes son los más afectados por dicho flagelo. Por su parte, otro de los aspectos importantes que suscitan el desplazamiento es el factor económico, debido a la alta pobreza que campesinos y pobladores de municipios alejados y olvidados por el gobierno de turno tienen que experimentar no solo por la falta de empleo o los inconvenientes en la agricultura, sino por la falta de vías de acceso, recursos para infraestructura e inversión social. De igual manera, por eventos como el ensanche de latifundios, fragmentación de minifundios, modernización de relaciones de producción, megaproyectos hidroeléctricos, megacultivos de palma de cera, o por la combinación de todos los anteriores. Las dinámicas de estas poblaciones, una vez comienzan su exilio, son complejas y multidimensionales, pasando por la ruptura de las condiciones materiales como de las subjetividades. En efecto, las familias al momento del desplazamiento no tienen más tiempo que correr con las pocas cosas que puedan llevar consigo, dejando atrás sus tierras, viviendas, animales y otras pertenencias. Pero también dejando atrás sus tradiciones, visiones de mundo y prácticas culturales, las cuales se transforman o desaparecen debido a su asentamiento en las grandes urbes. Desde esta perspectiva, la política de atención a la población desplazada promovida por las instituciones gubernamentales desde la aparición de la Ley 387 de 1997, ha intentado restablecer los
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derechos de estas comunidades. Sin embargo, las múltiples deficiencias y desigualdades en la distribución de las ayudas, además del carácter asistencial de las mismas, han promovido la demanda de estas comunidades hacia el Estado, cuestión que se condensa en la sentencia T-025 de 1994 emitida por la Corte Constitucional, y en la cual se declara el “estado de cosas inconstitucional”, al dar fe de que muchas de las personas en situación de desplazamiento no se les está restableciendo sus derechos de manera efectiva tal y como lo ampara la ley. Es bien sabido que Colombia es uno de los países con mayor índice de desplazamiento. Alrededor de cuatro millones de personas, aproximadamente, han sido desterradas de sus territorios desde 1985 al 2007, según los últimos informes de organizaciones internacionales y nacionales1. Esta cifra sigue en aumento, ya que para el primer semestre de 2008, según CODHES, la cifra de personas desplazadas superó las 200.000, cifra que no se había producido desde 19852. Esto da cuenta de que el fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia es un problema social demasiado importante, pero al cual no se le ha puesto la debida atención. Este contexto, grosso modo, permite visualizar que la complejidad del problema del desplazamiento en Colombia ha puesto en crisis las dinámicas sociales, políticas y culturales de las comunidades desarraigadas. En este sentido, lo político entendido como “aquella instancia común-regulativa que debe fundarse y operar sobre identidades que conforman un espacio fragmentado, es decir, el espacio social” (Rapisardi. 2003), se complejiza aún más toda vez que el utópico “vivir juntos” dificulta los procesos de reconocimiento y agudiza la desigualdad, al producirse múltiples fracturas de lo social y la convivencia asociada a ello cada vez que una comunidad llega a reasentarse en la ciudad. Prueba de ello, son las constantes exclusiones y rechazos por parte de los habitantes de los barrios donde las familias desplazadas se asientan, mientras reciben las ayudas gubernamentales. De igual modo, se presentan persecuciones por parte de grupos
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Cfr. ACNUR (2006); CODHES Y FAMIG (2007); Comisión de seguimiento a la política pública frente al desplazamiento forzado (2006, 2008). 2 Informe CODHES, 2008
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paramilitares rearmados en los barrios periféricos de la ciudad, lo cual conlleva a muchas de estas familias a continuar con el flagelo del desplazamiento al interior de la misma3.
En este orden de ideas, este ensayo pretende ser una lectura del problema del desplazamiento forzado desde las articulaciones políticas entre diversidad, desigualdad e identidad, con el fin de encontrar herramientas teóricas que puedan aportar al tema del reconocimiento de estas comunidades, y del cual carecen las políticas estatales de atención al desplazado. En efecto, la ley 387 y el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, contemplan las fracturas sociales, políticas, económicas y culturales de la población, pero se enfocan, en el texto y en las acciones que se han venido realizando, solamente en la ayuda de emergencia y en el restablecimiento socioeconómico, dejando de lado las dinámicas culturales que integran la diversidad y la identidad de cada una de estas poblaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria se propende por ofrecer el alimento sin tener en cuenta las culturas alimentarias de las comunidades; no existen programas que tiendan a recuperar y reconocer las prácticas artísticas, culturales y de vida cotidiana de las personas; tampoco existen programas que fortalezcan la diversidad y el respeto por la misma en los sectores donde la población se reasienta: en este sentido el ser desplazado se ha convertido en un estigma que promueve la exclusión en todos los sectores de la sociedad. Por tanto, es indispensable que más allá de seguir mirando el desplazamiento como un problema que tiene como trasfondo la guerra y la violencia, y que las ayudas, llamadas integrales, solo se enfoquen a la parte socioeconómica de las familias, es pertinente hacer una mirada del problema desde una óptica cultural, más no culturalista, que propenda por la inclusión de estas comunidades en las políticas culturales de la nación4 y que permitan reconocer en
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Estos fenómenos son una constante manifestada por las comunidades desplazadas. La información la he recogido durante el año 2008 en la localidad de Suba, Bogotá gracias a un trabajo de intervención social con 42 familias asentadas en los barrios periféricos de la localidad. 4 Uno de los últimos documentos de trabajo del Ministerio de Cultura Nacional aborda los programas de las políticas culturales de la nación, en los cuales no se nombra el problema del desplazamiento ni la inclusión de esta población como parte fundamental de la configuración de nación. Cfr. http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1825
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ellas las múltiples diferencias e identidades que llegan a reconfigurar la ciudadanía y la convivencia en comunidad. Así, el desarrollo de este análisis no se enfocará en el problema que subyace al desplazamiento, la violencia y la guerra, sino que será un intento por entender el problema de la fractura de la identidad de las comunidades desarraigadas en relación con los problemas de la desigualdad y el reconocimiento. De esta manera, utilizaré la propuesta de Rapisardi (2003) con respecto a la identidad y lo político asociado a ella, para desde allí, traer elementos de la política del reconocimiento y la redistribución, analizadas por Nancy Fraser (1996), con el fin de hacer una lectura del problema del desplazamiento forzado en Colombia desde estas corrientes.
CONFIGURACIONES POLÍTICAS DE LA IDENTIDAD Rapisardi (2003), parte de una crítica a las concepciones neoliberales que tienen como parte de su debate el tema de la identidad. Para este autor, las concepciones universalistas y comunitaristas enfocan sus discusiones sobre la identidad desde una perspectiva sustancialista. En efecto, para estas dos corrientes el sujeto de la regulación política procedería ya constituido y con una identidad sustantiva. Esto quiere decir que las identidades y las diferencias, una vez constituidas, permanecerían constantes al momento de la regulación política, cuestión que velaría los problemas de la desigualdad y la complejidad misma de la construcción identitaria y diferencial. El debate contemporáneo entrampa, a mi entender, a la ‘política de las identidades diferenciales’ o ‘política de las diferencias’ en una consideración ‘meramente cultural’ en tanto exige: a) la existencia de identidades culturales sustantivas y preconstituidas como pivotes de las regulaciones políticas, y b) relega y divorcia el problema de la desigualdad, enmascarándolo detrás del reclamo identitario (cultural) (Rapisardi. 2003: 100-101).
Para este autor, entonces, la importancia de una política del reconocimiento desde dichas posturas, radicaría en una forma preconcebida de identidad cultural que legitimaría el
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reclamo de lo identitario, cuestión que velaría su enfoque político. Siguiendo a Judith Butler, Rapisardi cuestiona el hecho de que los reclamos por el reconocimiento de las identidades
no-normativas,
las cuales han
sido
marginadas
y descalificadas
históricamente, sean planteados en términos culturalistas. Por tanto, una postura crítica, dice, exigiría desmantelar lo que aquellas tradiciones políticas adoptan como punto de partida, y que reducen la política de la diferencia al aspecto culturalista. Así, el abordaje del régimen de la diferencia que rige el mapa social implicaría no mirarlo como una derivación-reflejo de identidades preconstituidas, “sino como articulación específica de modos jerarquizantes de reparto, y a las identidades como configuraciones producidas a partir de los antagonismos articulados por el régimen operante” (Rapisardi. 2003: 101).
Desde esta perspectiva, las identidades y diferencias fracturadas por el fenómeno material del desplazamiento, comienzan a transformarse o a desaparecer en el ámbito cultural de las dinámicas propias de las ciudades. Llegar y asentarse en una ciudad implica para la persona que ha sido desterrada asumir la identidad de desplazado, desde el momento en que hace su declaración en cualquiera de las instituciones gubernamentales. Es el procedimiento a través del cual la persona desplazada puede comenzar el largo recorrido por el reclamo de sus derechos. Aquí, cualquier diferencia no es tomada en cuenta. Todas las personas a las que se les impone esta forma de nombrar(se) son medidas y “atendidas” con el mismo rasero. El concepto desplazado comienza a ser parte identitaria del sujeto, comienza a inocularse como dispositivo discursivo a través del cual dicho sujeto puede sobrevivir en un espacio que le es ajeno. Aunque la ley entiende al desplazado como una forma transitoria que el sujeto debe asumir mientras se le restablecen sus derechos, para muchas personas la interpelación es tal que muchas de ellas se siguen asumiendo como desplazados luego de diez o doce años de haberse reasentado. Pero también, el asumirse como tal o el ser llamado como tal ha sido parte esencial en la desigualdad y la discriminación que se da en los procesos de convivencia. En Colombia, gran parte de la comunidad que ha sido desplazada vive bajo la línea de
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pobreza y muchos en la indigencia, cuestión que aumenta la complejidad del fenómeno toda vez que además de ser desplazado se es pobre y/o indigente. Siguiendo a Rapisardi, diríamos entonces que la configuración del desplazado, entendida como articulación de operaciones antagónicas y de poder, no remitiría a una comunidad homogénea que necesita simplemente la ayuda socioeconómica del gobierno, sino que apelaría a los intereses políticos que estas comunidades experimentan y articulan en la desigualdad. Por ello, la política de atención al desplazado, y la literatura sobre el problema del desplazamiento, deben atender los problemas asociados con la diferencia, la desigualdad y las fracturas identitarias que un fenómeno como el desplazamiento forzado inocula en la materialidad de la cultura5. Ya de facto la configuración del desplazado es una configuración sociopolítica que no se reduce a lo cultural, sino que lo articula con lo político, lo económico, lo civil, etc., haciendo del fenómeno un proceso complejo y diferencial que afecta y transforma el utópico “vivir juntos”.
LA COLECTIVIDAD BIVALENTE: RECONOCIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN La propuesta teórica de Nancy Fraser, a propósito de las políticas de redistribución y reconocimiento, parte del hecho de no seguirlas asumiendo como políticas separadas que establecen acciones de justicia hacia los sujetos de manera independiente. Luego de un recorrido por las posturas de cada una de estas políticas, las cuales exceden el recogerlas en este texto, Fraser propone el concepto de “colectividad bivalente” como una herramienta conceptual que permite articular las políticas de distribución y reconocimiento en pro de abordar una dimensión de justicia que sea acorde con las necesidades de las comunidades afectadas por distintos flagelos sociales de desigualdad, exclusión, desconocimiento, etc. Para Fraser, una colectividad es bivalente porque su distinción radica en
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Gran parte de la literatura sobre el desplazamiento forzado en Colombia hace referencia a la diferencia en terminos de género y edad. Así, la mujer y la infancia son referentes importantes para la política de atención al desplazado, dejando de lado el tema de la masculinidad, la diversidad y las dinámicas culturales que son propias de la familia. Algunas puntadas frente a esto ultimo se encuentran en Dony Meertens. 2002. Desplazamiento e identidad social. En: Revista de Estudios Sociales, febrero, No. 11, Bogotá, Universidad de los Andes.
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la estructura económica y el orden en función del estatus de la sociedad. Así, cuando el oprimido o subordinado sufre injusticias, se pueden atribuir simultáneamente a la economía política y a la cultura. En resumen, las colectividades bivalentes pueden sufrir la mala distribución socioeconómica y el mal reconocimiento cultural de forma que ninguna de estas injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y co-originales. En su caso, ni la política de redistribución sola, ni la política de reconocimiento sola bastarán. Las colectividades bivalentes precisan de ambas (Fraser. 1997: 27).
Desde este punto de vista, las comunidades desplazadas podrían ser entendidas como colectividades bivalentes, toda vez que sobre ellas recaen injusticias económico políticas e injusticias en términos culturales-valorativos. En efecto, para el primer caso podemos encontrar el problema de género asociado a la división del trabajo. En Colombia es común ver que la mujer aparece como la cabeza visible en el proceso de restablecimiento de derechos para ella y su familia. Sin embargo, las ayudas que tienen que ver con lo económico y la participación política se restringen a labores mal remuneradas tales como empleadas del servicio doméstico, vendedoras ambulantes, ayudantes de cocina, etc.; al igual que su participación política en las decisiones locales o distritales es casi nula, precisamente por su diferenciación en términos de estatus. Existen algunos casos significativos donde algunas mujeres en situación de desplazamiento se han organizado en torno a su condición de género y desplazamiento, con el fin de hacer más efectivos sus reclamos frente al Estado. Ahora bien, para el segundo caso, las injusticias son mucho más evidentes, ya que como se dijo unas líneas más arriba, las personas en situación de desplazamiento no gozan de un reconocimiento frente a su diversidad e identidad, asumiendo una identidad transitoria, pero que muchas veces se hace permanente. Sobre la persona en situación de desplazamiento recae la exclusión por ser pobre; la discriminación por ser desplazada, negra, indígena, campesina, mujer o menor de edad. El restablecimiento de sus derechos culturales no son tenidos en cuenta la mayoría de las veces por las políticas públicas,
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reforzando así la mirada que se tiene sobre el otro abyecto. Y es que en Colombia pareciera que el ser desplazado es sinónimo de delincuente, indigente o parásito social. Aunque el Estado ha hecho esfuerzos importantes en materia de atención, hace falta mucho trabajo sobre una política de reconocimiento que propenda por transformaciones en la manera de valorar las personas que han sufrido este flagelo.6 Otro elemento importante que la teoría de Fraser aporta a la lectura del desplazamiento es el concepto de paridad participativa, el cual es una pre-condición para una visión ambivalente de justicia. Para Fraser, “la justicia requiere arreglos sociales que permitan que todos los miembros (adultos) de la sociedad interaccionen entre ellos como iguales… afirmo que es necesario, pero no suficiente el establecimiento de normas básicas de igualdad legal formal” (1997: 32). Para que esto sea posible se requiere, primero, que se asegure la independencia y la voz de los participantes: “precondición objetiva de la paridad participativa”. De esta manera, se excluye la institucionalización de la deprivación y la explotación; la desigualdad en la riqueza y los ingresos; y la desigualdad en el tiempo de ocio: leer, pensar, reunirse y conversar con otras personas (1997: 33). En segundo lugar, se necesita de la paridad participativa intersubjetiva, la cual “requiere que los modelos culturales de interpretación y valoración sean de tal manera que permitan expresar un respeto mutuo para todos los participantes y asegurar la igualdad de oportunidades para conseguir estimación social” (Ibíd.).
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO. RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y MITIGACIÓN DE LA DESIGUALDAD Para Dony Meertens (2002), el fenómeno del desplazamiento constituye, más allá de pérdidas materiales y derechos vulnerados, “un conjunto de interacciones y procesos subjetivos de negociación, y, a veces, de negación de identidades sociales.” La identidad, según varios autores, es un proceso en permanente construcción. No es estática, se ubica en contextos concretos y cambiantes y siempre se define en relación al otro. Para las 6
Es importante observar que en las páginas web de las intituciones encargadas del problema del desplazamiento, tal como Acción Social, no se encuentran referencias al reconocimiento cultural de las víctimas. Cfr. www.accionsocial.gov.co
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personas que han sufrido el flagelo del desplazamiento, su identidad se ve fracturada por el cambio radical en su contexto, que parte del destierro, la pérdida de sus dinámicas laborales y las interacciones sociales que se jugaban en sus territorios: vecinos, amigos, familiares, juntas de acción comunal, etc. Las consecuencias generadas por los procesos que tienen que sufrir estas “vidas móviles” (Meertens), han sido poco discutidas y trabajadas por las políticas de acción social para estas colectividades. Así, los sentidos de pertenencia, la reconstrucción de proyectos de vida y de vínculos societales, hasta el momento carecen de estudios rigurosos que permitan brindar herramientas para acciones políticas concretas. Estas dinámicas son complejas en la medida en que es diferente enfrentar las consecuencias de una vida móvil gobernada por fuerzas del terror, y una vida móvil como propósito de futuro, de energía de construcción, de concreción de ilusiones (Meertens). Aunque estas dos formas de ver esta realidad pueden entrecruzarse, sin embargo, Meertens afirma que la repetición en la historia y en la memoria de los desarraigos forzados, erosiona el control que las personas pueden tener sobre sus proyectos de vida. En efecto, más que estimular la acumulación de habilidades, los efectos son devastadores sobre las ilusiones y esperanzas de proyectos a futuro, al igual que fortalecen la dimensión pasiva de la persona o la familia que tiene que asentarse en un lugar ajeno. En este sentido, la configuración de identidad queda fracturada en la medida en que las prácticas, relaciones e imaginarios del mundo de la vida de estas personas quedan atrás a consecuencia de su destierro, y siendo sumamente compleja su adaptación a las nuevas sociabiliadades que deben jugarse en territorios urbanos. Por su parte, en la re-construcción de los proyectos de vida que las familias tienen que comenzar a generar a partir de su reasentamiento, y en la re-negociación de los aspectos de su identidad, se produce una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Ellas comienzan a tener una fuerte presencia en la inserción a las redes sociales o barriales; ganan en autonomía y practicidad, ligadas a la supervivencia cotidiana y la responsabilidad de los hijos. Así, los hombres asumen una posición más pasiva y reservada en la incursión a las redes, quizás por las dinámicas cotidianas que ellos
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realizaban en los territorios originarios, donde se dedicaban a las labores propias de la ruralidad, con otras relaciones y redes sociales. Finalmente, los procesos de configuración identitaria de los desplazados están sujetos a la condición de transitoriedad que, a su vez, “constituye un elemento identitario importante en común, imprescindible para acceder a las instancias de ayuda nacional e internacional y base para varios procesos organizativos por iniciativa propia. En la interacción con las entidades de asistencia humanitaria, esa transitoriedad va forjando lo que Zetter ha llamado identidades en crisis o perversas, ya que inevitablemente sus vidas son descontextualizadas y convertidas en casos de necesidades en caminos hacia alguna forma de restablecimiento social. Contradictoriamente, es esa misma identidad transitoria la que une a los desplazados en sus procesos organizativos, ante la ausencia de otros elementos cohesivos en el terreno cultural, social o político” (Meertens. 2001). Dicha identidad transitoria es el punto álgido donde las políticas públicas de atención a la población desplazada no han dirigido su atención. La transitoriedad impulsa frente a las demandas, pero a su vez limita el reconocimiento de la diversidad y las condiciones democráticas de participación. La lectura que puede hacerse del desplazamiento desde las propuestas de Rapisardi y Fraser, nos permite dar cuenta de que es necesario avanzar en unas políticas públicas que mitiguen la concepción identitaria del desplazado no configurándolo desde su transitoriedad como ya dado, sino como un sujeto que se encuentra sumergido en procesos identitarios complejos, que parten de la fractura y la invisibilidad causadas por el destierro hasta las configuraciones que realizan en común con otras personas que han sufrido el flagelo, con el fin de restablecer sus derechos. Por su parte, este reconocimiento no podría ser llevado a cabo si es reducido al plano de lo netamente cultural. Con Fraser, podemos entender que el desplazamiento configura una colectividad bivalente, al igual que el género o la raza, que debe abogar desde las políticas de redistribución y reconocimiento por procesos de justicia equitativos, que
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eliminen la desigualdad, la exclusión y los múltiples racismos asociados a un fenómeno que ha modificado la forma de vivir juntos, la convivencia y los procesos de ciudadanía.
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