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PALABRAS DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, EN EL FORO DE EL ESPECTADOR "AGENDA COMÚN CON LAS FARC" Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de mayo de 1999

Pocas tribunas tan privilegiadas como esta que se me ofrece hoy para entregar al país un nuevo parte sobre la situación del proceso de paz, que bajo el liderazgo del señor Presidente de la República estamos desarrollando. Por suerte hemos superado los primeros obstáculos, comenzamos a vencer los abismos de desconfianza que necesariamente acompañan los encuentros preliminares entre adversarios de décadas, y nos hemos demostrado a nosotros mismos que es hablando como se entiende la gente. Los resultados alcanzados hasta ahora son satisfactorios. Hemos cumplido la etapa de diálogos del proceso de paz y convinimos dar inicio a aquellos que conduzcan a la negociación. Diseñamos en estos meses la agenda común de los temas que, buscando consensos y llevando a cabo las transformaciones profundas que Colombia necesita, nos habrá de conducir a la reconciliación definitiva del país. Nuestra gestión se ha enmarcado por completo en la política de paz que estableció el Jefe de Estado desde antes de iniciar su mandato. Como es apenas natural, en desarrollo de esa política nos hemos enfrentado a situaciones complejas que nos han exigido actuar con audacia y anticipándonos a las dificultades, pero siempre gobernados por propósitos claros y por un marco ético que hace parte de nuestras más profundas convicciones y de nuestro compromiso ineludible con Colombia. Dijo el señor Presidente de la República que el proceso de paz puede y debe ser el escenario en el que se convengan las transformaciones de orden

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económico, político y social que requiere el país para ingresar pujante al nuevo siglo, que ya nos atropella. Afirmó también la disposición de su Gobierno para adoptar como punto de partida para el estudio de esas transformaciones la plataforma para la reconciliación nacional propuesta por los movimientos insurgentes, y se mostró siempre partidario de tomar iniciativa en la presentación de temas y de tesis sobre los intereses nacionales, que permitieran la convergencia de propósitos y voluntades en el proceso de paz. También desde el primer momento de su Gobierno, el Primer Mandatario accedió con decisión y firmeza a suministrar las condiciones propuestas por la insurgencia como necesarias para dar inicio al proceso de paz, con la convicción de la importancia que revisten los aspectos de orden procedimental para su éxito. Han sido estas determinaciones procedimentales, y en especial la declaratoria de la zona de distensión y sus aspectos colaterales, las que han generado la atención nacional durante los últimos meses. Esa zona de distensión para los efectos de la negociación se establecerá sin límite de tiempo y por tanto sin fecha fatal, en el mismo espacio en el que se ha venido trabajando en los diálogos y con la veeduría de la Comisión Internacional que será conformada por personas representativas y escogidas ?e común acuerdo entre las partes. Esta zona seguirá siendo importante, y estoy seguro de que responderá inequívocamente a los propósitos para los cuales ha sido establecida: Un escenario de encuentro para los diálogos de la negociación, donde no exista confrontación armada, se respeten las autoridades municipales, permita el libre accionar de los habitantes de la región y sea un espacio que sus gentes prestan para la obtención de una paz duradera y estable. Hemos actuado en coherencia con esa política de paz y hemos logrado cumplir con nuestros primeros objetivos. De allí que podamos decir que el desafío que hoy se impone ante nosotros y el centro de la atención de los colombianos es sin duda de mayores

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horizontes, más trascendental, más definitivo, pues estamos ante la agenda sustantiva de la negociación con las FARC, que constituye la bitácora que nos habrá de guiar a la construcción de un mejor país. y porque es precisamente esa agenda sustantiva de paz la que motiva este encuentro, quisiera concentrar mis consideraciones en la forma como desde el Gobierno Nacional la comprendemos y creemos que debe asumirse por todos los colombianos. La Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia es producto de un diálogo que no se reduce a los encuentros sostenidos entre los representantes del Gobierno y de las FARC durante los cuatro meses en que tuvo lugar. Llegamos a su definición después de amplias consultas y centrados en el objetivo de interpretar fielmente en ella los intereses, las preocupaciones y las propuestas del conjunto de la sociedad colombiana. La agenda se ha construido de frente a la Nación, pues bien sabemos que la paz no admite exclusiones ni arrogancias, sino que por el contrario, exige la unidad de propósitos y su apropiación por todos los colombianos. Tengo una firme confianza en que esa agenda responde a las expectativas de las inmensas mayorías, y estoy convencido de que en ese respaldo residen su fuerza y legitimidad. Como ustedes lo saben, tomamos iniciativa en propiciar encuentros de las diversas fuerzas políticas, y estamentos económicos y sociales del país con las FARC, mediante reuniones que se caracterizaron por el diálogo franco, abierto y sincero. En dichos encuentros florecieron diferencias y coincidencias, pero sobre todo surgió a la evidencia que es posible convenir caminos para un futuro en paz. No dudo que la agenda que hemos convenido constituye de por sí el primer acuerdo, no sólo con la insurgencia, sino con los estamento s de la sociedad colombiana. Pero también soy consciente de que se trata de un texto de enunciados que deben llenarse de contenido, y esa es una tarea que corresponde a todos los colombianos, sin excepción.

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De allí que sea tan importante que en la hora presente la sociedad concurra al estudio profundo y juicioso de los temas de esa agenda. He dicho en otras ocasiones y reitero ahora que para obtener los mejores resultados de la negociación, será necesaria la unidad de la inteligencia y la voluntad nacionales, de modo que las reformas que surjan de los acuerdos sean rentables, viables y sostenibles. En otras palabras, es necesario que desde ahora, en la etapa de construcción de la paz, se piense y se asegure la consolidación de esa paz. Quiero con esto decir que lo que se nos impone ahora es demostrar nuestra vocación democrática en toda su profundidad; la capacidad de concurrir generosamente a la construcción del futuro nacional, mediante la participación activa y creativa de todos y cada uno de los colombianos. Nadie debe quedarse quieto, nadie puede permanecer pasivo, todos tenemos que participar en la deliberación, la decisión y la ejecución de los acuerdos de paz. Suelo recordar que en nuestros tiempos, a nivel universal, son pocas las certidumbres sobre los rumbos del desarrollo. Tal vez nunca en la historia como ahora cobra validez la sentencia de Pascal, que gustaba recordar el Presidente Misael Pastrana, según la cual "la peor herejía es desconocer la verdad que hay en el otro". Esa crisis de los paradigma s, que nos acompaña a diez años del fin de la guerra fría, aunque por un lado es negativa, pues nos ha movido el piso y nos genera incertidumbre, por otro lado es formidablemente benéfica, pues nos ofrece la oportunidad de afirmar la democracia, no en su reducida dimensión como sistema de gobierno, sino en su más profunda connotación, como herramienta ética para la construcción colectiva del desarrollo. Quizá nunca como ahora la vida humana, desprovista de certidumbres, es una aventura. Nuestro proceso de paz también lo es, y lo importante es que participemos en ella desde el principio, todos como tripulantes y ninguno como pasajero. La democracia es entonces esencial para el éxito de nuestro proyecto de paz.

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Yo diría que la negociación de la agenda común de paz que hemos acordado con las FARC, lejos de constituirse en una concertación de tesis ideológicas, deberá ser un verdadero convenio social, un pacto ético. Por eso, sobre cada uno de los temas, a la mesa de la negociación deberán llegar propuestas pensadas para hacer eficaces propósitos comunes y capaces de imponer su fuerza persuasiva. Así, la negociación de la agenda de paz, tarea que corresponde al Gobierno Nacional y las FARC,deberá responder a un irrenunciable catálogo moral que incluye la ampliación de la democracia; el respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades públicas; la obtención de la justicia social y del desarrollo sostenible, y la consolidación de la unidad nacional. Pero a la vez, la negociación tendrá que ser capaz de establecer científicamente, técnicamente, prácticamente, las reformas que hagan realidad esas aspiraciones compartidas. Es hora entonces de poner a prueba la grandeza de los colombianos y preguntarnos si estamos en disposición y somos capaces de asumir en todas sus consecuencias esas posturas morales, que nos exigen obrar con la generosidad intrínseca a la solidaridad social, y si estamos dispuestos a construir sobre esas bases acuerdos, no como "concesiones" a la insurgencia, sino como fórmulas de entendimiento nacional con las que nos jugamos el progreso individual y colectivo. Nunca habíamos llegado tan lejos como ahora en la búsqueda de esos entendimientos, pero no es del Gobierno y la insurgencia de quienes depende su construcción, sino de la voluntad colectiva de la Nación colombiana. No pretendo con estas palabras eludir o mitigar la responsabilidad que corresponde a las partes en la negociación, en especial la que tenemos para poner fin al conflicto. El Gobierno Nacional conducirá la negociación con absoluta fidelidad a los anhelos de la sociedad y sin renunciar a sus principios, pero plenamente convencido de que necesitamos trabajar en la construcción de un Estado fundamentado en la justicia social. Lo que busco con mis reflexiones es invitarlos a que, bajo elliderazgo del Presidente de la República, participen activamente en la edificación de las

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propuestas concretas que deberán alimentar la agenda, con la estatura moral que nos exigen estos tiempos cruciales de nuestra vida republicana. Los colombianos conocen ya la agenda común; los invito a que la asuman como propia, pues no es sino el esbozo de una obra por hacer. En lugar de escudriñarla con el ánimo de encontrar en ella intereses ocultos, como unos pocos ya han comenzado a hacer, nos compete a todos llenarla de contenidos. Hemos convenido con las FARC dotar el proceso de una comisión conformada por representantes de la Comunidad Internacional, que como tercero imparcial apoye nuestra mutua voluntad y aliente nuestros esfuerzos. Sin duda ese mecanismo, establecido en forma directa entre el señor Presidente de la República y Manuel Marulanda el pasado 2 de mayo, y cuyos pormenores estamos por convenir, contribuirá al acrecentamiento de la confianza. El deseo del Gobierno Nacional es que podamos apretar el paso, pues aunque sabemos que el proceso será largo, por los afanes de la Nación nos urge llegar a un punto que permita convenir los términos de la suspensión de las hostilidades y lograr por fin detener la degradación del conflicto, que tanto dolor está causando a la población civil. También hemos previsto con las FARCel establecimiento de procedimientos que permitan una amplia participación y consulta con la sociedad colombiana durante el período de negociación. Pero quiero reiterar que esos espacios de participación tendrán su eficacia sólo mediante la entusiasta, organizada y activa presencia de nuestros compatriotas. Finalmente, no por retórica sino por convicción, se trata de que "no desaprovechemos la oportunidad histórica que tenemos de crear las condiciones para construir una Nación en la que quepamos todos y tengamos un Estado que todos respetemos". No puedo concluir estas consideraciones, que no quiero extender más para que ustedes tomen la palabra, sin antes reiterar que es necesario,

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indispensable, con el ELN.

retomar

el curso del proceso de diálogo y negociación

El Gobierno Nacional permanece dispuesto a buscar los caminos de la reconciliación con el ELN, con las firmes intensidad y voluntad con que se ha empeñado en obtener la reconciliación total del país. Sé que podremos hallar pronto una dinámica constructiva que nos encarrile hacia la paz.

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humano sostenible, la superación de la pobreza o la consolidación democrática, por mencionar solo algunos, son las preocupaciones del fin de siglo. Son esos los temas de nuestra agenda de paz, y por tanto estamos en presencia de retos nacionales que son a su vez globales. Ello nos alienta, pues nos indica que no vamos en contravía con la historia y que Colombia puede encontrar con el proceso de paz la ruta segura hacia el futuro; pero a la vez nos impone una tarea monumental, que es precisamente la de construir las formulaciones para concretar en la práctica esas aspiraciones nuestras y de la humanidad, en un mundo en el que, quiero reiterarlo, ya es difícil encontrar las fórmulas. y es precisamente en la construcción de esas formulaciones, que deben dotar de contenido los enunciados de nuestra agenda de paz, donde encuentro una tarea vital de los centros de formación académica. La Universidad es la despensa del saber y del obrar de Colombia, de la cual debemos hoy extraer, para los afanes de la patria, soluciones eficaces, rentables y sostenibles para nuestros problemas. En y desde la Universidad se pueden conjugar los diversos elementos que enriquecen nuestra configuración multicultural y se puede dar ruta y proyección a la creatividad de nuestras gentes. A la vez, es desde los centros de formación, no solo del entendimiento, sino también de la voluntad, quiero advertirlo, desde donde mejor podemos trabajar para sembrar el pluralismo y la tolerancia, que son las condiciones indispensables para obtener una sociedad nacional pacífica por vocación y en acción. A las puertas del siglo XXI la autenticidad de una paz perdurable se define en función del diálogo, la justicia social y los derechos humanos, de la manera como éstos son protegidos dentro de las múltiples situaciones que se presentan en el acontecer social y político de los pueblos. Esa tarea no puede restringirse a los espacios del Estado, ni se obtiene con la negociación de paz entre el gobierno y la insurgencia. Ella debe ex-

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pandirse hacia la totalidad de la Nación, para hacerse un hábito colectivo. Planteadas así las cosas, no es serio creer en el éxito del proceso de paz si está desprovisto de la participación pujante de todos los estamento s políticos, sociales y económicos del país en la construcción de las propuestas y la producción de las iniciativas. Al fin y al cabo, la agenda de paz también puede leerse en clave de derechos humanos, no sólo de los civiles y políticos, sino de los económicos, sociales y culturales y los bien llamados derechos de solidaridad, como el medio ambiente, el desarrollo, o la paz, que en forma pionera hemos consagrado en nuestra Constitución Política. Alcanzar ese bien moral y político que es la paz es un compromiso que debe cobijar al cuerpo íntegro de nuestra sociedad. A fuerza de sentir, observar y escuchar diariamente los pasos de la violencia, nuestro pueblo ha terminado por acostumbrarse a ella, como si ésta fuera parte inherente a la vida misma. Esta especie de determinismo colectivo sólo puede contenerse mediante la formación del hábito de resolver los conflictos por las vías del diálogo, reemplazando las razones de la fuerza por la fuerza de las razones. No es un saludo a la bandera que estableciéramos como primer punto de la agenda de paz con las FARCla solución política negociada; lo hicimos conscientes de la profundidad de tal propósito, que supone privilegiar el diálogo a tal grado que sofoque y extinga para siempre la violencia. No tengo duda de que ese es un elemento de nivel principal en la construcción de la Cultura de Paz. Cuando nuestra sociedad, toda ella y no sólo los actores armados, asimile la importancia del debate, del diálogo abierto, de la mediación y el arbitraje, de la negociación y la concesión, encontrará por fin las pautas seguras de la convivencia pacífica y constructiva. ese diálogo debe abarcar y comprender todos los niveles del relacionamiento de la Nación. Desde aquel que se establece entre el Estado y la sociedad, de tal suerte que, al modo propuesto por Aristóteles, la voz

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PALABRAS DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, DOCTOR VÍCTOR G. RICARDO, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL DIPLOMADO SOBRE CULTURA DE PAZ Universidad Sergio Arboleda, 21 de mayo de 1999

LA CONSTRUCCIÓN

DE LA CULTURA DE PAZ

Para mí es motivo de enorme complacencia concurrir a la cátedra inaugural del Diplomado sobre Cultura de Paz de la Universidad Sergio Arboleda. Lo hago consciente de la importancia capital que tiene la academia, en la reflexión y la búsqueda incansable de la verdad sobre los temas de la paz, pero especialmente convencido de que la genuina reconciliación exige cambios radicales de conducta; formación, y no sólo información. Asistimos a una época en que la humanidad entera cuestiona los paradigmas que en el pasado reciente consideró sacrosantos; los nuestros son tiempos de múltiples incertidumbres y por lo tanto también de nuevas búsquedas, expediciones intelectuales y volitivas, animadas por la necesidad de hallar nuevas pistas para el desarrollo y la felicidad de los hombres y los pueblos. La desestructuración del viejo orden ha implicado durante los últimos diez años cambios de fondo en las prioridades temáticas de las naciones, y como una parábola de retorno a las verdades del espíritu, la humanidad muestra amplio interés en los tópicos que hasta hace unos años eran tratados con grave indiferencia. Sabemos que sabemos poco, pero también, entre lo poco que sabemos, que el eje gravitacional de la paz genuina, de la paz de hoy, es la prevalencia absoluta e incuestionable de la dignidad de la persona humana. Ese

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proceso de transformación, centrado en el valor supremo del ser humano, es también el de una cultura de violencia hacia una cultura de paz. El proceso de paz que hemos emprendido, bajo elliderazgo del señor Presidente de la República, bien puede comprenderse y entenderse como un gran proyecto de restauración de la dignidad de todos los colombianos. Nos adentramos en él sin damos el dudoso lujo de olvidar la índole y magnitud de nuestros problemas presentes y nuestros retos futuros. Con el proceso de paz pretendemos anticipar sus soluciones e introducirnos en la nueva centuria con un nuevo rostro institucional y una nueva mente nacional. La creación de la cultura de paz es una tarea de altísima trascendencia y de perfiles relevantísimos, máxime para nuestro país, enfrentado a difíciles condiciones sociales, económicas y políticas. Entre nosotros el proceso de paz es una alternativa clara para cambiar patrones sociológicos, conductas políticas y esquemas económicos, que por su iniquidad son inmorales, y constituyen fuentes inagotables de violencia. Esa es, y no menos, la profundidad del proceso de reconciliación en el que estamos empeñados: nuestro proceso de paz es también un proyecto pedagógico, para entronizar entre nosotros la cultura de paz. Es innegable que la posibilidad de construir la paz de Colombia, tradicionalmente esquiva, se asoma promisoriamente. Hemos logrado en estos 8 meses demostrarnos a nosotros mismos el enorme valor transformador de la palabra, del lenguaje y del diálogo. Contamos hoy con una agenda de negociación con las FARC,que nos ayuda a escapar de la Torre de Babel que edificamos con la violencia. Un análisis de esa agenda común permite constatar que sus enunciados traducen aspiraciones compartidas, no sólo entre los colombianos, sino prácticamente a nivel universal. El recorrido por los grandes temas internacionales y sus foros nos permite concluir que hoy la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo

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del pueblo sea el criterio de la gobernabilidad; hasta en las relaciones de barrio, para desterrar la perversa costumbre de ver en el vecino un sospechoso, de hacer de cada casa una trinchera, de levantar muros que aíslan y rompen por completo la comunicación social. Ese diálogo que les propongo ayudar a construir debe comprender también el que es fundamental establecer entre las ciudades y el campo colombiano. Es realmente abrumadora la distancia que hay entre ellos, circunstancia de fatalidad para nuestra integración nacional. Me aterra pensar que nuestros jóvenes en Bogotá hacen uso de las maravillas informáticas de Internet, CNN o el Iridium, palabras que les son comunes y a través de las cuales acceden al mundo, que por ellas parece haberse ensanchado, pero que al mismo tiempo desconocen casi por completo y perciben como un mundo lejano y recóndito nuestras propias veredas, caseríos y municipios rurales. iDesconocen por completo más de media Colombia! ello no sólo ocurre con la juventud, sino también con muchos dirigentes y líderes naturales de nuestra sociedad, que aprenden los nombres que definen nuestra geografía a través de la dantesca pedagogía de las noticias de la violencia que allá ocurre.

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Unir esos dos mundos, el de la ciudad y el de nuestros campos, es una obligación con la paz. Esa unidad tiene que darse a través del desarrollo y el reconocimiento de la interdependencia entre campesinos y citadinos. La Universidad debe ir al encuentro de las regiones, liderando la superación de nuestro centralismo y el ensimismamiento que durante décadas nos han separado. La violencia, no sobra decirlo, no es únicamente la secuela de víctimas que deja el conflicto armado. Violencia es también toda forma de incomunicación; la de la injusticia social, la de la falta de oportunidades para los menos favorecidos, la de la indefensión de los grupos sociales más vulnerables; violencia es también el inequitativo reparto de la riqueza, y la única alternativa que permitirá a nuestra sociedad superar tales situaciones es la de enraizar en el alma nacional el diálogo permanente, libre y sereno.

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Todos esos aspectos están contenidos en nuestra agenda de paz que pongo hoy en sus manos, pues son los maestros y los aprendices quienes en mejor forma representan la inteligencia nacional, ahora tan urgente y tan apremiante para la construcción de las propuestas y las soluciones. En el marco de la autonomía del saber, del libre debate de las ideas, de la libertad de pensamiento y de expresión, que son inherentes a la labor académica, el país espera de las universidades un tenaz y valiente liderazgo en la alimentación de la agenda d~ paz. Allí están ante ustedes sus enunciados, como vasijas por llenar de sabiduría. Mucho del éxito del proceso de paz está pendiendo de la ciencia y la técnica. Más que del triunfo de posturas ideológicas, la reconciliación depende de la eficacia y la eficiencia de las reformas que queremos. Para decirlo gráficamente, todos sabemos que el bombillo alumbra, pero pocos sabemos cómo y por qué el bombillo alumbra. La academia juega un papel crucial en ayudarnos a entender los cómo y los porqués de las reformas para la paz, tarea que exhorto a asumir de inmediato, con apremio y con vigoroso entusiasmo a ésta y a todas las universidades del país. Pero junto con esa tarea fundamental para la paz, los centros de formación deben también penetrar y persuadir la posición moral de los colombianos sobre la violencia y la paz. Para evocar las palabras del acta fundacional de la Unesco, a la que tanto debemos en la construcción de la Cultura de Paz, "así como es en la mente de los hombres donde surge la violencia, es en ella donde deben erigirse los baluartes de la paz". Esa es una tarea en la que mucho tienen ustedes por hacer. Me atrevo a decirles que esa labor pedagógica comienza por fortalecer el valor del diálogo entre los colombianos. El diálogo y la negociación son cruciales porque no es posible pensar en sociedades libres de conflictos. Nunca ha sido así y nunca lo será. Incluso cuando las situaciones son altamente críticas, es factible ambientar acercamiento s reales entre las

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partes si se logra que éstas reconozcan la vigencia e imperiosa aplicación del lenguaje. Debemos concebir nuestro proceso de paz como acuerdo para estar en desacuerdo". Ese marco tramitar las diferencias es la democracia, y por que ella constituye el marco ético y el habitáculo

la forma de "ponernos de amplio en que podamos ello no podemos olvidar de la paz que queremos.

Quisiera terminar mis breves reflexiones recordando un pasaje de la Carta a los amigos de Dión de Siracusa. Cuenta en él Platón que Sócrates y su alumno, camino a la Academia, encuentran a su paso a tres de sus más fieros contradictores. El Maestro trenza con ellos un duro debate, a cuyo término salen derrotadas las tesis de Sócrates. Acongojado, su discípulo le dice: "Maestro, has perdido la discusión ..." El filósofo le responde: "No es cierto, yo gané ... " Desconcertado, el discípulo le replica que no es posible haber ganado, pues eran sus contradictores quienes tenían la razón. Dice entonces Sócrates: "Es cierto, yo estaba en un error y alcancé la verdad, yo he ganado. Ellos estaban en la verdad y en la verdad han quedado. No han ganado nada".

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ALGUNOS COMUNICADOS DE INTERÉS



DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO

"Ya decretado por parte del Gobierno Nacional el período de despeje, que debe llevarse a cabo entre el 14 de octubre y el 7 de noviembre próximos, fecha en la cual y hasta el 9 de febrero se establecerá el área de distensión en los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán y durante el cual la Comisión de Verificación establecerá la declaratoria de las condiciones adecuadas para iniciar el diálogo con el Secretariado de las Farc, solicito prudencia y responsabilidad a todas las gentes, ya que nadie se puede prestar a que con una actitud unilateral y desconocida por el Gobierno, comiencen a recorrer territorio que se encontrará a disposición del despeje y que se pueda prestar a crear obstáculos al proceso. Entendemos que gente de buena voluntad quería participar creando programas y acciones en pro de la paz, pero todas ellas deben ser coordinadas a través del Gobierno, porque de lo contrario se podrían malinterpretar y en vez de servir a continuar creando un ambiente adecuado al proceso, podrían crear dificultades. Es el momento de que quienes representamos al Estado colombiano en su integridad, actuemos bajo la dirección única del Primer Mandatario de los colombianos y así estaremos colaborando a llevar a cabo un proceso responsable, serio y discreto".

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, PARA LOS ALCALDES DE LA ZONA DE DISTENSIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de noviembre de 1998

Señores

Alcaldes de San Vicente del Caguán, Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe, la Macarena; Municipios de la Zona de Distensión.

Apreciados señores alcaldes: Aunque de manera privada, en diversas ocasiones he tenido la oportunidad de mencionarles a ustedes las condiciones en las cuales se desarrollaría la denominada zona de distensión, mediante esta comunicación quiero ratificárselas para despejar cualquier duda que pudiese existir, especialmente por algunas informaciones aparecidas a través de algunos medios de comunicación. Ante todo, debe ser claro que las autoridades civiles legalmente establecidas deben continuar en el pleno ejercicio de sus funciones. No se trata de que las autoridades legalmente establecidas puedan ser reemplazadas por persona alguna. Ellas, y sólo ellas, son quienes de manera permanente pueden ejercer la autoridad, la jurisdicción y el mando que les corresponda, según las funciones que le han sido asignadas por la Consti-

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tución y la ley. Así mismo, los ciudadanos escogidos por ustedes yaprobados por el Gobierno Nacional los apoyarán en el ejercicio de las funciones de policía que nuestras normas le señalan. Ustedes han sido elegidos por determinación democrática de los habitantes de esa región y tienen el total respaldo de las distintas autoridades del nivel nacional y departamental. La zona de distensión no puede considerarse como un espacio geográfico fuera del control del Estado; esta se ha desarrollado en uso de las disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 Y en ejercicio de las normas establecidas en la Carta Política; por tanto, las facultades que ha desarrollado el Señor Presidente de la República y los Ministros del Despacho constituyen de por sí, el verdadero ejercicio de un estado de derecho. Los actos llevados a cabo en el día de ayer en uno de los municipios de la zona de distensión a los que concurrieron ministros de Estado, el Presidente de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Senadores de la República y Representantes a la Cámara, el Gobernador del departamento, presidentes de gremios económicos y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional y departamental, constituyen una demostración clara de lo afirmado. A partir del día de ayer se inició el proceso de verificación que permita certificar que las condiciones están dadas para el diálogo a realizar. En los próximos días estará presente en la región la comisión de acompañamiento que escuchará las inquietudes de la población y de las personas o instituciones que consideren adecuado dialogar con sus integrantes. Esta comisión, integrada por personalidades nacionales y extranjeras, será prenda de garantía para las partes.

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Estoy seguro que si se llegasen a presentar inconvenientes o dificultades durante el período de verificación y diálogo, estos podrán solucionarse por medio de los mecanismos establecidos. Los invito a convocar a la ciudadanía de cada uno de sus murucipios para que unidos todos, trabajemos por la paz que tanto requiere el pueblo colombiano. Reciban un cordial saludo,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, . VÍCTOR G. RICARDO

Santa Fe de Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 1998

Ante recientes opiniones suministradas a la opinión pública por personas que no hacen parte de la actual administración, en el sentido de afirmar que el Gobierno Nacional aceptaría la propuesta de las Farc para efectuar un intercambio de personas privadas de la libertad y que para ello reconocería el estatuto de beligerante a ese grupo insurgente, el Alto Comisionado para la Paz se permite aclarar: 1. Tal y como ha sido dispuesto por el Presidente de la República, el proceso de paz en curso se desarrollará en todas sus etapas con arreglo a la Constitución y las leyes, vigentes en la totalidad del territorio nacional. 2. Es sólo en ese contexto que el Gobierno Nacional ha adoptado las decisiones conducentes a iniciar diálogos de paz tanto con las Farc como con el Eln; entre ellas, el reconocimiento del carácter político de esas agrupaciones, efectuado conforme a lo establecido en la Ley 418 de 1997. 3. El Gobierno se ha ofrecido observar la propuesta de las Farc de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad, para lo cual se encuentra analizando su viabilidad jurídica y su conveniencia, bajo el entendido de que se trata de un tema que no es condición ni condicionamiento para los diálogos de paz que habrán de iniciarse en la zona de distensión y que no supone en ningún caso conferir a esa organización una condición distinta a la que posee conforme al orden jurídico interno.

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4. Ni el reconocimiento del carácter político de las organizaciones insurgentes, ni ninguna otra de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del proceso de paz, significan que se tenga intención de conferir a alguna de ellas el Estatuto Internacional de Beligerancia. Además, no existe en nuestra realidad ninguno de los presupuestos jurídicos que se establecen en el derecho internacional para ese efecto. 5. El Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de que el proceso de paz se realice bajo los fundamentos de la seriedad, la discreción y la responsabilidad, bajo la conducción directa del señor Presidente de la República. En ningún caso la actual administración pondrá en riesgo la unidad nacional o la vigencia del estado de derecho y por ello se aparta de cualquier interpretación u opinión que pretenda conferirle a sus decisiones esos alcances. 6. Me permito convocar a la responsabilidad y seriedad que en temas tan delicados como la paz deben tener los medios de comunicación, puesto que su papel es fundamental para el éxito del proceso en la medida en que tengan en cuenta el comportamiento al cual se les convoca.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 1998

Señores

Directores de Medios de Comunicación Ciudad

Apreciados señores directores: He considerado conveniente mediante la presente comunicación, hacer unas reflexiones respecto del proceso de paz que seguramente podrán dar mayor claridad a las distintas informaciones y artículos que sobre el tema se publican. Desde la campaña electoral, el Presidente de la República ha expresado con claridad las bases conceptuales y los propósitos que rigen su política de paz, así como la estrategia trazada para darle curso. Dijo el Presidente en tiempos de campaña: "parto de la base de que lo que busca la guerrilla es una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, que tiene sus principales trazos en las agendas de reconciliación que de tiempo atrás los grupos insurgentes han dado a conocer. Esas agendas versan sobre aspectos sustantivo s que pueden y deben ser abordados por el Gobierno en una negociación, lo cual le resta aún más sentido a la guerra. La negociación no sólo pondría fin a la confrontación, sino que garantizaría que a través de la concertación amplia de un nuevo proyecto de paz quedarían sentadas las bases de la verdadera reconciliación entre los colombianos".

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En la misma oportunidad, el hoy Presidente de la República fue enfático al decir que "la paz debe ser producto del encuentro de la totalidad de la sociedad colombiana, por lo que su agenda definitiva debe ser producto de su activa participación. La comunidad en la actualidad no sólo reclama el fin de la confrontación, sino que viene expresando sus puntos de vista sobre el nuevo país que quieren los colombianos. Ambas expresiones deben representar un mandato ineludible para las partes en conflicto. Esas exigencias de la comunidad colombiana imponen un nuevo modelo de negociación que no se limita a la consideración de los temario s definidos por las partes, sino que implica la apertura de un espacio amplio, representativo y plural para que la agenda de paz y su negociación sean el resultado del criterio democrático. Desde esta perspectiva, los participantes deben ser el Gobierno Nacional y la cúpula de los movimientos guerrilleros, con el activo acompañamiento de la comunidad". La política de paz de la actual administración tiene fundamento en esas convicciones, y todas las decisiones que se han venido adoptando, tanto en materia sustantiva como procedimental, tienen como propósito allanar ese cammo. Para el Gobierno Nacional el proceso de paz se inicia y trasciende la negociación política con la insurgencia, pues la superación de las condiciones objetivas que están en su origen y lo alimentan es un deber ineludible e incondicional del Estado en su conjunto. Por esa razón, la superación de la pobreza y la obtención de la justicia social son componentes esenciales de la actual Política de Paz. De ahí que el Presidente de la República decidiera que el Plan Nacional de Desarrollo sea un plan para la paz y procediera a crear el Plan Colombia, al estilo del Plan Marshall, alimentado por los bonos para la paz y el Fondo de Inversión para la Paz. Como el país conoce, a través del Fondo se van a recaudar inicialmente 4.000 millones de dólares, que sumados al ingreso por los bonos de paz serán ejecutados por esta administración en programas y proyectos dirigidos a la redención económica y social de las zonas más deprimidas del país.

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El Plan Colombia para la Paz está diseñado de tal modo que en la decisión de sus inversiones tengan participación todos los colombianos, incluidos los miembros de la insurgencia, pues son en serio los pronunciamientos del Presidente de la República cuando ha dicho que "asumo con realismo que voy a negociar con fuerzas insurgentes que han expresado su decisión de ser coprotagonistas de la reconstrucción nacional". De igual modo, se viene adelantando una gran acción externa, en desarrollo de la diplomacia para la paz de este Gobierno, para la consecución de recursos de la cooperación internacional. Existen ya claros y alentadores compromisos de países amigos y de la banca multilateral en esa materia. Está entonces el Gobierno Nacional trabajando seria, armónica y coherentemente en la creación de las herramientas financieras que permitirán sufragar en una primera instancia, las inversiones que demanda la paz, y procurando los mecanismos que permitirán la más amplia y transparente participación en la administración y ejecución de esos recursos. Las acciones desarrolladas en esta materia son tangibles y sus resultados concretos. Ellos expresan de manera inequívoca la seriedad de la propuesta de paz del gobierno. La acción del gobierno se ha dirigido también a construir el escenario de la negociación política con la insurgencia. Como lo dijo el Presidente, "ha llegado la hora de tomar en serio la agenda de la guerrilla, como condición para romper el nudo gordiano de la mutua desconfianza". Ya había antes el Jefe de Estado afirmado que "cuando se analizan las agendas sustantivas para la reconciliación que han sido presentadas por los movimientos insurgentes, especialmente la plataforma para la reconciliación de diez puntos de las Farc-Ep y la de doce puntos del Eln-Ep, es fácil apreciar que todos los temas allí consignados son susceptibles de negociación". También ha señalado el Presidente que "el proceso debe conciliar la urgente necesidad de poner fin a la confrontación armada, con la necesidad de agotar una agenda amplia para la paz duradera, en cuya ejecución se comprometa la totalidad de la Nación, incluyendo a las organizaciones

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insurgentes. En este sentido, el primer paso debe ser superar las dificultades de procedimiento, que son las únicas que impiden el inicio del diálogo". Gobernado por esa convicción, el Presidente de la República dispuso decretar, con arreglo a los procedimientos legales, la zona de distensión que actualmente está vigente en cinco municipios del sur de Colombia. La decisión presidencial en esta materia fue antecedida de mucha reflexión y se adoptó con total claridad en sus propósitos. De ello dan cuenta varios pronunciamientos del Jefe del Estado. En efecto, desde su campaña afirmó que "el área de distensión no puede convertirse en el talón de Aquiles de la negociación. Yo lo veo como un instrumento procedimental de la negociación, pero además para la guerrilla es una condición de seguridad de sus delegados en ella. Hay que anotar que el despeje en modo alguno significa la alteración del estatuto jurídico de las partes en conflicto ni la cesión de la soberanía del Estado". Dijo también el Presidente: "reitero mi convicción en que la Zona de Distensión tiene una dimensión acljetiva e instrumental de la negociación. Por lo tanto la única condición previa que estimo fundamental para su realización es la del compromiso claro de la insurgencia para que el territorio señalado sea el espacio para el inicio de una negociación que sólo culminará con los acuerdos, sobre la base de que por medio de la negociación se puede lograr la paz, lo que además supone el compromiso de no interrumpir unilateralmente el diálogo. Sólo de esa manera se tendrá también la certeza de que el despeje no tiene la intención de sumar a favor de la guerrilla victorias políticas en una lógica de confrontación y no de paz. Ese compromiso debe ser claro y expreso, porque es sano para el proceso que se procuren las bases y los principios de negociación que permitan ir construyendo las condiciones de confianza que implica llegar a acuerdos". El Presidente ha cumplido con establecer la Zona de Distensión, sobre estos parámetros de conocimiento nacional, y no sin antes puntualizar su

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invitación a la insurgencia "a demostrarle a Colombia y a la comunidad internacional, que el despeje no será un corredor de impunidad para el incremento del narcotráfico". Está entonces claro para todos los colombianos el propósito de la Zona de Distensión, que además el Presidente ratificó durante su encuentro con los comandantes de las Farc. Es, y sólo es procurar el escenario para iniciar las negociaciones de paz en condiciones de seguridad para las delegaciones de ambas partes. Cualquier pretensión adicional a ésta no es admisible por el Gobierno Nacional. Ha dicho con insistencia el Presidente que "los escenarios futuros del proceso de negociación deben ser lugares de transparencia sin cartas marcadas, con negociadores que representen al Gobierno y su legitimidad y con negociadores que representen a la guerrilla y sus programas". El reconocimiento del carácter político de las Farc y el Eln; la declaratoria de la apertura de los procesos de diálogo con esas organizaciones insurgentes; el apoyo claro a la preparación de la Convención Nacional del Eln, que incluyó las provisiones para el diálogo directo de sus voceros privados de libertad con el Comando Central de esa agrupación; el establecimiento de la Zona de Distensión con el fin exclusivo de llevar a cabo las conversaciones de paz con representantes del Gobierno y voceros y representantes de las Farc a partir del 7 de noviembre de 1998 Y hasta el 7 de febrero de 1999; el reconocimiento de tres miembros de las Farc como representantes en el proceso de diálogo con el Gobierno, y la búsqueda de facultades extraordinarias que permitan al Presidente de la República adoptar las decisiones que requiera el proceso, son algunas de las acciones adoptadas con el fin de garantizar esos escenarios, que conduzcan a la definitiva reconciliación nacional. En ese empeño el Gobierno Nacional ha buscado y obtenido también la comprensión y el apoyo internacional. No en la perspectiva de realizar ofensivas diplomáticas contra la insurgencia, sino en la de dotar al proceso de paz de nuevos instrumentos para la construcción progresiva de la

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confianza mutua y de buscar su concurso político y financiero para el cumplimiento de los objetivos que establezcan las partes. Esa participación internacional también fue prevista por la actual administración, y por ello en su condición de candidato el hoy Presidente estimó "de la mayor importancia la participación de la comunidad Internacional en la totalidad de los estadios del proceso: como facilitadora de las condiciones de prenegociación, como generadora de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, como testigo de los compromisos adquiridos, y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos". Pero también advirtió en ese entonces el Mandatario que "esa cooperación de la comunidad internacional tiene que darse como producto de entendimiento entre las partes en conflicto, lo que presupone la clara voluntad de paz, porque sólo las partes en conflicto pueden hacer la paz, y no la comunidad internacional". Es en ese contexto que el Gobierno Nacional ha formulado y llevado a la práctica la diplomacia para la paz. Una política exterior que se basa en la convocatoria a la comunidad internacional para que, en todos los frentes, apoye la salida política negociada del conflicto colombiano. Hoy se registran avances concretos en esa materia, como lo ejemplifica el carácter prioritario que a la cooperación al proceso de paz han ofrecido diversos países, entre ellos los países iberoamericanos y los Estados Unidos de Norteamérica, en una clara apuesta a una política de paz que es seria y consistente y a través de la cual se podrán obtener también, como es la convicción del Presidente de la República, las soluciones a problemas que además de su gravedad interna tienen impacto internacional, como el narcotráfico, el medio ambiente, la violación de los derechos humanos, y la propia consolidación de las instituciones democráticas. Esa convicción se ha visto fortalecida por las expresiones convergentes de la insurgencia colombiana, que deben ahora traducirse en acción. En consecuencia, está expresada con hechos concretos y generosos la voluntad del gobierno de iniciar en el más breve plazo los diálogos de paz. Es

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necesario ahora trascender los aspectos procedimentales y adentrarse en los diálogos que lleven a la negociación sustantiva. También eso lo ha tenido siempre claro el Presidente de la República, quien afirmó que "la paz tiene objetivos y tiene instrumentos. A veces hemos caído en el error de darle prioridad a los instrumentos descuidando los objetivos. En adelante unos y otros tendrán igual valor. La aceptación de instrumentos como la Convención Nacional, los diálogos nacionales y regionales o la Asamblea Nacional Constituyente así como el examen de la viabilidad jurídica del canje implica tener claro el gran objetivo de la transformación política que sirva de sustento a las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que puedan conducirnos, tanto a las organizaciones guerrilleras como al resto de la sociedad colombiana, a la democracia y al siglo XXI". Es hora entonces de que la insurgencia corresponda a estos hechos de paz. No con retórica, ni con nuevas condiciones, ni menos aún con acciones de guerra o con amenazas, que sólo causan más sufrimiento a la población indefensa. Los colombianos no merecen esas respuestas a la voluntad de paz. Un cese al fuego sería el mejor habitáculo para el proceso de paz. Fundamentalmente, porque detendría el injusto e injustificado baño de sangre de los indefensos. Pero también porque renovaría la confianza y credibilidad en el proceso. Cada colombiano, advertido por el Presidente, "tiene que estar preparado y entender que el curso de las negociaciones puede tomar tiempo", pero las partes deben transmitir a la opinión pública señales palpables de su compromiso por la paz. En las circunstancias actuales de la confrontación la mejor de ellas sería, sin duda alguna, el silencio de las armas, y no la arrogante intensificación de la violencia, que sólo deja a su paso la muerte y la destrucción, incluida la de la esperanza. La violencia sólo trae más violencia. Tiene muy en cuenta el gobierno nacional este fundamento universal al enfrentarse a la existencia de las autodefensas y los grupos dejusticia privada. Ha insistido el Presidente en que su existencia "es una de las más perversas expresiones de la degradación del conflicto; surgen al impulso de la falta de seguridad, que es una

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estricta obligación del Estado, y aunque quieran sustentarse en el principio de la legítima defensa, inexorablemente devienen en grupos de justicia privada que terminan por ser bandas armadas sin control alguno. El hecho de que actúen al margen de la ley y sobre la pretensión de apoyar la lucha contrainsurgente les desprovee jurídicamente de estatuto político. Estos grupos contradicen esencialmente el principio del monopolio de las armas en poder del Estado y son un factor gravísimo de la guerra. Por ello no puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo que tendrá que hacerse en un escenario distinto del de la negociación de la paz con la guerrilla y como una responsabilidad exclusiva del Estado". Ha agregado a ello el Presidente su compromiso de prevenir con todas sus facultades y su más clara voluntad política, la punible asociación que pueda darse entre algunos agentes del Estado y los grupos paramilitares; a investigar las denuncias, procurando eficacia en esas investigaciones y a promover la sanción de la conducta indebida. Existen resultados concretos de la persecución del Estado a estos grupos. A estas alturas hay detenidos 248 de sus presuntos miembros y el gobierno viene ofreciendo todo su concurso a las investigaciones judiciales. Esa persecución es indeclinable, como la de toda forma de violencia. El Gobierno Nacional respeta y exige el estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario en el marco de la confrontación. En ello será inflexible, denunciando nacional e internacionalmente los ataques contra quienes no participan en las hostilidades y contra los bienes civiles, así como el uso de medios y métodos de combate proscritos por la conciencia universal. Está esta administración dispuesta a suscribir con los actores armados un acuerdo especial en esta materia, que establezca los mecanismos conducentes al escrutinio sobre el comportamiento de los combatientes frente a la población civil y sus bienes. Por supuesto preferimos la terminación del conflicto que el establecimiento de acuerdos que lo prolonguen. Será el respeto por esos dictámenes de humanidad el parámetro para las decisiones en materia de perdón y de justicia; en ellos han puesto los pue-

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blos civilizados los límites morales de las amnistías ello Colombia no actuará de manera distinta.

y los indultos y en

Quiere el Gobierno Nacional reafirmar su compromiso con el proceso de paz e invitar a la insurgencia a expresarlo con hechos concretos e inequívocos. A la vez, quiere invitar a toda la Nación a que con fortalecido entusiasmo aliente e impulse la reconciliación. Esta época del adviento es propicia para renovar la esperanza y pedir a Dios que ilumine a quienes tienen en sus manos la posibilidad de detener la tragedia. La paz con la cual estamos comprometidos es una paz que defienda nuestra unidad nacional; una paz que la concibamos como el escenario de un Estado con equidad y justicia social; una paz que tiene un costo pero que no la haremos a cualquier costo; una paz que no sea en contra de nuestras Fuerzas Armadas; una paz donde no haya vencedores ni vencidos; una paz duradera y sostenible, por lo cual es necesario que la construyamos entre todos. Señor director: lo invito a que convoquemos al país para que la paz sea una gran alianza contra el delito: "contra el narcotráfico; contra la corrupción; contra la violación de los derechos humanos y contra la injusticia social". Hagamos de Colombia un país donde reine la equidad, la justicia, la política social y la reconciliación entre todos los colombianos.

Cordial saludo.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 1998

"Hay una gran noticia para el país y para el mundo: el 7 de enero próximo el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda instalarán la Mesa de Diálogo con las Farc", dijo emocionado Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, al hacer ayer, a las 2:45 de la tarde, el trascendental anuncio en San Vicente del Caguán sobre el primer encuentro, formal y público en territorio colombiano, de un mandatario con unjefe guerrillero alzado en armas. Luego de la reunión de cuatro horas con la cúpula de las Farc en la hacienda Caquetania, en los límites entre Caquetá y Meta, Ricardo concretó la apertura de un nuevo proceso de paz con la guerrilla más grande del país. La primera fase de las conversaciones buscará "fijar agenda, sitios, fechas y demás aspectos y mecanismos que se emplearán para poder llevar a cabo el diálogo de fondo en el que se buscará una salida pacífica a un conflicto", dijo Ricardo.

Versión de prensa tomada del diario "El Espectador".

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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS ELEGIDOS A PARTICIPAR COMO VOCEROS DE LA MESA DE DIÁLOGO, FABIO VALENCIA COSSIO, MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ, NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA y RODOLFO ESPINOSA MEOLA

Santa Fe de Bogotá, D.

c., enero 6 de 1999.

Es para mí muy grato dirigirme a usted con el fin de informarle que el Gobierno Nacional ha decidido nombrarle, en compañía de otros destacados colombianos y del Alto Comisionado para la Paz, como uno de sus voceros para la etapa de diálogo que se iniciará con las FARC-EI~ Deseo destacar que la calidad de vocero implica que usted será uno de los que llevará la voz del Gobierno Nacional, y por tanto, deberá hacerlo en total armonía con el Alto Comisionado para la Paz, tal como tuve oportunidad de comentárselo en la conversación que sostuvimos. Estamos en el momento histórico en el cual debemos pasar de la retórica de paz a los hechos de paz. El Gobierno ha creado espacios de confianza que permitan afianzar la credibilidad del proceso que tenemos por delante. Buscamos un nuevo capítulo de la historia de Colombia que fortalezca la unidad nacional proyectada vigorosamente hacia el Siglo XXI. El Gobierno presentará a la mesa de, diálogo su agenda para que sea discutida con los voceros de las FARC-EPy para que con la agenda presentada por ellos busquemos el acuerdo de una agenda única. Se trata que el Estado, el pueblo, la Nación entera, salgan fortalecidas de la reconciliación con aquella parte de Colombia que hasta la fecha se ha manifestado por la vía de las armas.

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Muchos procesos de paz han conducido a un escenario de grandeza donde cabemos todos. Las transformaciones que surjan de éste y de todo esfuerzo de paz, tendrán la capacidad de dirigir el país hacia un futuro de convivencia y respeto. La importante labor a usted encomendada, exige que actuemos con la responsabilidad, seriedad y discreción que la misma impone. Por tratarse el proceso de paz de una responsabilidad que la Constitución y la ley le otorgan exclusivamente al Presidente de la República y al Alto Comisionado para la Paz, es imperativo que cualquier acción, afirmación o decisión sea previamente consultada con ellos y que los temas tratados se mantengan en la reserva que corresponde a todos aquellos que hacen parte del secreto de Estado, como es el caso que nos ocupa. Estoy seguro que su participación logrará avances fundamentales en el logro y el objetivo de una paz verdadera y sostenible. Recibaun cordial saludo y el agradecimiento de mi Gobierno y del pueblo colombiano por las labores que usted va a desarrollar. Cordial Abrazo

Andrés Pastrana Arango (Firmado)

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CARTA DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.

c., 7 de abril de 1999

DFG Oficio No. 1675 Doctor VÍCTOR G. RICARDO Alto Comisionado para la Paz Presidencia de la República Ciudad

Apreciado Víctor G.: Como he tenido oportunidad de expresarle al Señor Presidente de la República y al Alto Comisionado para la Paz, preocupan a la Fiscalía General de la Nación algunos acontecimientos en la llamada zona de distensión y que pueden afectar la presencia y buena marcha de la administración de justicia. En efecto:

• Las amenazas de que fue objeto la Fiscal de San Vicente del Caguán, Maritza Chavarro Anturi, a quien un comandante de las FARCla conminó para abandonar el lugar y su sitio de trabajo en un plazo perentorio. Al parecer la decisión del comandante habría sido tomada por el Estado Mayor de esa organización guerrillera. La Fiscal finalmente abandonó el Municipio, pues nadie podía efectivamente garantizar su seguridad.

• Otros funcionarios judiciales de la zona, habrían sido objeto de actos semejantes.

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Los comandantes de las FARC en la zona, según información que se dispone, han impuesto sanciones frente a presuntas conductas delictuosas imputables a habitantes de la zona de distensión.

Miembros de las FARCvienen cumpliendo en dicha zona no sólo labores de patrullaje sino requisas, indagaciones sobre la identidad de las personas e incluso retenciones o capturas arbitrarias.

Estas circunstancias que no reflejan toda la dimensión de cuanto allí acontece, preocupan seriamente a la Fiscalía General de la Nación porque creo que la presencia y acción de la justicia no puede suspenderse por las decisiones y actitudes de los comandantes o miembros de las FARC. Personalmente he insistido no sólo en la necesidad de buscar una solución política y negociada al conflicto armado y de avanzar y consolidar el proyecto de paz, sino también en señalar que las decisiones del Gobierno colombiano tomadas dentro de dicho proceso y que han determinado la existencia temporal de la zona de distensión, no son cuestionadas ni cuestionables. Pero al lado de estas consideraciones debo señalar que la administración dejusticia, aún en estas especialísimas circunstancias, debe estar al servicio de todos sin excepción alguna y siempre será un símbolo de reafirmación de los valores democráticos, pero además la justicia es y será la via insustituible para lograr pacíficamente la efectividad de los derechos y la solución de los conflictos entre los ciudadanos. Por manera que privar a los colombianos en cualquier lugar de la patria de este servicio público esencial y, lo que es peor, pretender sustituirlo por sistemas de justicia privada, afecta y desconoce gravemente los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. Cordial saludo,

Alfonso Górncz Méridez Fiscal General de la Nación

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ AL OFICIO ENVIADO POR EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 13 de mayo de 1999 REF.Su oficio 1675.

Doctor ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ FISCAL GENERALDE LA NACIÓN E. S. D.

Apreciado Señor Fiscal: Me refiero a su oficio 1675 del presente año. Considero, como casi todos los colombianos, que la justicia impartida por la rama jurisdiccional, es la vía insustituible para lograr pacíficamente la efectividad de las normas establecidas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. El conflicto, como es de todos conocido, en el curso de cuatro décadas ha afectado toda actividad, sin que la Administración de Justicia haya sido la excepción. Precisamente por ello, este Gobierno ha iniciado el proceso de paz con los grupos insurgentes, con el propósito de construir un Estado fundamentado en la justicia social, donde quepamos todos y todos lo respetemos. Deseo resaltar con especial comedimiento que, dentro de las labores que me corresponden, como Alto Comisionado para la Paz, personalmente he tratado con los voceros de las FARC los temas que usted señala en su

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carta. Igualmente, las quejas y denuncias de la Zona de Distensión, como de todo el País, que por hechos similares, que han llegado a mi Despacho, han sido puestas en conocimiento de las respectivas autoridades competentes. De otra parte, la acción de los jueces y su jurisdicción se desarrollan como lo ordena la Constitución y la ley. Ninguna zona del país, incluyendo la zona de distensión, ha quedado por fuera del marco de la soberanía y del desempeño de los funcionarios judiciales, independientemente del lugar desde donde se esté despachando con jurisdicción a municipios distintos del lugar de residencia, tal como lo adoptó el Consejo Superior de la Judicatura. Por último, insisto y reitero la invitación que en varias oportunidades personalmente le he formulado: el Gobierno se encuentra en disposición de implementar los instrumentos legales para que Usted mismo concurra a la zona de distensión creada en virtud y desarrollo de la ley 418 de 1997 Y dialogue directamente con las FAR-Ep'con el propósito de aclarar cualquier preocupación o realizar algunas reflexiones. Con respeto,

Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz

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COMUNICADO

CONJUNTO

Caquetania, 28 de abril de 1999

Los directores de las distintas fuerzas políticas del país, las directivas del Congreso de la República, las FARC-EPy el Alto Comisionado para la Paz,

ACUERDAN: 1°. Respaldar y comprometerse en una política de Estado par la Paz, fundamentada en la justicia social y basada en la solución política del conflicto. 2°. Respaldar la política par amili tarismo.

de Estado

en su lucha

frontal

contra

el

3°. Nos comprometemos a buscar mecanismos que permitan respuestas inmediatas y concretas a las necesidades que sufre el pueblo colombiano, principalmente el empleo y oportunidad para acceder a la educación y la salud, entre otros. Así mismo, una atención especial al sector rural

colombiano.

4°. Trabajaremos para crear una pedagogía que tenga como finalidad el compromiso de todos los colombianos en el objetivo supremo de la paz.

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(Firmado) FARC-Ep' Manuel Marulanda; Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo; Partido Liberal, Horacio Serpa; Partido Conservador, Ornar Yepes; Sí Colombia, Noemí Sanín; Partido Comunista, Jaime Caicedo; Presidente Senado, Fabio Valencia; Liberalismo Renovador, y Presidente Cámara, Emilio Martínez. Voceros de las FARC-EP

Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez.

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CARTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A PLINIO APULEYO MENDOZA, EN RELACIÓN CON LOS COMENTARIOS SOBRE LA DESTITUCIÓN DE GENERALES

Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de abril de 1999

Doctor PLINIO APULEYO MENDOZA Columnista Diario El Espectador Ciudad

No puedo pasar por alto las opiniones expresadas públicamente por usted en El Espectador ayer jueves 15 de abril, en las que vincula en forma indebida las decisiones adoptadas por el Jefe de Estado sobre el retiro de las Fuerzas Militares de dos Generales de la República, al desarrollo del proceso de paz que hemos iniciado con las FARC. Las Fuerzas Militares, las cuales están apoyando el proceso de paz, tienen todo el respaldo del Gobierno Nacional. Ese respaldo debe traducir se en su defensa frente a acusaciones infundadas o injustas, como enfáticamente lo ha hecho el Gobierno Nacional, a la vez que en la custodia celosa de su pulcritud y de la conducta irreprochable que en todos sus actos deben tener las acciones de sus miembros. Esa forma de proceder de esta Administración es una exigencia de la democracia y el Estado de Derecho, que son los cimientos mismos de nuestra identidad nacional. No admito que se diga que esas decisiones se toman con el propósito de entregar a la guerrilla la cabeza de miembros de las Fuerzas Militares o de poner al país de rodillas frente a la guerrilla, tal y como usted lo hace de manera ligera, e insultante.

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Quisiera recordarle que las Fuerzas Militares de Colombia poseen disciplina, honor, profesionalismo y sujeción a las autoridades civiles, virtudes propias de ser un cuerpo armado que respeta el Estado de Derecho y combate por la preservación de sus instituciones democráticas. Quien conoce esas características de nuestra institución castrense se sorprende de afirmaciones como la suya, según la cual, el señor Presidente de la República, quien además es el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, con su decisión "leha asestado un terrible golpe a las Fuerzas Armadas, a su moral y a su voluntad de lucha". Tenga en cuenta que la moral y voluntad de lucha de los soldados de Colombia no están fundamentadas en una indebida comprensión de su espíritu de cuerpo, como lo da a entender en su columna, sino en su convicción profunda de servir a los más altos intereses de la República en la forma que se lo señalan nuestra Constitución Política y nuestras leyes. Estamos desarrollando un proceso responsable para la obtención de la reconciliación nacional, que es el anhelo de todos los colombianos. Obviamente, todas nuestras acciones se realizan de manera transparente y de frente al país. Lo invito a que antes de proferir su desacuerdo o su oposición frente a la política de paz que estamos liderando, se detenga a examinar con mayor cuidado la objetividad de los fundamentos de los que se vale para tales fines, así como las consecuencias de sus valoraciones públicas. El país en paz que queremos se comenzará a construir cuando los violentos aprendan el valor transformador y enriquecedor de la palabra y del contraste de las ideas.

Cordialmente,

Víctor G Ricardo, Alto Comisionado

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para la Paz

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PROCESO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC - EP



CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FIRMADA POR MANUEL MARULANDA, DONDE SE DA A CONOCER LA LISTA DE LOS SOLDADOS RETENIDOS POR LAS FARC-EP

21 de septiembre de 1998

Señor Presidente Doctor Andrés Pastrana Arango

La presente tiene como objetivo responder la solicitud expresada por usted en la ciudad de Cartagena y posteriormente por intermedio del alto comisionado para la paz, doctor Víctor G. Ricardo, sobre los nombres completos de oficiales, suboficiales, soldados y policías (cuya lista anexamos por separado), todos en nuestro poder, en calidad de prisioneros de guerra, producto de la confrontación armada declarada por el Estado a la insurgencia en cabeza de anteriores gobiernos, cuyos resultados están a la vista con repercusiones en lo político y militar en Colombia y el exterior. Al doctor Fabio Valencia Cossio y a los honorables senadores de la República, les fue enviada una carta solicitándoles el trámite de una ley que permita el canje de soldados por guerrilleros para acabar con el drama de madres, padres, familiares, amigos y toda Colombia. La propuesta de las Farc al Parlamento expresa nuestra voluntad política y de carácter humanitario tal como lo han solicitado los organismos de derechos humanos. Por los medios de comunicaciones escuchamos que el Parlamento dejó en sus manos, señor Presidente, el tema para su estudio y solución final en base a facultades que le confiere la ley.

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Esperamos que todas sus gestiones y consultas con los demás poderes sean favorables para lograr la libertad de unos y otros y que este gesto de buena voluntad sea premiado por todo Colombia en aras de la reconciliación y la paz como política de su Gobierno. Algunas personalidades pertenecientes a los tres poderes y a la sociedad civil han manifestado su desacuerdo con la aprobación de una ley para el canje, por el Parlamento. En nuestro entender algunos de los antes mencionados quieren condicionar la liberación de los soldados a los diálogos sin tener en cuenta las dificultades que se presenten en los 45 días que falta para iniciarse los diálogos, según compromiso Gobierno-Farc, tiempo más que suficiente para hacerlo antes. Los tres poderes así como se ponen de acuerdo para aplicar las leyes también deben unir voluntades para encontrar salidas al problema planteado por las Farc sin que ello se convierta en un obstáculo para lograr la libertad de soldados y guerrilleros, si tenemos en cuenta el propósito y el clamor nacional de ir creando las condiciones favorables para encontrar la reconciliación entre los colombianos sin que transcurran meses. Los guerrilleros son prisioneros de guerra y no delincuentes comunes, los demás argumentos carecen de realismo y desvirtúan el propósito nacional por la paz. Afirmaciones de esta naturaleza niegan la realidad de la confrontación militar y política que vive Colombia, lo cual nos embarga a todos por igual y no contribuye en nada para lograr una solución política al conflicto social y armado prolongado por tantos años. Señor Presidente, le proponemos enviar un emisario suyo a la Sombra, municipio de San Vicente del Caguán, para acordar mecanismos tendientes a ultimar detalles sobre la liberación de soldados y guerrilleros y dar los primeros pasos y evitar la prolongación de soldados en la selva y guerrilleros en prisión por tiempo indefinido. Si días antes de iniciar los diálogos logramos el objetivo Gobierno-Farc en tan importante proceso estamos satisfaciendo el clamor popular de los colombianos.

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Las Farc seguimos manteniendo nuestro propósito y voluntad de paz con justicia social y soberanía, no desde ahora, sino durante todo su recorrido histórico como política expresada en documentos públicos ante los colombianos y anteriores gobiernos, que negaron la salida política a la insurgencia y más bien le abrieron camino al militarismo y paramilitarismo para acabar físicamente con la oposición desarmada y en contra de las luchas populares por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. No siendo otro el motivo de la presente me despido de Usted Señor Presidente.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez (Firmado) Montañas de Colombia

LISTA DE RETENIDOS PRISIONEROS

DE LA BASE

DE MIRAFLORES,

Ejército

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bermeo Cobaleda Juan Carlos Delgado Argote Arbey Romero Rodríguez Erasmo Moreno Chaquezá Luis Alberto Flores Pantoja Amaahon Salcedo Guarín Robinson Velázquez León Tito Poveda Laverde José Alexander Beltrán Lugo Jeovany Chagó Ramos Alfredo

GUAVIARE.

Teniente Efectivo Sargento Segundo Sargento Segundo Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular

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11.

Araújo Rasero Jader Javier Angula Navia Jhon Edgar 13. Guzmán Arias Edison 14. Ardila Barbosa Jeovany 15. Aponte Rodríguez Gabriel 16. Torres Hernández José Eleodoro 17. Díaz John Fredy 18. Pérez Franklin 19. Velasco Delgado Elver Antonio 20. Torres Tunjacipa Héctor Enrique 21 . Gómez Bonilla Ciro Alberto 22. Ruiz Sánchez Robinson 23. Páez Cañón Rodolfo Humberto 24. Avila Olmos Wilton Jamir 25. Rojas Santamaría Olivarda 26. Veleño Niño Orlando 27. Rivera Carlos Hernán 28. Rojas Merchán Raúl 29. Benavides Matínez Wilson Hernán 30. Ardila Palacios Simón 31 . Caballero Cárdenas Moisés Rodriga 32. Delgado Marulanda José Marino 33. Alarcón Barrera Luis Alejandro 34. Sánchez Urriago Fredy Agustín 35. González Orozco Andrés 36. Salazar Villegas Faber 37. Aponte Elvert 38. Rodríguez Cháguala Libert 39. Rodríguez Quiroga William Ricardo 40. Bernal Cantor Carlos Javier 41. Gallego Marín Oviedo 42. Ávila Hernández Diter 43. Ariza Rincón John Fredy 44. Buitrago Burgos José Yesid 45 . Vanegas Hernández Carlos Andrés 46. Santana Mancipe Luis Daría 12.

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Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular


47. 48. 49. 50. 51 . 52. 53. 54. 55. 56. 5 7. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 6 7. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Sarmiento Vargas Jeovany Silva Peña Jony Fernando Rojas Efrén Rojas Quintero John Javier Patiño Bejarano Roberto Acosta González Ricardo Almonacid Barahona Luis Eduardo Buitrago Burgos Benjamín Bueno Afanado Edgar Arias Arias Norbey Penagos López Yesid Alejandro Franco Orozco César Augusto Cifuentes Luis Alexander López John Jairo Batía Peña Jarry Edison Ayala Parada Rubén Ramírez Medina Milton Fabio Tovar Jiménez Carlos Mario Cuadrado Villegas Wilson Antonio Gutiérrez Céspedes John Jairo Hernández Romero Elkin Fabián Roa Sierra Jairo René García Ortiz José Ricaurte Alvarado Alvarado José Jeovany Gil Lozano Edison Jemis Torres Tunjacipa Elvert Antonio Rodríguez Rincón Edgar

PRISIONEROS

DE MIRAFLORES,

Policía

1. 2. 3.

Donato Gómez William Durán Jhon Jairo Buitrago Cuesta Julio César

Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular

GUAVIARE

Teniente Efectivo Cabo Primero Cabo Primero

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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1 7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 . 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Zambrano Hernán Alexander López Ramírez Fredy Andrés Jaramillo Juan Carlos Nivia Martínez Juan Manuel Laiton Laiton William Sandoval Vargas José Vitaliano Millán Sierra Jorge Muñoz Sandoval José Hugo Aponte Aristizábal Darío Sandoval Arboleda Javier Rodríguez Garnica Darío Javier Contreras Jaime Fernando Tabares Trujillo José Saúl Ortega Wilmer Orlando Hernández Leider Alfredo Paz Quiñones Carlos Alfredo Pacheco Luis Fernando Bermúdez Hidalgo Héctor Fabio Mera Montenegro Carlos Alberto Quiñones Mindinero Lister Armando Marín Ospina Jony Alexander Morales Vélez Humberto Andrés Muñoz Muñoz Liduer Quintero Vásquez Armando Rojas Garcés Jony Alexander Meneses Pérez Husberto Álvarez Patiño Luis Augusto Rodríguez Guisao Elkin Ruiz Franky Luis Eduardo Cardona Castañeda John Fredy Rojas Cruz Luis Felipe Tangarife Ortiz Carlos Arturo Quintero López Vladimir Antonio Delgado Arboleda Nilton Goodert Zúñiga Rodríguez Nelson Andrés

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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

Sub intendente Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos


39. 40. 41 . 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 5 o. 5 1. 52. 53. 54. 55 . 56.

Restrepo Valencia Raúl Antonio Vidal Leonardo Zarasti Hernández Luis Octavio García Candela Alexander Lozano Portocarrero Andrés Rengifo Benites Manuel José Cañas Vergara Luis Antonio Mera Castillo Edgar Adolfo Romero Rico Pablo Alberto Mina Castro Rodolfo Mauricio Grisales Bermúdez José Libardo Viveros Medina Luis Alfonso Meneses Muñoz Edwin Bedoya Acevedo John Alexander Medina Vélez Iván Andrés Congo Angula Arbey Rodríguez Ortiz Miller Andrés Saldarriaga Cañas Olman de Jesús

PRISIONEROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos

DE LA BASE DE LA URIBE, META

Malagón Castellanos Reinaldo Cruz Tunay Milton Parada Porras Carlos Alberto Pérez Rodríguez Oswaldo Pregonero Mendivelso Wilson Reyes Ortiz Reinaldo Rodríguez Gómez Alberto

PRISIONEROS

Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía

DE PUERTO

Quintero Wilson

PRÍNCIPE,

Subteniente Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

VICHADA Capitán Policía Antinarcóticos

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2. 3. 4. 5. 6.

Betancour Edwar Mauricio Culma Chico Antonio León Chitiva Gonzalo Rojas Vargas Alfredo Cubillos John Jairo

PRISIONEROS

Patrullero Patrullero Patrullero Patrullero Soldado Ejército

ÁREA DEL BILLAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 1 7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Marulanda Valencia José Ricardo Beltrán Franco Luis Alfonso Arcía Luis Arturo Arteaga José Miguel Pérez Medina Willian Humberto Altafuyo Valencia Luis Antonio Builes Grisales Mauricio Campos Calle Remberto Ignacio Correa Loaiza Diego Fernando Fernández Meléndez Manuel Eliécer Flores Carlos Alonso García Ferreiro Iván Daría Guerra Llano Alexander Herrera Velásquez John Yerley Hurtado Vergara José Javier Gaitán José Rodriga Agudelo Cano Álvaro Jaramillo Gutiérrez Orlando López Beltrán Edilberto Marín Gallego Isaías Mejía Alfonso Edgar de Jesús Muñoz Quintero Ermilson de Jesús Novoa Hernández Eder Luis Ochoa Vallejo Orlando Pérez Ortiz Héctor Rubén Patiño Morales John Jairo Rada Pérez Nelson Enrique

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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

Sargento Viceprimero Cabo Primero Cabo Primero Cabo Segundo Cabo Segundo Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario


28. 29. 30. 31 . 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 . 42. 43.

Ramírez Sierra Juan Carlos Rodríguez Balvuena Jaime Sánchez Arteaga Daría Sánchez Molina Álvaro Pío Sánchez Pineda Jairo Sánchez Rojas Nilson Leandro Sarmiento Santos Epifanio Socarrás Martínez Carlos Alberto Tabares Bedoya Hugo Ernesto Tabares Salgada Arnover Tamayo Madroñedo Otoniel Trejos Quiceno Diego Fernando Patiño Morales John Jairo Varela Varela Wilson Eledis Varela Varela Yarley Vargas Mercado Roberf

Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario

PRISIONEROS DE LA BASE DE PATASCOY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Moncaya Cabrera Pablo Martínez Estrada Libio Bonilla Castillo Jaircinio Wiylloi Mirchara Cerón Gómez Fabián Caicedo Alejandro Aranda Osario Elkin Caicedo Galindes Tobías Bravo Jorge Daría Almeida Bolaños Abraham Guillermo Chantres Chamisa César Augusto Carlos Amagel Castro Ascuntar Luis Alberto Castillo Miramar Carlos Orlando Andrade Luis Aníbal Álvarez Gutiérrez César Augusto

Cabo Cabo Dragoniante

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1 7. Arroyabe Giralda Alex Manuel 18. Córdoba Bastidas Araon.

PRISIONEROS QUE TIENE EL BLOQUE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1 7. 18. 19. 20. 21 . 22. 23. 24. 25 . 26. 27. 28. 29. 30.

Wagner Tapias Torres Pedro José Guarnizo Ovalle Héctor Locuara Segura Francisco Manuel Negrete Mendoza Samuel Alberto Cate Cate Juan Martín Patino Jiménez 'Tilson Robledo Moreno Heidi Alfonso Fajardo González Gustavo Carmelo Oviedo Martínez Jhonatan Moreno Orozco Roque Antonio Mantilla Quintero Francisco Hernández Barrios Alberto Barrios Peñate Luis Alberto Carvajal Eder Muñoz Mejía Henry Rodríguez García Luis Honorio Pacheco Vega Hugo León Álvarez Leomedez Díaz Usuga Henry Oíaz Fabra Silvano Antonio Peñate Arroyo José Francisco Arteaga Correa Norberto de Jesús Jiménez Oviedo Julio Aníbal Jaramillo Ávila Jair Zinon Avarrete Sánchez Nelson José Calderin Pereira Carlos Alfredo Norato Guerra Jhonisel Barba Ayala Juan Carlos Acosta Monsalve Jair Mosquera Lozano

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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

Teniente Sargento Primero Sargento Viceprimero Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado


31. 32. 33.

Alberto Luis Carvajal Carpio Jorge Luis Segueda Mejía Fredy Bedoya

Policías

34. 35. 36.

Mario Alberto Marín Franco Nicolás Giralda García Cruz Daría Londoño Arango Ángel Giovani Peña Castro Leider Salín Morales Máximo Enrique Quiroz Pedraza Rubén Salid Correa Restrepo Juan Daría Sánchez Pajiza

37.

38. 39. 40. 41.

PRISIONEROS

Soldado Soldado Soldado

Cabo Segundo

EN EL BLOQUE MAGDALENA MEDIO

Policía

Jesús Gregario Cáceres Gauta

Sargento Segundo

TOTAL:

245

personas.

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A MANUEL MARULANDA DE LA CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 30 de septiembre de 1998

Señor

Manuel Marulanda Vélez Demás dirigentes de las Farc Ciudad

Doy respuesta a su carta del 21 de septiembre, dirigida al Gobierno Nacional. Al recibir la lista de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de policía retenidos por la Farc, cuya entrega fue solicitada por el Gobierno semanas atrás como muestra de supervivencia de dichos funcionarios del Estado y garantía de su protección, advierto el sincero ánimo de esa agrupación de avanzar por el camino de la reconciliación nacional y de honrar en este proceso la palabra empeñada. En el afán de las autoridades de continuar estudiando las alternativas que ofrece nuestro Estadoue Derecho resulta imprescindible tener acceso, como es de su conocimiento, al listado de miembros de la insurgencia a quienes se alude en su comunicación. Durante los días que restan para la iniciación de los diálogos, y en el bien entendido de que las partes hemos acordado no imponer condicionamiento. alguno para llegar a la mesa de diálogo dentro de los noventa días siguientes a la posesión del señor presidente doctor Andrés Pastrana, tendremos la oportunidad de continuar nuestras reuniones, con la discre-

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ción que el tema exige, a fin de perfeccionar todos los detalles que permitan la garantía y claridad en el inicio del período de distensión en los cinco municipios acordados. Estoy seguro que pondremos toda nuestra voluntad para pasar de la retórica de paz a los hechos de paz y de esta manera poder contribuir a la responsabilidad que la hora presente nos impone y así llegar llevar la tranquilidad perdida a todos los hogares, permitiendo el regreso de todas las personas que hoy se encuentran retenidas. Atentamente,

Víctor G. Ricardo (firmado) Alto Comisionado

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REPÚBLICA

para la Paz

DE COLOMBIA


CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, ENVIADA POR MANUEL MARULANDA VÉLEZ

30 de septiembre de 1998

Doctor

Andrés Pastrana Arango Presidente de la República

La presente tiene como finalidad saludarlo, y desearle éxitos en sus gestiones de gobierno para lograr la reconciliación de la familia colombiana. A continuación le comunico lo siguiente: Va la lista de los guerrilleros presos, en material anexo, para que los tres poderes puedan empezar el trámite señalado en carta anterior. El emisario que hemos solicitado, señor Presidente, es con la finalidad de ultimar detalles, fecha, lugar y medios de transporte para movilizar soldados y guerrilleros al sitio que acuerden Gobierno e insurgencia para tal efecto. Consideramos necesario hacer saber por los medios de comunicación el nombre de su emisario y en estas condiciones atenderlo apenas como haga presencia en el lugar sugerido. Si los tres poderes ya resolvieron el caso del doctor Alvaro Leyva Durán es saludable y nos evitamos los trámites por los medios de comunicación para el contacto directo.

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Hemos escuchado por los medios de comunicación la opinión de personalidades del Parlamento, los partidos, la Iglesia y la sociedad civil, analizando la situación del país, sobre la paz en diferentes foros y haciendo teoría sobre el despeje de los cinco municipios sin contar con nuestra opinión, para unificar criterios al respecto. Hemos sido informados por los medios que varios gobernantes y el doctor Víctor G. Ricardo se reúnen en los próximos días para estudiar algunas recomendaciones y mantener el principio de autoridad en los cinco municipios objeto del despeje. Sería muy saludable saber en qué consiste el principio de autoridad si tenemos en cuenta lo planteado por las Farc donde se afirma que no debe quedar ninguna autoridad, más que los alcaldes, con los cuales nos reuniremos para acordar mecanismos propicios para ejercer el control de extraños infiltrados, saboteadores y antisociales, entre otros. Tenemos la impresión que no hay suficiente claridad al respecto sobre el d~speje y del real alcance que significa para los diálogos del Gobierno e . . msurgenCla. Nosotros hemos manifestado públicamente la necesidad del despeje y el desmonte del paramilitarismo, para sentarnos a hablar Gobierno e insurgencia sobre la problemática nacional. Tenemos la impresión, señor Presidente, que el señor Ministro a pesar de sus conocimientos jurídicos, sin previo análisis, no lidad al decir que la lista de oficiales, soldados y policías es para satisfacer los altos mandos que no dejan de poner piedras no de la paz.

de Defensa, dio credibiincompleta en el cami-

A nombre de organismos humanitarios, comisiones de paz, Cruz Roja y entidades de beneficencia social, utilizando radios de comunicación, han comenzado a penetrar las áreas de La Uribe y La Sombra, sin previo acuerdo con la insurgencia, lo que obliga a tomar medidas preventivas mientras las dos partes interesadas en los diálogos llegan a acuerdos sobre la

216 REPÚBLICA DE COLOMBIA


clase de organismos que puedan transitar en cada uno de los municipios, en el entendido que al producirse el despeje de las Farc, vamos a verificar si realmente se ha cumplido totalmente el despeje. Comprobada su efectividad, a continuaciĂłn nos reuniremos a dialogar. No siendo otro el motivo de la presente, me despido de usted, seĂąor Presidente.

Atentamente,

Manuel Marulanda VĂŠlez (Firmado) Jefe de las Farc.

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, A LA CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR MANUEL MARULANDA VÉLEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., 25 de octubre de 1998

Señor

Manuel Marulanda Vélez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep E. S. M.

Me permito dar respuesta a su carta del 30 de septiembre del año en curso dirigida al Jefe del Estado. El Gobierno Nacional ha tomado atenta nota de la propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, en el sentido de liberar unidades de la Fuerza Pública Nacional que han sido privadas de su libertad por motivos relacionados con el conflicto armado interno que de tiempo atrás viene padeciendo la Nación, a cambio de la liberación de integrantes de la referida organización que se encuentran privados de libertad en los centros carcelario s del Estado. Con el objeto de contar con la totalidad de los elementos de juicio necesarios para este análisis, hemos solicitado al señor Fiscal General de la Nación y al señor ministro de Justicia, la información sobre la situación jurídica de las personas incluidas en la lista remitida por ustedes. En anterior misiva usted planteó la necesidad de la concurrencia de las ramas que integran el poder público en el tema; en su momento, y cuando el Gobierno tenga la información solicitada a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Justicia, convocaremos a los presidentes y vice-

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presidentes de las Comisiones de Paz del Senado de la República y Cámara de Representantes, y de los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para el análisis y estudio del tema y proceder a convocar una reunión con los voceros que para el efecto designen las Farc-Ep. Conviene reiterar lo ya expresado públicamente en cuanto el resultado de los análisis, determinaciones que se tomen y acuerdos que se realicen con relación a las personas privadas de la libertad, no condiciona el proceso que hemos iniciado creando la zona de distensión para que sea posible un diálogo transparente y fructífero que nos permita alcanzar la paz. Indica todo lo anterior que para aproximar juiciosamente su propuesta recurriremos a instrumentos jurídicos del derecho interno que están establecidos en la Constitución Política de Colombia y las leyes que en desarrollo de la misma se han expedido. De otra parte, coincido con usted en que la presencia de personas o grupos organizados extraños a la zona que viene siendo despejada de la Fuerza Armada puede ser perjudicial, si escapa su interés a los ordinarios de la comunidad misma (político-administrativos, civiles, educativos, económicos, comerciales, financieros). Nuestras metas son de tal manera altruistas, que bien vale la pena tomar todas las medidas conducentes a garantizar el éxito del proceso iniciado, sin menoscabo, naturalmente, de los derechos fundamentales de quienes viven y transitan la región por razones de su común acontecer, tal como lo ordena nuestra Constitución. Es por esto que de la manera más patriótica hemos invitado a quienes se solidarizan con nuestro empeño, a que se abstengan de concurrir a los cinco municipios si su propósito en desplazarse a ellos no está relacionado directamente con el normal y diario desenvolvimiento de los quehaceres de la vida municipal y sus habitantes. Atentamente, Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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CARTA ABIERTA AL DOCTOR VÍCTOR G. RICARDO, FIRMADA POR EL JEFE DE LAS FARC-Ep, MANUEL MARULANDA VÉLEZ

Montañas

de Colombia,

20 de octubre 1998

Señor

Víctor G. Ricardo

La presente tiene como finalidad saludarlo y desearle muchos éxitos en la política de paz expuesta por el señor Presidente de la República en distintos escenarios nacionales e internacionales y a la vez aprovecho para comunicarle lo siguiente: Con el señor Rojas acordamos 2 fechas tentativas para encontrarnos, el día 20, y si ello no era posible el 25 del corriente mes y finalmente para el 4 de noviembre para conocer de los tres poderes los resultados sobre las gestiones con respecto al canje de soldados por guerrilleros y también para hacerle llegar al señor Presidente la lista final de guerrilleros presos. Por los medios de comunicación escuchamos el pronunciamiento oficial desautorizando a los 3 senadores: Arnylkar Acosta, Jaime Dussán y Piedad Córdoba, por habernos visitado en uno de los campamentos, armándose una gran tempestad en un vaso de agua. Nos queda la impresión que en nada está cambiando la concepción al gobierno anterior, cuando se prohíbe hablar con la insurgencia y se descalifican personas que desean conocer opiniones del movimiento guerrillero sin comprometer la política oficial de los tres poderes. Sin escuchar sus argumentos, antes de cualquier pronunciamiento oficial. Es cierto que los diálogos están centralizados en cabeza del Gobierno Nacional pero con todo ello tampoco es cierto que nadie pueda hablar con

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nosotros si tenemos en cuenta que son muchas las personas que nos visitan todos los días en medio de cualquier circunstancia política o militar. Tenemos conocimiento. que los altos mandos militares han creado comandos especializados para sabotear la instalación de los diálogos, atentando contra el Presidente o mi persona, para lo cual han difundido la especie de la existencia de paramilitares en San Vicente, por tal motivo no es segura mi presencia durante el acto. Si para usted no. le es incómodo le sugiero cerciorarse sario suyo para que verifique cómo la tropa procede cuando los vehículos que viajan de San Vicente para otras regiones utilizando capuchas. Yo me pregunto, ridad cualquiera sea tiene que utilizar capucha?

a través de un emia requisar de vez en los llanos del Yarí y zserá que una auto-

Finalmente cuando nos entrevistamos con usted el tema central fue lo relacionado con el canje, mas sin embargo por los medios de comunicación aparecieron temas importantes menos lo del canje. No siendo otro el motivo de la presente me despido de usted.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez

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(Firmado)


CARTA ENVIADA POR EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO A MANUEL MARULANDA, JEFE DE LAS FARC

Santa Fe de Bogotá, D.C., 31 de octubre de 1998

Señor Manuel Marulanda V élez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep Montañas de Colombia

En respuesta a su carta de fecha 20 de octubre y la cual he conocido en el día de hoy, quiero señalar los hechos de paz producidos como resultado del manejo discreto de los mecanismos acordados, para nuestras comunicaciones; discreción fundamental para disipar riesgos imputables a la improvisación o a un indebido protagonismo.

Estos hechos de paz se refieren a: 1. La creación de un espacio denominado zona de distensión en el cual no haya confrontación armada y así permitir el diálogo, con la participación de los representantes de las Farc-Ep y de los representantes del Estado colombiano en la búsqueda de viabilizar la construcción colectiva de un Estado que articule las nociones del derecho y la justicia y de esta manera materializar a través de la negociación un proyecto nacional satisfactorio para los anhelos democráticos del pueblo colombiano. 2. Al establecimiento de escenarios dentro de los cuales, con la participación de miembros representativos de los poderes públicos, los partidos políticos a través de integrantes del Congreso de la República y designados

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por las mesas directivas de esa corporación y con la asesoría de los organismos de investigación y control del Estado, se produzca en el marco del Estado de Derecho una respuesta a la propuesta de canje presentada por las Farc-Ep. Estoy seguro que al escribir ustedes la carta que estoy respondiendo, seguramente no habían recibido la comunicación que el Alto Comisionado para la Paz les dirigió en días pasados sobre el tema del canje. 3. Al desarrollo de una propuesta, que con la participación de los alcaldes de los municipios de Vista Hermosa, La Uribe, Macarena, Mesetas y San Vicente del Caguán, aseguren la paz y tranquilidad ciudadanas en las áreas de distensión. \

4. De la misma manera, estamos atentos mientras se verifica el despeje a la identificación de estrategias que permitan sortear los riesgos que puedan atentar contra el normal desarrollo del proceso de paz. Proceso que nos compromete con la esperanza de una felicidad posible en el territorio colombiano. Es importante señalar igualmente el compromiso de las Fuerzas Armadas de Colombia con el proceso de paz, compromiso reafirmado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de cada una de las fuerzas y el Director General de la Policía, cuya decisión y conducta son inobjetables. Quisiera resaltar la voluntad del señor Presidente de la República, para sortear los riesgos y participar en la apertura de los diálogos con la convicción de que se está dando inicio a un proceso histórico que le permitirá a Colombia consolidar plenamente un Estado de Derecho y justicia, democrático en lo político, sostenible y competitivo en lo económico y equitativo en lo social. Los riesgos que asumió el señor Presidente al entrevistarse con el Secretariado de las FARC-EPen el mes de julio pasado fueron mucho más altos

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que los que deberían presentarse en una zona de distensión; las amenazas contra el señor Presidente, contra usted y contra el Alto Comisionado para la Paz, que tuvimos oportunidad de comentar en nuestra última entrevista, no deberán ser motivo de obstáculos para la paz de los colombianos. Por otra parte, creo que es importante señalar que el Gobierno ha sido estricto en el cumplimiento de su palabra empeñada y por este motivo no ha querido permitir el conducto acordado para los encuentrosentre los representantes del Gobierno y los representantes de las Farc-Ep. Es por este motivo que ha dejado de acudir a entrevistas planteadas por distintos frentes, asegurando así la transparencia que siempre debe existir en nuestros diálogos y la unidad que para el efecto es indispensable. Finalmente, quisiera señalar el beneficio de un manejo discreto, responsable y serio, que hasta el momento ha distinguido nuestra comunicación; ello ha permitido cumplir con la función asignada en la perspectiva de una reconstrucción de lo público que desarrolle los compromisos éticos en procura del bien común. Lo anterior no significa un protagonismo exclusivo indeseable en cualquier caso. Se trata de obtener el mejor resultado en el cumplimiento de la responsabilidad histórica que el momento nos depara.

Atentamente,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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CARTA ENVIADA AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, POR MANUEL MARULANDA VÉLEZ EN RELACIÓN CON EL CANJE DE DETENIDOS

Montañas

del Caquetá, 12 de noviembre de 1998

Señor

Víctor G. Ricardo Alto Comisionado

para la Paz.

Lo saludo cordialmente y a la vez aprovecho la estadía del señor Rojas por estos lados para hacerle llegar la presente carta. 1. Acuso recibo de su carta fechada el 20 de octubre en Santa Fe de Bogotá relacionada con la propuesta de las Farc a los tres poderes para lograr la liberación de soldados por guerrilleros a través del canje. Usted en su carta en el párrafo 4° textualmente dice: "en anterior misiva usted planteó la necesidad de la concurrencia de las ramas que integran el poder público en el tema; en su momento y cuando el Gobierno tenga la información solicitada a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Justicia, convocaremos a los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Paz del Senado de la República y Cámara de Representantes, y de los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para el análisis y estudio del tema y proceder a convocar una reunión con los voceros que para el efecto designen las Farc-Ep''. 2. Para tal fin le hago saber que el responsable directo pare. adelantar dichas gestiones con los tres poderes es mi persona, para evitar la prolongación de la libertad de unos y otros. Con base en lo anterior sugerí ver-

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balmente por medio del señor Rojas la fecha del 23 de noviembre para vernos con los designados de los tres poderes en Caquetania, Caquetá, para ello estoy listo y dispongo del tiempo necesario, ya que no es posible ir, donde los poderes lo exijan, por circunstancias ajenas a mi voluntad. 3. Aspiro para la fecha indicada, los tres poderes hayan confirmado la existencia total de guerrilleros presentada al señor Presidente, en prisión en las diferentes cárceles del país para que entremos en materia independientemente por lo que los tengan sindicados. No siendo otro el motivo de la presente me despido de usted.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez

(Firmado)

NOTA: El día que nos entrevistamos con usted y los alcaldes en la tarde

nos llegó la información que el día anterior habían levantado la tropa de Girasoles.

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, A MANUEL MARULANDA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-Ep

Atendiendo el planteamiento que había realizado en días pasados concordancia con sus consideraciones, la oficina a mi cargo invitó portantes representantes de los Poderes Legislativo y Jurisdiccional avanzar en el análisis del tema del canje planteado por usted al presidente del Congreso y el cual él trasladó al Señor Presidente de la blica.

y en a impara señor Repú-

Los señores presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han declinado la invitación al conversatorio con las Farc-Ep con argumentos que el Gobierno Nacional respeta y acata, como es su deber. Debo comentarle, adicionalmente, que las salas plenas de las Cortes y el Consejo de Estado han reiterado su apoyo a la política de paz liderada por el señor Presidente Pastrana y el proceso con las Farc-Ep. El Consejo Superior de la Judicatura, una de las cabezas del Poder Jurisdiccional, estudiará el próximo lunes en Sala Plena su posición al respecto y los representantes del Legislativo han considerado conveniente acompañar al Ejecutivo en las conversaciones con usted.

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Así las cosas, deseo sugerirle que la reunión se efectúe el día 27 de noviembre en el mismo lugar por usted planteado. Esto por las ineludibles interconsultas de los órganos colectivos. Con relación a su afirmación de que en el sitio Girasoles ya no hay miembros de la Fuerza Pública, me complace saber que es un testimonio más de que continúan dándose las condiciones necesarias para iniciar formalmente los diálogos del proceso de paz. Quedo a la espera de sus comentarios. Atentamente,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado

c.c. Dr.

para la Paz.

Gustavo Cuello Iriarte. Presidente Consejo Superior de la Judicatura

Dr. Juan Manuel Ospina. Presidente Comisión de Paz Senado de la República Dr. Roberto Camacho Presidente Comisión de Paz Cámara de Representantes

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO A MANUEL MARULANDA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 1998

Señor

Manuel Marulanda Vélez Secretariado de las Farc-Ep

He venido recorriendo el área de distensión dispuesta por el señor Presidente de la República para facilitar un espacio de confianza que permita llevar a cabo los diálogos que conduzcan a viabilizar una negociación política al conflicto armado. Lo primero que debo señalar ante distintas versiones que existen, es que dicho período es por noventa días que se iniciaron el 7 de noviembre pasado y que va hasta elZ de febrero de 1999, todo ello de acuerdo con el diálogo sostenido en la entrevista que usted realizó con el hoy Presidente de la República y con el Alto Comisionado. Tal como lo dispusimos en esa ocasión, el período en mención se utilizaría para verificar por parte del Gobierno y la guerrilla, las condiciones propias de la zona de distensión y para en consecuencia, iniciar el diálogo propuesto. Del recorrido de la zona hemos podido comprobar que ya están dadas las condiciones. Como sabe, el señor Presidente decidió establecer las instalaciones del Batallón Cazadores como sede del Gobierno Nacional y por tanto, lugar de despacho y alojamiento de los distintos funcionarios del

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Estado, incluido el señor Presidente. Es por esta razón y por el cuidado que exigen los equipos e instalaciones que también el señor Presidente decidió que permaneciera personal administrativo y logístico en dicho lugar. Sería conveniente delegar en la Comisión de Acompañamiento la constatación del funcionamiento de lo aquí afirmado y someternos a su concepto y veredicto. Preocupa haber constatado que en los cascos urbanos de los municipios de Vista Hermosa, La Uribe, Macarena y Mesetas, se encontró personal de la guerrilla armado y uniformado que desvirtúa totalmente el despeje acordado; no se trata de reemplazar la presencia de militares por personas vinculadas a la guerrilla. Se trata de poner en operación una policía cívica adulta que garantice la seguridad ciudadana, como en efecto ya está funcionando, y que la guerrilla continúe ubicada en los sitios donde han venido actuando, pues de lo contrario no existiría garantía para las dos partes. Por último, la convocatoria que ustedes han venido haciendo a estudiantes, comerciantes, banqueros, ganaderos y otras fuerzas vivas de la región ha sido llevada a cabo de manera unilateral sin que sea producto de nuestros diálogos. Entiendo con claridad que con estas reuniones han dado muestras de confianza a los asistentes pero no se trata de relevar la acción del Estado colombiano. En la seguridad de que estas reflexiones servirán para el desarrollo de un proceso claro y transparente, quedo a la espera de sus comentarios y con la plena disposición a implementar las acciones conjuntas que se requieran destinadas a hacer de la zona de distensión el espacio de construcción de la confianza necesaria para iniciar los diálogos.

Atentamente,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado

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para la Paz.

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CARTA ABIERTA AL DOCTOR ANDRÉS PASTRANA ARANGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Montañas

del Caquetá, 3 de diciembre de 1998

Señor Presidente: Hemos considerado necesario hacer algunas precisiones, que permitan a la opinión pública juzgar con certeza la verdadera voluntad de paz, tanto del gobierno que usted preside, como de las FARC-EP;ya que ambas partes comienzan a reverdecer la desconfianza, cultivada por 34 años de confrontación armada entre el Estado colombiano y nuestra organización. Usted debe recordar al igual que la opinión pública, que en varios documentos nuestros de carácter público: "Saludo de Manuel Marulanda Vélez ", leído por el comandante Fabián Ramírez en la ceremonia de entrega de los 70 soldados prisioneros de guerra, en Cartagena del Chairá, el 16 dejunio de 1997; en el documento central, leído por Joaquín Gómez, en el mismo acto; en la Declaración Política del Pleno del Estado Mayor Central de las Farc-Ep 'Abriendo Caminos hacia la Nueva Colombia", de noviembre de 1997, donde de manera reiterativa siempre dijimos lo mismo: que conversaríamos con cualquiera de los candidatos que saliera electo a la Presidencia de la República, en las pasadas elecciones, siempre y cuando se comprometiera a cumplir nuestras dos exigencias fundamentales, el despeje militar de 5 municipios: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá); y el desmonte del paramilitarismo. La propuesta gubernamental de los gobiernos anteriores: Gaviria, Samper y ahora el suyo, fue de conversar en medio de la guerra. Nosotros cons-

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cientes de que es imposible conversar bajo el ruido de los aviones de combate y el estruendo de las bombas, pedíamos el despeje de los municipios ya mencionados, y que la confrontación armada continuara, de acuerdo con el deseo expreso del Gobierno, en el resto del territorio nacional. Durante la pasada campaña electoral los candidatos más opcionados: usted y el doctor Serpa, por igual se comprometieron con sus electores, prometiéndoles, que si eran elegidos presidente de Colombia, despejarían los 5 municipios propuestos por nosotros. Usted aún fue más lejos que el doctor Serpa, dijo, que si era elegido, antes de posesionarse iría a encontrarse con el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc, en cabeza de su máximo jefe Manuel Marulanda Vélez; como en efecto lo hizo. En esa reunión usted ratificó una vez más la firme decisión que lo animaba, de despejar los cinco municipios y desmontar el paramilitarismo como política contrainsurgente del Estado. Con gran satisfacción el pueblo colombiano y la comunidad internacional presenciaron cómo su administración comenzó a materializar, en materia de paz, lo prometido: despejar los municipios. Ordenó el despeje de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena; menos San Vicente del Caguán, con el frágil argumento de que ... el Señor Presidente decidió establecer las instalaciones del Batallón Cazadores como sede del gobierno nacional y por tanto, lugar de despacho y alojamiento de los distintos funcionarios del Estado, incluido el Señor Presidente. Es por esta razón y por el cuidado que exigen los equipos e instalaciones que también el Señor Presidente decidió que permaneciera personal administrativo y logístico en dicho lugar ... (carta enviada a Manuel Marulanda Vélez por el Alto Comisionado para la Paz, fechada noviembre 23 de 1998). El despeje total de San Vicente del Caguán ha sido condicionado por usted a una serie de exigencias, tales como: el cese unilateral del fuego por nuestra parte, o la liberación de los prisioneros de guerra; plantea también que la verificación al Batallón Cazadores deberá hacerla la Comisión de Acompañamiento; expresa su preocupación por la presencia en los cascos urbanos de los municipios Vista Hermosa, Macarena y Mesetas, de personal

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de la guerrilla armado y uniformado. Tampoco oculta su desacuerdo por la convocatoria que hemos venido haciendo a la sociedad civil (de la que nosotros también hacemos parte), como estudiantes, comerciantes, banqueros, ganaderos y otras fuentes vivas de la región, arguyendo que esta determinación ha sido tomada por nosotros de manera unilateral. En la misma carta de Víctor G. Ricardo a Manuel Marulanda Vélez señala, para poner fin a distintas versiones, que el despeje es por 90 días, iniciándose el 7 de noviembre pasado y culminará el 7 de febrero de 1999. Es desconcertante la manera como usted, de manera unipersonal caprichosa ha comenzado a cambiar "las reglas del juego" como suele decirse comúnmente: 1. Usted se comprometió al despeje total de los cinco municipios y a desmontar el paramilitarismo como política de Estado, sin ningún tipo de condicionamiento. El pueblo colombiano incluido los 6 millones de electores que lo eligieron a usted, es testigo de ello. 2. Aceptó que la verificación deberá hacerla la misma guerrilla, por ser esta una tarea indelegable de la misma. Ahora sugiere que la Comisión de Acompañamiento sea la que verifique. Aprovechamos la ocasión para reafirmar una vez más ante el país, que la verificación válida para nosotros, es la que hagamos nosotros mismos. En la reunión del 10 de noviembre pasado, donde asistieron los alcaldes de los cinco municipios, el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, María Inés Restrepo, directora del Plante, y nuestra comandancia, solamente se trató lo concerniente a la policía cívica, distintivos, uniformes, salarios y funciones de la misma. En ese encuentro se le comunicó a Víctor G. Ricardo, que en San Vicente sería la instalación de la mesa de diálogos, pero que las conversaciones se rotarían por igual en los restantes municipios despejados. En la reunión de Caquetania, realizada el 27 de noviembre del mes pasado, donde asistieron el procurador general de la Nación, Víctor G. Ricar-

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do, cinco congresistas y la comandancia nuestra, únicamente se trató lo relacionado al canje de prisioneros. Donde a pesar de no haberse llegado a ningún acuerdo, se observó buen ambiente y disponibilidad entre los representantes del Establecimiento, para encontrarle una salida viable, según ellos, al impasse jurídico. Finalmente usted no nos puede exigir nada, porque todavía no nos hemos sentado a la mesa, para el común acuerdo, establecer los mecanismos que regirán las conversaciones. En otras palabras, hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo entre las partes, salvo que usted ordenaría el despeje y en la mesa trataríamos todo lo demás. Es más, el país ni siquiera conoce a los voceros de su Gobierno para las negociaciones, a menos que usted piense hacerlo personalmente. Señor Presidente, si los colombianos no encontramos por fin en esta oportunidad histórica el camino de la reconciliación, la responsabilidad de tamaña frustración será solamente suya. Y así lo registrará la historia, para que tanto las generaciones presentes como las futuras lo juzguen. Las Farc seguirán de manera infatigable luchando hasta lograr la reconciliación y reconstrucción nacional, con soberanía, para afianzar los cimientos de una paz duradera con justicia social, condición indispensable para alcanzar el progreso y el bienestar de la familia colombiana.

Voceros de las Farc:

Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Rarnírez. (Firmado)

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO

Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 1998

"Hay una gran noticia para el país y para el mundo: el 7 de enero próximo el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda instalarán las mesa de diálogo con las Farc'', dijo emocionado Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, al hacer ayer, a las 2:45 de la tarde, el trascendental anuncio en San Vicente del Caguán sobre el primer encuentro, formal y público en territorio colombiano, de un mandatario con un jefe guerrillero alzado en armas. Luego de la reunión de cuatro horas con la cúpula de las Farc en la hacienda Caquetania, en los límites entre Caquetá y Meta, Ricardo concretó la apertura de un nuevo proceso de paz con la guerrilla más grande del país. La primera fase de las conversaciones buscará "fijar agenda, sitios, fechas y demás aspectos y mecanismos que se emplearán para poder llevar a cabo el diálogo de fondo en el que se buscará una salida pacífica a un conflicto", dijo Ricardo.

Versión de prensa tomada del diario "El Espectador".

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COMUNICADO CONJUNTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP

La Machaca, 21 de diciembre de 1998

El día 21 del presente se reunieron en el Caserío de La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, y los voceros de las Farc-Ep. , Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, donde se concluyó: 1- La salida de los soldados del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán culminará a más tarde el próximo 27 de diciembre. 2- La verificación se hará por parte de las Farc-Ep. nismo discreto antes del 7 de enero de 1999.

r

a través de un meca-

3- Se acordó una nueva reunión para el 28 del presente para ultimar detalles respecto a la instalación de las mesas de diálogo el 7 de enero de 1999.

Firman por las Farc-Ep. , Joaquín Gómez, Fabián Ramírez. Por el Gobierno el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo

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PETICIÓN DE LA GUERRILLA DE LAS FARC-EP A LA FISCAL MARITZA CHAVARRO ANTURI San Vicente del Caguán, 25 de febrero de 1999 (Fuente: RCN, Panorama)

La Fiscalía local de San Vicente del Caguán será trasladada en las próximas horas a Florencia en la capital del Caquetá, ante la petición elevada por la guerrilla de las Farc. Según se conoció, la fiscal Maritza Chavarro recibió la petición de las Farc de abandonar San Vicente del Caguán, pues según la guerrilla no podía seguir despachando allí.

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COMUNICADO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO A LA OPINIÓN PÚBLICA Santa Fe de Bogotá, D.C., 26 de febrero de 1999

El Alto Comisionado para la Paz Informa: El Gobierno Nacional ha reiterado que el único propósito que tiene la decisión del señor Presidente de la República para establecer la Zona de Distensión en los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe, San Vicente del Caguán y la Macarena, es establecer un escenario que permita llevar a cabo el proceso de diálogo que conduzca a una negociación con las Farc para la resolución del conflicto armado. Esa Zona de Distensión, declarada con arreglo a lo establecido en la Ley 418 de 1997, supone exclusivamente el retiro temporal de los miembros de la Fuerza Pública de los referidos municipios, permaneciendo en ellos todas las demás autoridades e instituciones del Estado, así como la vigencia absoluta del ordenamiento jurídico del País. Las Farc son plenamente conscientes de que el único alcance de la medida que ha sido adoptada es el retiro de los miembros de Instituciones Armadas, por un tiempo limitado, y han asumido expresamente el compromiso de respetar el ejercicio de la autoridad del Estado en la Zona de Distensión. En este sentido, la salida obligada de la doctora Maritza Chavarro Anturi, Fiscal de San Vicente del Caguán, por imposición de las Farc, es un acto que no se puede admitir y el cual debe ser revisado de inmediato para que no se convierta en un obstáculo al proceso. Esta actitud es una conducta

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que no contribuye a los propósitos de la reconciliación nacional, menos aun cuando se dirige contra un funcionario encargado de la administración de justicia. Si la población considera que existe mala conducta o causa justificada para que un funcionario sea retirado o trasladado de su cargo, debe exponerlo así ante el Gobierno Nacional, para que éste lo transmita a la autoridad competente. El Gobierno Nacional rechaza este comportamiento, insta a las Farc para dar solución al problema presentado, y que en lo sucesivo se abstengan de este tipo de acciones, que no sólo no las entiende la opinión pública sino que lesionan los derechos de una persona en particular, como a todos los habitantes de la región. La Zona de Distensión no configura autoridad de las Farc y en ese territorio impera y deberá seguir imperando el Estado de Derecho y la autoridad del Estado, a través de las autoridades Civiles, Municipales, Departamentales y Nacionales.

(Firmado)

Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz.

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COMUNICADO DE PRENSA DEL GOBIERNO NACIONAL ANTE EL SECUESTRO Y ASESINATO DE LOS TRES CIUDADANOS NORTEAMERICANOS QUE CUMPLÍAN LABORES HUMANITARIAS Santa Fe de Bogotá, D.C., 5 de marzo de 1999

El Gobierno Nacional ha tenido conocimiento que en las últimas horas, en el sitio La Victoria, jurisdicción de Guasdualito, en la República de Venezuela, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres ciudadanos estadounidenses, pertenecientes a un grupo ambientalista, quienes días atrás habían sido secuestrados en territorio colombiano, por hombres armados al margen de la ley, al parecer pertenecientes a la subversión. El presidente Andrés Pastrana dialogó esta tarde con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, y acordaron adelantar con la estrecha colaboración de las autoridades de los dos países, las investigaciones que conduzcan al establecimiento de este crimen, que viola todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, y al castigo de sus autores. Los tres ciudadanos norteamericanos fueron identificados como Terense Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok. El Gobierno colombiano condena el secuestro y posterior asesinato de estos ciudadanos extranjeros, indefensos y quienes cumplían labores humanitarias a favor de las comunidades indígenas de la región. El Presidente de la República expresa su solidaridad para con el Gobierno de los Estados Unidos y hace llegar a los familiares de las víctimas su más sentida condolencia.

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COMUNICADO

DEL GOBIERNO A LAS FARC-EP

NACIONAL

Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de marzo de 1999

Por instrucciones del señor Presidente de la República, el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, se reunió con el señor Raúl Reyes, vocero de las FARCdurante los días seis y siete de marzo, con el fin de transmitir algunos puntos de vista gubernamental con relación al estado actual del proceso de paz que se adelanta con este movimiento. Al respecto el Alto Comisionado manifestó en concordancia con las instrucciones del señor Presidente al vocero de las FARClos siguientes aspectos: 1. El Gobierno reiteró la necesidad de respetar integralmente a las autoridades locales en la zona de distensión, tal como fue acordado. 2. El Gobierno manifestó su desacuerdo por la actitud asumida en contra de la presencia de la Fiscal en San Vicente del Caguán y la urgencia de su retorno. 3. El Gobierno expresó su preocupación por la presencia de miembros armados de las FARC-EP en el casco urbano de los municipios de la zona de distensión y reiteró la necesidad de cumplir los acuerdos que precedieron a la decisión gubernamental de habilitar dicha zona para llevar adelante los diálogos entre las partes, para lo cual fue establecida una Policía Cívica Especial. 4. El Gobierno enfatizó sobre la necesidad de avanzar objetiva y realmente en el respeto integral a los Derechos Humanos con el fin de excluir a la población civil del conflicto armado.

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5. El Gobierno solicitó el pleno esclarecimiento de los hechos vinculados al brutal asesinato de Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok, acto que el Gobierno rechaza enfáticamente. Así mismo transmitió que sobre estos puntos es necesario hacer una evaluación a más tardar el próximo siete de abril. El Gobierno Nacional reitera una vez más su propósito de encontrar una solución política al conflicto interno, en el marco del respeto a la Constitución y la Ley,y confía también en que la insurgencia exprese de manera clara su real voluntad de paz continuando con la mesa de diálogo que conduzca a la negociación política de la agenda que se defina de acuerdo con la ya presentada por las partes y de esta manera construir las bases que sirvan para poner fin al conflicto armado.

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BALANCE SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN EL PROCESO DE DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP

Caquetania, 2 de mayo de 1999

1. De acuerdo con lo convenido el día 9 dejulio de 1998, en el día de hoy nos hemos reunido con el propósito de hacer un balance sobre el trabajo realizado hasta ahora en el proceso de diálogo iniciado entre el Gobierno y las FARC-EI~ 2. Después de un análisis abierto, cordial y sincero encontramos avances concretos y significativos en el complejo camino de la construcción de la reconciliación entre todos los colombianos. 3. Somos conscientes que la obtención de la paz es un proceso que demanda esfuerzos, análisis, comprensión y compromisos con el propósito de ponernos de acuerdo en las transformaciones económicas, políticas y sociales, que permitan la construcción de un Estado fundamentado en la justicia social, donde quepamos todos y lo respetemos todos. 4. Luego de evaluar el serio y responsable trabajo que los voceros han venido realizando, encontramos que falta ya poco para llegar al acuerdo total para una agenda común. En virtud a que el próximo 5 de mayo culmina el plazo establecido por el Gobierno Nacional para los diálogos, y que se reafirma una vez más la voluntad política indeclinable de las partes en el propósito de encontrar una solución política en el conflicto, acordamos: establecer a partir del próximo 6 de mayo la iniciación del período de negociación y diálogo en los puntos de la agenda común ya acordados.

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5. Las cuales se darán a conocer por medio de los voceros sin perjuicio de los avances a que lleguen los voceros antes de esa fecha, entre las partes se han comprometido a dar el desarrollo al acuerdo suscrito el pasado 28 de abril los derechos de las distintas fuerzas políticas del país, las directivas del Congreso de la República, las FARC-EPy el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz. 6. Queremos llamar la atención del pueblo colombiano y a la Comunidad Internacional en que la obtención de la paz, es el producto del compromiso de todos los colombianos y requiere del tiempo necesario para sentar las bases sólidas de una paz verdadera y duradera. 7. En este propósito conformaremos de común acuerdo, una comisión internacional de acompañamiento que permita servir de verificadores para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar.

Andrés Pastrana Arango Manuel Marulanda Firmado en Caquetania

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el día 2 de mayo de 1999

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CARTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A MANUEL MARULANDA VÉLEZ ACERCA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REGLAS DE JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

San Vicente del Caguán, 7 de mayo de 1999

Señor Comandante MANUEL MARULANDA VELEZ FARC-EP

En primer lugar deseo enviarle un saludo extensivo a todos los integrantes de la organización. De acuerdo con el diálogo que Usted sostuvo con el Señor Presidente y cumpliendo instrucciones de él, pongo a su consideración la propuesta de ACUERDO SOBRE REGLAS DEL JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN, que con carácter urgente, se necesita realizar para poder el Gobierno Nacional, expedir el Decreto, prorrogando la vigencia de la zona de distensión, por la obligación que la Constitución y la Ley le imponen al Presidente de la República. Solicito atentamente, su pronta respuesta por la necesidad que seguramente Ud. entenderá. Reciba un saludo y mis votos por su salud y bienestar. Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz

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PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REGLAS DEL JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

El Gobierno FARC-EP.

y las Fuerzas

Armadas

Revolucionarias

de Colombia

Teniendo en cuenta que: a. La zona de distensión debe constituir un escenario de convivencia pacífica donde la vida cotidiana transcurra en absoluta tranquilidad;

b. Se hace necesario que los habitantes de los municipios que se encuentran en la zona de distensión, tengan absoluta garantía en el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, los cuales no se pueden ver limitados ni vulnerados por el desarrollo de las negociaciones de paz;

c. Es necesario trabajar conjuntamente por el desarrollo y fortalecimiento de una verdadera cultura para la paz. ACUERDAN: 1. Asegurar el respeto absoluto de los habitantes de la zona de distensión que el Gobierno declare, con el propósito de llevarse a cabo los diálogos de la negociación que acordaron los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EI~los cuales se dieron a conocer en el documento: AGENDA COMÚN PARAEL CAMBIO HACIA UNA NUEVA COLOMBIA.

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2. Reafirmar la autoridad de los alcaldes y de los concejos municipales, como las máximas autoridades civiles de los municipios de la zona de distensión. 3. Losjueces ejercerán sus funciones normalmente, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura; de igual manera, los fiscales, los registradores y los notarios. Además, se respetará la labor de los Conciliadores en Equidad que se establezcan en cada municipio. 4. El Gobierno fortalecerá a los Cuerpos de Policía y Convivencia Ciudadana, quienes actuarán bajo la exclusiva autoridad del Alcalde Municipal correspondiente. 5. La única autoridad uniformada en los cascos urbanos serán los miembros de los Cuerpos de Policía y Convivencia Ciudadana, debidamente autorizados. 6. Nadie portará armas de fuego en los cascos urbanos a excepción hecha de las personas autorizadas. 7. Para seguridad de la población, se permitirá que aviones comerciales o de organismos humanitarios debidamente identificados, sin armas, efectúen los viajes comerciales y especiales, debidamente autorizados por el Alto Comisionado para la Paz. La Aeronáutica Civil, mantendrá el control de los vuelos autorizados y del cumplimiento de las normas aeroportuarias. 8. Se dispondrán las acciones necesarias para generar oportunidades de estudio y esparcimiento para todos los niños. No habrá reclutamiento obligatorio en la zona. 9. La no instalación de minas antipersonales y la colaboración para el señalamiento y destrucción de las existentes. 10. Propender por la sustitución de cultivos ilícito s y por la protección y conservación del medio ambiente.

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11.

No permitir actividades relacionadas con el narcotráfico.

12.

Las quejas de la ciudadanía relacionadas con la aplicación del presen te Acuerdo, se tramitarán a través de la Comisión Internacional, que conformen de común acuerdo el Gobierno Nacional y las FARCEP,según lo acordado por el señor Presidente de la República en su en cuentro con el Jefe de las FARC-Ep'Manuel Marulanda Vélez.

13.

No se llevarán a cabo, desde la zona de distensión, ataques contra territorios que estén por fuera de la zona referida.

14.

No se dará entrenamiento militar ni se dotará de armas a los habi tan te s de la zona de distensión.

15.

No se introducirán en la zona de distensión, más armas de la que actualmente se encuentran.

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MESA DE DIÁLOGO GOBIERNO Y FARC-EP



DISCURSO DEL PRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA ARANGO, EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LAS FARC-EP San Vicente del Caguán,

7 de enero de 1999

Colombianos: Hoy venimos a cumplir una cita con la historia. Hemos demorado casi medio siglo en hacerla realidad. Sabemos que los ojos de todos, de cada trabajador, de cada empresario, de cada campesino, de cada madre de familia, de cada desplazado, de cada soldado, de cada insurgente, están pendientes de nosotros. Hemos venido a encontrarnos con un ayer de contrastes, de luces y de sombras, de logros y de fracasos, de sucesos que nos llenan de orgullo y de otros que nos abruman. Pero también a construir un destino común que tenga el rostro y la dimensión de nuestros sueños, de nuestros sacrificios y de nuestra generosidad. Confío en que la ilusión de paz de los colombianos será realidad y que esta oportunidad histórica iniciará, por siempre y para siempre, la travesía hacia la paz. Invoco al paciente Dios de los colombianos para que nos guíe con su sabiduría por la senda que hoy emprendemos. Vengo a San Vicente del Caguán, como Jefe de Estado, a cumplir mi palabra. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la Mesa de Diálogo para acordar una agenda de conversaciones que deben conducir a la paz.

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El Gobierno Nacional, bajo mi liderazgo, llega a la instalación de la Mesa de Diálogo con una agenda abierta, sin intención de vetar ni de imponer temas. Estamos dispuestos a discutir, a disentir, a proponer, a evaluar pero, sobre todo, a construir. Esa es la esencia misma de una democracia. En ella, las Fuerzas Armadas cumplen lealmente la noble tarea que la Constitución Nacional les ha señalado. Y debo destacar, con justicia, la voluntad manifiesta con la que han colaborado en este proceso en que estamos empeñados desde el momento mismo en que el pueblo colombiano me entregó el mandato para gobernarlo. Siempre han sido compañeros leales en el camino de la paz. Así como siempre han defendido con valor nuestras instituciones, sé que están comprometidas a trabajar en el logro de la paz. Sé para dónde vamos. Sé que la travesía será difícil. Sé que hay un camino dispendioso por delante. En él encontraremos sobresaltos y oportunidades. Los colombianos somos conscientes de que un conflicto de muchas décadas no se va a terminar en unos pocos meses. Pero yo estoy seguro de que, al culminar la ruta que nos hemos trazado, lograremos la reconciliación nacional. Como Presidente de todos los colombianos quiero una Nación próspera y optimista. Sin violencia, comprometida contra la corrupción, progresando contra la pobreza y con sus mejores esfuerzos dedicados al bienestar de mis compatriotas. En esta tarea de cambio se encuentra empeñado mi Gobierno. He liderado ese proceso con seguridad y dirección. Luchamos de manera infatigable contra la pobreza y contra la corrupción, buscamos crear las condiciones para dar empleo seguro y confiable, diseñamos un plan de desarrollo para construir la paz y fortalecemos la imagen de Colombia en el exterior. Mi querido amigo, el Presidente de Suráfrica y Premio Nelson Mandela, en sus Memorias dice que "al comienzo creer que el proceso se ha iniciado en serio, pero sin la paz Sólo es creíble una paz que supera las razones que generan

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Nobel de la Paz, la gente puede no todo está perdido. la violencia".


He reconocido el carácter político de su organización. Mi presencia en esta plaza, como Jefe de Estado de una sola Nación, es un esfuerzo sin precedentes para encontrar fórmulas y mecanismos que nos permitan hallar el rumbo de la convivencia pacífica. Vengo investido de la legitimidad que me otorgó la democracia con la más alta participación de nuestra historia republicana. Nos reúne aquí el respeto por la unidad de la Nación y la consolidación de sus instituciones. En fin, son la soberanía popular y la democracia, las que nos permiten realizar este encuentro e iniciar el viaje hacia el reencuentro de todos los colombianos. Como Jefe de Estado, estoy aquí expresando la voz de un país que quiere paz, que reclama paz, que busca justicia social y está dispuesto a darle curso a la política como ejercicio del bien común. Un país que reclama libertad con seguridad y pide se le garantice libertad con dignidad. Un país que exige detener la muerte y abrirse hacia las reformas que sean necesarias para merecer el futuro. Pero de la misma manera, con que vengo a reclamar el derecho a la paz, yo, como Jefe de Estado, estoy dispuesto a cumplir y a hacer cumplir los deberes que impone la reconciliación. Hay quienes no se dan cuenta de que el fortalecimiento de la paz no sólo exige dejar de matar sino tener la decisión de privilegiar la vida. Retornemos las palas y los azadones, los libros y los cuadernos, los martillos y los ladrillos para construir el país que todos queremos. Hay quienes no han visto que la "guerra de la paz" se gana en el empleo, en la vivienda, en la nutrición, en la salud, en la educación, en el respeto a la ecología, en la certeza de la supervivencia siempre abierta a la felicidad. Su Santidad Juan Pablo II lo ha dicho: "El derecho a la paz favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por las relaciones de colaboración con vistas al bien común. La situación actual prueba sobradamente el fracaso del recurso a la violencia como medio para resolver los problemas políticos y sociales".

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Sólo en paz crecerán la justicia social y las oportunidades para todos. El crecimiento de la convivencia pacífica hará posible la aplicación del Plan de Desarrollo "Cambio para construir la paz" en toda su capacidad y del "Plan Colombia" en todo su significado. Cada progreso de la paz será un avance de los recursos para cimentarla y apuntalarla; cada acuerdo dará lugar a proyectos de desarrollo y crearán las condiciones para que la solidaridad de los pueblos convierta en obras de bienestar las buenas intenciones de sus propósitos. Sólo la paz, entendida como derecho a la libertad y al desarrollo, ofrecerá la oportunidad de entregar a los campesinos posibilidades ciertas para la sustitución agrícola y la eliminación de los cultivos vinculados al tráfico de drogas. Con narcotráfico, no hay paz. No se deben sustituir las convicciones, por justificadas que sean, por el usufructo de intereses ilícitos. Tengo el optimismo de quien reconoce que, al lado del desangre sufrido por los colombianos, ha crecido una percepción y una sensibilidad especiales por los derechos humanos. Yo sé que "la paz florece" cuando se observan íntegramente estos derechos; yo sé que la paz sólo es posible si se tiene conciencia de la dignidad del ser humano; yo sé que cada persona debe ser respetada por sí misma; yo sé que la paz comienza en el derecho a la vida y que se le da su dimensión tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales. Mi Gobierno, así como la comunidad internacional, aspiran a que el proceso que hoy iniciamos nos permita humanizar el conflicto. En ese sentido, debemos propiciar el respeto pleno al derecho internacional humanitario para comportarnos como una Nación civilizada. Todo el que sueñe la Patria tiene derecho y obligación de participar en este esfuerzo que nos debe vincular a todos. Hay gente que está sólo de forma intelectual con la paz pero no quiere hacer sacrificios por ella. Es preciso entender que nuestra paz debe generar un modelo de nueva sociedad en donde "lo social sea la fuerza que anima la transformación del Estado". Cuando lo social sea el factor determinante de la organización de la comunidad, la justicia social se convertirá en la piedra angular de la soberanía.

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Queridos

amIgos:

Basta poner tanto esfuerzo e imaginación para la paz como se ha puesto ahora para la guerra. No podemos olvidar las víctimas de este conflicto. No quiero repetir la amarga experiencia que -como yo- han vivido y viven tantos colombianos. Nuestro sacrificio no puede pasar inadvertido. El dolor de las familias, el padecimiento de los secuestrados y la incertidumbre provocada por los desaparecidos pesan mucho en nuestros corazones. Por todos ellos y, sobre todo, por la memoria de las víctimas que ha dejado esta tragedia nacional, los invito a un momento de reflexión en homenaje respetuoso. No debemos olvidar que la diferencia entre la guerra y la paz es que "en la guerra los padres entierran a sus hijos y en la paz son los hijos los que entierran a sus padres". Es claro que los esfuerzos por la reconciliación deben conducir a que cesen la muerte y el secuestro. Un acto magnánimo como el señalado hará crecer la confianza entre los colombianos y permitirá recuperar la percepción positiva sobre las verdaderas intenciones de las fuerzas en conflicto. Agradezco en nombre de Colombia a la población y a los alcaldes de los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, que pertenecen a la zona de distensión, por la generosa hospitalidad con que han acogido a los innumerables visitantes que llegan por estos días a la región. El paso que damos hoy se ha ganado el respaldo de la comunidad internacional. Mi agradecimiento por su presencia en este acto, la cual entendemos como un testimonio de apoyo a la Diplomacia por la Paz que ha orientado nuestra acción internacional. Apreciamos la presencia, igualmente, de quienes están aquí como testigos de buena voluntad; ojalá fueran ellos los mejores embajadores nuestros en sus países para lograr frutos oportunos y dignos de cooperación internacional.

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Colombia no puede seguir dividida en tres países irreconciliables en donde un país mata, otro país muere y un tercer país, horrorizado, agacha la cabeza y cierra los ojos. Esa división debe terminar. Sólo juntos podemos sobrevivir. El futuro de un pueblo bueno, noble y generoso, que anhela cambiar el miedo por la esperanza, que sueña, a cada hora de cada día, con el sueño de la paz, depende de ustedes y de nosotros. No perdamos más tiempo. No más huérfanos llorando destrozados sobre los ataúdes de sus padres, no más niños empuñando armas. No frustremos otra generación de colombianos. Los hijos de ustedes y los hijos de nosotros tienen derecho a vivir en un país en paz. Tenemos el deber de entregárselos. La historia nos juzgará. Su veredicto será implacable. Nada ni nadie nos debe impedir el derecho que tenemos a construir un país en paz. Un país en donde la bandera patria se iza orgullosa. La bandera, herencia de nuestros libertadores y que nos rodea y acompaña en el día de hoy, nos hace temblar de emoción en recuerdo de lo mucho que ello simboliza. Una Patria unida con un destino común. Segura de sí misma. Una bandera que nos hace vibrar ante la gloria de Gabo y la maestría de Botero, la jugada prodigiosa del "Pibe" Valderrama o del "Chicho" Serna, la letra original y moderna de Shakira y los Aterciopelados, la ciencia de Patarroyo y Rodolfo Llinás, la sublime emoción de esta mañana llanera y el profundo orgullo de ser colombianos. Colombianos La hora

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de la paz ha llegado

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y nada podrá

detenerla.


PALABRAS DE MANUEL MARULANDA VÉLEZ, COMANDANTE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FARC-Ep' LEÍDAS POR JOAQUÍN GÓMEZ San Vicente del Caguán, 7 de enero de1999

Señor presidente Andrés Pastrana Arango; alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo; ministros; presidentes de las Cortes; Procurador General y Contralor de la Nación; representantes de la cultura, partidos políticos, gremios económicos; gobernadores; alcaldes; iglesias; diputados a las asambleas; concejos municipales; institutos descentralizados; representantes sindicales; delegaciones municipales y departamentales; medios de comunicación hablados y escritos; autoridades cívicas; Colombia entera e invitados internacionales: Reciban de las FARC-EPun cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo nuestros agradecimientos por honrarnos con su presencia en este trascendental acto público que hoy nos congrega aquí, en la plaza de San Vicente del Caguán. Por primera vez en 34 años de confrontación armada declarada por el Estado en 1964, a 48 hombres con la asesoría militar y ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos, quien le entregó 500 millones de pesos al Presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas "Repúblicas Independientes", que existían tan sólo en la mente del Parlamento, en cabeza del doctor Alvaro Gómez (que en paz descanse), quien promovió un fogoso debate en el Congreso contra éstas, para justificar la represión, mientras no lo hizo con la real República Independiente situada en Loma Linda (Meta), santuario norteamericano, donde permanecían un gran número de ciudadanos de este país, armados y sin ningún control estatal, a cuyo campamento no podían entrar ni los generales colombianos. Motivados por el doctor Gómez, el Congreso facultó al Presidente y a los altos mandos militares, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dicta-

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duras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento. Huyendo a la represión oficial, nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia, Tolima, donde el Estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral. Extendiendo esta medida a miles de compatriotas por no compartir con la política bipartidista del Frente Nacional. De paso les cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vías de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente, sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así lo "consagraba la Constitución". Los préstamos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hoy día instrumento de la política injerencista, aumentaron el descontento popular, y el abismo entre ricos y pobres sobrepasó los límites, sin solución a corto plazo. Mientras tanto aumentaba el presupuesto para la guerra y se creaban los primeros batallones de contraguerrilla, por mandato del Parlamento, reduciendo gracias a esta medida la inversión social, destinada a mejorar el bienestar de la población. Las manifestaciones, movimientos cívicos, paros laborales y estudiantiles, fueron ilegalizados y sus líderes detenidos; algunos de ellos fueron posteriormente asesinados por agentes de la inteligencia del Estado. La instalación de mesa de diálogos por 90 días, a partir del despeje militar, ha despertado gran expectativa en todo el país y el mundo, para buscarle una salida con justicia social y soberanía, al conflicto social y armado que está desangrando al país hace más de cuatro décadas. Las FARC en condición de movimiento revolucionario en lucha por los cambios, pondrá sobre la mesa la plataforma de los 10 puntos, para el estudio y análisis de los tres poderes, los partidos políticos, intelectuales, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes, clase obrera, campesinado, juntas comunales, desempleados, desplazados por la violencia, la insurgencia y otras organizaciones, para el debate fundamental sobre la solución política y la transformación radical de las viejas estructuras del Estado, por medio de una asamblea nacional constituyente, con la representación directa de los distintos estamentos de la sociedad co-

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lombiana, para que sea ella la que apruebe o desapruebe los acuerdos de Estado e insurgencia, para que la paz alcanzada sea duradera. Por ello los representantes de las FARC-EP están dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Las FARC informarán a la opinión pública acerca de los resultados de las deliberaciones Gobierno e Insurgencia, durante los tres meses. Somos optimistas del nuevo proceso que hoy comienza, donde analizaremos a profundidad la situación política, económica, social, cultural, ecológica y de soberanía, hasta encontrar las soluciones de fondo. Para que fructifique, sugerimos a las distintas organizaciones no gubernamentales acertar en la escogencia de sus representantes, a través de asambleas populares, para que hagan parte en la mesa de diálogo y así evitar los errores del pasado con anteriores gobiernos, que no permitieron la participación del pueblo y dejaron toda la responsabilidad a los tres poderes, para que analizaran y aprobaran las reformas solicitadas por las FARCen los acuerdos de La Uribe. Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización a quienes perdieron todo, en los departamentos del Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caldas. Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos aún para aclimatar la paz. En cambio, se enfrascaron en constantes debates partidistas a favor de sus intereses personales, dando tiempo de manera premeditada al desgaste político de las FARC, para someternos a la política oficial sin condiciones y por la fuerza, como lo intentaron sin resultado alguno. En diciembre de 1990 con el ataque a Casa Verde, mediante bombardeos, ametrallamientos y desembarcos, el señor César Gaviria liquida toda posibilidad de diálogos encaminados a buscar la paz. Con esta nueva agresión el ejército oficial se apodera de 300 mulas de carga, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida; destruye puentes de la comunidad; arrasa con las sementeras y quema casas, para demostrar el poderío del Estado a través de la Fuerza Pública. De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato, Caquetá; Guayabera, Meta; y Riochiquito, Cauca. Hoy la lucha contra el narcotráfico viene siendo otro caballito de batalla utilizado por algunos gobiernos, para ocultar sus verdaderos fines de acción contra la insurgencia, para impedir que se hagan los cambios que

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están reclamando las mayorías. Donde los gobernantes norteamericanos invierten grandes sumas de dinero haciendo víctima a la población civil por intermedio de la Fuerza Pública colombiana, con bombardeos, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas, acabando con pastos, sementeras y aves de corral, dejando una buena parte de la tierra estéril, en desmedro de miles de familias agobiadas por la pobreza y sin ninguna protección de parte de los poderes del Estado. Es necesario que los poderes elaboren planes de erradicación de los cultivos de coca y amapola, partiendo de que el problema de la siembra de cultivos ilícitos, por el campesinado colombiano, obedece a profundas raíces económico-sociales y por lo tanto, su tratamiento no puede ser represivo. Consideramos que es necesario para ambientar el proceso de paz que hoy se inicia, que nuestros adversarios terminen con el lenguaje calumnioso de narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narcobandoleros, etc., porque la confrontación no se gana con sandeces, sino haciendo un sociedad más justa, para terminar con las causas objetivas de la violencia. El ex presidente César Gaviria, en calidad de ministro del gobierno del presidente Virgilio Barco, confirmó en un debate en el Senado, la existencia de 150 grupos de paramilitares en el Magdalena Medio, Huila, Urabá, y otros departamentos, asesorados por los mandos militares y financiados por narcotraficantes, sin que el gobierno central tomara ningún tipo de correctivo. El paramilitarismo como modalidad del terrorismo de Estado, es financiado por un considerable número de ganaderos, latifundistas e industriales, y tiene como política exonerar al Ejército de la responsabilidad que a éste le compete, en la eliminación física de todos aquellos verdaderos opositores al establecimiento, a cuya cabeza figura Carlos Castaño. Estos señores por ser hijos legítimos del Estado y defensores del mismo, no pueden recibir tratamiento político, como lo pretenden algunos líderes políticos, haciendo creer a la opinión pública que el enfrentamiento es entre guerrilla y paramilitares, y no entre guerrilla y el Ejército oficial. Ellos, al igual que algunos altos mandos militares deberán responder por los crímenes de Estado cometidos contra la población civil, como el genocidio político contra la Unión Patriótica, al igual que por la muerte de comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos como el caso de

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los esposos EIsa Alvarado y Mario Calderón, Eduardo Umaña Luna, Jesús María Valle y el dirigente obrero Jorge Ortega. Estos grupos, como han sido creados por el Estado, tienen que ser sometidos por el mismo Estado a la justicia ordinaria, para satisfacer el clamor nacional e internacional, antes que la emprendan contra el mismo establecimiento, con cualquier pretexto, para conseguir estatus político. Hay que evitar que los crímenes cometidos por estos grupos queden impunes y que la violación de los derechos humanos sea aún mayor, hasta poner en grave riesgo los diálogos, por las continuas matanzas de inocentes, dejando más sie un millón de campesinos desplazados y sin tierra, de la que se han apropiado los paramilitares. En 1984, a los acuerdos de la Uribe, cada sector social le dio su propia interpretación de acuerdo con sus particulares intereses de clase. Durante el proceso adelantado con el gobierno del ex presidente Belisario Betancur, a pesar de existir un acuerdo de alto al fuego aprobado por ambas partes, las Fuerzas Armadas fueron reiterativas en su violación. El caso más sobresaliente fue el de Urabá, Antioquia, cuando el Ejército asesina a 25 guerrilleros. Cuando exigimos claridad, de por qué la Fuerza Pública violando acuerdos había hecho esa matanza, que no era cosa distinta que un directo saboteo al proceso de paz, la respuesta que fríamente dieron los representantes del Gobierno fue que la Constitución y las leyes facultaban al Ejército oficial para poner a buen recaudo, a quienes sin pertenecer a la autoridad legítimamente constituida, portaran armas privativas de las Fuerzas Armadas. Esto como es lógico causó disgusto entre los guerrilleros, y como respuesta solidaria atacaron una unidad militar en el Caquetá, entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, causando aproximadamente el mismo número de muertos y heridos. Enseguida el Gobierno Central y la clase política del país pusieron el grito en el cielo y condenaron el hecho por "atentar contra la paz". El primer suceso para ellos no tuvo mayor importancia porque las víctimas fueron guerrilleros y los victimario s una institución del Estado; pero el segundo sí, por ser una acción realizada por la guerrilla, contra el Ejército oficial. En este mismo proceso, la Brigada 20, en combinación con el general Maza Márquez nos desaparecieron varios guerrilleros, sin contar cuatro que fueron eliminados en pleno centro de Bogotá; más otra serie de provocaciones de orden militar a los dis-

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tintos frentes de las FARC, causándonos considerables muertos y daños de todo tipo. Es innegable que con esta concepción de Estado y el comportamiento de las Fuerzas Estatales durante los intentos de paz con gobiernos anteriores, se ha sembrado la desconfianza en nuestros combatientes, quienes han visto caer abatidos por balas oficiales, hasta los mismos reinsertados. Y esto se ha dado desde los mismos inicios de la lucha insurgente en Colombia. Durante los acuerdos de La Uribe los mandos militares elaboraron y ejecutaron un plan de infiltración al interior de nuestro movimiento, con agentes del Estado, para asesinar a comandantes, guerrilleros y auxiliador es nuestros, en las áreas de orden público; causándonos pérdidas tanto humanas como económicas. En este proceso con el ex presidente Betancur también murieron a manos de la Fuerza Pública, centenares de ciudadanos del barrio Siloé, en Cali. La violenta represión contra los trabajadores bananeros en Urabá, Antioquia; y posteriormente el asalto al Palacio de Justicia, donde un poder mató al otro, para vergüenza de la democracia del sistema. A pesar de la gravedad de todos estos hechos, la clase política, valiéndose de la manipulación de los medios de comunicación, ha querido sembrar de manera artificial amnesia parcial en la mente de los colombianos, para que olviden estos hechos, los que permanecerán latentes en la memoria histórica de nuestro pueblo. A cuatro meses de posesionado, el ex presidente Gaviria nos dio un ultimátum a través de Alvaro Vásquez, el senador Motta y Carlos Romero, para que nos desmovilizáramos y nos incorporáramos a la vida civil, a cambio de una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días después creó otra brigada móvil de contraguerrilla y nos atacó a mansalva y sobreseguro en los campamentos de Casa Verde, sede de los diálogos con los Gobiernos de Betancur y Barco, acabando totalmente con la posibilidad de continuar la política de paz. A pesar de ello nos reunimos en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala, México, para dialogar y buscar la manera de parar la confrontación bélica. Ello prueba la voluntad política de las FARC para buscar una salida política al conflicto. Cuando en 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el Presidente Kennedy diseñó un plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento

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de otras revoluciones en el continente. A estas medidas diseñadas por el Pentágono se les dio el nombre de Plan Lasso y es dentro de este marco cuando el presidente Guillermo León Valencia les declara la guerra a 48 campesinos de la región de Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez. Ante la inminencia de la agresión gubernamental, estos 48 hombres se dirigieron al propio Presidente, al Congreso, a gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, Iglesia, Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas, para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Infortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, la que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días comenzó el gigantesco operativo con 16 mil hombres del Ejército, utilizando toda clase de armas, inclusive bombas bacteriológicas, lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos. Y sólo ahora después de 34 años de permanente confrontación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos. El ex presidente Samper, al cabo de tres meses de no haber aceptado la propuesta nuestra de despejar La Uribe para dialogar, por imposición de los altos mandos, creó dos nuevas brigadas móviles de contraguerrilla y nos declaró la guerra total, y fueron 4 años de represión y violencia a cargo de la Fuerza Pública para defender privilegios de clase, de los monopolios nacionales y extranjeros, para lo cual utilizó leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la mordaza a la prensa y radio; extraditó compatriotas a los Estados Unidos; penalizó la protesta social; creó zonas especiales de orden público acompañadas de bloqueo económico y control del tránsito; convirtió el delito político en delito común, para dejar de por vida a los luchadores populares en las cárceles. Estas medidas agudizaron aún más la confrontación y profundizaron la crisis en los poderes y en los partidos tradicionales, hoy difícil de resolver. La superación de la misma,

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sólo podrá darse realizando profundos cambios en las estructuras del Estado, para cambiar la imagen de Colombia, hoy conocida en el exterior como violadora de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los distintos gobiernos durante tres décadas han manejado al país con métodos represivos, siempre aplicando el estado de sitio, hoy día llamado conmoción interior, pretextando cualquier circunstancia política, económica o social. Han declarado la guera al pueblo para someterlo a la política neoliberal y antidemocrática, impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario político. Cada día son más visibles las desigualdades sociales que obligan a las masas a movilizarse y protestar para alcanzar sus objetivos, recibiendo como respuesta del Estado la represión, como lo vimos recientemente con los empleados estatales. El presidente Pastrana, a sólo tres meses de posesionado, ha creado dos nuevos batallones de contraguerrilla móviles: uno asesorado y financiado por los Estados Unidos, para ubicarlo en Barranco Colorado, Guaviare, y mantener un anillo alrededor del secretariado, con el sambenito de combatir el narcotráfico. A esto se le agrega la reciente creación de la unidad de inteligencia militar, dotada con sofisticado s medios técnicos; más los cinco millones de dólares para reestructurar, para la guerra, la base aérea de Tres Esquinas del Orteguaza, en el Caquetá. Los desprevenidos ciudadanos se preguntan: zserá que con más batallones se eliminarán las causas objetivas del conflicto interno? Queremos paz, sin hambre, sin leyes represivas, sin mordaza a la prensa; con tierra, salud, vivienda, bienestar, empleo; crecimiento económico con desarrollo social; derecho a la vida y soberanía, para lo cual se requieren grandes inversiones del Estado, con el aporte económico de la comunidad internacional, sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de nuestro país.

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__________________________________________________________

r~

No siendo otro el motivo de la presente, me despido de ustedes haciendo un cordial y fraternal llamamiento a todos los colombianos a fortalecer la unidad, en torno a la plataforma de los diez puntos, base fundamental de la solución política, la reconciliación y la reconstrucción del país. Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez.

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DECLARACIÓN CONJUNTA Declaración del Gobierno Nacional y las Farc-Ep, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

En San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, reunidos el Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, varios de sus ministros del Despacho con miembros del Secretariado General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-, encabezadas por Manuel Marulanda Vélez, declaran: 1. Que hoy, en presencia de las autoridades regionales y diversas entidades cívicas y sociales del Caquetá, así como de miembros del cuerpo diplomatico acreditado en Colombia, otros voceros de organismos internacionales y numerosos invitados especiales, reiteran su firme voluntad de buscar caminos de reconciliación entre los colombianos. 2. Que en función de este propósito, con la participación de los representantes designados por el Gobierno Nacional y por las Farc, se dará instalación a la mesa de diálogo encargada de preparar una agenda y convenir un cronograma, acuerdos que conduzcan en el menor tiempo posible a concretar negociaciones formales de paz. 3. Que al iniciar este proceso, interpretan el querer del pueblo colombiano que ha sufrido los efectos de un largo y penoso conflicto armado y reclama la oportunidad de vivir en una sociedad donde se restablezca la justicia social como fundamento de la paz.

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San Vicente del Caguán,

7 de enero de 1999

Por el Gobierno Nacional: Víctor G. Ricardo Piñeros Por las Farc-Ep, los voceros: Raúl Reyes (Firmado) Joaquín Gómez (Firmado) Fabián Ramírez (Firmado)

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(Firmado)


DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LAS FARC-EP

San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

Con esfuerzo y voluntad en este histórico encuentro entre el Gobierno Nacional y las FARC,le abrimos finalmente una fisura a la dura laja de las mutuas prevenciones y desconfianzas creadas tras años de dolor, destrucción y muerte. Iniciamos el proceso de paz con optimismo y esperanza. Estamos contentos por ello, pero sabemos que el verdadero éxito lo podemos predicar el día que demos por declarado el fin a la confrontación nacional. Está a prueba la grandeza, la firmeza de nuestros propósitos y la reciedumbre de nuestro compromiso. Podemos hacer del peor, el mejor de los tiempos para Colombia. Es imperativo que el proceso que hoy hemos iniciado nos conduzca a probar que el destino de Colombia no puede ser la guerra como lo dijo Jacobo Arenas y lo traía a nuestro recuerdo Raúl Reyes. Hoy podemos confiar en nuestra capacidad de transformar la razón de las armas por las armas de la razón. Somos conscientes de que la patria no merece ni soporta que la muerte continúe de ronda por sus campos, arrasando por su paso la esperanza y arrebatándonos el futuro. Confío, fervorosamente, que hoy hemos dado inicio al fin de la violencia y que no seremos inferiores al reto que nos propone la patria. Como se dice en el lenguaje campesino, "quien dialoga no dispara".

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Estoy seguro de que el intercambio franco de las tesis y el análisis sobre nuestras coincidencias y diferencias nos irá indicando el camino de la reconciliación nacional. El Gobierno emprende el diálogo sin soberbia, sin prepotencia y sin terquedad, consciente de que el objetivo supremo de la paz es la más formidable tarea colectiva que se le haya puesto de frente a la nación. Hoy sabemos que no hay recetario de la verdad, ni fórmulas para la obtención de la felicidad.

mágicas

No hay abismos ideológicos que nos separen. En cambio, tenemos la perspectiva común y compartimos la convicción de que la justicia social es el fundamento de la paz. El proceso de paz debe permitir que nos pongamos de acuerdo sobre la forma de alcanzar ese propósito común. Probablemente, tenemos diferencias de percepción, ideas contrapuestas, pero si actuamos de buena fe, con transparencia y sobreponiendo los intereses de la nación a cualquier otra circunstancia, probaremos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Nuestro filósofo Estanislao Zuleta explicaba con una anécdota cómo no siempre las cosas se ven por todos de la misma manera. El decía: animales inofensivos el tigre, el león y la pantera; animales altamente peligrosos la gallina, el ganso y el pato. Eso enseña una mamá lombriz a sus hijitos. El diálogo, entonces, debe partir de esa sensatez que surge de la disposición a aceptar que en lo que se da por cierto puede haber una sombra o una duda. Por eso, en el Gobierno queremos un diálogo abierto, libre y dialéctico, constructivo en una sociedad mejor entre todos y para todos. Solo así se podrán identificar las diferencias y establecer las fórmulas que nos permitan resolverlas. Hay que evitar a toda costa la Torre de Babel. El verdadero diálogo es comunicación. Antes que hablar exige escuchar con el ánimo de analizar, reconocer y acoger sin cobardía los argumentos que resulten más convincentes y las soluciones que demuestren ser más

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razonables. Es con esa disposición que aspira y confía el Gobierno conversar con las FARC. Los invito a un diálogo franco en el que florezcan las diferencias pero en que no se tema estar de acuerdo, el diálogo no debe replicar la perversa lógica de la guerra en la que por coacción, la amenaza o la resonancia de la fuerza se requiere obtener la concesión. Conforme lo hemos convenido, estos primeros diálogos deben conducirnos ojalá muy pronto a definir la agenda definitiva de negociación y a establecer los mecanismos que nos permitan, en un clima de confianza reciente, llegar a los acuerdos. Confío en que no nos atascaremos en asuntos de procedimiento, pues creo que nos mueve a todos la urgencia de ofrecerles a los colombianos resultados concretos que expresen inequívocamente nuestra voluntad de avanzar hacia la parte siguiente del proceso. Las decisiones que adoptemos en este diálogo serán un buen termómetro de la capacidad de traducir en acción la buena intención de paz que nos acompaña. El país tiene puestos los ojos en este escenario y ha depositado su confianza y su esperanza en que de aquí saldrá el país en paz en el que todos soñamos. Está claro que el Gobierno quiere seguir avanzando con paso firme y que tiene el ánimo dispuesto para trabajar sin tregua por la paz. Hemos puesto todas nuestras energías y todos los recursos a favor de este proceso. Invito a las FARCa que apretemos el paso, alentados por la complacencia de este primer éxito. El señor Presidente Pastrana ha cumplido su palabra y aquí lo hemos tenido en el día de hoy, instalando la mesa de diálogo.

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Nos hubiera gustado como funcionarios y como colombianos ver también la presencia del líder máximo de las FARC, el comandante Manuel Marulanda Vélez, pero estamos aquí, están sus representantes autorizados, sus voceros, que al igual que los del Gobierno, firmemente comprometidos con el futuro y en el caso del Gobierno, representativos del Estado y la sociedad colombiana, trabajarán unidos por lo que es un objetivo y un derecho de todos los colombianos sin distingo de partidos, de razas o de clases sociales. Un país en el que la clase pobre no come, en que la clase media no vive, y en que la clase rica no duerme, necesita de la voluntad de todos los colombianos para construir conjuntamente el futuro. Hagamos de la paz la gran alianza contra el delito, la gran alianza contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la violación de los derechos humanos, contra la injusticia social y entendamos que la paz no se decreta, sino se construye. Los invito, pues, a construir la paz para todos los colombianos.

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ACTA No. 1 PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO

En la ciudad de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a los 7 días del mes de enero de 1999, se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa de Diálogo entre los voceros del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep. Sus miembros, después de haber sido instalados formalmente por el señor presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, y en virtud de que se llevarán a cabo durante ese día una serie de actos con motivo de la instalación, decidieron convocar a una nueva reunión para el día sábado 9 de enero a las 9:00 a.m. en la vereda La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. En constancia mesa.

se firma la presente acta por quienes hacen parte de la

(Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Víctor G. Ricardo Piñeros María ErnrnaMejía Vélez Fabio Valencia Cossio Nicanor Restrepo Santarnaría Rodolfo Espinosa Meola Por las Parc-Ep:

Raúl Reyes Joaquín Górnez Fabián Rarnírez

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COMUNICADO No. 1 Los voceros del Gobierno Nacional y las FARC-EP

ACUERDAN:

Los voceros del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el día 9 de enero de 1999, acuerdan: 1. Ratificarles a todos los colombianos nuestra indeclinable voluntad de contribuir a la construcción de un país con una paz sostenible, con equidad y justicia social, aclarando que estamos frente a un proceso largo y sensible, donde será necesario el aporte colectivo para lograr una nueva realidad, a través de profundos cambios sociales, económicos y políticos. 2. Establecer un mecanismo único de información a la opinión pública, sobre los avances de la mesa de diálogo, mediante la expedición de comunicados conjuntos y escritos que se revelarán después de cada sesión. 3. Solicitar a los medios de comunicación que en aras de mantener una objetiva información del avance del proceso de paz, se basen en los comunicados y se eviten interpretaciones que puedan afectar el desarrollo de la mesa de diálogo. 4. Convocar la próxima reunión de trabajo para el lunes 11 de enero de 1999, en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, a las 9 de la mañana.

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(Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez Nicanor Restrepo Santamaría Rodolfo Espinosa Meola Por las Farc-Ep:

Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez

La Machaca, San Vicente del Caguán, enero 9 de 1999.

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COMUNICADO No. 2 Los voceros del Gobierno Nacional y las FARC-EP

INFORMAN:

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-Ep' reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el día 11 de enero de 1999, informan: 1. Las partes formalizaron la presentación de las propuestas de agenda que serán objeto de análisis y discusión en las próximas reuniones, de manera que se decida la agenda definitiva que se incorporará a la fase de negociaciones. 2. Los voceros de las Farc-Ep entregaron su agenda contenida en el documento "Plataforma para un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional". 3. El Gobierno Nacional, a través de sus voceros, también presentó su propuesta de agenda, contenida en el documento, "Una política de paz para el cambio". 4. Los voceros acordaron anexar al presente comunicado cada uno de los documentos mencionados, de manera que estos sean conocidos por los colombianos. En esta fase del proceso se hace necesario que las partes involucradas en los diálogos comiencen el análisis temático de dichas agendas y realicen las consultas convenientes.

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5. En vista de lo señalado en el punto anterior, los voceros acuerdan dos próximas reuniones para los días 24 y 25 de enero en el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, con el fin de llegar a la elaboración de una agenda única. (Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez Nicanor Restrepo Santamaría Rodolfo Espinosa Meola Por las FARC-EP

Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez

La Machaca, San Vicente del Caguán, enero 11 de 1999.

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COMUNICADO No. 3 San Vicente del Caguán,

25 de enero de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional, de las FARC-EI~reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, acordaron: 1. Reafirmar la voluntad de las partes de continuar trabajando en una solución política al grave conflicto que vive el país, fundamentada en la construcción conjunta de un Estado regido por la equidad y la justicia social. 2. Reconocer la prioridad que debe darse en la construcción de la paz, a la solución del problema de carácter social y económico de los cultivos ilícitos, proporcionando alternativas reales para los campesinos, a través de una adecuada explotación de los recursos naturales y con programas productivos rentables para sus beneficiarios. Por medio del Plan de Desarrollo Alternativo, se adelantarán, con colaboración de las Farc-Ep, experiencias para la sustitución de dichos cultivos. 3. Trabajar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, basado en el potencial social y ambiental de la Nación y enmarcado dentro de un proceso participativo, que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio ambiente, como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras.

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(Firmado) Por el Gobierno:

Víctor G. Ricardo Rodolfo Espinosa Meola Nicanor Restrepo Santamaría Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez. Por las Farc- Ep

Raúl Reyes Joaquín Górnez Fabián Rarnírez.

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COMUNICADO No. 4 La Machaca, San Vicente del Caguán, 21 de abril de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-Ep'reunidos en la Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, los días 20 y 21 de abril de 1999, acuerdan e informan: 1. Reafirmar la común voluntad de continuar la búsqueda de soluciones políticas al grave conflicto que vive la Nación hacia la construcción de un país con una paz sostenible, con equidad y justicia social, aclarando que estamos ante un proceso largo y sensible, donde será (importante) indispensable el aporte colectivo, para lograr una nueva realidad, a través de profundos cambios sociales, económicos y políticos. 2. Se presentarán

los siguientes documentos

e informes:

a. El gobierno nacional un informe sobre la política de Estado contra el paramilitarismo. b. Los voceros de las FARC-EPuna segunda lista de personas comprometidas en la actividad paramilitar. 3. Los voceros se reunirán los días 24 y 25 de abril de 1999 para: a. Continuar explorando las condiciones y divergencias acerca de los documentos básicos presentados por cada una de las partes, conducentes a la elaboración de una agenda común de diálogo, que conduzcan a la búsqueda de un consenso nacional, para lo cual los

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voceros del gobierno hicieron entrega de un proyecto única. b. Analizar el informe sobre la política del Estado para militarismo que presentó el Gobierno Nacional.

de agenda

contra

c. Iniciar el análisis de un plan modelo de desarrollo alternativo lleve a la sustitución de cultivos ilícitos.

el

que

d. Trabajar en el diseño de la temática del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

(Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Fabio Valencia Cossio, María Ernrna Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santarnaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP:

Raúl Reyes, Joaquín Górnez y Fabían Rarnírez.

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COMUNICADO No. 5 La Machaca, San Vicente del Caguán, 25 de abril de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EPreunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, durante los días 24 y 25 de abril de 1999 informan a la opinión pública: 1. Que utilizando una metodología que fue aprobada al inicio de esta sesión se ha empezado el análisis a través de comisiones de los siguientes temas: a. Exploración de una agenda única para la negociación. b. Búsqueda de un procedimiento común para la discusión de los temas que se incluyan en la agenda única. c. Diseño de un plan experimental ilícitos.

para la sustitución

de cultivos

2. Que la primera comisión trabajó a partir de las coincidencias existentes en las agendas presentadas por el Gobierno Nacional y por las FARC-EP con el propósito de concluir en una agenda única para la negociación. 3. Que la segunda comisión trabajó sobre el diseño de un procedimiento eminentemente participativo y no excluyente que permita el aporte de todos los ciudadanos y que nos conduzcan al cambio hacia una nueva Colombia.

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4. Que la tercera comisión concentró sus esfuerzos en realizar un diagnóstico, escoger un área, precisar los entes participativos, determinar una metodología y aclarar los alcances de un plan experimental de sustitución de cultivos ilícitos. 5. Que todas las comisiones iniciaron los estudios correspondientes tendientes a hacer efectiva las labores encomendadas de manera que se propicien las condiciones necesarias para la etapa de negociación. 6. Que para continuar este análisis los voceros acuerdan reunirse en la zona de distensión los días 29 y 30 del mes en curso.

(Firmado) Por el Gobierno sus voceros: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Górnez y Fabián Ramírez.

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COMUNICADO No. 6 La Machaca, San Vicente del Caguán, 30 de abril de 1999

El siguiente es el texto del comunicado conjunto, suscrito hoy por los representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EI::luego de la sesión de trabajo de ayer y hoy en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-Ep'reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, durante los días 29 y 30 de abril de 1999, informan a la opinión pública: 1. Que la dinámica del proceso de paz ha permitido amplias conversaciones entre el Gobierno, las FARC-EP y algunos sectores que tienen representación en la vida nacional, tales como jefes de partidos y fuerzas políticas, miembros del Congreso de la República, el Procurador General de la Nación, gremios económicos, directores de medios de comunicación y académicos, entre otros, con la coordinación del Alto Comisionado para la Paz, proporcionando un espacio de diálogo y participación en la exploración de los grandes temas para la paz, con el objetivo de llevar a cabo intercambios para lograr un consenso alrededor del compromiso de todos los colombianos en la política de paz que conduzca a la reconciliación nacional. 2. Que como resultado de estos intercambios se han logrado acuerdos que permiten trabajar en la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano y el apoyo a la política de Estado en su lucha con el paramilitarismo.

HECHOS DE PAZ V

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3. Que los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP han encontrado que se hace necesario llegar a un acuerdo de agenda común que permita trabajar en la Etapa de Negociación en los temas que lleven a las transformaciones económicas, políticas y sociales para la construcción conjunta de un Estado fundamentado en la Justicia Social, donde quepamos todos y todos lo respetemos. 4. Que en desarrollo del trabajo realizado hemos avanzado en un 80% en nuestro propósito de convenir una agenda común, una metodología y un procedimiento de participación ciudadana a través de audiencias públicas. En breve tiempo daremos a conocer estas decisiones para poder iniciar así la Etapa de Negociación dentro del Proceso de Paz en marcha.

(Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP:

Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Las partes acordaron que las sesiones de trabajo continuarán el próximo lunes en un sitio aún por definir, dentro de la Zona de Despeje.

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REPÚBLICA

DE COLOMBIA


COMUNICADO No. 7 Caquetania,

departamento

del Caquetá, 4 de mayo de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-Ep' reunidos en Caquetania, Departamento del Caquetá el día 4 de mayo de 1999, informan a la opinión pública: 1. Su complacencia por el encuentro que se realizó el pasado 2 de mayo entre el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango y el Comandante en Jefe de las FARC-Ep' Manuel Marulanda Vélez con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo y de algunos miembros del Secretariado de las FARC-EPy sus voceros en la Mesa de Diálogo que se inició el pasado 7 de enero de 1999. 2. Dicho encuentro tuvo como resultado la suscripción conjunta de un comunicado mediante el cual se expresa, entre otras cosas, la voluntad política de las partes de resolver el conflicto, generando un nuevo espacio de confianza entre los colombianos y una nueva dinámica al proceso de paz en la búsqueda de la reconciliación entre todos nuestros conciudadanos. 3. Durante el día de hoy se ha continuando en la elaboración de una agenda común y de un procedimiento de participación ciudadana. Con el trabajo realizado se tiene decidido un 90% de los objetivos fijados por la Mesa de Diálogo. Realizaremos un nuevo encuentro el próximo jueves 6 de mayo de 1999, con el fin de completar el trabajo faltante y dar comienzo a las negociaciones, de acuerdo con lo establecido por el Señor Presidente de la República y el Comandante en Jefe de las FARC-EP.

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(Firmado) Por el Gobierno Nacional:

Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado Por las FARC-EP:

Raúl Reyes, Joaquín Górnez y Fabián Ramírez.

296 REPÚBLICA

DE COLOMBIA

para la Paz.


COMUNICADO La Machaca,

FINAL DE LA MESA DE DIÁLOGO

departamento

del Caquetá,

6 de mayo de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-Ep' reunidos en La Machaca, Departamento del Caquetá el día 6 de mayo de 1999, informan a la opinión pública: 1. En el día de hoy hemos terminado el desarrollo del trabajo que nos habían encomendado, con el fin de elaborar una agenda que hemos decidido llamar "AGENDA COMUN PARA EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA COLOMBIA", la cual tiene doce grandes temas. 2. Así mismo, hemos definido los mecanismos de participación ciudadana durante el desarrollo de los diálogos políticos para la negociación, que se encuentran especificados en el documento titulado "POR EL CAMBIO: ENCUENTRO CO LA NACION". 3. Los acuerdos pactados los ponemos a disposición de los Negociadores que designen el Gobierno Nacional y el Secretariado Nacional de las FARC-EP 4. Expresamos a la opinión pública que este primer resultado concreto del proceso de paz, es el inicio de la construcción que todos los colombianos debemos llevar a cabo, con el propósito de lograr la reconciliación nacional. Es indispensable crear conciencia de que este objetivo no se logra como producto de unas pocas reuniones y en un corto tiempo, sino del compromiso y del aporte que todos los colombianos hagamos.

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5. Estamos seguros que con la voluntad política expresada por las partes para resolver el conflicto social y armado, los encuentros llevados a cabo con los dirigentes de las fuerzas políticas, gremios económicos, directores de medios de comunicación, miembros del Congreso de la República y otros sectores, lo mismo que el decisivo diálogo sostenido entre el Señor Presidente de la República y el Comandante en Jefe de las FARC-Ep' hemos logrado avanzar de manera positiva, en la consecución de una paz verdadera y estable. 6. Agradecemos a las autoridades y habitantes de la zona de distensión su comprensión, permanente apoyo y disposición de contribuir a la paz de todos los colombianos. 7. Expresamos nuestro deseo para que los negociadores de las partes tengan la sabiduría en el análisis de los temas, en el logro de consensos y en la obtención de acuerdos que permitan, a través del tiempo, crear los hechos de paz que el país y la comunidad internacional esperan del proceso colombiano, con el fin de construir un Estado fundamentado en la equidad y la justicia social. 8. Por último, hacemos un llamado para que no desaprovechemos la oportunidad histórica que tenemos de crear las condiciones para construir una Nación en la que quepamos todos y tengamos un Estado que todos respetemos. (Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio, María Ernrna Mejía V élez, Nicanor Restrepo Santarnaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Górnez, Fabián Rarnírez.

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REPÚBLICA

DE COLOMBIA

para la Paz.


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