Aplauso perdido

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Título:

El aplauso perdido © Daniel Kerner, Carlos Petersen, 2018

De esta edición: © Turner Publicaciones, S.L., 2018 Diego de León, 30 28006 Madrid www.turnerlibros.com Primera edición: mayo de 2018 Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial. ISBN: Diseño de la colección: Enric Satué Ilustración de cubierta: Diseño TURNER Depósito Legal: Impreso en México La editorial agradece todos los comentarios y observaciones: turner@turnerlibros.com


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¿Ustedes qué hubieran hecho?

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l miércoles 28 de diciembre de 2016 uno de los hombres más buscados por todos los medios de comunicación era el Secretario de Hacienda José Antonio Meade. En diversos programas de radio y televisión Meade insistía en que no había que asustarse con el aumento a las gasolinas que venía, más bien al contrario, ya que por primera vez el precio de la gasolina no dependería de cuestiones políticas o fiscales sino de la oferta y la demanda, lo que le traería muchos beneficios al país. No eran pocos los que recordaban que en el mensaje presidencial de año nuevo de 2015 Peña Nieto afirmó que los “gasolinazos” habían terminado gracias a la reforma energética. El martes 27 la Secretaría de Hacienda había informado que como parte del proceso de liberalización de los precios de gasolina que el Congreso había aprobado en diciembre del 2016, y a causa de la depreciación del tipo de cambio y el aumento en el costo de la gasolina que Pemex importaba, los combustibles aumentarían de golpe entre 14 y 20%, para empezar. El gobierno establecería un precio máximo que perduraría hasta el tres de febrero de 2017, que después sería actualizado dos veces y a partir del sábado 18 de febrero los precios se determinarían de manera diaria. Finalmente, se definieron los elementos que determinarían las cotizaciones máximas regionales: el costo de adquirir el combustible en el mercado internacional, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex, los 133


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impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. A raíz de esta noticia proliferaron protestas ciudadanas y críticas al gobierno. En los primeros días de enero se incrementaron las protestas en distintas ciudades del país, incluyendo caravanas de automóviles, marchas y bloqueos en carreteras importantes, así como en avenidas centrales de todas las capitales del país. A esto se sumó el aumento en el costo de la electricidad en 4.5% para los sectores industrial y comercial, anunciado por la cfe el lunes 2 de enero. El miércoles 4 la situación parecía desbordarse. Se reportaron saqueos y actos vandálicos en decenas de tiendas del Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, lo que provocó numerosas movilizaciones de efectivos de seguridad. Al día siguiente, el jueves 5, la Conferencia del Episcopado Mexicano hacía un llamado a todas las fuerzas políticas para “reconsiderar” la medida. Mientras el secretario de Gobernación anunció la movilización de recursos y efectivos para contener otros posibles actos vandálicos, el secretario de Comunicaciones y Transportes advertía que revocarían permisos a los transportistas que participaran en los bloqueos. Para entonces, las imágenes de protestas y desmanes saturaban las redes sociales y los noticieros. El “gasolinazo” era una parte importante de la reforma energética. Como parte de la apertura del sector, el gobierno se había puesto el objetivo de liberalizar completamente el mercado de gasolinas. Esto implicaba quitarle el monopolio a Pemex y permitir que otras empresas vendieran gasolina. Por otro lado, y como parte del esfuerzo por generar más competencia, la reforma proponía liberalizar los precios y que éstos fueran determinados por el mercado, de la misma manera que en Estados Unidos. Esto tenía como objetivo hacer el mercado más eficiente, promover el interés de inversionistas privados, así como reducir el costo fiscal. La reforma, además, le quitaba al poder ejecutivo la decisión 134


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sobre los precios de los combustibles. El plan era liberalizarlos, pero además darle el poder al nuevo regulador, la Comisión de Regulación de Energía (cre). Originalmente la reforma establecía que la liberalización se diera en 2018, pero el gobierno había querido adelantarse a 2017, en parte para pagar el costo político antes de que comenzara el año electoral, pero también para asegurarse que el proceso estuviera completo antes de que asumiera el nuevo gobierno, por la preocupación de que López Obrador pudiera ganar las elecciones y frenarlo. Había sido una decisión temeraria que reflejaba también cómo operaba Peña Nieto. El presidente estaba en su peor momento político hacia finales del 2016, tras las derrotas electorales y el enojo por la visita y victoria de Trump. Pero el presidente mantenía el compromiso con la reforma, aún si esto ponía más en riesgo su poder político. Peña Nieto seguía convencido de que, eventualmente, el país comprendería sus acciones. Por su parte, el presidente dio un anuncio de año nuevo en el que afirmó que compartía el enojo por la medida, pero que mantener el precio artificial de las gasolinas ‘‘nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía’’. Y aunque llamó a la unidad, una pregunta se convirtió en la nota: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”. El 10 de enero el presidente convocó al “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” con distintos grupos del sector privado, político y social, con el fin de minimizar el impacto del aumento en los precios de la gasolina. Este acuerdo consistía en contener precios de otros productos para evitar una espiral inflacionaria que trajera consecuencias más graves, tanto económicas como políticas. Desesperado, Peña Nieto trataba de mitigar el impacto de una política de reforma con la que estaba comprometido. Por un lado, el gobierno estaba 135


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elevando el precio de la gasolina para equipararla a su “precio justo” con el fin de liberalizarla después, pero al estilo del viejo régimen, pretendía limitar las consecuencias a través de instrumentos políticos e intervencionistas, para “convencer” a la clase política y empresarial de sumar filas detrás del gobierno. El impacto fue durísimo. La situación social se había agravado primero por problemas y rumores de desabastecimiento en las últimas semanas del 2016, y después por el aumento de los precios. La popularidad del presidente se desplomó. Llegó a los niveles más bajos de cualquier presidente desde que se han realizado mediciones. Las expectativas económicas se deterioraron aún más, en un contexto donde el frente externo se veía cada vez más incierto por las señales que llegaban desde Estados Unidos. El retorno del hijo pródigo La victoria de Donald Trump había modificado completamente el escenario para el gobierno. Desde el sexenio de Salinas, México había apostado su futuro económico a la integración con Estados Unidos, en parte como un reconocimiento de la importancia de la cercanía con la principal economía del mundo, y el tlcan era la piedra angular de esta estrategia. La decisión también tenía como objetivo evitar caer en la tentación proteccionista. Ahora el proteccionismo emanaba de Washington y Trump amenazaba con destruir el tlcan. No era casualidad que el precio del dólar oscilara entre los $18 pesos el día después de las elecciones en Estados Unidos y $21.90 el 19 de enero, un día antes de la inauguración de Trump como presidente. A partir de ese momento, el peso se movió al son de las señales que emanaban de Washington. En su peor momento político, con los frentes internos y externos plagados de incertidumbre, el presidente decidió traer a su principal asesor nuevamente al gobierno. El 4 de enero en un acto en Los Pinos, presentó a Luis Videgaray como el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. El presidente necesitaba a su mejor 136


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operador y persona de más confianza encargado del mayor desafío. Videgaray, además, había establecido vínculos con el entorno de Trump, especialmente con su yerno, Jared Kushner. A los ojos de Peña Nieto, Videgaray, el artífice de la tan criticada visita de Trump a México estaba reivindicado por haber intentado construir estos vínculos desde el primer momento. Videgaray estaba exuberante por regresar el centro del poder, pero también se mostraba más humilde, y parecía haber aprendido algo de su estrepitosa caída. Entre la clase política y empresarial Videgaray era percibido como alguien muy inteligente pero sumamente soberbio. Sin embargo, en su primer evento público como canciller, rodeado de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, declaró que no tenía experiencia en la materia ni una carrera diplomática, por lo que desconocía lo que se necesitaba para llevar a cabo esa labor. Dejando a muchos sorprendidos (y a otros inconformes) agregó: “Se los digo de corazón y se los expreso con humildad: vengo a aprender de ustedes, a hacer equipo con ustedes en un momento en el que México nos necesita más que nunca.” Lo cierto es que el desafío era enorme, y no había mucho tiempo para aprender. Nadie sabía qué quería exactamente Trump y hasta donde estaba dispuesto a llegar. Durante la campaña, el presidente norteamericano había insistido fuertemente en el tema del muro, en que México pagaría por él, y en una posición anti inmigración. Pero la mayor preocupación era qué pasaría con el tlcan. Peña Nieto y Videgaray preferían la contención, pero Trump lo complicaba ya que forzaba al presidente a reiterar públicamente que no pagaría por el muro. Y, para peor, el peso reaccionaba ante cada embate de Trump, complicando aún más el manejo de la política económica. El Banco de México reaccionó con la intención de contener un posible aumento de la inflación, producto de la depreciación del peso. Entre septiembre de 2016 y noviembre 137


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de 2017, el último día de Agustín Carstens al frente del Banco Central , éste elevó siete veces la tasa de referencia (de 4.25% hasta 7%). Banxico también realizó una serie de subastas de dólares y de swaps. La mayoría de las veces, estos intentos por controlar la volatilidad del peso fueron opacados por el poder de los tuits de Trump. El 20 de enero la atención de buena parte del mundo se centró en la toma de posesión de Trump y, al día siguiente, en sus primeras decisiones. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que se había programado una reunión entre el mandatario estadounidense y Peña Nieto para el 31 de enero. Pero el miércoles 25, mientras Videgaray y Guajardo arribaban a los Estados Unidos para detallar la reunión programada, Trump firmaba una acción ejecutiva que incluía la canalización de recursos para la construcción del muro, así como para reforzar las deportaciones desde Estados Unidos. Esa noche, Peña dio un mensaje en el que rechazaba la medida. Al día siguiente, Trump amenazó con cancelar la reunión si el gobierno mexicano no aceptaba públicamente que pagaría por el muro, elevando la tensión al grado que el presidente mexicano terminó por cancelar la reunión. Después del ridículo internacional que Peña Nieto había pasado durante la visita de Trump a México, el gobierno mexicano no podía sufrir otra humillación. La decisión de cancelar la reunión fue una primer muestra de fortaleza de parte del gobierno. A pesar de su debilidad, a partir de ese momento marcó límites más claros de lo que estaba dispuesto a tolerar. Meses más tarde, el diario estadounidense The Washington Post reveló que el 27 de enero ambos mandatarios se comunicaron por teléfono. En la transcripción se evidenció que Trump no quería la reunión. Se habló del tráfico de drogas y el problema de inseguridad, así como de las relaciones comerciales. Tal vez el logro más importante que consiguió Peña Nieto en la llamada fue el acuerdo de no hablar públicamente sobre el pago del muro. 138


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Trump se veía mal ante su base y el electorado norteamericano cuando Peña Nieto lo confrontaba y él no podía hacer realmente nada para desmentir que México no pagaría. Esto le dio un respiro a México y disminuyó la tensión con la Casa Blanca que iba aumentando cada vez que se tocaba el tema. El tono menos contencioso se mantuvo por los siguientes meses, hasta la primera reunión bilateral que se realizó el 7 de julio en Alemania, en el marco de la Cumbre del g-20. Ahí, ante la pregunta de sí México pagaría el muro, Trump respondió enfático: “Absolutamente”. Además, desde Washington se lanzó un video de 3 minutos en el que hablaba de romper cualquier tratado que no beneficiara a la nación americana, destacando la renegociación o cancelación del tlcan. Videgaray, interrogado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense solo atinó a responder: “Yo no puedo desmentir. Lo que les puedo decir es que yo no lo escuché. Si lo dijo, no lo escuchamos…”. De hecho, ambas partes reiteraron que el tema del muro había sido excluido por los equipos para no entorpecer el diálogo y en su lugar se privilegiaron los temas de combate al crimen, control migratorio y el tlcan, además de poner “especial atención” en la crisis de Venezuela. Mientras todo esto ocurría el equipo mexicano encabezado por Guajardo se preparaba para la renegociación del tlcan, cuya primera ronda se realizó del 16 al 20 de agosto en Washington. Salvar al tlcan era el objetivo primordial para México. El gobierno y los empresarios cerraron filas rápidamente en defensa del tratado, buscando tener una estrategia común y eficaz para evitar que Trump lo rompiera. Tanto el gobierno como el sector privado veían al tlcan como uno de los principales pilares de la estrategia económica del país y de su estabilidad. Lo cierto es que el tlcan había transformado la economía mexicana. No solo era una economía más abierta, sino que México se había convertido en un país más diversificado, con algunos sectores muy dinámicos y competitivos como el manufacturero. Aunque el crecimiento 139


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general del país había sido bajo, ciertas regiones crecían a tasas muy elevadas, como resultado de inversiones manufactureras de creciente sofisticación. Los bajos costos laborales eran la principal ventaja competitiva del país, pero el tlcan había dado una certidumbre jurídica que había cambiado fundamentalmente la economía del país. Nadie, o casi nadie en México quería cambiarlo. Tampoco eran muchos los que querían cambiarlo en Estados Unidos. Trump había sido claro en cuanto a que pensaba que era el peor tratado de la historia, una idea que iba de la mano de su visión más general de que otros países se aprovechaban de Estados Unidos y que éste debía recalibrar sus relaciones en su beneficio. Para muchos de los votantes de Trump México era responsable de muchos de sus problemas, y líderes sindicales en general eran críticos del tlcan ya que le atribuían la desaparición de empleos en su país. Pero el tratado tenía un apoyo muy grande entre los principales empresarios, la mayor parte de la clase política, y entre los votantes en los estados que se habían beneficiado del tratado,principalmente estados agrícolas que eran además bastiones republicanos. Pero a Trump no le gustaba y, sin objetivos claros, se lanzó a renegociar el tratado. El gobierno de Estados Unidos se tomó su tiempo con el proceso. Primero hasta que nombró a su negociador, Robert Lighthizer, y después hasta que finalmente presentó su plan. Canadá comenzó el proceso intentando distanciarse un poco de México. Pero con el tiempo, al darse cuenta de que el impacto podría ser parejo y de que la imprevisibilidad de la administración Trump afectaba las negociaciones, fue convergiendo a una posición más cercana a la de México. Nadie sabía que pasaría en la primera reunión. Al finalizar, privó el hermetismo y no se hicieron públicos los avances o desacuerdos, aunque trascendió que Lighthizer abrió las participaciones con una declaración incendiaria respecto a que el tlcan le había fallado a los trabajadores americanos. 140


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La ronda 2 se realizó del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México y fue más tensa ya que los representantes estadounidenses presentaron sus propuestas con mayor claridad, muchas de ellas de una dureza inesperada y difíciles de aceptar para Canadá y México. Entre muchos otros temas, Estados Unidos quería aumentar el contenido regional en la industria automotriz, eliminar el sistema de Revisión y Solución de Controversias y poner una cláusula que le diera a los países la posibilidad de salirse del tratado cada cinco años. Eran propuestas agresivas que parecían destinadas a dinamitar las negociaciones. Detrás de la agresividad de Lighthizer estaba mostrarse duro para lograr una negociación exitosa, y cierta confusión de objetivos. Pero también era claro que el gobierno de Estados Unidos quería cambiar las reglas del juego y lograr un acuerdo que hiciera a México un destino menos atractivo para las inversiones manufactureras norteamericanas. En la visión comercial de Trump, el principal problema eran el déficit comercial y las inversiones que se iban de Estados Unidos. Dado que el déficit era principalmente en manufacturas, ahí estaba enfocada su atención. México es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, y el segundo destino de sus exportaciones (después de Canadá). En 2017, el déficit comercial de Estados Unidos con México fue de 71,000 millones de dólares, pero en el sector automotriz fue de 82,000 millones de dólares. Quitando manufacturas, el déficit desaparece. De hecho Estados Unidos tiene un un superávit en servicios de cerca de 7 mil millones de dólares. Durante las siguientes rondas México y Canadá bailaron al ritmo del desorden y la falta de estrategia clara de Estados Unidos, avanzando lentamente en asuntos en los cuales un acuerdo era sencillo, o en temas que ya habían sido negociadas como parte del tpp. La tercera ronda se realizó en Ottawa, Canadá, entre el 23 y el 27 de septiembre, donde las partes celebraron el primer acuerdo de los 23 temas a discutir, el relativo a las Pymes, así como el avance 141


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significativo en rubros como telecomunicaciones, política de competencia, comercio electrónico, aduanas y facilitación comercial, prácticas regulatorias y temas fronterizos. Sin embargo, también quedó claro que no se cumpliría el plazo ideado. Al principio de las negociaciones, la intención, demasiado optimista, era que la renegociación terminara a finales del año. Lo que se hizo evidente ahora es que estas se extenderían a 2018. Esto no era del todo sorpresivo, pues los acuerdos comerciales en general tardan años en concluirse, pero el gran problema era que vendrían elecciones generales en México en julio de 2018 y legislativas en noviembre en los Estados Unidos. La cuarta ronda se realizó de nuevo en Washington del 11 al 17 de octubre y fue la más ríspida de todas. La conferencia de prensa al terminar la ronda hizo evidente el malestar de todos los participantes. De hecho, el representante estadounidense declaró en público estar “francamente sorprendido y decepcionado por la resistencia” de sus pares, mientras que éstos respondieron por separado que eran sensatos y que veían por los intereses de sus naciones. México y Canadá estaban cada vez más firmes en algunos temas, especialmente porque sentían que la oposición a las posturas de Trump también aumentaba en Estados Unidos. El panorama en ese momento se veía cada vez más complicado, y abundaban los rumores de que el verdadero objetivo de Trump era salirse del tlcan. Los principales representantes no asistieron a la siguiente ronda que se realizó en la ciudad de México del 17 al 21 de noviembre de 2017, con el fin de evitar otra mala conferencia de prensa, esperando que los negociadores pudieran avanzar con menos presiones. Al final, se anunció la posibilidad de concluir capítulos sobre comercio electrónico, medidas sanitarias y fitosanitarias, mejores prácticas regulatorias, el tema ambiental, el de facilitación de comercio y aduanas y anticorrupción, todos temas poco complejos. 142


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El lunes 29 de enero de 2018 concluyó la sexta ronda de negociaciones en Montreal, con el cierre del capítulo sobre anticorrupción y un anexo sobre tecnologías de la información y la comunicación. Aunque los avances fueron lentos, el clima en la ronda fue el más positivo hasta el momento, y se generó la percepción de que Estados Unidos había cambiado su postura más disruptiva y genuinamente quería llegar a un acuerdo. Desde el comienzo de las negociaciones existían dudas sobre las verdaderas intenciones de Trump, y muchos temían que, por convicción o como estrategia de negociación, Trump iniciara el proceso para salir del tratado. Los rumores crecieron después de la ronda de Washington, y es probable que el fuerte cabildeo lanzado sobre Trump haya empezado a lograr resultados. Importantes miembros del empresariado y la clase política le dejaron claro a Trump la importancia del tlcan para la economía norteamericana, y que pagaría un costo político si se salía del tratado, dado el fuerte apoyo al tlcan en estados que habían votado por Trump, y que tanto él como su partido necesitaban para triunfar en las próximas elecciones. A partir de ahí las negociaciones cobraron fuerza, tratando de llegar a un acuerdo corriendo contra el reloj. Aunque México estaba en una posición de vulnerabilidad y debilidad frente a Estados Unidos, la estrategia del gobierno rindió frutos. México fue capaz de trazar en líneas claras lo que no estaba dispuesto a aceptar, fue colaborativo con el fin de llegar a un buen acuerdo y, de especial importancia, fue construyendo apoyos dentro de Estados Unidos. Elecciones en el Estado de México Mientras el gobierno lidiaba con el complicado escenario externo, tenía que atender los desafíos políticos internos. Venía de perder en la mayoría de las elecciones para gobernador en 2016 y estaba en su peor momento de popularidad. La debilidad política del presidente era palpable. El domingo 27 de noviembre, el presi143


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dente participó en la reunión del Consejo Político Nacional del pri, en la que el tema central fue la estrategia para las elecciones de 2017 y 2018. Ante rumores y presiones de las antes llamadas “fuerzas vivas del partido” sobre quién podría ser el sucesor, Peña parafraseó a Jesús Reyes Heroles: “Primero el proyecto, después los nombres”. Para el partido y el presidente la clave de la supervivencia era mejorar el desempeño electoral del pri, y sobre todo triunfar en la elección a gobernador del Estado de México (había elecciones en Coahuila y Nayarit también). Es el estado más poblado, el pri nunca había perdido la gubernatura ahí y era además el bastión de Peña Nieto. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en esta entidad el padrón electoral asciende a 11.3 millones de ciudadanos, equivalente al 13.13% del total. En este sentido, controlarlo es de suma importancia dados los recursos y poder político que controla. Perderlo hubiera significado una derrota política con consecuencias inimaginables, y ciertamente hubiera sepultado el poder del presidente en el crepúsculo de su sexenio. Pero el descontento en el estado era enorme, por lo que el triunfo no estaba garantizado. El estado enfrentaba un deterioro significativo en seguridad, y económicamente no había tenido un desempeño muy satisfactorio. Tlalnepantla, por ejemplo, ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo con violencia seguido por Ecatepec, y Naucalpan en tercer lugar. Hacia la victoria debían estar enfocados todos los esfuerzos. Primero, claro, había que elegir un candidato. A principios de marzo de 2017, más de 26 mil delegados priistas votaron a mano alzada la candidatura de Alfredo del Mazo, primo del presidente. La familia del Mazo es quizás una de las de más amplio abolengo político en México. A principios del siglo xx Alfredo del Mazo Villasante, bisabuelo del candidato priista, fue presidente municipal del mítico Atlacomulco. La familia del Mazo llegaría a la cúspide de la mano del padre del grupo Atlacomulco, Isidro Fabela, quien, en 144


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1942, como gobernador del Estado de México, nombró tesorero del estado a Alfredo del Mazo Vélez, abuelo del candidato. En pocos años Isidro y Alfredo consolidaron una importante amistad que llevaría a la candidatura a la gubernatura al segundo, puesto que alcanzó en 1945. Su hijo, Alfredo del Mazo González ganó la gubernatura del Estado de México en 1981. Padre y abuelo tuvieron el suficiente poder político como para sonar como posibles candidatos a la presidencia, aunque la suerte no estuvo de su lado. Del Mazo había ocupado diversos cargos en instituciones del estado. En 2011 aspiró a la candidatura a gobernador, pero Peña Nieto prefirió a Eruviel Ávila. En 2012, luego de la victoria de su primo fue nombrado director general del Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras), puesto que dejó en 2015 para ocupar una diputación federal por el pri. Como presidente municipal de Huixquilucan se ganó el mote de “El Caballero de Huixquilucan” en las revistas de sociales. A pesar de su apellido no era el político más carismático, y era familiar de un presidente impopular. Pero Peña Nieto pensó que con estrategia y maquinaria alcanzaría para convertirlo en gobernador. El mayor desafío para del Mazo provino de Morena. En 2013 una maestra prácticamente desconocida de nombre Delfina Gómez Álvarez, fue postulada por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano para contender en la elección por la presidencia municipal de Texcoco. Para sorpresa del prd y el pri, Delfina obtuvo la victoria, y construyó desde ahí una carrera política en el estado. De manera muy anticipada en julio de 2016 López Obrador “destapó” y, fiel a su estilo, impuso a Delfina como candidata. Desde la precandidatura, Andrés Manuel apareció en spots de televisión, en propaganda de mano y en espectaculares callejeros, dejando claro que él era la principal figura en esa candidatura y el verdadero canalizador del voto. El pan postuló a Josefina Vázquez Mota. Aunque las alianzas pan-prd habían funcionado muy bien en 2016, las diferencias 145


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entre los liderazgos locales en el Estado de México del pan y el prd sobre quién debía ser el candidato, impidieron que compitieran juntos. En gran medida, esto ayudó a determinar el resultado de la elección. López Obrador había decidido imponer a su propia candidata en lugar de negociar con el liderazgo del prd. Con la alianza de izquierdas caída, el prd presentó a su propio candidato, el joven presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl Juan Zepeda, a quien la oposición acusó de haber sido ayudado por el propio gobierno. A medida que se acercaba la elección, las encuestas comenzaron a mostrar un fuerte descenso del apoyo a Vázquez Mota, y un crecimiento interesante de Zepeda, mientras que Delfina y del Mazo se disputaban el primer lugar. El gobierno, consciente de lo se jugaba en la elección, puso todo para ganar. El pri había aprendido la lección del 2016. Era necesario usar todos los recursos y trucos necesarios para garantizar el triunfo electoral. Si restaurar el antiguo régimen era unos de los objetivos del presidente, utilizar sus estrategias electorales, muchas de las cuales habían seguido siendo usadas en elecciones locales, no era algo impensable. Finalmente, en los Pinos pudieron festejar en la noche del 4 de junio, en un clima muy diferente del que habían vivido solo un año antes. El pri había perdido en Nayarit, sí, pero era algo esperado e imposible de remontar. Pero en la “Joya de la Corona” la avanzada había funcionado. Como era de esperarse, al cierre de las casillas todos los candidatos se declararon vencedores, pero más tarde, con el 97% de las actas computadas, fue anunciado el resultado preliminar de la elección: la victoria fue para del Mazo con el 33.71%, seguido muy de cerca por Delfina Gómez con el 30.81%, en un lejano tercer lugar el candidato perredista con el 17.82%, y aún más lejos Vázquez Mota, con el 11.27%. Como era de esperarse también, inmediatamente los resultados fueron desconocidos por López Obrador, quién comenzó a invocar el voto por voto y casilla 146


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por casilla. Pero con el objetivo de la elección presidencial cada vez más cerca, no hizo demasiado ruido. Aunque Peña Nieto y el pri podían respirar aliviados, el resultado no era del todo tranquilizador. El pri había perdido casi treinta puntos porcentuales comparado con la elección anterior, así como apoyo en áreas importantes del estado. Es más, el pri no había sido el partido más votado, y del Mazo había obtenido la mayoría de los votos gracias a su alianza con el Partido Verde. El resultado mostraba, además, el fuerte crecimiento de Morena, y la fortaleza electoral de López Obrador. De la nada, se había consolidado como la segunda fuerza electoral en el estado de mayor población del país y había hecho importantes avances en muchas regiones, capturando el enojo del pri. Si Morena había perdido la elección había sido principalmente por la división de la izquierda y el buen desempeño del prd, lo que también mostraba los potenciales problemas de la estrategia electoral de López Obrador. En Coahuila la situación fue algo diferente. Considerado territorio de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, la competencia estaba clara desde el principio: la disputa entre el candidato priista Miguel Riquelme Solís y el panista Guillermo Anaya Llamas. Las encuestas mostraban un descontento con la alta corrupción y el deterioro de la seguridad. Según inegi, en Coahuila la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes en 2014 fue de 17,080 habitantes, la cual se elevó en 2015 a 21,501. A pesar de esto, la elección se perfilaba como una contienda cerrada. El cinco de junio por la madrugada, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila dio a conocer el resultado del conteo rápido de actas. En éste daba la victoria al candidato de Acción Nacional. Sin embargo, el mismo cinco de junio se detuvo el prep (Programa de Resultados Electorales Preliminares) entre las cuatro y las siete de la mañana, lapso luego del cual el resultado cambió a favor de Riquelme, quien estaba 2% arriba del pan. A las cuatro 147


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de la tarde de ese mismo día el prep se congeló con el conteo del 71.91% de los votos, con el candidato priista a la cabeza. Ricardo Anaya, presidente nacional del pan, anunció que impugnarían la elección y que desconocerían el resultado. En un hecho insólito en la entidad los candidatos de los otros partidos decidieron unirse a Acción Nacional e impulsaron un frente al que denominaron “Coahuila Digno”, desde el cual acusaron abiertamente al gobierno estatal de haber promovido un fraude electoral. El 8 de junio las autoridades electorales del estado llegaron a la conclusión de que no había elementos para anular la elección. Afirmaron que no era tiempo de especulaciones, y que habría que esperar al conteo total de los votos, ya que no se sabía todavía quién sería el triunfador de la elección. Luego de varios días de dimes y diretes, el Instituto Electoral estatal confirmó la victoria de Riquelme con un 38.9% de los votos, mientras que Anaya había obtenido el no tan lejano 36.4% de los votos. Al conflicto electoral siguió la impugnación por rebasar los topes de campaña. Pero el 25 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) validó la elección, en contra de lo que el ine había fiscalizado y declarado. De acuerdo con el instituto electoral el pri había excedido su gasto en 9.2%, lo que era suficiente para invalidar el resultado de la elección. El tepjf volvió a estimar el gasto del pri, el cual se redujo lo suficiente como para estar dentro del margen de la legalidad y poder declarar válido el resultado. Era otra gran victoria para Peña Nieto y el presidente del pri Enrique Ochoa, quien había tomado las riendas del partido después de la debacle del 2016, con la encomienda de ganar los retos electorales que se le presentaran. También mostraba el control que el gobierno tenía sobre instituciones claves, y que estaba dispuesto a usarlo. El pri logró ganar dos de tres gubernaturas de las disputadas en 2017. Aunque perdió apoyo fue una victoria importante que ayudó al presidente a recuperar poder político. La victoria en el Estado 148


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de México sirvió para fortalecer la figura del presidente, al menos en el pri, y a generar la percepción de que a pesar del descontento y de que los niveles de aprobación seguían en niveles bajos el partido tenía suficiente fortaleza para triunfar en elecciones. Los resultados electorales positivos le aseguraron el control del pri, en un contexto en el que distintas facciones comenzaban a dudar de su liderazgo por los malos resultados anteriores y la impopularidad del gobierno. Para la clase empresarial el resultado de las elecciones también fue una muestra de fuerza del presidente, justo cuando por primera vez en varios años el enemigo no era el gobierno. Empresarios y Peña Nieto tenían ahora una agenda en común: salvar el tlcan. El miedo a Trump junto con el fortalecimiento político del pri generaron entre la clase política y empresarial una sensación de que el gobierno había recobrado un poder que no se había tenido desde la aprobación de las reformas. El pri reafirmaba que el poder del Estado era real y que estaba de vuelta para reinstaurar el régimen. En este contexto de nerviosismo y con la percepción de que el proyecto político de Peña Nieto iba en camino a consolidarse de nuevo, la atención de todos se puso en la sucesión y la elección presidencial. El “tapado” Durante los 70 años de control de la presidencial del pri la sucesión en el partido la manejaba el presidente, eligiendo cada seis años a su sucesor a través del famoso dedazo. Este particular proceso funcionó relativamente bien durante la era priista, a pesar de las tensiones que generaba al interior del partido. Pero a medida que el poder del pri menguaba, el sistema dejó de funcionar. Una vez que el presidente dejó de tener el control del partido, como en el caso de Zedillo, o una vez perdida la presidencia, el partido debió buscar un nuevo método. Los candidatos para las elecciones del 2000 y 2006 fueron seleccionados mediante elecciones primarias, que funcionaron con menor efectividad. Las imágenes 149


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de sus contendientes se desgastaron en descalificaciones mutuas, al punto de que al arrancar las campañas la posibilidad de demostrar unidad y solidaridad dentro del partido era prácticamente nula. En 2012 Peña Nieto logró asegurar el control del partido dado que era, de lejos, el candidato más fuerte. Pero de regreso en la presidencia, e intentando restablecer muchos de los comportamientos del pasado, quedó claro rápidamente que de nuevo sería el presidente quien elegiría al candidato. A lo largo del sexenio los nombres que más sonaban eran Videgaray, Osorio Chong, Nuño, Meade, José Narro y, un poco más tarde, Enrique de la Madrid. Durante gran parte del 2017 los observadores políticos la pasaron como antaño, intentando descubrir señales sobre quién sería el elegido. La mayoría de las encuestas mostraban a Osorio Chong como el que tenía mayor apoyo entre los votantes, pero no era claro que ése fuera a ser el criterio principal de la elección del candidato. En septiembre Emilio Gamboa, coordinador de la bancada priista del Senado y muy cercano a Peña Nieto, reveló que había organizado una consulta entre los senadores priistas para evaluar a los distintos “tapados”. Los finalistas eran Osorio, Nuño, Narro y Meade. Videgaray estaba enfocado en contener a Trump y ya se había auto descartado en mayo. En las distintas tertulias se pensaba que el recién llegado secretario de Hacienda era el favorito, y las señales parecían confirmarlo. Pero Peña Nieto, repitiendo y respetando comportamientos tradicionales del partido, dejó que todos los candidatos siguieran en carrera, haciéndolos desfilar por distintas pasarelas y dándoles esperanza hasta el final. La primera señal llegó en agosto de 2017 durante la xxii Asamblea Nacional del pri. Ahí se decidió quitar los candados para que el partido pudiera postular como candidatos a elección popular a ciudadanos sin militancia. A finales de los noventa se había introducido el requisito de diez años de militancia en el partido para contender por candidaturas. El cambio parecía tener nombre y 150


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apellido: José Antonio Meade, quien no estaba afiliado al partido. Peña Nieto cerró la Asamblea Nacional llamando a cerrar filas en favor de la unidad. El mensaje quedó claro. Él sería el encargo de designar al nuevo candidato y todos deberían darle su apoyo. Al final, como muchos pensaban, Meade fue el elegido, aunque su “destape” fue más descuidado de lo que seguramente esperaba el presidente. El miércoles 22 de noviembre ante todo el cuerpo diplomático acreditado en México el canciller Luis Videgaray presentó a Meade como “el único mexicano junto a Plutarco Elías Calles en haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos diferentes” y uno de los mexicanos más talentosos y preparados, con una trayectoria impecable y cuya gestión ha dado rumbo y estabilidad al país. Los asistentes y la prensa interpretaron el episodio como “el destape”. En medio de la polémica, al día siguiente Videgaray escribió en su cuenta de Twitter: “Ayer tres secretarios impartieron conferencias en la Cancillería, y a los tres los presenté con calidez, gratitud y reconocimiento a su talento y trayectoria. No hay que confundir eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán dónde deben tomarse”. Por su parte, en Baja California Sur, Peña declaró: “Andan bien despistados todos. […] El pri, como lo ha hecho siempre, con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar a quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar”. Pero el 27 de noviembre Meade renunció a la secretaría de Hacienda, y confirmó que iría por la candidatura. Con la elección de Meade, Peña Nieto elegía a quien él pensaba era el candidato más competitivo, y aquel que podía garantizar la continuidad de su proceso de reformas. En la estrategia del gobierno Meade tenía dos cualidades. Era un tecnócrata considerado como honesto e independiente, y en Los Pinos pensaban que éste era el perfil necesario para ser competitivo en una elección donde el descontento con la corrupción era elevado. Al mismo tiempo Meade podía apelar al votante panista, ya que 151


El aplauso perdido

había sido secretario de Energía y Hacienda durante el sexenio de Calderón. El pan entraba en la contienda dividido: la ex primera dama Margarita Zavala había abandonado el partido al no obtener condiciones aceptables para competir por la candidatura y se iba a postular como independiente, e importantes facciones del partido no estaban contentas ni alineadas con la forma en que Ricardo Anaya se había apoderado de las decisiones internas del pan y finalmente de la candidatura presidencial. El gobierno apostaba a que votantes panistas desencantados con su partido, descontentos por la alianza que había hecho con el prd y preocupados por López Obrador, votarían por Meade. Sin comprender del todo el enojo con el gobierno, Peña Nieto nuevamente subestimó el descontento, y pensó que, además de la maquinaria, eventualmente la mayoría de los mexicanos entenderían que el pri había hecho lo necesario, y que lo había hecho bien. Ahora solo había que repetir la estrategia del Estado de México a nivel nacional para mantenerse en el poder. Pero al mismo tiempo que apostaba por el candidato menos identificado con el pri, su nominación se hizo con un fuerte tono priista. No solo se le eligió por dedazo, sino que sus primeros movimientos daban la impresión de que México había regresado al antiguo régimen. El mismo día de su destape, Meade se dirigió a visitar a los representantes de los sectores del pri para buscar su apoyo: la Confederación de Trabajadores Mexicanos (ctm), la Confederación Nacional Campesina (cnc) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (cnop). Era una decisión extraña. Los sectores del pri habían perdido influencia política en las últimas décadas, inclusive dentro del pri, y sin embargo ahí comenzaba Meade su camino a la candidatura. A ellos les pidió “háganme suyo”. La estrategia era convencer primero a los priistas, no del todo entusiasmados con tener un candidato que no era realmente un militante, para después enfocarse en el resto del electorado, que no quería al pri. 152


¿Ustedes qué hubieran hecho?

En parte esta estrategia también tenía que ver con que el proceso había dejado heridos en el camino. Tal vez el caso más notable fue el de Osorio Chong, que mantuvo sus esperanzas vivas hasta el final. Osorio lideraba las encuestas, pero era un político demasiado tradicional como para expandir la base de votantes, especialmente en un contexto donde la población estaba claramente decepcionada con el gobierno y el pri. Su descontento mostró los límites y problemas de repetir un esquema suigéneris en circunstancias distintas a las del pasado. Nuño y Narro parecían haber tomado mejor el desenlace. El primero por ser un fiel colaborador del presidente y el segundo por no tener realmente una aspiración por la presidencia tan marcada ni de tanto tiempo atrás. Envalentonados por la victoria en el Estado de México y el control de la sucesión a la antigua, con un fuerte control de los medios y apoyo del empresariado hacia finales de año, parecía que el pri iba camino a mantenerse en el poder y que el plan de restaurar el antiguo régimen era posible nuevamente. Pero si en el mundo político el orden parecía restaurarse, en el resto de la sociedad la situación era muy diferente, lo que eventualmente volvería a sacudir y dar un baño de realidad a los planes de Peña Nieto. Economía, corrupción y violencia: la débil estructura Por un lado la economía resistió bastante bien los choques externos de Trump y la caída de precios del petróleo, lo que mostraba la solidez de la economía mexicana construida a lo largo de varias décadas. En 2017 la economía creció 2.1% principalmente impulsada por una revitalización del sector exportador, especialmente el manufacturero. Esto se debió al mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos y la depreciación del peso, que hizo más competitivas las exportaciones. El consumo fue otro factor positivo, pero en menor medida que el año anterior. A causa del gasolinazo y la depreciación del tipo de cambio la inflación había ido 153


El aplauso perdido

en constante aumento. A principios de 2017 la inflación estaba en 4.72%, pero acabó en 6.77%. El gobierno continuó además avanzando en la implementación de las reformas estructurales, especialmente la energética. Un poco antes del gasolinazo, representantes del gobierno dieron a conocer los resultados de la Ronda 1.4 sobre exploración y explotación de hidrocarburos, que incluía la primera asociación de Pemex. La licitación del campo Trión, “la cereza en el pastel de la reforma energética” mostró que la éstaseguía avanzando con éxito. Durante el año se llevarían a cabo cuatro subastas más, incluidas algunas asociaciones con Pemex, en las que en total se conseguirían asignar 33 contratos en campos terrestres y marinos, al mismo tiempo que las reformas al interior de Pemex empezaban a dar frutos. En mayo la empresa estatal reportó utilidades por $87 mil millones de pesos, rompiendo una racha de 17 trimestres consecutivos (desde 2012) de haber reportado pérdidas. Por otro lado, para finales del 2017 el proceso de liberalización de gasolinas avanzaba a paso firme. El balance lo reflejó muy bien Peña Nieto el 22 de diciembre, en el marco de la conmemoración por la muerte de Morelos, cuando hizo un balance del año: [me siento] “Contento y muy esperanzado en que venga un gran año 2018, creo que a final de cuentas concluye un año que fue mejor de lo que pintaba a inicios de este año, creo que logramos mantener el barco a flote, bien, generando empleos, creciendo económicamente”. Pero en lo relativo a dos de los grandes problemas que más molestaban a la sociedad, seguridad y corrupción, la situación se siguió deteriorando y las respuestas del gobierno fueron insuficientes. Así se construía la candidatura de Meade, sin que el gobierno lo entendiera, sobre una base electoral muy endeble. El enojo con la corrupción siguió escalando y los escándalos se multiplicaron sin que el gobierno hiciera mucho al respecto. Esto fue especialmente visible en el caso de varios de los gobernadores 154


¿Ustedes qué hubieran hecho?

priistas que habían sido cercanos a Peña Nieto. El que generó mayor atención fue el del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Tras perder la elección en 2016 empezó a aparecer con fuerza información sobre niveles de corrupción desorbitantes. Esto incluía millones de dólares en bienes, así como evidencia de que su gobierno había adulterado medicinas oncológicas para niños. Si el de Duarte fue el más mediático, aparecieron también escándalos de los gobernadores César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo). Para peor, daba la impresión de que las autoridades mucho no hacían, aun cuando varios de estos gobernadores terminaron siendo aprehendidos. A éstos se les sumaban los gobernadores que estaban ya prófugos y perseguidos por las autoridades nacionales e internacionales, como los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. También aparecieron crecientes indicios de corrupción relacionada con la compañía brasileña Odebrecht. La empresa constructora estuvo en el centro de la crisis de corrupción en Brasil, y producto de las investigaciones en ese país apareció información de corrupción en otros países, incluyendo México. La información apuntaba a contribuciones que la empresa había hecho al ex titular de Pemex Emilio Lozoya, que algunos especulaban podría haber sido para financiar la campaña de Peña Nieto. Tanto la Procuraduría como Pemex hicieron poco para investigar las denuncias. Las respuestas del gobierno aparecían cada vez más desconectadas de las demandas sociales, mostrando lo poco que entendía sobre cómo estaba el humor social. Un caso emblemático de esto fue el del nuevo fiscal general. La reforma política aprobada en 2014 estipulaba que a partir del 2018 el procurador general se convertiría en fiscal general, una figura supuestamente más independiente del ejecutivo que además duraría en su cargo nueve años, es decir sería transexenal. La idea es que este fiscal tendría independencia para realizar investigaciones independientemente del poder político. La reforma también estipulaba que el último 155


El aplauso perdido

procurador se convertiría automáticamente en fiscal. La oposición comenzó a criticar esta decisión, ya que muchos pensaban que el gobierno quería que Cervantes, un hombre muy cercano al pri, quedara para el siguiente período y fuera un límite al próximo presidente. Ante la presión de la oposición y dem la sociedad civil, el gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar el pase automático en 2016, pero la bancada priista lo frenó. Finalmente, la presión pública en contra del “fiscal carnal” llevó a que el gobierno aceptara modificarlo en diciembre de 2017. El nuevo fiscal no podrá ser el actual procurador y deberá ser escogido por el Senado. Aunque Peña Nieto cedió en este tema, la impresión seguía siendo que el gobierno no tenía una verdadera intención de avanzar en la lucha contra la corrupción. El pri también frenó el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción, figura clave en el andamiaje establecido en la reforma anticorrupción. Esto claramente mostraba los límites de lo que el gobierno estaba dispuesto a hacer para luchar de lleno contra la corrupción. Los escándalos siguieron dominando la atención del electorado. En agosto de 2017 dos personas murieron cuando colapsó un paso exprés en Cuernavaca, inaugurado unos meses antes por el presidente. Los pasajeros murieron asfixiados después de varias horas de estar atrapados. El enojo social se posó sobre el gobierno y el secretario de Comunicaciones y Transportes porque había habido señalamientos sobre el estado del paso, pero no hubo respuesta. Ruiz Esparza se deslindó de cualquier responsabilidad, Peña Nieto pidió no sacar conclusiones anticipadas y, unos meses después, sugirió que los socavones pasan en todas partes del mundo. El portal de noticias Animal Político presentó una investigación que realizó junto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se revelaba una complicada red conformada por servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales estatales y federales,entre los que destacaban Rosario Robles de Sedesol, del Mazo en Banobras y Lozoya de 156


¿Ustedes qué hubieran hecho?

Pemex, universidades públicas y empresas “fantasma”, que desviaban recursos públicos constantemente. Tan solo entre 2013 y 2014, la investigación señalaba el desvío de 7,670 millones de pesos. Por esos días trascendió en la prensa extranjera que Peña Nieto le dijo a Claudio X. González (padre del empresario que dirige “Mexicanos contra la corrupción”): “Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”. Sumado al descontento con la corrupción, la seguridad sufrió el peor deterioro de la historia reciente del país. Mostrando los límites de la estrategia del gobierno, 2017 fue el año con el mayor número de homicidios dolosos registrados (29,168) desde que se contabiliza la cifra. Entre enero de ese año y enero de 2018 los homicidios crecieron 20%, mientras otros actos criminales como el robo de automóviles registraron un aumento del 36%. A diferencia de lo que sucedió durante el sexenio de Calderón, el incremento se dio en todo el país. Estados como Guanajuato, Zacatecas o Baja California Sur sufrieron una ola de violencia nunca vista. Esto tuvo múltiples explicaciones. En parte fue producto de la desatención e incapacidad de las autoridades locales de combatir estos crímenes, así como la proliferación de nuevos grupos y la diversidad de actividades en las que ahora participan. Por ejemplo, el crecimiento del huachicol (venta ilegal de gasolina) es una de las principales explicaciones del deterioro de la situación de seguridad en estados como Guanajuato. De igual forma, grandes organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, consolidaron su poder en nuevas zonas del país y ampliaron su huella geográfica realizando actividades desde la zona del Pacífico hasta el Golfo. Estos grupos habían sido más efectivos para penetrar nuevos mercados e influir sobre las autoridades locales, y generaron conflictos que detonaron fuerte violencia en estados como Colima, Sinaloa y Nayarit, territorios antes controlados por el cártel de Sinaloa. El caso de 157


El aplauso perdido

Colima es especialmente devastador, con el mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Guerrero es otro caso donde la violencia no ha dejado de subir, promediando 64 por cada 100,000 habitantes en 2017. El fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno era evidente. El énfasis en lo militar y la centralización de la política de seguridad en la Secretaría de Gobernación resultó poco efectiva. Molesto por críticas a su política de seguridad, el presidente se quejó en noviembre de 2017 de que “Lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican, y que hacen bullying del trabajo de las instituciones del Estado”. Pero la magnitud del problema quedó claro en enero de 2018, cuando el presidente tuvo que suspender un viaje a Reynosa, Tamaulipas por que el Estado Mayor Presidencial no pudo garantizar su seguridad. Aunque el gobierno seguía confiado de que su estrategia electoral sería exitosa, y el pri podría mantenerse en el poder, el partido se encaminaba a una elección difícil dado el alto descontento del electorado. Dispuesto a todo para ganar, Peña Nieto se aferró a su proyecto de reconstruir el régimen priista y encaró la campaña sin lograr comprender del todo por qué la sociedad no aplaudía sus logros.

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