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Los fiscales usan las fotografías, videos y relatos de los decomisos también para impresionar al jurado y mostrarle cómo funciona ese mundo desconocido del trasiego de drogas. Recordemos que, en la tradición judicial estadounidense, el jurado es un grupo de ciudadanos que deciden la culpabilidad de un acusado en un asunto como el tráfico ilegal, del que regularmente no están muy empapados. A partir de esta lógica judicial, me pareció relevante entender cuáles eran los cargos específicos por los que acusaron a García Luna. Me propuse averiguar qué sucedió en cada uno de esos decomisos. De manera paralela, y sin que necesariamente una cosa explique o se relacione con la otra, quise consignar qué pasaba en la vida de Genaro en esos años, cómo evolucionó su patrimonio y cómo transcurría la bitácora sangrienta de “la guerra contra el narcotráfico” mexicana. En los registros públicos judiciales de Estados Unidos pude rastrear los seis decomisos o envíos de drogas incluidos en la acusación contra García Luna y sus cómplices. Descubrí que todos fueron abordados en juicios anteriores, como parte de los cargos por los que se acusaron a los traficantes El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada, Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes. Ésta es la historia de esos casos y de lo que sucedía en cada una de esas fechas en la vida de nuestro policía.
Genaro y Cristina Pereyra se casaron por bienes separados en marzo de 1995.13 Ella oficialmente se convirtió en ama de casa. Así lo escribió él en cada una de sus declaraciones patrimoniales de los años siguientes. Más tarde, Cristina se encargó de los restaurantes que abrieron en Cuernavaca, Ciudad de México y Miami; pero siempre apareció como una persona sin empleo en los registros oficiales de él. Era una posición conveniente. Cristina cumplía con su rol tradicional de género, de madre amorosa que se dedica por completo a su familia, mientras su marido defiende al país. Pero también podía servir para que la opinión pública no pusiera mucha atención en ella. Los documentos sobre la evolución patrimonial de la familia García Pereyra, que forman parte de mi archivo de investigación para este libro, muestran que Cristina tuvo un rol activo en la compra de 119
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propiedades y administración de los negocios, aunque él nunca dijo que fuese empresaria y ella no se asumió como tal hasta 2011, cuando a su esposo ya le restaba un año como funcionario público.14 En dos momentos, cuando Genaro debió explicar el inusual incremento en su fortuna, incluyó a Cristina en su defensa. Primero dijo que se mudaron a Miami porque ella era chef y compró un restaurante. Años después, declaró que ella le había “ayudado” con millones de pesos a comprar su residencia en la Ciudad de México.15 Cristina se ocupó de que la fortuna familiar se cuidara y expan diera, algo que, por otra parte, encaja con la visión tradicional del rol femenino en una pareja. Por eso no me resulta extraño que sea ella quien aparezca como administradora de la primera empresa que tuvo el matrimonio en Miami, o que consiguiera millones de pesos con una amiga suya para comprar una residencia millonaria en la Ciudad de México, de acuerdo con un documento del que hablaré más adelante. En la primera vivienda del matrimonio ocurrió aquella extraña cena de Navidad con el oficial de la dea y su esposa, al inicio de la década del 2000. A esta casa, ubicada en Paseo de los Cedros 120, en Xochimilco, Genaro y Cristina se mudaron después de casarse, y allí nacieron sus hijos. En 1998 la pareja compró de contado, con un cheque por 250 mil pesos, un local comercial de 72 metros cuadrados en Tepepan, otro barrio modesto del sur, vecino al penal donde Florence Cassez estuvo presa siete años. Dos años más tarde, ya con Genaro como jefe policiaco en la Procuraduría General de la República, adquirieron un terreno por 102 mil pesos en una avenida de tiendas y restaurantes en Jiutepec, Morelos. Así que Genaro recibió el nombramiento como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (afi), con un patrimonio consistente en una vivienda y dos locales. Poco después tramitó un préstamo bancario y compró dos lotes en el mismo pueblo de Jiutepec, en la calle de Amate de Pedregal de las Fuentes, un barrio de clase media. Un exfuncionario que lo visitó allí durante el gobierno de Fox me dijo que la casa en sí era modesta, pero se encontraba en un terreno enorme y barato: por 1 600 metros de casa y jardín pagó 356 mil pesos, con el préstamo del banco.16 120
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Un mes después de aquella adquisición sucedió el primer decomiso consignado en los cargos contra Genaro en la fiscalía de Nueva York. El 15 de diciembre de 2001 un hombre llamado Manuel Silva rentó una bodega en el 51-18 de Grand Avenue en Queens y un almacén en Park Slope, Brooklyn. Funcionaron como sedes de una compañía que creó dos meses más tarde y se nombró Four Queens Soybean Oil. A través de esa empresa, durante el año siguiente se realizaron 11 envíos de cocaína. Viajaron en tren desde México e ingresaron a Estados Unidos desde dos ciudades fronterizas con Tamaulipas —Brownsville y Laredo, en Texas— con destino a Bush wick, Nueva York. Oficialmente eran cargamentos de tanques de aceite, pero llevaban ocultos paquetes de cocaína.17 El 27 de abril de 2002 partió de la Ciudad de México un tren que llevaba tanques de aceite con 54 millones de dólares en cocaína oculta entre la carga legal. Llegó a Nueva York y fue decomisado en el almacén de Brooklyn el 24 de mayo, en una redada de policías locales y agentes federales.18 El decomiso fue incluido como prueba en el juicio contra Joaquín Guzmán casi dos décadas más tarde. El 16 de agosto de 2002, un segundo cargamento fue decomisado en Chicago. Las autoridades de Illinois incautaron dos toneladas de cocaína y anunciaron que pertenecía al Cártel de Juárez. En octubre de 2019, en el tribunal de Brooklyn donde juzgaron al Chapo y acusaron a García Luna, un gran jurado incluyó este envío en la acusación a Vicente Carrillo Fuentes. Carrillo, alias El Viceroy, es hermano de Amado Carrillo, uno de los traficantes mexicanos más famosos, del que han hablado muchos textos periodísticos y series de televisión. Fue conocido como El Señor de los Cielos. El mismo envío a Chicago se incluyó entonces en tres casos: el del Chapo y El Mayo en 2016, contra El Viceroy en 2019, y contra García Luna en 2020. Su inclusión me parece relevante por dos motivos. Se habla de envíos no sólo a Nueva York, sino a Chicago. Y se da cuenta de una alianza aún vigente cuando ocurrió el trasiego, en 2002, entre trafi cantes de Sinaloa y Juárez, con Genaro como presunto colaborador político. Si regresamos a la acusación y al caso contra García Luna como una bitácora de la historia reciente en el trasiego de drogas de 121
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Colombia hacia México y Estados Unidos, esta acusación relativa a envíos de cocaína a Chicago podría evidenciar, si los fiscales lo prueban, que el policía colaboró con organizaciones aliadas de Sinaloa y luego sólo con Zambada y Guzmán, como han dicho también durante estos años los testimonios de extraficantes.19 En el juicio contra El Chapo se abordó la ruta de traslado de la droga de México, vía Juárez, a Chicago. Gracias a los decomisos, los agentes estadounidenses pudieron confirmar que Illinois era uno de los destinos principales de la cocaína que Guzmán y sus socios compraban en Colombia, trasladaban a México, introducían a Estados Unidos a través de la frontera entre Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y vendían en las calles de Chicago. Años más tarde, buena parte de esta droga sería vendida en esa ciudad por los mellizos Pedro y Margarito Flores, dos jóvenes de origen mexicano que se convirtieron en los principales compradores y distribuidores locales de la droga que comercializaba El Chapo. La inclusión del caso de Chicago en los cargos contra García Luna importa también porque buena parte de la información sobre los sobornos políticos de Sinaloa se acopió allá. Primero, en esa ciudad se gestaron los acuerdos judiciales del caso de Vicente Zambada, que colaboró con la justicia de Estados Unidos y explicó la maquinaria de su padre para enviar la droga. El Vicentillo logró que lo condenaran a 17 años y no a cadena perpetua gracias, entre otras cosas, a un relato sobre la organización que aún dirige su padre. Aseguró que una gran parte de los policías en México, desde los municipales hasta los secretarios de Estado, “recibe dinero del Cártel de Sinaloa”. Esta narrativa es justo lo que los fiscales en la acusación contra García Luna querrían que escuche el jurado.20 En Chicago se juzgó también a Iván Reyes Arzate, el exjefe policiaco de inteligencia mexicana que se declaró culpable de colabo rar con los traficantes. Reyes Arzate dirigió la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal, aquella que se expandió gracias a la colaboración de Genaro con la dea durante el sexenio de Vicente Fox. Por más de una década, Reyes Arzate utilizó esa confianza para filtrar a los traficantes información que le daban sus colegas de la dea, 122
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según se dijo en las audiencias de su juicio. Fue declarado culpable. Uno de los agentes de la dea que fue su compañero en México dijo en Chicago, muy conmovido, que el descubrimiento de la colaboración de Reyes Arzate con los delincuentes era un parteaguas en la cooperación binacional, ya que ellos —y él mismo— durante años lo habían considerado confiable, cercano y hasta su amigo.21 Reyes Arzate, después de casi haber cumplido su breve condena en Chicago, fue acusado también en Nueva York y trasladado a Brooklyn como una de las cartas fuertes de la fiscalía en la acusación contra García Luna. Los fiscales entregaron miles de horas de transcripciones de llamadas interceptadas de BlackBerry y anunciaron que lo implicaban. Estas grabaciones se sumaban a otro paquete de llamadas que se interceptaron también a Joaquín Guzmán y algunas de las personas con quienes coordinaba envíos de alijos, dinero, o con quienes negociaba precios de la droga. Volveré a ellas más adelante. En enero de 2003 ocurrió el tercer decomiso incluido en los cargos contra García Luna. Un equipo de 20 agentes de la dea incautó dos toneladas de cocaína y marihuana en la bodega de Queens que era sede de Four Queens Soybean Oil. Arrestaron a cuatro miembros de una red de traficantes y anunciaron “la incautación de narcóticos más grande en la historia de la ciudad de Nueva York”. La red importó cocaína de Sudamérica a través de México a Maspeth, en Queens, utilizando un camión cisterna de aceite vegetal, dijeron los investigadores. La droga que hallaron ese día era equivalente a unos 2 millones de dosis y valía 120 millones de dólares en la calle. El operativo comenzó con la detención de un hombre que manejaba una miniván. Los agentes lo detuvieron y hallaron 800 libras de cocaína en ella (unos 362 kilos). El hombre había cargado la droga en el almacén de Grand Avenue, en Maspeth. Allí, los oficiales encontraron otros 1 451 kilogramos de droga y un vagón cisterna junto al depósito. El vagón contenía rastros de aceite vegetal y de cocaína. En una fotografía que difundieron las agencias de prensa, las autoridades antinarcóticos federales y de la ciudad posan sonrientes junto a los paquetes de droga.22 Los fiscales no incluyeron a Genaro como cómplice de ningún otro envío de droga hasta 2007. En esos cuatro años, entre 2004 y 123
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2007, García Luna afianzó su poder como jefe de la afi y logró que lo nombraran secretario de Seguridad Pública. En el ámbito pa trimonial, Genaro y su esposa compraron en febrero de 2006 una nueva propiedad en Morelos, esta vez en la calle Privada de Diana, en el fraccionamiento Las Delicias de Cuernavaca. Solicitaron un crédito por 485 mil pesos, a pagar en 30 años. Realizaron ampliaciones en dos de las propiedades que habían adquirido antes, en las calles de Amate y Tabachines, en Jiutepec, y el 20 de octubre de 2006 adqui rieron otra casa en la misma calle de Paseo de los Cedros, en Xo chimilco, donde estuvo su primera vivienda. Allí, en Paseo de los Cedros 1, abrieron un pequeño restaurante. También para esta compra el policía consiguió un préstamo del banco Inbursa, por 2.3 millones de pesos, a pagar en 15 años.23 Genaro debía costear ya los gastos de su local comercial en Tepepan, sus cuatro lotes en Jiutepec, su casa en Cuernavaca y ahora su nueva propiedad, el restaurante, en la Ciudad de México, además de pagar los impuestos de todas las propiedades y acreditar los pagos mensuales de sus hipotecas. En esos años, nunca declaró que recibiera pagos de renta por las casas o ingresos de algún negocio familiar, así que oficialmente todo se financiaba con su sueldo como jefe po liciaco. El notario que avaló la transacción para la nueva propiedad en la calle de Paseo de los Cedros fue Eduardo García Villegas Sánchez Cordero, hijo de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte mexicana y secretaria de Gobernación de México durante el gobierno obradorista.24 En marzo de 2007 ocurrió el decomiso del Gatún en Panamá. En México, unos días más tarde, Genaro firmó una promesa de compraventa de Paseo de los Cedros 120. Un documento de “promesa de venta” que obtuve para esta investigación muestra que acordó que vendería esa propiedad en 2.9 millones de pesos a Oswaldo Luna Valderrábano. Los testigos que firmaron el documento fueron la esposa de Genaro, Cristina, y Roberto Reyna, su secretario particular. La promesa de venta refiere que Luna Valderrábano entregaría 40 mil pesos de anticipo y se comprometía a pagar 500 mil pesos ese mismo mes. Establecieron un esquema para los pagos siguientes: 400 mil 124
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pesos mensuales en abril, mayo, junio; 100 mil pesos mensuales en julio y agosto y 200 mil pesos mensuales en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007. En diciembre de 2007, Genaro habría recibido 2.7 millones de pesos como pago por la propiedad. No se incluye en el documento que Luna Valderrábano pidiera un préstamo o justificara de dónde sacaría esas cantidades de dinero.25 Dos años más tarde, Luna Valderrábano ya había entregado todo el dinero a Genaro —al menos en papel—. En diciembre de 2009, Luna Valderrábano y Genaro celebraron un contrato de compraventa por Paseo de los Cedros 120, con un crédito del banco Scotiabank por un millón de pesos. Sin embargo, para entonces colocaron como precio del inmueble 3.7 millones. Es decir, en dos años, la propiedad valía casi un millón más, según ellos. No incluyeron en el expediente de la compraventa algún avalúo que lo confirmara. Asimismo, Luna Valderrábano firmó otros tres pagarés a García Luna, con la promesa de darle 750 mil pesos más. Luna Valderrábano, el comprador de Paseo de los Cedros 120, fue agente del Cisen entre 1993 y el 2000. Trabajó con García Luna en la pfp y luego coordinó investigaciones durante seis años en la afi. En marzo de 2007, cuando firmó la promesa de compra del departamento en Cedros, había sido recién nombrado en la Policía Federal como secretario general de reclutamiento, desarrollo y profe sionalización, el filtro por donde pasaba quien quería integrarse y aprobar los exámenes de control de confianza. Cuando Luna Valderrábano hizo su declaración patrimonial de 2007, no escribió en ella una sola línea sobre Paseo de los Cedros 120; tampoco al año siguiente. A partir de 2009, dejó de autorizar que su declaración de patrimonio pudiera consultarse de manera pública. Fue nombrado después jefe del Estado Mayor de la Policía Federal. Dos de sus excompañeros me dijeron que era el encargado de la seguridad personal de García Luna. Salió de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2012. En ese momento, era el coordinador general de la Policía Federal, encargado de planear y coordinar los programas policiales.26 Un par de semanas después de firmar el acuerdo de compraventa con Luna Valderrábano, en abril de 2007 García Luna tramitó 125
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otro préstamo, ahora por 5.8 millones de pesos, nuevamente con Inbursa. Con ese dinero compró una residencia en Montaña de Omoa 17, en la Ciudad de México, una enorme casa con jardín en un barrio residencial vecino a un bosque. La residencia fue la primera que el policía adquirió en un vecindario de clase alta. Con este nuevo crédito, Genaro ya debía 14.4 millones de pesos en préstamos bancarios. Al año ganaba, dice su declaración patrimonial, 3.8 millones. Como se ve, la mayoría de los préstamos fue con Inbursa, propiedad de la familia Slim, que resultó el principal beneficiario de los grandes contratos del sistema Plataforma México, como relaté en el capítulo anterior. Genaro obtuvo entonces ese nuevo préstamo, por un plazo de 15 años, y pagó 1.7 millones de pesos como anticipo. No sabemos de dónde sacó el dinero para ese anticipo, pero fue un poco menos de lo que había acordado con Luna Valderrábano apenas unos meses antes, por aquellos pagos de la vivienda de Paseo de los Cedros 120. El primer cargo contra García Luna por hechos ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón fue el decomiso del barco Ga tún. Y medio año después ocurrió otro operativo de aseguramiento multimillonario de cocaína, en México, que desencadenó una acelerada secuencia de arrestos, traiciones, investigaciones oficiales y decomisos.
Hablamos en un café de Coyoacán. Gerardo Garay come un pastel de zanahoria y sonríe cuando lo saborea, como si fuera un niño en una fiesta de cumpleaños. Es un hombre fuerte, con el cabello muy corto, lentes cuadrados, espalda ancha y ademanes toscos. No me cuesta mucho imaginarlo armado, con uniforme y chaleco antibalas. Garay fue agente del Cisen desde 1989, al igual que García Luna, y aún hoy se considera parte de esa misma generación “que renovó la forma de hacer operativos policiacos en México, usando investigación, análisis, no nada más llegando a romper puertas”. —No soy un santo —me dice, casi a modo de presentación—, pero tampoco el demonio que la prensa ha dicho. 126
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Revisamos el expediente de su caso. En noviembre de 2008, Garay fue acusado de corrupción, de proteger a los Beltrán Leyva, de robar un lingote de oro en un operativo en una casa de Jesús El Rey Zambada, de violar a un grupo de detenidas en otro operativo. Salió exonerado el 4 de diciembre de 2012, tras cuatro años en un penal de máxima seguridad en Nayarit. —Si el juez determinó que usted no recibió sobornos, ¿por qué alguien lo querría en la cárcel? ¿Fue Genaro, para salvarse él? —pregunto, a quemarropa. El exagente titubea. No quiere hablar mal de su antiguo jefe, aunque dice que no era su amigo, que nunca fue a su casa, que no es verdad que fueron cercanos, que tampoco es cierto que Genaro le pagó la manutención a su familia mientras él estaba preso, que él se ganó cada ascenso. Me pide que lo comprenda. Él también fue acusado una vez, dice. Ha probado la amargura de que el mundo te dé por culpable antes de que comience tu juicio. —Genaro no hizo nada por mí. Me dejó a mi suerte —acepta tras un rato. Me queda la sensación de que esto último lo ha dicho más para sí mismo que para mí. Garay es uno de los policías que la Procuraduría federal acusó en 2008 como parte de un megaoperativo contra la corrupción conocido como Operación Limpieza, que derivó en la detención de 25 funcionarios de rango directivo y medio, relacionados con seguridad, y en la liberación de todos ellos años más tarde, porque los casos no lograron probarse. Su caso importa no solamente como un ejemplo de ese maxiproceso fallido, sino porque él fue el jefe policiaco que lideró el operativo por el quinto cargo que incluyeron en el caso contra García Luna en Nueva York: el decomiso de 23 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, en Colima.
Eran las 11:00 de la mañana del martes 30 de octubre de 2007. Garay cumplía unos días como jefe del área antinarco en la Policía Federal. Llegaba allí después de años como empleado de la afi. En aquel puesto, relata, obtuvo muchos contactos en la dea. A veces le daban tips para algunos casos. 127
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—Me llamó uno de mis compañeros de la dea y me dijo que había llegado a México un barco que traía droga de Colombia. “Tengo información muy fidedigna de que vienen seis contenedores del puerto de Buenaventura.” —¿Le dijo cómo localizarlos? —Me dio los números de los contenedores. Los anoté. Me advirtió que si salían positivos no me olvidara de decir quién me había dado la información. Garay dice que no se emocionó mucho con el tip porque en otras ocasiones resultaban falsas alarmas, pero solicitó que el encargado de la base de interceptación de la Policía Federal en el puerto localizara los contenedores. —Le pedí que lo que hallara, me lo reportara directamente. A las 2:00 de la tarde me llamó de nuevo para decirme que los perros habían dado positivo a cocaína para dos contenedores y seguían buscando los otros cuatro. “¡Asegúrelos y avise a las autoridades del puerto!” —dice Garay que gritó al teléfono. Un rato después, el oficial en Manzanillo llamó de nuevo. En la policía, usaban el código 37 como clave para anunciar cuando algo se confirmaba. —Jefe, esto es un 37 mil, están repletos de cocaína. El oficial del Ministerio Público hasta quiere llorar. Jefe, esto es mucha droga y tiene dueño —le dijo el empleado. —No salgas del puerto. Voy para allá —le respondió Garay. Garay llamó a su jefe, García Luna, quien le ordenó que viajara a Colima de inmediato. Comenzaba una carrera en la que todas las autoridades con algo de jurisdicción en el caso querrían anotarse esa victoria. Y en la que cualquier posible implicado fingiría, naturalmente, que no tenía nada que ver. En menos de tres horas Garay llegó a Manzanillo con más de 80 policías. Ya estaban allí los marinos y los fiscales. En las fotografías de esa tarde se lo ve aún con camisa de manga larga y corbata, en medio del calor infernal y la humedad del puerto, bajo un sol a plomo, como quien salió de la oficina corriendo al aeropuerto. En las imágenes del día siguiente, cuando seguían contando y analizando los paquetes de droga, Garay aparece ya con una camiseta de manga corta y un pantalón informal. 128
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La noticia con el hallazgo del alijo fue ampliamente reportada por la prensa mexicana y los corresponsales extranjeros. Rápidamente, las autoridades federales dijeron: “La droga pertenece al Cártel de Sinaloa”. Eran 10 mil 650 paquetes con cocaína, oculta en tres contenedores, entre lámina plastificada para recubrimiento de pisos y en unas cajas enormes donde la mitad inferior eran paquetes de cocaína envuelta en plástico y la mitad superior eran cientos de barras de jabón. De inmediato se anunció que el decomiso era aún más grande que el mayor de la historia… que sucedió meses antes en el barco Gatún en Panamá. El embajador estadounidense en México, Tony Garza, y el presidente mexicano, Felipe Calderón, celebraron públicamente el hallazgo. Se trataba, en un solo “golpe al narcotráfico”, del doble de la droga que había sido decomisada durante todo el gobierno de Fox.27 Garay cree que esa incautación y otras que siguieron en los meses posteriores sellaron su suerte. Las fotos que lo muestran coordinando la revisión de los paquetes son su prueba, dice, de que no es posible que protegiera a Sinaloa y al mismo tiempo les decomisara 23 toneladas de cocaína. —A alguien le molestó mucho lo que encontramos. Efectivamente, esa droga tenía dueño y no era uno solo. Los paquetes tenían diferentes símbolos. Eran envíos de distintos clientes —me dijo el expolicía. Es una práctica común que los transportistas aprovechen un mismo envío, o f lete, para trasladar droga que pertenece a varios distribuidores. Cada paquete de la carga, que suele ser un rectángulo apretado con cinta plástica adherible con un kilogramo de droga, tiene algún dibujo o una palabra clave. Sólo quien envía y quien recibe sabe a cuál distribuidor corresponde cada imagen. El trasiego funciona con una lógica comercial, en la que interesa optimizar la logística y disminuir costos, como en las industrias legales. El descubrimiento de los contenedores en Manzanillo dio un nuevo auge a la llamada “guerra contra la delincuencia” que Calderón había declarado un año antes. En sus primeros cinco meses de gobierno, entre diciembre de 2006 y abril de 2007, Calderón dijo que su gobierno había emprendido una “guerra contra la delincuencia”, 129
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“guerra contra los enemigos del orden público” y “guerra contra el crimen”. Tres años después, matizó que su “guerra” no era contra el narcotráfico nada más, ni principalmente, sino “contra el crimen organizado”.28 Cualquier término que se utilizara, el resultado era el mismo: una estrategia militarizada de la seguridad pública. Este discurso, el dinero y el poder político que conllevó convirtió a la “guerra” misma en una industria —no al tráfico de drogas; ése ya lo era desde hacía mucho—. Con esa naciente industria llegaron proveedores ansiosos de vender sus productos, compradores que de pronto tenían carretadas de dinero, intermediarios que buscarían inventar necesidades para luego “solucionarlas”, y “emprendedores” que harían todo por recibir una tajada del pastel. Y, como en toda industria capitalista, en ésta privaría la lógica económica de la mayor ganancia: se buscaría la rentabilidad, mantener y acrecentar el flujo de recursos, explotar las áreas de oportunidad, diversificar, expandirse. Las ganancias se cuantificarían en dólares y los costos en vidas humanas. Quien entendiera esta dinámica podría hacerse millonario muy rápidamente. La “guerra antinarco”, entonces, se disputaría en dos niveles. O, mejor dicho, habría dos combates paralelos: uno a balazos en los campos y ciudades mexicanos, con el pretexto de la droga, y otro en las oficinas de empresarios y gobernantes, a golpe de contratos. Y deténgase un momento en esta idea: ganar en una “guerra” no sig nificaba ganar en la otra. El propio concepto “guerra contra el narco” —que Calderón negó haber utilizado años después, pese al abundante registro29—, le iba muy bien al negocio. Permitía presentar una narrativa de buenos contra malos y justificar acciones y gastos desaforados. Así, el decomiso en Manzanillo aceleró las negociaciones para que llegara la ayuda de Estados Unidos a México, a través de la Iniciativa Mérida, que se había anunciado en octubre de 2007 y fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 30 de junio de 2008. Impulsó la construcción del búnker de la Policía Federal, aquel donde el exjefe de la dea Mike Vigil visitó a Genaro y se impresionó por su tamaño y tecnología. Y acentuó la disputa entre el grupo de Genaro García Luna y el del procurador, Eduardo Medina-Mora. 130
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El gobierno calderonista entró al año 2008 con esa victoria. El presidente, en sus arengas públicas, no había dejado de referirse al cariz patriótico de su guerra. “Peleamos por un objeto sagrado, peleamos por la patria, y el enemigo quiere hacernos creer que es poderoso. Pero sabemos que no es invencible y que invencible es el pueblo cuando se une la inquebrantable vocación patriótica de nuestras Fuerzas Armadas, su firmeza y su decisión han sido y seguirán siendo fundamentales en esta guerra”, decía Calderón.30 Con una sonrisa, repetía que incautar drogas y detener capos, aunque acarreara peligros, era un sacrificio necesario en nombre de la nación. En privado, en la casa presidencial estaban convencidos de que anuncios impactantes en seguridad pública mitigarían en la opinión pública los escándalos de corrupción política que apuntaron, prin cipalmente, a Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación y el hombre que gozaba de la mayor confianza del presidente.31 Dos meses después de la incautación en Manzanillo, García Luna comenzó los preparativos para la compra de la residencia mexicana que le traería más cuestionamientos en la opinión pública. Era una casa en Monte Funiar 21, en el barrio de Jardines de la Montaña, una zona residencial de lujo en el sur de la Ciudad de México, que reveló primero Anabel Hernández en la revista Reporte Índigo y luego fue objeto de un fuerte cuestionamiento en el Congreso.32 El 5 de enero de 2008, la periodista y conductora Fernanda Familiar firmó un pagaré en el que decía que estaba prestándole 3.5 millones de pesos a Cristina Pereyra, la esposa de Genaro. Las dos mujeres reconocieron públicamente en varias ocasiones que eran amigas. Cristina registró que vivía en Montaña de Omoa 17, la residencia que habían comprado nueve meses antes, con el préstamo de Inbursa y el anticipo de 1.7 millones de pesos. Obtuve una copia del pagaré. Los testigos fueron Esperanza García Luna, hermana de Genaro, y Édgar Anuar Rodríguez García. En 2019, tanto Esperanza como Édgar Anuar fueron denunciados penalmente por el caso García Luna en México, como cómplices de un esquema de lavado de dinero. El fisco congeló sus cuentas bancarias. El pagaré establece que Cristina devolvería el dinero a Familiar “en una o varias exhibiciones, hasta cubrir el monto de la deuda”. 131
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Tres años más tarde, en noviembre de 2011, la conductora de radio y escritora expidió otro documento en el que reconocía el pagaré como real, decía que en efecto le prestó el dinero y no daba ninguna información relativa a que se lo hubiera devuelto. Envié mensajes a Fernanda Familiar solicitándole una entrevista. Me respondió desde su correo una persona que se identificó como E. Valles Vidrio y me dijo que “La Lic. Fernanda Familiar no está dando entrevistas de nin gún tipo”. Unos días después de que Familiar firmó el pagaré, la familia García Pereyra comenzó los preparativos para comprar la nueva casa en Monte Funiar. Como dije, llevaban menos de un año viviendo en Montaña de Omoa. ¿Para qué querían otra casa? En enero de 2008, tropas del ejército detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo. En la madrugada del 21 de enero, un equipo de operaciones de élite cateó una casa en Culiacán, Sinaloa. Después de cuatro horas de operativo, detuvieron al Mochomo y a tres de sus empleados.33 Les incautaron 11 relojes, una camioneta y 900 mil dólares. El Ejército anunció en un comunicado que caía “uno de los principales capos en la estructura de Guzmán Loera” y que los otros miembros de esa élite criminal de Sinaloa eran sus hermanos Héctor, Arturo y Carlos. Lo acusaron de ser quien pagaba sobornos a funcionarios en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit y de dirigir los grupos de pistoleros Los Pelones, en Guerrero, y Los Güeros, en Sonora.34 El subjefe operativo del Estado Mayor del Ejército, Luis Arturo Oliver, anunció la detención del Mochomo. En junio de 2010, casi dos años más tarde, Luis Arturo Oliver Navarro —hijo de Luis Arturo Oliver— fue contratado como uno de los asesores directos de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Y se convirtió en empleado, simultáneamente, de la consultora ICIT, que operó un negocio privado de seguridad utilizando de manera ilegal equipo, personal e información de Seguridad Pública. Contaré la historia de ICIT en el próximo capítulo. En enero de 2008, Oliver padre anunciaba que la detención del Mochomo era “el golpe más importante del actual gobierno contra la estructura del Cártel del Pacífico, antes conocido como Cártel 132
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LOS TRAFICANTES
de Sinaloa”. Beltrán Leyva fue detenido con tres cómplices. “Desde que se replanteó la estrategia de combate al narcotráfico, al inicio de este año, las fuerzas federales y el ejército mexicano han detenido a 50 presuntos integrantes del Cártel del Golfo y a cuatro del de Tijuana, a los que ahora se suman los cuatro detenidos en Culiacán vinculados con la organización delictiva que opera en el Pacífico”, escribió Javier Valdez en su artículo para La Jornada sobre la detención del Mochomo. Académicos, periodistas, exfuncionarios y narcotraficantes con quienes hablé para este libro coinciden en que la detención del Mochomo fue el inicio de un profundo quiebre entre los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva, los Zambada y los Guzmán, que habían traficado juntos durante casi dos décadas. El quiebre, si bien obedecía a una lógica mafiosa, sirvió también al gobierno federal para responder que muchos actos violentos, incluso en los que participaban agentes estatales, eran peleas “entre criminales”.35 El grupo era conocido como La Federación. Esta versión sostiene que el grupo se quebró después de ese arresto, que los Beltrán Leyva consideraron como una traición de Guzmán. A partir de ahí, fiscales e investigadores comenzaron a llamarlos por separado: Cártel de Juárez, de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. Un mes después del arresto del Mochomo, el excomisario Javier Herrera Valles entregó la primera carta en la cual denunciaba una estructura de corrupción en los mandos inferiores directos de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. El comandante Herrera Valles cumplía en ese momento 30 años en la Policía y tenía el cargo de coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. Su carta, de la cual obtuve una copia, afirma que estaba en marcha un operativo para incluir en la Policía Federal a elementos que no habían pasado los exámenes de control de confianza. Herrera Valles me contó que el comandante Eusebio Millán lo llamó por teléfono en 2007 para pedirle que firmara las cartas de ingreso. Millán era uno de los mejores amigos de García Luna desde que ambos fueron agentes del Cisen y lo apodaban El Buches. Herrera Valles dice que se negó a firmar las cartas, alegando que era un procedimiento irregular. 133
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LOS MILLONARIOS DE LA GUERRA
—Me dijo que quien no estaba con Genaro García Luna estaba en contra. —¿Y usted qué respondió? —Que no estaba contra Genaro, sino contra los procedimientos irregulares. Finalmente, firmó el ingreso de los policías Luis Cárdenas Palomino, entonces director de inteligencia. Herrera Valles envió a la Oficina de la Presidencia su primera carta, a través de tres personas que consideraba que tenían acceso al presidente Calderón. Una fuente del círculo más cercano a Calderón me aseguró que en aquel momento llegaba un promedio de 150 mil cartas mensuales a Los Pinos y “no podíamos investigar cada cosa que nos llegaba”. Tal vez la carta fue ignorada en la Presidencia, pero no por García Luna. Las consecuencias para el comandante llegarían pronto. Mientras esto sucedía en la Ciudad de México, la situación en Sinaloa se agravaba. El 8 de mayo de 2008 asesinaron en el estacio namiento de un centro comercial en Culiacán a Édgar Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán y Griselda López, aquellos que vivían en 2001 en la Ciudad de México y viajaron a encontrarse con él en Nayarit. Las fuentes cercanas a la familia Guzmán con quienes hablé para esta investigación me aseguraron que nada en la vida del Chapo le causó un pesar más grande que el asesinato de su hijo, entonces de 22 años. Los hijos de Guzmán, aunque son de madres distintas, permanecen en una estrecha relación y se comunican frecuentemente. Se asumen parte de una misma familia, me dijeron en Sinaloa. Al asesinato de Guzmán López siguió una ola de violencia. Ese mismo 8 de mayo fue asesinado en la Ciudad de México Eusebio Millán, el jefe policiaco que había solicitado a Herrera Valles la firma de la autorización para que entraran a la policía los agentes irregulares. La policía dijo en conferencia de prensa, unos días más tarde, que el asesinato fue planeado por otro policía, destacamen tado en las oficinas policiales de Sinaloa.36 Durante ese mes fueron asesinados siete policías federales en Culiacán y un mes más tarde mataron a tiros en la Ciudad de México a Igor Labastida, el director 134
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