La democracia a nivel local bajo ataque: la violencia y sus costos políticos en México Aldo F. Ponce1 1. Introducción Las políticas gubernamentales que se centran en contraer la oferta de drogas ilícitas por medio de las intervenciones armadas de las fuerzas públicas de seguridad (militares y policías) en contra de las organizaciones criminales han ocasionado no sólo cuantiosas y diversas pérdidas económicas y sociales (BenYishay y Pearlman 2013; Jensen, Gerger y Mosher, 2004; Ríos, 2008),22 sino también han contribuido a que las organizaciones criminales incrementen su grado de influencia sobre las administraciones locales donde éstas tienen presencia (Ponce 2016a, 2018). La militarización de la lucha contra los narcos llevó a un sustancial incremento en el número de las organizaciones criminales y, debido a esta mayor competencia entre las organizaciones criminales, la violencia creció rápidamente (Atuesta y Ponce, 2016, 2017). Este capítulo se centra en entender algunos de los medios utilizados por las organizaciones criminales –específicamente a través de las elecciones locales– para fortalecer su influencia sobre dichas administraciones locales (a lo que algunos estudios previos llaman “captura”).3 1
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE-Ciudad de México). División de Estudios Políticos. 2 Viridiana Ríos (2008) estima que los costos de la guerra contra las drogas generan pérdidas económicas para México, las que ascienden aproximadamente a 4.3 billones de dólares anuales. 3 Para mayores detales, consultar Lessing (2015), Ponce (2016a, 2018) y Trejo y Ley (2016).
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En general, se puede apreciar una intervención significativa de las organizaciones en las elecciones locales con el objetivo de afectar sus resultados. El propósito de las organizaciones criminales es lograr que la alternativa electoral ganadora establezca colaboración con las actividades de la organización (Ponce, 2016a, 2018). Las intervenciones en las elecciones locales han ocasionado dos distorsiones relevantes en los procesos electorales a nivel local que han facilitado que las organizaciones criminales incrementen su grado de influencia: 1) la pérdida en los niveles de competitividad electoral a nivel local (Ponce, 2016a),4 y 2) la caída en el número de alternativas electorales en elecciones municipales (Ponce, 2018).5 Cuando la competencia electoral existe (si al menos hay dos alternativas electorales en competencia),6 resulta posible cuantificar la competitividad electoral. Además, las continuas intervenciones de las organizaciones criminales para alterar los resultados electorales también han ocasionado que disminuya la alternancia de los partidos en el poder en aquellos distritos relativamente más golpeados por la violencia. Este resultado sugiere que una vez que se establece una alianza entre el partido (a nivel local) que controla el gobierno municipal y una organización criminal, resulta menos probable que este partido deje el poder en futuras elecciones. Esta alianza tiende a hacer al partido gobernante más fuerte frente a sus futuros competidores. En otras palabras, la presencia criminal hace más probable el surgimiento de autoritarismos a nivel local (O’Donnell, 1993; Gibson, 2005; Mickey, 2009). Para lograr este propósito, el presente trabajo descompone esta relación causal en dos pasos. En cuanto al primero, explico por qué 4
En este capítulo considero que la competitividad electoral crece conforme los partidos principales se aproximan a una distribución más nivelada de la fuerza electoral (Sartori, 1976). En otras palabras, una mayor competitividad electoral se manifiesta en una distribución de los votos más igualitaria entre las alternativas electorales que compiten (Sartori, 1976). 5 Si tal reducción en el número de alternativas lleva a que sólo se presente una alternativa electoral, la competencia electoral desaparece (Sartori, 1976). 6 En este trabajo, el grado de la competencia electoral se mide por el número de alternativas electorales.
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las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad han provocado un incremento en el número de organizaciones criminales, y este aumento, a su vez, ha generado un crecimiento sustancial de la violencia relacionada con las actividades del crimen organizado en México desde el año 2007.77 Conforme las intervenciones militares producían la muerte o captura de los líderes, varias de estas organizaciones se fragmentaban luego de agudos conflictos internos por la sucesión (Atuesta et al., 2016, 2017; Calderón, Robles, Díaz-Cayeros y Magaloni, 2015; Dickenson, 2014; Phillips, 2015). Tal fragmentación contribuyó a un rápido incremento en los niveles de violencia (Atuesta et al., 2016, 2017; Calderón et al., 2015; Phillips, 2015). Esta mayor competencia entre las organizaciones criminales ha hecho que muchas de éstas busquen ampliar su influencia sobre las administraciones locales (lo que incluye a las fuerzas de seguridad locales) para lograr ventajas estratégicas sobre sus competidores (Lessing, 2015; Morris, 2012, 2013; Ponce, 2016a). Estas ventajas pueden incluir menores restricciones para el lavado de dinero, la adopción de políticas públicas que favorezcan los intereses de las organizaciones criminales, mayor facilidad para transportar las drogas ilegales a través del municipio, protección policial para sus actividades ilegales, información sobre las actividades de otras organizaciones criminales, el apoyo de la policía local para combatir a las organizaciones criminales rivales (Lessing, 2015; Morris, 2012, 2013; Ponce, 2016a) e incluso la extracción de recursos financieros de las administraciones locales (Chacón, 2013; Sberna y Olivieri, 2014). Respecto del segundo paso, este capítulo sostiene que uno de los mecanismos que las organizaciones criminales han utilizado para incrementar su grado de influencia sobre las administraciones locales han sido las elecciones locales. Si las organizaciones criminales establecen una alianza con alguna (o algunas) de las alternativas 7
El número de homicidios relacionados con el crimen organizado creció de 2 826 registrados durante el año 2007 a 15 273 en el año 2010 (Secretaría de Gobernación). La figura 2.1 muestra un gráfico que ilustra el vertiginoso ascenso de la violencia, esta vez con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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electorales, y ésta (o éstas) triunfa, resulta más probable que la organización criminal pueda establecer de manera relativamente estable y con mayor certidumbre intercambios colaborativos con las autoridades locales. Sin embargo, es muy probable que las organizaciones criminales encuentren además otras formas de influir sobre las decisiones de las administraciones locales, como las amenazas, la extorsión y la entrega de dinero a las autoridades municipales. En particular, las organizaciones criminales, en sus intentos por expandir su grado de influencia sobre las administraciones locales a través de la manipulación de las elecciones locales, han terminado por deprimir la competencia y la competitividad electoral en los municipios. Esta disminución, tanto en competencia como en competitividad electoral, ha sido mayor en los municipios relativamente violentos o con una mayor competencia entre las organizaciones criminales (un mayor número de organizaciones criminales). Los actos violentos de las organizaciones criminales en muchos casos apuntan a restringir total o parcialmente el desarrollo de las campañas electorales por miedo a la violencia. Como consecuencia, el número de alternativas electorales ha tendido a disminuir en los distritos más violentos. Asimismo, el apoyo electoral ha tendido a concentrarse más en un menor número de alternativas una vez que asumimos que el número de éstas permanece constante. La combinación de ambos efectos constituye un costo político que crea un serio riesgo para la calidad de la democracia en ámbitos locales donde la violencia criminal reina. En estos contextos, las políticas y decisiones de aquellas administraciones podrían estar fuertemente influenciadas por las organizaciones criminales en desmedro de las preferencias y demandas de los votantes de la localidad. Los hallazgos que este estudio reporta alertan sobre los riesgos que los incrementos desmedidos de violencia pueden crear contra la democracia a nivel local no sólo en México, sino también en todos aquellos países que han encarado y persisten en atacar la oferta de drogas mediante políticas beligerantes que suelen involucrar a las
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fuerzas militares. Ejemplos de esos países son Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú y Nicaragua.8 El resto de este capítulo se divide en cuatro secciones. La primera parte, que sigue a esta introducción, analiza la escalada de violencia en México. Este segmento muestra que tal incremento en la violencia coincide con un cambio de política en la lucha contra la comercialización y el transporte de drogas ilegales en México. También describe los distintos mecanismos causales que explican cómo tales intervenciones han multiplicado la violencia y la lucha entre las organizaciones criminales que comercializan y transportan estos productos ilegales. La segunda sección describe cómo y cuánto la escalada de violencia asociada a las actividades de las organizaciones criminales ha deprimido la competencia electoral en las elecciones municipales en México. El tercer segmento muestra cómo y cuánto la escalada de violencia asociada a las actividades de las organizaciones criminales ha disminuido la competitividad electoral en las elecciones municipales en México. Otra prueba de la interferencia de las organizaciones criminales en los resultados electorales de las elecciones locales es una ralentización de la alternancia entre los partidos políticos en aquellos distritos donde las organizaciones criminales tienen fuerte presencia. Esta sección también muestra este efecto. La cuarta y última parte concluye y ofrece recomendaciones para investigaciones futuras. 2. Sobre la violencia en México y sus causas Los datos sobre homicidios perpetrados indican que la violencia en México se encuentra desbordada. La figura 2.1 muestra la evolución de la violencia en México de 1990 a 2017, cuantificada por el número de homicidios. Este número es el indicador más comúnmente empleado para calcular niveles de violencia por ser una
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Para una revisión sobre la evolución de la política de drogas en Perú, consultar Ponce (2016b).
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unidad de medida relativamente más confiable que otras alternativas (Buvinic y Morrison, 1999; Eisner, 2013; Indermaur, 1996).9 Estas cifras indican que la violencia tuvo un aumento significativo a partir de 2007 (Cadena, 2010; Flores, 2009; Montero, 2012; Ríos, 2010, 2012; Velasco, 2005). Incluso durante los años previos a este último, los niveles de violencia estuvieron reduciéndose lentamente (Bailey y Flores-Macías, 2007); y de acuerdo con Wilson y Petersilia (2011), esta progresiva reducción de la violencia se produjo gracias a la relativa estabilidad política y económica durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006).
35 000
Figura 2.1 Número de homicidios por año
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Otros indicadores que miden violencia son las encuestas de victimización, los reportes de la policía o de los servicios de salud, y un cálculo de los años perdidos con adecuada salud debido a la violencia (Buvinic et al., 1999). Mientras las encuestas de victimización y los reportes de la policía y salud subreportan los actos de violencia, los cálculos sobre los años perdidos con satisfactoria salud resultan de difícil valoración (Buvinic et al., 1999). Además, el número de homicidios se contabiliza más consistentemente que los otros indicadores.
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¿Qué sucedió entonces a partir del año 2007 que pueda explicar semejante aumento de la violencia? Varios estudios atribuyen tal incremento al cambio de política que implantó el expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) para desarticular a las organizaciones criminales que comercializan y transportan drogas ilegales a Estados Unidos (Bailey y Taylor, 2009; Chabat, 2010; Pereyra, 2012; Ríos y Shirk, 2011). Tal cambio de política ordenó la intervención de las fuerzas militares para combatir al crimen organizado (Cadena, 2010; Calderón et al., 2015). El gobierno de Calderón abandonó una política de tolerancia hacia el narcotráfico (Chabat, 2010). Durante este periodo de tolerancia incluso se cree que existieron pactos secretos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado que asignaba rutas y territorios a las organizaciones criminales con la condición de que éstas no incurrieran en actos violentos (Pimentel, 2000). Estas intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad usualmente causan muertes o detenciones de los miembros de las organizaciones criminales. Las cifras sobre el número de detenidos y de muertes que estas intervenciones ocasionan brindan información adicional sobre el grado de agresividad que la nueva política produjo en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con una base de datos recolectada por el Programa de Política de Drogas del CIDE, en donde se incluyen diferentes eventos relacionados con el crimen organizado, el promedio del número de detenidos en enfrentamientos entre el gobierno y el crimen organizado y en agresiones al gobierno fue de 0.4 por municipio en 2007 (Atuesta et al., 2016, 2017). El promedio del número de víctimas letales del crimen organizado fue de 0.08 por municipio en el mismo año. En 2011, sin embargo, estas dos cifras cambiaron a 1.7 y 1.9, respectivamente, experimentando crecimientos de 329% y 2 093%, respectivamente (Atuesta et al., 2016, 2017). Estas cifras sugieren que la “guerra contra el crimen organizado” en México se hizo cada vez más letal y costosa según la mide el número de pérdidas de vidas humanas (Atuesta et al., 2016, 2017). La literatura sobre cómo estas intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad incrementan la violencia identifica tres mecanismos
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causales que la reproducen: 1) las intervenciones producen conflictos internos en las organizaciones criminales (Atuesta et al., 2016, 2017; Dickenson, 2014); 2) en algunos casos estos conflictos internos conducen a una mayor fragmentación de las organizaciones criminales, y este mayor número de organizaciones criminales genera violencia adicional (Atuesta et al., 2016, 2017; Bailey et al., 2009; Calderón et al., 2015; Casas-Zamora, 2010; Durán-Martínez, 2015; Pereyra, 2012; Phillips, 2015; Trelles y Carreras, 2012), y 3) las intervenciones provocan la venganza de las organizaciones criminales en contra de las fuerzas públicas de seguridad (Atuesta et al., 2016, 2017). A continuación explico con más detalle la lógica de estos tres mecanismos causales. 2.1 Las intervenciones producen conflictos internos en las organizaciones criminales De acuerdo con Dickenson (2014), el arresto o asesinato de los líderes de las organizaciones criminales, que estas intervenciones causan, fomenta la violencia, ya que se producen enfrentamientos entre candidatos que aspiran a asumir el cargo vacante del líder caído o apresado. Estos enfrentamientos ocurren hasta que el proceso de sucesión concluye Dickenson (2014) incluso arguye que los candidatos al puesto vacante emplean la violencia para demostrar que son aptos para asumir la nueva responsabilidad. Finalmente, estas intervenciones podrían provocar cambios en la fortaleza relativa de las organizaciones criminales (Atuesta et al., 2016, 2017). Estas alteraciones en el poder relativo de las organizaciones criminales podrían alentar a las que se fortalecen (relativamente) al atacar a aquellas debilitadas para tomar control de las rutas y del territorio (Atuesta et al., 2016, 2017). 2.2 Incremento en el número de las organizaciones criminales Además, estas detenciones o muertes de los líderes –que fomentan pugnas entre facciones que aspiran a controlar las organizaciones cri-
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minales– en ocasiones han fragmentado a las mismas organizaciones criminales, lo que ha contribuido a incrementar la competencia por el territorio y las rutas de transporte entre un mayor número de competidores (Bailey et al., 2009; Calderón et al., 2015; Casas-Zamora, 2010; Durán-Martínez, 2015; Pereyra, 2012; Phillips, 2015; Trelles et al., 2012). El incremento en el número de competidores aumenta la violencia, tal como Atuesta et al. (2016, 2017) lo prueban a través de un modelo econométrico de dos etapas (en la primera verifican un impacto positivo y significativo de las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad sobre el número de las organizaciones criminales y en la segunda encuentran un impacto significativo de dicho número sobre el número de homicidios producidos en enfrentamientos entre las organizaciones criminales o entre sus miembros).10 Atuesta et al. (2016, 2017) sostienen que tales intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad no sólo dividen a las organizaciones existentes, sino también podrían facilitar el surgimiento de nuevas organizaciones. Si tales intervenciones son capaces de provocar la muerte o apresamiento de numerosos miembros de las organizaciones criminales, éstas podrían debilitarse y tal debilitamiento facilitaría el surgimiento de nuevas organizaciones criminales o el establecimiento de otras organizaciones ya existentes en otros territorios (Atuesta et al., 2016, 2017). En cualquier caso, el incremento en el número de organiza-
Otros factores, característicos del contexto social mexicano, que han facilitado el crecimiento de la violencia son: 1) la descentralización de las instituciones mexicanas dificulta que la coordinación de estrategias para combatir a las organizaciones criminales sea eficiente (Montero, 2012; Ríos, 2012); 2) la narcorrupción que le resta efectividad aún más al Estado mexicano para combatir a las organizaciones criminales al desarrollarse múltiples redes de colusión y cooperación entre oficiales, policías y militares del Estado y las organizaciones criminales (Chabat, 1994, 2005; Flores, 2009, 2012; Montero, 2012); 3) las pobres condiciones económicas del mercado de trabajo en México que inducen a los jóvenes desempleados a unirse a las organizaciones criminales como medio de subsistencia y de ascenso social (Ríos, 2010); y 4) el fácil acceso a la compra de armas en el mercado estadounidense fortalece logísticamente a las organizaciones criminales (Bailey et al., 2009).
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ciones criminales está asociado con un incremento en la violencia (Atuesta et al., 2016, 2017).11 2.3 Las intervenciones provocan la revancha de las organizaciones criminales en contra de las fuerzas públicas de seguridad Atuesta et al. (2016, 2017) también proponen que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad pueden provocar la revancha de las organizaciones criminales en contra de las fuerzas públicas de seguridad después de que éstas asesinen o detengan a alguno de sus miembros en enfrentamientos. Los miembros de dichas organizaciones podrían buscar distintos objetivos con estos actos de revanchismo. Primero, les permitiría comunicarle al gobierno que las futuras intervenciones serán posteriormente “castigadas” por las organizaciones criminales (Calderón et al., 2015). Segundo, éstas pueden también mostrar fortaleza frente a otras organizaciones criminales y exponerles que no ocurrió ningún debilitamiento a consecuencia de las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad (Calderón et al., 2015). Adicionalmente, si las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad reflejan el fin o el debilitamiento de acuerdos previos entre los oficiales del gobierno y las organizaciones criminales, la revancha podría intentar “corregir” cualquier desviación que viole acuerdos previos (Atuesta et al., 2016, 2017), o podría buscar la renegociación de nuevos acuerdos en condiciones más ventajosas. Estos acuerdos secretos e ilegales podrían estipular el libre tránsito en el transporte de la droga o la posibilidad de venderlas en el mercado local a cambio del cese de la violencia. Atuesta et al. (2016, 2017) también encuentran evidencia empírica significativa que apoya la existencia de este tercer mecanismo multiplicador de la violencia. La figura 2.2 resume estos tres argumentos. Atuesta et al. (2016, 2017) utilizan la base de datos recolectada por el Programa de
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Política de Drogas del CIDE para evaluar la relación entre las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad, el número de organizaciones criminales y el número de crímenes perpetrados entre las organizaciones criminales o entre sus miembros.
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Figura 2.2 La intervención gubernamental y la multiplicación de la violencia Incremento de violencia pública (retaliación) Intervención gubernamental • Detenciones en agresiones y enfrentamientos • Víctimas del crimen organizado en agresiones y enfrentamientos
Violencia política Proxy: Ejecuciones de miembros de la fuerza pública
Incremento de violencia privada (entre y dentro de grupos) Intervención gubernamental • Detenciones en agresiones y enfrentamientos • Víctimas del crimen organizado en agresiones y enfrentamientos
Fragmentación Número de grupos
Violencia política Proxy: Ejecuciones de miembros de la delincuencia organizada
Enfrentamientos entre grupos sin que se produzca fragmentación (luchas por sucesión, cambios en la fortaleza relativa de los grupos, puestos dentro de las organizaciones) Fuente: elaboración propia.
Tal como se aprecia en la figura y como se deriva de la argumentación previa, estas dos modalidades de violencia (“violencia privada” y “violencia pública”) responden a incentivos distintos y se producen a través de enfrentamientos exclusivamente entre los miembros del crimen organizado (“violencia privada”) o se manifiestan a través de ejecuciones de miembros de las fuerzas públicas de seguridad (“violencia pública”) (Atuesta et al., 2016, 2017). Cuando comparamos la frecuencia con la que se producen estos tipos de violencia, de acuerdo con la base de datos del Programa de Política de Drogas del CIDE, observamos que la mayor parte de la violencia corresponde a eventos
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de la “violencia privada”. Mientras que en promedio 0.6 miembros de la fuerza pública fueron ejecutados por municipalidad en 2007, las ejecuciones privadas fueron de 5.8 en promedio por municipalidad en el mismo año. Estas dos cifras, en 2011, aumentaron a 0.8 y a 15.28, respectivamente, y representan una tasa de crecimiento para los cinco años de 23% y 162%, respectivamente (Atuesta et al., 2016, 2017). Estos aumentos no sólo confirman el acentuado crecimiento de la violencia desde 2007, sino también que gran parte de ese aumento se debe a incrementos en la “violencia privada”. Estas cifras también sugieren que los dos primeros mecanismos causales –el aumento en el número de organizaciones criminales y los conflictos internos de las organizaciones criminales– son capaces de explicar la mayor parte de la multiplicación de la violencia en años recientes. Esta mayor competencia violenta entre organizaciones criminales por los mercados las ha empujado a buscar ventajas estratégicas frente a sus competidoras. Una de estas ventajas se orienta a poder incrementar su influencia sobre las decisiones de las administraciones públicas locales. Una forma de alcanzar este objetivo, con la ventaja adicional de fortalecer una influencia estable y con mayor certidumbre, es infiltrar políticos aliados en la dirección de las administraciones locales. Las elecciones locales ofrecen la oportunidad de alcanzar este objetivo contando con la legitimidad que ofrece la victoria electoral. La siguiente sección explica por qué este contexto caracterizado por gran violencia ha incrementado los costos políticos (medidos por las pérdidas en competencia electoral). 3. Sobre los daños a la competencia electoral a nivel local Tal como menciono previamente, el grado de competencia electoral se mide por el número de alternativas electorales. Son pocos los estudios anteriores que hayan teorizado respecto a los efectos que la violencia ejerce sobre la competencia electoral. Sin embargo, todos coinciden en que la violencia puede convertirse en un instrumento para mani-
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pular o alterar los resultados electorales (Chaturvedi, 2005; Collier y Vicente, 2012; Ellman y Wantchekon, 2000). Si las organizaciones criminales logran reducir el número de alternativas, y entre las que sobreviven está (o están) la(s) que prefieren, habrán logrado que sus posibilidades de victoria aumenten. Para eliminar las alternativas electorales no deseadas, las organizaciones criminales pueden alterar directamente la oferta electoral a través de diferentes estrategias. 3.1 Alteración de la oferta electoral Primero, las organizaciones criminales pueden eliminar alternativas electorales al asesinar a potenciales candidatos. Estos asesinatos reducen inmediatamente el número de alternativas electorales (Ponce, 2018).12 Segundo, las organizaciones criminales pueden amenazar a potenciales candidatos para evitar que presenten sus candidaturas (Ponce, 2018). Estos potenciales hechos también podrían disminuir el número de alternativas si estos políticos desistieran de competir (Ponce, 2018). Tercero, los candidatos potenciales podrían decidir no competir en las elecciones municipales si anticipan que su integridad física pueda estar en riesgo si lo hacen, o sus posibilidades de victoria quedarán sustancialmente mermadas debido a que realizarán una campaña con serias limitaciones (Acemoglu, Robinson y Santos, 2013; Ponce, 2018; Wantchekon, 1999).13 Por ejemplo, si ciertos candidatos prevén que no podrán organizar mítines o demostraciones públicas por temor a los riesgos de atentados y estas limitaciones reducen sustancialmente sus posibilidades de victoria, éstos podrían dejar de candidatear (Acemoglu et al., 2013; Ponce, 2018; Wantchekon, 12
El apéndice 1 muestra diversas noticias que reportan ataques de las organizaciones criminales a los candidatos de distintos partidos, varios de los cuales fueron asesinados. Tal como se observa, los cárteles no parecen consistentemente tener predilección por algún partido en particular (a nivel local). 13 Varios estudios afirman que la decisión de presentar una candidatura depende de las posibilidades de victoria que potenciales candidatos anticipan (Gibbard, 1973; Sartori, 1976; Schwartz, 1982).
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1999). Incluso si ganasen las elecciones, las organizaciones criminales los podrían asesinar una vez que asuman el cargo de presidente municipal (Ponce, 2018). Tal situación también podría hacer que potenciales candidatos desistan de participar en las elecciones. En general, es plausible esperar que si los actos violentos se hacen cada vez más frecuentes, la amenaza a los potenciales candidatos se vuelva más creíble. Así, los incrementos en la violencia deberían reducir el número de candidatos debido al asesinato de potenciales candidatos (Ponce, 2018), o porque puede hacer que aquellos políticos menos afines a los intereses de las organizaciones criminales se desanimen de participar en las contiendas electorales (Ponce, 2018). Ponce (2018) evalúa si esta expectativa se puede verificar a partir de la estimación de un modelo multivariado negativo binomial donde la variable dependiente representa el número de alternativas electorales en cada municipio. La variable independiente clave en este modelo es el número de homicidios relacionados con las actividades del crimen organizado. La figura 3.1 muestra los valores esperados del número de alternativas electorales conforme el grado de violencia varía (“violencia privada”). Se puede ver que con valores relativamente extremos de violencia, el número de candidatos podría llegar a uno solo, el cual muy probablemente esté vinculado a alguna organización criminal. Estos valores se calculan a partir de la estimación del modelo multivariado.14
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Las variables de control utilizadas en estas estimaciones fueron: el número de organizaciones criminales, el número de alternativas electorales en la elección previa, el número de policías por habitante, el ingreso por habitante y dos indicadores de competitividad electoral en la elección previa (el coeficiente de Gini para medir la concentración de los votos en la elección previa y la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección previa). Todas las variables de control resultaron ser significativas, excepto los indicadores de competitividad electoral y el número de policías por habitante. En este trabajo, para llevar a cabo las estimaciones utilizo los datos de homicidios de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano y el número de organizaciones criminales de la base de datos recolectada por el Programa de Política de Drogas del CIDE (Ponce, 2018).
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Número esperado de candidatos
Figura 3.1 La relación entre el grado de violencia y el número de alternativas electorales
Número de homicidios “privados” por habitante Fuente: Tomado de Ponce (2018). Las estimaciones fueran hechas considerando el universo de los municipios en México (excepto para los que no hay datos disponibles).
Sin embargo, las organizaciones criminales podrían financiar (ilegalmente) a candidatos, los cuales sin este financiamiento no competirían. Adicionalmente, dichas organizaciones podrían ofrecerles a sus candidatos preferidos protección de otras organizaciones criminales (Ponce, 2018). Las organizaciones criminales, sin embargo, deben de asumir los costos de esta nueva candidatura, lo que incluye los costos de transacción (negociación con potenciales candidatos) y los recursos transferidos a estos políticos para este fin (Ponce, 2018).15 ¿En qué circunstancias, las organizaciones criminales estarían dispuestas a asumir estos costos? Primero, esperaríamos que esta situación ocurriera cuando el poder monopólico sobre un territorio se perdiera. Sin embargo, el incremento en el número de competidores no necesariamente podría crear los incentivos suficientes para que 15
Similares pactos entre grupos armados y candidatos se han reportado en Colombia (López, 2010; Velázquez, 2009). 101
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las organizaciones criminales opten por financiar candidatos (Ponce, 2018). Por ejemplo, si tal aumento en el número de dichas organizaciones viniera acompañado de un acuerdo entre éstas que les permita compartir el territorio sin necesidad de enfrentamientos entre ellas, los incentivos para que financien candidatos podrían resultar relativamente débiles (Ponce, 2018). En cambio, si hubiera un encendido enfrentamiento entre las organizaciones criminales existentes, los incentivos para controlar el gobierno local podrían ser mayores. En este caso, es más probable que las organizaciones criminales financien candidaturas con mayor agresividad. Como consecuencia, los extremos niveles de violencia (que usualmente se correlacionan con un mayor número de organizaciones criminales) junto con la pérdida del poder monopólico sobre el territorio, deberían atenuar parcial o totalmente el efecto negativo que la violencia ejerce sobre el número de alternativas electorales (Ponce 2018).16 Ponce (2018) precisamente estima estos efectos al multiplicar la variable que cuantifica el número de homicidios de la “violencia privada” con la que cuenta el número de organizaciones criminales que operan en un municipio dado. La figura 3.2 muestra el número esperado de candidatos conforme varía el número de organizaciones criminales (el modelo multivariado es similar al utilizado para la figura 3.1, excepto por la multiplicación de las variables). Cabe mencionar que las organizaciones criminales también podrían alterar la demanda electoral al reducir el apoyo electoral a aquellas candidaturas no deseadas. La siguiente sección explica con más detalle cómo estas distorsiones sobre la demanda se producen. Si los candidatos potenciales con intereses y preferencias distintos al de las organizaciones criminales logran anticipar estos cambios, podrían decidir no candidatear. Este escenario también podría contribuir a reducir el número de alternativas electorales y, por tanto, la competencia electoral. El apéndice 2 muestra distintos casos de financiamiento de las organizaciones criminales a candidaturas a diversos gobiernos municipales.
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Los daños que la violencia puede producir no se restringen a la competencia electoral. La siguiente sección muestra cómo también se extienden a la competitividad electoral. Figura 3.2 La relación entre el grado de violencia y el número de alternativas electorales Número esperado de candidatos
5.2 5.1 5 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 Número de organizaciones criminales Fuente: Tomado de Ponce (2018). Las estimaciones fueran hechas considerando el universo de los municipios en México (excepto para los que no hay datos disponibles).
4. Sobre los daños a la competitividad electoral a nivel local Diversas acciones violentas se pueden diseñar para alterar la oferta electoral (alternativas electorales) o la demanda electoral (grupos de votantes) con el fin último de favorecer la concentración de los votos sobre aquella alternativa electoral (o aquellas alternativas electorales) que las organizaciones criminales prefieren. Además, la violencia puede alterar por sí misma la concentración de los votos sin necesidad de que haya sido empleada instrumentalmente por las organizaciones
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criminales para favorecer a algún candidato. A continuación, explico cómo funcionan estas estrategias y mecanismos causales. 4.1 Alteración de la fortaleza relativa de la oferta electoral Si tales acciones se concentran sobre la oferta electoral, las organizaciones criminales podrían adoptar dos tipos de estrategias: primero, amenazar a candidatos con preferencias distintas a las suyas; segundo, favorecer una alternativa electoral con preferencias más cercanas a la de las organizaciones criminales.17 Sobre la primera estrategia, Sánchez y Palau (2006) encuentran evidencias de que estas prácticas contribuyen a una menor competitividad electoral a nivel local en Colombia. En efecto, ciertos partidos podrían realizar campañas electorales más modestas por el miedo a las organizaciones criminales (por ejemplo, menos exposiciones públicas) y, como consecuencia, es más probable que reciban menos apoyo electoral (Ponce, 2016a; Trelles et al., 2012). Todo esto podría conducir a una mayor concentración del voto, dado un cierto número de alternativas electorales, si se produce un deterioro en la probabilidad de éxito de algunas de las alternativas (Ponce, 2016a). Sobre la segunda estrategia, las organizaciones criminales pueden financiar las campañas de ciertas alternativas electorales. Para este propósito, las organizaciones criminales seleccionan candidatos para financiar con preferencias cercanas a las suyas y con la disposición de retribuirles una vez que ganen las elecciones. Este financiamiento podría fortalecer las campañas de estas candidaturas y así incrementar sus posibilidades de victoria. Si alguna o algunas alternativas resultan favorecidas en desmedro de otras debido a este financiamiento ilegal, la concentración del voto en un número menor de alternativas se incrementa, y por consiguiente, la competitividad electoral también cae
El apéndice 3 expone noticias que reportan vínculos cercanos entre el narcotráfico y los partidos políticos a nivel local. Estas noticias muestran un fluido intercambio de favores entre los alcaldes y sus partidos, por un lado, y los narcos, por otro.
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(Ponce, 2016a).18 Aunque el financiamiento de alternativas electorales podría incrementar la competencia electoral (para las candidaturas que no se hubiesen presentado si no contaban con el financiamiento ilegal), el financiamiento puede tener efectos contraproducentes para la competitividad electoral. 4.2 Alteración de la demanda electoral La violencia también podría alterar la demanda electoral y, con ello, los resultados electorales. Se puede identificar en la literatura que relaciona violencia con comportamiento del voto dos posibles mecanismos causales. En primer lugar, en aquellos municipios con poblaciones relativamente pequeñas resulta más probable que las organizaciones criminales dispongan de información a nivel individual sobre las preferencias partidarias de los votantes y de sus redes sociales. De acuerdo con estudios previos, los votantes menos informados tienden a buscar información en sus redes sociales para decidir sus votos (Baker, Ames y Renno, 2006; Beck, Dalton, Greene y Huckfeldt, 2002). Si las organizaciones criminales disponen de información sobre las preferencias de los ciudadanos o de sus redes sociales, podrían evitar que ellos voten por los candidatos que dichas organizaciones no desean (Ellman et al., 2000; Wantchekon, 1999). Además, si lograran desarticular sus redes sociales como fuentes de información, los votantes podrían preferir no votar (Berrebi y Klor, 2006; Bratton, 2008; Collier et al., 2012; Fornos, Power y Garand, 2004; Trelles et al., 2012) o recurrir a otras fuentes para tomar sus decisiones de voto (Ayres, 1998; Carreras, 2013). En general, muchos votantes podrían preferir no votar si perciben que este acto podría poner su integridad en riesgo o si dejan de recibir información de sus redes sociales. Si los votantes de las alternativas electorales con
Tal como muestra el apéndice 2, tampoco parece haber evidencia de un apoyo sistemático de las organizaciones criminales a un partido en particular. El apoyo a un candidato en particular parece variar con las características del contexto local.
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las preferencias de política más alejadas a las de las organizaciones criminales dejaran de votar, la concentración del voto crecería sobre la base del apoyo a las alternativas electorales afines a los intereses de dichas organizaciones (Ponce, 2016a). Como consecuencia, la competitividad electoral cae a raíz de esta mayor concentración del apoyo electoral (Ponce, 2016a). En segundo lugar, la violencia por sí misma podría aumentar la concentración del voto y, por consiguiente, reducir la competitividad electoral. Si los votantes perciben que al votar enfrentan el riesgo de ser agredidos aun cuando estén dispuestos a votar por el candidato afín a los intereses de las organizaciones criminales, podrían desistir de acudir a las urnas. La prensa escrita, la televisión y la radio suelen ser medios eficaces para difundir noticias sobre crímenes y riesgos potenciales a los que se exponen las poblaciones locales si acuden a las urnas (Gilliam e Iyengar, 2000; Kerbel, 2001; Romer, Jamieson y Aday, 2003). De esta manera, la violencia podría reducir la participación electoral especialmente de aquellos votantes cuyas preferencias partidarias, psicológicas o ideológicas son las menos intensas cada vez que estos votantes anticipan que podrían sufrir algún daño (Bratton, 2008; Collier et al., 2012; Cruz, 2000; García, 2009; Ponce, 2016a; Robinson y Torvik, 2009).19 Como consecuencia, la violencia en general podría desalentar a los votantes menos interesados de acudir a las urnas (Collier et al., 2012, 2014). Alejandro Trelles y Miguel Carreras (2012) encuentran que efectivamente la violencia ha contraído la participación electoral en México. Aquellos partidos con una proporción de simpatizantes con una identificación partidaria relativamente más débil en cualquier municipio podrían ver debilitadas sus posibilidades de victoria electoral. El efecto, en este escenario, es
Otros trabajos argumentan que aquellos votantes que han sido víctimas de la violencia, pierden confianza en las instituciones (Cruz, 2003; Malone, 2010) o se sienten menos satisfechos con la democracia (Ceobanu, Wood y Ribeiro, 2011; Fernández y Kuenzi, 2010). Esta disminución en los niveles de confianza en las instituciones democráticas o la democracia en su conjunto también puede conducir a una deprimida participación electoral (Cox, 2003; Seligson, 2002; Smith, 2009; Somuano y Velázquez, 2013).
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una mayor concentración del voto en los partidos que gozan de una mayor proporción de simpatizantes con una identificación partidaria relativamente más robusta (Ponce, 2016a). Esta mayor concentración del voto podría conducir a una menor competitividad electoral (Ponce, 2016a). Ponce (2016a) calcula las pérdidas en competitividad electoral con base en una estimación que emplea un modelo multivariado Tobit en el que la variable dependiente son dos indicadores de competitividad electoral: el coeficiente de Gini, que mide niveles de desigualdad o concentración para comparar distintas unidades (Creedy, 1998; Shryock y Siegel, 1976), y la diferencia entre los porcentajes de apoyo electoral a los partidos con los dos primeros lugares en cada municipio, medida que comúnmente se utiliza para medir la competitividad electoral. El coeficiente de Gini puede tomar valores desde 0, en casos de perfecta igualdad o total desconcentración, hasta 1, en casos de perfecta desigualdad o total concentración. Por ejemplo, si los votos migran (debido a la intervención de los narcos) de alternativas electorales con mayor apoyo a las de menor apoyo, el valor del coeficiente se reduce. Con respecto a otros índices de concentración, como Laakso-Taagepera o Herfindahl-Hirschman, el coeficiente de Gini valora relativamente más a las unidades con valores más bajos (Ávila, Flores, López-Gallo y Márquez, 2012; Hall y Tideman, 1967). Adicionalmente, el coeficiente de Gini toma en cuenta la concentración sobre el conjunto de las alternativas electorales –no sólo sobre las dos primeras (Ponce, 2016a)–. En efecto, las organizaciones criminales podrían intentar favorecer a más de un candidato electoral (Ponce, 2016a). La diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar difícilmente podría tomar en cuenta esta posibilidad (Ponce, 2016a). La tabla 4.1 reporta los valores esperados de las variables que miden la competitividad electoral conforme varían el grado de violencia (medido por el número de homicidios por habitante relacionados con las actividades del crimen organizado)20 y el número de derrotas Nuevamente, los datos de homicidios corresponden a la base de datos de la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana.
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previas del PRI, dado el pasado autoritario de México en el que este partido gobernó durante varias décadas. Tal como se aprecia en la tabla 4.1, se emplean tres niveles de violencia (sin violencia, el máximo nivel de violencia y un nivel de violencia intermedio) para calcular los valores esperados de las variables que miden la competitividad electoral. Asimismo, empleo para estos cálculos el máximo número de derrotas previas del PRI (cuatro) y el mínimo (cero). Tabla 4.1 Valores esperados del coeficiente de Gini y del margen de victoria Índice Gini para 3 partidos Grado de violencia
Índice Gini para 4 partidos
Margen de victoria
Número de previas derrotas del PRI =0
Número de previas derrotas del PRI =4
Número de previas derrotas del PRI =0
Número de previas derrotas del PRI =4
Número de previas derrotas del PRI =0
Número de previas derrotas del PRI =4
Municipio no violento (cero asesinatos por habitante)
0.36
0.30
0.51
0.44
13.61
9.70
Municipio violento (0.01 por habitante)
0.49
0.43
0.61
0.54
29.99
25.72
Municipio extremadamente violento (.02117 por habitante)
0.63
0.57
0.72
0.65
48.90
44.60
Fuente: Tomado de Ponce (2016a). Las estimaciones fueran hechas considerando el universo de los municipios en México (excepto para los que no hay datos disponibles).
Ambas variables –el grado de violencia (medido por el número de homicidios relacionados con las actividades del crimen organizado) y el número de derrotas previas del PRI– resultaron ser estadís-
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ticamente significativas en los modelos empleados (Ponce, 2016a).21 Los valores esperados que reporta la tabla 4.1 confirman que mayor violencia lleva a mayores concentraciones del apoyo electoral. Estos resultados sugieren que relativamente altos niveles de violencia potencialmente pueden facilitar una influencia más estable y sólida de las organizaciones criminales sobre los gobiernos municipales si su alternativa electoral preferida gana las elecciones locales. Una vez que una alternativa electoral preferida tome control de un gobierno local, es razonable esperar que la organización criminal intente que tales políticos permanezcan al mando de aquella administración municipal. Los resultados del siguiente modelo multivariado muestran que la presencia de las organizaciones criminales efectivamente ralentiza la alternancia de los partidos que gobiernan las administraciones locales. La variable dependiente indica si se produjo alternancia (toma el valor de 1) o el mismo partido triunfó en las elecciones locales. Dada la naturaleza binaria de la variable dependiente, utilizo un modelo logístico con errores estándares robustos. Como variables independientes clave, empleo dos: 1) el número de los homicidios “privados” (durante los 12 meses previos al día de la elección); y 2) el número de organizaciones criminales con presencia en el municipio (durante los 12 meses previos al día de la elección). Estas variables también se construyeron con datos de la base recolectada por el Programa de Política de Drogas del CIDE, la cual incluye específicamente eventos relacionados con el crimen organizado. Mientras que el modelo 1 de la tabla 4.2 muestra el efecto de los homicidios “privados” sobre la probabilidad de alternancia, el modelo 2 de la misma tabla hace lo mismo con el número de las organizaciones criminales.
Las variables de control utilizadas en estas estimaciones fueron: rezagos de las variables dependientes (que miden competitividad electoral) para una o tres elecciones anteriores, el tamaño de la población por municipio, el número de policías (por habitante) y el número de derrotas previas del PRI (Ponce, 2016a). En cuanto a las variables de control, todos sus coeficientes son estadísticamente significativos, excepto las que indican el número de policías por habitante y la población por municipio (Ponce, 2016a).
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Tabla 4.2 Explicación de la alternancia de partidos gobernantes de las administraciones municipales Regresiones logísticas Modelo 1 Modelo 2
Variables Variables independientes clave Número de homicidios “privados” por habitante
-4.57 (3.17)
Número de organizaciones criminales Variables de control Diferencia entre el ganador y el que ocupó el segundo lugar en la elección previa Número de coaliciones electorales Número de policías por habitante Ingreso por habitante Constante (intercepto) Número de observaciones Log-pseudolikelihood Wald Chi-cuadrado
-0.04 (0.05) -0.02*** (0.004) 0.03 (0.05) -48.71 (30.32) -0.002 (0.002) 0.72*** (0.15) 2017 -1358.67 28.02
-0.02** (0.01) -0.06 (0.08) 28.23 (74.42) -0.01 (0.04) 0.89*** (0.28) 710 -478.53 9.69
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. Errores estándares entre paréntesis. Las estimaciones fueran hechas tomando en cuenta el universo de los municipios en México (excepto para los que no hay datos disponibles). Fuente: elaboración propia.
Como variables de control, incluyo una medida de competitividad electoral en la elección anterior (diferencia entre el ganador y el que ocupó el segundo lugar en la elección previa) que toma en consideración la influencia pasada de la concentración de votos debido
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posiblemente a la fortaleza de preferencias o identidades partidarias de los votantes en el municipio. Adicionalmente incorporo el número de coaliciones electorales. Por ejemplo, un mayor número de coaliciones electorales debería de reducir el número de alternativas electorales y, por lo tanto, alterar la probabilidad de alternancia. También empleo el número de policías por habitante como una medida de las fuerzas de seguridad que podrían ayudar a prevenir la interferencia de las organizaciones criminales sobre los resultados electorales. Finalmente, incluyo el ingreso por habitante como medida de riqueza. Mayor riqueza en los municipios podría modificar los incentivos que las organizaciones criminales enfrentan para intentar expandir su influencia sobre los gobiernos municipales. La tabla 4.2 muestra los resultados de estas estimaciones. Los resultados indican que tanto las variables que cuantifican el número de organizaciones criminales como el número de homicidios “privados” por habitante tienden a reducir la probabilidad de alternancia. Aunque ambas variables no llegan a ser estadísticamente significativas, el parámetro estimado de la variable que cuenta el número de homicidios “privados” se aproxima al nivel de significancia estadística de 10% (0.15). Este resultado sugiere que la presencia criminal tiende a ralentizar la alternancia electoral a nivel local. La única variable de control que resultó ser estadísticamente significativa fue la diferencia entre el ganador y el que ocupó el segundo lugar en la elección previa. 5. Conclusiones Este trabajo ofrece varias lecciones a la literatura que estudia la relación entre violencia y comportamiento electoral. En primer lugar, la intervención de las fuerzas públicas de seguridad, la que se ha tornado mucho más agresiva desde la presidencia del panista Felipe Calderón, contribuyó a un incremento desproporcionado de la violencia en México. Gran parte de este incremento se produjo por aumentos en
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la frecuencia de asesinatos derivados de enfrentamientos entre las organizaciones criminales, las cuales aumentaron en número (Calderón et al., 2015; Durán-Martínez, 2015; Phillips, 2015; Reuter, 2009). La captura y muerte de miembros de las organizaciones criminales sumió a éstas en conflictos internos de sucesión que en diversas ocasiones partió a las organizaciones criminales, originándose nuevas organizaciones (Atuesta et al., 2016, 2017; Calderón et al., 2015; DuránMartínez, 2015; Phillips, 2015; Reuter, 2009). Las nuevas y antiguas organizaciones criminales continuamente se enfrentan entre ellas por el control del territorio y las rutas de transporte para llevar las drogas a Estados Unidos, el mayor mercado de consumidores que existe. Aun cuando estas intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad no llegan a dividir a las organizaciones criminales, diversos enfrentamientos ocurren dentro de éstas debido a las luchas internas que se producen por ocupar el puesto del miembro caído o apresado. Los aspirantes a tal puesto intentan demostrar, a través del uso de la violencia, que son más aptos para suceder al miembro caído (Dickenson, 2014). Finalmente, estas intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad generan también revancha de parte de las organizaciones criminales (Atuesta et al., 2016, 2017), lo cual incrementa aún más la violencia. En resumen, las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad han contribuido a un aumento sostenido de la violencia desde el año 2007 (Atuesta et al., 2016, 2017). El cambio de política pública –de una caracterizada por tolerancia hacia las organizaciones criminales a una agresiva en la que participan las fuerzas militares–, lejos de pacificar al país, lo ha vuelto más inseguro y violento. Si la reducción de la violencia constituye un objetivo prioritario para el gobierno mexicano, éste necesita replantear sus estrategias. En segundo lugar, este documento también alerta sobre los costos políticos que esta escalada de la violencia ocasiona. Resulta razonable esperar que esta mayor competencia entre las organizaciones criminales las empuje a buscar ventajas adicionales para poder salir airosas en sus conflictos frente a sus competidoras. Una de estas potenciales ventajas es lograr intercambios colaborativos con las administraciones locales. Las elecciones locales representan una oportunidad para alcanzar este objetivo. 112
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Los costos políticos discutidos en este documento, que se manifiestan en pérdidas en competencia y competitividad electoral, se suman a las pérdidas en vidas humanas que la actual política gubernamental viene ocasionando. Este documento reporta que la violencia ha deprimido el número de alternativas electorales. Además, la violencia también se asocia a mayores concentraciones de apoyo electoral en un menor número de alternativas electorales. Estos efectos son importantes y en varios casos han contribuido a reducir la oferta electoral a un solo candidato; y aun cuando más de un candidato existe, la alta concentración del voto en un candidato puede convertir a las elecciones en irrelevantes. Resultaría pertinente que las futuras investigaciones analizaran si tal reducción en la oferta electoral (y su composición) perdura en el tiempo. Si ése fuera el caso, estaríamos ante autoritarismos locales, fortalecidos por la violencia, que existirían a la par de una democracia a nivel nacional. Ejemplos de la existencia de distintos tipos de régimen conforme el nivel de gobierno varía ya han sido reportados en estudios previos (Gibson, 2005; Giraudy, 2010; Mickey, 2009; Montero, 2010; O’Donnell, 1993). En tercer lugar, se hace necesario que el gobierno mexicano intensifique sus labores de inteligencia para detectar la presencia de las organizaciones criminales en los gobiernos municipales o alianzas entre las organizaciones criminales y las autoridades municipales. Resulta indispensable impedir que el aparato estatal en cualquiera de sus niveles sirva a los intereses de las dichas organizaciones, ya que estos vínculos podrían incrementar aún más los costos que ya padecen los ciudadanos mexicanos. Referencias Acemoglu, D., Robinson, J., y Santos, R. (2013). The monopoly of violence: Evidence from Colombia. Journal of the European Economic Association, 11(S1), 5-44. Atuesta, L., y Ponce, A. (2016). Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia. Evidencia del caso
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Schumpeter, J. (1994). Capitalism, socialism, and democracy. Oxon: Routledge. Secretaría de Gobernación. Varios años. Recuperado de http://www. pgr.gob.pe/temas%20relevantes/estadistica/estadisticas.asp Seligson, M. (2002). Trouble or paradise? The erosion of system support in Costa Rica, 1978-1999. Latin American Research Review, 37(1), 160-185. Shryock, H. S., y Siegel, J. S. (1976). The methods and materials of demography. Nueva York: Academic Press. Smith, A. E. (2009). Legitimate grievances: Preferences for democracy, system support, and political participation in Bolivia. Latin American Research Review, 44(3), 102-126. Somuano, M. F. (2014). Las identidades partidistas de los mexicanos y la elección del 2012. En G. Meixueiro y A. Moreno (comps.), El comportamiento electoral mexicano en las elecciones de 2012 (pp. 117-140). México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Somuano, M. F., y Velázquez, R. (2013). The double effect of crime and violence in Mexico (Documento de trabajo, División de Administración Pública del CIDE, núm. 247). México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. Schwartz, T. (1982). No minimally reasonable collective-choice process can be a strategy-proof. Mathematical Social Sciences, 3(1), 57-72. Trejo, G., y Ley, S. (2016). Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista estimula la violencia del narcotráfico en México. Política y Gobierno, 23-1: 11-56. Trelles, A., y Carreras, M. (2012). Bullets and votes: Violence and electoral participation in Mexico. Journal of Politics in Latin America, 4(2), 89-123. Velasco, J. L. (2005). Drogas, seguridad y cambio político en México. Nueva Sociedad, 198, 89-101.
120
LA DEMOCRACIA A NIVEL LOCAL BAJO ATAQUE
Velázquez, F. (ed.). (2009). Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos. Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia. Wantchekon, L. (1999). On the nature of first democratic elections. Journal of Conflict Resolution, 43(2), 245-258. Wilson, J., y Petersilia, J. (2011). Crime and public policy. Nueva York: Oxford University Press.
Apéndice 1 Tabla 1. Ataques a los candidatos a las alcaldías municipales Noticia
Partido
Encuentran golpeado a candidato a alcalde secuestrado en sur de México
Titulo
Terra
Fuente
Un candidato a alcalde de un poblado del estado de Guerrero que había sido secuestrado se le encontró golpeado al borde de una carretera, informó el gobernador del mismo estado.
PRI
1 de julio de 2012
goo. gl/6EmM1A
No aparece Marcelo Ávila; 15 candidatos, amenazados del PRI en Guerrero
La Policiaca
La dirigencia priista informó que las autoridades están en búsqueda del candidato a alcalde aún sin resultados en Tierra Caliente.
PRI
26 de junio de 2012
http://www. lapoliciaca. com/ nota-roja/ no-aparecemarceloavila-15candidatosamenazadospri-guerrero/
Candidato del PRD revela que fue secuestrado durante 18 días, los plagiarios tomaron como rehén a la madre de la víctima.
Despertar de la Costa
El candidato del PRD a la presidencia municipal de Cuétzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, dio a conocer que durante 18 días fue secuestrado.
PRD
4 de mayo de 2012
goo.gl/ JYT2qn
121
Fecha
Dirección
LECTURAS SOBRE PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Asesinan a excandidato a alcalde en Oaxaca
El Economista
Fue asesinado el excandidato del Partido Unidad Popular (PUP) a la alcaldía de Mártires de Tacubaya, José Manuel Melo Añorve.
PUP
19 de noviembre de 2011
goo.gl/ OrmqNN
Asesinan a excandidato a alcalde por Huauchinango
La Jornada
El excandidato de la coalición Compromiso por Puebla a la presidencia municipal de Huauchinango, Gonzalo Amador Ortega, fue asesinado dentro del bar llamado Las Torres.
PAN
25 de julio de 2011
goo.gl/ yaGfOh
Asesinan a Rodolfo Torre Cantú, candidato por la alianza “Todos Tamaulipas”
El Universal Fuentes del comité de campaña informaron que un convoy atacó al candidato por la alianza “Todos Tamaulipas” cuando se dirigía a bordo de su camioneta al aeropuerto.
PRI
28 de junio de 2010
goo.gl/ dV30Fp
Asesinan a candidato del PAN en Tamaulipas
La Jornada
14 de mayo de 2010
goo. gl/5ZTfP5
José Mario Guajardo, candidato a la alcaldía de Valle Hermoso, fue acribillado por tres sicarios dentro de su negocio; también fallecieron su hijo y uno de sus empleados.
Nota: Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN); Partido Unidad Popular (PUP); Partido de la Revolución Democrática (PRD).
122
LA DEMOCRACIA A NIVEL LOCAL BAJO ATAQUE
Apéndice 2 Tabla 2. Financiamiento a candidaturas por parte del crimen organizado Título
Fuente
Noticia
Partido vinculado
Fecha
Dirección
Los casos veracruzanos
La Política
También en Veracruz se han confirmado nexos de Acción Nacional con grupos delictivos. Un ejemplo es la detención del exalcalde de Las Minas, Mauricio Herrera Fernández, quien enfrenta cargos por posesión de drogas. Fue capturado el 13 de marzo de 2012 en posesión de “pastillas psicotrópicas” y un arma.
PAN
27 de junio de 2013
goo. gl/3xQs6R
Narco acusa a exalcaldes
Blog del Narco
Los panistas Luis Enrique Díaz Félix y Antonio Macías Garay, ambos expresidentes municipales de Rosarito, fueron señalados por el narcotraficante Candelario Arceaga Aguirre, “El Cande”, como las personas que le solicitaron apoyo para el proceso electoral cuando fueron candidatos y quienes le concedieron a él y a sus socios permisos para calafias y taxis en el quinto municipio una vez que conquistaron la alcaldía.
PAN
6 de agosto de 2009
goo.gl/ FEfds9
Revela narco que financia a Añorve
Reforma
En su declaración ministerial, a la que tuvo acceso REFORMA, “Mateo” dice que entregó “en sus manos” 5 millones de dólares al entonces alcalde de Acapulco, quien competía por la Gubernatura guerrerense.
PRI
27 de enero de 2011
goo.gl/ FhQXym
Nota: Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN).
123
LECTURAS SOBRE PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Apéndice 3 Tabla 3. Vínculos entre partidos políticos y el crimen organizado Título
Fuente
Noticia
Partido vinculado
PGR pide detener a David Ulises Guzmán
Noticias PV
Guzmán Palma es sospechoso de mantener nexos con organizaciones delictivas que operan en esa región y que durante su gestión municipal (20072010) pudo haber protegido los intereses de estos grupos, por lo que se le buscaba para tomar su declaración.
PAN
14 de enero de 2010
goo.gl/ U5ipnG
Escándalo nacional por alcalde priísta vinculado a los narcos
El Sol de Nayarit
El Universal dio a conocer un video donde se escucha al presidente municipal de Zapopan (estado de Jalisco), Héctor Vielma Ordóñez, conversando con un magistrado para robar millones de pesos al Cártel de Sinaloa, comandado por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. El PRI aún continúa al frente del municipio (con Héctor Robles como presidente municipal).
PRI
30 de junio de 2012
goo.gl/ CzPWdH
Defiende PRDTabasco a alcalde vinculado al narco
Crónica
La directiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco salió en defensa del alcalde de Huimanguillo, Walter Herrera Ramírez, sospechoso de nexos con el narcotráfico.
PRD
14 de septiembre de 2005
goo.gl/ tDywjO
124
Fecha
Dirección
LA DEMOCRACIA A NIVEL LOCAL BAJO ATAQUE
Cae en Michoacán otro alcalde ligado al narcotráfico
El Sol de México
Un comando de efectivos de la Policía Federal detuvo al presidente municipal de Mújica (Michoacán), Armando Medina Torres, para recluirlo en el penal federal “Occidente” en Puente Grande, Jalisco. Este acto cumple una orden de arresto dictada por un juez por los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento. El PRI aún continúa al frente del municipio (con Casimiro Quezada como alcalde).
PRI
5 de septiembre de 2009
goo.gl/ TS2kdz
Nota: Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN); Partido de la Revolución Democrática (PRD).
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