100 DÍAS GESTIÓN POLÍTICA, LEGISLATIVA Y FISCALIZADORA Resumen de lo más destacado de la Gestión Legislativa – Primeros 100 días del
periodo 2021 – 2025
UN NUEVO LIDERAZGO PARA UNA NUEVA ASAMBLEA El Ecuador de nuestros días atraviesa por una crisis múltiple, diversos factores estructurales han coincidido y presionan por cambios internos en el modelo económico, en su sistema político y en sus relaciones sociales. El desafío de encaminar al país hacia un mejor futuro requiere una gestión gubernamental y legislativa basada en el diálogo y la apertura para establecer consensos mínimos fundamentales para combatir la pobreza. Ese camino exige asumir la corresponsabilidad de los poderes del Estado y del conjunto de actores sociales, con el objetivo de posibilitar una acción consensuada que recupere la confianza en la institucionalidad y se de apertura a la gobernabilidad democrática, garantizando el respeto a la diversidad y a la participación ciudadana que resulta imprescindible para vigilar la transparencia de la gestión pública y el equilibrio de poderes. En este sentido, es mandatoria la aplicación, aún pendiente, de mandatos de la Constitución de 2008 que definen responsabilidades sustantivas para las autoridades electas. Es deficitaria la puesta en práctica de sus principios en el modelo de desarrollo del país, y persisten las brechas de pobreza por etnia, clase, sexo y ubicación geográfica de la población. En Ecuador, la población actual es de 17.475.570 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, agosto 2020), y habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes. y están aglutinados en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 24.1% habitan en la Amazonía y pertenecen a 10 nacionalidades. De acuerdo al INEC hasta junio de 2021 los porcentajes de pobreza a nivel nacional fueron de 32,2% y el 24.2 % a nivel rural, afectando especialmente a la población campesina e indígena, casi el doble del promedio nacional. Los más altos indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, desempleo, subempleo afectan a los pueblos indígenas, reproduciendo una estructura sociohistórica y territorial altamente excluyente, demostrado que son éstos los sectores con los mayores índices de pobreza de todo el país, y que los indicadores y morfología de la pobreza indígena se diferencian de la pobreza de otros grupos y sectores de la sociedad nacional. A esto, las mujeres indígenas han enfrentado procesos de doble discriminación, por su etnia y por su sexo. Les afecta la mayor tasa de analfabetismo (26,7%), la mayor tasa de pobreza por ingreso (49,3%) y por tiempo (86,3 horas semanales), la mayor tasa de violencia de género (67,8%), la mayor carga de trabajo no remunerado (55,8%) y la menor tasa de afiliación a la seguridad social (18,8%). Estos factores les han limitado el acceso en igualdad de oportunidades a la vida pública en ámbitos como el laboral, económico y político.
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