EL INFIERNO DE JAVIER DUARE by Aristegui Noticias

El infierno de Javier Duarte

NOÃ&#x2030; Z AVA L E TA

El infierno de Javier Duarte Crónicas de un gobierno fatídico

N OÉ Z AVA L E TA

El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un sexenio en picada Primera edición: junio, 2016 D.R. © 2016, Comunicación e Información, S.A. de C.V. Fresas 13, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. D. R. © Noé Zavaleta Foto portada: Rubén Espinosa Becerril Diseño portada: Alejandro Valdés Kuri Diseño y formación: Fernando Cisneros Larios Coordinación editorial: Alejandro Pérez Utrera edicionesproceso@proceso.com.mx Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos. ISBN: 978-607-7876-34-2 Impreso en México / Printed in Mexico

A “Rubencillo”

Puño arriba, frente en alto... A las madres de desaparecidos en Veracruz, quienes todos los días se levantan preguntándose: “¿Qué habrá desayunado mi hijo hoy?”.

Agradecimientos

mi familia, por respaldarme y aceptarme en lo que más me gusta hacer: periodismo, periodismo y siempre periodismo. A mi novia, Elizabeth, por soportar mis humores y ausencias cuando las noticias y quienes las escribimos no estamos del todo bien. A mis maestros del periodismo, don Luis por transmitirme esta obsesión de desayunar, comer, tomar, respirar y soñar periodismo, a Ricardo por inculcarme el rigor del dato y la importancia de tener una denuncia penal o una investigación ministerial en la mano, a Bastenier por enseñarme que siempre se puede escribir mejor y que siempre hay un “verbo exacto” para cada oración. A Marcela, por haberme propuesto para la redacción de Proceso en Veracruz sin siquiera conocerme y sólo tener referencia de mí a través de mis notas en el portal Blog Expediente. Y también por el apoyo solidario, ayer, hoy y seguramente mañana, cuando los reporteros veracruzanos tenemos miedo y nos enjugamos las lágrimas después de haber enterrado a un colega. A Ignacio, por acompañarme, por competir, por consultar y por apoyarme de tú a tú, en estos 15 años de ejercicio periodístico.

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A Caballero por guiarme en mis primeros años en la redacción de Proceso, por ayudarme a enmendar mis errores, pero más por estimular mi trabajo cuando las cosas salen bien. Al apoyo, respaldo y consejos de Corro hacia mi trabajo, a la exigencia informativa de Monge para que nada se me escape; a don Rafael por creer en la edición de este libro. A todos los reporteros de Proceso con quienes he compartido trabajos y sus consejeros periodísticos me han servido para seguir creciendo: Carrasco, Verónica, Pereyra, Homero y Ochoa; pero también a Gil Olmos, Proal y Jenaro. Noé Zavaleta

Índice

Agradecimientos

Prólogo. Marcela Turati

Introducción. “La muerte escogió a Veracruz para vivir”

¿A qué le teme Javier Duarte?

“La última letra” y “Las chivas”

El periodista que fue secuestrado dos veces

¡Por favor no me maten!

Hay que enfriar la plaza: CJNG

Las narcofosas que ocultaron Calderón, Duarte y Peña

Las “escuelas” de Los Zetas

No dejaron huella

Policías contra policías

103

El tenebroso “Capitán Tormenta”

111

Policías amigos del narco

115

El infierno de la Cuenca del Papaloapan

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119

Desaparecer en la cárcel

123

Los sicarios que fueron por cerveza

129

Hace falta Rubén

145

La neta, ustedes son Los Zetas

155

¿Qué le hicieron a mis niñas?

165 #TodosSomosGoyo 171

Regina: ni verdad ni justicia

183

Numeralia del crimen y la violencia

Prólogo

na muerte me llevó a descubrir el trabajo de Noé Zavaleta. El cuerpo torturado de la periodista Regina Martínez acababa de ser encontrado en el baño de su casa en Xalapa –el asesinato llevaba el sello de agua del crimen de Estado– y en la redacción de Proceso, la revista para la que ella trabajaba como corresponsal, estábamos pasmados, con coraje, tristeza, rabia, en la sin respuesta. Murió Regina: la periodista que conocía las entrañas de la mafia política veracruzana, la corresponsal cuyas valientes investigaciones llegaban a tener impacto nacional (como la violación sexual y asesinato encubierto de la indígena Ernestina Ascensio Rosario), la reportera de a pie dedicada a cubrir los movimientos locales de resistencia, la periodista que había olido el podrido ambiente político y manifestado a sus jefes que sentía miedo. El crimen contenía mensajes implícitos: era un manotazo mortal al periodismo de investigación, un estatequieto a los movimientos sociales de la región, una descarga de horror sobre la sociedad veracruzana. Tras la noticia la gente salió a la calle alzando una consigna que llevaba como destinatarios a los habituales del Palacio de Gobierno: “No se mata la verdad matando periodistas”.

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Esos días de finales de abril de 2012, desde la Ciudad de México yo trataba de sortear la distancia con Xalapa explorando a través de internet qué se sabía, qué se comentaba, en un intento de encontrar claves al crimen que el gobierno estatal ya ensuciaba haciéndolo pasar por asunto pasional. Mis búsquedas muchas veces desembocaron en un sitio (Blog Expediente) y siempre en las notas firmadas por Noé Zavaleta. Su narrativa, su postura política no oficialista y su intención de no consignar sólo lo visible, sino mostrar claves paralelas de lectura, de inmediato captaron mi atención. Con sus notas impresas sugerí a Alejandro Caballero, editor de Proceso.com, que lo contactara para sortear el vacío informativo causado por la tragedia. Ese mismo día Noé Zavaleta comenzó a publicar en la página electrónica de Proceso; tiempo después se ganaría el lugar de corresponsal. Más tarde por fin puede ponerle rostro a esa firma: Zavaleta era entonces un periodista de 31 años egresado de la Universidad Veracruzana que en ocho años de trayectoria ya había pasado por una decena de medios de radio, televisión, internet e impresos, oficialistas e independientes. Era ya el reportero ambicioso a quien se le nota empeñado en encontrar una narrativa propia, un ángulo bullying con el cual mofarse de los personeros del gobierno y algún detalle que le sea útil para armar un contra-relato a la versión oficial. El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un sexenio en picada, el primer libro de Zavaleta, es producto de esa ambición del reportero que no se conformó con la labor de consignar las noticias del día a día y comenzó a unir piezas para darle un sentido a esa realidad veracruzana que horroriza, impide mirarla de frente y pareciera escapar de toda lógica. Es un esfuerzo por mostrar el paisaje oculto de un hermo-

PRÓLOGO

so estado que, de ser considerado un paraíso terrenal, se convirtió en sucursal del infierno. El libro está formado por un caleidoscopio de historias que echan lupa a los momentos considerados puntos de quiebre del sexenio duartista, aunque, en esa montaña rusa del espanto, lo que se pensaba que ya era el límite, que nada podría ser peor, siempre terminó desbancado por otro nuevo suceso. Noé Zavaleta rescata de sus libretas aquella información reporteada que no cupo en la nota del día, la retoma, le da contexto, la hilvana con otros hechos y la moldea hasta que encuentre una forma narrativa con las herramientas aprendidas en los talleres que se ha financiado para convertirse en cronista. El libro abarca el sexenio de Javier Duarte, el gobernador autoritario, admirador de Francisco Franco, que intenta poner orden sin dar importancia a los métodos usados. El que quiere maquillar la realidad comprando eventos internacionales, fotos con famosos, titulares de prensa. El que corre cuando ve a madres con hijos desaparecidos que empañan su mundo. El que –como lo documenta el primer capítulo– vive blindado, miedoso, no sabemos a qué o a quién. El voluntarista que quiere imponer por mandato una realidad virtual (como cuando presumió que los únicos delitos en el estado son los robos a los Oxxo, frase que se sintió como un escupitajo a sus paisanos atrincherados por la inseguridad). El que endeudó al estado y enfrenta protestas callejeras. El cínico que con dinero mueve los hilos de la prensa oficialista que lo premió como prócer de la libertad de expresión, aunque Veracruz es conocido internacionalmente por ser cementerio de periodistas. Duarte, sin embargo, no es el protagonista de estas páginas. El libro de Noé Zavaleta contrasta el discurso oficial y triunfalista sobre el Veracruz de los paisajes de ensueño, la cul-

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tura como sello genético, las ruinas arqueológicas y la selva encantadora, la brisa del atardecer con un café en la plaza, el son jarocho, y la música de arpa, el albur, el carnaval y la fiesta, para contraponerlo con la dolorosa y sangrienta realidad que a él como reportero le ha tocado cubrir. Con el Veracruz de la nota roja que se mezcla con la nota política. El libro surgió por causa de otro asesinato: el del fotógrafo Rubén Espinosa, su amigo y compañero de aventuras en las historias que ambos realizaban para Proceso, y a quien dedica este libro y hace protagonista de dos capítulos. Es una forma de rebeldía por la muerte de tanta gente que –dice el autor– “no debería morir”. Estos textos –explica Zavaleta– tienen una intención: recordarles toda la vida a quienes ocuparon un cargo público durante este sexenio que no hicieron nada para evitar que en el estado se instalara la muerte. La clase política denunciada no es un fantasma abstracto, tiene nombres y apellidos: el gobernador Javier Duarte; Arturo Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública; Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador general de Justicia cuando se recrudecieron las desapariciones (muchas de ellas a manos de policías estatales), así como los asesinatos de periodistas, y quien hoy despacha como líder estatal del PRI; los exsecretarios de Gobierno, encargados de “la gobernabilidad” del Estado, Gerardo Buganza, hoy posible diputado local plurinominal del PVEM; Reynaldo Escobar (aspirante al Senado en 2018); Erick Lagos (hoy diputado federal), y el actual fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. Y si la intención de Zavaleta es recordarles su complicidad, su silencio o sus crímenes, la cumple. Sus páginas están repletas de nombres de servidores públicos criminales: funcio-

PRÓLOGO

narios negligentes, funcionarios secuestradores, funcionarios asesinos, funcionarios torturadores, policías que canibalizan a otros policías, soldados y marinos que se limitan a ser espectadores. Son tantos que se pierde la cuenta. Ellos son los engendros de una clase política enquistada en el poder que nunca ha permitido la alternancia –Veracruz siempre ha sido gobernado por el PRI–, que vendió su alma a la mafia con tal de mantenerse en el gobierno, que mamó los recursos naturales y los hidrocarburos de los que es rico el subsuelo, que se ha dedicado a enriquecerse aunque mucha gente no tiene comida, y que en sus odios, purgas y fragmentaciones internas, en las que se van cambiando de partido como quien se cambia de máscara, han hecho rehén al estado y a sus habitantes. En esta descomposición incubada, ilustrada por el libro, aparecen celdas para secuestrados en los separos de las policías, carros a los que se les perdió el rastro con todo y sus tripulantes que de pronto aparecen manejados por policías, policías que detienen gente para entregarla a sicarios de los cárteles de la droga, policías encapuchados que desfiguran a machetazos el rostro de estudiantes, un camión de redilas que aparece en plena avenida con 35 cadáveres, y múltiples funcionarios que –cual si compartieran un mismo manual– en vez de impartir justicia criminalizan a las víctimas, las vuelven a golpear, ahondan sus heridas. Ninguna policía se salva de la corrupción: ni la policía táctica ni la “acreditable” –otro juego retórico del duartismo–, que también estaba infiltrada. En esta entidad cogobernada por políticos y criminales –donde se pierde la frontera que distingue a unos de otros–, la estrategia para mantener las cosas bajo el agua es la revictimización de las víctimas utilizando la fórmula fácil del “si algo les pasó es que en algo andaban”, la fabricación de culpables para dar la

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impresión de que se resuelven los crímenes, y aun cuando se cae el montaje el gobierno es incapaz de pedir disculpas. Además de que el gobierno no protege pareciera que “te pone” para que se deshagan de ti los criminales, para que ellos terminen de hacer el trabajo. Lo manifiestan con sus actos desesperados los ciudadanos indefensos que entienden que quienes deberían de ayudarlos son sus enemigos. Quienes no tienen a quién decir que criminales les arrebataron el rancho para convertirlo en cementerio o que funcionarios se llevaron a un familiar. Que en su desesperación contratan detectives privados, o ellos mismos se convierten en investigadores, o piden a gritos la presencia de la ONU, o compran espacios en el periódico para publicar alguna carta al presidente de la República, quien de todos modos nunca interviene. Aunque en esos gestos de valentía saben que se están jugando el pellejo y la vida. En las páginas de este libro, Veracruz se presenta como un hoyo negro repleto de fosas clandestinas, donde el peso de las investigaciones del paradero de las personas desaparecidas recae sobre las víctimas, donde también desaparecen quienes buscan a sus familiares y se les acusa de imprudentes porque encontraron la muerte al buscar la justicia, aunque nadie les hizo caso cuando gritaron pidiendo ayuda. Queda claro que en Veracruz existe una maquinaria –activada desde el poder– para desaparecer personas. El crimen tiene muchos sellos, no sólo el de las muertes, también el despojo de tierras, los secuestros, las extorsiones, el tráfico de personas, la tortura, la extorsión. Llama la atención de que cada caso aquí develado sirve de oportunidad para abrir rendijas por las que se asoman decenas de víctimas menos famosas, víctimas de las que no se sabía.

PRÓLOGO

En las reconstrucciones que hace Noé Zavaleta tienen mucho peso los cárteles de la droga asentados en el estado que se muestran como sombras imponentes y paralizantes que se dejan ver a través de las balaceras callejeras, los cadáveres tirados en las calles, las fosas clandestinas, así como las escuelas donde se enseña a ser sicario, causar dolor, desaparecer a semejantes, y se normaliza la violencia. Esa violencia que fue acercándose de la periferia hasta enquistarse en el corazón del estado. Los relatos son como una muestra de laboratorio, una radiografía local de la descomposición que se vive también en otras partes de México. La muerte, sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse, no es la única protagonista de estas páginas. Entre líneas, en cada capítulo, se abren paso personas que, movidas por las leyes del corazón y por la urgencia de la justicia, se van convirtiendo en héroes o heroínas. Que perdieron el miedo porque ya les arrebataron lo que más querían en la vida. Que con esa sensación de muertos en vida, de quien no tiene nada más que perder, se enfrentan con la dignidad como única arma a la indigna clase política y a sus fuerzas oscuras. Eso llama la atención en las noticias que nos llegan desde Veracruz; que a pesar del miedo y las recetas del terror paralizante no se han acabado las protestas callejeras. Que varios sectores veracruzanos –familias de las víctimas, universitarios, artistas, periodistas– se rebelaron contra la mordaza que comparten los habitantes de los estados localizados en el Golfo de México. En Veracruz todavía hay gente que resiste con bravura. Algunas veces El infierno de Javier Duarte pareciera un libro para iniciados. Quien no conoce a fondo el complicado mapa político veracruzano y su contexto pierde pistas sobre quién es quién. En algunos episodios no queda claro qué pa-

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pel juegan las autoridades y quedan debiéndose explicaciones al lector no familiarizado con la clase política o con los hechos. Tampoco llega a saberse si Duarte controla el estado, si se le salió de las manos (también como novato e iniciado) o si es un cómplice cínico que hace y deja hacer. Aunque algunos funcionarios están mencionados no termina de desmenuzarse el nivel de responsabilidad que tienen en este sexenio trágico. No se entiende de todo cómo Veracruz llegó a esta situación y cuál fue el legado de los antecesores de Duarte –el más inmediato, Fidel Herrera, ahora premiado en un consulado en el extranjero, donde ha enfrentado actos de repudio. La lectura de este libro deja una sensación de que en Veracruz no se puede decir todo, no se entiende todo, no se puede probar todo. Noé Zavaleta lo sabe. Por eso no me queda duda de que es importante porque une las primeras piezas de un rompecabezas que el tiempo tendrá que ir llenando, cuando la gente sienta que ha llegado el momento de hablar, de decir lo que sabe. Por esa razón, por ser un primer intento de hilar hechos para esbozar explicaciones, de pasar de la confusión a la complejidad veracruzana, este libro es por sí mismo valioso. En los diversos capítulos está presente, aun sin mención, la oficina de Comunicación Social del gobierno que juega un papel fundamental para fabricar mentiras, para silenciar verdades, para crear sospechosos y enemigos, para decidir el ritmo del baile con el que se moverá la prensa. Una parte de las historias presentes la construyen las palabras y otra los silencios: las noticias que todos conocen, pero no salen en la prensa, las matanzas silenciadas, las fosas que irrumpen en el paisaje a la primera removida de tierra cual volcanes que escupen los muertos que quieren que sean ocultados. En este terreno pantanoso Noé Zavaleta va mostrando el

PRÓLOGO

terrorífico escenario en el que se mueve la prensa, las presiones a las que sobrevive, el fuego cruzado al que se enfrenta: entre las órdenes de los criminales, la censura y la amenaza gubernamental, ambos con el mismo objetivo: “que no se caliente la plaza”. En ese fuego cruzado algunos periodistas son forzados a ser voceros de los criminales, aunque otros lo hacen por decisión propia o por dinero; unos quedan atrapados en telarañas mortales por defender los negocios de los dueños de los medios de comunicación para los que trabajan; otros aprovechan ese río revuelto para deshacerse de los periodistas críticos del sistema que corren el mismo destino. Por eso, Veracruz es un estado con aire tóxico para los periodistas. Quienes han podido han huido, y esos periodistas desplazados o exiliados no son contados por ninguna estadística. Las historias de Regina Martínez, Rubén Espinosa, Sergio Landa, Gregorio Jiménez, los periodistas que protagonizan algunos de los capítulos de este infierno, conmueven, indignan, mueven reflexiones. Otros comunicadores asesinados también son mencionados en este río revuelto en el que se pierden las pistas de las fuerzas ocultas detrás de los crímenes. En todos los casos la procuraduría estatal y la PGR están obligadas a investigar, a castigar a los responsables en todos los niveles, a impartir justicia, a decir la verdad. Porque la impunidad es un arma sin seguro lista para volver a matar. Pero hasta ahora su papel ha sido el de ensuciar la escena del crimen y matar la honra de los asesinados. Este libro es valiente por esa otra razón: porque el periodista que lo escribe vive en Veracruz y sabe el riesgo que implica la denuncia.

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El autor es de los periodistas que, a pesar de las estrategias de terror aplicadas contra todos los que ejercen la palabra, no han dejado de salir a la calle a pedir justicia y mantienen una “resistencia civil”, como él llama a las protestas en memoria de los suyos y contra la impunidad. Es de los que apenas se dan tiempo de enjugarse las lágrimas antes de volver a gritar que Veracruz no debe ser un nido donde se establezca la muerte. Esto a pesar de que Noé Zavaleta no pertenece a ningún grupo de periodistas y sus posturas no siempre coinciden con los colegas que van más allá por defender la libertad de expresión. Son pocos quienes se atreven a seguir saliendo con el “puño arriba, frente en alto, que lo que hacemos es digno” –como enseñaba Rubén Espinosa. Lo hacen a pesar de que muchos de ellos son fotografiados por extraños en las calles, reciben llamadas amenazantes, los acosan en sus empleos, aparecen en listas de ‘ejecutables’. Noé Zavaleta –a diferencia de otros colegas– no ha sido amenazado. Él se sabe respetado por la clase política sobre la que escribe y –aunque las dependencias le ocultan información– Javier Duarte no le niega la palabra. Eso sí, varias veces, después de leer sus notas lo he llamado asustada para reñir con él o pedirle que se cuide. Si descubrí a Noé Zavaleta a causa de una muerte, la última vez que lo vi fue en un panteón. Enterrábamos a Rubén Espinosa, el fotógrafo y amigo asesinado que denunciaba que a la muerte le gustó Veracruz para quedarse, que huyó porque sentía que esa amenaza ya lo cercaba. Alrededor del ataúd, Noé Zavaleta y sus compañeros prometieron no guardar silencio. Este libro es, pues, el cumplimiento de una promesa. Marcela Turati

Introducción

“La muerte escogió a Veracruz para vivir”

n el estado “próspero” que va hacía “adelante” –como señalan los eslogans del gobierno de Javier Duarte– la muerte tiene permiso. Le dieron licencia para matar periodistas, taxistas, alcaldes y exalcaldes, parientes de gente adinerada y sociedad civil. Una vez que la muerte llega, sus elegidos son enterrados en fosas, embolsados, baleados. O en el mejor de los casos, mucha gente ha preferido exiliarse del estado antes que quedarse a vivir el viacrucis de los demás veracruzanos. “La huesuda” tiene venia para secuestrar cantantes, empresarios y políticos, y abandonarlos días después en algún paraje campirano y poco transitado. Pasamos de ser “sólo Veracruz es bello” a ser el territorio “Veracruz seguro”: seguro te secuestran, seguro te extorsionan, seguro te “levantan”, seguro te desaparecen, seguro te matan, como dicen con ácida ironía los usuarios de las redes sociales. Transitamos de las garras del narcotráfico a la diversificación de la delincuencia organizada (derecho de piso, cuotas

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por tránsito, control de hidrocarburos, manejo de la mercancía pirata, secuestros, levantones e intromisión del transporte público, especialmente los taxis), así como a la infiltración violenta de la delincuencia organizada en las supuestamente nuevas estructuras policiacas y de procuración de justicia. “En Veracruz da más miedo un policía que un delincuente”, se escucha con frecuencia en las calles. Y no es fortuito: en gran parte de las desapariciones y asesinatos de personajes públicos y de jóvenes universitarios están inmiscuidos elementos de la llamada Policía Estatal Acreditable. Tan sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 186 policías municipales y estatales de Veracruz han sido puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado. En lo que va del sexenio de Duarte, la estadística es más escalofriante, más de 470 policías municipales y estatales han sido arraigados por la SEIDO para ser investigados por delitos federales, especialmente los relativos contra la salud y el trasiego de drogas. Aunado a ello, los tentáculos de Los Zetas se encuentran confrontados con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambas organizaciones tienen infiltradas las corporaciones policiacas; aunque suene a chiste de mal gusto, los policías de la montaña y del sur de la entidad trabajan con “la última letra” y los de la costa y municipios del Sotavento con “las chivas”. En la zona de la cuenca del Papaloapan y el corredor industrial Córdoba-Orizaba las batallas por esos dominios apenas comienzan. Tan sólo la Fiscalía General del Estado (FGE) admitió –ante solicitudes de información por la Ley de Transparencia– que hasta agosto de 2015 había en la entidad 950 personas desaparecidas, un

INTRODUCCIÓN: “LA MUERTE ESCOGIÓ A VERACRUZ PARA VIVIR”

universo pequeño, si se considera que llegó a haber 2 mil 100 desaparecidos. Eso sí, las cifras oficiales marcan que mil 700 ya fueron localizados, aunque en dicho lapso la gente siguió desapareciendo. De los ya encontrados, 10% fueron hallados sin vida. Han pasado ocho años desde que el narcotráfico en la entidad tuvo un parteaguas. En marzo de 2007, una carrera de caballos de la raza cuarto de milla acabó en tragedia. Un capo de Los Zetas, Efraín Teodoro Torres, El Z-14, cayó a manos de rivales de la misma organización en una cruenta balacera en Villarín. Así, esa congregación humilde de Veracruz puso al descubierto que el narcotráfico había encontrado raíces y penetrado con fuerza en el norte, centro, costa y sur de la entidad. En casi una década, miles de personas han muerto en balaceras, desaparecido sin dejar rastro, o aparecido meses después en cementerios clandestinos: en lo que va del sexenio se han detectado 14 narcofosas, mientras la autoridad estatal que encabeza Javier Duarte y la federal de Peña Nieto –que mantiene la actitud del panista Felipe Calderón entre 2010 y 2012– se niegan a reconocer la magnitud del problema y siguen dando “palos de ciego”, como aseguran familiares de personas desaparecidas. En esa tesitura, los 21 Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Veracruz están saturados con 8 mil presuntos delincuentes que esperan sentencia por delitos contra la salud y homicidios con armas de uso exclusivo del Ejército. La única cárcel para menores de edad, ubicada en Palma Sola (muy cerca de la central Nucleoeléctrica Laguna Verde) se llena de jóvenes que utilizan fusiles de asalto R-15 y AK-47, venden droga y ejecutan a sus rivales, no sin antes desmembrarlos.

EL INFIERNO DE JAVIER DUARTE. CRÓNICAS DE UN GOBIERNO FATÍDICO

En junio de 2015, Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, así como activista defensor de reporteros asesinados y agredidos, decidió exiliarse de Veracruz pues oía zumbar la muerte. “Andamos con el aguijón bajo la nuca”, le habían comentado días antes sus amigos de la Facultad de Humanidades. Pasaron 47 días antes que en el entonces aún llamado Distrito Federal, “la ciudad de la esperanza” donde se había refugiado Rubencillo, lo esposaran, torturaran y asesinaran con el tiro de gracia unos presuntos narcomenudistas que en sus ratos libres se desempeñaban como “malabaristas” y “viene-viene”, según dijeron autoridades capitalinas. En cada historia, crónica, reportaje y relato de este libro pretendo ilustrar los daños colaterales que dejó en Veracruz una guerra sin cuartel y un gobierno sórdido, en donde, la mayoría de las veces, cuesta discernir quién es el bueno, quién es el malo y si alguien, en esta batalla inútil de violencia, va ganando. El sexenio de Javier Duarte se cuenta solo: casi 400 empleados de la fiscalía –entre policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)– han sido despedidos en esta administración por no pasar los exámenes de control y confianza o por una renuncia obligada; varios de ellos fueron cesados por “entorpecer” investigaciones de desapariciones forzadas; casi 4 mil policías estatales y municipales fueron dados de baja al salir reprobados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una decena de alcaldes y exalcaldes terminaron ejecutados; 16 reporteros que ejercían en Veracruz fueron asesinados y casi 30 policías fueron abatidos por el crimen organizado.

INTRODUCCIÓN: “LA MUERTE ESCOGIÓ A VERACRUZ PARA VIVIR”

En la tercera semana de enero de 2016, la Secretaría de Gobernación dio un “manotazo” de autoridad para envíar a la Gendarmería Nacional y a policías federales a tomar el control de la seguridad en la región del Papaloapan, limítrofe con Oaxaca, ello ante la espiral incontrolable de violencia. En el Palacio de Gobierno, el priista Javier Duarte no hizo más que lamentarse en diversas ocasiones del “morbo” que genera la “llamativa” violencia: “De 99 cosas que salen bien en Veracruz, por una que sale mal, ese es el tema”, dijo al arrancar 2016.

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Capítulo 1

¿A qué le teme Javier Duarte?

os policías estatales con armas de grueso calibre se atrincheran en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Sebastián Camacho, en pleno corazón de Xalapa. Dos más se colocan en los bajos del viaducto, a unos pasos de la cochera del Palacio de Gobierno. Otros oficiales descienden de aparatosas motocicletas BMW con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. El mensaje para los comerciantes y transeúntes de Xalapa es elocuente: el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, está por arribar a su oficina. Segundos después, un ulular de sirenas anticipa la llegada de un convoy de tres o cuatro camionetas Suburban blindadas, según la ocasión. En alguna de ellas, de forma aleatoria, viaja Duarte con sus colaboradores más cercanos. En las otras van los escoltas y empleados de ayudantía de la oficina de gobierno, todos ellos fuertemente armados y con entrenamiento en el ejército israelí. Al momento de entrar, los guaruras del primer cinturón de seguridad bajan de los vehículos aún en movimiento, con la mano en sus armas, atentos al mandatario y al entorno. Ga-

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rantizado el arribo del gobernante priista sin contratiempos, entran al inmueble gubernamental antes de que la puerta se cierre. Otros dos funcionarios veracruzanos utilizan un operativo de seguridad igual de costoso y escandaloso: el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras. Ambos cuentan también con un convoy de la Marina-Armada de México y patrullas de la Fuerza Civil (FC). Sobre esas extremas medidas de seguridad del mandatario veracruzano para trasladarse a los actos oficiales y privados en el ocaso de su sexenio, los usuarios de Facebook y Twitter, así como los periodistas locales se preguntan: ¿A qué le teme Javier Duarte? En la colonia Dos de Abril, vecinos de la calle Guillermo Prieto reportan que la seguridad fue redoblada en la Casa Veracruz, residencia oficial del gobernador, después de que el 10 de agosto de 2015 más de mil activistas, estudiantes y reporteros veracruzanos gritaron consignas contra Duarte; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el presidente Enrique Peña Nieto porque no han podido solucionar el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa y la integrante del movimiento #YoSoy132 Nadia Vera junto con Yesenía Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín. Con las puertas de Casa Veracruz cerradas de par en par, los manifestantes dejaron una ofrenda floral en memoria de Rubencillo y de la activista cultural Nadia Vera. En la calle Guillermo Prieto, a un costado de la Casa Veracruz, la SSP decidió instalar –a mitad del sexenio– un módulo

CAPÍTULO 1: ¿A QUÉ LE TEME JAVIER DUARTE?

de seguridad, en el que agentes de la corporación y un sofisticado sistema de cámaras de video vigilan las 24 horas la residencia del mandatario. Aunque Duarte mantiene su discurso de que no cederá “ni un milímetro en la lucha frontal contra el crimen organizado” y afirma que durante su administración ha neutralizado (abatido) y detenido a 123 delincuentes relacionados con el narcotráfico y que la entidad cuenta con 12 nuevas generaciones de policías acreditables graduados en la Academia de El Lencero, sus extremas medidas de seguridad muestran que ni siquiera él puede estar tranquilo. La situación política de Duarte cambió por completo desde la mañana del 17 de abril de 2013, al difundirse en los medios de comunicación del estado y a nivel nacional una serie de videos en donde funcionarios del gabinete de Duarte (Salvador Manzur como actor protagónico) lucran con programas sociales para beneficiar al PRI. El escándalo le costó el cargo a siete funcionarios del gobierno priista, entre ellos a Manzur, que pretendía suceder a Duarte tras las elecciones de 2016. Por instrucciones de su asesor de cabecera, el exsenador de Coahuila y hoy diputado federal Enrique Jackson, el gobernador de Veracruz “blindó” todos sus encuentros privados, reuniones de trabajo y hasta sus encuentros particulares. La fortaleza de la Casa Veracruz, donde Duarte vive con su esposa Karime Macías, así lo evidencia. De entrada, se alzó metro y medio la barda perimetral de concreto y se reforzó el circuito de cámaras de video. Uno de los numerosos exsecretarios del gabinete de Duarte (que ha realizado más de 60 cambios en su equipo amparado en el artículo 49, fracción XIV de la Constitución estatal, que le da la facultad de “nombrar y remover libremente a los servi-

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dores públicos de la administración pública”), relata que desde 2013 está prohibido llevar a las reuniones con el gobernador celulares, ipads, cámaras, plumas, gafas y cualquier otro objeto que pudiera tener dispositivos de grabación o fotografía. La desconfianza llega a tal grado que todos los dispositivos son depositados en una canastilla y unidos con una cinta canela en la que se rotula el nombre del funcionario y se le devuelven al finalizar el encuentro. Lo mismo sucede cuando Duarte convida a columnistas, dueños de medios y jefes de información de televisoras y medios impresos a su residencia. Incluso los periodistas afines a él tienen que dejar en una charola sus aparatos y objetos personales sospechosos de portar mecanismos de espionaje. Otras desconfianzas de Duarte quedaron plasmadas con el despido de los funcionarios estatales Édgar Spinoso, hasta entonces oficial mayor de la SEV y Gabriel Deantes, subsecretario de Sefiplan, el 19 de marzo de 2014. En un boletín que se envió sólo a medios oficialistas como el Diario de Xalapa y Oye Veracruz, entre otros, la administración priista señaló que ambos funcionarios “defraudaron la confianza del gobernador”, por lo que, según el comunicado, se había ordenado una investigación de sus bienes muebles e inmuebles por las “autoridades correspondientes”. Una semana después, el 25 de marzo, en rueda de prensa Duarte exoneraría verbalmente a los dos funcionarios –Deantes presume de ser “compadre” del gobernador–: “Como todo funcionario de la administración, obedecen a tiempos, ritmos y circunstancias. El ciclo de estos dos funcionarios públicos terminó. No hay ninguna investigación, lo que hay es un proceso de entrega-recepción y en el caso de que se encuentren algunas anomalías tendrán que responder ante las instancias correspondientes”.

CAPÍTULO 1: ¿A QUÉ LE TEME JAVIER DUARTE?

Peor aún, con el paso del tiempo ambos funcionarios fueron reciclados por el propio Duarte: Edgar Spinoso hoy es diputado federal por el distrito de Martínez de la Torre, pues fue abanderado por el PVEM con el respaldo del gobernador, mientras que Gabriel Deantes terminará el sexenio como secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), cargo que ocupa desde el primer tercio de 2015. Deantes se quedó con las ganas de ser candidato a la diputación local por el distrito de Zongolica sólo porque no tiene una buena relación con el actual candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes. “Si algo tiene Duarte es que no es rencoroso. Es inmaduro, visceral, reacciona de botepronto, pero no acumula rencor. Ve a Spinoso y a Deantes: los perdonó al año, después de todo lo que robaron y los problemas que causaron (con las auditorías)”, detalla otro exfuncionario veracruzano que hoy radica en el Distrito Federal. Ese perdón a Spinoso y Deantes causó mucha molestia incluso en el primer círculo de Duarte, lo que se sumó al malestar por la política “de inclusión”, consistente en ofrecer espacios de su gabinete a expanistas e incluso a familiares del exdirector general del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y el PRD a gobernador. Javier Duarte, de 41 años, es un político atípico, graduado en leyes por la Universidad Iberoamericana, con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, de Madrid, España. Tres lustros de su trayectoria política los vivió a la sombra de Fidel Herrera Beltrán –exgobernador veracruzano y actual cónsul de Barcelona–, a quien hasta el último día del anterior

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sexenio le prodigó elogios, pero ahora es evidente que rompió con él políticamente. A menos de un año de que concluya su sexenio, Duarte de Ochoa pasará a la historia como el mandatario más cuestionado de Veracruz por sus escándalos: el asesinato de 15 reporteros que trabajaban en la entidad, más dos que ejercieron en Veracruz y que fueron asesinados en otras entidades, así como la expansión del crimen organizado y su infiltración en los cuerpos policiacos, el incremento de la deuda pública alrededor de los 45 mil millones de pesos y las pifias mayúsculas de su gabinete. Duarte empezó su carrera burocrática elaborando la síntesis de prensa de Herrera Beltrán cuando éste era delegado fiduciario del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo). En esa dependencia Duarte solía contar que su primera chamba consistió en recortar y pegar todos los días las notas de periódicos nacionales que aludieran a su jefe, al presidente de la República y a Veracruz. Elaborado el primer despacho informativo, Duarte telefoneaba a sus amigos en Veracruz y Xalapa para que le dictaran los titulares de portada de los principales periódicos de la entidad: Dictamen, Diario de Xalapa, Notiver, Gráfico de Xalapa y Sur. También hacía resúmenes de los encabezados que aludían positiva o negativamente a Herrera. Posteriormente Duarte fue ascendido a asistente y a secretario particular de Herrera. En la tercera candidatura de éste a la diputación federal por el distrito de Boca del Río, Duarte fue su operador político, y cuando el jefe se lanzó por la gubernatura, Duarte le cuidó las espaldas como secretario de Finanzas del PRI. Este último apoyo le valió ser designado subsecretario de Finanzas y Planeación del estado cuando Herrera Beltrán

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llegó al poder. Apenas tenía 30 años y su carrera continuaría en ascenso. Ya desprendido de la paternidad política de Fidel Herrera, con quien tuvo severas diferencias por el reparto de los cargos en el gabinete, según relatan los priistas consultados, Javier Duarte cambió el rumbo de su gobierno y sus relaciones con la prensa local, regional y nacional quedaron lesionadas. En los círculos gubernamentales se sabe que la Tesorería estatal tiene importantes adeudos con televisoras y periódicos de circulación nacional por servicios publicitarios, aunque el gasto y las ministraciones mensuales que otorga el gobierno priista en ese rubro están clasificados como “confidencial” y “reservadas” por la administración de Duarte, con la complacencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). A la mala relación con los medios críticos, el gobierno duartista ha sido rebasado por la crisis de seguridad, en un contexto de disputas entre organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha dejado un saldo de más de 2 mil 500 homicidios dolosos en cinco años, según publicó la agencia Apro en 2015. Aunque en los primeros meses de su gobierno Duarte intentó matizar la percepción de la inseguridad y anarquía en muchas regiones de la Huasteca, Totonacapan, el Sotavento y el sur de la entidad, sus afirmaciones de que “aquí no pasa nada” y de que los peores crímenes eran “hechos aislados” no funcionaron: la corrupción de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como la febril actividad de los cárteles del narcotráfico ensancharon el ya enorme boquete entre la credibilidad ciudadana. El primer paso que dio el mandatario para reconocer la crisis de seguridad fue el anexo que firmó el 19 de noviembre

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de 2011 con la Secretaría de Marina (Semar) para que la Policía Naval se hiciera cargo de la seguridad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Para que el gobierno priista del estado aceptara que la federación tomara el control de la seguridad en varios municipios tuvieron que desatarse balaceras en centros comerciales, afuera de planteles escolares y en plazas públicas de varios municipios de la entidad. El hecho de violencia más emblemático ocurrió el 20 de septiembre de 2011, cuando un comando armado tiró 35 cuerpos en la Plaza del Volador, enfrente de la Plaza Américas, en Boca del Río. Tenían huellas de tortura por golpes y quemaduras, estaban atados de pies y manos y con las cabezas envueltas en bolsas negras. Esto sucedió un día antes de la reunión nacional de procuradores de justicia en este mismo municipio. Dos días después, 14 cuerpos más fueron abandonados en el puerto de Veracruz y el municipio boqueño. El gobierno de Duarte tardaría en reponerse del golpe. Los meses pasaron y Duarte de Ochoa pareció darse cuenta del complejo escenario en el que gobernaba y en el que muchas de sus decisiones y las de subalternos no fueron las más adecuadas. El séptimo día del séptimo mes de 2014 el político priista dejó la ceguera política –misma que han denunciado sus opositores del PAN, PT y PRD– y se sinceró en un desayuno con empresarios: “Me tocó gobernar en una de las situaciones más complejas y difíciles. Me ha tocado bailar con la más fea”. Varios empresarios se quedaron con la boca abierta y el tenedor suspendido en el aire. El priista continuó: “Como dicen en mi tierra, permítanme sincerarme. No estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía,

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con grandes desastres naturales por huracanes, el flagelo de la inseguridad –remarcó– como en el resto del país, pero había trabas burocráticas que privilegiaban más la corrupción que la apertura de negocios.” Duarte siempre ha sido fustigado por cámaras empresariales, proveedores y ayuntamientos y políticos de oposición, a causa de la asfixia financiera en que está sumida la entidad. Sin embargo, el priista siempre ha buscado la mejor cara, aunque no la mejor respuesta para justificar el desbalance financiero de su gobierno. “El déficit es un instrumento, si se ocupa correctamente, responsablemente… Es una medida buena. Lo primero que nos enseñan en economía es que ni el déficit es malo ni el superávit es bueno; son herramientas… Entonces, cuando se ocupan correctamente y se aplica a lo que se debe aplicar, que es al progreso y al desarrollo, puede ser positivo”, expuso el priista en una entrevista con reporteros en las afueras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en febrero de 2013. En esa misma reunión, Duarte trató de explicar a los empresarios su política de austeridad que tuvo que tomar el Estado y sus retrasos en el pago a proveedores: “Tuvimos que tomar medidas responsables, nos apretamos el cinturón, hicimos la parte que nos correspondía, tomamos medidas impopulares, pero responsables. Yo decía que la luna de miel con un gobernante se debe de disfrutar, en mi caso me paso lo mismo que en mi luna de miel verdadera... Me duró muy poquito”, reflexionaría el gobernador. Se refería a que, por andar en campaña con su padrino político, Fidel Herrera, no pudo disfrutar de un viaje de bodas a plenitud con Karime Macías, hoy presidenta del DIF estatal.

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Aunque se han negado sistemáticamente a reprochárselo en público, varios secretarios de despacho y diputados locales y federales le han reprochado a Duarte de Ochoa el “desfile de panistas” que ha cobijado su gobierno a lo largo de este sexenio: Eduardo Vega Yunes –sobrino de Yunes Linares– como subsecretario de Desarrollo Social; los exdiputados federales Silvia Monge como subdirectora de promoción turística, Baruch Barrera como subsecretario de desarrollo económico, Osiel Castro de la Rosa como director del Instituto de Bioenergéticos y Agustín Mollinedo como director de Carreteras Estatales. Además, nombró secretario de Gobierno y después como titular de Obras Públicas a Gerardo Buganza, excandidato del PAN al gobierno de Veracruz en 2004 y posteriormente legislador federal por el mismo partido. Duarte también maniobró para integrar al PRI a panistas como el exalcalde porteño José Ramón Gutiérrez de Velasco, a quien propuso como legislador local del tricolor; el exdiputado federal panista Rafael García Bringas es hoy diputado priista y Karla Vega Yunes –otra sobrina de Yunes Linares– fue impulsada como candidata a diputada federal suplente en el distrito de Xalapa, en las elecciones de 2015, pero perdió estrepitosamente. En el Poder Judicial, los nombramientos de magistrados y consejeros de la Judicatura siempre han sido “sugeridos” por el gobernante en turno, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sólo hace la debida adscripción. En dicho poder, Duarte ha incrustado al exdiputado local panista Danilo Alvízar, primero como consejero de la Judicatura y luego como consejero del Centro de Mediación y Conflictos (Cemcos). Asimismo, el exdiputado federal y local Mauricio Duck hoy es representante del Poder Legislativo en la Judicatura; el

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exrepresentante del PAN ante organismos electorales, Javier Hernández, hoy despacha como magistrado electoral, mientras que José Luis Hernández, exsecretario del ayuntamiento panista de Boca del Río –feudo político de Yunes Linares– hoy es magistrado del TSJ. Fidel Robles, que llegó a la diputación por el Partido del Trabajo y ahora está en Morena, reprocha que a Duarte el estado se le salió de control y hay índices reprobatorios en salud, educación, pasivos ecológicos, de seguridad, falta de liquidez y procuración de justicia, pero el mandatario apela a su “mecanismo de defensa” psicológica: pronuncia discursos “triunfalistas” y de “grandes logros y aciertos” en materia financiera. Robles expone que Duarte también será recordado por los grandes yerros que cometió en materia ambiental por privilegiar el desarrollo económico. Como ejemplo recuerda la construcción de hidroeléctricas a costa del daño ambiental y la disolución de comunidades, la ampliación del puerto de Veracruz con la condición de extraer bancos de roca basáltica en la biosfera de Los Tuxtlas, “por mencionar sólo algunos”. De forma similar, el senador panista Fernando Yunes asegura que Javier Duarte podrá ser recordado “como el peor gobernador que actualmente tiene el país”, pero también como el “peor mandatario que ha tenido Veracruz”. Yunes describe al gobernador como un político “visceral”, que toma decisiones “sin pensar” y sobre la marcha, sin medir el pulso ciudadano. Dicho de otra forma, apunta el panista, “es un remedo de dictador o tirano, que muchas veces suele recular de sí mismo”. Argumenta que la administración actual está en “caída libre” y por eso ni siquiera los funcionarios que acompañaron a Duarte al menos durante la mitad de su sexenio quieren ce-

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rrarlo con él. La prueba, dice, es que varios integrantes de su gabinete aprovecharon las elecciones federales de 2015 para irse al Congreso federal y salir del círculo de Duarte. “Estamos hablando que más de la mitad del gabinete está en el gobierno de Duarte por un proyecto personal y no un proyecto de gobierno”, expone. En el ocaso del sexenio de Duarte, el articulista de Proceso Juan Pablo Proal, el rotativo Crónica de Xalapa y el conductor de televisión Víctor Trujillo han recopilado las frases más fuera de lugar del gobernador priista. Por ejemplo, una vez que se solicitó que se abriera juicio político a Duarte en el Senado, en el Congreso de la Unión y en el Congreso local, el priista contestó a través de su red social oficial @Javier_Duarte: “Por cada golpe, voy a twittear un resultado”. En el puerto de Veracruz, Duarte fue cuestionado por reporteros locales debido a una de tantas oleadas de violencia. Contestó: “Es tan morboso, es tan atractivo, y recurrentemente atrae el tema de la violencia… por el morbo, por eso les pido a mis amigos (dirigiéndose a la prensa) que ampliemos nuestros horizontes, Veracruz es un tema que va más allá”. Al hablar de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016, y un mes y medio antes que se comprobara la muerte de todos ellos, Duarte afirmó en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno a que no se podía criminalizar a la policía de Veracruz por el caso de cinco oficiales coludidos con el narcotráfico: “Los policías no se compran en la tienda”. En una más sobre el clima de inseguridad, refirió en Xalapa: “No lo tomen como reclamo porque luego dicen que Duarte regañó a la prensa, pero hoy en la mañana hablé con ustedes

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de siete u ocho temas. Les juego doble contra sencillo de que el tema mañana va a ser la inseguridad”. Sin embargo, la que le valió su fama nacional y lo hizo cliente frecuente de moneros y cartonistas, así como imagen predilecta de los memes en las redes sociales fue su comparación de la delincuencia en el estado pronunciada en octubre de 2014: “Hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y dos Pingüinos en el Oxxo”. Duarte de Ochoa también dijo frases dignas de la posteridad sobre la prensa. El Día de la Libertad de Expresión en 2014 señaló: “En mí (los periodistas) tienen a un aliado y un protector, en mi persona tienen a un amigo que los valora, que los reconoce y los respeta. El gobernador Javier Duarte es el más ocupado y preocupado, no sólo por su integridad, sino por garantizar el ejercicio libre de su profesión”. Un año después, sus sentimientos hacia la prensa habían cambiado. En un desayuno con reporteros del norte del estado les dijo: “Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación y, si a alguien le afecta lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas; quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa: lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones. “Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes, a mí me crucifican todos. Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se

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nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles.” Con las acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por haber desviado más de 35 mil millones de pesos en cuatro años de gobierno, Duarte soltaría otra joya: “Tengo las manos limpias y la frente en alto”. Durante otra racha de impopularidad en 2014, el gobernador advirtió: “Se lo dije la otra ocasión; hablar mal de Veracruz es escupir para arriba”.

Capítulo 2

“La última letra” y “Las chivas”

on un monstruo de mil cabezas. Asesinan a un capo y dos semanas después ya hay un nuevo líder. Detienen a una célula de alguna de esas organizaciones, el Ejército y la Marina presumen que desintegraron a una banda delincuencial que metía zozobra a la población, y meses después los detenidos en un penal de máxima seguridad ven con recelo que ya tienen sustitutos en el organigrama de la banda. Son Los Zetas y más recientemente el CJNG o la extinta banda Gente Nueva, los grupos delincuenciales que han sembrado el terror en las tierras bañadas por el Golfo de México. Y no sólo sucede en la costa, también en la Cuenca del Papaloapan, en las montañas cruzadas por la sierra de Zongolica y en el Istmo de Tehuantepec. Sus apodos son por demás inverosímiles y rayan en la broma: El Pokemón, El Popeye, El Tatanka, El Willy, El Z-14, El Talibán, El Flander, El Java Díaz, El Chava Díaz o El 20, pero con sus cerebros retorcidos y su ejército de sicarios están preparados para matar, decapitar, desmembrar cuerpos, disolverlos en ácido, enterrarlos en fosas clandestinas o simplemente desaparecerlos.

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Aunque han recibido diversos golpes en la entidad y sufrido bajas en enfrentamientos con otras organizaciones delincuenciales, Los Zetas y sus rivales tienen un ejército de reserva (desempleados permanentes) para el buen funcionamiento del sistema criminal: el aceite y correcto engranaje de sus brazos armados y la necesaria acumulación de capital. Quien lo explicó de una forma escueta pero elocuente fue el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pues durante la reunión plenaria de senadores priista en Boca del Río del 29 de agosto de 2014 dijo que aunque se corten cabezas de una organización criminal, el resto de su estructura continúa delinquiendo e incluso “diversificando” sus actividades ilícitas. También ahondó sobre el número de organizaciones que operan en el país: “Habrá, y entiéndase en el término mexicano de habrá, como 80 cárteles del narcotráfico operando en el país. Y nos enfrentamos al problema que cada que se ‘destruye’ la cabeza de una organización delincuencial, el Estado queda expuesto a delitos más individuales, como el secuestro, el trasiego de droga a menor escala y de otro tipo.” En Veracruz, además de la siembra, fabricación y consumo de drogas, Los Zetas también se dedican a la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y al cobro de derecho de piso, lo mismo a ganaderos que a constructoras. En varios municipios controlan la distribución de la mercancía pirata (introducida al país de contrabando o fabricada sin permiso del autor). De 2004 a la fecha, varios capos de esa organización han sido detenidos o abatidos en la entidad; sin embargo, sus operaciones continúan desarrollándose, aunque ahora bajo la presión de un cártel rival. Un informe elaborado por el gobierno de Fidel Herrera –hoy cónsul en Barcelona– detalla que en su sexenio fueron deteni-

CAPÍTULO 2: “LA ÚLTIMA LETRA” Y “LAS CHIVAS”

dos seis cabecillas de Los Zetas: Raúl Hernández Beltrán, El Flander 1, fue aprehendido en Coatzintla por fuerzas federales el 21 de marzo de 2008; Javier Díaz Ramón, El Java Díaz, cayó en manos de militares y marinos de la Tercera Zona Naval en el aeropuerto de Veracruz el 22 de diciembre del mismo año, y Germán Torres Jiménez, El Tatanka o Z-25, fue aprehendido por policías federales el 25 de abril de 2009. De igual forma, Salvador Díaz Paredes, El Chava Díaz, fue detenido en el puerto de Veracruz por policías estatales; Pedro Avendaño, El Perf, fue capturado por militares en Coatzacoalcos junto con otros 11 presuntos zetas el 9 de noviembre de 2009, y Carlos Tarabay García, El 20, fue apresado por fuerzas federales en Boca del Río. Sólo dos cabecillas de Los Zetas fueron abatidos en el periodo de Herrera: Efraín Teodoro Torres, El Z-14, ejecutado por rivales de su propia organización en la congregación de Villarín el 3 de marzo de 2007, y Braulio Arellano Luna, El Gonzo, acribillado por marinos durante un operativo en Soledad de Doblado el 2 de noviembre de 2009. En cuanto a los integrantes del CJNG, arribaron a Veracruz en septiembre de 2011. También conocidos como Mata Zetas, salieron a la luz pública arrojando 34 cuerpos con una Z tiznada en el torso en las inmediaciones de la zona dorada y el centro comercial Plaza Américas. Informes de la PGR y de la SEIDO aseguran que los miembros del CJNG lograron desplazar a Los Zetas de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Cotaxtla, y que ahora, apoyados por la organización delincuencial Ántrax, van por la zona de Córdoba-Orizaba y municipios de la sierra de Zongolica, donde lograron asestar un golpe en agosto pasado, pues en un enfren-

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tamiento en el establecimiento La Taberna mataron a seis personas, entre ellos a Felipe Santana Hernández, El Felino, jefes de plaza de Los Zetas. En esa refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, excorresponsal de Televisa en la región y quien al momento de morir fungía como “jefe de prensa” del grupo delictivo. La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos de policías estatales, quienes los “levantaron” para entregarlos a una célula del CJNG, evidencia que dicha organización también va por municipios de la Cuenca del Papaloapan como Tres Valles, Villa Isla, Playa Vicente, Rodríguez Clara, José Azueta y otros municipios que dan salida hacía Oaxaca y al Istmo de Tehuantepec. En Orizaba y Córdoba, las narcomantas han advertido que la organización Los Ántrax, en alianza con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, también llegaron a pelear esta región montañosa. En el caso de Xalapa, la capital del estado, el parteaguas llegó en 2010, cuando en una balacera fue acribillada Irene Méndez, hija de la reconocida poeta Esther Hernández, y fue secuestrado el hijo de empresarios Fouad Hakim, a quien sus sicarios dejaron desangrar en un muladar del municipio de Emiliano Zapata. Antes del macabro hecho, en Xalapa se escuchaban a lo lejos y de forma dispersa las balaceras; se conocía de casos de ejecutados, cercenados, “levantones” y enfrentamientos en el norte de la entidad, que hace frontera con Tamaulipas, así como en Los Tuxtlas y en el sur, pero nunca en donde radican los tres poderes estatales. Después la cosa se puso peor. Al iniciar 2011 se contabilizaron 14 muertes en un solo día en la colonia Casa Blanca, al

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norte de la ciudad, durante un operativo castrense. En las siguientes semanas hubo ejecuciones y balaceras en diversas arterias de tránsito de la capital, en los estacionamientos de las plazas comerciales Plaza Crystal y Walmart, e incluso enfrentamientos a tiros afuera del Palacio de Justicia Federal en Arco Sur, muy cerca de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En resumen, el crimen organizado le perdió el respeto a la “Atenas Veracruzana”. De ahí en adelante, aunque los “levantones” y desapariciones forzadas continúan en Xalapa –una ciudad de casi medio millón de habitantes–, la mayoría de los ejecutados son arrojados en los vecinos municipios de Banderilla y Emiliano Zapata. Conforme avanza la identificación de cuerpos, se revela que la mayoría eran taxistas de la capital del estado y originarios de municipios vecinos. Ya en la segunda mitad de la administración, el gabinete de seguridad de Duarte entregó un listado de 123 presuntos integrantes de la delincuencia organizada “neutralizados” (abatidos) o detenidos y puestos a disposición de un Ministerio Público federal; sin embargo, en esa relación el gobierno presumía incluso detenciones efectuadas por fuerzas federales en otras entidades y la consignación de presuntos delincuentes del fuero federal, pero sin relevancia en el crimen organizado. Una depuración de dicho listado permite ver que durante el sexenio de Duarte fueron “abatidos” siete integrantes de Los Zetas, sobre todo en grado de peligrosidad, Rolando Veyta Bravo, El Manitas o “el terror de los reporteros”, quien amenazó a varios periodistas. Cayó el 20 de mayo de 2011 en un enfrentamiento contra los sicarios de un grupo rival en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en las avenidas Ruiz Cortines y Ávila Camacho.

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Pero el día que murió El Manitas, Duarte y el entonces alcalde priista de Boca del Río, Salvador Manzur, encabezaban el Festival Internacional de Salsa, que concentró a más de 50 mil personas en el bulevar Vicente Fox. Leonardo Daniel Vázquez, El Pachis, jefe de plaza de Los Zetas en Poza Rica, al norte de la entidad, fue acribillado en una balacera de sicarios y fuerzas federales. Félix Arcos Flores, El Coyote, presunto jefe de plaza de Tierra Blanca y Tres Valles, murió en circunstancias similares en la Cuenca del Papaloapan. Enrique Delgado, Mando Quique, jefe de plaza de Los Zetas en los límites de Veracruz y Tamaulipas, fue alcanzado por las balas el 22 de marzo de 2012 en el rancho Flor de María, en Tuxpan. Esa propiedad es de Pancho Colorado Cessa, lavador de dinero de dicha organización delincuencial y quien purga en Estados Unidos una condena de 20 años. Daniel Vargas Ramírez, El Popeye, supuesto jefe de plaza de Los Zetas en Cardel, fue abatido el 20 de diciembre de 2012 en Puente Nacional. Enrique Uscanga Marín, El Pokemón, cabecilla del mismo cártel en Córdoba, cayó bajo el fuego militar el 27 de diciembre de 2012; dos días después, cuatro habitantes de Ixhuatlán del Café se emborracharon y murieron acribillados por soldados, que los “confundieron” con sicarios que acudían en taxi a rescatar el cadáver del Pokemón. El 15 de mayo de 2014, integrantes de la Policía Estatal Acreditable ultimaron a Joel Cortina Jiménez, El Gory, presunto jefe de estacas de Los Zetas en Xalapa y municipios vecinos. Una fuente de la FGE enumera sólo a 15 de los 123 delincuentes detenidos en la administración de Duarte que sí tenían puestos importantes en Los Zetas o el CJNG. Entre ellos destacan Francisco Reyes, Comandante Paquito, jefe de Los Zetas en varias plazas del sur del estado y detenido en Coatzacoalcos el

CAPÍTULO 2: “LA ÚLTIMA LETRA” Y “LAS CHIVAS”

12 de marzo de 2011; Arturo Pitalúa Carrillo, El Bambam, detenido el 26 de octubre en el puerto de Veracruz, donde era el jefe de plaza. El 12 de diciembre de 2011, en Córdoba, efectivos de la Marina y el Ejército aprehendieron a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, uno de los fundadores de la organización delictiva a quien se le relaciona con varias desapariciones forzadas en la entidad. En su declaración preparatoria, Hernández Lechuga afirmó que tenía comprados a varios integrantes del gobierno de Duarte y que diversos mandos de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río trabajaban para Los Zetas. Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H, fue detenido el 7 de febrero de 2012 en Acayucan por fuerzas federales. Confesó ser jefe de plaza de Los Zetas, más aún, dio pistas para el primer hallazgo en el gobierno de Duarte de un panteón clandestino en el rancho La Poma Rosa, donde se localizaron más de 15 cadáveres. Pese a sus cortos 17 años, Romeo Domínguez Vélez, El Chaparro, ya tenía a su mando a 100 estacas de Los Zetas, 350 halcones y la protección de más de 600 puntos de venta de droga, cuando fue detenido el 24 de abril de 2012 en el puerto de Coatzacoalcos. En su celular le encontraron videos donde se ve cómo asesinan a cuatro elementos de la Marina Armada de México en los alrededores de Xalapa, crímenes de los que también se acusó a Marcos de Jesús Hernández, El Chilango, capturado en mayo del mismo año. El 7 de octubre de 2011 fue detenido Alfredo Carmona Aranda, El Capi, un cabecilla del CJNG señalado como probable partícipe de la matanza de 35 personas que fueron localizadas en la Plaza del Volador en septiembre de ese año, el día

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anterior a un encuentro nacional de procuradores de justicia. Y el 7 de agosto de ese año fue apresado Isaías Flores Pineda, expolicía intermunicipal de Veracruz-Boca del Río con la clave Cronos, y a quien se le atribuyó el liderazgo del CJNG en esa plaza.