Pepe Mujica, de tupamaro a Presidente | edición actualizada
Delito y policía en Argentina por Gabriel Kessler y Marcelo Fabián Sain
María Esther Gilio Pídalo en su kiosco
páginas 14 a 17
el Dipló, una voz clara en medio del ruido Capital Intelectual S.A. Fco. Acuña de Figueroa 459 (1180) Buenos Aires, Argentina Publicación mensual Año XI, Nº 129, marzo 2010 Precio del ejemplar: $11 En Uruguay: 100 pesos www.eldiplo.org
Las finanzas asedian a la Unión Europea
Asalto final al Estado La feroz resistencia del establishment rentístico argentino ante cualquier alternativa de cambio es, con sus particularidades, reflejo de la grave situación de la economía mundial. El sector financiero, que provocó la crisis, fue rescatado por los Estados a expensas de los contribuyentes. Ahora, los especuladores apuestan a la quiebra de algún país, mientras el poder público se apresta a poner en marcha planes de ajuste. La oposición entre el capital y el trabajo en todo su esplendor.
Afiche en una manifestación en Atenas, fragmento, 10-2-10 (John Kolesidis / Reuters)
En este número 2 Staff, Encuentros
18 Cómo los tomates perdieron su sabor por Pierre Daum y Aurel
3 El reñidero por Carlos Gabetta
20 Los sistemas de salud en el mundo por Martine Bulard
Dossier: Delito y policía en Argentina 14 “Presunción general de peligrosidad” por Gabriel Kessler 16 Maldita policía, maldita política… por Marcelo Fabián Sain
23 Socialdemocracia, fin de ciclo por Ignacio Ramonet
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24 Irak, árabes y kurdos en disputa por Joost R. Hiltermann
Dossier: 4: La demoledora revancha neoliberal, por Frédéric Lordon 6: Sugerencias para hacer pagar a los especuladores, por Laurent Cordonnier 8: Grecia, el enfermo del día, por Niels Kadritzke 10: Dubai, crónica de una caída anunciada, por Ibrahim Warde 12: Renta y poder en Argentina, por Norberto Colominas 40: Todo bien mal habido beneficia a Goldman Sachs, por Serge Halimi
26 Segunda “revolución verde” en India por Mira Kamdar 28 Australia, la potencia discreta por Olivier Zajec 31 En las revistas 32 Estados Unidos: qué hacer con los criminales sexuales por Jérémie Droy
34 Machu Picchu, los últimos serán los peruanos por Luciana Rabinovich 36 ¿Kafka? Yo lo conocí por Osvaldo Gallone 37 Amenazas sobre el derecho al aborto en Francia por Sabine Lambert 38 Los libros del mes
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Encuentros 03/2010 Staff
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Conferencia internacional: “Derechos humanos y democratización: entre público y privado, entre local y global” Del 8 al 10 de marzo El programa se centrará en el debate sobre los derechos humanos en torno a cuatro ejes temáticos: política, economía, migraciones e igualdad de oportunidades, los cuales se abordarán durante tres jornadas en sesiones plenarias, seminarios y mesas redondas. Algunos de los participantes serán Adolfo Pérez Esquivel, Richard Odingo y François Houtart. Organizan: Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y el Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione (CRIC). Lugar: Hotel Bauen de Buenos Aires, Av. Callao 360. Informes e inscripción: fvigliarolo@gmail.com, tel.: 4943-2431. Seminario: “Imagen y discurso represivo I” 1, 8,15 y 22 de marzo de 19 a 21 hs. El objetivo del seminario, dictado por el profesor Marcelo Valko, es debatir la constitución que se ha hecho a lo largo de la historia argentina de un imaginario social que permitió la eliminación física de un Otro calificado como indeseable y excluido. Al respecto se trabajará sobre los siguientes temas: “el Nuevo Mundo y la necesidad de percibir al otro como ‘lo monstruoso’”; “procesos de invisibilización: el desembarco del imaginario Occidental y la producción simbólica de la resistencia”; “esperanzas y traiciones: de ‘nuestros paisanos los indios’ a la Construcción del Desierto de Roca. El salvaje invisibilizado se convierte en un desaparecido”, y “pedagogía de la desmemoria: sexo y conquista. La cautividad de los cuerpos”. Organiza: Cátedra “Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia” de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Lugar: Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), Hipólito Yrigoyen 1584, Buenos Aires. Informes: www.madres.org/upmpm Actividades del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 3° Encuentro: Taller de reflexión política latinoamericana 16 de marzo a las 19 hs. En este encuentro se trabajará sobre los desafíos del Frente Amplio en Uruguay, sus prioridades y su rol en la integración regional. Apertura: Atilio Boron. Coordina: Juan Carlos Junio. Disertantes: Daniel Olesker y Torcuato Di Tella. Sala: Raúl González Tuñón. Charlas sobre literatura latinoamericana Lunes y viernes de marzo de 18.30 a 21.30 hs. Caminos narrativos. Extrañeza, violencia e ironía en los relatos de cuatro autores latinoamericanos: Rubem Fonseca (Brasil), Juan Rodolfo Wilcock (Argentina), Virgilio Piñera (Cuba) y Jorge Ibargüengoitia (México). Coordina: Rafael Tóriz. Sala: Nelson Giribaldi. El amargo sabor de los medicamentos 17 de marzo a las 19 hs.
Mesa-debate sobre la situación actual de los medicamentos en la República Argentina. Coordina: Ricardo López. Sala: Jacobo Laks.
In memoriam Tomás Eloy Martínez
8 de abril a las 19.30 hs. “Diversidad sexual”, por Marta Dillon.
Alfredo Muñoz-Unsaín
El último día del pasado enero moría en Buenos Aires, víctima de cáncer y a los 75 años de edad, el periodista y Primer Evento de Software Libre y escritor Tomás Eloy Martínez. No cabe Economía Social en este breve recordatorio inventariar su 22 de marzo a las 17 hs. relevante trayectoria, tarea que ya han La Cooperativa de Software Libre realizado con profusión todos los medios (GCOOP) organiza una jornada de charlas de comunicación del país y muchos de los teóricas con el objetivo de difundir las extranjeros; tal vez sólo sea preciso desideas del Software Libre y la Economía tacar algunos aspectos de ella. Por enciSocial y generar espacios de debate e ma de todos, la contribución decisiva que intercambio entre los diferentes colecti- realizó, particularmente con su trabajo vos para ampliar la sinergia entre ambos en el semanario Primera Plana y el diario movimientos. La Opinión –ambos fundados por Jacobo Sala: Raúl González Tuñón. Timerman– a la renovación del lenguaje periodístico argentino. T.E.M. fue de los Organiza: Centro Cultural de la Coopera- primeros en aplicar entre nosotros, con ción Floreal Gorini (CCC). brillantez excepcional, las técnicas de la Lugar: CCC, Corrientes 1543, Buenos narración literaria y el acopio cultural Aires. del ensayista a sus crónicas y artículos; Informes: www.centrocultural.coop es decir, en hacer eso que después fue denominado, acaso con excesiva pompa, Ciclo de Conferencias: Otras voces, “nuevo periodismo”. Puede decirse que otros ámbitos muchos de los periodistas más jóvenes – En el marco del Bicentenario: ¿qué se aunque no mucho más que él– lo tuvimos celebra?; ¿cuáles y cuántas son las deucomo un punto de referencia admirable, y das pendientes de la República? los que alguna vez trabajamos a su lado supimos de su invariable generosidad 10 de marzo a las 19.30 hs. pedagógica. Sus mejores huellas litera“La tensión entre crítica y conmemorarias quedaron en los textos publicados en ción”, por María Pía López. la prensa: su libro Lugar común la muerte, que reúne algunos tan notables como 17 de marzo a las 19.30 hs. “Fases lunares y eclipse de Macedonio “Los pueblos originarios”, por Osvaldo Fernández” o “Los últimos años de Juan Bayer. Manuel de Rosas”, debiera ser de lectura inexcusable para todo aquel que aspire a 22 de marzo a las 19.30 hs. ser periodista. “La agenda de la mujer hacia el BicenteCarlos Alfieri nario”, por Ana Falú.
Coordina: Franco Rizzi. Organiza: Centro Cultural España Córdoba (CCEC). Lugar: CCEC, Entre Ríos 40, Córdoba Capital. Informes: www.ccec.org.ar Exposición de fotografía Martes a domingos de marzo de 14 a 20 hs. “Fricciones y conflictos en Iberoamérica”. Organizan: Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Centro Cultural de España en Buenos Aires. Lugar: Espacio Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575, Buenos Aires. Informes: www.laberintodemiradas.net
Calendario de fiestas nacionales Del 1 al 31 de marzo 3 Bulgaria
Fiesta Nacional
6 Ghana
Fiesta Nacional
12 Islas Mauricio
Fiesta Nacional
17 Irlanda
Fiesta Nacional
20 Túnez
Independencia
21 Namibia
Independencia
23 Pakistán
Fiesta Nacional
25 Grecia
Independencia
26 Bangladesh Independencia
El 8 de febrero pasado murió en La Habana, a los 78 años, Alfredo “Chango” Muñoz-Unsaín, argentino, periodista, miembro fundador de la agencia Prensa Latina, durante años director adjunto de la agencia France-Presse en Cuba y, según la opinión general, uno de los periodistas extranjeros que mejor conocía el país caribeño. Nacido en la provincia argentina de Santa Fe, “Chango” fue en los primeros ’60 uno de los centenares, miles de jóvenes que adhirieron a la Revolución Cubana. Residente en La Habana desde 1963, durante décadas fue un interlocutor indispensable para diplomáticos y periodistas extranjeros que querían acercarse a descifrar la isla. Pero sobre todo, su casa de La Habana fue siempre un enorme círculo íntimo para todos sus amigos; un lugar de discusión abierta donde se podía apoyar y criticar a la Revolución sin ser acusado de agente de la CIA. Siempre rechazó la idea de escribir sus “memorias” cubanas. “El verdadero libro sobre Cuba es el que se ha escrito aquí”, solía decir, señalando la mesa del patio de su casa, en torno a la cual reunió regularmente a personajes de la vida política, cultural, diplomática, académica y religiosa de la isla y de la emigración cubana, con quienes hablaba largamente, a menudo bajo la condición de no publicar. Era un conversador infatigable, de humor corrosivo y sarcasmo radical. Un culto, comprometido periodista profesional y un buen amigo. Carlos Gabetta
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Le Monde diplomatique | el Dipló 129 | marzo 2010 | 3
Editorial, por Carlos Gabetta
El reñidero
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a política argentina es hoy más que nunca la continuación por otros medios de su guerra civil del siglo XIX. Desde la caudillesca y fraudulenta política de la liberal Generación del 80, tan visionaria y progresista en otros sentidos; pasando por los golpes de Estado militares apoyados según los casos por nacionalistas y liberales, peronistas y radicales, socialistas y comunistas; pasando aún por el primer peronismo, tan socialmente progresista y tan caudillesco, corrupto y si le resultó necesario tan tiránico como el que más; hasta la vacua agresividad de estos días, la guerra civil concluida en 1852 prosiguió en un reñidero político instalado en el patio de la democracia. Si el país no sólo pudo sobrevivir sino progresar hasta devenir el más desarrollado e igualitario de América Latina durante buena parte del siglo XX, eso se debe a las no por muy mentadas menos verdaderas riquezas naturales del territorio, a su extensión y baja población. En este sentido, Argentina debe ser el país más “viable” del mundo, aunque por supuesto, eso no es todo. Liberales y nacionalpopulistas, la izquierda en general, han hecho mucho a su turno y a pesar de todo por el desarrollo y la igualdad en este país. De no haber sido así, no hubiese llegado a ser lo que fue; no dispondría aún de una base agroindustrial y de un nivel de capacitación humana suficiente para relanzarlo. Todavía más: para colocarlo entre los primeros del mundo.
Las reglas del juego Este repaso sumario de logros y desencuentros nacionales viene a que el deterioro de la situación internacional y el de la propia situación interna exigen que la sociedad y sus dirigentes acaben de una vez con su guerra civil; que acepten las reglas del juego republicano para dirimir sus diferencias y sobre todo, considerando las necesidades de la hora, definan un proyecto común, al menos uno mayoritario. Cualquiera, desde cualquier sector social, que hoy eche una mirada en derredor advertirá que el mundo tiembla por todas partes (dossier, págs. 4 a 13), y que de esta sacudida sólo saldrán adelante los que mejor hayan sabido agruparse, organizar la defensa, formular planes y llevarlos a cabo. La necesidad de un proyecto común de otro tipo se hizo ver claramente en 2001, cuando la sociedad argentina entendió, por mero instinto de sobrevivencia, porque de eso se trataba, que la solución del problema pasaba por “que se vayan todos”. O sea que ante una crisis terminal, la reacción social apuntó a la política, a la manera en que sus dirigentes dirimen sus cuestiones de interés, a la forma y el fondo de la actividad de gobierno y del funcionamiento de las instituciones. No es, como se suele argumentar, un problema puramente formal, de vacuo republicanismo. Los cambios necesarios, necesariamente progresistas visto el fracaso mundial de las derechas, requieren de otra política. Ya se ha dicho aquí que el principal “pecado” del gobierno de Cristina Fernández (CF) es no haber intentado lo que parecía haber comprendido; no haber estado a la altura de las esperanzas que suscitó (1). Si su predecesor Néstor Kirchner no hizo nada por cambiar las formas y el fondo de la política, si no elaboró un programa y convocó a la sociedad para
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cumplirlo, fue quizá porque hizo demasiado, teniendo en cuenta las condiciones en que asumió y, sobre todo, el estado en que se encontraba el país. Pero CF entendió en su momento que la necesidad de hacerlo estaba más vigente que nunca. “Desperonizó” su campaña. Habló con claridad, expuso sus metas económicas y sociales, que incluían respeto institucional y otras formas de hacer política. Entusiasmó por eso, mucho más allá de las bases peronistas. Pero ahora resulta evidente que no tenía un programa. Todos sus traspiés políticos obedecen a que operó poniendo los bueyes detrás de la carreta. Sus problemas actuales con las reservas y las funciones del Banco Central (BCRA) constituyen el último ejemplo. La Ley de Entidades Financieras (LEF) que rige en el país fue establecida por la dictadura en 1977. El presidente del Banco Central designado por el gobierno, Martín Redrado, era conocido como el golden boy en los ambientes financieros ligados a la especulación, un apodo que lo dice todo (Colominas, pág. 12). Cuando, por las mejores razones que fuese, este gobierno necesitó del BCRA para sus planes, se encontró precisamente con la estructura que es necesario desmontar para que el BCRA se aplique legalmente a esos fines. Igual que en la Unión Europea (Cordonnier, pág. 6). Después de estrellarse contra esa realidad, el gobierno designó al frente del BCRA a Mercedes Marcó del Pont, una excelente economista que coincide de antaño con las ideas que proclama el gobierno y a un equipo de especialistas dirigido por Carlos Heller, un prestigioso banquero cooperativista, para presentar un proyecto de LEF alternativo al de la dictadura neoliberal. Pero ahora el oficialismo ha perdido la mayoría automática en el Congreso... Más de lo mismo con la estructura sindical, que cruje por todas partes. El gobierno sigue sin reconocer personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos, desoyendo incluso un fallo alusivo de la justicia; y sigue debiendo a la sociedad un nuevo proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales que cambie de raíz el corrupto sistema corporativo argentino. Más de lo mismo con la transmisión del fútbol por canales de aire. Los millones de pobres de este país pueden en buena hora ver gratis por televisión su deporte favorito, mientras su deporte favorito sigue manejado desde el centro hacia la periferia, de arriba abajo y casi sin excepciones, por empresarios de dudosa legalidad y el conjunto está al borde de la explosión, o de la quiebra (2). En febrero pasado, un autobús de simpatizantes de Newell’s fue… ¡ametrallado! en Rosario por una “barra brava”. Un adolescente murió, y las primeras pistas sobre el proveedor de armas de guerra apuntaban a la policía (3) (Sain, pág. 16). Más de lo mismo en cuestiones estratégicas para el país. El gobierno presenta como realizaciones de una orientación progresista –y lo son– la renacionalización de Aerolíneas Argentinas o de los fondos de los jubilados. Pero permite tropelías y daños de todo tipo a las multinacionales mineras y asiste impávido a la venta a extranjeros de millones de hectáreas estratégicas (4). En lugar de recuperar y modernizar la red ferroviaria, favorece a la red cuasi mafiosa de sindicatos y empresas de camioneros y transportes (¿alguien se acuerda del “tren bala”?).
Willem De Kooning, Sin título, circa 1975 (Gentileza Christie’s)
Más de lo mismo con la distribución de los planes sociales, en buena hora decretados. ¿Es realmente necesario que en época de omnipresencia bancaria, en un mundo de tarjetas electrónicas, ese dinero se distribuya a través de organizaciones piqueteras, intendentes y punteros políticos? Cualquiera que viva en este país no adivina; “sabe” que ese dinero llega a destino condicionado y disminuido. Y eso, cuando llega. Improvisación, clientelismo, vieja política; torpeza cargada de buenas intenciones en el mejor de los casos. Hasta el intento de transparencia económica del matrimonio Kirchner, ejemplar en comparación con el de la abrumadora mayoría de los ricos de este país –entre ellos numerosos sindicalistas– es en definitiva torpe y contradictorio. Sencillamente, el ex presidente Kirchner no debería haber comprado esos dos millones de dólares al BCRA; sencillamente, el enriquecimiento milagroso de algunos de los colaboradores más cercanos del gobierno es imposible de creer. Este gobierno no se va quedando solo por lo que hace, sino por cómo lo hace y sobre todo por lo que deja de hacer. Por eso es pasto fácil para las fieras mediáticas del establishment.
Un proyecto común Las elecciones generales de 2011, para las que todos los sectores y partidos políticos se han lanzado al reñidero, bien podrían tener lugar en el marco de la nueva gran crisis internacional que se avecina. Lo dicen muchos y muy prestigiosos economistas. Hasta hay quien le ha puesto fecha, y por cierto cercana: este año (5). También podría ocurrir apenas asumido el nuevo gobierno, o en mitad de su mandato. Ahora mismo la Unión Europea, nada menos, vive una crisis de incierta resolución. En este contexto, ningún gobierno tendrá posibilidades políticas de hacer algo, al menos en democracia, si no consigue encolumnar a la sociedad detrás de un proyecto. Porque el principal problema, el verdadero, es y será hacia dónde va el país; cómo resiste y se posiciona frente a la crisis, cualesquiera sean la forma, cronología e intensidad que asuma. La
derecha, que la ha provocado, se defiende atacando, pero no tiene otro proyecto que defender en lo que pueda el statu quo, hasta que se le presente la oportunidad de volver al gobierno. Acabará por conseguirlo, con el ropaje que sea –y no sería extraño que fuese el de alguna variante del peronismo– si se sigue pretendiendo que el proyecto progresista es el de este gobierno. El siglo XXI encuentra al mundo en plena crisis de civilización, mientras la sociedad argentina se empecina por otros medios con su guerra civil del XIX. En porciones mayoritarias de la sociedad la autocomplacencia, la exigencia irracional de unanimismo por o contra el gobierno (Mundial de Fútbol 1978; guerra de Malvinas; no olvidar), la cultura de la transgresión permanente, se escudan incluso en argumentos que, bien mirados, son una confesión de parte: “no somos holandeses” (6). Es cierto. Pero en eso, en materia de civismo, deberíamos tratar de “ser holandeses”. O, sin ir tan lejos en la geografía y la historia, uruguayos. La asignatura pendiente de la sociedad argentina es definir y aprobar por mayoría un proyecto de transformación económica y social estructural, imposible de concretar si no cambian las formas cívicas, institucionales, políticas; materias en las que la sociedad argentina no ha salido del siglo XIX. Las cosas del mundo hacen que el reñidero ya no resulte funcional a ningún sector. Nadie apostaría a mediano plazo por ninguno de estos gallos de pelea. Ninguna sociedad evolucionada lo haría. n 1 Carlos Gabetta, “La deriva de Cristina Kirchner”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2010. 2 Diego Torres, “El fútbol está en una burbuja especulativa a punto de estallar”, El País, Madrid, 15-2-10. 3 “Muerte del hincha…”, Clarín, Buenos Aires, 12-2-10. 4 Darío Aranda, “Peligro de alta toxicidad” y “Los desplazados por la soja y la minería”, Página/12, Buenos Aires, 22-2-10. 5 Santiago Niño Becerra, “2010, el año del crash”, El País, Madrid, 16-2-10 (ver pág. 39). 6 Sandra Russo, “No somos holandeses”, Página/12, Buenos Aires, 19-6-08.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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ASALTO FINAL AL ESTADO Los financistas impulsan una ofensiva demoledora
por Frédéric Lordon*
La revancha neoliberal La masiva ayuda estatal permitió a las finanzas privadas salir de la crisis, pero al precio de trasladarla al sector público. En esta página y en las siguientes, se analizan la lógica del sector financiero y sus esfuerzos actuales por eludir responsabilidades; el nada airoso comportamiento de los gobiernos; la crisis en la Unión Europea y el papel de su Banco Central; la grave situación de Grecia y Dubai; el comportamiento ilegal de Goldman Sachs (Halimi, pág. 40), y el tradicional “modelo” especulativo argentino (Colominas, pág. 12). Lo nuevo, en esta fase de la crisis capitalista, es que tiene lugar en el corazón del sistema: Europa y Estados Unidos. Lo “viejo”, lo de siempre, es que los bancos especulan ahora contra los Estados que los rescataron de la crisis que ellos mismos han provocado.
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Gustavo Cimadoro (www.muycima.tk)
H
abía razones para no estar totalmente convencido de la tesis de Naomi Klein sobre la “doctrina del shock” (1). Sin duda que es muy pertinente en un buen número de casos, sobre todo en los países del Sur o en las economías en transición. Pero no tiene la generalidad que implícitamente reivindica para sí misma, y resulta bastante evidente que la instalación del neoliberalismo en las economías llamadas “desarrolladas” no responde al modelo del “shock” sino más bien a la implementación, progresiva y “en frío”, de una agenda que se vio sistematizada y profundizada a medida que se fue desplegando. Sin embargo hay que reconocer que, por primera vez, el análisis de Klein podría verse espectacularmente verificado en el corazón mismo del capitalismo “desarrollado”. Con el implacable determinismo de un mecanismo de relojería, la crisis de las finanzas privadas mutó hacia una crisis de las finanzas públicas, una mutación que, a priori, resultaba fatal por dos razones, como mínimo. En primer lugar, era completamente imposible que los poderes públicos se desinteresaran del inminente riesgo de derrumbe total del sector bancario. El legítimo estallido de furia social que suscita el espectáculo de las finanzas, que hoy vuelve a resplandecer a expensas del contribuyente, no quita nada a este estado de hecho: el salvataje no era una opción. No hay dudas de que el reflotamiento de los bancos mezcló solidaridad de clase y amiguismos varios (2) con las necesidades de la urgencia vital, pero ello no justifica en modo alguno que se niegue alguno de los ingredientes de dicha mezcla; sobre todo el último. Aun así, los gobiernos, que no están muy orgullosos de sí mismos –en todo caso, menos orgullosos por haber salvado las finanzas que por resultar incapaces de
imponerles algo de seriedad como contrapartida, que es el verdadero debate–, sacan pecho frente a la opinión pública y explican que, con las finanzas en orden y las deudas cubiertas, los planes de salvataje a fin de cuentas no habrán costado nada, y a veces hasta habrán “reportado algún dinero al contribuyente”. Hay que reconocer objetivamente que la declaración no es una pura fanfarronada ni una de las imposturas de siempre. Los gastos reales del gobierno francés han sido muy modestos; el restablecimiento general de las finanzas permitió que las garantías no tuvieran que actuar, y las refinanciaciones de urgencia otorgadas a los bancos fueron debidamente reembolsadas, para beneficio del presupuesto estatal (3). La reducción del costo del salvataje de las finanzas tiene una apariencia todavía más espectacular en Estados Unidos. Por razones bastante semejantes, el Trouble Asset Relief Program (TARP, Programa de Alivio para Activos en Problemas, un delicioso eufemismo), que partió de una suma de 700.000 millones de dólares, ve su cuenta final reducida a menos de 100.000 millones, dinero que, por otra parte, la administración Obama pretende recuperar completamente, gracias a un impuesto especial aplicado a los bancos por un período de diez años. La presentación favorable de este final feliz, sin embargo, deja de lado unos pocos detalles desafortunados; en particular, el papel decisivo que desempeñaron entidades paragubernamentales tales como Fannie Mae, Freddie Mac y la Federal Housing Agency (FHA), intensamente solicitadas para evitar el derrumbe completo del sector inmobiliario y de la construcción, pero cuyos costos particulares de salvataje fueron prudentemente eliminados del balance anterior por una doble razón: por el volu-
men de esos costos –400.000 millones de dólares– y por la posibilidad mucho menor de ser recuperados. Las finanzas fueron salvadas y la recesión limitada, pero gracias al confinamiento de la mayoría de las tensiones a un lugar en el que nadie puede garantizar que no explote estruendosamente (4). En segundo lugar –y sobre todo–, al circunscribir estrictamente el costo de la intervención pública al salvataje de las instituciones financieras, los balances ventajosos dejan en el camino lo esencial, a saber: lo que les cuesta a los presupuestos enfrentar la brutal desaceleración de la actividad productiva y las abismales pérdidas de ingresos fiscales que le siguieron. Así pues, la explosión de los déficits y las deudas públicas se deben mucho menos a los “planes de salvataje” propiamente dichos que a la mediación ampliada de la macroeconomía (y ahí no hay escapatoria ni restablecimiento milagroso posibles).
Cinismo y falta de escrúpulos Como el alargamiento de los caminos que llevan de las causas a los efectos finales es el recurso más seguro para hacer perder de vista las relaciones de conjunto, ahora las finanzas creen poder hacer como si ellas mismas hubieran pagado el precio de sus pequeños desbordes y remitir todo el resto (desempleo, recesión, déficit) a las lejanas complejidades de la macroeconomía (un tema muy triste, pero no de su incumbencia). Y como “vergüenza” es una palabra que no entra en su vocabulario, las finanzas, una vez recuperadas, no dudan en aleccionar como en el pasado a los Estados, empobrecidos y definitivamente irresponsables. “La explosión de las deudas públicas es un problema”, repiten, con el ceño fruncido, los gerentes de los fixed
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incomes (5) que, en medio de la urgencia mortal, fueron salvados por el dinero de los contribuyentes. Florecientes de nuevo –en parte gracias a que el enorme apoyo público de la coyuntura los salvó de perecer por segunda vez bajo la explosión de las malas deudas que, de otro modo, se los habría llevado fatalmente por delante–, resulta evidente que los bancos no tienen ningún escrúpulo, una vez restablecida su salud, en especular ahora contra los Estados que los salvaron del precipicio, con lo cual hacen subir el costo de los préstamos públicos, y agravan así el problema de los déficits… que ellos mismos originaron. Y es aquí donde el “shock” comienza a tomar forma. ¿Los asalariados sufren recesión? ¡Como contribuyentes, además pagarán el ajuste presupuestario! Así pues, es un castigo doble. Con una habilidad que no puede dejar de admirarse, la ideología neoliberal está operando en su favor la inversión radical de un acontecimiento que habría debido firmar su partida de defunción: lejos de contentarse con una de esas recurrentes secuencias “de rigor”, he aquí que anuncia un programa de desmantelamiento del Estado de una envergadura nunca vista (de hecho, de las mismas proporciones que la explosión de los déficits y deudas públicos que sus propios actos acaban de engendrar). Un judoca no lo hubiera hecho mejor. Mientras los shocks “ordinarios” considerados por Naomi Klein venían generalmente desde el exterior –golpes de Estado, contrarrevoluciones, catástrofes naturales–, creando un estado de desorden que, como consecuencia, sólo la agenda neoliberal podía desatascar, el shock presente fue totalmente producido desde el interior, y se encuentra explotado por las fuerzas que hubieran debido estar definitivamente descalificadas… pero que tienen la audacia de extraer de ello la oportunidad de una ventaja extra. Es así como la propia amplitud de la derrota del neoliberalismo crea, por sus consecuencias, el motivo y el pretexto de su renovación ¡a mayor escala! Porque es evidente que si se pretende que el déficit de dos cifras o casi (en puntos del PIB) vuelva a estar al 3% del pacto de estabilidad de la Unión Europea, habrá que operar sin anestesia, con una brutalidad sin precedentes. Se abandona, pues, el registro de la “reforma” vigente desde hace dos décadas para entrar en un régimen inédito de transformación acelerada, pues hay umbrales “de ajuste” en los que no se trata ya de un cambio de grado, sino de un cambio de naturaleza. Y allí donde las finanzas se limitan a mantener el discurso técnico sobre los riesgos de default y las tensiones sobre las tasas de interés de largo plazo, el aparato ideológico ampliado –expertos que han vuelto a levantar cabeza, medios de comunicación serviles más allá de alguna contradicción– ya comenzó a ofrecer sus servicios. No pasa un día sin que se haga oír en alguna parte una voz profética que advierte del desastre y llama a hacer un esfuerzo. El martilleo “deuda pública” se convirtió en un ruido de fondo permanente; y sería difícil encontrar en el pasado reciente casos en que se haya “agitado” la opinión pública de modo más intenso y continuo (por otra parte, puede verse en ello un indicio de la amplitud de las transformaciones que se están preparando).
Sacerdotes del capital Asombrosamente revitalizado después de un año de depresión intelectual durante el cual él también consideró a su querido capitalismo al borde del derrumbe, The Economist no quiere dejarle a nadie la conducción de la reconquista. He aquí pues que, desde hace un trimestre, la revista multiplica metódica y exhaustivamen-
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te los dossiers especiales sobre “finanzas públicas”. Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto los casos más picantes – demasiado buenos para ser verdad– de Irlanda, España y Grecia, todos representan ocasiones para repetir la misma orden apasionante: “reducción”. A quien quisiera convencerse de que los grandes liberales salen de su período vergonzoso y están de nuevo a la ofensiva, bastaría con informarle el tono con el cual el “semanario de referencia” transmite sus consejos imperativos: “En el mundo de la empresa, reducir los empleados en un 10% es moneda corriente. No hay razón por la que los
Hay otras salidas. Presentadas con un poco de firmeza, hasta podrían lucir como contragolpes. gobiernos no puedan hacer lo mismo […]. Los salarios del sector público pueden bajarse, teniendo en cuenta la seguridad del empleo […]. Las jubilaciones del sector público son demasiado generosas […]” (6), todo en un editorial sutilmente titulado “Stop!” que concluye con una advertencia sin ambigüedades: “The Economist volverá sobre todas estas cuestiones durante los próximos meses”. Podemos confiar en él. También podemos no consentir por completo a esta fatalidad anunciada sin por ello salir como carne de cañón de barrera ideológica (para no hablar de las consecuencias materiales del “shock” mismo). Por eso, resulta útil reunir en un cuadro coherente el conjunto, todavía disperso, de los signos anunciadores, con el fin de dar una idea más nítida del programa que se está elaborando. Los empleados del sector público irlandés, a quienes se les “propuso” bajas nominales de salario del orden del 10%, ya saben a qué atenerse; por el mismo motivo, a sus homólogos griegos se les promete el mismo castigo (con el agregado del caluroso apoyo de la Comisión Europea); en cuanto a los franceses, pronto tendrán lista la reforma de las jubilaciones, los proyectos de despido de los funcionarios y la idea (insensata) de una constitucionalización del equilibrio presupuestario para tener una visión más clara de la destrucción del Estado social que los espera; tal vez el efecto en todos estos países será que, rompiendo con el prudente gradualismo de décadas anteriores, esta vez la violencia concentrada inherente al mismo “shock” no dejará sin reacción a los cuerpos sociales. Es por eso también que, ante esta eventualidad –y aunque es difícil caer en la negación del problema presupuestario–, no estamos obligados a contemplar como única vía de salida los recortes salvajes; hay algunas alternativas interesantes (pero sistemáticamente apartadas) que merecen ser recordadas.
Impuestos a los culpables A riesgo de considerar sólo una, por supuesto hay que pensar en el aumento de la deducción fiscal, siempre que esté bien dirigida, para no matar el crecimiento ni hacer pagar el costo de la crisis a los que no tuvieron nada que ver con su detonación. Se dirá que esta cláusula deja un margen de sujetos imponibles sumamente estrecho. Esto no es falso en número, pero –afortunadamente– es muy inexacto en cuanto a la base tributaria. A decir verdad, los “sujetos” en cuestión entran en categorías bastante variadas, que se multiplican en otras tantas modalidades fiscales, cuyos
rendimientos pueden ser muy prometedores. Transacciones financieras, instituciones financieras y “personas financieras” son los felices candidatos para reparar sus propios daños, ya que, como se ha comprendido, la única idea rectora del ajuste fiscal que puede admitirse depende de que sean exclusivamente las finanzas las que paguen la totalidad del costo de su crisis. Aunque se puede dudar de los méritos de la tasa Tobin como instrumento de transformación radical de los “datos” de la especulación financiera internacional, cuyas estructuras dicha tasa no modifica fundamentalmente, sí es útil recordar que, precisamente como tasa, no pierde nada de sus robustas propiedades fiscales: ¡reporta! (7). Y reporta mucho, puesto que, como ha sido advertido muchas veces, el volumen astronómico de las transacciones ofrece una ventaja fenomenal que vuelve extraordinariamente jugosas las más modestas tasas nominales de retención. Aun cuando un impuesto sobre las transacciones sería pagado en primer lugar por las instituciones financieras, estas últimas vienen inmediatamente después y –más directamente– como encargadas de pasar la escoba. Será difícil que un impuesto a los bancos (y a los fondos) sea hoy descalificado como “delirio revolucionario” cuando incluso hasta la administración Obama toma ese camino; y es un vasto ámbito el que se ofrece a la imaginación fiscal para determinar las modalidades precisas de esa retención: ¿sobre las ganancias, sobre el activo total, sobre los activos más arriesgados (para desalentar su crecimiento), sobre la masa salarial de los que más ganan, para rellenar simplemente el agujero presente o para constituir además un futuro fondo de garantía? Y ya que no se entiende por qué los accionistas, propietarios y por lo tanto responsables, se verían exentos de las pequeñas tareas domésticas de sus bancos, la prohibición de todo dividendo durante el período de pago sería una medida perfectamente lógica.
El proceso que convirtió la crisis de finanzas privadas en crisis de finanzas públicas no detendrá su marcha.
las finanzas y sus colaboradores es muy previsible– deberemos enfrentar el fantasma de la “fuga de cerebros”, vale advertir que ese fantasma está entrando en la zona de los rendimientos decrecientes, ya casi no asusta a nadie (hasta empieza a irritar un poco) y de hecho no resiste un segundo si se lo confronta con objeciones serias (9). Finalmente, a riesgo de insistir en la advertencia, más vale decir las cosas más directamente todavía. El proceso que convirtió la crisis de finanzas privadas en crisis de finanzas públicas no detendrá su marcha en un camino tan favorable: la etapa posterior convierte la crisis de finanzas públicas en crisis política. Hay quienes en el “sistema” empiezan a sentir cómo nace en ellos un santo susto, y es una señal muy significativa que algunos eminentes enemigos de las finanzas, como Dominique Strauss-Kahn y Jean-Claude Trichet, hayan expresado públicamente su preocupación frente a la posibilidad de que los cuerpos sociales tomen mal el pedido de que paguen una nueva crisis financiera. Lo más gracioso, si puede llamárselo así, es el hecho de que no sólo no se descarta la hipótesis de una “próxima” crisis, sino que tiene grandes posibilidades de desencadenarse en el sector de las deudas públicas, como consecuencia directa de la gestión de la crisis anterior (es cierto que va a empezar a resultar lejana). Apostemos que, para sosegar un poco al populacho descontento, los sindicatos más institucionales –que ahora forman parte, junto a la derecha y la “izquierda” socialdemócrata, de un bloque de poder unificado más allá de sus divisiones secundarias– organizarán algunas marchas inocentes, si es posible un día de sol, por las calles de París; tal vez hasta hay picnics. Es posible, sin embargo, que la opción “paseo urbano” ya no sea suficiente y que el populacho en cuestión, un poco harto de pasear, acabe dándose cuenta de que también tiene derecho a sentir que lo están paseando. Sin predecir lo que podría pasar entonces –los griegos posiblemente nos darán una muestra muy pronto– es útil recordar que un grupo que no es naturalmente malo nunca pasa a serlo si no es a fuerza de haber sido maltratado y sobre todo de verse en una situación de la cual se le dice sin cesar que no tiene salida: no hay otra salida que la que lo maltrata. Pero hay otras salidas (10). Presentadas con un poco de firmeza, hasta podrían lucir como contragolpes (o contrashocks). n 1 Naomi Klein, La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Ediciones Paidós, Barcelona, 2009. 2 Las condiciones del salvataje de AIG, convertido de hecho
Por último están las personas físicas. Directivos de los bancos, administradores (demasiado a menudo los olvidamos), brokers, a quienes habría que sumar, más allá del perímetro de las instituciones financieras, a todos los semejantes del mismo orden (8). Sin duda en este punto habrá quienes se ofendan con medidas que, de tan estrechamente dirigidas, podrán reportar muy poco; medidas que, por consiguiente, sólo pueden tener eficacia simbólica, y que así dejarán ver su carácter exclusivamente punitivo y basado en el resentimiento. Pero ello significaría olvidar que ese grupo de contribuyentes –que efectivamente es muy estrecho en número– no deja de recibir por ello, desde hace una década y media, la mayor parte del crecimiento global de la renta nacional, y que por sí solo constituye una base tributaria que se traduce en puntos de PIB. Vale repetir que si bien es cierto que la cuestión de los bonos y las remuneraciones (para el sector bancario) sigue siendo secundaria en la economía general de la crisis financiera, no deja de ser de la más alta importancia desde el punto de vista político de la justicia social (y ahora de la oportunidad fiscal). Como sin duda –el discurso de
en el salvataje de “las contrapartes” de AIG, y en particular (pero no solamente) de Goldman Sachs, merecerían una discusión detallada. 3 Ello se debe a que la SFEF (Sociedad de Financiamiento de la Economía Francesa) prestó a los bancos a una tasa superior en 400 puntos básicos a las tasas de sus propios recursos. 4 Dan cuenta de ello la reciente supresión del límite de subsidios previsto inicialmente (dos veces 200.000 millones de dólares para Fannie-Freddie) y la prórroga hasta 2012 de la garantía del Estado sobre sus pérdidas. 5 Instrumentos de las actividades sobre los productos de tasa, gran parte de los cuales están dedicados a las transacciones de los títulos de deuda pública. 6 The Economist, Londres, 23-1-10. 7 André Orléan, “Beaucoup mieux qu’une taxe Tobin”, Challenges, París, 29-10-09. 8 Es decir, de ese 1% superior de la población. 9 Ver, por ejemplo, “Bonus et primes: le (résistible) chantage des compétents”, y “Bonus: les faux-semblants de la régulation Potemkine”, en el blog “La pompe à phynance” de Le Monde diplomatique, París. 10 Ver “Au-delà de la Grèce: déficit, dette et monnaie” y “Si le G20 voulait…”, en el blog “La pompe à phynance”.
*Economista. Autor de La crise de trop. Reconstruction d’un monde failli, Fayard, París, 2009. Traducción: Mariana Saúl
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ASALTO FINAL AL ESTADO Europa, entre la deuda y el rigor
por Laurent Cordonnier*
Sugerencias para hacer pagar a los especuladores A diferencia de una familia, o de una empresa, un Estado que se ve forzado en última instancia a pagar sus deudas... no las paga, sin por ello desaparecer del registro de comercio o de la superficie de la Tierra; vale decir, sin que liquiden su patrimonio para compensar a los acreedores. Sin embargo, no faltan alternativas para que los Estados enfrenten la deuda pública.
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León Ferrari, Sin título, fragmento, 1978 (Gentileza Galería Jorge Mara-La Ruche)
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n el caso de una familia, la quiebra se paga mediante una liquidación: se rematan la casa de verano y la platería familiar para pagar como se pueda los últimos sueldos de los empleados domésticos y las cuentas del hogar, el escribano o el banquero. El lector puede imaginar por su cuenta qué hace en este caso una familia que vive bajo el umbral de pobreza... En el caso de una empresa, se venden (bien o mal) las máquinas, los inmuebles, los títulos, el parque automotor, etc., para pagar (más mal que bien) a los proveedores, banqueros, demás prestamistas y, si alcanza, a los empleados. A diferencia de una empresa en dificultades, que apenas puede intentar “rehacerse” aumentando los precios cuando sus clientes la abandonan, y que no siempre tiene la posibilidad de reducir costos, el Estado dispone de los medios políticos para conjurar el escenario catástrofe de un default aumentando sus ingresos o comprimiendo sus gastos. Respecto a los ingresos, alcanzaría con aumentar los impuestos “apuntando justo” (Lordon, pág. 4). Es decir, dirigiendo los nuevos gravámenes hacia las categorías sociales más acomodadas, las que ahorran más (1) y que son, de facto, los acreedores del Estado. Así, la operación tendría bajo impacto en el consumo. En la práctica, una retención así equivaldría a suprimir esa especie de derecho censatario de la era neoliberal, que proponía dejar a las clases acomodadas la libre elección respecto de la afectación de su excedente de ingresos: destinarlo al pago de impuestos, o colocarlo en renta para financiar la deuda pública. Es obvio que esos sectores eligen la segunda alternativa. Si renuncia a cobrar impuestos, el Estado conserva la posibilidad de recortar el gasto público (y necesariamente la prestación de servicios colectivos), reduciendo los salarios, las jubilaciones y el número de funcionarios, o las compras públicas. Es el camino elegido, ya que la suba de impuestos a las clases más altas siempre será la
opción que los gobiernos europeos dejen para último momento. Pero ocurre que por ese camino las cuentas ya no cierran. Por ejemplo, en Francia, no reemplazando a uno de cada dos funcionarios que se jubilan, el Estado ahorra 500 millones de euros por año… Compárese con los 3.000 millones de euros de disminución del IVA concedidos al sector gastronómico, o con los 25.000 millones de exoneraciones de aportes patronales, que el Estado debe compensar a la seguridad social. Si –además de estos regalos fiscales– el ingreso fiscal sigue estancado debido a un crecimiento mediocre sostenido por un régimen financiero y globalizado profundamente depresivo, la hipótesis de una suspensión de pagos de las deudas públicas ya no constituye un escenario totalmente imposible. Y no sólo en Grecia, sino también en España, Portugal, Italia, Francia, el Reino Unido, Japón o Estados Unidos... Sobre todo porque en este ámbito no rige un análisis racional de la situación financiera de cada Estado sino más bien las ideas que los propios prestamistas y los especuladores se hacen de la situación. Entonces, cuando estos actores se encaprichan con la plausibilidad de un escenario catástrofe (nada los deleita más que las tendencias que permiten hacer apuestas), desencadenan los movimientos de venta o compra que provocan la tendencia –al alza o a la baja– sobre la que descansan sus apuestas. Por lo tanto, el alza de las tasas de interés sobre las deudas públicas (el “crack obligacionista”), resulta de una profecía autocumplida....
Los derechos del Estado En ningún manual de economía figura el momento preciso en que un Estado alcanza el límite de deuda y carga crítica de intereses. Depende del umbral de tolerancia social y política que permite que se destruyan, sin reacciones, las capacidades productivas del Estado en favor del pago de los intereses privados de la deuda. A veces puede tomar “algún tiempo” –según el teorema de Fernand Reynaud– antes de que se colme el vaso. Pero, ¿hasta cuándo? Una vez que se alcanza ese umbral, la cesación de pagos no está muy lejos. A excepción de un rescate de urgencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) –que sería, según Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), “una humillación” para con Grecia– la única posibilidad de financiamiento reside en la creación monetaria. El economista estadounidense poskeynesiano Thomas Palley sugiere que el BCE debería darse un sistema de derechos de refinanciamiento monetario de una parte de las deudas públicas. Estos derechos para pedir préstamos al BCE –de dinero creado para la ocasión– serían otorgados a los países de la zona euro en base a cuotas que tuvieran en cuenta la importancia de cada país y su coyuntura (2). Esto crearía una especie de “estabilizador automático”. De este modo, al prestarles dinero a bajo costo, el BCE actuaría con los Estados como con los bancos en 2008 y 2009, cuando hubo que reflotarlos. Esta propuesta es pertinente, pero su inconveniente reside en que los estatutos del BCE están concebidos precisamente para prohibirle refinanciar de modo directo a los Estados miembros, previniendo así cualquier desvío presupuestario considerado “laxista”… Pero hay otro camino. Sin pretender usurpar el papel de consejero, provechosamente ejercido por Goldman Sachs (3), se puede sugerir que los Estados europeos obliguen a los bancos que actúan en su territorio a refinanciar a los países en dificultades. A medida que fueran venciendo los títulos de deuda, los bancos estarían obligados a suscribir los nuevos títulos emitidos. Sustituirían así a los rentistas dema-
siado apegados a sus billetes, dando crédito a los Estados en base a una tasa de interés controlada. En el fondo, este préstamo forzado no haría sino forzar al asno a beber un poco más de lo que le urge la sed de, convengamos, agua un poco más salada... Las instituciones monetarias y financieras de la zona euro ya poseen 1 billón de euros en deudas pendientes de préstamos, en forma de créditos a las colectividades públicas (Estados, regiones, establecimientos públicos, etc.) y 1,5 billones en forma de adquisición de títulos. Es decir, entre ocho y diez veces la suma total de la deuda pública griega (4). Mediante ese sistema, los establecimientos financieros, por lo general ávidos de títulos de Estado en otros tiempos considerados sin riesgos (antes de que los propios bancos hicieran correr todos los riesgos a la economía y a los Estados), serían pagados con su propia moneda. Este modus operandi presentaría además varias ventajas. Permitiría al BCE mantener las distancias, sin colocarse directamente como prestador, aunque de algún modo se llegaría finalmente a eso. Pues los bancos, forzados a comprar deuda griega u otra, deberían refinanciarse en parte ante el BCE, entregándole en contrapartida títulos bien calificados... entre ellos títulos de deuda de Estados miembros de la zona euro que ya poseen y que son regularmente refinanciados por el BCE (5). No sería para nada imposible. El segundo mérito de la propuesta es que instauraría una especie de reciprocidad entre los bancos y los Estados: puesto que estos últimos intervinieron masivamente para salvarlos, los bancos tendrían ahora la oportunidad de mostrar su agradecimiento socorriendo a los Estados. Por último, como la operación tiene un costo para los bancos, se devolvería así una parte de la factura de la crisis financiera a sus comanditarios. Y sin forzar la cuenta. Porque si, como la mayoría de los economistas admiten, la crisis financiera explica la mitad de la profundización de los déficits públicos (a través de la desaceleración de la actividad económica y las consecuentes pérdidas en los ingresos fiscales), el tope de los intereses percibidos por los bancos sería una muy modesta contribución de las finanzas para reparar los estragos que ellas mismas han provocado.
El repudio de la deuda Pero una medida semejante tendría muy pocas chances de ser adoptada, por motivos bastante alejados de la razón económica: por tratarse de un procedimiento considerado inflacionista y, por lo tanto, incompatible con la ortodoxia monetaria reinante; por reticencia de los rentistas frente a la perspectiva de su propia eutanasia; por divergencias de intereses entre los países del Norte y el Sur de Europa, etc. Podría considerarse entonces una última fase: el repudio de la deuda. Ya que los Estados se encuentran imposibilitados de financiarse, incluso en condiciones indecentes, en última instancia tienen la libertad de decidir desembarazarse de una parte del peso, sin por ello dejar de ser Estados. Así pues, la amplitud del descuento puede negociarse con los prestamistas (aunque, ¿quiénes son y dónde están?) o imponerse, ya sea en forma de una exoneración sobre el monto nominal de los títulos de deuda vencidos, o bien suspendiendo durante algunos semestres (y sin esperanza de recuperarlos) el pago de los intereses. En este punto, una vez que se llega a ese extremo, es aconsejable que no se negocien las convicciones y la deuda se repudie por completo. Porque cualquiera sea la amplitud de la rebaja, valdrá a su autor la misma reputación duradera de mal pagador. Y como la partida no vuelve a jugarse cien veces, es mejor obtener el máximo de ventajas.
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Al suprimir de pronto su deuda, un Estado al borde de la asfixia obtiene de inmediato una bocanada de aire, equivalente a la suma anual de los intereses pagados a sus acreedores. Es decir, un monto con el cual casi puede retomar una vida normal, si el ahorro realizado se encuentra a la altura de su déficit corriente (6). Sin dudas, para los prestadores el momento sería duro de atravesar: equivaldría a pagar de una sola vez los impuestos acumulados desde hace al menos veinte años... Con lo cual seguramente preferirán gobiernos que se endeuden con ellos antes que gobiernos que les cobren impuestos. n 1 En 2003, el 20% de los hogares más ricos de Francia ahorraban un tercio de sus ingresos, contra menos del 10% para el resto de los hogares. Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, París, 2009. www.insee.fr. 2 “Euroland is Being Crucified Upon Ist Own Cross of Gold”, Financial Times Economists Forum, www.ft.com 3 Goldman Sachs habría jugado a tres puntas: ayudando al
“¿Querían bailar?... ¡Bailen!” Alemania Para 2011 el gobierno pretende reducir el déficit presupuestario estructural de 10.000 millones de euros anuales, para estar por debajo del límite del 3% del PIB en 2013 y alcanzar los 10.000 millones de euros para 2016, conforme a una disposición constitucional que apunta a poner un techo a la deuda. En nombre de la recuperación de la economía, se prevé no obstante una baja de impuestos. Otras medidas previstas: reducción del número de funcionarios del 1% anual, comenzando en 2012 y avanzando por etapas hasta 2029; aumento progresivo de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Variación del Producto Interior Bruto (PIB): -5% en 2009; previsión 2010: +1,5%, según el gobierno Déficit presupuestario (gastos del Estado menos sus ingresos, expresado en proporción al PIB): 3,2%; previsiones para 2010: 5,5% Deuda pública (monto total de los préstamos otorgados al Estado y a las administraciones públicas): 73,1% del PIB Tasa de desempleo: en enero de 2010: 8,2%
Estado griego a maquillar la presentación de su deuda haciéndola cumplir con las exigencias europeas; aconsejando a Atenas sobre los medios de financiación de su deuda; tomando simultáneamente posición sobre el alza de los contratos de riesgo de default (CDS) de la deuda griega. 4 ECB Monthly Bulletin, Banco Central Europeo, Frankfurt, enero de 2010. 5 El BCE detentaba 333.000 millones de títulos públicos en
España Los poderes públicos anunciaron un plan de austeridad que apunta a llevar el déficit por debajo del límite del 3% de aquí a 2013 y pretenden ahorrar 50.000 millones de euros en tres años. Prevén reemplazar sólo un funcionario de cada diez. La edad jubilatoria se aumentaría gradualmente de 65 a 67 años. Ministerios como el de Fomento vieron sus créditos de inversión reducidos en un 30%, y el de Medio Ambiente en un 37%.
PIB: -2,2% en 2009; previsión 2010: +0,9% Déficit presupuestario: 7,9% del PIB Deuda pública: 83,2% del PIB Tasa de desempleo: en diciembre de 2009: 10% Irlanda El gobierno anunció que reduciría sus gastos en 4.000 millones de euros en 2010. Espera recortar el déficit al 3% del PIB, en 2014. Se adoptó un plan de austeridad: baja de los subsidios al desempleo y de los salarios del sector público, no reemplazar los retiros por jubilación y un alza de los impuestos. PIB: -7,5% en 2009; previsión 2010: -1,5% Déficit presupuestario: 12% del PIB Deuda pública: 66% del PIB en 2009 (25% en 2008) Tasa de desempleo: en diciembre de 2009: 13,3% Italia El gobierno prevé no reemplazar cuatro funcionarios sobre cinco; espera aumentar la edad mínima de jubilación, actualmente de 59, a 61 años de aquí a 2013. PIB: -4,7% en 2009; previsión 2010: +0,5%, según el Banco de Italia Déficit presupuestario: 5,3% del PIB Deuda pública: 114,6% del PIB Tasa de desempleo: al tercer trimestre de 2009: 7,8%
diciembre de 2009; ECB Monthly Bulletin, enero de 2010. 6 Según CFO-news del 12-2-10, si las tasas de interés de la deuda griega ascendían hasta el 8% y la deuda hasta el 140% del PIB, las cargas de los intereses representarían el 9% del PIB… o sea mucho más que la amplitud del déficit anual que
PIB: -3,7% en 2009; previsión 2010: -0,9% Déficit presupuestario: estimado en 2009: 11,4% del PIB Deuda pública: 54,3% del PIB en 2009 (más del 66% en relación a 2008) Tasa de desempleo: en diciembre de 2009: 19,5%.
Grecia puede esperar aun sin recesión (www.cfo-news.com).
*Economista, autor de L’Economie des Toambapiks, París, Raisons d’Agir, 2010.
Francia El gobierno anuncia una reducción del gasto público del 1% para 2011 y pretende llevar la deuda por debajo del límite del 60% del PIB para 2013. Prevé además no reemplazar un funcionario sobre dos, y estudia la posibilidad de subir la edad jubilatoria.
Portugal El gobierno pretende llevar el déficit por debajo del límite del 3% de aquí a 2013. Pero el Parlamento rechazó su plan de austeridad que incluía una reducción de los efectivos en la función pública, la congelación de salarios de los funcionarios y la reducción de los gastos sociales. PIB: -2,9% en 2009; previsión 2010: +0,5% Déficit presupuestario: 9,3% del PIB Deuda pública: 77,4% del PIB en 2009 Tasa de desempleo: en diciembre de 2009: 10,4%
Traducción: Gabriela Villalba
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ASALTO FINAL AL ESTADO Dura herencia para un PASOK sin ideas
por Niels Kadritzke*
Grecia, el enfermo del día Para muchos analistas, Grecia sería la primera ficha del dominó, cuyo derrumbe podría arrastrar a todo el tablero de la Unión Europea. Las duras medidas de austeridad impuestas al gobierno heleno le están costando las primeras respuestas populares: un amplio movimiento de huelgas, sobre todo en el sector público, paralizaba a Atenas a fines de febrero. Los griegos reclaman equidad social. Atenas, 24-2-10 (Yiorgos Karahalis / Reuters)
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os problemas griegos afectan incluso a los juegos de azar. La cifra de negocios de la industria de loterías y casinos retrocedió un 16%. No es que haya menos apostadores, simplemente tienen menos dinero en el bolsillo. Crisis en la marina mercante, el turismo, la construcción; la economía real. El Producto Interior Bruto (PIB) griego se redujo un 2% en 2009 y se prevé una baja de igual magnitud para este año. También un aumento del desempleo, que ya a fines de 2009 se elevaba oficialmente a 10,6%, pero cuyo nivel real se estima en 18%. Los jóvenes, entre 18 y 24 años, son los más duramente afectados: en septiembre de 2009, uno de cada cuatro no tenía trabajo fijo (1). Esto aumenta todavía más la presión a la baja de los salarios para los primeros empleos. En las revueltas atenienses de diciembre de 2008, se habló de la “generación de los 700 euros”; pero pronto podría convertirse en “la de los 500 euros”. “La ruina acecha a Grecia”, proclaman desde diciembre pasado los titulares de la prensa económica internacional. Las cifras son realmente impresionantes: el gobierno de George Papandreu (Movimiento Panhelénico Socialista; PASOK), que reemplazó al del conservador Karamanlis a principios de octubre pasado, tuvo que anunciar en Bruselas una nueva cifra deficitaria: 12,7% del PIB para 2009, el doble de lo que había indicado el gobierno anterior. La deuda pública, por su parte, trepó a 298.000 millones de euros; o sea 112,6% del PIB. Hay quienes pronostican que en 2010 se cruzará la barrera del 125%. Grecia –que vio degradada su calificación de crédito por las agencias de informes de crédito internacionales– reemplazaría a Italia como el país más endeudado de la Unión Europea (UE).
Fraude e ineficacia El déficit público tiene múltiples causas. En cuanto a ingresos, el fraude fiscal, ampliamente difundido, priva cada año al Estado de 20.000 millones de euros. Por el lado de los egresos, el puesto principal lo tiene el presupuesto inflado de una administración pública ineficaz e hipertrofiada al máximo. El PASOK prometió a la UE una reducción del déficit de 4 puntos este año, para
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llevarlo a 8,7% del PIB, y por debajo del 3% de aquí a 2012. Para eso el gobierno debe renunciar a un buen número de sus promesas electorales y enfrentar una dura resistencia, mientras la consolidación presupuestaria exigida por la Comisión Europea amenaza con transferir una reactivación de la economía real… a las calendas griegas. Parece injusto que el “trabajo sucio” recaiga hoy en el PASOK, ya que la mayor parte de los gastos importantes son herencia de los conservadores de la Nueva Democracia (Nea Dimokratia, ND), y en particular, del gobierno Karamanlis. Pero el PASOK tampoco está libre de reproches, lejos de eso. La reducción del gasto salarial representa, muy clásicamente, uno de los puntos cruciales del “Programa de estabilidad y crecimiento” elabo-
El gobierno de George Papandreu admite que los griegos han perdido una parte importante de su soberanía. rado por el ministro de economía George Papakonstantinou. El programa prevé un congelamiento de las contrataciones en la administración pública y, a partir de 2011, la incorporación de un solo funcionario nuevo por cada cinco que se jubilen. En términos más generales, cada ministerio debe reducir un 10% su presupuesto y para ello, recortar principalmente los salarios. Pero estas medidas apenas pueden aportar la mitad de los 9.000 millones de euros de ahorro previsto para 2010. La otra mitad debe provenir de un aumento de los ingresos: venta de bienes inmobiliarios pertenecientes al Estado, y sobre todo, 20% de aumento de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina. El alza de los impuestos directos, por su parte, afectará prioritariamente a los contribuyentes más desahogados y adoptará la forma, por ejemplo, de impuestos especiales sobre los
bienes inmuebles de lujo y las sucesiones. No obstante, para consolidar los ingresos a largo plazo, la lucha contra el fraude fiscal es determinante. En su declaración de política general, Papandreu llamó a los griegos a conducirse como “contribuyentes orgullosos”, puesto que su deber es financiar el gasto colectivo. Es un llamado heroico, ya que va dirigido a una sociedad cuyo héroe indiscutido, en todos los medios sociales, sigue siendo el más hábil estafador del fisco: Aristóteles Onassis. El ministro de Economía prevé un endurecimiento de los controles. Recriminó a los médicos del barrio de Kolonaki, el más rico de Atenas, ya que declararon un ingreso anual “cercano al salario mínimo de los obreros”. En 2008, los profesionales liberales (médicos, abogados, arquitectos) declaraban un ingreso anual de 10.493 euros, los empresarios y comerciantes 13.236 euros en promedio, mientras el de los empleados y jubilados ascendía, por su parte, a 16.123 euros. O sea que para el fisco, los más ricos son los obreros, empleados y jubilados (2). Según el gobierno, la lucha contra el fraude fiscal podría reportar 3.000 millones de euros al año, aunque no antes de 2011. Pero los socios europeos de Grecia y “los mercados” no tienen tanta paciencia. Por eso presionan para que se recorte más decididamente el gasto.
de jubilaciones y seguro por enfermedad, IAK, que en 2009 recibió 2.900 millones de euros del Estado, alcanzaría este año los 13.000 millones. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Andréas Loverdos, presentó en febrero un amplio paquete de medidas centradas en torno a tres puntos principales: el reagrupamiento de las trece cajas de jubilaciones existentes en tres grandes organismos, lo cual permitiría un considerable ahorro; una caza de los beneficiarios indebidos de pensiones; la integración de los trabajadores en negro al sistema de cobertura social. Loverdos se atrevió incluso a abordar los problemas más sensibles de las jubilaciones. En el sector privado quiere llevar a 63,5 años la edad media efectiva de jubilación, que es actualmente de 61,5 años,
Déficit de la seguridad social
mediante un conjunto de reglamentaciones y una penalización de la jubilación anticipada. Propone extender más adelante su sistema al sector público. Pero, allí también, la UE exige reglas más severas: el famoso “plan B” exigiría una prolongación hasta los 67 años, tanto para el sector privado como para el público. El segundo punto tiene que ver con el cálculo del monto de los derechos jubilatorios. La nueva ley cambiaría la aplicada por la mayoría de las cajas, que fijan el monto de las pensiones basándose en los tres o cinco últimos años de actividad profesional y no sobre la carrera en su conjunto. Pero los sondeos de opinión revelan que dos de cada tres griegos no están dispuestos a realizar semejantes sacrificios. Y con razón: los ingresos reales de la mayoría, de por sí bajos, hace años que no aumentan. Y en caso de trabajar
Desde la cumbre europea del 11 de febrero pasado se dice que circula en Bruselas un “plan B” para el caso de que el plan de estabilidad griego no produzca resultados “satisfactorios”: aumento de un punto del IVA y reducción generalizada de los salarios de la función pública entre 5% y 7%. Los europeos señalan asimismo un problema que los distintos gobiernos siempre evitaron cuidadosamente encarar de modo directo: el déficit creciente de las cajas de la seguridad social. Según Yiannis Stournaras, director del Instituto de Investigación Económica IOBE, el tema de las jubilaciones es “el factor central determinante a mediano plazo de la evolución de las finanzas públicas de nuestro país. Este problema incide sobre todos los demás” (3). El déficit de la caja general
También los socios europeos de Atenas tienen interés en evitar una ruina que podría arrastrar a otros países.
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en el sector privado, tienen razón por partida doble, ya que los impuestos sobre su salario se deducen de la fuente, mientras los profesionales liberales que integran la clase media se hacen los indigentes.
Encrucijada fiscal El PASOK, que durante su campaña prometió una sociedad más justa y una reactivación “verde” de la economía, encontrará oposición. Los sindicatos, como también muchas organizaciones patronales por ramas, se plantarán ante su programa de estabilización. Para que las protestas no se conviertan en un vasto movimiento de revuelta social, el gobierno intenta valorizar el tema de la “justicia social”. De ahí el aumento previsto de los impuestos a los salarios altos, a las grandes fortunas, a las sucesiones, una imposición de 90% de los bonos bancarios, la drástica reducción de los salarios de los grandes directivos de las empresas nacionales… Pero todo esto no reportará lo suficiente. El otro aspecto es la lucha prometida contra la corrupción, convertida en deporte nacional para principal beneficio de las capas privilegiadas. Así se explica que la “tolerancia cero” proclamada por el gobierno sea tan popular en la opinión pública. No obstante, el gobierno debe enfrentar el mismo dilema que para todo su plan de saneamiento: el tiempo, un problema particularmente espinoso en el caso de la lucha contra el fraude fiscal. Los dispositivos técnicos para el fortalecimiento de los controles de las innumerables pequeñas empresas y de los profesionales liberales siguen siendo inexistentes. Y el congelamiento de los salarios de los funcionarios del fisco podría perfectamente reforzar su disposición a establecer pequeños arreglos lucrativos. Además, unos ajustes fiscales muy estrictos pondrán muy probablemente en dificultades a gran cantidad de pequeñas empresas. Lo mismo ocurre con la lucha contra la economía subterránea: las ganancias provenientes del trabajo en negro, o “en gris”, contribuyen en tiempo de crisis a amortiguar las consecuencias sociales, e incluso a estabilizar la coyuntura (4). Análogo problema se plantea para el sistema jubilatorio. Al retrasar la edad de jubilación, muchos empleos permanecen ocupados durante mucho tiempo, lo cual reduce en igual medida las posibilidades para la generación joven de acceder a ellos en un futuro cercano. Grecia se vuelve hacia la UE. Pero desde su adhesión en 1981, el país recibió más de 100.000 millones de euros en fondos comunitarios (5). ¿Adónde fue ese dinero? Gran parte se utilizó en infraestructuras, gracias a lo cual el Estado pudo ser bastante indulgente con sus contribuyentes, empezando
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por supuesto por los más ricos, que disfrutan de una de las tasas de imposición más bajas de la UE antes de la ampliación. Otra parte importante, pero difícil de evaluar, fue a parar a cuentas privadas. Esos fondos dilapidados y la moderación impositiva sobre los altos ingresos –en particular las profesiones liberales– se destinaron a yates y automóviles de lujo, a las mansiones de fin de semana de la periferia residencial de Atenas. Ahí se materializan las sumas de dinero destinadas a financiar programas y proyectos de futuro (para la industria, pero también para la agricultura y el turismo) y a promover un desarrollo económico duradero. Este desvío de fondos tuvo lugar también a expensas del medio ambiente: los incendios forestales que se desatan casi todos los años en el Ática y el Peloponeso tienen por causa una deforestación criminal, con objeto de liberar para la construcción terrenos lucrativos destinados a atenienses acaudalados.
Medios en tiempo de crisis por Valia Kaimaki* Nunca antes los medios griegos habían hablado tanto de… los medios extranjeros. Un diario francés como La Tribune y otro alemán como Die Zeit –muy poco mencionado habitualmente– salieron en primera página. La actualidad internacional, por lo general escasamente presente, se hizo atractiva porque habla… de Grecia. Los comentaristas adoptan la crítica blanda o hacen de pitonisas, mientras añaden una perspectiva bruselense: ¿cuál es la relación entre los problemas internos de Angela Merkel y su actitud respecto a Atenas? ¿Cuántas medidas más de austeridad exigirá la Comisión Europea? Los análisis serios conviven con los clichés, como el de la Victoria de Samotracia mendicante (1). El tono general es de resignación. Por su parte, los cinco canales privados de televisión cumplen el papel de oposición. Luego de haber apoyado a los agricultores que interceptaban las rutas pidiendo más subvenciones – un movimiento que se desinfló una vez que las cámaras hicieron su equipaje–, dieron la palabra en gran escala a la parte del PASOK que, descontenta con la política implementada, emite llamados públicos a George Papandreu para que tome medidas menos austeras. Añaden algunos gritos del Partido Comunista y de la Coalición de Izquierda (reformista), muy recientemente reconvertida a los buenos viejos dogmas antiliberales (2). Por su lado Antonis Samaras, flamante jefe electo para liderar el principal partido opositor, Nueva Democracia, guardó gran discreción acerca de la responsabilidad de su partido en los enormes déficits actuales. Lejos de iniciar un verdadero debate público sobre las salidas posibles de la crisis, los periodistas colaboran grandemente con la confusión y el temor generalizados. Y utilizan a continuación estos elementos para producir reportajes nuevos. En cuanto a la radio y televisión públicas, tienen cosas más importantes que hacer. Procuran salir de una situación desastrosa, generada por la Nueva Democracia, y amplificada por el actual poder: sueldos y primas alucinantes para los asesores y directivos, que van hasta los 300.000 euros por persona y por año. Sin olvidar los cincuenta puestos llamados “especiales” que ofrecen remuneraciones del orden de los 150.000 euros por año, y algunos contratos en oro para periodistas. Los grandes diarios no están a cubierto de la crisis y tienen que lidiar con enormes dificultades, lo cual los convierte en presa de “inversores” financieros. n
Siniestro “plan B” El plan de ajuste tendría que involucrar también el gasto militar, que hace años que absorbe más de 4% del PIB. Pero por un lado, la Comisión Europea recomienda a Atenas reducir ese gasto en armamentos. Por el otro, Alemania y Francia, entre otros, la presionan para que compre tanques, aviones de combate, fragatas... En enero pasado, el gobierno expuso ante los representantes de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), los detalles de su “Programa de estabilidad y crecimiento”. Algunos socios de la zona euro, sobre todo los alemanes, denunciaron retrasos, aunque parecían dispuestos a aceptarlos. No obstante, el 11 de febrero, la cumbre de la UE adoptó una estrategia más dura, al calificar al programa griego de “ambicioso”; lo que en el idioma de los expertos significa “irrealista”. El mensaje es claro: aceptar el plan B o ser sancionado por los mercados. Atenas tiene hasta el 15 de marzo para presentar los primeros resultados. El gobierno de Papandreu admite muy abiertamente que los griegos han perdido una parte importante de su soberanía. Puede permitírselo: ninguna otra sociedad de la UE manifiesta una mayor aceptación de Europa que la griega. Pero sobre todo, casi todo el mundo comprende que sin la zona euro el país debería declararse en bancarrota. A muchos dirigentes, la idea de salir del euro y volver al dracma les parece absurda. Una devaluación masiva de la moneda no haría sino engrosar aun más la montaña de deudas del país, contraída en euros. Habría entonces que renunciar al maná financiero
1 Escultura griega que data de fines del siglo IV a.C., que representa a una mujer alada, símbolo de la victoria. 2 Valia Kaimaki, “El incendio griego”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2009.
*Periodista, Eleftherotypia, Atenas.
de Bruselas, del que Grecia todavía puede esperar recibir, de aquí a 2013, hasta 23.000 millones de euros. También los socios de Atenas tienen total interés en evitar una ruina del país que podría arrastrar a otras naciones: España, Portugal... Imponer un programa de extrema austeridad, que convierta a Grecia en una “Letonia del sur” como suele llamarse a Atenas, no sólo sería injusto sino también contraproducente. El “plan B” de la UE reduciría las probabilidades de elevar el ingreso público y socavaría toda posibilidad de un retorno al crecimiento en 2011, aun modesto, y por lo tanto la posibilidad de reducir el déficit. Hay quienes sospechan que ciertos países europeos procuran una devaluación “controlada” del euro, para facilitar sus exportaciones. Pero en pos de lograrlo, sería irresponsable permitir que los “mer-
cados” especulen contra un Estado miembro. No sólo los griegos tienen problemas. n 1 Ta Nea, Atenas, 10-12-09. Véase también el informe trimestral para el cuarto trimestre de 2009 del Instituto de Investigación Económica IOBE: www.iobe.gr/media/elloik/ IOBEGreek409.pdf 2 Sólo 7,5% de los profesionales liberales y 13% de los empresarios y comerciantes declararon más de 30.000 euros. Ta Nea, 30-12-09. 3 Kathimerini, Atenas, 8-11-09. 4 “Krisenfest mit Schattenwirtschaft”, Deutsche Bank Research, Berlín, 17-12-09. 5 Es imposible establecer la cifra exacta. Pero algunos estudios de la OCDE estiman que las subvenciones provenientes de Bruselas suman anualmente, desde 1981, un promedio de alrededor de 0,7 % del PIB. *Periodista, Atenas y Berlín. Traducción: Patricia Minarrieta
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ASALTO FINAL AL ESTADO El oasis era un espejismo
por Ibrahim Warde*
Dubai, crónica de una caída anunciada Tierra elegida de la especulación financiera, la desmesura y la ostentación, Dubai parecía inmune a la crisis. Se daba el lujo incluso de construir la torre más alta del mundo. Pero el emirato no pudo permanecer ajeno a los aspectos más oscuros de la globalización ni a las tensiones regionales. Ante los embates del crack económico global la opacidad del sistema salió a la luz y el espejismo no tardó en esfumarse...
León Ferrari, Sin título, 1978 (Gentileza Galería Jorge Mara-La Ruche)
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arecía que el derrumbe financiero de 2007-2008 perdonaría a Dubai. Todavía brillaban todas las luces del emirato, los megaproyectos se multiplicaban y sus fondos soberanos se peleaban por las acciones de los grandes bancos internacionales (1). Incluso en el punto álgido de la crisis mundial, en octubre de 2008, Dubai anunciaba que se erigiría otro edificio, más elevado todavía que la torre más alta del mundo, conocida con el nombre de Burj Dubai, que ya había sido puesta en marcha por la empresa Emaar. La nueva Torre de Babel, que tendría una altura de más de un kilómetro y que había sido concebida por Nakheel, el otro gigante de las obras públicas, debía elevarse en medio de una nueva ciudad de 270 hectáreas, destinada a encarnar “el corazón del nuevo Dubai”. Costo proyectado: 160.000 millones de dólares para el conjunto del complejo; 45.000 millones sólo para la torre. Más que una success story, por entonces Dubai ofrecía al mundo la imagen de un verdadero modelo de desarrollo. Al principio, el emirato tenía pocas ventajas, más allá de sus puertos y su posición geográfica en la confluencia de Asia, África y Medio Oriente. De tamaño exiguo y desprovisto de recursos humanos o energéticos, el emirato se preparaba, desde hacía una generación, para la era del post-petróleo. A la manera de Hong Kong o de Singapur, nunca procuró promover la democracia, sino el crecimiento económico y la libre empresa. El gigantesco complejo portuario de Jebel Ali y su zona franca, inaugurados en 1985, consagraron a Dubai en su papel de proveeduría regional. Desde entonces, el Estado no ahorró en gastos de infraestructura vial, marítima o aérea. Para alentar el establecimiento de empresas pertenecientes a las finanzas internacionales, internet, medios de comunicación, medicina y organizaciones no gubernamentales, entre otras, se crearon complejos especializados, favorecidos por condiciones ventajosas (2). Dubai también abrió la puerta
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de par en par a los trabajadores inmigrantes, que hoy representan más del 90% de la población. En algunos sectores, como la construcción, los inmigrantes padecen condiciones de trabajo que se parecen mucho a la servidumbre.
El Estado es el jeque Otra particularidad del modelo: un solo jefe detenta el poder. El jeque Mohammed Ben Rached Al-Maktoum, gobernador de Dubai y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU), domina a las mil maravillas el estilo y el lenguaje del gerente de empresa que supo ser antes de entrar en política, lo cual, por otra parte, le sienta bien a un emirato controlado por dos grandes empresas públicas: Dubai World e Investment Corporation of Dubai (ICD). Omnipresente representante comercial de la “marca” Dubai, celebrado por la prensa empresarial inter-
¿En todas partes se construyen hoteles de lujo? Pues entonces Dubai tendrá su hotel “siete estrellas”. nacional, objeto de estudio en las escuelas de negocios, el “Jeque Mo” expresa sin cesar su “visión” (3): nada menos que ser world class, “los primeros del mundo” (4). Cuando en enero pasado el profesor de la Harvard Business School Michael Porter, sin duda el más célebre gurú en materia de estrategia, fue a EAU para dar una conferencia sobre “La competitividad de los emiratos”, el “Jeque Mo” se sentó en la primera fila, acompañado por sus ministros y por 350 altos funcionarios. Muy presente en los nuevos medios de comu-
nicación y las redes sociales, Al-Maktoum envió no menos de cuatro tweets (mensajes de menos de 140 caracteres) a sus adeptos en las escuelas de negocios para compartir con ellos –en tiempo real– sus impresiones sobre la conferencia (5). El “modelo Dubai” hizo correr mucha tinta y despertó la admiración de numerosos líderes de opinión. Thomas Friedman, el famoso editorialista de The New York Times, le guarda una admiración sin límites y no deja de exhortar al mundo árabe en su conjunto para que siga sus pasos: “Los habitantes de Dubai están construyendo un futuro fundado sobre manteca más que sobre cañones; sobre la propiedad privada más que sobre los caprichos; sobre los servicios más que sobre el petróleo, y sobre las empresas mundialmente competitivas más que sobre las redes terroristas. El objetivo de Dubai es mantener la dignidad árabe a través del éxito y no del suicidio. Como consecuencia, sus ciudadanos procuran abrazar el futuro más que hacerlo volar en pedazos” (6). El modelo efectivamente hizo escuela. Otros emiratos de la región, como Abu Dhabi, Bahréin o Qatar, también se pusieron a ofrecer zonas francas y destinos turísticos soleados –a menudo a mejor precio–, con el agregado de iniciativas culturales o educativas. De lo que se trata es de ver quién atrae a los mejores museos o las universidades más prestigiosas (7). Así fue como Dubai decidió pasar a la velocidad máxima. Si las ciudades rivales también ambicionan metamorfosearse en templos del consumo, el ocio y el espectáculo, ¿cómo distinguirse sin recurrir al gigantismo y al exceso? ¿En todas partes se construyen hoteles de lujo? Pues entonces Dubai tendrá su hotel “siete estrellas”. Como si estuviesen destinados al libro Guinness de los récords, se anuncian los proyectos más costosos y extravagantes. La ciudad-Estado será la de los superlativos, “el primer destino turístico del mundo”. Dispondrá del centro comercial
más grande del planeta, del acuario más grande, de una pista de esquí en pleno desierto, de una playa refrigerada, de un rascacielos en rotación permanente y, como vimos, de la torre más alta. Otros proyectos faraónicos procuran generar un acontecimiento y asombrar, cualquiera sea su costo humano, ecológico o financiero: Dubailand, especie de “parque de diversiones de los parques de diversiones”, que será dos veces más grande que DisneyWorld y recreará las siete maravillas del mundo; Palm Islands, “la octava maravilla del mundo”, conformada por tres complejos balnearios, residenciales y turísticos de lujo sobre terrenos e islas en forma de palmera, totalmente ganados al mar; The World, un archipiélago formado por 300 islas artificiales que reproducen un mapa del planeta y que albergarán hoteles y casas de fin de semana. Y se espera The Universe, un archipiélago que representará el sol, la luna y los planetas del sistema solar…
Annus horribilis ¿Megalomanía o fuga hacia adelante? Evidentemente, se estaba inflando una burbuja especulativa, y el gobierno se las ingenió para retrasar el estallido. Se invitó a estrellas del deporte y el espectáculo (como el futbolista David Beckham o el actor Brad Pitt) a adquirir propiedades en complejos de alta gama, con la idea de usar su presencia como herramienta de marketing. Se ofrecieron permisos de residencia a los extranjeros que compraran una vivienda, entre otras facilidades o ventajas. Pero estas iniciativas fracasaron: frente a una oferta exhuberante, la demanda bajó. La cotización del petróleo, que rozaba los 147 dólares por barril en julio de 2008, cayó a la mitad como consecuencia de la crisis mundial. Las multinacionales, que durante el boom había aumentado sus efectivos, recortaron drásticamente su personal local. Los extranjeros, hasta hace poco ansiosos por adquirir una vivienda, ahora lo pen-
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saron dos veces. En síntesis: el mercado inmobiliario comenzó a hundirse y los establecimientos financieros, muy expuestos, no se vieron en condiciones de prestar. Para el emirato, 2009 es un verdadero annus horribilis. Aunque el gobierno se encierra en el mutismo, preocupado por evitar el pánico, el público ya no se deja engañar: un paisaje de torres inconclusas y edificios semivacíos ha reemplazado a los bosques de grúas. El 14 de enero pasado, la empresa Nakheel anunció el “retraso” de su proyecto de torre gigante. Este tipo de comunicado, a menudo acompañado de supresiones de empleos, se hará moneda corriente. El 16 de febrero, el gobierno mencionó discretamente la fusión de dos de los fondos soberanos del emirato, Dubai International Capital (DIC) y Dubai Group, así como las primeras relocalizaciones de ejecutivos de alto nivel. El 22 de febrero, Abu Dhabi acude al rescate de Dubai, suscribiendo 10.000 millones de los 20.000 millones de obligaciones en bonos del Tesoro emitidos por el emirato. El gobierno pretende recrear el clima de normalidad, afectado desde el 25 de noviembre por un nuevo choque que sacudió los mercados: Dubai World –un conglomerado público de diez compañías, entre ellas Nakheel y DP World, tercer operador portuario mundial– pide una prórroga de seis meses para reembolsar sus deudas. Para no enloquecer demasiado a los mercados, el anuncio se hace coincidir con el principio de las largas vacaciones por las
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fiestas de Al-Adha en el mundo musulmán y de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero es en vano: hay 3.500 millones de dólares en bonos islámicos (sukuk) de pronto vencimiento, que retiene Nakheel. La posibilidad de falta de pago hace planear el fantasma de una nueva desestabilización de la economía mundial. En los días que siguen al pedido de moratoria, se asiste a la degradación de la calificación de compañías que pertenecen al emirato por parte de la agencia financiera Moody’s. El
Un paisaje de torres inconclusas y edificios semivacíos ha reemplazado a los bosques de grúas. Banco Central de Dubai realiza numerosas intervenciones, destinadas a inyectar liquidez en el sistema y a “tranquilizar” a los inversores. Dubai World se afana por renegociar su deuda con unos cien acreedores y por reestructurar las empresas del grupo (8). El 30 de noviembre, la compañía Nakheel pide una suspensión de las transacciones en todos sus bonos cotizados. Pero estos sukuk no son bonos
como los demás, ya que conceden a sus poseedores derechos sobre los activos subyacentes (9). Los buitres de las finanzas acuden. Varios fondos de inversión libre compran la deuda a precio vil, apostando a que el emirato de Abu Dhabi acabe por reflotar Dubai World, o bien se presente una acción judicial contra el gobierno de Dubai que pueda resultar jugosa. El asunto pone de relieve la opacidad del sistema. Dubai World pertenece íntegramente al emirato, que sin embargo confirma que no garantiza su deuda, calculada en 59.000 millones de dólares. También reina la vaguedad alrededor de la cuestión de la deuda pública total. Oficialmente se habla de 80.000 millones de dólares, pero los bancos internacionales sugieren una cifra más de dos veces superior. En pocas palabras, aunque el emirato habla mucho de gobernanza, lo cierto es que la practica poco. Sólo in extremis, durante la mañana del 14 de diciembre último, mientras el préstamo de Nakheel acaba de madurarse, cuando el emirato de Abu Dhabi anuncia la salvataje de Dubai World por un importe de 10.000 millones de dólares (suma idéntica a la de febrero, mencionada más arriba). ¿Préstamo o regalo? El comunicado no lo precisa. La suma servirá para el reembolso de los sukuk y para “pagar los intereses y las operaciones de funcionamiento de Dubai World hasta el 30 de abril de 2010, con la condición de que el grupo negocie exitosamente una moratoria de su deuda, tal como se ha anunciado antes”.
Queda otra incógnita: ¿qué contraprestaciones políticas o comerciales recibió Abu Dhabi a cambio? Al momento de la inauguración, el 4 de enero de 2010, de la torre más alta del mundo (828 metros), el edificio hasta entonces conocido como Burj Dubai fue rebautizado Burj Khalifa, por el nombre del gobernador de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan. n 1 “Fondos soberanos, ¿predadores, salvadores o víctimas?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2008. 2 Aamir Rehman, Dubai & Co. Global Strategies for Doing Business in the Gulf States, McGraw Hill, Colombus (Ohio), 2007. 3 Por otra parte, existe un libro que lleva el título Mi visión: Desafíos en la carrera por la excelencia (en árabe), Motivate Publishing, Dubai, 2006. 4 Ian Parker, “The Mirage”, The New Yorker, 17-10-05. 5 http://twitter.com/HHSHKMOHD 6 Thomas Friedman, “Dubai and Dunces”, The New York Times, 15-3-06. 7 Akram Belkaïd, “Nuevas ciudades en el desierto”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2008. 8 Robin Wigglesworth, Anousha Sakoui y Simeon Kerr, “Cost of Dubai default insurance rises sharply”, The Financial Times, Londres, 15-2-10. 9 Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, nueva edición, 2010. Ver también “Las paradojas de las finanzas islámicas”, Informe Dipló Nº 27, 14-9-01, www.eldiplo.org *Profesor adjunto en la Fletcher School of Law and Diplomacy (Massachusetts). Traducción: Mariana Saúl
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ASALTO FINAL AL ESTADO Un viejo cáncer que corroe el desarrollo del país
por Norberto Colominas*
Renta y poder en Argentina
León Ferrari, Sin título, fragmento, 1976 (Gentileza Galería Jorge Mara-La Ruche)
En el debate planteado sobre el derecho del Poder Ejecutivo a hacer uso de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), conviene repasar la historia reciente del organismo y la manera en que fue utilizado por la derecha local y sus socios internacionales, desde la dictadura militar hasta el presente, para desindustrializar al país, endeudarlo y promover la fuga de capitales al exterior.
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sta discusión parece original, pero ya lleva 200 años. Se circunscribe a quién decide cómo se reparten las rentas; qué sector predomina en la economía y qué sectores se le subordinan. Antes de analizar el papel del BCRA, llave maestra en la financiarización de la renta agraria, el endeudamiento externo y la fuga de capitales, fenómenos que afectaron al país desde 1976 hasta la crisis de 2001, es oportuno un sucinto repaso de los contextos mundial y nacional en los que se desarrolló ese modelo. A principios de los años 70 del siglo pasado, el presidente estadounidense Richard Nixon determinó la inconvertibilidad del dólar y su país abandonó el patrón oro. Esa decisión hizo que la emisión de moneda empezara a independizarse relativamente de los gobiernos y a aproximarse a los intereses de la gran banca. Dicho de otro modo, la influencia de la gran banca sobre la Casa Blanca fue en aumento. En los años 80 las desregulaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher liberaron el camino para que las entidades financieras se manejaran sin mayores controles, lo que posibilitó la obtención de rentas financieras en gran escala, con independencia de la evolución de la renta industrial. A caballo de las desregulaciones y la tecnología de las comunicaciones se produjo la paulatina globalización de los mercados, en primer término los financieros, que en pocos años se convirtieron en una gigantesca bolsa global on line. El proceso se completó durante los gobiernos de George Bush (padre) y William Clinton.
Dos caras de la misma moneda En Argentina, la dictadura militar decretó en febrero de 1977 una nueva Ley de Entidades Financieras que aún rige la actividad y constituye una de las mayores deudas de la democracia con la sociedad, en particu-
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lar de los partidos políticos con representación parlamentaria. Entre otras cosas, esa ley acentuó la independencia del BCRA (creado en 1935 según el modelo liberal del Banco de Inglaterra) y embistió contra la banca cooperativa y la pequeña y mediana industria (“pymes”), aunque en rigor este ataque ya había empezado en 1966, con la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Fue así que se allanó el camino para el desmesurado endeudamiento externo, la mayor parte del cual continúa siendo ilegítimo, a pesar de haber sido legalizado. En 1976, cuando fue derrocado, el gobierno de Isabel Martínez de Perón había dejado una deuda externa de 4.940 millones de dólares; unas monedas en relación al PBI. Al caer la última dictadura, en diciembre de 1983, siete años más tarde, la deuda ascendía a 44.438 millones de dólares. El endeudamiento había aumentado casi diez veces y ya representaba el 65% del PBI. En el mismo período se fugaron del país 30.000 millones de dólares (1). Los veinte años que van desde 1982 –tramo final de la dictadura– a fines de 2001, cuando la gran crisis argentina cerró el ciclo, estuvieron marcados por el inefable economista Domingo Cavallo. Primero, como presidente del BCRA durante la dictadura, Cavallo estatizó la deuda externa privada. Luego, en el período 1991-1997, como ministro de Economía del peronista Carlos Menem, concibió y condujo la política basada en la convertibilidad de la moneda y en la paridad del peso con el dólar. Finalmente, como ministro de Economía del radical Fernando de la Rúa, intentó un “blindaje” de la deuda con las consecuencias conocidas: “corralito” bancario, estado de sitio, sublevación popular, represión y caída del gobierno. La crisis financiera, económica, social y política de diciembre de 2001 marcó el final del ciclo. Esa continuidad de la política liberal, desde la dictadura a los gobiernos democráticos, permitió multiplicar la deuda externa y la fuga de capitales, dos caras de la misma moneda, cuya consecuencia fue un severo retroceso industrial, que costó cuatro millones de empleos. Las políticas aplicadas por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y por Cavallo, el ministro de Economía de los gobiernos democráticos peronista y radical, mantuvieron un aire de familia: un dólar barato, que permitió duplicar la renta agraria mediante mecanismos financieros, para luego sacar las ganancias fuera del país.
Una parábola de derechas Este contexto permite analizar ahora la eventual utilización de las reservas para pagar deuda externa, para financiar obra pública o para cualquier otro propósito legítimo que las autoridades estimen necesario. Permite también comprender el motivo del duro embate de la derecha contra el “Fondo del Bicentenario” propuesto por el actual gobierno, así como su cerrada defensa de la “independencia” del BCRA, que expresan inequívocamente su alineación con el poder financiero. Núcleo duro del establishment junto con los beneficiarios de la renta agraria, ese poder ha impedido históricamente el desarrollo
en el tiempo de políticas productivas. Lo hizo Julio A. Roca contra Carlos Pellegrini a principios del siglo pasado; Agustín Justo contra Hipólito Yrigoyen en el ‘30; el “partido militar”, en sucesivos golpes de Estado, contra Juan Perón (1955); Arturo Frondizi (1962); Arturo Illia (1966) y otra vez contra el peronismo (1976). Lo hizo el establishment contra Raúl Alfonsín (1989), a quien virtualmente echó del gobierno mediante un golpe de mercado, y lo sigue intentando hoy contra Cristina Fernández de Kirchner, con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación (2). No es extraño que la oposición de derechas inscriba sus políticas en aquella tradición a un tiempo liberal y autoritaria. El establishment desconfía históricamente de las empresas públicas, de la inversión estatal en rubros críticos de la economía, del desarrollo autocentrado, del pleno empleo como producto del crecimiento y del afianzamiento de “pymes” y cooperativas, y mira de reojo el aumento de las exportaciones industriales que harían al país menos dependiente de la renta agraria y, por ende, menos expuesto a ser manipulado por la renta financiera. Desde 1976 a la fecha hay una parábola política y económica que va de la “patria financiera” de Martínez de Hoz y Cavallo a la “patria opositora” de derechas actual, expresión política del capital nativo más concentrado. No sorprende que los antagonismos “finanzas vs. industria”, “puerto vs. provincias”, “importaciones vs. producción nacional” y “renta financiera vs. desarrollo” recorran los 200 años de vida independiente (aunque no tanto) que pronto cumplirá la República Argentina. La política económica de la dictadura provocó la convergencia entre el ritmo de crecimiento de los precios internos y la inflación internacional, mediante la manipulación del tipo de cambio. Y formuló un esquema de “industrialización limitada”, adaptado a la estructura de precios del mercado mundial, aunque dejando en claro que el eje central de la economía debía ser la exportación de productos primarios. Y que la industria debía arreglárselas sin ninguna protección. Fue evidente la convicción compartida por los militares y sus socios civiles de que por fin se producía el cierre de un período histórico y la apertura de otro. En ese sentido el terrorismo de Estado fue funcional a la economía retrógrada del golpismo.
La “independencia” del BCRA El ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, elegirá a sus principales funcionarios entre los ejecutivos del Consejo Empresario Argentino, cuyos miembros eran representantes de Acindar, Aluar, Arcor, Astra, Blaquier, Bulgheroni, Bunge y Born, Celulosa, Clarín, Escasany (Banco de Galicia), Fate, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín (Banco Comercial del Norte), Gotelli, La Nación, Macri, Perez Companc, Pescarmona, Roggio, Soldati, Techint, etc; todos nombres y apellidos del establishment. El gabinete económico de la dictadura expresó la mayor representación del sector más concentrado de la economía de que se tenga memoria, en detrimento de
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las “pymes” y las cooperativas, que primero fueron excluidas y después atacadas en sus bases de sustentación. Rápidamente se disolvió la Confederación General Económica (CGE), representante corporativo de la pequeña y mediana empresa de capitales nacionales, para allanarle el camino a la concentrada y transnacionalizada Unión Industrial Argentina (UIA). Los sectores populares fueron castigados con la brusca reducción de los gastos sociales (educación, salud), mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad, producto de las previsiones de una inminente guerra con Chile, evitada por la mediación del Vaticano. Para instalar las nuevas condiciones de dominación se implantó el terror y se redefinió el rol del Estado. Para ello fue necesario sobrevaluar el peso y reducir los aranceles de importación para golpear a las “pymes”, un anticipo de la convertibilidad de los 90. También se manipularon las tasas de interés por intermedio del BCRA, dando lugar a la creación de una deuda externa sin precedentes, para lo cual se subsidió masivamente al sector financiero. Además se aplicó la nueva Ley de Entidades Financieras, que encorsetaba la actividad de la banca cooperativa. En ese período se fugaron del país miles de millones de dólares. La mayor parte de ese dinero ingresaba en forma de créditos que eran tomados por empresas estatales y en menor medida por compañías privadas y particulares. Los dólares que llegaban por esa vía eran retenidos por el Ministerio de Economía y utilizados para sostener la venta irrestricta de dólares por parte del BCRA, que resultó el principal operador de la patria financiera, sin que el establishment se interrogase entonces por
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el uso de las reservas para pagar la deuda, ya que la deuda no se pagaba, sino que se refinanciaba con nueva deuda. Las divisas eran compradas por grandes empresas y particulares, que con ellas financiaban la fuga de capitales. Para ello utilizaban pesos “fuertes” por el abaratamiento deliberado del dólar (advertir nuevamente la semejanza con la convertibilidad) y luego las sacaban del país. Del registro de la deuda del BCRA en 1982 se advierte que desde 1976 fueron girados al exterior 29.000 millones de dólares. Según el Banco Mundial, en el período 1976-1983 se fugaron capitales por 30.000 millones de dólares, aunque otras fuentes nacionales indican que no fueron menos de 35.000 millones (3). Cuando llegaban los dólares de esas operaciones de endeudamiento forzado de las empresas públicas, el BCRA los retenía y giraba a las empresas el monto equivalente en pesos. Luego ofrecía libremente esos dólares al mercado, mientras que la empresa estatal se quedaba con los pesos y, claro, con la deuda en moneda dura. Para las empresas públicas esa política fue ruinosa en todo sentido. Durante el peronismo menemista, uno de los argumentos favorables a las privatizaciones fue que las empresas estatales mostraban gruesos números en rojo. Nadie aclaró entonces que habían sido inflados por un endeudamiento que ninguna de ellas necesitaba y que ninguna de ellas disfrutó, porque los presuntos dólares ingresados sólo figuraban en el balance. Cada nueva devaluación aumentaba la deuda en pesos de las empresas públicas, aunque la deuda en dólares se mantenía e incluso aumentaba por los intereses impagos, refinanciados con nuevos préstamos. La dictadura
dejó el paquete atado y bien atado. Uno de los casos paradigmáticos de la metodología perversa de la deuda fue el de la petrolera estatal YPF, cuyos compromisos externos pasaron de 372 millones de dólares en 1976 a 2.930 millones en 1980, a 4.050 millones en 1981, a 4.800 millones en 1982 y 6.000 millones en 1983 (4). Este curso de acción combinó una fuerte subvaluación del dólar con la reducción impositiva al ingreso de bienes y capitales, y la liberación de la tasa de interés. Recíprocamente, se eliminaron los derechos de exportación que gravaban al agro, al
El BCRA fue el instrumento favorito de quienes convirtieron la deuda externa en ganancia privada y la fugaron del país.
aclarar estructuralmente la utilización real de la deuda. Si los compromisos externos del país ascienden hoy aproximadamente a unos 140.000 millones de dólares, el dinero de los argentinos depositado en el exterior, es decir fugado en distintas etapas desde 1976, trepa a una cifra que distintos analistas privados y bancos calculan entre un piso de 170.000 millones y un techo de 200.000 millones de dólares (5) . Estas cifras explican tanto la lógica como los objetivos de la dictadura militar. La hegemonía de la renta financiera, la fuga de capitales y su contracara, el retroceso industrial, constituyeron el núcleo crítico de tres décadas de economía liberal. En todo ese proceso, el BCRA fue el instrumento favorito de quienes convirtieron deuda externa en ganancia privada y la fugaron del país, de modo que la brutal capitalización de unos pocos se convirtió en la deuda de todos. Es por eso que el establishment quiere que el BCRA siga siendo “independiente”. n 1 Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Mario Khavise, El nuevo poder económico, Hyspamérica, Buenos Aires, 1988. 2 Mario Rapoport y Noemí Brenta, “’Independencia’ del Cen-
tiempo que la estructura impositiva fue derivando hacia los gravámenes directos al consumo, lo que significa que un pobre y un millonario pagarían el mismo impuesto sobre un litro de leche. Una década después la dupla Menem-Cavallo tomaría la posta de la dictadura con una política esencialmente similar, que el ingenio popular bautizó como “Hood Robin”, porque les robaba a los pobres para darles a los ricos. Por ejemplo, privatizó YPF, esa “empresa fuertemente deficitaria”. Ya hemos visto el origen de ese “déficit”. Un par de cuentas finales termina de
tral”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2010. 3 Martín Hourest y Claudio Lozano, “La democracia y el FMI”, Realidad Económica, Buenos Aires, julio de 2006. 4 Memoria y balance, YPF, Buenos Aires, marzo de 1984. 5 Mario Cafiero y Javier Llores, La Argentina robada, Macchi, Buenos Aires, 2003. 6 Alejandro Olmos. Denuncia por defraudación contra la administración pública, Causa 14.467, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal. *Periodista. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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DELITO, INSEGURIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARGENTINA Ante la ausencia de un plan de seguridad democrática
por Gabriel Kessler*
“Presunción generalizada de peligrosidad” Aunque bajas en comparación con otros países de la región, las tasas del delito han crecido fuertemente en Argentina. La inseguridad se ha convertido así en la principal preocupación social, sin que ello derive en políticas públicas de prevención novedosas, efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
E
n Argentina la inseguridad se ha convertido en el centro de las preocupaciones públicas, ámbito en el que compite sólo con la cuestión socioeconómica. Según las principales encuestas de opinión, luego de la estabilización de la economía en 2004, el desasosiego generado por el delito superó por primera vez a la angustia provocada por el desempleo, y a partir de entonces siguió un curso ascendente. Su irrupción no ha sido repentina: sosegados los temores de amenaza a la democracia por los militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), desde mediados de los años ochenta la preocupación por el delito se ha ido expandiendo, penetrando en distintos sectores sociales y centros urbanos. No se trata de un fenómeno inédito en la historia argentina. Ya en distintos momentos de los siglos XIX y XX el delito se ha imaginado en oposición a un pasado tranquilo, en el que el temor era insignificante (1). Y, por sobre todas las cosas, no constituye una excepcionalidad local: según el estudio Latinobarómetro 2008 aparece como el principal problema en América Latina. Sin embargo, vale la pena detenerse un momento en las cifras y su percepción pública. Entre 1985 y 2000, las agresiones contra la propiedad se multiplicaron por dos veces y media; incluso con una pequeña reducción en los últimos años, los valores duplican a los de mediados de la década anterior (ver gráfico). En cuanto a la tasa de homicidios, si bien se ubica muy por debajo de la de otros países de la región, ya desde 1998 los de tipo doloso superan los 7 por cada 100.000 habitantes, por encima de su media histórica, cercana a las bajas tasas de Europa Occidental. Por otra parte, según las encuestas de victimización existentes en las grandes ciudades (Buenos Aires,
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Hechos delictivos
Contra la propiedad
Contra las personas
4.000
3,57
3.500
3,35
3,17
3,12
3,09
2,90
3.000 2.500
2,28 2,04
2.000 1,48
1,65
1.500 1.000 500 0 1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
2003
2005
2007
Hechos delictivos registrados (tasa anual) Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza…), que registran los hechos denunciados y los no denunciados, alrededor de un 30% de la población es víctima anualmente de un delito, aunque en la mayoría de los casos se trate de un delito menor. Esta cifra, similar a otras urbes latinoamericanas, es el doble o más de lo que acontece en las ciudades de Europa Occidental. Si bien el homicidio y los hechos de mayor violencia tienen índices en general bajos en el país, en los grandes centros urbanos las tasas de victimización son relevantes. Y ambos hechos interactúan a la hora de moldear las sensibilidades frente al tema. Así, las agresiones más violentas, con una alta presencia mediática, se superponen a la cantidad de pequeños delitos que suceden en el entorno o se escuchan en conversaciones cotidianas. Y de este modo, la eventualidad de la victimización se vislumbra y se teme, como suele ser habitual en la experiencia individual, en clave de incertidumbre con respecto a su desenlace o a las posibles consecuencias fatales para uno mismo, y no en función de la baja probabilidad general de que efectivamente se produzca (2). Esta es una primera pista para entender la extensión de la inquietud y su centralidad como problema público.
Características del crimen ¿Cuáles son las particularidades del delito en Argentina? Una disminución de la edad promedio de la población en proceso penal por delitos y en las cárceles ha dado lugar a debates aún no saldados. Para unos, esto es resultado de un mayor impacto de nuevas formas de marginalidad en parte de las nuevas generaciones de sectores populares; para otros, se debe sobre todo a un
encarnizamiento de la policía y el poder judicial contra estos jóvenes, y es posible que haya parte de verdad en ambas explicaciones. En segundo lugar, a diferencia de otros países de la región, donde el protagonismo de grupos con alta cohesión y enclave territorial –como bandas, pandillas o maras– sería central, éste no sería el caso de Argentina; hay consenso en que se trata en general de delito individual o de grupos poco organizados. Una serie de estudios econométricos señalan la concomitancia entre incremento del delito con el de la pobreza y el desempleo, pero sobre todo con la profundización de la desigualdad. Asimismo el sentido de cometer un delito ha cambiado en relación a lo que había supuesto la criminología clásica. Muchos jóvenes, al ser entrevistados no consideran que cometer un delito es un rito de pasaje al “mundo del delito”, sino que se trata de una experiencia más, para “probar” o porque se “necesitaba plata en ese momento” (3). Estos resultados están en sintonía con lo que han mostrado estudios longitudinales en Estados Unidos e Inglaterra, que señalan que sólo una parte ínfima de quienes cometen delitos de jóvenes entablarán en el futuro una “carrera delincuente”. Asistimos así a nuevas articulaciones entre escuela, trabajo y delito: muchos jóvenes alternan entre trabajo y delito, tanto en el mismo momento como a lo largo del tiempo. A su vez, escuela y delito, pensados tradicionalmente como excluyentes, ya no lo son. Un estudio de fines de la década de 1990 señalaba que el 58% de los menores imputados por delitos contra la propiedad declaraban concurrir a la escuela (4). A diferencia del crimen juvenil, más desorganizado, poco se sabe del crimen
organizado en el país. Hay consenso en que comparado con otros países de la región, como Brasil, Colombia o México, el peso del narcotráfico es muchísimo menor, ya que Argentina no es una ruta importante hacia el principal destino, Estados Unidos, aunque sí para Europa. Argentina es considerado un país de tránsito de drogas, de cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa (5). Su producción local de drogas es mínima, aunque sí posee una importante industria de precursores químicos que se utilizan en la producción de cocaína, como la efedrina. Por otra parte, hay un movimiento interno de trata de mujeres, en su mayoría mujeres pobres engañadas y secuestradas, para la prostitución. Se denuncia un promedio de 500 mujeres desaparecidas por año, casos en general sin resolver y donde habría complicidad con poderes locales (6). En tercer lugar, se ha desarrollado un mercado de robo y posterior venta de vehículos y piezas robadas, que según datos de 2009 estaría conociendo un incremento. En cuarto lugar, hay un importante tráfico de armas livianas en el Cono Sur. En el centro de esta cuestión figuran las armas que han quedado sin uso cuando disminuyó el número de fuerzas armadas por el fin del servicio militar obligatorio. En tal sentido, la prestigiosa Small Arms Survey ha calculado un exceso de 425.000 armas en Argentina cuyo destino posterior no queda claro (7).
Deslocalización del peligro Pero aun cuando el peso del crimen organizado sea menor que en el resto de los países de la región, Argentina registra, al igual que esos países, una extensión del sentimiento de inseguridad. Esto no implica suponer
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una sociedad atemorizada, pero sí que la cuestión es un tema de importancia para gran parte de la sociedad. ¿En qué consiste exactamente esa inseguridad? No se refiere a todos los delitos y, a su vez, aquello que genera inseguridad no necesariamente supone la infracción de la ley, como sucede con el temor que puede provocar un grupo de jóvenes reunidos en la calle, sin infringir normativa alguna. Su rasgo particular es la aleatoriedad del peligro. La inseguridad podría definirse como toda amenaza a la integridad física, más que a los bienes, que parecería poder abatirse sobre cualquiera. Una de sus facetas es la deslocalización del peligro: el fin de la división entre zonas seguras e inseguras bien definidas que se ha detectado en las grandes ciudades del país. Es posible que la centralidad de la figura de un delito poco organizado, diferente a la imagen de las bandas o del crimen organizado, más asociado a un territorio determinado bajo su control, haya contribuido a la imagen de deslocalización del delito. En segundo lugar, hay una desidentificación relativa de las figuras de temor, por cuanto la percepción de amenaza no se limita sólo a las imágenes más estigmatizadas, como los jóvenes de sectores populares, sino que hay figuras de temor compartidas y otras diferenciadas por sexo, grupo social o lugar de residencia. Así, policía y guardias de lugares de diversión (los “patovicas”) son fuente de temor para jóvenes de sectores populares; agresores sexuales para mujeres de barrios del conurbano bonaerense; personas ligadas al poder local capaces de todo tipo de abuso para sectores populares del interior; “gente que antes no existía”, como limpiavidrios, mendigos o cartoneros para algunos sectores altos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros temen a la policía y desconfían de los guardias privados. Una de las principales consecuencias de la extensión del sentimiento de inseguridad es la “presunción generalizada de peligrosidad” (8). Es la tendencia a evaluar el mundo a través de categorías de amenazas de diverso tipo: se produce una continua detección de nuevos peligros y una prevalencia de percepciones defensivas sobre otras de carácter optimista. De esta manera, la amenaza se convierte en un criterio legítimo para evitar al otro, para impedir que se acerque y, si es posible, para mantenerlo lo más alejado posible. En el plano microsocial, conlleva formas de elusión preventiva del otro, que se manifiestan en las interacciones cotidianas con aquellos percibidos como amenazantes que, más allá de la intención manifiesta de quien se protege, producen una evidente discriminación, fuertemente percibida por jóvenes de sectores populares: “Yo sé que cuando estoy en la calle y pasa alguien, muchas veces cruzan, como si les fuera a robar”, cuenta con amargura un joven del conurbano. Y en un plano más general, esto explica también la escasa reacción o hasta el apoyo a medidas de control policial o de otras fuerzas de seguridad de barrios considerados peligrosos, que genera una estigmatización colectiva de todos los habitantes de la zona y una mayor hosti-
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lidad policial; un estado de sospecha permanente reñido con los principios de un Estado de Derecho.
El doble pacto Gracias a la Ley de Defensa Nacional de 1988, las fuerzas armadas están totalmente excluidas de participar en la seguridad interna. Cuando se observa el creciente rol protagónico de los militares en distintos países de la región, ya sea en la represión política interna, como en la lucha contra el narcotráfico u otras cuestiones, tal no-injerencia es un dato positivo para nuestro país. No obstante, el marco legal de las políticas de seguridad está dado por la Ley de Seguridad Interior de 1992, que “establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo de esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”. O sea, seguridad interior igual policía. Así, queda plasmada una visión estrecha de la seguridad centrada en la policía (9), y se destaca la carencia de una concepción amplia del tema en la que la policía sea sólo uno de los pilares de una estrategia que incluya una variedad de actores, estrategias y políticas criminales, propias de una democracia moderna y a la altura del desafío que el tema exige (véase Sain, pág. 16). Al contrario, Argentina mantiene un esquema de políticas de seguridad centradas en el llamado doble pacto (10): se delega en la policía el tratamiento de la seguridad y a cambio el poder político prácticamente no interviene en sus asuntos internos ni en sus negociados. Más allá de que, con retrocesos, en algunas fuerzas hubo avances en el control civil, el pacto no ha sido del todo desmontado. Desde mediados de los años 90 se han diseñado una sucesión de Planes Nacionales de Prevención del Delito, pero casi ninguno se ha implementado. Hay acuerdo entre los especialistas sobre la necesidad de enfoques novedosos sobre el tema. Por ejemplo, concebir los distintos delitos en términos de mercados diferenciados permitiría priorizar aquellos que generan más violencia y diseñar estrategias específicas para desarticularlos, en general más ligadas a cortar sus fuentes de financiamiento o su organización económica que a la acción policial clásica. También en cuanto al delito ocasional o aleatorio, sería útil diseñar políticas urbanas para disminuir de forma no violenta las oportunidades de delito, en lugar de concentrarse en intervenir sobre las personas para modificar sus conductas. El cambio en el sentido del delito referido anteriormente también cuestiona las políticas clásicas de intervención sobre las supuestas “tendencias delictivas” de las personas. Con todo, en los últimos años ha habido algunas experiencias en las direcciones señaladas, si bien no se ha evaluado su impacto. Se trata de formas de participación comunitaria, como la experiencia de “Foros de Seguridad” en el Gran Buenos Aires: algunos municipios han realizado estrategias de prevención situacional y ha
habido planes de “alerta comunitario”, una forma de colaboración vecinal con las fuerzas policiales. Esta última, sin embargo, tiene tanto defensores como detractores (11). Su alcance ha sido limitado, se ha centrado en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario y Santa Fe y en áreas del Gran Buenos Aires. Entre las políticas de seguridad, ha habido estrategias que han servido para desarticular delitos complejos, a través de un trabajo de inteligencia policial-judicial. Por ejemplo, en 2004, siendo León Arslanian ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se logró desarticular
documento más o por el contrario que se transforme en el pivote para edificar las políticas que el tema y el país requieren. n 1 Lila Caimari, La ciudad y el crimen, Delito y vida cotidiana en Buenos Aires, 1880-1940, Sudamericana, Buenos Aires, 2009. 2 Gabriel Kessler, El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. 3 Gabriel Kessler, Sociología del delito amateur, Paidós, Buenos Aires, 2004. 4 Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. Investigación sobre menores infractores. Causas año 1998. Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 5 Khatchik Derghougassian, “El crimen organizado en el Cono Sur”, en Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo (eds.),
La irrupción del delito en la vida cotidiana Relatos de la comunicación política Stella Martini, Marcelo Pereyra (editores) Biblos; Buenos Aires, junio de 2009. 192 páginas, 40 pesos. Perversa, amenazante, obscena, espectacular. La cobertura mediática de los casos delictivos suele hacer foco en los protagonistas de las historias más que en sus acciones, y da un tratamiento personalizado y emocional a la información periodística. Desde una perspectiva anecdótica más que argumentativa, los medios instalan el fenómeno de la inseguridad en la agenda pública como una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Asumiendo esta regularidad, La irrupción del delito en la vida cotidiana analiza la comunicación de los hechos delictivos y su contracara: “la demanda reiterada por seguridad”. El libro presenta los resultados de un proyecto UBACYT, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Organizado en diversos artículos compilados por los investigadores del Instituto Gino Germani, Stella Martini y Marcelo Pereyra, este trabajo aborda la comunicación del delito y la violencia desde un enfoque transdisciplinario, problematiza las construcciones consolidadas que circulan y sus efectos en la percepción pública, estudia el rol de los medios en la producción social del miedo y las formas de mediatización que adquieren sus agendas, analiza las huellas del pasado discursivo plasmadas en las coberturas periodísticas e indaga las intervenciones de la sociedad civil regidas por un permanente “estado de alerta”. La noticia policial –acuerdan sus autores– abruma a la audiencia, generando “un efecto de lo siniestro en la cotidianidad”. Del otro lado, el público responde al horror reclamando la restauración del orden. n Natalia Aruguete
bandas que con complicidad policial se dedicaban a secuestros extorsivos, por lo cual este crimen disminuyó fuertemente. Asimismo se implementó una estrategia de desarticulación de desarmaderos de autos, que tuvo un efecto en la reducción de robos de autos, importante causa de homicidos comunes en esos años. Otra iniciativa fructífera fue el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que comenzó en 2007, pero cuyo alcance es limitado. Finalmente, un ejemplo de desmilitarización y modernización muy positiva se ha realizado con la intervención civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en reemplazo de la Política Aeronaútica Nacional, que estaba bajo control de la Fuerza Aérea. En esta misma dirección, en diciembre de 2009 se dio un hecho inédito. Un grupo amplio de fuerzas políticas, especialistas, organizaciones sociales y de derechos humanos firmaron un “Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática” (12). Este acuerdo presenta ejes importantes y bases para una política innovadora en el país con un fuerte compromiso con los derechos humanos; de la continuidad que tenga dependerá que quede como un
Seguridad Regional en América Latina y el Caribe - Anuario 2009, FES, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Editorial Gente Nueva, Bogotá, 2009. 6 Véase Marta Vassallo, “Desaparecidas. Un mercado de mujeres protegido por el poder”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2007. 7 Aaron Karp, Surplus Arms in South America. A Survey, Small Arms Surveys - Conflict Analysis Resource Center (CERAC), Ginebra, agosto de 2009. 8 Véase Michalis Lianos y Mary Douglas, “Dangerization at the end of Deviance: The Institutional Environment”, en David Garland y Richard Sparks (eds), Criminology and Social Theory, Oxford University Press, Oxford, 2000. 9 Marcelo Sain, El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. 10 Alberto Binder, “El control de la criminalidad en una sociedad democrática”, en Gabriel Kessler (ed.), Seguridad y ciudadanía, Edhasa, Buenos Aires, 2008. 11 Véase Máximo Sozzo, Inseguridad, prevención y policía, FLACSO, Quito, 2008. 12 www.cels.org.ar/common/documentos/acuerdo_para_la_ seguridad_democratica.pdf
*Sociólogo, investigador del CONICET. Su último libro publicado es El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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DELITO, INSEGURIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARGENTINA El caso de la Policía Federal
por Marcelo Fabián Sain*
Maldita policía, maldita política… Pergeñadas por los sucesivos gobiernos militares del siglo XX, las bases institucionales de la Policía Federal la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social que sobrevive gracias a un pacto de reciprocidad con los gobiernos democráticos. Una fuerza de seguridad moderna, eficaz y transparente requiere de cambios profundos, que no son sencillos, pero sí necesarios.
L
a Policía Federal Argentina (PFA), más que una policía ciudadana, es un sofisticado instrumento de control político y social al servicio de los gobiernos. Durante los últimos 60 años, ha sido tallada a medida por el poder político argentino. Las sucesivas dictaduras militares se sirvieron de ella para desarrollar una fabulosa trama de espionaje político y de control social, y para montar un eficiente dispositivo de represión política de la disidencia y de los opositores, recibieran éstos el mote de “peronistas”, “comunistas” o “subversivos”. Y los gobiernos democráticos –algunos, sólo limitadamente democráticos– que transcurrieron desde entonces hasta los años 70, también hicieron uso de ella para lo mismo, aunque con una intensidad y una envergadura menores a las observadas durante los gobiernos castrenses. En cambio, desde la instauración democrática de 1983, la PFA dejó paulatinamente de ser un instrumento de represión política pero, al amparo de la indiferencia, la ignorancia o el aval tácito de los gobiernos democráticos, se ha perpetuado como un dispositivo de regulación política y social también al servicio de éstos y de sus propias cúpulas.
Disciplinamiento social Las bases institucionales de la PFA son una obra de cuño militar. Fue creada el 24 de diciembre de 1943 a través del Decreto 17.750/43 y fue puesta en funcionamiento el 1º de enero de 1945 mediante el Decreto 33.265/44. Asienta sus bases institucionales en el Decreto-Ley 333/58 –y normas complementarias– promulgado durante la llamada “Revolución Libertadora”. Allí se le fijó las funciones de “policía de seguridad y judicial” dentro del territorio de la Capital Federal y también en la jurisdicción federal, y para su cumplimiento se le atribuyeron las labores de mantenimiento del orden público, la prevención de delitos y la intervención en la investigación de los mismos. La reglamentación de aquella vieja norma fue más allá en materia funcional y le atribuyó a la PFA un conjunto de tareas que la convirtieron en una verdade-
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ra instancia de disciplinamiento social. En efecto, en el Decreto 6.580/58, se dispuso que debía “velar por el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población y reprimir el juego ilícito”, así como también “velar por la moralidad pública [y] por las buenas costumbres en cuanto puedan ser afectadas por actos de escándalo público”, para lo cual debía vigilar los espectáculos públicos autorizados e intervenir ante “toda representación impúdica o que importe un atentado a la moral pública”; vigilar los bailes públicos y salas de diversión a fin de que “guarden las formas determinadas por la moral”; “reprimir la falta de respeto debido a la ancianidad y personas del culto”; controlar “toda actividad en materia de prostitución que no se ajuste a las disposiciones legales”; e intervenir en la tramitación de permisos y control de “colectas, rifas y tómbolas”, entre otras labores de profilaxis moral. Todo esto dio lugar a los ya históricos “edictos policiales”, cuya vigencia por más de tres décadas le permitió a la PFA legislar, establecer conductas prohibidas, imponer sanciones y también recaudar los fondos provenientes de aquellas conductas formalmente prohibidas aunque soterradamente permitidas y reguladas por sus huestes. Pero lo importante eran los delitos y los delincuentes, y –por qué no– la población, en general. Y para su control fue necesario montar un reservorio de información sobre las personas y disponer de un sofisticado sistema de vigilancia sobre los “sospechosos”. De este modo, en el Decreto 6.580/58, se estableció que la PFA debía identificar a las personas a través de los “prontuarios” y las “fichas de identidad”. Los primeros se refieren a toda persona imputada de la comisión de un delito o infracción a las leyes penales y los segundos a todas las personas que soliciten la cédula de identidad y el pasaporte. Tales documentos son de carácter “oficial y reservado” y constituyen “registros privados a cargo de la Policía Federal, para uso exclusivo de la misma”, no pudiendo ser remitidos “a requerimiento de ninguna autoridad”, sea administrativa o judicial.
Rep, Policías y ladrones (del libro Rep para todos, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009; gentileza del autor)
Asimismo, en materia de prevención, la PFA debía mantener la “vigilancia especial sobre las personas cuyos antecedentes y costumbres susciten sospechas, y aquellas que frecuenten su trato personal y comercial”, prestando especial atención a “los lugares o locales en que se reúnan o realicen sus operaciones”. Tal facultad llegaba al punto, inclusive, de permitir la excepción a lo indicado cuando la misma fuese ordenada por la superioridad. En efecto, por resolución de la jefatura, las personas sospechosas podrían ser temporalmente relevadas de la “vigilancia especial” cuando “demuestren propósitos de regeneración acreditando medios lícitos de subsistencia y conducta ordenada”. Una verdadera artesanía institucional. Todo ello, en fin, ha sido –y es– posible porque la PFA cuenta desde el año 1963 con
Los “costos” de un proceso de reforma institucional son percibidos como más altos que el statu quo. un sistema de inteligencia interna relativamente protegido y sofisticado. En efecto, el Decreto-Ley 9.021/63 instituye la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, posteriormente reglamentado a través del Decreto 2.322/67. Este cuerpo, que sigue funcionando a pleno, constituye un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia compuesto por “agentes secretos” –los llamados “plumas”– abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, es decir, pueden ser contratados o admitidos como funcionarios o empleados en cualquier
organismo público y privado, a los que, por cierto, la superioridad ordena infiltrar y espiar. Este dispositivo, no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por la propia cúpula institucional, cuenta con casi 1.000 espías que conforman una dotación integrada por dos categorías –“Superior” y “Subalterno”–, cada una de las cuales tiene sus propias jerarquías (1). Por su parte, hasta la reforma legislativa de 1991 impulsada por el diputado socialista Simón Lázara, la PFA estaba autorizada a “detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de 24 horas, a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes”. Ese año, a través de la Ley 23.950, se modificó esa facultad y se estableció que la PFA no podría detener a las personas sin que mediara una orden judicial, excepto cuando “existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad”, en cuyo caso la persona detenida podría ser conducida a la dependencia policial con conocimiento del juez competente y por el lapso de un “tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”. Ésta fue la única reforma seria introducida en democracia a la referida organización policial. Salvo los “edictos policiales”, todas estas normas, disposiciones y facultades están vigentes y sirven como andamiaje institucional para convertir y legitimar a la PFA como un instrumento oficialista de vigilancia y control político y social.
Independencia operacional ¿Por qué, desde la instauración democrática de 1983, la PFA no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática? Por dos razones diferentes que, desde entonces, han primado entre las sucesi-
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vas gestiones gubernamentales. Por un lado, porque, como mecanismo de vigilancia y control político y social, la PFA constituye una herramienta útil para gobernar. Y, por otro lado, porque los “costos” políticos de emprender un proceso de reforma institucional son percibidos por los actores políticos como altos, o más altos que los del mantenimiento del statu quo. La actual gestión gubernamental es un buen ejemplo de ello. Durante 2009, la PFA gastó 51.600.000 pesos en labores de inteligencia. En alguna medida, esas labores estuvieron destinadas a producir conocimientos sobre el delito. Pero también permitieron la provisión de información sensible para el gobierno y otro tanto para el comisariato que la conduce. Pues si no, ¿qué razón habría para mantener vigente y activo aquel servicio paraestatal de informaciones creado en los años 60? No obstante, la utilidad institucional de la PFA no deriva principalmente de ello, sino del “control de las calles” de la ciudad más relevante de la política argentina, y sin que el Estado tenga que financiarla integralmente del erario público. La PFA tiene condiciones técnicas y profesionales para desarrollar de manera adecuada las labores de seguridad preventiva o de investigaciones complejas que emprende. Se trata de una organización eficaz, si así lo dispone su conducción. Ello se ha podido apreciar en estos años de gobiernos kirchneristas, desde el año 2003, en los que la PFA ha cumplido estrictamente las directivas gubernamentales a favor de no policializar ni responder punitivamente a la protesta social. Y cuando debió intervenir ante situaciones de violencia derivadas de esas protestas, lo hizo, en general, con
El Comisariato articula y gestiona una fabulosa red de financiamiento institucional proveniente de las actividades delictivas. racionalidad, gradualismo y proporcionalidad. Su accionar se inscribió claramente en la estrategia oficial de tolerancia y disuasión ante las grandes manifestaciones de los sectores populares. A diferencia de otras policías provinciales, también ha sido eficiente en la contención general de las demandas ciudadanas a favor de mayor protección frente al fenómeno de la inseguridad. Asimismo, durante estos años, los abusos en el uso de la fuerza, las extorsiones, las coacciones, las torturas, las prácticas del “gatillo fácil” y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal de la PFA han sido reiterados y sistemáticos. Sin embargo, ninguno de estos hechos, muchos públicos y notorios y otros exitosamente encubiertos, ha puesto en tela de juicio la utilidad política de la misma. La PFA cuenta con un amplio grado de autonomía institucional y de independencia operacional “por abajo”. Es su propia cúpula la que ejerce el gobierno sobre la institución en todo lo atinente a sus parámetros doctrinales, organizativos y funcionales, y lo hace sin ningún tipo de injerencia o control gubernamental real. Y en el marco de esa autonomía, el Comisariato articula y gestiona una fabulosa red de financiamiento institucional proveniente de las actividades delictivas reguladas por la propia policía. Esas actividades son reguladas porque suponen una combinación compleja de acciones tendientes a permitirlas y protegerlas y, al mismo tiempo, a desarticularlas o reprimirlas, cuando
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ello es necesario. En la Ciudad de Buenos Aires, los diversificados y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, de autopartes desguazadas de automóviles robados y de servicios sexuales garantizados a través de la trata de personas, tienen protección policial, como también la tienen las actividades ilícitas llevadas a cabo por las principales “barrabravas” de los clubes de fútbol más grandes del ámbito porteño. Estas últimas son las fuentes más rentables de recaudación ilegal regenteadas por la PFA. El armado de causas judiciales fraguadas contra personas inocentes, la prostitución de barrio, la permisión de actividades económicas y comerciales “flojitas de papeles” y de ciertas diversiones nocturnas, entre otras bicocas menores, sólo alimentan el circuito pequeño de la recaudación ilegal de fondos. Ahora bien, gran parte de todos estos recursos son distribuidos con diferentes criterios entre el Comisariato, pero otro tanto es usado para afrontar los gastos de funcionamiento y de capital de la propia institución y a mejorar los ingresos de numerosos jefes y oficiales. Durante 2009, la PFA destinó el 84,19% de su presupuesto de gastos a las remuneraciones del personal –40.626 integrantes, entre oficiales, suboficiales, administrativos, profesionales, técnicos, contratados y personal de inteligencia–, tan sólo el 11,99% a otros gastos de consumo y el 2,53% a inversión. ¿Cómo hace para financiar su funcionamiento una institución pública que cuenta con más de cuarenta mil integrantes, unas 750 dependencias con equipamiento y apoyo administrativo y logístico y que destina casi el 85% de su presupuesto al pago de remuneraciones? Sólo de una manera: con “fondos extra-presupuestarios”. Y, con ello, se exime a los gobernantes de tener que idear la forma de financiar “en blanco” un organismo caro y, más caro aun, si se lo prefiere con un alto grado de modernización infraestructural y operativa y con un elevado nivel de profesionalización de sus efectivos. Desde los años 80, esta práctica es viable porque se asienta en un pacto de reciprocidad suscrito entre los distintos gobiernos y la PFA, que cuenta con dos compromisos. Del lado gubernamental, se le garantiza a la institución policial una suerte de prescindencia institucional basada en la no injerencia oficial en todo lo relativo a la organización y el funcionamiento policial, la protección de ciertos jefes y cuadros policiales funcionales al pacto mediante el aseguramiento de sus ascensos o la promoción para la ocupación de cargos o destinos importantes dentro de la institución así como la indiferencia, la “vista gorda” o el encubrimiento oficial frente a los hechos de corrupción, las modalidades de regulación policial de las actividades delictivas de alta rentabilidad económica y los abusos e ilegalidades en el uso de fuerza. Del lado policial, se le asegura a las autoridades gubernamentales un grado socialmente aceptable de eficiencia en el control formal o informal del delito, permitiendo una magnitud y envergadura criminal que no genere reclamos o protestas ciudadanas o que no dé lugar a situaciones de crisis política. Por lo tanto, de no mediar una situación de crisis institucional derivada de la debacle de este pacto, ¿por qué el gobierno nacional habría de emprender un proceso de reforma de la PFA tendiente a ponerla a tono con los designios de la seguridad pública democrática? Desde la perspectiva de nuestra clase política y de la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y de acuerdo con su comportamiento histórico, no hay ninguna razón fundada para ello. Y, menos aun, si se trata de reestructurar las bases institucionales de la PFA para producir el proclamado traspaso de algunos de sus servicios y estructuras a la Ciudad de Buenos Aires. Este traspaso, que fue pos-
tulado en 2007 por todos los candidatos a jefe de Gobierno porteño y que es deseado y merecido por la mayoría de los habitantes de la urbe capitalina, no se producirá mientras el titular de ese gobierno –Mauricio Macri– sea un dirigente con ínfulas de candidato a Presidente de la Nación. Allí, la PFA vuelve a despuntar como un instrumento de coacción sobre el incompetente gobierno porteño, el que no dejó de cometer eficientemente todos los errores posibles en el proceso de formación de la escuálida Policía Metropolitana, justifican-
La PFA cuenta desde el año 1963 con un sistema de inteligencia interna relativamente protegido y sofisticado. do así la impronta especulativa del gobierno nacional al respecto. Quizás la soterrada amenaza de la PFA de “manejar la calle” para tirar por la borda y hacer fracasar este emprendimiento institucional, siempre a tono con los intereses del gobierno nacional, dé cuenta del espanto inocultable con que los funcionarios de Macri explicaron y justificaron, casi pidiendo permiso y disculpas, la puesta en funcionamiento de esta pequeñísima policía.
Sólo cuentan los costos políticos Un solo ejemplo basta. El brutal asesinato de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que murió por golpes recibidos en la cabeza en el marco de la espantosa e injustificada represión desatada el 14 de noviembre pasado en los alrededores del estadio de Vélez Sarsfield contra los asistentes al recital del grupo de rock Viejas Locas, no constituye una razón política de peso para poner en tela de juicio el pacto de reciprocidad maniatado entre el gobierno nacional y la PFA. Durante esa jornada, las huestes de la PFA llevaron a cabo un accionar represivo propio de las épocas dictatoriales. La masividad y diversidad de unidades policiales intervinientes, la coordinación de su actuación represiva y la evidente intención de reprimir sin atenuantes, indican clara-
Las internas policiales siempre se dirimen en la calle, y se dirimen “haciendo”, o “dejando hacer”... mente que se trató de un operativo concebido, planificado e impulsado por los mandos operacionales superiores. Más allá del impúdico silencio y la quietud oficial al respecto, todo indica que esos hechos no fueron casuales ni fueron el resultado de una concatenación de excesos, sino, más bien, de algún desajuste o puja interna. Las internas policiales siempre se dirimen en la calle, y se dirimen “haciendo”, como en este caso, o “dejando hacer”, como cuando “liberan zona” para que los delitos sufran una sustantiva inflación. Todo ello constituye una forma de presión y, en ciertos casos, una modalidad de extorsión que puede tener diferentes destinatarios –la cúpula de la institución, otros sectores policiales en confrontación, un ministro, un gobierno, un
grupo u organización social– y diferentes objetivos –tumbar jefes o funcionarios, renegociar repartos o puestos, abrir ascensos congelados, amenazar o coaccionar a dirigentes políticos o sociales–. Lo cierto es que cuando lo que prima es el pacto recíproco entre gobierno y policía y, a partir de ese acuerdo, ésta cuenta con una amplia autonomía institucional, el gobierno de turno se convierte en un mero espectador o, peor aun, en una víctima pasiva de algún desborde crítico. En la Argentina de las últimas décadas, numerosos gobernantes que jugaron a “todo o nada” delegando a sus policías el gobierno de la seguridad pública, terminaron pagando “costos” enormes que esmerilaron su legitimidad y, en algún caso, su carrera presidencial. A fines de los noventa, esto le pasó a Eduardo Duhalde con la “mejor maldita policía del mundo”. Algo similar está aconteciendo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y su confundido ministro de Seguridad Carlos Stornelli, aunque con una policía más fragmentada y menos poderosa que la de otrora. No le fue mejor a Mauricio Macri con la “Armada Brancaleone” del comisario Jorge “Fino” Palacios (2). Por cierto, reformar la policía supone reformar la política o, más bien, reestructurar las modalidades tradicionales de vinculación establecidas entre la dirigencia política y, más específicamente, las autoridades gubernamentales, por un lado, y la institución policial, por el otro, asumiendo explícitamente que una política de seguridad pública democrática implica que los funcionarios gubernamentales responsables del gobierno de la seguridad pública, junto con las diferentes instancias competentes de la sociedad civil, ejerzan la responsabilidad de elaborar, formular e implementar estrategias inclusivas e integrales de gestión de los conflictos y, en ese marco, de abordar la problemática criminal, tan acuciante y crecientemente compleja en sociedades como la nuestra. Ello no constituye un proceso sencillo, ya que requiere de una manifiesta voluntad política, una serie de acuerdos institucionales entre gobierno y oposición, un plan de reforma y un equipo de gestión. Pero sí es necesario. Y creer que, si esas condiciones son convergentes, las resistencias o presiones corporativo-policiales pueden resultar exitosas, constituye un acto de ingenuidad. O de perversidad. En las democracias, los gobernantes gestionan los conflictos y los delitos. No los encubren ni los niegan. Tampoco delegan el manejo de estas problemáticas a quienes son parte del problema. Sin embargo, si ello causa pudor o los funcionarios no cuentan con el ánimo para semejante desafío, deberían saber que son gobernantes mancos. Y, en nuestro caso, esa deficiencia no se encubre repudiando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sino intentando hacer algo por la herencia institucional que esa dictadura ha prolongado en nuestras policías, con la complicidad política. n 1 El memorable agente del recontra-espionaje Ciro James – actualmente detenido– y sus secuaces, con los que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y varios de sus ministros pretendían conformar una estructura de inteligencia porteña, pertenecen a esta dotación. 2 El comisario “Fino” Palacios, primer ex jefe de la flamante Policía Metropolitana, se encuentra detenido, al igual que Ciro James, en el marco de una causa por escuchas ilegales.
*Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Es autor de Política, policía y delito. La red bonaerense, Capital Intelectual, Buenos Aires, mayo de 2004, y de El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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De los invernaderos españoles a las mesas francesas
por Pierre Daum y Aurel*, enviados especiales
Por unos tomates más Los actuales hábitos de consumo tienen sus consecuencias. Por ejemplo, cuando un francés compra un kilo de tomates en invierno, además de pagar por un producto insípido se lleva consigo la feroz explotación de los inmigrantes en España y de los camioneros de Europa del Este, y los pingües beneficios de la gran distribución. Al hacer las compras, es necesaria una reflexión ciudadana sobre las consecuencias de la globalización de los intercambios comerciales.
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odos los años lo mismo. A partir de octubre, los tomates del país, es decir producidos localmente, desaparecen poco a poco de las góndolas de los mercados y supermercados de Europa Occidental, para dar lugar a un único producto: el tomate español (1), duro, crocante o harinoso, sin verdadero gusto y que, en lugar de terminar de madurar en la frutera, es pálido y se pudre muy rápidamente. “Los franceses quieren comer tomates todo el año, aun en pleno invierno”, afirma Robert (2), responsable de las frutas y verduras en un hipermercado Carrefour del sur de Francia, “¡por lo tanto, proveemos!”. Ahora bien, al igual que los alemanes, los ingleses, los holandeses, los polacos y otros, los franceses se niegan a pagar el kilo de tomates a un precio superior a los 2 euros, aun fuera de estación. La solución a esta contradicción agronómica (hacerlos crecer en invierno), y económica (lograr producirlos por menos de 50 centavos el kilo para que lleguen a menos de 2 euros en las góndolas) fue encontrada en Almería, una provincia de Andalucía. Ubicada entre el Mediterráneo y la imponente Sierra de Gádor, Almería es una región que combina la cantidad de horas de sol más elevada de Europa con la mano de obra peor pagada.
Bajo la piel El visitante de paso en estos lugares antes desérticos, que sirvieron de escenografía natural a algunos de los más famosos spaghetti westerns (3), no puede dejar de admirar el espectáculo de miles de invernaderos de plástico, algunos construidos como fortalezas, otros semidestruidos y golpeados por el viento. ¿Cuántos hay en total? Alrededor de treinta mil, dispuestos uno al lado del otro sobre treinta o cuarenta mil hectáreas aproximadamente. Decenas de miles de inmigrantes –gran parte sin papeles– trabajan allí para proveer de verduras a los consumidores europeos, sea cual fuere la estación (4). Según Juan Carlos Checa, investigador en el laboratorio de antropología social de la Universidad de Almería, “se puede estimar que la cantidad de obreros agrícolas en los invernaderos es de ciento diez mil, de los cuales entre ochenta y noventa mil son extranjeros. De veinte mil a cuarenta mil, ilegales”, marroquíes (50%), subsaharianos, latinoamericanos y rumanos. En Francia, en una jornada de ocho horas, el obrero agrícola percibe 55,40 euros netos. Con las cargas, le cuesta a su empleador 104 euros. En Almería, los jornaleros sólo perciben de 32 a 37 euros, aunque el salario mínimo oficial se eleva a 44,40 euros netos (5). Y como raramente son declarados, no cuestan ni un peso más a su patrón. Los más favorecidos de estos inmigrantes viven amontonados de a quince en pequeñas viviendas de bajo alquiler. Los que tienen menos suerte se reúnen en lo que se denomina irónicamente “cortijos”, cabañas de ladrillos sin agua ni electricidad, utilizados normalmente por los propietarios agrícolas para almacenar
sus reservas de productos químicos (6). Los más miserables tratan de sobrevivir en “chabolas”, villas de emergencia construidas con chapas y plásticos, y ubicadas en los lugares más inaccesibles –y los más ocultos– en medio de los invernaderos. “Tengo suerte –nos explica en un mal español El Mehdi, 23 años, llegado de Tetuán, Marruecos–; el patrón es simpático, no me preguntó si yo tenía papeles.” La pieza es lúgubre, sin ventana, ni agua potable, ni electricidad ni calefacción. Algunas damajuanas de sulfato se amontonan en una pieza contigua: “Yo las reparto con una máscara”. El Mehdi sólo tiene un empleador, el propietario de dos invernaderos contiguos. Gana 33 euros por día, por ocho a diez horas de trabajo, “pero solamente los días en que hay trabajo”. Está contento, “pues en el verano, cuando por dos meses no hay trabajo, el patrón me permite seguir viviendo aquí”. De pronto, Europa oyó hablar de estos sin papeles cuando en los primeros días de febrero de 2000, el asesinato de una joven española por un desequilibrado marroquí acarreó tres días de locura racista en la localidad de El Ejido. Miles de españoles persiguieron con hierros a todo “moro” (el marroquí), en las calles, los bares y los comercios. Esta violencia produjo cincuenta y cuatro heridos: unos veinte policías españoles y otros tantos, inmigrantes. Desde entonces “la situación no cambió, incluso empeoró”, sostiene Spitou
Mendy, representante del Sindicato de Obreros Agrícolas (SOC) para la región de Almería. Cada año, aparecen inmigrantes asesinados en los caminos, en medio de los invernaderos. La policía apenas investiga, los culpables jamás son encontrados. Isidoro Martínez, ingeniero técnico de Casur, la cooperativa agrícola más grande de Almería, nos hace visitar su establecimiento con orgullo. Sus clientes se llaman: en Francia, Carrefour; en Alemania, Edeka y Lidl; en Gran Bretaña, Asda; en Holanda, Magnifruits. En cuanto llega, cada tomate pasa a un lavadero automático, con chorros de agua, detergente, cepillos giratorios y ventiladores que secan con aire caliente, con el fin de “quitar toda huella superficial de cobre o de azufre, que amenazaría con desalentar al consumidor”, nos explica nuestro guía. Antes de agregar con una sonrisa en los labios: “Pero, en realidad, los productos más peligrosos permanecen invisibles, bajo la piel”.
“Tengo suerte –explica El Mehdi, llegado de Tetuán, Marruecos–; el patrón es simpático, no me preguntó si yo tenía papeles.”
Una vez ubicados según la calidad y el calibre, los tomates, instalados sobre pallets, pasan uno o dos días en una cámara fría hasta que su temperatura desciende a 10 grados; después son cargados en semirremolques refrigerados, listos para lanzarse a toda Europa. En plena estación, de diciembre a febrero, el número de camiones que salen de la región puede ascender a quinientos por día. Mil novecientos kilómetros separan Almería de París (dos días y medio de ruta contando las pausas obligatorias); dos mil trescientos, de Londres (tres días y medio); dos mil setecientos, de Berlín (cuatro días y medio); tres mil trescientos, de Varsovia (cinco días). “Considerando la cantidad de días transcurridos entre la recolección y la llegada al supermercado, es decir, entre cinco y ocho días, sólo enviamos tomates todavía verdes”, prosigue Martínez, presentando un abanico de colores, del más verde al más rojo, numerados de uno a diez. “Si el cliente en Londres quiere del ocho, yo le envío del cuatro”. Simple cambio de color. Pues, al revés de la banana, la palta o el kiwi, el tomate deja de madurar una vez cosechado.
En la ruta Al día siguiente a la tarde, partida en un semirremolque –veintiséis pallets en total, que representan quince toneladas de cargamento–. El destino: la plataforma
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logística Carrefour de Béziers (Francia), uno de esos hangares gigantescos situados en general al reparo de las miradas, en los cuales son descargados los productos, antes de ser recargados algunas horas más tarde en dirección a los super e hipermercados de los alrededores. El chofer se llama Antonio Pacheco Sánchez. Tiene 47 años, de los cuales 34 en la ruta. “Empecé a los 13 años, sentado al lado de mi padre. Yo le leía el mapa. A los 16, lo suplantaba a la noche porque él veía mal”. El camión, un soberbio Volvo, parece recién salido de la fábrica. “Para un vehículo como éste, hay que contar con unos 150.000 euros”, explica Sánchez con orgullo. Antes de la partida, uno de sus superiores, Andrés Valverde, director comercial en Carrion, primer transportador de Almería –con una flota de cuatrocientos camiones– nos aclara que, para el trayecto, los 45 litros de gasoil utilizados cada cien kilómetros (con el fin de alimentar dos motores, el del camión y el de la heladera) “representan alrededor de la tercera parte del costo global del transporte”: 5 centavos por kilo de tomates, para entregarlos en la región parisina, de los 15 centavos reclamados por la sociedad de transporte. “Pero los grandes distribuidores ejercen sobre nosotros una presión terrible. Quieren precios cada vez más bajos. Muchas de las sociedades de transporte de Almería ya bajaron la persiana. Yo no sé cómo va a terminar esto.” Quizás reemplazando el transporte terrestre por el marítimo, especialmente con la apertura del nuevo puerto de Tánger, en Marruecos, que podría poner en peligro la agricultura andaluza. De allí el proyecto de establecer una línea AlmeríaDunkerque, actualmente en estudio. “Esta transferencia hacia lo marítimo está en plena expansión –sostiene Jean-Claude Montigaud, ex investigador en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INIA) de Montpellier, especialista de la logística del transporte de frutas y verduras–. En los próximos años asistiremos a una redistribución completa de las cartas en la cuenca mediterránea. Algunas zonas que creen estar bien situadas serán borradas progresivamente del mapa.” Quizás. Pero, por el momento, los camiones surcan las autopistas. Algunas empresas de transporte, apuradas por sus clientes, encontraron una solución: aprovechando la ausencia de homogeneización europea respecto de las legislaciones nacionales referidas al transporte rutero –por definición transnacional–, recurren a choferes de Europa del Este, fuera de las comunidades, y se les paga con tarifas dos o incluso tres veces inferiores. El salario mensual de un camionero español varía entre 2.500 y 3.000 euros. El de un ucraniano puede descender a 1.200 euros. En 2002, la quiebra de la empresa luxemburguesa-austríaca Kralowetz GmbH (7) sacó a la luz estas prácticas. En esa época, el truco consistía en crear, en Sofía o en Kiev, una oficina que permitiera emplear choferes por medio de contratos “locales”. Aunque, de hecho, estos hombres trabajaban en las autopistas de Europa Occidental. Franz Fischill, portavoz del sindicato austríaco de transportes, afirmaba entonces que “el 80% de los choferes empleados por las compañías austríacas de transporte son ilegales” (8). ¿Qué sucede en la actualidad? “Encontramos cada vez más choferes búlgaros o ucranianos sobre las rutas”, nos revela Sánchez, durante una “pausa-cena” a las tres de la mañana, en un restaurant de la ruta, en alguna parte entre Valencia y Castellón. A nuestra mesa está sentado un viejo amigo suyo, compañero de ruta también, Francisco Paco. Este se permite más explicaciones: “Muchas empresas despiden a sus antiguos choferes y contratan a ucranianos. Conozco algunos
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que me cuentan… Tienen que arreglárselas, por eso hacen sus ‘manejos’. Por ejemplo, revenden sus neumáticos nuevos y los reemplazan por viejos que usan hasta que están completamente gastados. O, en casos extremos, en los grandes estacionamientos ruteros, mientras uno duerme, te chupan el tanque o te pinchan un neumático”. Algunos, remunerados por kilómetro recorrido, hacen la mayor cantidad posible, aun si con ello no cumplen con las pausas obligatorias. Neumáticos gastados, choferes cansados… El peligro sobre la ruta se duplica.
Una ligera acidez… Dejamos a Sánchez un poco antes de la frontera francesa. Queremos acompañarlo hasta Béziers para asistir a la descarga. “¡Imposible!”, ya nos lo había dicho Thierry Galzin, el responsable de la plataforma logística de Carrefour. “Tengo incluso la prohibición de responder a la prensa. Las órdenes son muy claras. Comprenda, no soy más que un empleado…” El servicio de comunicación de Carrefour Francia que fue contactado contestó: “Lamentablemente, no podemos responder a su pedido”. ¿Y aunque sea saber la cantidad y el emplazamiento de las plataformas logísticas del grupo a través de Francia? “No, es confidencial”. Duración del transporte, manipulaciones múltiples: el éxito del tomate español está íntimamente ligado a su dureza. “Si un pallet presenta tomates un poquito blandos, es inmediatamente rechazado”, nos explica Thierry B., antiguo responsable de los productos frescos sobre una plataforma Carrefour (9). Explicación de Robert C., responsable de frutas y verduras en esta empresa (exige que su identidad y su lugar de trabajo no sean revelados): “Es necesario que los tomates lleguen muy duros. Los clientes los manipulan mucho, y nosotros debemos poder mantenerlos dos o tres días expuestos”. La primera variedad de este tomate long-life, es decir, el más resistente posible al tiempo y a los golpes, el tomate Daniela, fue puesta a punto en 1989 por investigadores israelitas. Desde entonces es objeto de muchas investigaciones, en particular con el fin de desarrollar sus cualidades organolépticas: color, sabor, textura, jugosidad, ternura. En Francia, algunos laboratorios, como los del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica (INRA, según su sigla en francés) participan desde hace tiempo en programas de investigación sobre nuevas variedades de tomates, como en programas de optimización del transporte y de la logística de las frutas y verduras (10). Se trata de investigaciones llevadas a cabo con
dinero público y de las que se benefician especialmente los grandes distribuidores. Son estos últimos quienes, en Francia, detentan el 67% del mercado en el comercio de la alimentación (11); menos que en Alemania o en Inglaterra, donde la venta barrial se hace aun más rara. Seis actores se reparten la torta en el país galo: Carrefour (23,9% del mercado), Leclerc (16,9%), Intermarché (13,5%), Auchan (11,1%), Casino/Monoprix (10,3%) y Système U (9%). En 2009, la cifra de ventas acumuladas alcanzó los 245.000 millones de euros, de los cuales 86.000 millones sólo para Carrefour (12). Aquel consumidor que, al hacer sus compras en la verdulería del barrio, cree que logra evitar el tomate de Almería se ilusiona. Ya se venda a 3 ó 4 euros el kilo, o a 1,90 euros en el supermercado, el tomate proviene de los mismos invernaderos, soportó los mismos tratamientos y fue transportado por los mismos camiones. Peor aun: “Cuando un pallet de gran superficie es mandado al fondo del camión, sucede a menudo que me llaman para proponerme la mercadería”, nos confiesa Joël, cuadro de Robert Hortal, una de las más importantes sociedades del mercado mayorista de Montpellier. “En general la tomo, lo que me permite hacer que mis clientes aprovechen un buen precio”. ¿Sus clientes? Todos los negocios minoristas de la ciudad, desde los más populares hasta los más copetudos. Los criterios de los grandes distribuidores para rechazar pallets son muchos: dureza insuficiente, mala medida, color, temperatura de salida del camión… De
Aquel consumidor que, al hacer sus compras en la verdulería del barrio, cree que logra evitar el tomate de Almería se ilusiona.
se encuentra allí de todo: plataformas logísticas para los grandes distribuidores, importadores de productos muy especializados y hasta los últimos mayoristas.” ¿Qué posibilidad le queda al consumidor? ¿Los tomates de Marruecos? Son cultivados exactamente de la misma manera, en invernaderos, en suelos agotados por un cultivo convertido en una gigantesca industria (13). ¿Comprar solamente tomates producidos en su país? Puede ser. Pero lo que no sabe es que en la actualidad son rarísimos los tomates cultivados a campo abierto con las raíces en la tierra y la piel acariciada por los rayos del sol. En Francia, sobre las 600.000 toneladas de tomates (aproximadamente) producidos cada año, el 95% creció bajo un invernadero. El tercio de estos en Bretaña, en instalaciones ultra perfeccionadas –vidrieras calefaccionadas a gas en verano como en invierno, planos instalados a cincuenta centímetros por encima del suelo, raíces dispuestas en inmensas canaletas alimentadas de agua y productos químicos por un sistema de gota a gota unido a una computadora–. En los Países Bajos y en Bélgica, no existe otro cultivo que no sea este llamado “sin suelo”, bajo invernaderos calefaccionados. La única solución sigue siendo quizás seguir el ejemplo de Jacques Pourcel, uno de los grandes chefs franceses, dueño del “Jardin des Sens”, en Montpellier (dos estrellas en la guía Michelin): “Yo realmente cocino el tomate sólo en verano, que es cuando crece en la tierra, a campo abierto, madura al sol, sin mucho riego, y está sujeto a la menor cantidad de productos químicos posibles. En ese momento es sabroso, no muy jugoso y de una ligera acidez”. n 1 Según los países importadores, pueden ser completadas por tomates de otros orígenes: marroquíes para Francia, holandeses para Alemania e Inglaterra, etcétera. 2 Este hombre exigió que su identidad y su lugar de trabajo permanecieran ocultos. 3 Por un puñado de dólares (1964), Por unos dólares más (1965), El bueno, el malo y el feo (1966), todas dirigidas por el italiano Sergio Leone. 4 Sobre las 40.000 hectáreas de invernadero de Almería, 9.000 hectáreas están reservadas al tomate; a éstas se agregan 3.000 hectáreas en Murcia, un poco más al norte. “Origine Espagne, jusqu’où?”, Végétable, Nº 262, Morières-
allí la gran cantidad de tomates destinados a un supermercado, que se encuentran en venta en los mercados, en el pequeño negocio del barrio o del centro. Estos mercados mayoristas son los últimos sobrevivientes de los Mercados de Interés Nacional (MIN), desde la explosión de los grandes distribuidores. Existen dieciocho en Francia y uno de ellos es Rungis. “Incluso Rungis se transformó por completo –explica Montigaud–. Hoy,
les-Avignon, diciembre de 2009. Los otros frutos y verduras cultivados en Almería son especialmente el pepino, el pimiento morrón y la sandía. 5 Tal como está estipulado en el “Convenio colectivo de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería”, Boletín Oficial de Almería, Nº 233, 3-12-08. 6 El “cortijo” es en realidad el conjunto de los edificios característicos de las grandes propiedades agrícolas andaluzas (similares a las haciendas latinoamericanas). 7 Su fundador, Karl Kralowetz, fue condenado a seis meses de prisión efectiva por el tribunal correccional de Luxemburgo por haber contratado a choferes clandestinos que llegaban a conducir hasta 30.000 kilómetros por mes. 8 “Des routiers roulés d’est en ouest”, Libération, París, 29-1-02. 9 Thierry B. trabaja ahora en el Mercado Mayorista de ����� Montpellier���������������������������������������������������� . Por haberse expresado sobre Carrefour, exigió también el anonimato. 10 Clair Doré, Fabrice Varoquaux, Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées, Cemagref, INRA, París, 2006. 11 Institut National de la Statistique et des Études Economiques de Francia (INSEE), “Comptes du commerce 2008”, www.insee.fr 12 Distribook 2010 - Linéaires, Cesson-Sévigné, febrero de 2010. 13 El cultivo del tomate marroquí, en un principio reservado a la zona de Souss, cerca de la ciudad de Agadir, se está desarrollando de manera considerable en Dakhla, pequeña ciudad costera del Sahara occidental. Véase “Dakhla, naissance d’une origine”, Végétable, Nº 262, op. cit.
*Periodista e ilustrador, respectivamente. Traducción: Florencia Giménez Zapiola
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Vientos de reforma sobre la cobertura social
por Martine Bulard*
Cómo funcionan los sistemas de salud en el mundo A pesar de los avances terapéuticos y de las repetidas reformas, las desigualdades en la atención médica siguen a la orden del día, tanto entre los países como en el interior de cada nación. Numerosos factores inciden en ello: medio ambiente, alimentación y trabajo, entre otros. Pero los sistemas de salud y los modos de financiamiento también generan consecuencias. Y aunque algunos gobiernos están descubriendo las virtudes del sistema público, el sector privado no deja de desplegar sus tentáculos. Las debilidades del modelo estadounidense exigen revisar el sistema de gestión privada de la salud.
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e América a Asia, de África a Europa, no hay país que escape a los fuertes vientos de reforma sobre los sistemas de salud. En principio, parecería haber mil razones para alegrarse por ello. Y a juzgar por las necesidades sin atender y las pandemias aún activas, el statu quo resulta, en efecto, insostenible. Mientras Estados Unidos, el campeón de la gestión privada, o China, que la experimentó con la pasión del converso, tratan de limitar la lógica mercantil para establecer una cobertura universal, los países ricos se fijan como objetivo principal reducir el papel del Estado y los gastos mutualizados. Asombrosa contradicción de la historia: en el preciso momento en que el modelo estadounidense, que constituye el ejemplo más acabado de la gestión privada, prueba su ineficacia, el mercado sigue siendo la brújula (aun cuando aquí o allá se promueva el retorno del Estado). Si bien ocupa el segundo puesto mundial en gastos de salud –15,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007–, Estados Unidos cae al trigésimo lugar cuando se trata de la esperanza de vida “con buena salud” (69 años) (1). Con semejantes resultados, se entiende que el presidente Barack Obama haya querido tomar el toro por las astas para intentar extender la protección al mayor número posible de personas, aun cuando los problemas no se reducen a la cobertura social. Sin embargo, nadie sabe si podrá mantener su compromiso y obtener la mayoría requerida (2).
Por el bienestar del obrero La idea de protección social hizo su aparición en el siglo XIX, con la generalización de la revolución industrial y el nacimiento de las grandes concentraciones obreras. Mediante las sociedades de socorro mutuo primero, y su extensión a sistemas de seguridad social después –el primero de ellos fue creado por el canciller alemán Otto von Bismarck en 1883–, los dirigentes políticos y económicos tenían como objetivo garantizar una mano de obra que gozara de buena salud, capaz de resistir a unas condiciones de trabajo agotadoras. Con el tiempo, se vieron obligados a ello en la medida en que se fueron librando las luchas sociales por una mejora en las condiciones de vida. Así, tras la Segunda Guerra Mundial nacieron diversos sistemas destinados a garantizar la cohesión social. De alguna manera, constituían dispositivos antilucha de clases. En Francia, la Asamblea Consultiva Provisoria establecía, el 5 de julio de 1945, que la seguridad social “responde a la preocupación de liberar a los trabajadores de la incertidumbre sobre el mañana (…) que genera, entre ellos, un sentimiento de inferioridad, fundamento de la distinción de clases entre los propietarios, seguros de sí mismos y de su futuro, y los trabajadores, sobre quienes pesa, en todo momento, la amenaza de la miseria” (3). A escala planetaria fue reconocido el “derecho a la salud para todos”, y ese progreso llevó a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Unos sesenta años después, a pesar de los reno-
vados compromisos de los 194 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Alma-Ata, en 1978, hay mucho trecho del dicho al hecho. La primera constatación es la de las inconmensurables desigualdades, especialmente entre las naciones. Mientras la medicina realizó progresos indiscutibles, 31 países (entre ellos Sudáfrica, Botswana y Gabón, pero también Rusia y Ucrania) vieron cómo su esperanza de vida “con buena salud” (sin mayores discapacidades) disminuía entre 1990 y 2006. África sigue siendo el furgón de cola: 29 años de esperanza de vida en Sierra Leona, 33 años en Angola, 37 años en la República Democrática del Congo (RDC)… En el otro extremo, Japón marcha a la cabeza (75 años).
Sin fatalismos ni misterios Es cierto que las regiones donde la gente se muere tan temprano también sufren enfrentamientos internos o guerras de innumerables víctimas. Pero estas poblaciones, que no tienen atención de calidad ni en cantidad, padecen ante todo enfermedades infecciosas (paludismo, tuberculosis, enfermedades diarreicas, HIV-sida, etc.) que prosperan en la miseria y ante la falta de equipamientos sanitarios (4). No hay fatalismo ni misterio. Este tipo de afecciones, concentradas en los países del Sur (África y algunos países de Asia, como Timor Oriental, Laos, Bangladesh, Birmania y otros), se reduce con el desarrollo económico, un fenómeno que los especialistas llaman “transición epidemiológica”. En los países ricos o emergentes predominan las afecciones crónicas (cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer, etc.). Por supuesto, estas últimas no perdonan a los países en desarrollo, donde aumentan con la aparición de las clases medias (Ghana, Gabón, Sudáfrica, Pakistán, etc.). Asimismo, algunas infecciones que ya
Las enfermedades infecciosas, que se concentran en los países del Sur, se reducen con el desarrollo económico. habían desaparecido de los países desarrollados –como la tuberculosis– vuelven al centro de la escena. No obstante, el diagnóstico fundamental según el cual la riqueza del país y el nivel de los gastos sanitarios son determinantes para el alargamiento de la vida sigue siendo pertinente. Los treinta países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen la mayor longevidad, concentran el 90% de los gastos mundiales en salud, pero apenas abarcan el 20% de la población. El África subsahariana, con el 12% de la población mundial, representa menos del 1% de dichos gastos (5). Así
pues, los milagros no existen. Los recursos dedicados a la salud llegan al 3,5% del PIB en Sierra Leona y al 2,1% en el Congo, mientras que superan el 8% en Japón y el 11% en Francia. Si bien el ejemplo estadounidense prueba que esos recursos no siempre están bien empleados, es cierto sin embargo que deben alcanzar un nivel suficiente como para salir de esa “fatalidad de la muerte” que no debe nada a la naturaleza y mucho a la distribución de la riqueza. Como dice el economista Amartya Sen: “Todos deberíamos poder admitir que injusticias tales como la falta de atención médica o la ausencia de medicamentos podrían eliminarse, sin esperar ponernos de acuerdo sobre la visión de la sociedad que hay que promover. (…) A la manera de Condorcet, que en su momento planteó el principio del fin de la esclavitud, hay que plantear esta cuestión de la injusticia” (6). Aunque el dinero es el nervio de la guerra contra la enfermedad, también se necesita un ejército entrenado (personal médico) y armas eficaces (medicamentos, equipamiento, educación). El acceso a la atención médica también depende de la organización sanitaria y del modo de financiamiento. Es posible distinguir tres grandes sistemas: el que nació de la colonización, el que formaron los ex países comunistas y el que está en vigor en los países desarrollados, a menudo adoptado –con variantes– por los países emergentes. Como herencia de la impronta colonial, los 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) han desarrollado una arquitectura piramidal. Allí se encuentra el nivel primario, con dispensarios locales y a veces equipos móviles, el nivel secundario, con hospitales generales, y por último un nivel terciario, constituido por unidades especializadas (clínicas) y centros hospitalariosuniversitarios. Hasta mediados de los años ochenta, los fondos del Estado y los de las organizaciones internacionales permitieron garantizar un precario equilibrio. Pero, según advierte la OMS en su informe de 2008, “las políticas de ajuste estructural [negociadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial] hicieron tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre la oferta de atención privada y pública se profundizó”. Y agrega: “La mercantilización no regulada de los sistemas de salud los hace muy ineficaces y muy caros; acentúa las desigualdades y conduce a una atención de calidad mediocre, e incluso a veces peligrosa”. Además, cita el ejemplo de la RDC, donde “existe la llamada cirugía safari, que se refiere a una práctica común de los profesionales sanitarios que, como empleo complementario, realizan apendicectomías y otras intervenciones quirúrgicas en el domicilio del paciente, cobrando a veces por ello unos honorarios desmesurados”. Allí se ve que la penuria siempre va de la mano de la corrupción. En cuanto a la ayuda internacional –sin duda indispensable– brindada por la OMS, Unicef, programas de la ONU, acuerdos bilaterales y grandes fundaciones, se presenta tan dependiente de estos múltiples agentes que a veces es difícil establecer la menor coherencia en su implementación.
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Decesos según las causas de muerte En porcentaje Enfermedades infecciosas y parasitarias Condiciones materiales, perinatales y deficiencias nutricionales de lactantes
Principales causas de mortalidad
Enfermedades crónicas (cánceres, diabetes, enfermedades neuropsiquiátricas y cardiovasculares) Muertes violentas y accidentes Datos no disponibles Reparto de la población en una de las cuatro categorías anteriores (en %) El ancho de las bandas diagonales es proporcional a la importancia de los decesos para cada categoría
Las reformas, cuando existen, se limitan a la construcción o la renovación de centros de primeros auxilios o de hospitales.
Una anécdota sorprendente Como se sabe, desde principios de 2010 muchos países europeos han tratado de desprenderse de su stock sobrante de vacunas contra la gripe H1N1. Según la OMS, “95 países pobres las hubieran necesitado”. Sin embargo, a falta de equipamiento para garantizar la seguridad de los productos y de medios humanos para administrarlos correctamente, “sólo dos han podido obtenerlas” (7) a principios de enero. Cabe preguntarse sobre las proyecciones de la OMS respecto de la pandemia de gripe A, que sin duda dependen más de la presión de los laboratorios que de la realidad médica. La constatación, sin embargo, no deja de ser instructiva. La construcción de una red de atención de la salud ha demostrado ser necesaria, pero no suficiente. “Hay instalaciones y servicios que pueden estar disponibles y ser accesibles, pero son insensibles a la cultura”, afirmaron investigadores al hacer un balance de sesenta años del “derecho a la salud” en The Lancet (8). Allí citan el ejemplo de Perú, donde los programas destinados a hacer retroceder la mortalidad maternal fracasaban hasta que tomaron en cuenta la costumbre de las mujeres de dar a luz en cuclillas y proveyeron el equipamiento adaptado. Simple sentido común. Es significativo que en África, o incluso en India, los sistemas coloniales importaron los métodos occidentales, ignorando las prácticas y saberes locales (cuando no combatiéndolos). La China de Mao Zedong hizo lo contrario: se apoyó en la medicina tradicional que, acoplada a las terapias occidentales, contribuyó a reducir varias enfermedades infecciosas. Otro gran sistema fue el de los países comunistas del bloque soviético, que esta-
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ba fundado en los grandes hospitales, los sanatorios. La atención descentralizada prácticamente no existía. Ya poco eficaz a fines del antiguo régimen, el modelo explotó con la caída de las subvenciones públicas originada en la conversión de esos países a los dogmas liberales y el hundimiento económico. Las dificultades de la vida y la pérdida de las referencias colectivas condujeron a comportamientos de riesgo (violencia, alcoholismo reforzado, etc.), en el preciso instante en que los fondos para la salud disminuían (supresión de los medicamentos gratuitos, privatización de sectores hospitalarios, obsolescencia de los equipamientos, etc.). Resultado: la esperanza de vida “con buena salud”, que en Rusia era de 69 años en 1990, cayó a 66 en 2006; de 70 a 67 años en Ucrania; de 65 a 64 en Kazajstán… El mal seguimiento de los tratamientos incluso se tradujo en la llegada de enfermedades “mutantes”, como la tuberculosis multirresistente, particularmente prevalente en las cárceles superpobladas de Rusia, donde la promiscuidad y la inadecuación de la atención permitieron la aparición de la enfermedad. Hoy en día, los esfuerzos están orientados a constituir una red primaria de atención y a consolidar un sistema de seguridad social. Pero los resultados no están a la altura de las expectativas. En el caso de los países ricos, el acceso masivo a la atención pasa por los médicos locales, los especialistas, los hospitales generales, así como los establecimientos ultraespecializados. Incluso dentro de este conjunto pueden distinguirse los sistemas en que se garantiza la gratuidad y el Estado financia la atención (Suecia, Reino Unido); los sistemas de seguro médico (Alemania, Francia, Japón) donde la oferta puede ser pública o privada y el pago de la atención mutualizado; por último, los sistemas mayoritariamente privados (Estados Unidos y países de Europa Central).
Si bien todos parten de la necesidad de proteger a las poblaciones de los avatares de la vida, la opción inicial (atención pública o privada) no deja de acarrear consecuencias. En Europa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, prevaleció la idea de que “cada cual debe financiar el sistema en función de sus ingresos, y no en función de su estado de salud, y debe ser atendido en función de su estado de salud, y no de sus ingresos”, recuerda el investigador Bruno Palier (9). Los principios eran generosos, y habrían de sufrir serios tijeretazos. En este conjunto de países, por más extraño que parezca, la suma de gastos de salud no se condice con el estado sanitario global y la esperanza de vida. De
La “fatalidad de la muerte” no debe nada a la naturaleza y mucho a la distribución de la riqueza en el mundo. hecho, no alcanza con gastar más para llegar a viejo. Así, por ejemplo, Japón, cuya esperanza de vida “con buena salud” es de 75 años, no dedica más que el 8,1% de su PIB a la salud: menos que Francia (11,4% y 72 años de esperanza de vida), Suecia (9,1% y 73 años) o el Reino Unido (8,4% y 71 años). La aparente paradoja se explica porque los modos de vida, las condiciones de trabajo y la alimentación también influyen sobre la longevidad. En cambio, la organización de las relaciones entre el enfermo y los médicos, el control (o la falta de control) sobre el precio de los medicamentos o el peso de
la prevención tienen un impacto directo sobre los gastos. La factura farmacéutica más abultada es la de Estados Unidos (dos veces el promedio de los países de la OCDE), por delante de Canadá, Grecia o Francia (esta última acumula un fuerte consumo y un alto nivel de precios). Otro campeón de la sobreprescripción de medicamentos es China, segundo mercado farmacéutico del mundo: allí los médicos, que son mal retribuidos y están habilitados a vender los remedios que prescriben, no dudan en alargar la lista para llegar a fin de mes. En Suecia, Noruega o el Reino Unido, la gratuidad está garantizada para la atención básica. El equipamiento es público y de la retribución del médico se encarga el Estado o las administraciones locales, bajo la forma de salarios (y no de pago en el acto, como ocurre por ejemplo en Francia). Evidentemente, cuando las finanzas públicas disminuyen, los servicios se transforman en listas de espera. Esa fue una de las consecuencias del reinado de Margaret Thatcher. En 2001, el 22% de los pacientes británicos debían esperar más de tres meses (trece semanas, para ser precisos) antes de obtener una simple cita en el hospital; el 27% había esperado seis meses antes de ser operado (10).
La OCDE descubre la luna A pesar de muchas indecisiones, el gobierno laborista amplió los medios destinados al sistema sanitario (aumento del número de médicos y enfermeras, así como de sus salarios; relanzamiento de inversiones). Los resultados son evidentes, aun cuando siguen estando por debajo de los de Suecia o Noruega, donde la atención de calidad está garantizada y es accesible para todo el mundo. Contrariamente a las ideas que machacan los adictos al “todo mercado”, no es el sistema público el que conduce d
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22 | Le Monde diplomatique | el Dipló 129 | marzo 2010 d al desastre, sino la falta de compromiso del Estado. También puede señalarse que los gastos de salud a escala global a menudo se aligeran cuando las protecciones son colectivas y la parte privada (pagada por las familias y/o las compañías de seguros) es la más débil; así ocurre en Japón (la parte privada equivale al 17,7% de los gastos) o en Suecia (16,1%), contra el 20,2% en Francia y casi el 50% en Estados Unidos. Para convencerse de ello basta con observar al más liberal de los sistemas –el estadounidense–, célebre por sus fracasos en serie, a tal punto que algunos hablan de “no sistema”. Para la población activa, su financiamiento descansa sobre la empresa, que cofinancia un contrato de seguro de salud con organismos privados. Dos tercios de los empleados reciben esta cobertura. Los trabajadores autónomos, los de tiempo parcial o los que tienen pequeñas empresas deben contratar pólizas individuales mucho más caras, por lo que a menudo las rechazan. La sanción es inmediata: fuera de la empresa no hay derechos. La cuestión es tanto más crucial cuanto que la tasa de desempleo oficial no cesa de aumentar y araña el 10%. Los jubilados de más de 65 años tienen derecho a Medicare, que garantiza una cobertura mínima, y los más pobres acceden a Medicaid. En cambio, para aquellos que no entran en estas categorías, la nada. En el país que suele citarse como modelo de éxito, un sexto de la población no dispone de ninguna protección. Ese agujero, y su costo, es lo que quiere cubrir Obama. De hecho, incluso dentro de los países que disponen de los sistemas sanitarios más desarrollados, las desigualdades persisten. El economista de la salud Richard Wilkinson señala que en Estados Unidos “las mujeres blancas de los barrios más ricos tienen una esperanza de vida de 86 años, contra los 70 años de las mujeres negras de los barrios más pobres” (11). Dieciséis años de diferencia, no es poco. Por su parte, la OMS calcula incluso que “886.202 muertes podrían haber sido evitadas entre 1991 y 2000 si se hubieran igualado las tasas de mortalidad de los estadounidenses blancos y las de los afroamericanos” (12). “Compárese esta cifra –continúa la organización– con las 176.633 vidas salvadas gracias a los progresos médicos”. Otro ejemplo que ofrece ese estudio: en los barrios pobres de Glasgow, Escocia, la esperanza de vida al nacer es de 54 años, inferior a la de… India. Esta situación no se explica solamente por razones sanitarias o financieras. Como indica una vez más la OMS, las poblaciones desfavorecidas suman desventajas: “Educación mediocre, falta de equipamiento social, desempleo y precariedad laboral, malas condiciones de trabajo y barrios peligrosos, además de sus repercusiones en la vida familiar”. Estos factores socio-psicológicos, a los que Wilkinson agrega la estima de sí mismo y el miedo al futuro, cumplen un papel importante. En los países ricos, ser pobre afecta gravemente la salud. Pasmados ante su propio descubrimiento, los expertos de la OMS, más bien habituados al lenguaje diplomático, no maquillan sus palabras: “Esta disparidad no es en ningún caso un fenómeno ‘natural’; es el resultado de políticas que hacen primar los intereses de algunos por sobre los de otros: a menudo los intereses de una minoría poderosa y rica por sobre los intereses de una mayoría desposeída”. Incluso la muy liberal OCDE, que bregó por una desregulación general, debe reconocer que la privatización agrava las dificultades: “Sólo una pequeña cantidad de adeptos adhieren ahora a la idea de que la competencia ofrece la solución apropiada. (…) Las virtudes del mercado se hacen mucho menos evidentes” (13). Sus expertos han llegado a escribir que “la sociedad puede necesitar la implementación de medidas como la regulación del merca-
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Evolución de la esperanza de vida entre 1990 y 2006 entre +7 y +15 años entre +5 y +6 años +4 años entre 0 y +3 años entre -1 y -19 años Datos no disponibles
Progresos y retrocesos
Evolución de la esperanza de vida entre 1990 y 2006 entre +7 y +15 años entre +5 y +6 años +4 años entre 0 y +3 años entre -1 y -19 años Datos no disponibles
Reparto de los sectores privado y público en los gastos de salud Público en más de un 75% Dos tercios público y un tercio privado Público y privado en partes iguales Un tercio público y dos tercios privado Privado en más del 75% Datos no disponibles
Público o privado
do para corregir sus fallas y, en los casos extremos, abandonar el mercado en pro de otra atribución de los recursos”. ¿Al fin la OCDE descubre la Luna? Pero mejor no soñar. En Estados Unidos, los lobbies de las aseguradoras tienen los suficientes relevos políticos entre los demócratas como para esperar salvar sus privilegios. En Francia, la privatización se acelera en los hospitales: se anuncia la supresión de 4.000 puestos en la asistencia pública de la región parisina de aquí a 2012. La seguridad social ha sido sometida al mismo régimen; si bien alguna vez reembolsó hasta el 76,5% de los gastos de salud (1980), hoy no asegura más que el 73,9% (14). Y esto es sólo un promedio. Si las afecciones de larga duración (cáncer, etcétera) se cubren casi en su totalidad, la atención corriente, que afecta a la mayoría de la población, apenas se reembolsa en un 55% en promedio (15). El profesor Didier Tabuteau da el grito de alarma: “Hay una privatización de la protección social” (16). ¿Habrá que esperar que la esperanza de vida en algunos barrios caiga al nivel de Bangladesh para medir los riesgos que se han corrido? Ya, a los 60 años, la esperanza de vida de los obreros es siete años inferior a la de los gerentes. ¿Qué sucederá en unas pocas décadas, si la
rueda del progreso sigue girando al revés? En realidad, la mayoría de los franceses tienen la impresión de pagar cada vez cuotas más altas (a la seguridad social, a las mutuales) por un servicio cada vez menor. “Además de las consecuencias sobre laReparto saludde deloslos más pobres –señala sectores privado y público Palier–,enese desfasaje corre el riesgo de los gastos de salud crear dudas sobre eficacia y la legitimiPúblico en la más de un 75% dad del sistema de público salud”y un (17). ¿Yprivado si ese Dos tercios tercio Público y privado enno partes iguales n fuera uno de los objetivos confesos? Un tercio público y dos tercios privado
Privado en en más del 75% 1 “Informe sobre la salud el mundo 2009”, Organización disponibles Mundial de Datos la Saludno (OMS), Ginebra. Las cifras del presente
artículo señalan la esperanza de vida “con buena salud” (sin discapacidades mayores), que es más corta que la esperanza de vida en general. 2 Véase “Obama ou l’impasse des petits pas”, 20-1-10, en La valise diplomatique: www.monde-diplomatique.fr 3 Alain Barjot (dir.), La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes, Tomo III (1945-1981), Association pour l’étude
8 “Health systems and the right to health: An assessment of 194 countries” (“Los sistemas de salud y el derecho a la salud: la evaluación en 194 países”), The Lancet, Londres, 13-12-08. 9 Bruno Palier, La Réforme des systèmes de santé, Presses Universitaires de France, colección “Que sais-je?”, París, nueva edición, 2009. 10 El ejemplo está citado en Bruno Palier, op. cit. 11 Richard Wilkinson, L’Egalité c’est la santé, Demopolis, París, 2010. 12 OMS, “Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, Ginebra, 2009. 13 OCDE, “Achieving better value for money in health care”, París, 2009. 14 Este índice era del 44% en 1966 y subió hasta 1980, cuando volvió a descender. 15 Las mutuales y aseguradoras complementarias pueden cubrir la diferencia, pero se quejan cada vez más y aumentan sus cuotas, en particular para los jubilados. Además, el 8% de los franceses no posee una cobertura complementaria.
de l’histoire de la sécurité sociale, Ministerio de Trabajo y
16 Entrevista en Le Monde, París, 13-1-10.
Asuntos Sociales de Francia, París, 1997.
17 Bruno Palier, op. cit.
4 Maggie Black, “Sanitarización: la deuda pendiente”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2010. 5 Datos 2006 del Banco Mundial.
*Jefa de redacción adjunta de Le Monde diplomatique,
6 Entrevista en France Inter, 13-1-10. Ver L’Idée de justice,
París. Artículo realizado con la colaboración de Olivier
Flammarion, París, 2010.
Appaix e Ilka Vari-Lavoisier.
7 Donald G. McNeil Jr, “Poor nations still getting little flu vaccine”, International Herald Tribune, París, 19-1-10.
Traducción: Mariana Saúl
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El agotamiento de una gran corriente política por Ignacio Ramonet*
Socialdemocracia, fin de ciclo Al frente de los gobiernos en 15 países de la Unión Europea hasta hace poco más de un lustro, la socialdemocracia da signos de desorientación, falta de propuestas y agotamiento. Sus electores tradicionales la abandonan. Una secular corriente de las izquierdas que impulsó grandes transformaciones hoy paga el precio de su confusión ideológica.
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as ideas también mueren. El cementerio de los partidos políticos rebosa de tumbas donde yacen los restos de organizaciones que otrora desataron pasiones, movieron a multitudes y hoy son pasto del olvido. ¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centroizquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron... ¿Qué fue del anarquismo? ¿O del comunismo estalinista? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de convocar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1). Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro. Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos. ¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación... Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas. Las recientes elecciones en varios países han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de “mileuristas” (2), de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados, de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal... Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios. Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de
esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia. No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores –junto con George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar–, donde se decidió, en marzo de 2003, la invasión ilegal de Irak... En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los gobiernos de tres de esos países –España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la “crisis de la deuda”– se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos. Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de megaempresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de los beneficios sociales adquiri-
dos, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria. A finales del siglo XIX y hasta los años 30, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, Estado social, Estado de bienestar... Esa imaginación política parece hoy agotada. La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. Y es que los tiempos cambian. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia... Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos. Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que “el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras” (3). Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y creatividad un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur: Bolivia, Ecuador, Venezuela. En Europa, mientras tanto, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo. n 1 Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre” (1477). 2 “Mileuristas”: así se llama a los millones de trabajadores, muchos de ellos cabeza de familia, que ganan 1.000 euros por mes, un salario insuficiente hasta para una persona sola. 3 Raffaele Simone, “Les socialistes proposent toujours le sacrifice”, Philosophie Magazine, N° 36, París, febrero de 2010. *Director de Le Monde diplomatique, edición española. © Le Monde diplomatique, edición española.
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Frontera difusa y conflicto persistente entre árabes y kurdos
por Joost R. Hiltermann*
Irak, proyectos nacionales en disputa
Riquezas muy codiciadas Por el momento, la batalla se centra en la delimitación de la frontera entre este “Irak kurdo” y el resto del país, mayoritariamente árabe. Si uno se remitiera únicamente a los kurdos, esta línea de demarcación seguiría el trazado de las Hamrin, primera cadena montañosa situada entre Bagdad y el noreste del país, después del valle del Tigris, que cualquier viajero consideraría una simple loma en las llanuras que se extienden hasta el pie de los lejanos montes Zagros. En cambio, si fuera por los árabes, la línea se situaría allí donde los anteriores dirigentes de Bagdad la habían ubicado: en la línea administrativa que separa las provincias kurdas de Dohuk, Erbil y Suleimaniya del resto del país. Esta línea era producto de un anterior intento kurdo de explotar, a fines de los años 60, la debilidad del poder central y del partido Baas, por entonces en retroceso y en búsqueda de aliados. En 1970, el gobierno central y el dirigente naciona-
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TURQUÍA DOHUK Dohuk
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a fractura entre árabes y kurdos iraquíes nada tiene de nuevo: es una consecuencia de las promesas realizadas –y posteriormente traicionadas– tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano. Luego de la invasión estadounidense de 2003, las reivindicaciones de los kurdos resurgieron con fuerza y hoy sus dirigentes intentan sacar provecho de la debilidad de Bagdad. Pero la suerte aún puede cambiar. El poder central iraquí se reconstruye lentamente, impulsado por las buenas perspectivas de exportaciones masivas de petróleo que se anuncian, tras la reciente firma de nuevos contratos con compañías extranjeras. Se acerca el momento fatídico en que los dirigentes kurdos y federales deberán tomar una decisión: celebrar un acuerdo o, en caso de fracaso, prepararse para una inminente y muy sangrienta guerra civil. Para muchos iraquíes, el término impropio de “conflicto chiita-sunnita” esconde la intención de los dirigentes de activar “mecanismos confesionales” con el fin de alcanzar su objetivo político. Lo mismo ocurre con el término “conflicto árabe-kurdo”. A decir verdad, los iraquíes no están totalmente equivocados. En los barrios de Bagdad, las familias y las comunidades se mezclan; árabes y kurdos se vinculan mediante matrimonios y consideran la identidad iraquí un denominador común. Sin embargo, este fenómeno se limita a los centros urbanos, ya que, cuanto más cerca se está de las onduladas colinas del Norte, de las inmediaciones de Irán y Turquía, de los macizos montañosos del Kurdistán, más se diluye esta identidad iraquí en beneficio de un fuerte nacionalismo kurdo profundamente opuesto al nacionalismo étnico árabe que se oculta bajo la unidad iraquí. Esta reivindicación pone así en tela de juicio la legitimidad del orden post-otomano, al que los kurdos nunca adhirieron, y reaviva la noción obsoleta de un “Estado-Nación” en el que se conjugan Estado e identidad étnica.
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Mientras Estados Unidos prosigue el retiro de sus tropas, las elecciones legislativas que se realizarán en Irak en este mes de marzo deberían asegurar –según Washington– el regreso a una cierta normalidad. Sin embargo, las tensiones persisten, particularmente entre las poblaciones árabes y kurdas, que mantienen una disputa –cuyos orígenes se remontan a la Primera Guerra Mundial– sobre territorios con grandes reservas de gas y petróleo.
D I YA L A
Hanakin
Samarra « Trigger line » Línea verde Región controlada por los kurdos
Lago Tharthar
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Territorio autónomo kurdo en 1970 Territorios en disputa
Bagdad
Campos de gas y de petróleo Fuentes: International Crisis Group (ICG); Naciones Unidas; The Economist; Reuters.
0
50
100 km
PHILIPPE REKACEWICZ Philippe Rekacewicz
lista kurdo Mustafá Barzani celebraron un pacto que prometía cierto grado de autonomía a las regiones de mayoría kurda. A pesar del rechazo de Barzani a una ley sobre la autonomía promulgada por Bagdad, la frontera de la región autónoma kurda obtuvo cierta legitimidad, al igual que el derecho a la autonomía (1). A principios de 1991 el régimen de Saddam Hussein fue expulsado de Kuwait, que había invadido en agosto del año anterior. Una insurrección de la región kurda en la
Esta reivindicación pone en tela de juicio la legitimidad del orden post-otomano, al que los kurdos nunca adhirieron. primavera boreal provocó la intervención del ejército iraquí. Enfrentado a las presiones de Estados Unidos y sus aliados, éste debió retirarse a una línea defensiva –llamada línea verde– cuyo trazado se superponía en algunas partes con las fronteras de la región autónoma definida por los acuerdos de 1970 (ver mapa). La línea verde se mantuvo durante los años 90 y, después de 2003, a pesar de los avances kurdos, se consideró la legítima frontera tanto en la Constitución transitoria de
2004 (Transitional Administrative Law) como en la Constitución permanente de 2005. Esta última estipulaba sin embargo que todos los territorios situados más allá de esa línea –los “territorios disputados”– debían tener su estatuto fijado por referéndum a fines de 2007. Al no haberse realizado nunca esa consulta, los dirigentes kurdos comenzaron a cuestionar la legitimidad de la línea verde, pretendiendo ignorar dónde se ubicaba, a pesar de los buenos mapas de los años 90 que ellos mismos habían utilizado en el pasado. Asimismo lograron, con cierto éxito, hacer creer a las tropas estadounidenses, poco conocedoras del terreno y de la historia local, que esta famosa línea verde se encontraba… en otro lugar. La nueva frontera, llamada Trigger Line, se convirtió en la nueva demarcación entre tropas iraquíes y fuerzas kurdas –antiguamente bautizadas “peshmergas”–. Ubicada al sur de la línea verde, abarca importantes porciones de los territorios cuestionados, entre ellos una parte de la muy disputada provincia de Kirkuk (2). Estos territorios en disputa contienen importantes reservas de gas y petróleo, riquezas muy codiciadas por los kurdos en busca de un Estado, pero a las que el gobierno central jamás renunciará por voluntad propia, rechazando el surgimiento de un Kurdistán poderoso, sea autónomo o independiente. De esta manera, así como modificaron el emplazamiento de la línea verde en su discurso político, los dirigentes kurdos no dejan de incluir las reservas petroleras de Kirkuk en las estimaciones públicas de
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las riquezas petroleras de su región, multiplicando de un plumazo los recursos limitados con los que cuentan.
Juego de suma cero Los nacionalismos no suelen ser conciliables, aunque, a pesar de rencores y quejas, diferendos fronterizos y conflictos esporádicos, la historia sea rica en compromisos históricos perennes. Así, la frontera entre Persia y el mundo árabe, objeto de sangrientas batallas en los años 80 (guerra iraquí-iraní), fue relativamente estable durante siglos, incluso en ausencia de un acuerdo definitivo. Alcanza con hablar con los kurdos, los árabes y los turkmenos de Kirkuk para comprender que están de acuerdo en más de un punto, que son capaces de manejar sus propios asuntos conjuntamente y de compartir el poder. Lamentablemente, protagonistas externos pueden malograr –y lo harán– todos los esfuerzos de reconciliación: para los dirigentes de Bagdad y Erbil (capital de la región kurda), el conflicto tiene todas las características de un juego de suma cero en el que los actores locales no son más que simples peones. Si a esto se suma la cuestión de los turkmenos, que tienen en Turquía a un padrino pesado, este juego se torna aun más complejo. Tanto Bagdad como Erbil alimentan un proyecto nacional cuyo éxito dependerá de la relación de fuerzas entre ambos. Los kurdos se esfuerzan por ganar terreno y sacar provecho de las ocasiones que se les presentan. Tras décadas de sufrimientos a causa de la arabización de Irak (ta’arib), de las expulsiones y, en los años 80, de la masacre de sus hermanos campesinos, especialmente en las montañas del este de Kirkuk llamadas Germian (3), sus motivaciones son comprensibles. Aquellos que fueron deportados para repoblar zonas desfavorecidas o que huyeron hacia los campos de refugiados de Irán emprenden el camino de regreso: quieren recuperar sus tierras y reconstruir sus casas. Pero, en un juego de suma cero, la respuesta a la limpieza étnica termina siendo una limpieza étnica en sentido inverso; muchos árabes califican la situación de kurdificación (takrid). Empujados por el régimen del Baas a instalarse en Kirkuk y en otros territorios disputados, hoy se los incita a “regresar a sus regiones de origen”. Tanto en un caso como en el otro, se olvida que estos ciudadanos plenos, víctimas de fuerzas superiores, gozan de derechos protegidos por la Constitución, como el de vivir y votar en cualquier parte de Irak. A lo que se suman las generaciones nacidas en Kirkuk y descendientes de estos “colonos” árabes, que no tienen un hogar en otra parte (4). Los antiguos habitantes de Kirkuk recuerdan con nostalgia los viejos tiempos, desde 1930 a la caída de la monarquía en 1958, en los que la ciudad era un modelo de pluralismo y coexistencia étnica (ta’ayush) al que la arabización puso fin brutalmente. Mientras los kurdos afirman, con razón, que su actitud hacia los árabes y los grupos minoritarios de los territorios en disputa es mucho menos violenta que la del Baas, que defienden sus intereses respetando la Constitución y el derecho, el resultado al fin de cuentas sigue siendo el mismo: privación del derecho de voto, e incluso desplazamiento de poblaciones. En 2007, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encargó a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (MANUI) encontrar soluciones al tema de las “fronteras internas cuestionadas” de Irak. La MANUI redactó desde entonces un importante informe (que no fue dado a conocer públicamente, pero sí remitido a los principales protagonistas) en el que se esbozan diversos escenarios y se hacen algunas propuestas con vistas a un acuerdo negociado. La administración del presiden-
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te Barack Obama apoya plenamente esta iniciativa, pero espera los resultados de las elecciones legislativas de este mes. Corresponderá a los nuevos dirigentes del país hacer frente a la cuestión de los territorios en disputa, plantear soluciones que tengan en cuenta las reivindicaciones y la historia de cada uno, y construir un compromiso aceptable. Esta tarea es ardua y el tiempo apremia. La retirada inminente de las tropas estadounidenses privará a Washington de cierto peso y Naciones Unidas no estará en condiciones de llenar el vacío en caso de conflicto. La disputa sobre la línea de demarcación entre el Kurdistán y el resto de Irak seguirá socavando los frágiles cimientos del nuevo Estado. Con el tiempo, el poder central podría fortalecerse e intentar,
como en el pasado, imponer su voluntad a los kurdos. Podría controlar sus ciudades situadas en las llanuras y empujar a sus combatientes a sus fortalezas de montaña, desde donde estos últimos no dejarán de relanzar la lucha. Los kurdos, por su parte, podrían conservar lo ganado después de 2003, gozar de una gran autonomía en su región y ejercer de facto un control sobre los territorios disputados de mayoría kurda. Podrían así mantener la esperanza de algún día ver nacer un Estado kurdo, en el marco de un cambio radical de la situación regional que permita modificar las fronteras internacionales y abrir nuevas perspectivas a naciones sin Estado. n
Londres, 2000. El relato periodístico de Jonathan Randal, After Such Knowledge, What Forgiveness? My Encounters with Kurdistan, reubica la cuestión en un contexto histórico (Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 1997). Véase también Chris Kutschera, Le défi kurde ou le rêve fou de l’indépendance, Bayard, París, 1997. 2 International Crisis Group: “Irak and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line”, Bruselas, julio de 2009, www.crisisgroup.org 3 Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: the Anfal Campaign against the Kurds, Yale University Press, New Haven, 1995. 4 International Crisis Group, “Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis”, Bruselas, abril de 2007. *Director adjunto del Middle East and North Africa Project, International Crisis Group, Bruselas.
1 David McDowall escribió una excelente obra sobre la historia kurda, A Modern History of the Kurds, I.B. Tauris,
Traducción: Gustavo Recalde
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Resistir la seducción de la industria agroalimentaria estadounidense
por Mira Kamdar*
Segunda “revolución verde” en India Contra todas las expectativas, el ministro de Medio Ambiente indio decidió el mes pasado aplazar la comercialización de una variedad genéticamente modificada de berenjena producida por la multinacional Monsanto. Pero no significa un cambio radical: todo está dispuesto para convertir a India en un modelo del desarrollo agroindustrial, de la mano de los gigantes de la biotecnología estadounidenses y europeos. Nueva Delhi, por su parte, sueña con remediar el hambre de su población y transformar al país en una “sociedad del saber”. Manifestación contra el cultivo de berenjenas genéticamente modificadas, Chandigarh, India, 28-1-10 (Ajay Verma / Reuters)
T
odo parecía estar listo en India para la comercialización de una variedad genéticamente modificada de berenjena: una primicia mundial. El 16 de octubre de 2009, el muy oficial Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (GEAC, según su sigla en inglés) indio había dado su luz verde. Sin embargo, contra todas las expectativas, en febrero de 2010, el ministro de Medio Ambiente Jairam Ramesh decidió aplazar la venta. ¿Querrá decir esto que India, uno de los grandes productores mundiales de algodón genéticamente modificado, dará la espalda a los organismos genéticamente modificados (OGM) alimentarios? No es tan seguro. No obstante, la moratoria significa que la sociedad civil india conquistó una victoria. La campaña llevada a cabo contra la berenjena OGM no dejó de recordar la movilización popular contra el Imperio Británico, conducida por Mohandas Karamchand Gandhi, en torno a la idea del swadeshi (la autosuficiencia nacional). La introducción de esta hortaliza fue vivida como un ataque extranjero contra el patrimonio genético y la soberanía alimentaria del país. Un enfoque que incitó a diez estados a prohibir tal cultivo en su territorio, según autoriza a hacerlo el régimen federal indio. Frente a tal barrera defensiva, Ramesh prefirió frenar la carrera hacia la comercialización.
Centro mundial de los OGM Sin ser una derrota completa para los proOGM, este episodio constituye un gran fracaso para la sociedad Mahyco –que puso a punto esta berenjena para su socia estadounidense, la multinacional Monsanto– como también para el gobierno de Estados Unidos. Hace tiempo que este país puso la aceptación de los OGM vendidos por Monsanto en el centro de su política económica exterior. Según Washington, asociado a las empresas de biotecnología genética, sólo los OGM serían capaces de resistir la penuria de agua, el aumento de las temperaturas y por lo tanto, de lograr la seguridad alimentaria de la población mundial. Justamente India es uno de los países que corren el riesgo de ver aumentar masivamente
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el número de desnutridos. Tras una mala temporada de monzones en 2009, India prevé importar, en 2010, 3 millones de toneladas de arroz –es el segundo consumidor después de China– y 4 millones de toneladas de legumbres secas. Que el mismo día en que Ramesh se pronunciaba sobre la suerte de la recientemente creada berenjena, la cuestión del maíz MON 810 –también producido por Monsanto– volviera a la Comisión Europea es una coincidencia bastante irónica; se sabe que el presidente de esta última, Manuel Barroso, se ha resuelto imponer rápidamente su cultivo en la Unión. Que India frene la venta de los OGM alimentarios no significa que tome un camino distinto: al contrario, todo está dispuesto para que se convierta en el centro mundial no sólo del consumo de las plantas OGM, sino también de su creación y comercialización. La berenjena denominada Bt (contiene la bacteria Bacillus thuringiensi), primera hortaliza OGM destinada al consumo humano, indudablemente no será la última. Tras el éxito de su algodón Bt, cuyo cultivo ya se ha extendido por todo el país, gracias a una campaña de marketing perseverante, Mahyco se prepara para introducir numerosos productos agrícolas genéticamente modificados, con el apoyo directo del gobierno estadounidense, a través de la United States Agency for International Development (USAID). Este organismo promueve su difusión en los países en vías de desarrollo, confiando la tarea –¿quién podría asombrarse?– a los gigantes de la industria agroalimentaria estaounidense y sus filiales. Y contribuyó al desarrollo de la berenjena Bt (1) a través de su Proyecto de Apoyo a la Biotecnología Agrícola –Agricultural Biotechnology Support Project (ABSP)–; le seguirán bananas, cacahuetes, papayas, tomates y arroz. La estrategia de la USAID no varía nunca: según su “modelo ideal”, se debe combinar la investigación que se realiza en las universidades con una comercialización rápida; una asociación de carácter público-privado. Para la berenjena Bt, por ejemplo, Mahyco contó en India con la Tamil Nadu Agricultural University, parte interesada en el proyec-
to ABSP, así como con el principal socio universitario de Monsanto en Estados Unidos, la Cornell University (2). En la lista de los participantes en el ABSP, figuran indistintamente universidades estadounidenses y extranjeras, empresas de ingeniería genética como Monsanto y Mahyco, Nunhems Seeds (Bayer) y la consultora en agroalimentación Sathguru, que ostenta en su sitio internet a sorprendentes “socios comerciales”: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la USAID, la Cornell University y el ABSP (3). La línea de demarcación entre intereses privados y bien público se vuelve muy difícil de trazar. Esta confusión no debe nada al azar. Mientras todas las miradas estaban fijadas en el acuerdo nuclear negociado a partir de 2005 entre los gobiernos de Washington y Nueva Delhi, éstos concluían otro, cuyas consecuencias mundiales son potencialmente por lo menos igualmente importantes: India-United States Agricultural Knowledge Initiative (AKI) (Iniciativa India-Estados Unidos sobre la formación, investigación, servicios y relaciones comerciales agrícolas). Firmado por el primer ministro indio, Manmohan Singh, y el presidente George W. Bush el 18 de julio de 2005, el AKI prevé “la participación activa de las universidades estadounidenses en la construcción de los fundamentos de un sistema de formación e investigación en agricultura en India” y propone “fundar una nueva asociación” (4). En el consejo de administración creado para la ocasión, la parte estadounidense está representada, en su componente “privado”, por dos gigantes de la industria agroalimentaria, Monsanto y Archer Daniels Midland, y por el campeón de las grandes superficies Wal-Mart (5). El AKI satisface plenamente las aspiraciones de Nueva Delhi, que sueña al mismo tiempo con alimentar a su población creciente y transformar al país en una “sociedad del saber”, a fin de llevar a las empresas y la economía indias al primer rango mundial. Aplica al sector agrícola el modelo de recepción de las deslocalizaciones de los servicios a las empresas (contabilidad, servicios de posventa con telecentros, informática) que constituyó el motor del crecimiento
económico indio. Es cierto que según los principios de su diplomacia “de geometría variable”, Nueva Delhi sigue rechazando, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el marco de la Ronda de Doha, una liberalización total de su agricultura. Pero la contradicción es sólo aparente. En ambos casos, las autoridades intentan preservar los intereses de sus grandes grupos.
Un “arma diplomática” alimenticia La cuestión agrícola ocupa un lugar central en India: en los albores de su independencia, la insuficiencia alimentaria la puso en la humillante posición de suplicante frente a un Estados Unidos que rebosaba de cereales (6). Para erigir una barrera contra el comunismo en los Estados recientemente descolonizados, Hubert H. Humphrey, entonces senador de Minnesota, sugirió transformar la agricultura estadounidense en un “arma diplomática” y sustituir los productos alimentarios tradicionales de cada país por un alimento derivado de productos estadounidenses. Explicó que se trataba de formar el gusto de los niños extranjeros, en particular en los comedores escolares: los niños japoneses se adaptarían al pan, sus homólogos yugoslavos aprenderían a preferir la leche en polvo estadounidense a la leche fresca local. En India, “un niño pasaría el dedo por la manteca derretida, la probaría, y a continuación diría, con tono embelesado: ‘Estados Unidos’” (7). Se puso entonces en marcha la “revolución verde”, con la ayuda de Estados Unidos, a través de las fundaciones Ford y Rockefeller. Salvó al país de la hambruna, pero no logró liberalizar completamente su mercado agrícola, ni siquiera después de la apertura del país al capital extranjero en 1991 ni del acercamiento estratégico con Washington, bajo la presidencia de Bush. Esta “revolución verde” logró sin duda aumentar considerablemente la producción de cereales (de 70 millones de toneladas en 1954 a 202 millones hoy en día), pero India pagó un precio gravoso: desecamiento de los canales y de las napas subterráneas, salinización de los suelos, endeudamiento de los agricultores (se suicidaron más de
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100.000 en apenas una década), índice galopante de cáncer entre los campesinos. Sin contar las graves repercusiones a nivel político y social. Por eso, muchos la consideran una de las causas principales de la revuelta independentista que estalló en Punjab en los años 80 –movimiento durante el cual la primera ministra Indira Gandhi fue asesinada por sus guardaespaldas sikhs en 1984–. Hoy el hambre vuelve a acechar a este país, donde vive el 40% de los niños desnutridos del mundo. Su producción agrícola está amenazada por los efectos del cambio climático sobre los monzones, por una alarmante penuria de agua (8) y por una expansión urbana e industrial que suprime muchas tierras cultivables. Si no aumenta de manera muy consecuente el crecimiento de su sector agrícola –ronda el 2%, cuando este año, a pesar de la crisis financiera mundial, el nivel de crecimiento global alcanzará el 7%–, India no alimentará a su población ni cumplirá sus objetivos de crecimiento (8% y hasta 9%). Se supone que el AKI debe aportarle inversiones masivas, transferencias de tecnologías e infraestructuras industriales agrícolas. Regalos muy poco costosos, ya que el derecho de transformar todo ese saber práctico en productos comercializables seguirá siendo propiedad de las multinacionales. Así se presenta la segunda “revolución verde” ofrecida por Washington. “Estados Unidos desea aumentar su comercio agrícola con India. Podría traer beneficios mutuos; sin embargo, éstos dependen de la transformación del sector agrícola de India” (9). Estos cambios primero se producirán en las universidades indias y estadounidenses, a las que serán invitados investigadores indios. Pasarán luego de la universidad a los gigantes de la industria agroalimentaria e inversamente, como es frecuente en Estados Unidos hace décadas: después de haber ganado salarios muy altos en el sector privado, se convertirán, por ejemplo, en altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, con la misión de gestionar la colocación de los productos de la ingeniería genética fabricados en cantidad por sus antiguos empleadores. El itinerario de Michael Taylor ilustra claramente ese fenómeno llamado “la puerta giratoria” (revolving door): luego de haber sido ejecutivo de Monsanto, entró en la USDA, en la época en que ese organismo aprobó la comercialización de la hormona de crecimiento bovino rBGH, fabricada por la multinacional (10). De ahí, pasó a la Universidad George Washington, donde forma a jóvenes ejecutivos, entre ellos indios, que luego regresarán a su país. Que la noticia de la instalación de una huerta orgánica en medio de los jardines de la Casa Blanca, recientemente dada a conocer por el gobierno estadounidense, haya tenido un
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efecto simbólico importante, no significa que la USDA y la industria agroalimentaria estén ahora menos estrechamente ligadas; y Taylor es uno de los consejeros de la nueva administración (11). La estrategia de Estados Unidos en ese ámbito consiste pues, en India, en reducir el papel del sector público. El país ofrece ventajas únicas: campesinos pobres que
Hoy el hambre vuelve a acechar a India, donde vive el 40% de los niños desnutridos del mundo. no tienen la posibilidad de hacer preguntas embarazosas sobre los granos que les venden; una importante superficie cultivable; un mercado de potencialidad gigantesca; altos funcionarios tan entusiasmados con las soluciones tecnológicas de todo tipo como aterrados por el fantasma del hambre y la dependencia exterior. Pero las trasnacionales estadounidenses no son las únicas en fantasear acerca de las posibilidades que ofrece una privatización de la agricultura. Las europeas Syngenta, Bayer CropScience, Carrefour, Tesco, como los grupos indios Tata, Bharti, Reliance y Mahindra también hacen fila, junto a muchas otras. Por ejemplo, basándose en el modelo estadounidense, Tata creó el Tata Educational and Development Trust, en sociedad con la Cornell University –donde hizo sus estudios Ratan Tata, directivo del grupo–. En 2008, le ofreció 50 millones de dólares: la mitad de la suma va a la Tata-Cornell Initiative in Agriculture and Nutrition, cuyo trabajo se refiere a India; la otra mitad sirve para otorgar becas a jóvenes estudiantesinvestigadores indios inscriptos en Cornell. Paralelamente, la sociedad Rallis, líder de la industria agroquímica india e integrante del grupo Tata, “decidió lanzarse de lleno al comercio de los granos” híbridos, y también al algodón genéticamente modificado (12). India “puede volverse autosuficiente en su producción alimentaria si aplica las biotecnologías en sus cultivos alimentarios” (13), afirman las sirenas estadounidenses. ¿Será tan simple? Según la “Evaluación Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo” (IAASTD), un informe dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en abril de 2008, por lo menos
cuatrocientos científicos tienen dudas al respecto. La IAASTD hace sonar la alarma contra el actual sistema de producción agrícola industrial: “Durante años, la agronomía giró fundamentalmente en torno a la difusión de las tecnologías para incrementar la productividad a nivel de la explotación, y al mercado y los mecanismos institucionales [donde] el modelo general consistía en innovar constantemente, reducir los precios pagados a los productores y externalizar los costos” (14). Los impresionantes resultados obtenidos en materia de producción se lograron a costa de la igualdad social, de la capacidad de las colectividades locales para adueñarse de su sabiduría práctica y de su cultura, y de un medio ambiente que llegó al límite de lo que puede absorber. El informe de la Unesco expresa serias reservas sobre las soluciones puramente tecnológicas y se interroga sobre la utilidad de las cosechas de OGM, subrayando sus peligros potenciales. No hay que asombrarse pues de que Estados Unidos haya manifestado especialmente su desacuerdo con sus conclusiones.
No obstante, los gigantes de la industria agroalimentaria, con Monsanto a la cabeza, no habían previsto la movilización contra la berenjena OGM. Antes de tomar su decisión de una moratoria, Ramesh multiplicó las reuniones públicas. Escuchó todos los argumentos, incluso los de los pequeños productores –los más amenazados–, y estos debates tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación. En su comunicado de prensa del 9 de febrero de 2010, el ministro habla de transparencia, de reflexión y, sobre todo, de prudencia en la decisión a tomar. “Cuando no hay un claro consenso en la misma comunidad científica, cuando existe una fuerte oposición dentro de los gobiernos de los distintos Estados, cuando los dirigentes de la sociedad civil plantean cada vez más preguntas serias sin recibir respuestas satisfactorias, cuando la opinión pública manifiesta su rechazo por la berenjena Bt (…) y cuando no hay urgencia alguna en incorporarla al mercado, mi deber es adoptar el principio de precaución e imponer una moratoria” (15). n
“Desarrollo” genético
1 www.absp2.cornell.edu
Se podría haber pensado que la actual crisis mundial volvería a Nueva Delhi menos receptiva a los argumentos estadounidenses. Pero como demostró la reunión regional del Foro de Davos, que tuvo lugar en noviembre de 2009 en India, sus dirigentes se muestran más entusiasmados que nunca por las asociaciones de carácter público-privado; e invitaron a los inversores extranjeros a establecerlas, comprometiéndose a liberalizar cada vez más su economía.
2 B. V. Mahalakshmi, “Cornell researchers get nod for Bt brinjal trials”, The Financial Express, Nueva Delhi, 25-9-07. 3 www.sathguru.com/management_consulting.php 4 En el sitio del Ministerio de Agricultura indio: http://dare.nic. in/usa.htm; del lado estadounidense: www.fas.usda.gov/ICD/ india_knowl_init/factsheet.asp 5 www.fas.usda.gov/icd/india_knowl_init/board.asp 6 En 1960, 92% de la asistencia económica aportada por Estados Unidos a India era de orden alimentario. 7 Hubert H. Humphrey, “Food and Fiber as a Force for Freedom”, Informe al Senado (Public Law 480, 83D Cong.), Washington, 21-4-1958; http://bulk.resource.org/gao.gov/83480/000042EC.pdf 8 Véase Bénédicte Manier, “L’eau en Inde, un enjeu social et
La línea de demarcación entre intereses privados y bien público se vuelve muy difícil de trazar.
géopolitique”, Planète Asie, 1-2-10. 9 David C. Mulford, “Second Annual Conference on Indo-US Economic Cooperation: Developing a Strategy for Closer Partnership”, organizada por la Confederación de la Industria India (CII) y el Consejo de Negocios India-Estados Unidos (USIBC), Nueva Delhi, 6-3-07. 10 Véase Adolfo Coronato y Françoise Gérard, “La mala hierba de Monsanto”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2009. 11 Jeffrey Smith, “Obama’s Team Includes Dangerous Biotech ‘Yes Men’”, The Huffington Post, 30-11-08, www.huffingtonpost.com 12 Yassir A. Pitawala, “Rallis plans foray into seeds business”,
Asimismo, se podría haber pensado que la esperanzadora promesa realizada por el presidente Barack Obama de un cambio real en la política exterior de Estados Unidos involucraría el capítulo agrícola. Por el contrario, la secretaria de Estado Hillary Clinton lo reforzó, y la designación a la cabeza de la USAID de Rajiv Shah –quien ya hizo sus pruebas tanto en la USDA como en la Fundación Gates, donde privilegió los OGM– dará más importancia aun a la ingeniería genética en el “desarrollo” de los países pobres.
The Financial Chronicle, Bombay, 16-3-09. 13 Sourav Mishra y Abishek Shankar, “GM crops can meet India’s food, biofuel needs”, Reuters India, 25-2-08. 14 Informe del IAASTD: www.agassessment.org 15 Jairam Ramesh, ministro de Medio Ambiente indio, Decision on Bt-Brinjal, 9-2-10, http://moef.nic.in/downloads/publicinformation/minister_ *Investigadora del World Policy Institute, Nueva York; autora de Planet India: L’ascension turbulente d’un géant démocratique, Actes Sud, Arles, 2008. Traducción: Patricia Minarrieta
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El mundo visto desde Canberra
por Olivier Zajec*
Australia, la potencia discreta El primer ministro laborista australiano, Kevin Rudd, sin dejar de cumplir el tradicional compromiso estratégico de su país con Estados Unidos, ha rechazado de plano el incremento de su contingente militar en Afganistán. Desde su arribo al poder, en diciembre de 2007, su política se ha dirigido a mejorar las relaciones con sus vecinos asiáticos, deterioradas durante el mandato de su predecesor en el cargo, el conservador John Howard.
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dos de Bali en octubre de 2002 (1), por su adhesión a los principios de la “acción preventiva” antiterrorista. Esta profesión de fe generó una protesta oficial de Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia, todos vecinos y signatarios de acuerdos de defensa con Canberra. No es que el intervencionismo de Australia en su zona de interés inmediato sea una verdadera sorpresa para esas naciones: el envío de mil quinientos hombres a las islas Salomón en 2003 (2) o de una centena al Reino de Tonga en 2006 no son más que los ejemplos más recientes (3), en nombre de la “estabilización general”.
Seguidismo desembozado
Mick Namarari Tjapaltjarri, Bandicoot Dreaming, 1991
A
ustralia, que aparece como “una nota al pie de página” en las proyecciones cartográficas Mercator, ¿existe geopolíticamente? Se podría dudar, es tan “Down under” (“en alguna parte allá abajo”, sobrenombre irónico utilizado por los australianos en referencia a la posición de su país sobre el planisferio) que sólo logra, en el mejor de los casos, suscitar un interés amable por parte de los analistas de las relaciones internacionales. ¿Australia, que no es una nación nuclear, que no forma parte ni de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ni de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés), ni de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y que no se cuenta entre los “BRIC” (acrónimo para Brasil, Rusia, India, China) será acaso una no-potencia? Este país, el sexto Estado más vasto del mundo, sólidamente instalado entre los quince más prósperos del planeta, distinguido por tener el tercer mejor índice de desarrollo humano (establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)), provisto de un aparato de defensa completo y confiable, a pesar de sus apenas veintidós millones de habitantes, tiene un peso esencial en el escenario del Pacífico. En momentos en que el presidente estadounidense Barack Obama es esperado este mes de marzo en Canberra para celebrar los setenta años de las relaciones australo-estadounidenses, los debates internos por las opciones de seguridad nacional plantean una gran cantidad de preguntas para reubicar en el marco de un Asia–Pacífico en plena transformación.
En este principio de año 2010, el desafío más grande del primer ministro laborista Kevin Rudd, que dirige el país desde hace un poco más de dos años, es continuar despegándose de las maneras agresivas impuestas por su predecesor conservador John Howard, a partir de 1996. La política de este último condujo a un deterioro de “cierta idea” de la diplomacia australiana, al encerrar a su país de manera más osten-
Es el sexto Estado más vasto del mundo, sólidamente instalado entre los quince más prósperos del planeta. sible y franca que nunca en un papel de simple transmisor de la influencia estadounidense. En plena euforia del éxito de la misión de interposición internacional de 1999 en Timor Oriental, en ese momento conducida por Australia y aclamada por Naciones Unidas, Howard disgustó a sus vecinos cuando aseveró que ahora su país estaba listo para desempeñar el papel de “sheriff adjunto” en una zona del Pacífico donde por derecho correspondía a Estados Unidos mantener el orden. Esta imagen quedó reforzada por el seguidismo de Australia en la aventura iraquí de 2003 y, luego de los atenta-
Sin embargo, como bien observó Fabrice Argounès, especialista en la zona y autor del único manual francés consagrado a la geopolítica del país (4), la imagen de una Australia “arrogante” se vio reforzada a través de la mezcla explosiva de ese intervencionismo estructural y de un discurso coyunturalmente alineado con la prédica estadounidense, que estima arbitrariamente a los países vecinos (entre ellos Papúa Nueva Guinea) como “Estados quebrados”. El conjunto de esta retórica, en el mejor de los casos, irritó profundamente: ya en 2002, Roilo Golez, ministro de Defensa de los filipinos, consideraba que “la posición asumida por Howard es francamente arrogante”. En 2006, fue el turno de Manasseh Sogavare, primer ministro de las islas Salomón, de tildar a Canberra de “terror de la región y nación arrogante”; a continuación, el mismo año, Mickael Somare, primer ministro de Papúa Nueva Guinea, no pudo contener su ira: “Pienso que tratar a nuestra región de esta manera es típico de la arrogancia de ustedes, de su pueblo y de sus líderes” (5). La posición de Howard –que domésticamente sostenían tanto los think tanks conservadores de discurso autoritario (Institute of Public Affairs, Center for Independant Studies), como las fanfarronadas agresivas de los diarios del magnate australiano neoconservador Rupert Murdoch– pareció resucitar, de alguna manera, la política australiana de “defensa avanzada” anterior al año 1979 y fundada totalmente sobre el bandwagoning (seguidismo) con Estados Unidos. ¿Se puede, a la luz de lo que sucede hoy, considerar este período como un simple paréntesis, ligado a una histeria antiterrorista más mimética que estructural? La geografía determina fuertemente la política, y ninguna “doctrina preventiva” puede en el fondo borrar la paradoja geoestratégica evidente que sufre Canberra. En un Pacífico Sur mayoritariamente microinsular y en vías de desarrollo, Australia sigue siendo una potencia aplastante en términos económicos, culturales y políticos, pero en el Pacífico Norte, donde dominan los gigantes como China, Japón, Estados Unidos o Rusia, por el contrario, sólo puede esperar un papel secundario. El interés evidente de Canberra debería ser reanudar el movimiento iniciado hace más de cuarenta años –cuando su metró-
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polis histórica, Inglaterra, se retiraba de Asia-Pacífico (6)–, y desarrollar una diplomacia más autónoma, tomando en cuenta más sutilmente el equilibrio asiático de largo plazo: el 60% del comercio australiano se hace en la actualidad con Asia y, en 2007, China se convirtió, aventajando a Japón, en su primer socio económico. Atlantismo o no, el futuro de Australia está ligado a esta realidad. El propio Howard había tomado conciencia de ello, más allá de su seguidismo centrado en Estados Unidos y de las enemistades regionales, que hubiera podido exacerbar con su posición marcial. Así, en 2004, fue el primer jefe de Gobierno australiano en asistir a una reunión de la ASEAN, para establecer las bases de un acuerdo de libre intercambio. El mismo año, le dio un gusto a Beijing haciendo saber por medio de su ministro de Asuntos Extranjeros, Alexander Downer –un poco imprudentemente, teniendo en cuenta los acuerdos con Washington (7)–, que Australia no se sentiría “automáticamente” implicada en un even-
El primer ministro de las islas Salomón tildó, en 2006, a Australia de “terror de la región y nación arrogante”. tual conflicto en el estrecho de Taiwán. En 2005, finalmente, Canberra se convirtió, después de muchos debates y a pesar de la hostilidad de algunos países como Malasia, en miembro de la flamante “Cumbre del Asia Oriental” (East Asia Summit o EAS), ampliada rama política de la ASEAN que incluye a Japón, China y Corea del Sur. Toda esta estrategia asiática se ve reafirmada por Rudd, con la gran diferencia de que su fraseología diplomática, más neutra, concuerda ahora con actos impregnados de multilateralismo. Aunque Howard había combatido con fuerza las tesis del recalentamiento climático, Canberra firmó el Protocolo de Kyoto – muy simbólicamente, el día mismo de la entrada en funciones de Rudd, el 3 de diciembre de 2007–. Rudd retiró también dos mil hombres de Irak, con el aplauso de varias potencias musulmanas vecinas, como Malasia o Indonesia. De igual modo, las restricciones a la inmigración asiática fueron flexibilizadas a partir de 2008; en febrero del mismo año, Rudd presentó solemnemente las disculpas de los australianos a los pueblos aborígenes. El conjunto de estas decisiones fue unánimemente aclamado en Asia.
El cuco chino Al mismo tiempo, las relaciones con China mostraron, por lo menos en apariencia, una voluntad de normalización y de escucha mutua. De manera emblemática, el primer ministro australiano, ex diplomático, es el único dirigente “occidental” que se expresa fluidamente en mandarín (sus entrevistas con el presidente Hu Jintao se desarrollan sin ningún intérprete). Otro signo fuerte: hoy ya no se trata del “diálogo cuadrilateral” imaginado hace un tiempo, bajo la influencia del gobierno de George W. Bush, para reunir a India, Japón, Estados Unidos y Australia en un solapado frente antichino. Canberra apunta a un objetivo de
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largo aliento y doble vertiente: una alianza estadounidense confirmada en sus grandes líneas, pero “suavizada” por una participación más voluntariosa en foros regionales en plena renovación, donde Australia valorizaría su papel de eje. Así como el enfriamiento asiático del período Howard concordaba con la “negligencia” de la administración Bush respecto de la esfera Pacífico, la orientación de la administración Obama encuentra un seguidor oportuno en la política de Rudd. El análisis común se encierra en una frase: Asia–Pacífico determinará el equilibrio geopolítico del siglo xxi. Para influir en la región, Estados Unidos deberá “asiatizarse” más, respondiendo así a las demandas de algunos de sus aliados, como Singapur o Filipinas, que asisten a la consolidación exponencial de Beijing. Canberra se ofrece a facilitar este reposicionamiento con algunos argumentos. La agencia gubernamental australiana de ayuda y desarrollo (AUSAID) invierte desde hace tiempo en la región, a través de planes plurianuales, como la Estrategia Subregional Australiana del Gran Mekong, cuya versión 2007-2008 financia proyectos de infraestructura, de educación o de gestión de los recursos hídricos en Camboya, en Vietnam, o incluso en Laos (8). Sin embargo, este retorno al equilibrio es cauteloso. En efecto, algunas de las recientes iniciativas australianas se encuentran en competencia con estructuras multilaterales asiáticas que funcionan cada vez con más eficacia. Por ejemplo, la “Comunidad de Asia–Pacífico con vistas a 2020”, presentada por primera vez por Kevin Rudd en junio de 2008 durante un discurso en la Asia Society de Sydney, y retomada en el Libro Blanco de la Defensa, publicado en mayo de 2009 (9): la comunidad prepara un mecanismo regional que compromete a toda Asia–Pacífico en el libre intercambio, el antiterrorismo, la cooperación securitaria y energética, como el tratamiento de las catástrofes naturales y epidemias. El objetivo sigue siendo relativamente endeble. Por ahora no se le sumó ningún socio regional. El proyecto podría en efecto molestar al EAS, impulsado desde el principio por Malasia, que difícilmente perdona a Australia haber ignorado tanto tiempo su iniciativa.
Howard disgustó a sus vecinos cuando aseveró que su país estaba listo para desempeñarse como “sheriff adjunto”. Pero las dificultades del reposicionamiento australiano son más profundas que las disputas bilaterales con algunos socios aprensivos. Desde el punto de vista de las naciones asiáticas, hay de hecho dos maneras de considerar el “objeto geopolítico no identificado” que es ese “confín de Occidente”, olvidado en el Pacífico. Por un lado, es evidente que algunos actores regionales tienen necesidad de Australia, aunque sólo fuera para equilibrar el peso de China: entre ellos, Filipinas, Taiwán, Vietnam (que estrechan sus lazos con Canberra). Por oposición, algunos Estados limítrofes, como Papúa Nueva Guinea, se complacen en denunciar el intervencionismo moralizante de los Aussies. Indonesia, que no
perdonó nunca a Canberra su liderazgo en Timor Oriental, pero que necesita una alianza, mantiene una posición intermedia. En cambio, es muy probable que ninguno de esos países, aliados orgánicos o vecinos críticos, sea víctima de una “asiatización australiana” más declarada que real. Que sea formulada por el diplomático Rudd más que por el hosco Howard no cambia gran cosa. ¿Estos países en verdad se equivocan al
no creer en una Australasia? El Libro Blanco de la Defensa reafirma, como todos los precedentes, que el tratado de seguridad Australia-Nueva Zelanda-Estados Unidos de 1951 (Anzus) –y no el multilateralismo regional– sigue siendo la piedra angular de la política de seguridad nacional (10): “La opinión del gobierno es que la estabilidad estratégica de la región será garantizada de la mejor manera por una presencia continua de Estados Unidos, vía su d
La fuerza de defensa australiana y la cooperación regional La fuerza de defensa australiana –Australian Defense Force (ADF)– desempeña un papel clave en la región. En efecto, a partir de 1971, después de la retirada de las fuerzas inglesas, los Five Power Defence Arrangements (FPDA) reúnen a Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Malasia en un acuerdo que prevé la ayuda de los tres primeros países a los dos últimos en caso de agresión. Estos FPDA funcionan siempre y, desde 1997, las armadas y las fuerzas aéreas de los cinco países practican regularmente ejercicios combinados. Este tipo de cooperación no puede enmascarar el hecho de que la ADF, con cincuenta y un mil militares y diecinueve mil cuatrocientos reservistas, sigue siendo un ejército modesto que depende de la capacidad de defensa estadounidense. El ex ministro de Defensa australiano Joel Fitzgibbon lo recordó oficialmente al comentar la salida del último Libro Blanco en mayo de 2009: “Sin el acceso a la capacidad, a la tecnología y a la estructura de entrenamiento estadounidenses, las fuerzas de defensa australianas simplemente no podrían ser la herramienta moderna que son hoy y que deben seguir siendo en el futuro (1)”. Sin embargo, ese padrinazgo sin falla mostró ser una muy buena inversión para Estados Unidos: una de las misiones principales de la ADF sigue siendo sostener las eventuales operaciones militares de Washington en el mundo. Para llevarla a cabo, como otros aliados de “primer rango” de Estados Unidos (los Países Bajos, por ejemplo), la ADF está provista de unidades aguerridas, de credibilidad reconocida, y concentra sus esfuerzos sobre capacidades “raras” (fuerzas especiales, aviones de caza polivalentes) para obtener un efecto de influencia máxima en las “coaliciones de buena voluntad” (coalitions of the willing) que se enorgullece siempre de sostener. Los consejeros militares australianos son muy bien acogidos en los centros de reflexión y de entrenamiento del “gran hermano”, a imagen del emblemático David Kilcullen, hoy un “gurú” de las teorías de contrainsurgencia del ejército estadounidense. Kilcullen, ex oficial del ejército australiano, aconsejó al general estadounidense David Petraeus en el momento de la preparación del “surge” iraquí de 2007. Hoy está al servicio de varios gobiernos anglosajones y es miembro del Consejo de Administración del Center for a New American Security, vivero de reclutamiento securitario de la administración de Barack Obama (2). De Vietnam a Afganistán, pasando por Irak, jamás Australia ha fallado a los planificadores del Pentágono. Estas misiones –de asistencia a las expediciones estadounidenses por una parte, y de guardia coordinada con la protección del limes [límite, frontera] Pacífico por la otra– son tanto más aseguradas con gusto por Canberra cuanto que ellas son in fine el tributo a pagar para la permanencia de la garantía estadounidense referida a los “dos círculos nacionales de seguridad” australianos. El primer círculo, mencionado por primera vez en el Libro Blanco de 1987, Defence of Australia, con el término “área de interés militar directo”, comprende a los vecinos inmediatos de la isla, cuya estabilidad y solidez constituyen un talud precioso, especie de “barrera de coral geoestratégica” australiana: encontramos ahí a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, las islas Salomón y Fidji y en general a los Estados insulares del Pacífico Sur. En cuanto al segundo círculo, concierne a la defensa del propio territorio australiano, o sea la isla principal, pero también las pequeñas islas habitadas (las islas Cocos, Christmas, Norfolk) y deshabitadas (islas Ashmore, Cartier, Heard y McDonald, islas del Mar de Coral y Territorio Australiano Antártico). Uno de los puntos fuertes del Estado Mayor australiano actual es, precisamente, que la ADF pueda intervenir de manera más autónoma en la “barrera de coral”; entre su primera misión operacional fuera de sus fronteras (la operación Morris Dance de 1987, en respuesta a un golpe de Estado en las Fidji) y su participación actual en Enduring Freedom, su aptitud para proyectar cuerpos expedicionarios mejoró mucho: las unidades navales y anfibias (más de cincuenta construcciones modernas, de las cuales seis son submarinos de la clase Collins) y las unidades de transporte aéreo dotadas de aparatos estadounidenses de transporte táctico (C-130 Hércules) y estratégico (C-Globemaser) juegan aquí el primer papel. En fin, en lo concerniente a la defensa del territorio nacional, que permanece en el corazón de la misión de la ADF, hoy las tropas están posicionadas en su mayoría en el norte de la isla, mucho más “densa” estratégicamente que las orillas que miran al Antártico o a Nueva Zelanda (3). n 1 A Defence Force for the 21st Century, Ministerial Support and Public Affairs, Ministerio de Defensa, Canberra, 2-5-09. 2 www.cnas.org 3 Algunos comentaristas se alarman desde hace un tiempo por las eventuales pretensiones chinas sobre los recursos del Territorio Antártico, pretensiones que actualmente nada, a gran escala al menos, permite corroborar.
O.Z.
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d red de alianzas que incluye a Japón, la República de Corea, India y Australia (…).” Ese retrato sin maquillaje de las alianzas estadounidenses en Extremo Oriente está dialécticamente unido, en el mismo documento, al pronto rearme de una gran parte de Asia Oriental y sobre todo de China.
MONGOLIA COREA JAPÓN DEL SUR CHINA Okinawa (Japón)
Conflictos con la minería En octubre de 2009, el encuentro entre Rudd y el nuevo jefe de Estado Mayor chino, el general Chen Bingde, habrá dado lugar así a informes diplomáticos satisfactorios, sin abordar sin embargo el tema –obsesionante para Australia– del ascenso militar de Beijing, cuyo presupuesto, estimado en más de 60.000 millones de dólares anuales, continúa siendo calificado de “no transparente” por Canberra. El Libro Blanco australiano lo mantiene mezzo voce “(…) el ritmo, la extensión y la estructura de la modernización militar china pueden provocar la inquietud de sus vecinos si dicha modernización no está justificada y explicada.” A esto se agrega “la agresividad” comercial china, ahora denunciada en el ambiente económico australiano. Después de las inauguraciones mineras y energéticas de estos últimos años, el gobierno toma medidas de protección de sus recursos minerales (yacimientos de “tierras raras” –elementos minerales relativamente “extraños”– en particular) y vigila de cerca las inversiones chinas en el sector. El endurecimiento de las relaciones entre Beijing y el gigante minero anglo-australiano Rio Tinto, que el año pasado finalmente se negó a que Chinalco subiera del 9% al 20% en su capital, no es sino el último episodio de esta crispación. Más allá de un posicionamiento diplomático regional más prudente, el gobierno de Rudd no pretende debilitar en nada la red de alianzas estadounidenses de containment (contención) de China. Por cierto,
El actual primer ministro australiano es el único dirigente “occidental” que se expresa fluidamente en mandarín. el gobierno apoya la propuesta de Obama sobre la reducción de los arsenales nucleares, que aprueba la recomendación de la Comisión Internacional sobre el Desarme y la No Proliferación en la que solicita que para 2025 los estadounidenses sólo tengan quinientas cabezas y repudien la doctrina del primer ataque. Pero aparece bastante aislado en relación con los círculos australianos de reflexión estratégica. En diciembre de 2009, Andrew Shearer, influyente editor y director de estudios en el Lowy Institute, pone en guardia en The Australian, buque insignia del grupo Murdoch: “Mantener una disuasión nuclear estadounidense creíble es todavía más importante ahora que Asia y China tratan de subsanar su retraso en materia convencional. Es necesario que esto siga siendo una prioridad de (…) la administración Obama”. Vista desde Washington, Australia es considerada hoy más que nunca como el malecón meridional de una línea Canberra-Yakarta-Manila-Taipei-Tokio que vigila los impulsos marítimos globales de una China ambiciosa (11). Esta línea debe ganar en coherencia: el eje TokioCanberra, antes informal, aparece en plena renovación: lo atestiguan la “Decla-
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Tropique du
TAIWÁN
INDIA
BIRMANIA LAOS TAILANDIA VIETNAM FILIPINAS CAMBOYA (1992-1993) BRUNEI SRI LANKA MALASIA
20∞LN
Équateur
INDONESIA
OCÉANO ÍNDICO
Isla Christmas Islas Cocos
TIMORIslas Ashmore ORIENTAL y Cartier
0
1.000
Estados signatarios del Five Power Defence Arrangements (FPDA)1 Área de interés militar directo
VIIa FLOTA PACÍFICO OESTE
Estados signatarios del ANZUS (pacto militar)2
OCÉANO PACÍFICO
Frente de contención asiática (eje Canberra-Tokio) Intervenciones militares australianas3
Isla Bougainville (1994 y 1997) PAPÚANUEVA GUINEA
Presencia militar estadounidense
SALOMÓN FIDJI (1987)
Alice Springs AUSTRALIE Va FLOTA OCÉANO ÍNDICO MAR ROJO GOLFO
Potencias económicas emergentes
Cancer
Guam (Estados Unidos)
SINGAPUR
Estados miembro de la Cumbre de Asia Oriental (EAS) Estados miembro de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
Gastos militares en 2008 Miles de millones de dólares 63 45 25 10 3,5 1
40∞LN
AUSTRALIA AUSTRALIE
2.000 km
Isla Norfolk
NUEVA ZELANDA
NB: Australia también intervino en Namibia (1989), en Somalia (1993), en Ruanda (1994 y 1995) y durante la guerra del Golfo en 1991. En 2010, prosiguió sus operaciones en Egipto (Sinaí), en Sudán, en las islas Salomón, en Timor Oriental y en Haití.
TONGA (2006)
1 Incluido el Reino Unido. 2 Incluido Estados Unidos. 3 Australia también está presente en Afganistán (retiró sus tropas de Irak en 2009). Fuentes: Sipri Yearbook 2009; organizaciones regionales; Ministerio de Defensa (Australia); Reuters; Agence France-Presse.
Philippe Rekacewicz
ración común de cooperación securitaria”, firmada por el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y Howard en marzo de 2007 y, sobre todo, el Memorándum de Cooperación de Defensa (Memorandum on Defence Cooperation) de 2008. Este último instala verdaderas estructuras societarias entre las fuerzas de autodefensa niponas y el ejército australiano, por medio de ejercicios anuales en el terreno del contraterrorismo; de la asistencia humanitaria; del mantenimiento de la paz y de la seguridad marítima; todo ligado explícitamente a un diálogo de interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses del Comando Regional Pacífico (USPACOM). Una “Declaración común de cooperación securitaria” fue firmado en enero en 2009 por el jefe del Estado Mayor australiano y su homólogo indonesio, tras el tratado de Lombok (acuerdo de seguridad bilateral ratificado en 2008 por Yakarta y Canberra). Esta renovación de los acuerdos entre “grandes pivotes” de la alianza estadounidense en Asia–Pacífico, largamente comentada, casi hace olvidar la larga historia anterior de cooperación militar regional de la Australian Defense Force (ADF) (ver recuadro, pág. 29). En verdad, y más allá de los discursos de la administración Rudd, es muy probable que el consenso securitario australiano no cambie. Por cierto, los debates sobre la participación del país en las operaciones en Afganistán se vuelven extremadamente duros, y el nuevo ministro de Defensa, John Faulkner, declaró oficialmente su esperanza de que el retorno de sus mil quinientos soldados se haga lo más rápidamente posible. Pero esto es parte del espíritu de la época, y como la retirada estadounidense está programada, la del contingente australiano no tiene nada de extraordinario. ¿Canberra-Washington o la imposibilidad del distanciamiento? El 13 de febrero de 2010, Greg Sheridan, editor conservador de The Australian, resumía el dilema: “Sólo Estados Unidos puede brindar el marco de seguridad que mantuvo estable a Asia y garantizó la seguridad de Australia durante las últimas décadas. Ninguna otra potencia puede hacerlo, ni física, ni política, ni moralmente. Sobre todo China (12)”. En realidad –como lo señalan para deplorarlo los análisis de la izquierda radical australiana (13), o para felicitarse
los de la oposición conservadora–, el partido laborista, más allá de un reequilibrio cultural y diplomático “asiático” bastante frágil en el fondo, no tiene una visión securitaria de recambio. A pesar de la alternancia política vigente desde fines de 2007, el “consenso estadounidense” permanece grabado en el mármol oceánico, “en alguna parte allá abajo” de un teatro Pacífico paralizado por el despertar de un gigante chino. n
6 En 1967, Londres decidió retirar sus tropas permanentes de
1 Estos atentados provocaron 202 muertos, de los cuales 88
10 Son los términos del tratado que Canberra invocó al día
las regiones situadas “al Este de Suez”. La alianza estadounidense tomó, entonces, el relevo de la garantía securitaria anticomunista en la región. 7 John Howard y su ministro hicieron frente entonces a una polémica interna muy fuerte y a la inquietud estadounidense. 8 www.ausaid.gov.au/publications/pdf/mekong.pdf 9 Defence White Paper 2009. Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030, Australian Government, Ministerio de Defensa, Canberra, 2-5-09, www.defence.gov.au/ whitepaper/docs/defence_white_paper_2009.pdf
eran turistas australianos.
siguiente del 11 de septiembre de 2001 para ofrecer su asis-
2 En el marco de la Misión Regional de Asistencia a las islas Salomón –Regional Assistance Mission to Solomon Islands,
tencia plena y entera a Estados Unidos. 11 Olivier Zajec, “China afirma sus ambiciones navales”, Le
(RAMSI)–, que hoy continúa su actividad, www.ramsi.org
Monde diplomatique, ed. Cono Sur, septiembre de 2008.
3 Jean-Marc Régnault, “Une zone d’instabilité méconnue, le
12 Greg Sheridan,”US will not abdicate its global dominance”,
Pacifique insulaire”, Le Monde diplomatique, París, junio
The Australian, Sydney, 13-2-10.
de 2005.
13 www.greenleft.org.au
4 Fabrice Argounès, Géopolitique de l’Australie, Complexe, Bruselas, octubre de 2006. 5 Citados por Fabrice Argounès en “Une arrogance australienne au miroir de son voisinage”, conferencia en el
*Encargado de estudios en la Compañía Europea de Inteligencia Estratégica (CEIS), París.
Congreso de 2007 de la Asociación Francesa de Ciencia Política (AFSP).
Traducción: Florencia Giménez Zapiola
Organizaciones regionales Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Birmania, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. ASEAN + 3 (APT): Países de la ASEAN más China, Corea del Sur y Japón. Cumbre de Asia Oriental (EAS): ASEAN + 3, a la que se unen Australia, India y Nueva Zelanda; Rusia tiene un puesto de observador. Foro Regional de la ASEAN (ARF): Creado en 1994. Lo integran Australia, Bangladesh, Birmania, Brunei, Camboya, Canadá, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Laos, Malasia, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental, Unión Europea y Vietnam. Cooperación Económica Asia Pacífico (CEAP/APEC): Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Se reúne en foro cada año. Organización de Cooperación de Shanghai (OCS): Nacida en 2001, agrupa a China, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán. India, Mongolia, Irán y Pakistán tienen estatuto de observadores.
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En las revistas Nuevo topo Publicación anual independiente de historia, ciencias sociales y pensamiento crítico en general. En este número se destaca el dossier “Intelectuales e izquierda en América Latina”. Allí, Omar Acha cuestiona el rol de los intelectuales argentinos contemporáneos quienes, según el autor, han heredado de la experiencia de la última dictadura militar un carácter acrítico que les impide reflexionar de modo lúcido sobre problemáticas centrales como la crisis 2001-2002. Es interesante confrontar esta nota con la de Miguel Mazzeo, quien identifica la emergencia de una nueva generación intelectual crítica argentina, surgida precisamente a la luz de dichos acontecimientos. Nº 6, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2009. En internet: http://nuevotopo.wordpress.com
Pensamiento universitario Publicación académica independiente de estudios sobre educación superior. Merece especial atención el artículo de Leonardo Vaccarezza sobre la autonomía universitaria, donde realiza una breve historización y analiza las relaciones entre autonomía universitaria y autonomía científica. Además, se incluye una nota de Sylvie Didou Aupetit sobre la internacionalización académica y la comercialización de los servicios educativos, y un dossier sobre la organi-
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zación de la ciencia durante el primer peronismo, escrito por Diego Hurtado de Mendoza y Analía Busala. Año XII, Nº 12, Buenos Aires, octubre de 2009. E-mail: prohistoriaediciones@yahoo.com.ar
Cuadernos Argentina Reciente Publicación anual orientada a la reflexión sobre los procesos políticos, ideológicos y sociales de Argentina. Este número está dedicado a un extenso debate sobre los resultados e implicancias de las elecciones legislativas de junio de 2009, que incluye artículos de académicos, periodistas y funcionarios políticos de diversas disciplinas y orientaciones ideológicas, tales como Edgardo Mocca, Diego Raus, Arturo Fernández y Ricardo Sidicaro, entre otros. Además, una entrevista al ministro Carlos Tomada y otra al diputado Agustín Rossi. También se reproduce una ponencia de Ernesto Carmona sobre las implicancias éticas de la concentración de medios y sus vinculaciones políticas y económicas en América Latina. Nº 7, Buenos Aires, diciembre de 2009. En internet: www.argentinareciente.com.ar
Tercer sector Publicación de interés social editada por la Fundación Del Viso. En este
En la red número aniversario tiene especial interés la cobertura de tapa sobre los impactos del cambio climático en Argentina, donde el modelo productivo vinculado a la explotación de los recursos naturales ya generó la pérdida del 70% de los bosques nativos, la retracción de los glaciares en un 40%, inundaciones y sequías. Además, M. Elvira Montes de Oca realiza un análisis de la asignación universal por hijo. Año XV, Nº 74, Buenos Aires, diciembre de 2009. En internet: www.tercersector.org.ar
El río sin orillas Revista anual de filosofía, cultura y política. La sección “Tramas” recoge un conjunto vasto de ensayos que reflexionan sobre la literatura nacional y su vínculo con la violencia, que no es sino constitutiva tanto de la historia como de la literatura argentinas. Sarmiento, Echeverría, Borges, Bioy Casares, Lamborghini, Puig, Gamerro: la literatura y el ensayo argentinos han mitificado de manera monstruosa a un otro (el bárbaro, el federal, el inmigrante, el peronista…) que se percibe como una amenaza. Además, se recupera y reproduce el artículo “Reflexiones sobre la historieta” de Oscar Masotta, publicado en 1966. Nº 3, Buenos Aires, octubre de 2009. En internet: www.elriosinorillas.com.ar
UNISCI Discussion papers Publicación de relaciones internacionales y seguridad editada en inglés por la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI) de la Universidad Complutense de Madrid. En el marco de una extensa selección de notas sobre la OTAN en Afganistán se destaca “¿Puede una alianza dirigir una campaña clásica de contrainsurgencia en ausencia de un liderazgo claro?”, que revela los problemas internos con los que la OTAN y sus Estados miembro han estado enfrentándose en su actual misión en Afganistán.
www.ucm.es/info/unisci
Integración y comercio Publicación electrónica semestral del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Incluye: “La integración económica global y regional: una perspectiva desde Asia”, por Masahiro Kawai y Ganeshan Wignaraja, e “Incentivo al comercio transfronterizo y la integración de los mercados: lecciones extraídas de la experiencia europea”, por Simon J. Evenett.
www.iadb.org/intal/detalle_tipo. asp?idioma=esp&cid=234&tid=4
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Una zona de no derecho en Estados Unidos
por Jérémie Droy*
Qué hacer con los criminales sexuales El encierro está de moda. En todo caso es una opción extendida, tanto en Estados Unidos como en Europa, para hacer frente a los enfermos mentales o los delincuentes ordinarios. El ideal de rehabilitación y de resocialización que inspiró las reformas de los años setenta fue reemplazado en casi todas partes por la exclusión pura y simple. Sin embargo, este nuevo consenso punitivo podría a su vez verse cuestionado debido a sus altos costos. Tadeo Muleiro, Dulce Venus (Gentileza Premio Platt)
E
l Special Commitment Center (SCC), centro de retención de seguridad del estado de Washington (Estados Unidos), se encuentra en la isla McNeil, frente a las costas de Tacoma, a una hora y media de viaje desde Seattle. Para llegar al complejo destinado al encarcelamiento de los “predadores sexuales”, que tras haber cumplido su pena de prisión fueron considerados demasiado peligrosos como para soltarlos, hay que tomar un ferry contratado por la administración penitenciaria, y luego una conexión terrestre hasta el establecimiento. La creación del centro tuvo lugar en reacción a un suceso singularmente trágico. En 1989, Earl Shriner, criminal reincidente, liberado cuando había declarado abiertamente su intención de perpetrar nuevos crímenes contra niños, viola y mutila a un chico de 11 años. Una comisión creada a petición del gobernador apunta las fallas del sistema: el nuevo régimen de penalidad fija (no reducible) que reemplazó a partir de 1981 al de las penas cuya duración puede ser modificada (remisión de pena) ya no permite ajustar la fecha de liberación en función de los signos de rehabilitación que presenta el prisionero. Además, a partir del movimiento de desinstitucionalización de los años 70 (1) y la implantación de criterios más estrictos de admisión a un hospital psiquiátrico (2), la hospitalización de oficio de los que presentan un comportamiento peligroso es una alternativa cada vez menos accesible. Se elige entonces una tercera vía, el centro cerrado de tratamiento. La idea se propagó rápidamente por otros estados, y actualmente existen centros de retención de seguridad en unos veinte. Pese a venir acompañadas de un discurso extremadamente vengativo contra las personas involucradas, estas medidas son descritas ante todo como un mecanismo “preventivo” y un dispositivo de orden
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público sin carácter penal. Un fallo de la Corte Suprema de 1996 a propósito de un centro de este tipo consagra esa interpretación. El juez conservador Clarence Thomas consideraba en la exposición de motivos que la retención no era inconstitucional, puesto que no era una segunda pena, sino una medida preventiva aceptable (caso Kansas v. Hendricks). Los centros se insertan dentro de una vigilancia continua que va desde el fichaje de los individuos hasta su encierro permanente (3). En junio de 2009, el SCC contaba con doscientos setenta y seis residentes en la estructura cerrada. Otros diecinueve se encontraban en estructuras menos restrictivas, nueve de los cuales en dos centros semiabiertos. A partir de la ley sobre las infracciones de carácter sexual, una sola persona fue liberada de toda coerción o supervisión. Varios de ellos, de edad avanzada, fallecieron en el centro o en el hospital vecino. El mantenimiento a largo plazo de los “internos” dentro de la estructura plantea de ahí en más un problema de espacio, y se prevé una ampliación. Salvo que, a falta de un nuevo suceso grave, se bloqueen los fondos… Porque este tipo de institución es cara. El presupuesto anual del SCC asciende a 50 millones de dólares, o sea 171.000 dólares por interno y por año en la estructura cerrada, y 399.000 dólares en las estructuras semiabiertas. El coeficiente de internos por personal técnico y las exigencias terapéuticas aumentan velozmente la factura, más aún porque a fin de disimular el aspecto de “cárcel”, reiteradamente criticado por los tribunales, hubo que ponerse en gastos extras. El SCC está compuesto por varios módulos habitacionales separados por espacios verdes hermosos; el programa de horticultura es uno de los orgullos de la institución. Los edificios tienen nombres de árboles. Hay carteles que indican no alimentar a los mapaches que pululan en la isla. Pero
ese barniz campestre no disimula mucho el hormigón y las puertas automáticas. Nos encontramos claramente en una cárcel. Los módulos habitacionales están organizados según varios niveles de seguridad. El módulo Gingko, por ejemplo, alberga a los que se resisten al tratamiento, los “tipos coléricos, que no creen en la terapia”, como explica el jefe administrativo Mark Davis. El módulo Secuoyas está reservado a los que se portan bien y aceptan cooperar: ellos tienen más libertad de circulación. La unidad A está dedicada a los “peores de los peores”, al punto que
Al salirse del terreno médico, el perverso sexual entra en el terreno de lo monstruoso: del “predador sexual”. se ha olvidado el nombre de árbol. Estos internos, que tienen fama de ser más violentos, pasan la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones con rejas y sólo pueden acceder a un número reducido de objetos.
Cuestionamiento permanente Un laboratorio de análisis clínicos instalado en la enfermería procede a la detección de estupefacientes. Una unidad de información rastrea las posesiones prohibidas, en especial revistas pornográficas, o también catálogos de lencería femenina, y en términos más generales, toda imagen que represente a mujeres o niños, que pueda ser desviada con fines eróticos.
Un residente testifica: “Yo no estoy acá para ser castigado, no soy un preso. Pero todos los días me hacen sentir eso. Hasta el tratamiento es infligido como un castigo colectivo”. En este híbrido de cárcel y hospital, el clima securitario y punitivo genera conflictos permanentes. Desde su creación, los centros de retención han sido objeto de decenas de recursos ante los tribunales federales, al punto que los distintos estados tuvieron que instalar mediadores y estructuras de arbitraje para limitar su gasto jurídico, que alcanzaba cifras astronómicas. Las ambigüedades de la estructura cristalizan en el asunto de la terapia. En la superficie, todo insiste en el tratamiento: hasta las violaciones del reglamento interno son objeto de “informes de gestión del comportamiento”, en lugar de ser calificadas de infracción. Sin embargo, en el núcleo de la institución sigue anclada la idea de que los internos son unos perversos incurables, de rehabilitación imposible: no son “enfermos” sino “monstruos”. El criterio de internación en el centro es la anormalidad. En el estado de Washington, todas las personas condenadas por una infracción de carácter sexual pasan por una comisión que determina su peligrosidad y eventual liberación. “Debe probarse que la persona está afectada por una perturbación mental, que es peligrosa y que presenta un importante riesgo de reincidencia”, explica una jurista de la oficina del Attorney General (Procurador General) del estado, encargada de estos procedimientos. “Los testimonios [de los expertos] están basados en estadísticas científicas”, añade. Según los métodos actuariales de cálculo de los riesgos, los que atacan a desconocidos presentarían un riesgo de reincidencia mucho más alto. Los delincuentes sexuales cuyo peritaje psiquiátrico da como resultado una anormalidad mental son convocados a una audiencia, ante juez y jurado popular. El proceso se parece en todo a un procedimiento penal, pero está liberado de
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la coerción de los hechos, determinando simplemente la peligrosidad potencial y las medidas de prevención aplicables. El psiquiatra y director del SCC, doctor Henry Richards, considera que, efectivamente, existe una categoría de criminales particularmente peligrosos y susceptibles de reincidir, y que esta categoría puede determinarse mediante un diagnóstico psiquiátrico como una concurrencia de síntomas de desviación sexual (parafilia) y trastornos de personalidad (personalidad antisocial o narcisística, por ejemplo). Está convencido de que se trata de un ínfimo porcentaje de los autores de crímenes sexuales –que en tanto grupo, son menos susceptibles de reincidencia que los autores de otros tipos de crímenes o delitos– y que es posible delimitar esta minoría peligrosa mediante tests psiquiátricos adecuados. “Son personas que presentan desórdenes agudos. Un tercio de ellos son psicópatas. Se trata de un grupo extremo, no de criminales comunes”, explica Richards.
Violencia estructural e individual Al mismo tiempo, esas personas no son enfermos mentales en el sentido estricto, ya que no es posible tratarlos –razón por la cual no son de la esfera de un hospital psiquiátrico–. Al salirse del terreno médico, el perverso sexual entra en el terreno de lo monstruoso: del “predador sexual”. Muchos autores describieron el “pánico moral” que cundió en Estados Unidos. En 2007, The New York Times pintó un cuadro de la situación abrumador: la retención de seguridad, presentada siempre por sus defensores como la solución milagrosa, dista mucho de haber pasado la prueba. Nadie ha podido demostrar el interés tera-
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péutico de un sistema extremadamente costoso que muchas veces dedica apenas unas pocas horas semanales a las terapias, mantiene encerradas a personas de edad muy avanzada, convertidas en inválidas e impotentes, y presenta mecanismos de selección en ocasiones sorprendentes (4). Eric Janus, autor de un libro sobre el tema (5), estima que el concepto de predador sexual desvía la atención de la violencia estructural (la violencia sexual en tanto es producida por estructuras sociales y culturales) hacia la violencia individual (la violencia sexual como síntoma de una disfunción singular, de una perversidad incurable). En efecto, estas medidas son pensadas únicamente para casos criminales extremadamente raros, y dejan de lado la violencia sexual más común que afecta a los cónyuges, los hijos o allegados –una violencia contra la cual algunas medidas de prevención serían más adecuadas–. El autor anticipa que, aun cuando lo que permitió que se prestara atención a la violencia sexual en general fue el movimiento feminista, lo que está en el centro de las nuevas políticas de lucha contra los “predadores sexuales” es una reacción conservadora contra ese movimiento. Más que una decisión sensata, las medidas de retención estarían ideológicamente inspiradas por valores socialmente conservadores. Este tipo de mecanismo específico no remite a una decisión puramente utilitaria y a un cálculo racional de costos y beneficios, sino más bien a una economía moral de la catástrofe: el acontecimiento que se intenta prevenir es tan grave que justifica el gasto de unos medios desproporcionados y la creación de lo que Janus denomina “una zona de derechos reducidos”. O sea que si bien el procedimiento de
internación prevé, en teoría, que la acusación contiene el peso de la prueba y demuestra que el individuo representa un peligro serio y un fuerte riesgo de reincidencia, en la práctica una simple rememoración de los hechos por los que fue anteriormente condenado (y por los que purgó su pena) basta para probar su peligrosidad. Una vez tomada la decisión de internarlo, una revisión anual tiene que permitir evaluar si sigue representando un riesgo. Pero en la práctica, si no existe ninguna razón para creer que un delincuente sexual ha cambiado, entonces se supone que sigue siendo peligroso. El doctor Richards, director del SCC, admite: “Sea lo que sea que [los internos] hagan en términos de tratamiento, su pasado sigue haciéndose valer contra ellos”. William Bailey, defensor de los derechos de los residentes en el SCC, considera, en este mismo sentido, que “la decisión de colocación en ese centro es al mismo tiempo una decisión implícita de que no deben salir de él”, y añade que el tratamiento en realidad no es más que una formalidad para satisfacer a los tribunales. La institución funciona, de hecho, en base a principios disciplinarios antes que terapéuticos. Bailey, quien anteriormente fue trabajador social en el medio carcelario, considera que sólo una minoría de los internos es incapaz de vivir en la sociedad. Para los demás, las medidas de encarcelamiento y de seguridad son excesivas, y deberían utilizarse otras soluciones menos restrictivas, como la supervisión en un medio semiabierto. “En teoría –subraya–, lo previsto por la ley es que el individuo pierda su libertad, no todos sus derechos. Pero cuando uno da una mirada a la institución, ve claramente que han perdido todos sus derechos.”
Esta cuestión del equilibrio entre libertad y seguridad se vuelve particularmente delicada cuando el principio de precaución impone considerar el peor escenario posible. Pero si bien la gravedad de los hechos que se buscan prevenir empuja a adoptar medidas radicales, hay que tratar de determinar, más allá de las emociones, si los mecanismos implementados son realmente capaces de prevenir el crimen y si, por otro lado, es moral y políticamente aceptable abrir zonas de excepción para unos ciudadanos que son descritos desde una perspectiva de alteridad irreconciliable. n 1 Disminución del papel de la hospitalización y la extensión de los tratamientos extra-hospitalarios. 2 Los criterios de internación de oficio en el hospital psiquiátrico imponen demostrar que el individuo representa un riesgo inmediato para su persona o los demás. 3 Las “Leyes de Megan”, adoptadas a nivel federal tras la violación y asesinato en 1994 de la pequeña Megan Kanka por su vecino, criminal reincidente, hicieron obligatorio el fichaje de las personas condenadas por delito sexual. Muchos estados votaron enseguida disposiciones que autorizaban la difusión pública de esos ficheros, accesibles a veces por internet. 4 En esta serie de artículos publicados entre el 4 y el 6 de marzo de 2007, mientras el estado de Nueva York se disponía a crear un centro de retención de seguridad, los periodistas Monica Davey y Abby Goodnough recuerdan que Leroy Hendricks, quien se hizo famoso por el caso en el cual enfrentó al estado de Kansas con la Corte Suprema, era al momento de su internación en el centro un viejo de 72 años, debilitado por su estado diabético y que se desplazaba únicamente en silla de ruedas. 5 Eric Janus, Failure to Protect. America’s sexual predator laws and the rise of the preventive State, Cornell University Press, Nueva York, 2006. *Sociólogo. Traducción: Patricia Minarrieta
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Falta de previsión y desastres “naturales” por Luciana Rabinovich
Los últimos serán los peruanos
Machu Picchu, 28-1-10 (Mariana Bazo/Reuters)
Una redactora de el Dipló se encontraba de vacaciones en Cusco, en enero pasado, cuando miles de turistas quedaron varados en la ciudad peruana de Aguas Calientes a causa de las lluvias, inundaciones y deslizamientos ocurridos en la región. Su testimonio.
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erremotos, sequías, inundaciones… Fenómenos de siempre o consecuencias del cambio climático, las catástrofes, difundidas urbi et orbi por los medios de comunicación, han devenido casi cotidianas. Sin embargo, los recursos, la infraestructura y la tecnología para la detección y prevención de catástrofes con que cuenta cada país, y los medios para hacer frente a sus secuelas hacen que los eventos meteorológicos extremos tengan consecuencias más graves e irreparables en los países pobres que en los más ricos. Perú se encuentra, evidentemente, entre los primeros. Este año, las lluvias y consecuentes desbordes de ríos e inundaciones en todo el país fueron noticia internacional cuando afectaron a un contingente de aproximadamente 2.500 turistas, en su mayor parte extranjeros, que quedó varado en el pueblo de Aguas Calientes, en la base del santuario inca de Machu Picchu. Pero los turistas, entre los que me encontraba, fueron evacuados en cinco días y la prensa dejó entonces de ocuparse del asunto. Sin embargo, el número de afectados asciende a más de 40.000 personas (1) y las lluvias no dan respiro. Los extranjeros varados en Aguas Calientes vimos muy de cerca la desorganización, la corrupción, la falta de prevención y equipamiento de las autoridades del lugar en particular –y del gobierno peruano en general– para enfrentar este tipo de situaciones, habituales en esta época del año y por lo tanto perfectamente previsibles.
“Que Dios nos ayude” En la tarde del domingo 24 de enero, al descender desde la ciudadela de Machu
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Picchu hacia Aguas Calientes, recibimos la noticia de que el ferrocarril –única vía de acceso y comunicación terrestre con que cuenta la ciudad– estaba suspendido a causa de un fuerte temporal que había elevado el cauce del río Urubamba y destrozado parte de las vías férreas y el camino. Esa misma tarde había arribado a la ciudad el último tren, a pesar de que las autoridades del ferrocarril estaban advertidas sobre el peligroso estado de las vías y desaconsejadas sobre la salida. Esa primera noche, los turistas nos dispersamos y cada uno se las arregló según sus posibilidades y plan de viaje. A la mañana siguiente las autoridades de las dos compañías que llegan hasta Aguas Calientes, Perú Rail e Inca Rail, informaron que los viajes quedaban suspendidos por tiempo indeterminado. Aseguraron que se estaba trabajando para reparar las vías, pero que eso podría llevar desde varios días hasta dos semanas; meses incluso. Más tarde se informó que la evacuación se efectuaría por vía aérea. Los turistas, más numerosos ya porque había llegado otro grupo desde Machu Picchu, fuimos conducidos hacia los vagones del tren, mientras los “locales” (los ciudadanos peruanos), fueron recluidos detrás de una valla hasta nuevo aviso, sin consideración por su situación particular: ancianos, niños, etc... Ya en los vagones, los empleados de la empresa, ayudados por un grupo de turistas, establecieron el orden de prioridades. Los enfermos, mujeres embarazadas, mayores de 60 y niños menores de 15 años con sus madres, serían evacuados primero. Los peruanos seguían detrás de la valla.
Al mediodía fuimos conducidos de urgencia al estadio de fútbol que se encuentra en la parte “alta” de la ciudad, ante la amenaza de inundaciones y aludes. El alcalde distrital de Machu Picchu, Édgar Miranda Quiñonez, comunicó que los helicópteros estaban en camino y que había que tener paciencia ya que la evacuación sería lenta. “Que Dios nos ayude” fueron sus poco esperanzadoras palabras de aliento. Por la tarde, al ver que la situación se prolongaba, los turistas decidieron buscar alojamiento. La capacidad hotelera ya estaba desbordada y los negociantes miraban con buenos ojos y malas intenciones el récord histórico de turistas deambulando por una ciudad que funciona generalmente como un mero lugar de paso. En los albergues los precios se duplicaron y hasta cuadruplicaron; lo mismo ocurrió con provisiones elementales como pan, leche o agua mineral. La municipalidad, el Instituto Nacional de Cultura, el ferrocarril y más tarde la nueva alcaldía abrieron sus puertas para alojar a quienes no tuvieran otra opción. Recién el día martes se empezaron a distribuir viandas y se instalaron algunos puestos de comida en la ciudad, atendidos por voluntarios locales y algunos turistas. La falta de preparación local para este tipo de situaciones se hizo evidente. Los turistas comenzaron a organizarse: se comunicaron con las embajadas de sus respectivos países, prepararon padrones de evacuación más completos, carpas de médicos voluntarios y un centro de informes. Ese agitado martes 26 llegaron varios helicópteros; el número aproximado de evacuados fue de 400 personas. Ante la ausencia de información oficial corrió el rumor, confirmado luego, de que los estadounidenses estaban siendo evacuados por helicópteros de la Drug Enforcement Administration (DEA, con la que Perú tiene un convenio de lucha contra el narcotráfico), mientras que a los helicópteros argentinos, chilenos y brasileños no se les permitía el ingreso al no haberse declarado el estado de emergencia internacional. También se supo que algunos turistas estaban consiguiendo salir a cambio de una suma que oscilaba entre 300 y 500 dólares. Las autoridades municipales colgaban carteles por toda la ciudad indicando las prioridades de evacuación, pero en la estación de trenes se seleccionaba solamente a extranjeros, especialmente estadounidenses y europeos, muchos de ellos jóvenes y saludables, mientras que a madres con hijos pequeños, de nacionalidad peruana, se les impedía el acceso a la estación. Miserias de este tipo se repitieron todo el tiempo, pero también se vieron actos de solidaridad. En las puertas de la estación y el acceso al lujoso hotel Inka Terra, ubicado en la base de la montaña y desde donde se creía que partían los helicópteros privados, se apostaron grupos de personas exigiendo y logrando que las normas internacionales de evacuación comenzaran a respetarse. Por la tarde llegó la noticia de que dos personas habían fallecido en el Camino del Inca a causa de aludes: la joven argentina Lucía Ramallo Sarlo y el guía peruano Washington Huaraya Cusihuamán. Ese contingente había partido de Cusco el día 23, cuando el estado de “alerta naranja” ya estaba decretado (2), sin que
las empresas de turismo tomaran ningún tipo de precaución al respecto. El día miércoles 27, con la llegada del ejército peruano, las tareas de evacuación empezaron a agilizarse. El día viernes 29, último día de evacuación –de turistas al menos–, el número de helicópteros y la frecuencia de rescate aumentó. El pueblo estaba casi vacío: los almacenes contaban con escasas provisiones y muchos hospedajes, comercios y restaurantes habían cerrado.
Un negocio jugoso A Machu Picchu llegan anualmente unos 800.000 turistas, que dejan aproximadamente 400 millones de dólares (3) en concepto de ingresos. Esto explica, pero no justifica, la reticencia de las autoridades a detener la salida de trenes, cerrar el Camino del Inca y el ingreso al santuario. Las empresas que organizan el Camino del Inca cobran entre 260 y 330 dólares; el precio de los billetes de tren oscila, de manera extravagante, entre 30 y 300 dólares, y la entrada a Machu Picchu entre 20 y 50 dólares por persona. Cuando se producen lluvias, el estimado de pérdidas por disminución de turismo en la región de Cusco oscila entre 750.000 y un millón de dólares diarios (4). Por otro lado, la explicación “natural” del desastre no es del todo ajustada. Desde hace años la UNESCO (5) viene advirtiendo sobre la falta de políticas urbanísticas en la ciudad de Aguas Calientes, lo que se traduce en superpoblación y asentamiento de hoteles y negocios en la ribera de los ríos. En su último informe, el organismo aconseja realizar estudios de impacto medioambiental, un planeamiento urbano para Aguas Calientes y un plan de acción frente a desastres naturales. En un sitio que recauda casi el 90% de los ingresos de Perú por turismo, es ilógico que haya una sola vía de acceso a la ciudad, que no haya políticas de prevención ni respuesta frente a desastres “naturales”, y que no se invierta en mantenimiento y prevención (6). Si la respuesta a esta situación fue tan lenta y deficiente, es fácil imaginar la vida de los peruanos en esas regiones de difícil acceso, donde la mayoría habita en casas de adobe cuyos cimientos la lluvia socava, y acaban por desplomarse. Mejor o peor, los turistas partimos y hasta podemos hablar de una breve aventura, pero las lluvias y los deslizamientos continúan y los peruanos siguen viviendo allí. n 1 “Presidente García sobrevoló Aguas Calientes y pidió ‘no caer en alarmismos’”, El Comercio, Lima, 29-1-10. 2 Días antes del temporal, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había declarado alerta naranja para la región. “Prevenir antes que lamentar”, El Comercio, 30-1-10. 3 “Aislamiento de Machu Picchu afecta al turismo peruano”, El Argentino, Buenos Aires, 1-2-10. 4 “En Cusco se pierde al menos US$ 1 millón al día debido a las intensas lluvias”, El Comercio, 26-1-10. 5 �������������������������������������������������������� Informe de la UNESCO, “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage”, Sevilla, 22 al 30 de junio de 2009. 6 El propio alcalde Édgar Quiñonez reconoció que no se habían hecho trabajos de prevención ni mantenimiento. “Es que no imaginaba que iba a pasar esto”, justificó. www.youtube.com/watch?v=p-nfDjEl80s © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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Un escritor que sigue engendrando leyendas por Osvaldo Gallone*
¿Kafka? Yo lo conocí
Fragmento de la portada del libro Cuando Kafka vino hacia mí...
Los libros sobre Kafka –sobre su obra, sobre su vida– hace tiempo que configuran un torrente inabarcable, y la dificultad de deslindar entre ellos la paja del trigo es creciente. Una obra reciente que recoge testimonios dispares acerca del genial escritor checo reúne en sí misma todas las opciones que presenta tan vasta bibliografía, pues abundan en ella desde recuerdos hagiográficos o banales generadores de sonrisas, hasta aportes valiosos que iluminan la personalidad del autor de El proceso.
N
o deja de resultar notable lo que genera la figura de Franz Kafka a ochenta y seis años de su muerte. Quien pretendió ser leve como un visaje y tan inasible como la imagen de un sueño, ha terminado por convertirse en un hombre tan múltiple, diverso y contradictorio como el número de miradas que a lo largo del tiempo se han posado sobre él pretendiéndose fidedignas, íntimas y rigurosamente veraces. Una vida cuyos hilos se confunden hasta tornar indiscernible la trama; en suma, un avatar inequívocamente kafkiano. Prueba irrefutable de tal profusión es el libro que ha publicado recientemente la prestigiosa editorial española Acantilado, Cuando Kafka vino hacia mí… (1), en el que Hans-Gerd Koch hace las veces de editor (además de ser el encargado de dirigir la edición crítica de las Obras Completas de Kafka), y que reúne más de cuarenta testimonios en torno al autor. En muchos de ellos, el fervor de la ficción se impone de modo manifiesto a la despojada enunciación testimonial.
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No deja de ser sorprendente, entre otros, el testimonio de Leopold Kreitner, alumno, como Kafka, del Instituto Altstädter, de Praga: “Debió de ser durante el otoño de 1902 (…) cuando me tropecé por primera vez con Kafka en Praga. Fue un encuentro un tanto doloroso: me propinó una buena tunda, pues otros dos malvados chicos de diez años y yo habíamos osado molestar a un joven unos diez años mayor que nosotros… (…). Durante nuestro segundo encuentro –diez años más tarde–, él no había olvidado el primero… (…). Hubo disculpas y risas, pero no llegamos a las manos”. No deja de ser asombroso para cualquier lector este Kafka pandillero y paladín de la justicia que la emprende a golpes para restañar el honor de un tercero. Y aunque el propio Kafka repitió en varias ocasiones ser negado para la música, Kreitner hace oídos sordos a las limitaciones del escritor y lo ubica como segundo violín en un cuarteto de cuerdas. La señorita Anna Lichtenstern, vecina de Kafka en el número 36 de la Niklasstras-
se, recuerda vivamente al escritor y hace gala de una percepción envidiable para penetrar hasta el hueso en la intimidad de sus semejantes, teniendo en cuenta que, en sus propias palabras, lo que compartía con Kafka eran viajes en ascensor que duraban treinta segundos, un tiempo que parece escaso como para explayarse sobre vida interior y creación literaria. La señora Alice Sommer conoció a Kafka a través de su hermana mayor, casada con Félix Weltsch, amigo del autor. El comienzo del testimonio de la señora Sommer es digno de ser transcripto: “Kafka me es tan familiar como mi nariz”. Curiosa familiaridad teniendo en cuenta que la nariz, en virtud de su ubicación, es harto difícil de ver; incluso hay un ejercicio yoga de contemplación y concentración (ekhagratta) que consiste en forzar los ojos para mantenerlos fijos en la nariz. Pero tal vez la señora Sommer sea una de las pocas afortunadas que ha accedido al Nirvana, y Kafka y su propia nariz le resulten tan familiares como, para recurrir a una metáfora consagrada por el común de los mortales, la palma de la mano (mucho más sencilla de contemplar que la nariz). El artista plástico Raoul Hausmann, fundador del movimiento Dadá junto con Johannes Baader, asegura sin sombra de duda haber mantenido con Kafka una extensa charla en el transcurso del año 1923 (con una memoria prodigiosa, Hausmann la transcribe hasta en sus menores gestos y detalles) en la cual le impartió (y hasta se puede pensar, luego de leerla, que le propinó) a Kafka una lección sobre dadaísmo. Más jugo se le saca a una piedra, concluirá el lector: pese al furor didáctico de Hausmann, Kafka se mantiene en sus trece y no se convierte en militante dadaísta. La señora Hermine Beck enfermó en 1919 y fue enviada por su familia a una casa de reposo situada al norte de Praga, donde coincidió con Kafka. Transmite una experiencia altamente significativa (pese a que resulte casi imposible deducir significativa de qué): “Una mosca volaba ruidosamente a mi alrededor, y yo quise espantarla. Él [Kafka] se enfadó y en tono de amonestación dijo: ‘¿Por qué no deja en paz a la pobre mosca?’”. Tal resonancia tuvo la amonestación para la señora Beck que su recuerdo se titula precisamente así: “¿Por qué no deja en paz a la pobre mosca?”. Sin desdeñar en un ápice el recuerdo de la señora Beck, resulta imperioso añadir que en la novela El proceso se pueden hallar frases bastante más inspiradas de Kafka.
Una lectura demoledora Pero quien probablemente se lleve las palmas en el rosario de testimonios sea el suizo Max Pulver, psicólogo, escritor y grafólogo. Pulver asistió a una lectura pública de Kafka en Munich: “En la colonia penitenciaria”. Los recuerdos de Pulver son, en efecto, estremecedores, la lectura de Kafka provoca reacciones impredecibles: “Sacaron a una dama que se había desmayado. La descripción, entretanto, continuó. Sus palabras dejaron tendidas de nuevo a dos personas que habían perdido el conocimiento. (…). Algunos huyeron en el último momento, antes de ser aplastados por la visión del escritor. Jamás he presenciado un efecto semejante en una lectura pública”. Lleva razón Pulver: ni él ni nadie presenció un efecto semejante; y, de hecho, es probable que él solo haya quedado en la sala, rodeado de gente desmayada y en estado de acentuada consunción. ¿Qué habría pasado si hubiera leído –por poner un ejemplo– Marcos Aguinis? ¿Qué cantidad de víctimas hubiera habido que lamentar? Pero Max Pulver no se arredra y cuenta que a la tarde siguiente mantuvo una charla con Kafka en la que concluyó que su enfermedad pulmonar era un arma contra el mundo y, sobre todo, contra su padre. Lo que demuestra las dotes de visionario de Pulver: Kafka recién
enfermaría un año más tarde de esa lectura, que data del invierno de 1917. Hay, con todo, testimonios dignísimos y fidedignos, como el de Tile Rössler, que compartió con Kafka una temporada de verano en una colonia en Müritz, junto al Báltico. O el de Gertrude Urdizil, a quien Kafka le firma su primer libro, Contemplación, con una dedicatoria que es la quintaesencia kafkiana: “Para la señorita Trude con un cordial saludo y un consejo. Al escribir este libro no se ha seguido el dicho según el cual en boca cerrada no entran moscas (frase final de Carmen de Mérimée). Por eso, está lleno de moscas. Lo mejor será mantenerlo siempre cerrado. F. Kafka”. El testimonio de Kurt Wolff, su editor, es una ajustada lectura de la obra de Kafka y proporciona una valiosa muestra de la escasa pero significativa correspondencia intercambiada entre ambos. V. K. Krofta, compañero de oficina, muestra a Kafka en una dimensión humana, cotidiana, y no por ello viciada de trivialidad. Otro tanto ocurre con Alois Gütling, colega en el Instituto de Seguros de Accidentes, que acepta con razonable objetividad que a su muerte nadie tenía idea de la importancia que adquiriría la obra de Kafka. Y, sin duda, el recuerdo más
Destino singular el de Franz Kafka, quien en sus Diarios se empecina en definirse como una y sólo una cosa: un escritor. desgarrador es el de Milena Jesenská, recogido en vida de Kafka: “En una ocasión le telegrafié, le telefoneé, le escribí, rogándole por Dios que viniera a verme sólo por un día. Para mí en aquel momento era esencial. Le maldije para siempre”. Demasiado se ha escrito sobre Kafka. Una enmarañada selva de textos secundarios que parecen encarnar la más desbocada inflación. Por no contar los textos exegéticos e interpretativos que fuerzan la letra de Kafka hasta hacerla decir lo que el exégeta precisa que diga. Desde la hagiografía –ya que no biografía– de Max Brod, su albacea literario, hasta este Cuando Kafka vino hacia mí… los textos sobre Kafka son un espejo que no reflejan al escritor sino a sus caudalosos evangelistas. Quien es sionista lo configura como el más encarnizado defensor de la causa, los hebraístas lo convierten en el más obstinado estudioso de la lengua, hay quien lo pretende un místico iluminado y no falta el que le otorga la estatura de un rabino ejemplar. Destino singular el de Franz Kafka, quien en sus Diarios –la prueba más fidedigna de su existencia y sus convicciones personales hasta tanto no se demuestre lo contrario o se exhume un documento más fiable– se empecina en definirse como una, y sólo una cosa: un escritor. Por tanto, quien busque a Kafka lo más probable es que lo encuentre en su obra (“La condena” –o “El veredicto”, según la traducción–, El castillo, El proceso, La metamorfosis y un puñado de cuentos memorables) y en Kafka. Los años de las decisiones, una ejemplar biografía del alemán Reiner Stach publicada en Argentina por Siglo XXI en el año 2003. Por lo general, a los escritores se los encuentra en su obra. El resto es o debería ser, para decirlo con acento shakespeareano, silencio. n 1 Hans-Gerd Koch, Cuando Kafka vino hacia mí..., Acantilado, Barcelona, 2009. *Escritor y crítico literario. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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Le Monde diplomatique | el Dipló 129 | marzo 2010 | 37
Discursos y prácticas sociales que limitan la libertad de elección por Sabine Lambert*
Amenazas sobre el derecho al aborto
Tamara Villoslada, Puerta (Gentileza Isidro Miranda)
El pasado mes de febrero, una jueza argentina negó a una joven de 15 años violada por su padrastro el recurso al aborto no punible. En Francia, a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal, ciertas prácticas sociales continúan culpabilizando a las mujeres que lo practican y siembran el terreno para el discurso de los militantes “pro-vida”.
E
l pasado 21 de enero, en los estudios del programa Les Maternelles, que se emite en Francia por el canal France 5, una mujer describió muy conmovida el raspaje sin anestesia que sufrió en un hospital. No hablaba de un aborto que tuvo lugar hace cuarenta años; la mujer tiene menos de veinticinco años y vive en los suburbios de París. Al borde del llanto relató con detalles el peregrinaje que tuvo que hacer para poder abortar: desde la consabida batalla para obtener una cita hasta la camilla sobre la cual, en medio del paso incesante del personal hospitalario, fue sometida a un raspaje “en vivo”, es decir sin ninguna anestesia. Durante el relato, la periodista, atónita, repetía una y otra vez: “¡Es increíble!”, antes de preguntarle al médico presente en el programa cómo era todavía posible en Francia una situación como esa. Con cierto fastidio, el ginecólogo admitió que existen algunos médicos que quieren hacer pagar a la mujer, por medio del dolor y la humillación, su decisión de abortar. Por cierto, los raspajes sin anestesia están lejos de ser legión o, por lo menos, es de esperarse. La época de la aguja de tejer y las septicemias parece ya superada en Francia, pero ¿qué pasa con aquellos que nos muestran al “bebé” en la ecografía o que preguntan, con la cara crispada por el desprecio, “cómo te las arreglaste para quedar embarazada”? ¿Qué pasa con la
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cuestión del método para abortar? La vía medicamentosa, por ejemplo, a menudo presentada como un progreso porque ofrece a las mujeres una alternativa al método quirúrgico, puede convertirse, más prosaicamente –ahora que faltan camas–, en una manera de “liberarse de los tiempos de quirófano”, como se escucha a veces. Cuando las que abortan son expulsadas del lugar sagrado, al echar a las inconsecuentes de ese templo inmaculado que es el quirófano, nuestras eminencias pueden eliminar más tranquilamente los tumores o implantar óvulos a mujeres infecundas y valientes; lo que, después de todo, es más rentable y más gratificante que una banal interrupción del embarazo por aspiración.
Cosa de mujeres El aborto, como también la contracepción, sigue siendo “cosa de mujeres”. Lo que pasa detrás de la puerta del baño, cuando confirman que su test de embarazo es positivo y deciden abortar, les concierne sólo a ellas. “Con razón, porque se trata de su propia elección, de su propio cuerpo”, responden a coro los que piensan que se trata sobre todo de un problema de ellas. “Si quisieron esta libertad, que la manejen”. Sólo una sexualidad exótica y muy vagamente subversiva parece poder emerger del ámbito de lo “privado”. Y poco importa que las mujeres
pasen más tiempo limpiando los baños, ocupándose de los hijos o trabajando por un sueldo devaluado que jugando con el último sex toy de moda. La vida de las mujeres sólo tiene interés –parece– cuando tiene glamour o es excitante. Y no es ésta una de las principales características del aborto, que con demasiada frecuencia queda en manos de los (las) militantes antiabortistas, encantados de poder apropiarse, por su parte, muy seriamente de esta cuestión. Si bien es verdad que no son muchos en Francia (son más numerosos en España y en Estados Unidos o en América Latina, por el peso de la religión), su discurso cae en terreno fértil. Sutiles luces mediáticas colaboran, a diario, en el perfeccionamiento de instrumentos modernos que les permitan aislar a las mujeres, relegándolas a los oscuros rincones de su frágil psiquis. Aprovechando ese clima favorable, los “pro-vida” responden con mucha delicadeza en sus sitios internet a las mujeres “en desamparo” que utilizan cada vez más ese medio durante el proceso de aborto. Sería un error percibir a esos grupos como un simple rejunte de iluminados reaccionarios: poco a poco abandonan las mentiras demasiado flagrantes, los eslóganes chocantes o la provocación ilegal. Para mayor confusión, sus sitios se parecen cada vez más a verdaderos anexos del Ministerio de Salud. Con la gran ayuda de nombres tales como “centro nacional de escucha”, de números gratuitos y de estudios universitarios anglófonos, se construyen una verdadera respetabilidad. Así, se insertan con toda comodidad en el terreno del “problema psicológico”, en particular a través del famoso “síndrome posabortivo”, que supuestamente afecta a todas las mujeres después de una interrupción del embarazo. Las que eligieron abortar son descritas entonces como verdaderas ruinas, expuestas a todos los peligros. El aborto favorecería por ejemplo el alcoholismo, el suicidio, la pobreza, la soledad o la pérdida de empleo. Estas descripciones apocalípticas se sostienen en general con frases poéticas sobre el “deseo de maternidad”, suerte de fuerza oculta presente “naturalmente” en toda mujer que se respete, pero que a veces conviene hacer emerger con fórceps. En este punto, los discursos antiaborto se unen a otros, más comunes y omnipresentes, que consisten en describir la maternidad no como una elección, sino como una fuerza que sobrepasa a las mujeres. El debate reciente sobre el “rechazo al embarazo” contribuyó a acentuar esta visión psicologizante, poniendo nuevamente en cuestión, mediante un muy práctico efecto de lupa, la capacidad de las mujeres para decidir lo que es bueno para ellas. Si a ello se le agrega la enorme cantidad de artículos consagrados regularmente a la sublime tasa de fecundidad de las francesas, ¿cómo asombrarse de que en este clima la decisión de abortar pueda ser penosa? ¿Cómo vivir un aborto, entonces, sino como el “drama obligatorio” que describen todos los expertos en el papel satinado de la folletería, como una fea e indeleble cicatriz sobre la naturaleza femenina, como el fracaso de una vida de mujer? ¿Cómo asombrarse de que ese acto “que no puede ser sino doloroso” se vuelva realmente doloroso? Para constatar los efectos de estas profecías autocumplidas, hay que hurgar en los foros de internet y leer allí la larga queja de las mujeres que abortaron. Las que osaron aventurarse en contra de lo que les dictaba la naturaleza y su “instinto de mujer” parecen haber interiorizado perfectamente su castigo. Eso se traduce en pesadillas, en la presencia de
un bebé imaginario que crece, que cumple años; se expresa como un sentimiento de gran culpabilidad, de angustia, de soledad, de vergüenza. En cuanto a aquellas que no sienten este dolor o este arrepentimiento, el efecto es que se ven reducidas al silencio si no quieren pasar por anormales, sin corazón, enfermas.
Divisiones tradicionales Las amenazas que pesan sobre el derecho al aborto no se pueden reducir a los plazos de espera o a la lista de los últimos centros de interrupción voluntaria del embarazo que han sido cerrados aunque, evidentemente, el acceso material al aborto sigue siendo una cuestión crucial. Esta amenaza difusa, a menudo más indirecta que frontal, consiste en la imbricación de factores múltiples, como por ejemplo la división entre “privado” y “político” –o “público”–, que resiste a la manera de una aldea de galos muy caballeros. Esto se ilustra por ejemplo en la actitud de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA), que argumenta que la violación
Aquellas que osaron aventurarse en contra de lo que les dictaba su “instinto de mujer” parecen haber interiorizado su castigo. y la violencia soportada por las mujeres no son motivos válidos de demanda de asilo, porque se trataría de problemas relacionados “con su vida privada” (1). Esta dicotomía, que se volvió posible por el anclaje siempre renovado de las mujeres en la naturaleza y en la esfera familiar, hace de ellas seres “menos sociables” que los hombres, las aparta de la historia y las somete a leyes específicas e implícitas. Esta es la división que responsabiliza a toda mujer golpeada y que genera indiferencia ante las cifras lamentables del reparto de las tareas domésticas. Esta última cuestión, que provoca a menudo el sarcasmo de los que muy raramente agarran una escoba, no es anecdótica: por el contrario, revela que las relaciones entre los sexos, si bien pueden ser individualmente armoniosas, no dejan de ser relaciones sociales que, les guste o no a los enamorados de la liviandad social, son el fruto de una relación de poder. Si se tratara de cambiar suavemente las “mentalidades”, entonces, como escribía con humor la feminista francesa Colette Guillaumin, “habría que pensar en emprender la educación de los patrones y gerentes para que participen de la tarea fabril o dactilográfica”, para que así, “a fuerza de reformar mentalidades”, advenga “una sociedad sonriente” (2). Es esta dicotomía, por último, la que le permitió al médico decidir, según su voluntad y su humor del día, con toda impunidad, que la sub-paciente que tenía sobre su camilla podía muy bien prescindir de la anestesia. n 1 Jean Marc Marach “Le viol des réfugiées ‘relève de leur vie privée”, Bugbrother.net, 11-12-09. 2 Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Indigo-Côte femmes, París, 1992. *Coautora del sitio internet Les Entrailles de Mademoiselle (www.entrailles.fr). Traducción: Florencia Giménez Zapiola
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Los libros del mes Religión
Ciudadanos de dos mundos
Relaciones internacionales
Ensayo
Sociología
La presencia de China en el hemisferio occidental
El despertar del individuo Imaginación y esperanza
De la dependencia a la autogestión laboral
Hilario Wynarczyk UNSAM; Buenos Aires, septiembre de 2009. 392 páginas, 50 pesos.
Guadalupe Paz, Riordan Roett (editores), Libros del Zorzal; Buenos Aires, agosto de 2009. 318 páginas, 59 pesos.
Roberto Mangabeira Unger Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires, noviembre de 2009. 354 páginas, 69 pesos.
Gabriela Wyczykier Prometeo - UNGS; Buenos Aires, septiembre de 2009. 336 páginas, 65 pesos.
Doctor en Sociología y Magister en Ciencia Política, Hilario Wynarczyk es uno de los fundadores y dirigentes del Consejo Argentino por la Libertad Religiosa. Es entonces desde ese lugar teórico pero también práctico que comenzó su minuciosa investigación sobre el pasado y el presente de los evangelistas en nuestro país, como indica el subtítulo del libro: “El movimiento evangélico en la vida pública argentina 1980-2001”. La decisión de definir a esa serie de organizaciones religiosas como “movimiento” ya es una clara toma de posición, porque lo que el autor plantea es que no se trata de una estructura rígida, uniforme y centralizada sino de un conjunto de unidades que van construyendo su propia dinámica, a veces contradictoria, a veces congruente, dentro de un espacio territorial y cultural que con el paso del tiempo se va “descatolizando” y acercando a posiciones relacionadas con el evangelismo. Militante de una visión ecuménica, el autor comienza su revisión del fenómeno con la relación entre Juan Domingo Perón y la Iglesia Católica, pero también con el apoyo que el entonces Presidente le ofreció a las organizaciones sociales que acompañaban al movimiento evangélico, para pasar, rápidamente en el segundo capítulo, a ocuparse de revisar el período pautado en el subtítulo –1983-2001–, ya que es un momento fundamental para entender a este movimiento y su dinámica de crecimiento. En el corazón del libro el debate más interesante es el que analiza si el evangelismo sirvió como “caballo de Troya” para una avanzada del conservadorismo religioso de los países centrales frente al tercermundismo o liberacionismo religioso o se trató de un fenómeno mucho más complejo –tesis menos conspirativa y más racional (adoptada por el autor)– que incluyó al movimiento de sectas, al conservadorismo estadounidense, a las llamadas “tele-iglesias” y, también, a los miles de movimientos sociales progresistas que acompañaron las demandas sociales de la etapa histórica y que, fundamentalmente, exigieron al Estado –asociado a la Iglesia Católica– un marco de igualdad religiosa donde poder manifestarse y accionar con absoluta libertad. Bien documentado y preciso en la explicación metodológica, el libro de Wynarczyk es un trabajo necesario para comprender la dinámica religiosa de los últimos años en Argentina. n
El ascenso económico de China en la escena internacional pone en jaque el statu quo de la geopolítica mundial. El apetito creciente del gigante asiático por las materias primas y los recursos energéticos del Sudeste de Asia, África y América Latina, despierta temores crecientes en las potencias occidentales. Los ensayos de esta compilación, que reúne las investigaciones de destacados profesionales de América Latina, China, Europa y Estados Unidos, desentrañan con lucidez las causales de la ofensiva diplomática y económica china en América Latina, y las repercusiones que genera en el hemisferio occidental y en las relaciones de Estados Unidos con la potencia asiática y con su tradicional “patio trasero”. Los autores de este libro que, a excepción de Jiang Shinxue –consecuente con la postura del gobierno chino–, desmitifican la retórica oficial china del “ascenso pacífico”, dilucidan sin adherir al tono apodíctico de la “Teoría de la amenaza china” los perjuicios y beneficios de la estrategia de Pekín en América Latina. Guiada fundamentalmente por intereses económicos, la avanzada oriental no logra contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos que –como señala Juan Gabriel Tokatlian– sigue siendo el principal socio comercial y la principal fuente de inversión extranjera en la región. Sin embargo, la creciente presencia china abre nuevas oportunidades –según Roett y Paz–, aun cuando trae consigo claros costos en algunos sectores, principalmente en el manufacturero. Cabe preguntarse entonces, como lo hace Xiang Lanxin, si es irrazonable pensar en el posible establecimiento de un nuevo modelo económico transpacífico similar al modelo Norte-Sur. n
Este libro sorprende por el esmerado trabajo intelectual que realiza su autor para dar respuestas alternativas reales y concretas a los problemas sociales que hasta ahora no han encontrado solución. De su atenta lectura puede vislumbrarse un tenaz intento de revitalizar un abierto llamado a un desaforado pragmatismo, que concluye con una no disimulada apología de los valores del liberalismo. Mangabeira Unger –profesor de la Universidad de Harvard y ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil entre junio de 2007 y junio de 2009– parte de cuestionar la llamada “filosofía perenne”, para lo cual hace un recorrido por los distintos sistemas filosóficos, la economía, la política, la moral y la religión, sus luces y sus sombras, en principio mostrando una gran apertura ideológica. Sin embargo, las ideas están ordenadas de un modo tal que deja hábilmente destacadas las consecuencias dogmáticas de ciertas corrientes de principios o afirmaciones de los sistemas cerrados que han llevado a la cultura humana a callejones sin salida. Luego pasa a sus propuestas superadoras, que se basan en un llamado al despertar del individuo potenciando la imaginación a través de la transformación de la autoconciencia y la confianza en la esperanza como guías gemelas, sobreponiendo las aspiraciones sobre las obligaciones, la comedia sobre la tragedia, la profecía sobre la memoria, lo personal sobre lo impersonal… lo que puede leerse, por un lado como una rebeldía libertaria contra las circunstancias, pero por otro, en sentido contrario, como una apología de la eficacia y supremacía de lo individual sobre lo colectivo. n
Este trabajo emprende una cuidada indagación acerca del fenómeno de empresas recuperadas en la Argentina contemporánea. Partiendo de un amplio recorrido por los antecedentes históricos tanto internacionales como locales, la autora distingue el conjunto de las experiencias recientes en función del particular contexto que las vio nacer: los años 90 de la descolectivización objetiva y subjetiva producida por la pérdida del trabajo y sus soportes institucionales (salud, jubilación, recreación, etc.). Así, el eje que ordena la exposición y da identidad al conjunto de casos –cuya heterogeneidad empero no se olvida ni subestima– es el de la recolectivización del trabajo. Con un fuerte anclaje en el trabajo de campo desarrollado en cuatro empresas recuperadas y una cooperativa (FASINPAT, Coop. de Trabajo Artes Gráficas El Sol, Coop. de Trabajo L.B., Coop. de Trabajo Adabor, Coop. de Trabajo Taller Naval), el libro recorre los distintos niveles del proceso de reconstrucción de vínculos y pertenencias colectivas en busca de las motivaciones que llevaron a los obreros a apostar por la autogestión. Tanto en el análisis de los microprocesos en el escenario de la fábrica, como en el de la reconstrucción de relaciones intergrupales –en el que presta especial atención al papel de los actores gremiales– la autora busca discernir herencias y aperturas y, asimismo, recuperar la dimensión de conflicto de clases, sin tampoco erigirla en perspectiva única. En el camino, despliega un escenario complejo, lejos de subestimar o idealizar: el concepto de recolectivización le permite seguir la huella de “un nuevo sentido político, que no es el de la emancipación de la clase obrera (…) pero tampoco solamente el de las estrategias de supervivencia”. n
Creusa Muñoz
Arnol Kremer
Bruno Fornillo
Hernán Brienza
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Sociedad
¿Quién decide lo que comemos? Propuestas para una nueva democracia mundial Felicity Lawrence Tendencias; Barcelona, septiembre de 2009. 446 páginas, 89 pesos.
Corresponsal del diario inglés The Guardian, la periodista Felicity Lawrence lleva más de veinte años investigando temas de alimentación. Es autora del libro Not on the label: what really goes into the food on your plate (Penguin, Londres, 2004 –No figura en la etiqueta: qué hay realmente en el alimento que está en su plato–) en el que explicaba cómo se elabora “la comida de nuestras modernas dietas industrializadas”. En este nuevo trabajo, analiza “cómo el negocio de la alimentación perjudica la salud, la economía y el medio ambiente” e intenta responder a las siguientes
preguntas: “¿Qué poderes, económicos, políticos, culturales (...) nos han impulsado a seguir (...) la senda de la degradada comida industrializada? (...) ¿Qué relación existe entre el hambre y la emigración en una parte del mundo y la obesidad y los problemas de salud en la otra?”. Para ello, realiza una detallada panorámica a través de los distintos alimentos de la industria (cereales, carne, verduras, leche, cerdo, azúcar, pescado, tomates, grasas, soja). Asimismo analiza el futuro de la alimentación y celebra la esperanza que genera la movilización de trabajadores y militantes. n
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Le Monde diplomatique | el Dipló 129 | marzo 2010 | 39 Arte
La estética nazi
Filosofía
El privilegio de Simone de Beauvoir
Un arte de la eternidad
Literatura
Correspondencia Herman Hesse - Stefan Zweig
Éric Michaud Adriana Hidalgo; Buenos Aires, agosto de 2009. 402 páginas, 89 pesos.
Geneviève Fraisse Leviatán; Buenos Aires, abril de 2009. 124 páginas, 40 pesos.
Volker Michels (editor) Acantilado; Barcelona, agosto de 2009. 228 páginas, 160 pesos.
En este profundo y apasionado ensayo, Éric Michaud, director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, analiza el nacionalsocialismo entendido como un mito: la grandeza y unidad de la nueva Alemania llegó a constituir una religión nacional, y la encarnación visible de su espíritu fue el Führer. Pintor él mismo, Adolf Hitler encarnó el genio artístico con una función religiosa: él forjaría un pueblo en unión y dignidad, estimulando la fe en sí mismo. El autor evita los tópicos tan transitados sobre el arte del nazismo y analiza en detalle las profusas metáforas visuales de ese mesianismo, que tiene sus raíces y modelos en la iconología del arte occidental y en el cristianismo y sus ritos. Hitler asumía un rol tanto de héroe wagneriano como de figura crística. El Reich entendido como una obra de arte, y el Führer, la encarnación visible del espíritu divino de su pueblo. El nacional-socialismo llevaría la “Idea” –la visión de la felicidad– a tomar la forma adecuada mediante el trabajo creador, instrumento de purificación y liberación del pueblo alemán. Y todo lo que no calzara con su cosmovisión merecía ser destruido. El libro estudia el proceso de estetización de la política que practicó el fascismo: Hitler conocía el poder persuasivo de la imagen, siempre considerada una gran motivadora de las masas. A través de las puestas en escena y los cortejos monumentales, de imágenes simbólicas ancestrales como la cruz gamada, de las pinturas murales y del paisaje como autorretrato del pueblo creador, del cine, y sobre todo de la arquitectura, las formas artísticas preparaban de manera conjunta la realización del sueño hitleriano del Reich ideal y eterno. n
Pensado como homenaje a Simone de Beauvoir en el centenario de su nacimiento, este volumen reúne algunos artículos de la filósofa francesa Geneviève Fraisse, quien participó en 1975 del proyecto de las “emisiones Sartre”, un proyecto liderado por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, para el que convocaron a jóvenes investigadores de las tradiciones de lucha revolucionaria en Francia –entre ellas las feministas–, y que nunca se concretó. Fraisse elige como hilo conductor de sus reflexiones sobre Beauvoir la noción de privilegio, que la misma Beauvoir habilita con sus menciones del privilegio de saberse protagonista de la historia, de arrogarse la facultad de pensar, al tiempo que la explicitación, ineludible, de su condición de mujer que escribe, que analiza la situación de las mujeres, liberada de la ilusión de una posible imparcialidad. Un privilegio que en un régimen democrático, escribe Fraisse, resulta de una conquista y permite el ejercicio de la libertad. Ese privilegio implica “estar al margen”, “estar de más”, con lo que Fraisse lo vincula con la noción de intelectual comprometido de Sartre y los consiguientes debates sobre el defecto político que entraña ese privilegio. Frente a la “teoría queer” actualmente dominante en la teoría feminista, Fraisse reivindica el “devenir mujer” de Beauvoir como fundamento de la historicidad de la situación de las mujeres; desde esa reivindicación apunta las oscilaciones de Beauvoir entre el reconocimiento y la negación del conflicto entre los sexos, entre la atemporalidad o historicidad de la estructura de dominación/sumisión que configura las relaciones entre los sexos, oscilaciones a su juicio superadas por las siguientes generaciones feministas. n
La correspondencia intercambiada entre Herman Hesse y Stefan Zweig se extiende a lo largo de treinta y cinco años. Curiosamente, cuando da comienzo, en enero de 1903, es Hesse quien la inicia solicitándole a Zweig que le envíe su traducción de los poemas de Verlaine: Hesse es un autor prácticamente ignoto y Zweig, en cambio, comienza a cimentar su prestigio literario. Al cabo de los años, la obra de Zweig ha envejecido irremediablemente (sus extensas obras biográficas no pasan de ser laboriosas monografías) y las novelas de Hesse se han ido revitalizando hasta alcanzar el registro de clásicos intemporales (periódicamente, a favor del aire de los tiempos, títulos como Siddhartha, El juego de abalorios o El lobo estepario son redescubiertos por las jóvenes generaciones, y Demián sigue siendo una de las novelas de iniciación paradigmáticas del siglo XX). Entre 1910 y 1915, la correspondencia se torna esporádica para reanimarse a partir de las alternativas de la Primera Guerra Mundial, en cuyo transcurso ambos escritores se plantean y superan un conflicto entre el horror que les provoca la violencia bélica y el sentido personal del patriotismo. En la Segunda Guerra Mundial, en cambio, ambos toman desde el comienzo una posición contraria a la creciente nazificación de la existencia, pero se niegan a participar de modo manifiesto en la lucha política. La carta de Hesse de febrero de 1935 resulta ilustrativa: “(…) nos vemos ahora detestados e infamados por nuestros propios correligionarios, y todo porque no nos entregamos como mero instrumento de lucha política”. La traducción y la edición de la Correspondencia resultan impecables. n
Josefina Sartora
Marta Vassallo
Osvaldo Gallone
Economía
El crash del 2010
La crisis de la próxima década Santiago Niño Becerra Marea; Buenos Aires, octubre de 2009. 248 páginas, 53 pesos.
Malas noticias: la crisis económica mundial que oficialmente se desató en Estados Unidos en septiembre de 2007 con el estallido de las hipotecas subprime, y que se prolonga hasta nuestros días, ha sido apenas el aperitivo de la verdadera, que hará explosión a mediados de 2010 y durará toda la década. Así lo asevera en este libro, que lleva vendidas doce ediciones en España, Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura
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Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. La crisis que está a nuestras puertas “será –sostiene– tremenda, paralizante, una auténtica caída a plomo; será deflación, depresión, nada comparable a pasadas recesiones”. El profesor Niño caracteriza el inminente cataclismo como sistémico, es decir que pondrá en cuestión las bases mismas del actual sistema de producción, el capitalista. Según él, en dos mil años tan sólo se han generado dieciocho crisis sistémicas, la última de las cuales ocurrió en 1929, y todas ellas modificaron radicalmente el modo de producción imperante que, como un organismo vivo, nace, crece, alcanza su plenitud, decae y muere; su ciclo de vida en los últimos veinte siglos ha sido de 250 años para cada uno de ellos. El capitalismo alcanzó su punto de no retorno en 1973, y su máximo nivel de desarrollo en 2003; desde entonces empezó a gestarse el anunciado crash del 2010, cuyo prólogo se inicia en 2007, y que nada tendrá que ver, ni cuantitativa ni cualitativamente, con las crisis coyunturales que sufrió el sistema, como las de 1962, 1987, 1991 o 2000. Desde la década de 1980 se sale de las recesiones con una fuerte reducción de las tasas de interés y una mayor permisividad en el acceso al crédito; se registra una acelerada concentración de la riqueza en menos manos y un decrecimiento del salario real, pero se impulsa la palan-
ca del consumo con el abaratamiento de los bienes por la deslocalización de su producción –llevándola al rincón del mundo donde resulte más barata– y facilitando el acceso a ellos mediante el endeudamiento generalizado. En los últimos años el sistema creció únicamente a base de una deuda gigantesca –de pésima calidad, y de la que las hipotecas basura fueron su máximo ejemplo– y de manipulaciones financieras infinitas: se estima que un dólar invertido en esa cadena en 2003 podía haberse convertido en 60 dólares en 2007. Por otra parte, los formidables avances tecnológicos permitieron hacer crecer vertiginosamente la productividad prescindiendo cada vez más de mano de obra. Desde 1990 el crecimiento económico del mundo desarrollado quedó completamente desvinculado de un mayor empleo del factor trabajo. Pero el sistema capitalista, que se basó en el culto a la multiplicación imparable de los beneficios individuales, en la creencia en la disponibilidad inagotable de los recursos naturales y, últimamente, en la capacidad ilimitada de endeudamiento, se ha agotado y ya es, sencillamente, inviable. Si resulta convincente la descripción que hace el autor del proceso que ha desembocado en la actual crisis mundial, lo es menos su formulación de vaticinios con fecha tan precisa. n Carlos Alfieri
Fichero Terrorismo de Estado
y genocidio en América Latina Daniel Feierstein (compilador) Prometeo-PNUD-EDUNTREF; Buenos Aires, septiembre de 2009. 286 páginas, 59 pesos.
Análisis de las experiencias de aniquilamiento sistemático que comenzaron en América Latina con el golpe de Estado de 1954 en Guatemala. Reflexión acerca de los conceptos de guerra, genocidio, terrorismo de Estado (véase Criscaut, el Dipló, octubre de 2009).
Los ilusionistas del poder Guillermo A. Maci Letra Viva; Buenos Aires, noviembre de 2009. 272 páginas, 54 pesos.
En base a sus reflexiones en los campos de la filosofía, la ética y la epistemología, el autor analiza las crisis políticas que caracterizan a las democracias contemporáneas a través del estudio del “uso de la imagen en la dominación social”.
El político y el científico Claudia Hilb (compiladora) Siglo XXI; Buenos Aires, septiembre de 2009. 262 páginas, 43 pesos.
Ensayos en homenaje a Juan Carlos Portantiero, referente de las ciencias sociales en América Latina, fallecido en marzo de 2007. Su recorrido, representativo de la izquierda intelectual del siglo XX, marca la compleja relación entre pensamiento y política.
Entre la política y la gestión de la cultura y el arte Ana Wortman (compiladora) Eudeba; Buenos Aires, septiembre de 2009. 288 páginas, 42 pesos.
Contracara de un trabajo anterior, Imágenes publicitarias / Nuevos burgueses, que analizaba los actores sociales de los noventa, este libro estudia la redefinición del campo cultural argentino tras la crisis de 2001, a través del surgimiento de nuevos actores y fenómenos.
Valores, pensamiento crítico y tejido social Norberto Rodríguez (coord.) YMCA; Buenos Aires, noviembre de 2009. 144 páginas, 15 pesos.
Este libro reúne las conferencias de las principales personalidades que participaron del congreso “Pilares para un bicentenario sin exclusión: educación, salud, justicia y trabajo”, organizado en septiembre de 2009 por la Asociación Cristiana de Jóvenes.
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Contratapa Editorial por Serge Halimi*
Todo bien mal habido beneficia a Goldman Sachs Grecia ocultó el verdadero estado de sus cuentas con ayuda del célebre banco de inversión. La factura de servicios deberá pagarla la sociedad helénica.
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os Estados salvaron a los bancos sin exigir contrapartidas. Los bancos apuntan sus fuerzas renovadas contra los Estados. Y los extorsionan sacando provecho de las bajezas que les recomendaron. Porque cuando el crédito público disminuye, las tasas de interés de los préstamos aumentan… Así, Goldman Sachs ayudó a Grecia a pedir prestados miles de millones de euros en secreto. Luego, para evadir las reglas europeas que limitan el nivel de la deuda pública, la firma de Wall Street aconsejó a Atenas recurrir a ingeniosos artificios contables y financieros. La factura de estas innovaciones redondeó a continuación la genero-
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sa deuda griega (1). ¿Quién gana, quién paga? El director general de Goldman Sachs, Lloyd Craig Blankfein, acaba de cobrar un bono de nueve millones de dólares; mientras tanto, los funcionarios helénicos van a perder el equivalente anual a un mes de salario. Un poco como los bancos, un país es “demasiado grande para quebrar” (Cordonnier, pág. 6). Por lo tanto, también se lo salva, pero a un alto precio. El gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ya se muestra intratable con el gobierno de Atenas, tanto más cuanto que su institución finge “descubrir” las astucias de Wall Street. Grecia, previno Trichet, deberá corregir con el más “extremo vigor” su “trayectoria aberrante”. Bajo “vigilancia intensa y casi permanente” de la Unión Europea, es decir renunciando a su soberanía económica, deberá reducir su déficit de un 12,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009 al 3% en 2012. Recuperar cerca de diez puntos de PIB sobre el saldo presupuestario constituye todo un reto, particularmente en una zona de crecimiento anémico. No será entonces cuestión de “rigor” sino de cirugía mayor. La paradoja es que tiene como objetivo garantizar la solidez del euro en momentos en que Estados Unidos y China están abocados, para consolidar su recuperación, a subvaluar sus monedas (2)…
Angela Merkel juzgó que sería “vergonzoso” que “los bancos, que ya nos llevaron al borde del precipicio, hayan participado asimismo en la falsificación de las estadísticas presupuestarias de Grecia”. Estas frases grandilocuentes dejan indiferente a Goldman Sachs. Interrogado sobre el bono de Blankfein, el presidente Barack Obama renunció de hecho a toda reprimenda: “Como la mayoría de los estadounidenses, no reniego del éxito y de la fortuna. Es parte de la economía de mercado”. Esta fortuna –es sabido– sirve a toda la colectividad: ¿acaso el año pasado Goldman Sachs no pagó un 0,6% de impuestos sobre sus ganancias? (3). n 1 El diario The New York Times del 13 de febrero de 2010 habla de una cifra de 300 millones de dólares devengados a Goldman Sachs a título de honorarios. Se trataba de encontrar una astucia que le permitiera a Grecia pedir prestados miles de millones de dólares en secreto, para no poner en riesgo el ingreso del país, ya muy endeudado, en la unión monetaria europea. 2 Véase Yves de Kerdrel, “Le problème ce n’est pas la Grèce, c’est l’euro”, Le Figaro, París, 16-2-10. 3 Citado por Harper’s, Nueva York, febrero de 2010. *Director de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Pablo Stancanelli
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