Memorias by asamblea nacional

LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI

UNSUEÑOCOLECTIVO El camino hacia el buen vivir

LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI

Asamblea Nacional del Ecuador PRESIDENTE

Fernando Cordero Cueva SECRETARIO GENERAL

Francisco Vergara

UNSUEÑOCOLECTIVO El camino hacia el buen vivir

CONTENIDO

EL PAÍS QUE TODOS SOÑAMOS EDITOR GENERAL

Orlando Pérez

COLABORADORES

Patricio Vivas Lorena Mancheno Gustavo Abad

PORTADA, GUARDAS Y DETALLES

Mural de piedra de Luis Mideros, instalado desde la construcción del edificio legislativo, en 1966.

FOTOGRAFÍAS

Ángel Tayo Jorge Vinueza Rodrigo Zapata Agencia EFE Orlando Pérez

DISEÑO

Gabriela Pallares/Gká. Proyectos de Comunicación

IMPRESIÓN

SOBOC Grafic

DCÓMO ALCANZAMOS NUESTRO DESTINO HISTÓRICO? • Revoluciones y centurias • La paciencia tiene un límite • La gota que derramó el vaso • “¡Que se vayan todos!” • La encrucijada nacional

DCÓMO LOGRAMOS ABRIR EL CAMINO? • Hacia Montecristi • Lluvia de “amparos” • ¡A la Asamblea! • Ciudad Alfaro • Plenos poderes para avanzar • La lección de Dayuma

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La artesanía de un sueño colectivo

El trabajo en las mesas constituyentes

Mesa 1. Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales “Esta normativa trasciende las fronteras” Mesa 2. Organización, participación social y ciudadana y sistemas de representación “Mi mayor aprendizaje fue la capacidad de escuchar” Mesa 3. Estructura e Instituciones del Estado “No basta con escribir una Constitución, sino hay que hacerla realidad” Mesa 4. Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias “El proceso constituyente me forjó como sujeto político”

PRIMERA EDICIÓN

Asamblea Nacional del Ecuador Abril del 2010

Mesa 5. Recursos Naturales y Biodiversidad “Ni en los peores momentos debemos renunciar a los principios”

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UN SUEÑO COLECTIVO

Mesa 6. Trabajo, Producción e Inclusión Social “Los derechos, sin una sociedad civil que los haga efectivos, no sirven de nada” Mesa 7. Régimen de Desarrollo “En la Asamblea se juntaron aspiraciones personales y sociales” Mesa 8. Justicia y Lucha contra la Corrupción “Teníamos que rescatar al Estado de las manos de los grupos de poder” Mesa 9. Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana “No se puede hablar de soberanía sin un gran riesgo personal” Mesa 10. Legislación y Fiscalización “En la Asamblea logramos blindar al Ecuador contra feriados bancarios” • Mandatos para la Historia • El perdón como signo de reconciliación nacional • Las leyes de la Constituyente • Entre Logroño y Angostura Una Constitución de garantías y derechos ciudadanos

UN SUEÑO COLECTIVO

• Las nuevas Funciones del Estado • Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional • Un nuevo orden territorial y otros derechos afines • El futuro constituido • El fin de los plazos • La renuncia de Alberto Acosta • Fernando Cordero acelera el trabajo • La Comisión de Redacción y la versión final • El Régimen de Transición • El proceso constituyente en manos de la ciudadanía

DCÓMO RECUPERAMOS EL ESTADO?

• Un referéndum con dimensión histórica • Un contexto de crisis • La nueva legislatura

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• Una primera experiencia de “quinto poder” • La producción legislativa • Leyes paradigmáticas -A invertir en el país -¡Nunca más un feriado bancario! -Minería responsable y solidaria -Una responsabilidad compartida -Justicia: transparente, rápida, eficaz -Por una representación legítima, por una participación plena -Por un sistema de justicia humanista y ágil -Nuestro alimento, derecho soberano -Pensiones justas y a tiempo -Las reglas del juego -Hacia el “quinto poder” -Por un magisterio calificado

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• Las elecciones de la inclusión

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DHACIA DÓNDE VAMOS?

• “Está potenciado, al máximo posible, el poder de la ciudadanía” Fernando Cordero Cueva. Presidente de la Asamblea Constituyente, de la Comisión Legislativa y de Fiscalización y de la Asamblea Nacional • Para “desmediatizar” el legado • Legislar para el pueblo, reto permanente

CRONOLOGÍA

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UN SUEÑO COLECTIVO

EL PAÍS QUE TODOS SOÑAMOS

Mi país es como un niño que sueña. Un niño que en las piezas de arcilla de las culturas Valdivia o Jama-Coaque diseñó las imágenes que sus sueños le dictaron. Sueños que proyectaban al ser humano hacia el futuro: transfigurado, mejor, más fuerte, capaz de volar, capaz de vencer a cualquier enemigo, capaz de superar cualquier dificultad. Y no deja, mi país, de soñar; y no deja de ser niño. No deja de ser niño porque sigue aprendiendo, educándose, creciendo. Y no deja de soñar con ser un país distinto, cada día mejor, cada día más justo, cada día más equitativo, cada día más ciudadano. El futuro ha dejado de ser ese abstracto lugar en el que algún día encontraremos realizados nuestros sueños y se ha convertido en un proceso tangible de mejoramiento progresivo y permanente de las condiciones de vida de nuestra gente, especialmente de los más pobres. Ese futuro, hacia el que nos dirigimos, no sólo nos ha devuelto la esperanza sino que nos ha mostrado el camino por donde debemos ir. También hemos aprendido que ese camino es hoy apenas una trocha en construcción, llena de dificultades y obstáculos, con abismos y precipicios que los hemos podido superar con los puentes que vamos construyendo las ciudadanas y los ciudadanos en ejemplares y enormes mingas como las del 26 de noviembre de 2006, 15 de abril y 30 de septiembre de 2007, 28 de septiembre de 2008 y la del 26 de abril de 2009. Avanzamos y caminamos. Sólo un país que sueña puede encontrar su camino o hacer camino al andar y convertirse en un nuevo país. Y estamos viviendo día a día esa transformación tantas veces postergada, tantas veces temida y evitada, tantas veces agredida y desfigurada, tantas veces boicoteada. En este proceso de múltiples transformaciones, una de las más importantes mingas a la que fuimos convocados fue aquella en la que debimos decidir con libertad y democracia si seguíamos en el viejo país de las injusticias e inequidades o empezábamos a construir caminos hacía una patria libre, justa, equitativa, solidaria y soberana. La minga fue muy exigente ya que no queríamos cualquier camino, había que ir a nuestras raíces y por ello se escogió Manabí, una de las cunas de nuestras culturas y sede de otra histórica minga conducida hace más de 100 años por Eloy Alfaro, el viejo luchador, que es sin lugar a dudas uno de los precursores de la gran revolución ciudadana que seguimos desarrollando y tenemos que completar.

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Fue en Montecristi en donde empezó esa segunda minga, en noviembre de 2007. Ahí nos reunimos, durante ocho intensos meses, 130 asambleístas constituyentes, conducidos por una mayoría democráticamente definida en las urnas. Desde el primer día de esa ya histórica Asamblea, quedaron muy claramente establecidas las diferencias con las décadas de injusticias y politiquería que la precedieron. Asumimos los plenos poderes que nos delegó el pueblo ecuatoriano, sin amilanarnos. Con firmeza revolucionaria prometimos no traicionar a nuestros mandantes. Millones de soñadores, dispuestos a ser mingueros del cambio. Propiciamos una amplia e incluyente participación de la ciudadanía y usamos democráticamente nuestra mayoría absoluta para ampliar los espacios de cambio. Los textos constitucionales son el producto de la más diversa y democrática participación ciudadana y por ello reflejan a ese Ecuador diverso y profundo que algunos aún no lo ven y otros quieren negarlo. Junto a los textos constitucionales y en uso de sus facultades legislativas, la Asamblea Constituyente de plenos poderes aprobó y expidió 21 mandatos constituyentes que entre otros cambios consiguió: Eliminar los sueldos dorados de unos pocos; Garantizar la estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical; Recuperar la administración estatal de nuestra riqueza minera y la soberanía de nuestros recursos naturales no renovables; Eliminar y prohibir la tercerización e intermediación laboral; Regular y reorientar el uso de los recursos públicos y de las empresas del Estado, en apoyo de la población más pobre y vulnerable; Garantizar la portabilidad de los números telefónicos y así ampliar nuestros derechos ciudadanos. El trabajo de Montecristi también esta visible y presente en 6 leyes que, se anticiparon a las disposiciones constitucionales para: Establecer la equidad tributaria que necesitábamos; Recuperar el uso de los recursos petroleros a favor del desarrollo nacional; Declarar la guerra a décadas de desfalco y corrupción con el establecimiento de un sistema nacional de contratación pública transparente, democrático y efectivo; Redefinir el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

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Y siguió mi país soñando, encontrando respuestas día a día. Al ver que poco a poco, en la tierra del viejo luchador, la Asamblea Constituyente convirtió esos anhelos, en textos, en artículos, en un cuerpo constitucional que se consolidó y aprobó con 94 votos (72,3%). Pudimos ser 100 o más pero a algunos el cambio les atemorizó y a otros les confundió. Un texto final de 444 artículos que representan décadas de adelanto, décadas de lucha, de evolución, de transformación; que le dieron y le han dado al país un proyecto de vida diferente, un cuerpo constitucional sólido, y sobre todo nuestro, hecho por todas y todos, pero sobre todo para todas y todos. Y en esos textos está potenciado, al máximo posible, el poder ciudadano, esencia de nuestro proceso y proyecto político. Además ese poder ciudadano implica responsabilidad colectiva e individual para hacer de la democracia una rutina y cotidianidad de todos y todas. Y mi patria volvió a soñar y a creer que caminamos en la dirección correcta, cuando en septiembre de 2008, ese texto constitucional, construido con su participación, fue aprobado en las urnas con el voto favorable de más de cuatro millones setecientos mil compatriotas, (7 de cada 10 votos válidos) a pesar de la

campaña sistemática por boicotearla y desprestigiarla que impulsaron aquellos que veían desmoronarse su imperio de privilegios e injusticias. Y siguió mi país soñando y al mismo tiempo construyendo ese nuevo país durante el régimen de transición legislativo. Se vio trabajar a la Comisión Legislativa y de Fiscalización sin descanso, sin discursos altisonantes, sin esa vieja práctica de los escándalos mediáticos que solo alimentaban los egos y ‘servían’ para dilucidar rencillas personales o corporativas. Teníamos que aprobar cinco leyes y aprobamos treinta y dos, marcando así una enorme distancia con la pereza legislativa y los incumplimientos constitucionales a los que se habían acostumbrado los congresos de los últimos 30 años. Treinta y dos leyes fundamentales, todas con la mirada en el interés superior de la gente y del bienestar del país y por supuesto todas perfectibles porque nunca los ciudadanos nos sentimos ni nos sentiremos dueños de la verdad. Leyes de la gente para la gente, leyes que el pueblo ecuatoriano necesita, leyes que el país requiere. Mi país volvió a ver su sueño avanzar cuando tuvimos que reinsertarnos en el contexto internacional de los parlamentos Andino y Latinoamericano, en los que habíamos sido ampliamente desprestigiados por aquellos que perdieron las elecciones en noviembre de 2006 y abril de 2007. La verdad de los argumentos y su verificación objetiva pudieron más que todas las intrigas y así en diciembre de 2008 volvimos al Parlamento Latinoamericano y en él, con el apoyo del Parlamento Andino, conseguimos el respaldo unánime para las tesis ecuatorianas de auditoría de nuestras deudas externas y el repudio a aquellas que se consideren ilegítimas. Adicionalmente, el trabajo legislativo transitorio, democráticamente decidido por el pueblo en septiembre de 2008, sirvió también para crear las bases para que la Asamblea Nacional inaugure verdaderos procesos de fiscalización y control político que puedan acompañar y vigilar esta gran revolución que propiciamos los ciudadanos. Hoy, a 200 años de la gesta independentista en nuestra América, comprendemos con madurez que el pasado es ese cúmulo de experiencias que nos han traído hasta donde estamos, que el futuro es el lugar donde ubicamos nuestros sueños y que el presente es el momento en que se nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de hacerlos realidad. La gesta de 1809 le puso una fecha al sueño libertario, sueño que seguimos cuidando y persiguiendo. Hoy, 200 años después, nos enorgullece, pero sobre todo nos compromete y por ello no podemos bajo ningún pretexto dejarnos arrebatar su esencia. Este ha sido un proceso de intenso aprendizaje y del cual todavía quedan cosas por aprender, todo a costa de enormes jornadas, que no siempre son registradas en los medios de comunicación. Como dice Silvio Rodríguez en su canción “Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida”. Aprender de todo esto que hemos vivido nos tomará la vida entera. Habremos dejado los cimientos y en 100 años las nuevas generaciones verán este día no solo con esperanza sino vivirán en un nuevo país. En ese futuro la nueva Constitución se hará carne y hueso en cada actividad social, política, cultural, deportiva, artística, económica. Veremos hacer realidad los gobiernos autónomos descentralizados que fortalezcan el trabajo de las municipalidades, gobiernos provinciales y juntas parroquiales con sus nuevas competencias obligatorias pero graduales, exclusivas en muchos ámbitos para

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garantizar la autonomía, pero siempre concurrentes por los principios de planificación, coordinación, solidaridad y subsidiaridad. También será una realidad la participación ciudadana en los procesos de planificación y ejecución del nuevo régimen de desarrollo y las nuevas reglas claras y justas para todos los servidores públicos, los registros de la propiedad y el manejo del agua como un derecho humano fundamental y sus múltiples relaciones con el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Hoy, mi país tiene sobradas razones para seguir soñando por su propia voluntad. El escritor irlandés Georges Bernard Shaw afirmaba: “Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él.” Esos cimientos ya están en la Constitución y mientras más avancemos, más exigentes nos pondremos. Se trata de devolverle al ciudadano su dignidad, sus derechos, su capacidad de exigir, el simple y básico sentido de vivir como iguales y entre iguales y ello nunca termina. Debemos aceptar que esta revolución en la que estamos empeñados es un proceso sin fin, está en marcha y, como tal, es mucho más de lo que imaginamos. Nos queda hacer que esta revolución sea cada día más de los ciudadanos. No nos conformaremos con hacer lo posible. Lucharemos hasta hacerla posible, realizable, alcanzable para todas y todos, real, humana. Esto significa aceptar que nuestro proceso es perfectible, que nuestro liderazgo debe evaluarse permanentemente para sintonizar las expectativas ciudadanas, que no podemos sentirnos satisfechos con lo que esta revolución ha logrado y que tenemos que responder al compromiso incondicional con nuestros mandantes. El maestro del Libertador, Simón Rodríguez decía: “Quien no inventa, se equivoca”, para referirse a la obligación que tenemos como especie y como líderes y gestores de los procesos de cambio, de encontrar siempre herramientas innovadoras que permitan que los pueblos avancen hacia el cumplimiento de sus metas. Mi país sigue siendo un niño que sueña y crece, que sueña y camina. Hay momentos en que nuestros sueños parecen una utopía inalcanzable y otros en los que todo parece posible, como dice Eduardo Galeano “…está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso sirve: para caminar.”

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La historia, además, adquiere sentidos cuando la lectura de cada una de sus páginas revela, con toda la luz posible, la grandeza de las gestas humanas, desde las más simples hasta las que nos cuestan la vida. A nosotros, a los hombres y mujeres de este inicio de siglo, nos tocó abrir la trocha. Pero lo hicimos como dijo Eloy Alfaro: “Todo para la patria, nada para nosotros”. Y eso nos guió y nos conduce en cada acto público y privado. Que sea ese nuestro mayor compromiso para, luego de leer estas páginas, reafirmar que ese “Todo para la patria” es nuestra mejor consigna, pero también nuestra declaración de fe para no traicionar a nuestros mandantes. Fernando Cordero Cueva 10 de agosto de 2009

NCÓMO ALCANZAMOS NUESTRO DESTINO HISTÓRICO?

UN SUEÑO COLECTIVO

Cuando el pueblo levantado contra lo oprobioso hace de la calle su lugar de reunión, su asamblea, y convocado por sí mismo da grandes pasos hacia la dignidad, se resquebrajan los discursos, envejecen en un día las promesas vanas; y la gente comienza a dar lecciones de conducción política que los demagogos no alcanzan a comprender.

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Revoluciones y centurias

Una circunstancial y parecida condición de profundos cambios históricos ha acompañado nuestro devenir como pueblo, coincidiendo con los últimos tres fines de siglo. En 1809, apenas iniciado el siglo XIX, el territorio de la antigua Audiencia de Quito fue estremecido por una revolución que dio origen al primer gobierno criollo de la América Hispana y marcó el derrotero de las luchas de los territorios americanos por independizarse de España. Casi una centuria después, hacia 1895, a las puertas del siglo XX, la revolución liberal remeció las anquilosadas estructuras de la sociedad ecuatoriana para erigirse como uno de los proyectos más transformadores de la vida nacional. Finalmente, apenas transcurridos pocos años del advenimiento del nuevo siglo (y milenio), nuevamente vientos de profunda transformación soplan sobre nuestro destino nacional, acompañados con el aparecimiento de nuevos actores políticos y sociales que propugnan cambios trascendentales.

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Cuando la paciencia del pueblo llega a su límite se desborda el descontento con fuerza de gigante. ¿Será esta sencilla y evidente verdad histórica tan difícil de vislumbrar desde las blindadas certezas del poder? La caída de Abdalá Bucaram no parece haber constituido una lección útil para Jamil Mahuad, primero, ni para Lucio Gutiérrez, después.

En la recta final hacia el siglo XXI posiblemente el movimiento social más visible fue el de los pueblos indígenas, cuyo levantamiento de 1990 le dio impulso y protagonismo a lo largo de toda la década. El movimiento indígena avivó y reforzó otros procesos de toma de conciencia política como el de los ecologistas, los campesinos, los pueblos negros, los jóvenes, las mujeres, los grupos de derechos humanos, los migrantes y otros cuyo aparecimiento resultó en la incorporación de

voces nuevas, portadoras de aspiraciones de equidad y justicia que evidentemente no encontraban reales posibilidades para el logro de sus aspiraciones, en el marasmo de la alterada estructura sociopolítica e institucional imperante. El más reciente cambio de siglo en el Ecuador estuvo, pues, marcado por la incorporación de nuevos actores sociales al debate político nacional y por el declive de los partidos políticos tradicionales, cuya autoridad como portadores de las aspiraciones de la población había sido puesta en serio cuestionamiento. Un hecho significativo fue la formación, en 1995, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, como brazo político formal, tanto del movimiento indígena como de otros sectores organizados. Pachakutik como organización representó, en ese momento, la parte más proactiva de los sectores sociales y populares, dotada de una alta capacidad de movilización y de participación en las estructuras institucionalizadas del poder. El movimiento colocó representantes en el Congreso Nacional, ganó espacio en prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales y otros ámbitos de representación política. Definitivamente, luego de años de haber carecido de formas eficaces de expresión y participación la sociedad civil había encontrado nuevos cauces con la presencia emergente, como ya se ha dicho, de las mujeres, los afroecuatorianos, los ecologistas y otros colectivos.

El más reciente cambio de siglo en el Ecuador estuvo marcado por la incorporación de nuevos actores sociales al debate político nacional, en coincidencia con el declive de los partidos políticos tradicionales.

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La paciencia tiene un límite

El derrocamiento del gobierno de Abdalá Bucaram, el 6 de febrero de 1997, fue una primera demostración de la capacidad movilizadora de los ciudadanos. A la larga, éste resultó ser el primero de tres levantamientos populares que depusieron igual número de gobiernos en el lapso de ocho años1. En todos los casos, lo que catalizó la protesta popular no fueron tanto el desempleo, el alto costo de la vida, la mala administración de justicia, la deficiencia en los servicios básicos y otras desastrosas consecuencias socioeconómicas producto de los malos gobiernos, como su inveterada corrupción en el manejo de la cosa pública cuyos ribetes de escándalo ofendían la conciencia nacional. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) hacia fines del milenio, cerca del 55% de la población ecuatoriana no tenía cubiertas sus necesidades básicas, como salud, educación, alimentación y vivienda. Pero la indignación de la gente obedecía más bien a la serie de escándalos de corrupción protagonizados por Bucaram y su entorno cercano en sus escasos seis meses de gobierno. La necesidad de recuperar la dimensión ética de la política era urgente y la población había perdido la confianza no solo en la institucionalidad política y administrativa, sino en la calidad moral de sus gobernantes. 20

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“Mi poder en la guatita”: ¿Pudo haber llegado a niveles más patéticos la descomposición de la república, la res pública, la cosa pública, que en los tiempos de Bucaram? Para contribuir a sacarlo del poder, políticos de tendencias variopintas se treparon oportunos a la camioneta de la indignación popular. Tiempo después habrían, a su vez, de experimentar en carne propia cómo la gente los descalificaba a ellos también.

Los sectores dominantes, por su parte, radicalizaron sus estrategias y alianzas con el fin de mantener sus privilegios. Los partidos políticos tradicionales se negaron a revisar sus prácticas y, aunque admitían la participación de nuevos sectores, hicieron todo lo posible para continuar en el manejo de la institucionalidad política y administrativa. No existió renovación en la cultura política, solo cambio de mando.2 Derrocado Bucaram, y luego de casi una semana de “río revuelto” y disputas por el poder, transcurrida entre el 6 y el 11 de febrero, asumió como presidente interino Fabián Alarcón Rivera, como

resultado de un pacto conveniente entre las élites políticas cuyos mayores exponentes eran el Partido Social Cristiano (PSC) en la Costa, y los partidos Democracia Popular (DP) e Izquierda Democrática (ID) en la Sierra. El PSC, como representante de la derecha empresarial, era liderado entonces por el ex presidente León Febres Cordero, como caudillo histórico y Jaime Nebot, como su posible sucesor. La DP, como representante de la Democracia Cristiana, se encontraba bajo la tutela del también ex presidente, Oswaldo Hurtado, y como su posible sucesor tenía al alcalde de Quito, Jamil Mahuad. El otro partido dominante, la ID, de tendencia socialdemócrata estaba liderado por otro ex presidente, Rodrigo Borja. En mayo de 1997 se realizó una compleja consulta popular, que entre los 14 puntos que sometía a la consideración de los votantes, incluía uno sobre la conveniencia de instalar una Asamblea Nacional que reformase la Carta Magna del Estado. Producto del triunfo de ese planteamiento se instaló la Asamblea Constituyente de 1998 en Sangolquí, cuyo resultado es una Constitución que, vista en perspectiva histórica, se caracteriza por fortalecer el modelo neoliberal. En ese sentido, proclama que el modelo de desarrollo del Ecuador era el de la economía social de mercado y limita la capacidad reguladora del Estado en beneficio de la empresa y el capital privado. Si bien esta Constitución incorpora, en su aspecto dogmático, avances en lo relacionado con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y colectivos, en la práctica éstos carecían de una normativa y unos procedimientos que garantizaran su aplicación. El presidente de la Asamblea de Sangolquí fue el ex presidente demócrata-cristiano Oswaldo Hurtado, el mismo que diez años después, en 2008, regresó de su retiro político para tratar de ser el mayor opositor al proyecto del presidente Rafael Correa de instalar una Asamblea Constituyente en Montecristi. La Constitución de 1998, aprobada por la Asamblea Constituyente en Riobamba el 5 de junio de ese año, fue

Hacia fines del milenio, cerca del 55% de la población ecuatoriana no tenía cubiertas sus necesidades básicas, como salud, educación, alimentación y vivienda.

1 Los otros dos presidentes

derrocados son Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000; y Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005.

2 El propio Bucaram acuñó

un calificativo para el oportunismo político de la época al señalar a las figuras políticas que se beneficiaron de su derrocamiento, como “los de la camioneta”, en alusión a una fotografía aparecida en la prensa en la que se puede ver a dichos personajes sobre un vehículo, tratando de hacer suya la gesta popular.

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La gota que derramó el vaso

El 6 de febrero de 1997. Abdalá Bucaram fue cesado de sus funciones de Presidente de la República por el Congreso. Alarcón asumió como Presidente Interino.

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puesta en vigencia el 10 de agosto, sin que mediara una aprobación popular de su texto final. El 10 de agosto de 1998 llegó al poder Jamil Mahuad, en un escenario post constituyente que propiciaba un poder ejecutivo revestido de autoridad y distanciado del diálogo social; un poder legislativo convertido en el último reducto de los partidos políticos, donde se negociaban leyes con las que los poderes político y económico se retribuían favores; sin capacidad de fiscalizar y censurar a los Ministros, con las mismas reglas para su gestión y con el mandato de hacer varias leyes que no se llegaron a realizar; y un poder Judicial secuestrado por los partidos políticos que controlaban las decisiones de los jueces, mientras la administración de justicia no llegaba a la población.

Uno de los episodios que mejor representa la inoperancia y corrupción de este modelo ocurrió a finales de 1998, durante el gobierno de Jamil Mahuad y en pleno dominio de una mayoría legislativa conocida como “aplanadora”, constituida por el PSC y la DP. La popularidad presidencial estaba en buen momento, relativamente hablando, a partir del 26 de octubre, cuando los presidentes Mahuad y Fujimori habían firmado la paz entre Ecuador y Perú, luego de un conflicto de casi seis décadas. Aunque, ciertamente, no faltaron voces que de forma airada calificaron como “entreguistas” las condiciones del acuerdo de paz, la verdad es que un hálito de esperanza en tiempos mejores sopló tenue sobre la patria. Se había, de todas formas, cerrado un capítulo doloroso de la historia nacional y el país, mayoritariamente, daba su respaldo tácito a aquella solución, dispuesto a dar vuelta a la página de la larga historia de conflictos fronterizos con el Perú. Sin embargo, el idilio duró poco. El Ejecutivo procedió a autorizar millonarios préstamos a la banca privada para salvarla de la crisis ocasionada por sus créditos vinculados. Ese fue el caso de Filanbanco, cuyos principales accionistas y administradores, los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, con ayuda de sus amigos políticos, lograron que el Estado capitalizara su banco con aproximadamente 2,7 billones de sucres, equivalentes a alrededor de 429,5 millones de dólares3. El 2 de diciembre de 1998, incapaces de manejar la crisis de su banco, los hermanos Isaías lo declararon en quiebra y lo entregaron al Estado, con lo que desataron la mayor crisis bancaria de la historia del país. Una década después, todavía no se borran sus repercusiones políticas, legales y sociales en el Ecuador. Con aprobación de la mayoría legislativa se había creado la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con el argumento de garantizar el dinero de los clientes de los bancos a punto de quebrar. En realidad, se trataba de una maniobra entre políticos y

banqueros para que ésos últimos se declarasen en quiebra y fuera el Estado el que asumiese sus obligaciones con los clientes. Así se allanó el camino para que, pocos meses después, el gobierno decretara el feriado bancario de marzo de 1999, que congeló el dinero de los depositantes por un año, y cuyas repercusiones económicas y sociales marcan el inicio de una década de inestabilidad política y económica. Se estima que la banca privada se benefició con aproximadamente 6.000 millones de dólares, que todavía no son devueltos en su totalidad a los depositantes. La crisis de los bancos produjo un empobrecimiento de la población y un auge migratorio hacia Estados Unidos y Europa. Se calcula que 954.396 personas migraron entre 1999 y 20074. Esto, curiosamente, marca el nacimiento de nuevos actores sociales hasta entonces inadvertidos: los migrantes, cuyas remesas, paradójicamente, lograron mantener a flote la economía del país en los años posteriores, como la segunda fuente de ingresos después del petróleo, según datos del Banco Central del Ecuador5. El 9 de enero de 2000, el Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial y se fijó una tasa de 25.000 sucres por dólar. Jamil Mahuad no tenía, a la sazón, más de un 7% de popularidad en un país cuya inflación bordeaba el 60%. El derrocamiento de Mahuad, el 21 de enero de 2000, por una insurrección popular liderada por el movimiento indígena con el apoyo de un sector militar es la segunda demostración del rechazo a un sistema corrupto. Apenas dolarizada la economía, se conformó el Congreso Nacional de los Pueblos del Ecuador, cuyo objetivo era preparar la transición del nuevo gobierno. “Este Parlamento desconoce el paquete de medidas anunciado por Jamil Mahuad y convoca a la desobediencia civil y al levantamiento de los pueblos hasta lograr la revocatoria del Presidente y su Gobierno, Congreso

Las repercusiones económicas y sociales del feriado bancario marcan el inicio de una década de inestabilidad política y económica. Se calcula que la banca privada se benefició con aproximadamente 6.000 millones de dólares, que todavía no son devueltos en su totalidad a los depositantes.

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3 Datos del Semanario

Líderes de El Comercio, julio de 2008.

4 Según el documento

“Ecuador: la migración internacional en cifras” publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y FLACSOEcuador, 2008.

5 Las remesas de los mi-

No había sido olvidado el hecho de que el presidente Gutiérrez alguna vez actuó, cuando fue militar en servicio activo, como edecán de Bucaram. Cuando la “Pichi” Corte abrió paso al regreso de Abdalá, el 2 de abril, quedó sellada la suerte de Lucio. Caería dieciocho días después.

grantes son el segundo rubro de ingresos al país después del petróleo. Año 2000 (1.317 millones de dólares); 2001 (1.415 millones); 2002 (1.432 millones); 2003 (1.539 millones); 2004 (1.604 millones); 2005 (1710 millones) Fuente: Banco Central del Ecuador.

6 Como ejemplo, el go-

bierno impulsa la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), a cargo de un consorcio de empresas privadas, para continuar el modelo extractivista, con una relación desproporcionada de ganancia a favor de las compañías privadas.

7 En 2000 el índice de de-

sempleo nacional es del 10,30% y en 2001 del 8,10%.

Nacional, Corte Suprema de Justicia y los Organismos de Control y la instauración de un gobierno del pueblo” rezaba una resolución de esa organización, tomada el 11 de enero.

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El 15 comenzó la marcha sobre Quito. Una semana después el gobierno estaba derrocado. No obstante, los ansiados cambios en la estructura social y política estaban lejos todavía. La participación de nuevos sectores sociales en la toma de decisiones, la definición de un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza, el respeto y la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la autoridad estatal en el control de los asuntos públicos y otras aspiraciones permanecían relegadas. Durante el gobierno de Gustavo Noboa, los medios de comunicación volvieron la mirada a los escenarios tradicionales de la política, principalmente al Congreso Nacional, y continuaba vigente un modelo de desarrollo basado en la explotación irracional de los recursos naturales6. Se acentuó la flexibilización laboral que no reconocía los derechos de los trabajadores, y la disminución de la capacidad reguladora del Estado. La posibilidad de

una redistribución equitativa de la riqueza seguía postergada7. Fue este el período en que el Congreso aprobó, las llamadas “leyes trole”, que reformaban de un plumazo y con carácter urgente decenas de cuerpos legales de carácter económico, financiero laboral, técnico y social. Tras la pretendida modernización del estado, el objetivo fue, a todas luces, reforzar el cumplimiento de los paquetes de compromiso con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En otras palabras, se trató de leyes destinadas a reforzar la política neoliberal con más fuerza que nunca. Así, en el Ecuador de principios del siglo XXI confluían, por un lado, una crisis estructural −débil representación política, ingobernabilidad, inequidad económica− y, por otro, una crisis institucional −corrupción, ineficiencia, insensibilidad− a las que se sumaba un nivel de politización de las Fuerzas Armadas, que permitieron la irrupción de la figura política del ex coronel Lucio Gutiérrez (quien, entre sus funciones como militar, se había desempeñado como edecán del presidente Abdalá Bucaram).

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¡Que se vayan todos! El coronel Lucio Gutiérrez llegó al poder en el 2003, en alianza con el movimiento indígena, gracias a un discurso nacionalista, que olvidó rápidamente cuando se declaró el mejor aliado de Estados Unidos. Su gobierno, que comenzó el 15 de enero, se había inaugurado con fervientes manifestaciones de apoyo popular, entre otras razones, por la incorporación de representantes indígenas al gabinete ministerial, hecho que fue interpretado como un gesto que en la práctica decía de su voluntad de abrir espacios a la participación y a la equidad. No obstante, su alianza con los movimientos indígenas y con el Movimiento Popular Democrático fue pronto sustituida por un acuerdo con el derechista Partido Social Cristiano. Gutiérrez logró destruir en pocos meses algo que había tardado siglos en consolidarse, como es la unidad del movimiento indígena, que perdió poder y se replegó para tratar de recuperar su capital político, seriamente afectado por su alianza con Gutiérrez. Hasta ahora, ese sector no logra recuperar el protagonismo de hace una década. El apoyo al Plan Colombia, la apertura al Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos, la desestructuración de las organizaciones sociales, la improvisación en la política internacional, además de la corrupción y el claro nepotismo, caracterizaron al gobierno de Gutiérrez.

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Lucio Gutiérrez aceleró su caída, cuando, a fines de agosto de 2004, regresó al país el depuesto Abdalá Bucaram, quien llevaba ya siete años asilado en Panamá y prófugo de la justicia ecuatoriana, con dos juicios en su contra por peculado. Gutiérrez se comprometió a reestructurar la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC), todo para facilitar su retorno. Así, a inicios de diciembre de 2004, el Congreso Nacional, los diputados oficialistas armaron una mayoría con los diputados del PRE y el MPD, destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombraron a otros, dispuestos a anular los procesos contra el ex-presidente. Entre los nuevos magistrados estuvo Guillermo Castro Dáger, amigo personal de Bucaram, apodado “Pichi”, razón por la cual, en adelante, se

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La rebelión de los forajidos significó el aparecimiento de nuevas formas de impugnación al poder, que desplazaron de escena a los desprestigiados partidos políticos y colocaron en su lugar a una sociedad movilizada, una corriente ciudadana que se representaba a sí misma y utilizaba nuevos mecanismos de comunicación para convocarse.

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conoció a esa como la “Pichi” Corte. En enero de 2005, ante la renuncia del presidente del organismo, asumió Castro Dáger la Presidencia y anuló en pocos días los juicios contra el líder del PRE, quien regresó al país el 2 de abril de 2005, con una inusual y espectacular cobertura mediática, lo que produjo un estado general de descontento en la población. Descontento que venía manifestándose cada vez con más fuerza. La Marcha Blanca del 26 de enero en Guayaquil había reunido unas ciento cincuenta mil personas, en tanto que una escuálida contramarcha auspiciada por el gobierno no había alcanzado los ocho mil participantes. Luego le tocó el turno a Quito. Más de 200 mil manifestantes, que abarrotaron el centro de la ciudad el 16 de febrero, exigían el respeto de la institucionalidad. Las cabezas visibles, hasta entonces, fueron el alcalde Paco Moncayo y el prefecto Ramiro González. La denominada Asamblea de Quito había realizado tan exitosa convocatoria, sin embargo una auténtica eclosión de rebeldía popular estaba gestándose, esta vez sin recurrir al desgastado liderazgo de los partidos tradicionales y dejando atrás la tibia presencia de los dirigentes tradicionales. Una tercera insurrección popular terminó con el mandato de Gutiérrez el 20 de abril de 2005 en lo que se conoce como la “rebelión de los forajidos”, uno de los episodios más importantes de la historia reciente, porque más allá de sumarse a la cadena de cambios traumáticos en la dirección del país, significó el aparecimiento de nuevas formas de impugnación al poder, que desplazaron de es-

cena a los desprestigiados partidos políticos y colocaron en su lugar a una sociedad movilizada, una corriente ciudadana que se representaba a sí misma y utilizaba nuevos mecanismos de comunicación para convocarse. La rebelión que acabó con el gobierno de Gutiérrez no necesitó dudosos liderazgos y su fuerza más bien radicaba en su independencia respecto de las formas tradicionales de hacer política en el Ecuador. Lo que comenzó como manifestaciones esporádicas en contra del asalto a la Corte Suprema de Justicia fue tomando, poco a poco, la forma de grandes concentraciones, especialmente en la avenida de Los Shyris, al norte de Quito. La gente se convocaba mediante llamadas y mensajes por celular, cadenas de correo electrónico, y por información de boca en boca. Ningún partido político tradicional tenía cabida en esta movilización ciudadana, que representaba un vuelco en la cultura política ecuatoriana, que se reforzó al grito de “¡Que se vayan todos!”. Sin embargo, el poder político no era el único destinatario de la protesta y la inconformidad. En las calles, la gente volcó su indignación contra unos actores que, hasta entonces, solo habían sido objeto de análisis académico pero no de mayor cuestionamiento público: los medios de comunicación tradicionales. La población dejó de identificarlos como los mediadores cívicos entre gobernantes y gobernados. La insurrección de ese histórico abril quiteño dejó ver la decadencia de dos instituciones en crisis: los partidos políticos y los más tradicionales medios masivos de comunicación.

La encrucijada nacional

Tres presidentes derrocados en el lapso de ocho años (el Ecuador se convirtió en el mayor exponente de ingobernabilidad en la región); alrededor de un millón de ecuatorianos expulsados entre 1999 y 2007 en el mayor proceso migratorio de la historia de este país (pese a ello han sido la segunda fuente de ingresos para la economía nacional); una institucionalidad política y administrativa deslegitimada por su incapacidad para garantizar las condiciones mínimas de vida y trabajo dignos (la credibilidad del Congreso Nacional descendió hasta un 6%)8; unos partidos políticos carentes de toda representatividad social (sin procesos de formación ideológica, se convierten en simples maquinarias electorales); un sistema de justicia controlado por el poder político y económico (los procesos contra los banqueros causantes de la crisis se estancaron), entre otros aspectos, representaron la ruptura del pacto social, ese principio fundamental que regía desde el aparecimiento de los estados liberales modernos, que consistía en subordinar la voluntad individual a la capacidad reguladora del Estado. Al año 2006, las sucesivas crisis políticas, institucionales y productivas que se habían venido dando con variantes mayores o menores en el Ecuador, desde hacía al menos tres décadas, ya habían dado como resultado una sociedad profundamente fracturada, que no se reconocía como un todo dinámico y orgánico en su rica diversidad ancestral y cultural, políticamente desorientada y presa del desconcierto resultante de la vocinglería populista y mesiánica, herida profundamente en su autoestima. Una sociedad, o más bien sociedades superpuestas y encontradas, grupos de interés presionando a las instituciones del Estado, cuyos recursos se habían convertido en

botín de ocasión. Congreso y leyes sujetas al manoseo más desembozado, un pueblo víctima de la extorsión generalizada proveniente de Cortes de Justicia ineficaces, desencuentro nacional y regional, profundas inequidades e injusticias, desesperanza generalizada. Tal era la herencia, primero, de un modelo neoliberal asentado sobre todo en prácticas empresariales con escasa o ninguna responsabilidad social cuya supuesta preeminencia debía abrir caminos de progreso y bienestar, en tanto que al Estado se lo debilitaba a conveniencia y se lo esquilmaba sin rubor. Legado, también, de la persistencia y dominio de una clase política y un régimen de partidos cuyas fisuras y frecuente traición a las aspiraciones de sus seguidores los había convertido, poco más o menos, en agencias para administrar por turnos el asalto a la res publica, a aquello que pertenece a todos, a la república, representada en sus deterioradas instituciones y en sus menguados recursos. Por eso, lo recibido de aquel modelo era, finalmente, una institucionalidad estatal sin capacidad de reacción para ordenar las relaciones sociales. Mucho menos para atender eficazmente las más sentidas y urgentes demandas sociales, y para estimular relaciones de producción y comercialización que generasen una riqueza distribuida con equidad. Las elecciones presidenciales del año 2006 en el Ecuador tuvieron dos vueltas electorales. Las votaciones en primera vuelta se realizaron el 15 de octubre. Se presentaron trece candidatos, que corrieron con suerte muy desigual. Álvaro Noboa quedó en primer lugar con el 26,64% de los votos. Rafael Correa Delgado con el 22,89%, en segundo. En ese contexto, la coyuntura electoral significaba un punto de inflexión entre la continuación del

8 En enero de 2006 la en-

cuestadora Informe Confidencial consultó a 400 personas en Quito y 400 en Guayaquil. De ellas, un 10% en Quito y un 6% en Guayaquil “confiaba mucho” en el Congreso Nacional; un 8% en Quito y un 18 en Guayaquil “confiaba algo”; un 20% en Quito y un 35% en Guayaquil “confiaba poco”; y un 62% en Quito y un 41% en Guayaquil “no confiaba nada”.

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Los protagonistas ya no eran los partidos, sino los sectores sociales organizados e incluso aquel ciudadano, considerado de manera individual, que se representa a sí mismo, en otra demostración de ruptura y avance en la cultura política ecuatoriana.

estado de cosas descrito o la posibilidad de enfrentar un cambio radical. Los dos candidatos finalistas a la Presidencia de la República, Álvaro Noboa (PRIAN) y Rafael Correa (Movimiento PAIS) representaban, en ese orden, aquellas dos posibilidades. Noboa, el continuismo del modelo neoliberal, exacerbado. Correa, las aspiraciones de transformación social, tan reclamadas por los ecuatorianos. En la segunda vuelta, realizada el 26 de noviembre, Correa fue electo Presidente de la República, con el 56.67% de los votos válidos. Así, el triunfo de Rafael Correa terminó de configurar el escenario de arranque de este proceso que hasta entonces solo eran ofertas de campaña. Se inició un nuevo ciclo político en la historia ecuatoriana desde una circunstancia inédita, como es el cuestionamiento radical a todo el sistema vigente, lo cual marca la diferencia con otros procesos afines en nuestra región. Los protagonistas ya no eran los partidos, sino los sectores sociales organizados e incluso aquel ciudadano, considerado de manera individual, que se representa a sí mismo, en otra demostración de ruptura y avance en la cultura política ecuatoriana. Entre otros motivos comúnmente consensuados para pensar que un Estado necesita darse una nueva Constitución de la República destacan, una grave conmoción social y la pérdida de legitimidad de sus instituciones. El escenario descrito cumplía con estas condiciones. Por otra parte, existía un acumulado histórico de inequidades que había que cambiar. Faltaban, sin embargo, actores políticos que capitalicen esa demanda social.

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Así, diversas fuerzas sociales de forma mayoritaria, confluyeron para identificar que el candidato del Movimiento Alianza País, Rafael Correa, representaba esa opción. Rafael Correa, llegó al poder el 15 de enero de 2007 con un plan de gobierno basado en los derechos de las mayorías, la equidad de oportunidades, el desarrollo sustentable y la defensa de la soberanía nacional. Los cinco ejes del gobierno de la Revolución Ciudadana eran, precisamente, revolución económica, lucha contra la corrupción, revolución en educación y salud, rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la unidad latinoamericana y, finalmente, revolución constitucional. Esta reforma política del Estado, cuya vía principal sería una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución y de reformar el marco institucional del Ecuador ya venía pues, esbozada desde la propuesta de Correa, refrendada -en la práctica- en la posición de su movimiento de no presentar candidatos al Congreso Nacional en las elecciones de octubre del 2006, como en efecto ocurrió. El proyecto de una nueva Constitución en el Ecuador de comienzos del siglo XXI, comenzó pues, a tomar forma en un escenario en el que destacaron tres actores principales: unas fuerzas políticas tradicionales poco dispuestas al cambio, una demanda ciudadana de urgente transformación política, económica y social y un gobierno con voluntad transformadora. El resultado es uno de los debates políticos más trascendentales de la historia reciente del país, dispuesto, como conjunto, a enfrentar el reto de sentar las bases de una nueva sociedad nacional, mediante la recuperación ética de la política.

El 14 de enero del 2007, en Zumbahua, el flamante presidente, Rafael Correa Delgado, fue recibido con el júbilo propio de un pueblo esperanzado en que los cambios que se necesitaban, comenzaran de inmediato.

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NCÓMO LOGRAMOS ABRIR EL CAMINO?

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Ciudad Alfaro, en Montecristi, como sede para la instalación de la Asamblea Constituyente, fue un mensaje para desmontar la equidistancia y la biporalidad políticas de Quito-Guayaquil, donde se toman normalmente, decisiones que involucran al país entero.

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El decreto presidencial 002 abrió la ruta hacia la Asamblea Constituyente de Montecristi.

“¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?”.

Hacia Montecristi

El camino hacia la nueva Constitución arrancó con el Decreto 002, firmado por Rafael Correa, el primer día de su mandato. Y así, el 15 de abril, los ecuatorianos dijeron Sí a la propuesta de cambio. Alberto Acosta fue el asambleísta más votado.

Rafael Correa asumió la Presidencia de la República el 15 de enero del 2007 y reafirmó su proyecto de cambio al señalar que entre los símbolos del viejo país estaban la banca, los partidos tradicionales, las élites empresariales y ciertos medios de comunicación. En el caso ecuatoriano, una característica especial de los nuevos tiempos que se anunciaban incluso antes del triunfo electoral de Alianza País, el movimiento creado para respaldar la candidatura de Correa, fue el hecho de desmarcarse decididamente de aquellas anquilosadas estructuras.

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Correa construyó un movimiento político desde cero, para iniciar el camino hacia el poder, con una declaración de independencia explícita respecto de las organizaciones políticas dominantes, y las de menor peso también, entre las que estaban incluidas las tradicionales agrupaciones de izquierda, igualmente ansiosas de subirse al carro de la victoria. La decisión del movimiento liderado por Correa, de no presentar candidaturas para las elecciones parlamentarias de ese mismo año fue una clara señal de ruptura con múltiples significados: una posición antisistema; un rechazo a la institucionalidad gastada; una apuesta por un proceso de reforma vía constituyente; y una apertura a otro tipo de participación: la social. Contando con un amplio respaldo popular, el gobierno de Correa puso a consideración del país el proyecto de la Asamblea Constituyente de plenos poderes y lo sometió a Consulta Popular para que el pueblo decidiera. El Decreto 002, firmado por Rafael Correa el mismo día que inició su mandato puntualiza, entre sus considerandos, que el Presidente de la República como Mandatario de la voluntad popu-

lar expresada en las urnas el 26 de noviembre consideraba de trascendental importancia la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que transformase el marco institucional del Estado y elaborase una nueva Constitución. El pueblo sería llamado, en principio para el 18 de marzo del 2007, a dar su parecer, afirmativo o negativo, respecto de la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?”. Con ese histórico decreto se iniciaba, formalmente, el camino hacia la nueva Constitución de la República.

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A pesar de las muchas manifestaciones generalizadas de rechazo absoluto al Congreso, la Asamblea Constituyente, respetando la voluntad del pueblo en las urnas, decidió que los diputados debían entrar en receso hasta que un referéndum aprobara el texto constitucional o lo negara.

Lluvia de “amparos”

El triunfo del Sí fue abrumador: el 86,2% de los votos validos. El No alcanzó un magro 12,43%, en tanto que entre blancos (0,78%) e inválidos (5,07%) completaban el total de sufragios.

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De todas maneras, Rafael Correa asumió la Presidencia de la República en un ambiente político tenso debido a la resistencia que generaba la sola idea de reformar la Constitución. Ocho días después de firmado el Decreto 002 el Tribunal Supremo Electoral, organismo encargado de llamar a consulta popular, como lo establecía aquel instrumento, lo envió al Congreso Nacional en procura de un pronunciamiento legislativo respecto de si era legítima la atribución del Presidente de convocar a consulta para una Asamblea Constituyente. El motivo era que el Artículo 283 de la Constitución vigente a la fecha establecía que el Presidente de la República “en los casos de urgencia, calificados previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes, podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales…”. La interpretación del TSE fue incorrecta pues, en realidad, el Decreto Presidencial no estaba calificado como urgente y no había reformas constitucionales que aprobar por el pueblo. Ciertamente, la oposición había emprendido un proceso sistemático para evitar que el gobierno llamase a una consulta popular sobre ese tema. El PRIAN, la organización política de Álvaro Noboa, y Sociedad Patriótica, la de Lucio Gutiérrez, habían sido fuerzas opositoras, en el Congreso Nacional, al proyecto de Asamblea Constituyente, junto a los socialcristianos y a los democratacristianos. Hasta diciembre del 2006 el bloque de diputados de Sociedad Patriótica hablaba de la conveniencia, más bien, de instalar un Congreso constitucional o constituyente que introdujese reformas a la Carta Magna, evitando la consulta po-

pular. No obstante, para comienzos de febrero los 24 votos de esa bancada ya estaban asegurados por el gobierno para dar paso a la aprobación de la consulta popular en el Congreso, al vincular ese tema a la designación del Contralor General del Estado, que resultaría ser el ex Secretario de la Administración del gobierno de Lucio Gutiérrez. El 13 de febrero del 2007, el Congreso Nacional, a través de una resolución, reformó el Estatuto que había incorporado el presidente Correa en su Decreto 002, eliminando el requisito de recolectar firmas para inscribir candidatos, lo que hubiera significado aceptar candidaturas a asambleístas sin respaldo alguno, en un panorama caótico e imposible de administrar. Sin embargo, califica a la consulta popular como urgente. El Ejecutivo, por su parte, procedió por decreto a reformar el Estatuto Electoral atendiendo observaciones de la ciudadanía y del propio Congreso. El requisito de cumplir con un porcentaje de firmas del padrón electoral para inscribir candidatos volvió a ser obligatorio. Esto aconteció el 28 de febrero. El 1 de marzo el TSE fijó la fecha para la consulta: 15 de abril del 2007, que se transformaría en una fecha de profundo sentido histórico por el resultado en las urnas. El lapso que quedaba para tan importante cita ciudadana era de un mes y medio apenas. Esa resolución del TSE trajo consecuencias. La oposición arreció en sus pretensiones de bloquear la consulta. El 6 de marzo del 2007, la mayoría opositora en el Congreso Nacional adoptó resolu-

ciones que sustituían al Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), miembro de Sociedad Patriótica, argumentando “la pérdida de calidad de representante del Vocal del Partido Sociedad Patriótica ante el Tribunal Supremo Electoral ...” y congelaban las cuentas bancarias del máximo organismo electoral. Al día siguiente el TSE contraatacó destituyéndo a los legisladores que habían votado a favor de esas resoluciones del Congreso. El TSE argumentó que su atribución de destituir diputados surgía del Artículo 155 de la Ley Orgánica de Elecciones vigente, que establecía que aquellas autoridades o funcionarios que interfiriesen con el desarrollo de procesos electorales y de sus organismos debían ser sancionados con la destitución de su cargo e incluso con “la suspensión de los derechos políticos por el tiempo de un año”. Fueron destituidos 57 congresistas. Comenzaron a llover los recursos de amparo por parte de aquellos legisladores cesados en sus funciones, para tratar de dejar sin efecto la resolución del TSE. Un juez que había aceptado inconstitucionalmente uno de aquellos amparos fue a su vez destituido por el TSE, que ratificó la resolución tomada con los 57 diputados. El Consejo de la Judicatura resolvió acatar la destitución de aquel

magistrado por parte del TSE, pues no le competía actuar al no tener jurisdicción. Los acontecimientos se precipitaron en una escalada de provocaciones que ponía en peligro la estabilidad del funcionamiento legislativo. El martes 13 un grupo de los destituidos intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones del Congreso, lo que fue impedido por la fuerza pública. Finalmente, los diputados destituidos fueron reemplazados por sus alternos, y el 21 de marzo, luego de trece días de interrupciones, el Congreso sesionaba de forma ordinaria, con una nueva mayoría conformada gracias a la participación de aquel grupo de alternos, 28 en total, que posteriormente se autodenominó el Bloque de la Dignidad Nacional. El domingo 15 de abril se realizó, sin contratiempos, la consulta popular. El triunfo del Sí fue abrumador: el 86,2% de los votos validos. El No alcanzó un magro 12,43%, en tanto que entre blancos (0,78%) e inválidos (5,07%) completaban el total de sufragios. Así, 5’354.595 ciudadanos ecuatorianos le habían abierto las puertas a la posibilidad de construir un nuevo Ecuador. Además, quedaba allanado el camino para las elecciones de asambleístas, que se efectuaron el 30 de septiembre de ese mismo año.

Los resultados dieron la medida de la falta de credibilidad de los partidos tradicionales, pero también, se evidenció un desgaste de las mismas organizaciones de izquierda UN SUEÑO COLECTIVO

¡A la Asamblea!

La convocatoria para presentar candidatos a la Asamblea Constituyente de Montecristi y su posterior elección deberá ser recordado como uno de los procesos más participativos en la historia de los comicios ecuatorianos. Las reglas del juego, contenidas en el Estatuto Electoral propuesto por el Presidente de la República, habían sido oportunamente, consensuadas, aprobadas y difundidas. Se inscribieron 498 listas con 3.229 candidatos de 26 movimientos que abarcaban todas las tendencias políticas. Se escogerían 130 asambleístas, cuya composición sería la siguiente: 100 provinciales, 24 nacionales y 6 en representación de los migrantes ecuatorianos. (2 por los residentes en otros países de América Latina, 2 por Estados Unidos y 2 por Europa).

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Una Asamblea Constituyente de manos limpias, surgida de la voluntad popular comenzó a trabajar el 29 de noviembre del 2007. En seis meses, que luego habrían de prolongarse a ocho, dio vida a la nueva Constitución de la República del Ecuador.

La campaña electoral se inició el 13 de agosto del 2007, caracterizada por un entusiasmo inusual estimulado, además, por el hecho de que, por vez primera en la historia de los procesos electorales en el Ecuador, era el Estado el que se hacía cargo de los gastos de publicidad en radio, televisión, prensa y vallas, quedando prohibido a las organizaciones políticas auspiciantes de las candidaturas, a los candidatos y a cualquier otro ciudadano auspiciar, pagar o promover forma alguna de publicidad en dichos medios de comunicación. El objetivo era contar con una distribución equitativa de espacios para la difusión de los mensajes, en un ambiente en el que todas las candidaturas tuviesen igualdad de oportunidades. Así, fueron beneficiarias de esta decisión las listas que presentaron candidatos a asambleístas nacionales, provinciales y que representaran a ecuatorianos radicados en el exterior. La campaña se desarrolló intensamente, durante 45 días y se cerró el 26 de septiembre a las 12 de la noche. Finalmente, el domingo 30 de septiembre de 2007, el pueblo se manifestó en las urnas. La jornada electoral fue pacífica, ordenada e igualmente intensa. Los resultados electorales fueron abrumadoramente favorables al proyecto político

impulsado por el gobierno. De tal forma que la bancada del Movimiento País fue la más numerosa. Los resultados dieron la medida de la falta de credibilidad de los partidos tradicionales y afianzó, por supuesto, la aceptación de Rafael Correa. Los partidos Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y Sociedad Patriótica (PSP) fueron los principales derrotados en comparación con el número de legisladores que tenían en el anterior Congreso Nacional. Los tradicionales Izquierda Democrática (ID) y Partido Social Cristiano (PSC) consiguieron un mínima representación. Pero también, dentro de las mismas organizaciones de izquierda se evidenció, en el resultado electoral, un desgaste muy pronunciado. El Movimiento Pachakutik, cuyo poder de convocatoria fuera tan relevante en los años más intensos de la crisis de gobernabilidad, alcanzó escasamente 2 escaños, en tanto que para el Movimiento Popular Democrático no fueron suficientes los varios intentos de asimilarse a los éxitos del movimiento gobernante, respaldando algunas de sus medidas, para lograr más de tres puestos. En el espectro, estaba, en un extremo, el Movimiento Patria Altiva y Soberana PAIS, que logro captar el 53,15% de los puestos. En el otro extremo, atomizados, el 10% de los puestos estuvo repartido entre 13 movimientos, cada uno con un representante. Como estaba establecido que la Asamblea debía instalarse, sin previa convocatoria, diez días después de proclamados los resultados de aquellas elecciones, los preparativos para tener a punto la que sería la sede de la labor constituyente estaban en su etapa más álgida. La sede, emplazada en la población de Montecristi, cuna natal de quien fuera insigne conductor de la Revolución L iberal ecuatoriana de fines del siglo XIX y principios del XX, sería bautizada, como él, en su recuerdo y honor. Así, a un siglo de la gesta del “viejo luchador” su nombre volvía a evocar la esperanza de toda una nación en la profunda transformación social que habría de iniciarse: Ciudad Alfaro.

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COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Que la mayoría gobiernista resultara, al final, con 80 escaños (consideradas las alianzas) fue, nuevamente, un signo de confianza de los electores en el proyecto de cambio.

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Han pasado casi 100 años desde su muerte, y aún retumba en todo el país el grito de “¡Viva Alfaro, carajo!. La inmortalidad, no hay duda, es privilegio de pocos...

DISCURSO DEALBERTOACOSTA ENELACTOINAUGURALDELA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Montecristi, 30 de noviembre de 2007

Sobre esta misma tierra, Alfaro creció enriqueciendo su espíritu con las anécdotas de juventud rebelde y antimonárquica de su padre y las historias épicas sobre la vida de Simón Bolívar, que le contaba su madre. Sin saberlo, Montecristi albergaba al niño que llegaría luego a ser el hombre que entregaría su vida por la transformación de la República en nombre de la Revolución Liberal. Y es nuevamente por la transformación de la República que nuevamente estamos hoy en Montecristi, pero esta vez en nombre de una nueva Revolución, alineada – como no podía ser de otra forma- con los principios defendidos por Eloy Alfaro, pero adecuada a las necesidades y retos que impone este nuevo momento histórico. Grandes fueron los desafíos que enfrentó y superó el Viejo Luchador en su revolución, como grandes son los desafíos que hoy enfrenta el Ecuador. Quizá el cambio más trascendental y significativo que logró el General Alfaro fue separar al Estado del poder de la Iglesia, ese Estado laico resultante permitió recuperar la soberanía. Hoy, el Ecuador enfrenta un reto de similar envergadura: recuperar su soberanía, lo que significa independizar al Estado del poder económico y de los mandatos del capital transnacional. Recuérdese cuantas veces se puso a banqueros como ministros de Economía y directores del Banco Central; cuántos poderosos industriales e importadores en puestos clave en cada gobierno, dando pie a un irremediable conflicto de intereses por demás antiético, antitécnico y antidemocrático. Los denodados esfuerzos del General Alfaro permitieron, además, el establecimiento de bases democráticas en un país continuamente golpeado por gobiernos excluyentes, dictatoriales y represivos. De modo similar el desafío para el Ecuador es ahora la profundización democrática: desterrar de una vez por todas las nuevas formas antidemocráticas que han surgido de gobiernos caudillistas y corruptos. Gobiernos cuyo compromiso nunca fue con la Patria, sino con las demandas oligárquicas y transnacionales, utilizando para ello a aquellos grupúsculos feudales llamados partidos políticos: esa partidocracia que prostituyó la democracia desde las diferentes instancias gubernamentales, en particular, el Congreso Nacional, las cortes de justicia y los organismos de control. Sobran ejemplos.

Por medio de la Revolución Liberal, Alfaro enfrentó la discriminación imperante en la época, gobernando en pro de la ampliación de los derechos de los indígenas y montubios, así como del reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres. Hoy nuestro objetivo debe ser reafirmar y ampliar tales conquistas, y sobre todo, llevarlas a la práctica, pues desgraciadamente muchos de los derechos que constan en nuestra legislación, se quedan tan solo en el papel, frente a una realidad que se muestra cada vez más injusta, inequitativa e indolente. Hoy tenemos mucho que hacer para superar los nuevos tiempos de discriminación que enfrentan las minorías sea por diferencias de nacionalidad, sea por diferencias de orientación sexual, o diferencias de otra índole. Entendámoslo de una vez por todas, se debe hacer realidad la vigencia de los derechos para todas las personas que habitan en Ecuador, vengan de donde vengan. UN SUEÑO COLECTIVO

El presidente Alfaro fue también el artífice del desarrollo de los mercados internos, a los que trató de dar forma mediante la construcción de grandes obras de infraestructura y comunicación y por su puesto el impulso del comercio interegional. Incluso recordamos como se preocupó de proteger a la naciente industria del azúcar y a los consumidores. En la primera década del siglo XX, Alfaro rompió lanzas a favor de la protección de la industria del azúcar, cuando observó que la ley de víveres, expedida en 1906 por la legislatura, no cumplía con los fines propuestos para abaratar los costos de los bienes de primera necesidad, a través de permitir las importaciones de este producto vital. Entonces, el mandatario dirigiéndose a los parlamentarios, manifestó que “el azúcar es uno de los artículos que, siendo de primera necesidad deben ocupar vuestra atención, para procurárselo al pueblo en condiciones equitativas; pero, como también es artículo de producción nacional en la que se emplea con-

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siderable cantidad de brazos cuya vida depende de la subsistencia de esa producción, forzar la baja del precio de aquel producto, por medio de una competencia que sería imposible sostener, equivale a destruir por completo la industria mencionada en el Ecuador. Y la pérdida de trabajo de todos esos brazos, tendría que afectar gravemente al precio general de los jornales; puesto que esos cinco mil trabajadores habrían de ofrecer sus servicios por menor salario, lo que haría perder a toda la clase trabajadora veinte o treinta centavos diarios, en cambio de la economía que quiere establecerse, de dos o tres centavos en cada libra de azúcar. Si se teme el abuso de los productores nacionales, en perjuicio del pueblo, nada más fácil que dictar una disposición que haga imposible dicho abuso y garantice la economía del consumidor”, concluía el “Viejo Luchador”). Sorprende la lucidez de Alfaro que ya anticipaba la necesidad de defender al consumidor. Desafortunadamente, los gobiernos posteriores no tuvieron la misma claridad de visión que Alfaro y las metas de integración nacional y de inserción inteligente en el mercado mundial del general se vieron truncadas. Hoy es nuestro deber retomar esas metas. Alfaro con su obra magna, el ferrocarril, logró vincular a grandes zonas de la sierra y de la costa. Pero, al carecer de continuidad su propuesta integracionista, el Ecuador sufre aún lo efectos perniciosos del centralismo de los recursos fiscales y de la administración misma, así como de la concentración del ahorro privado en muy pocas ciudades, proveniente en gran medida de las zonas depauperadas del país. Romper con el bicentralismo que ha hecho del Ecuador un país con dos grandes polos de acumulación (Quito y Guayaquil), en detrimento de resto de las ciudades del Ecuador, es otra de nuestras tareas. Para ello, es necesario impulsar el desarrollo desde cada rincón de la patria. Pero la integración nacional debe ir más allá. Es necesario romper con viejas prácticas y deformaciones ideológicas que han impedido la construcción de una identidad nacional cohesionada: me refiero, por supuesto al regionalismo. Eso debe terminar. Por supuesto, el sueño integrador de Alfaro fue mucho más allá de lo nacional: el general basó su visión en el sueño de Simón Bolívar y dedicó grandes esfuerzos para lograr que renazca el objetivo de unidad sudamericana por el que entregara su vida el Libertador. Infortunadamente, el Viejo Luchador, estaba demasiado adelantado para su época, y tuvieron que pasar 100 años para que su voz sea escuchada, y una nueva generación de líderes regionales con proyección planetaria plantee la necesidad de una unidad latinoamericana como única alternativa para salir adelante. Sin embargo, a pesar de los indudables avances, por ejemplo en el ámbito energético, todavía nos falta mucho por caminar, todavía hay muchas diferencias por superar... Todos estos logros, todos estos sueños, los conquistados y aún los que no se lograron, fueron el resultado de una vida de sacrificio y entrega por parte de Eloy Alfaro y sus montoneros. 44

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Recuérdese también que Alfaro salió adelante enfrentando en repetidas ocasiones la dura realidad de un exilio – como lo hacen hoy nuestros emigrantes- Desde el destierro, tuvo el General que soportar grandes suplicios, como el alejamiento de su Patria y su familia, pero también suplicios menores (aunque no por ello menos tormentosos) como aquel narrado por el gran escritor y amigo Alfredo Pareja Diezcanseco, quien recuerda que “si alguna diminuta cebolla llegaba a sus labios, (Alfaro) se estremecía, rechinaba los dientes, no probaba un plato más y se le malograba el día. Y al igual que la Revolución Liberal se consolidó mediante una Asamblea Constituyente y el establecimiento de una constitución liberal, nuestra Revolución Ciudadana se consolida a partir de hoy con la inauguración de nuestra bien ganada Asamblea Constituyente y con miras hacia la pronta definición de una Nueva Constitución que siente las bases de un adecuado desarrollo, más justo y equitativo para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del campo y de la urbe.

El Ecuador de la larga y triste noche neoliberal Fueron más de dos décadas de sometimiento ante la burocracia financiera internacional, de burlas intentonas liberalizadoras y proyectos de desmantelamiento del Estado, llevados a cabo con un elegante derroche de autismo tecnocrático, tan irreflexivo que más de una ve sobrepasó las fronteras de la imbecilidad. Resulta casi cómico que, ahora que finalmente América Latina logra dar vuelta a tan nefasta página de su historia, surjan voces que afirmen que nunca existió tal noche neoliberal. Por su puesto que muchos de los objetivos neoliberales no se cumplieron a cabalidad, pero no debido a la inexistencia del neoliberalismo, sino por el contrario, debido a la presencia de un pueblo sabio, vigilante, valeroso, que pese a las argucias de gobiernos neoliberales, supo conservar muchas de sus conquistas sociales. No. El neoliberalismo no sólo fue un mal sueño... fue real el total desmantelamiento de la planificación nacional de desarrollo, que pasó de ser una de las carteras de Estado más importantes durante los 70, a una ridícula oficina adscrita a la Presidencia de la República durante los 90, con paupérrimas capacidades de gestión. Fue real la desaparición de empresas estatales tan fundamentales como el INECEL, que en buena parte explican hoy la crisis que enfrenta el sector eléctrico. ¿A caso no fueron reales las numerosas cartas de intensión firmadas con el Fondo Monetario, que tan lesivas resultaban a los intereses nacionales? Así también fueron los intentos crónicos por quebrar a Petroecuador, reduciendo su presupuesto para inversiones y recargando sus costos para revelar la supuesta “ineficiencia de las empresas del Estado”, todo para forzar su privatización. Fueron así mismo reales los procesos de flexibilización laboral que redujeron muchos de los derechos de los trabajadores, y cuya máxima expresión se encuentra hoy en perversas formas de precarización laboral. Fueron reales las políticas orientadas hacia una extrema y malsana “liberalización” comercial (entre el bobo aperturismo); malsana no porque el comercio internacional sea una mala idea; de hecho, como diría Gandhi refiriéndose a la civilización europea, el comercio internacional libre podría ser visto hasta como una buena idea... si fuese real. Pero simplemente, no lo es. El más claro ejemplo de la amenaza neoliberal se reflejó en las jornadas de lucha que repetidamente vivió el pueblo ecuatoriano para evitar aberraciones como el ALCA y el TLC. Y esta amenaza neoliberal también se reflejó en otras varias luchas que se dieron en las calles, e incluso en las urnas, para evitar la privatización de la seguridad social; luchas en las que el Ecuador demostró por sobre todas las cosas, su vocación solidaria y democrática, pero sobre todo su condición de pueblo digno, dispuesto a defender sus derechos a toda costa. Afortunadamente, el neoliberalismo empieza a ser parte del pasado. Para satisfacción de muchos, de las mayorías, e intranquilidad de unos pocos, las minorías dominantes de siempre, las preocupaciones del sector público a la hora de hacer política económica comienzan a revelar hoy un cambio de 180 grados. Atrás ha quedado el discurso que giraba en torno al superávit primario, el riesgo-país, la disciplina, el servicio de la deuda, las cartas de intensión, la austeridad en el gasto, etc. Hoy el eje de las discusiones de política económica es el ser humano y toda la terminología neoliberal ha sido reemplazada por conceptos como redistribución, equidad, planificación, inversión social, empleo abundante y de calidad, desarrollo empresarial, producción y sobre todo democracia.

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El Ecuador que queremos construir Nuestra propuesta fue clara desde un inicio:

En lo social queremos que se priorice los gastos en educación y salud, en tanto derechos humanos, buscando maximizar su accesibilidad y calidad. Planteamos la universalidad de la seguridad social, que no podrá ser privatizada, en atención a principios básicos de solidaridad, justicia y eficacia.

En lo económico buscamos una economía solidaria. Queremos superar ese estéril enfrentamiento entre Estado y mercado, delimitando claramente el papel de los mercados en función de los intereses de la sociedad, evitando el canibalismo económico entre seres humanos. Apuntamos a una economía de productores y propietarios, no de especuladores, ni mucho menos de monopolistas. El ser humano será el centro del desarrollo: por eso la política económica, los proyectos de inversión, la gestión empresarial o cualquier otra forma de organización de la economía estarán supeditadas a las necesidades del ser humano. Se buscará equilibrar paralelamente la convivencia entre el ser humano y la naturaleza, evitando la explotación indiscriminada de recursos, tarea para la cual los mercados se han mostrado repetidamente inoperantes.

Desde lo político el gran reto que nos hemos planteado es construir democráticamente una sociedad democrática. Para muestra, rechazamos la reelección indefinida para todo cargo de elección popular y/o de entidades financiadas por el Estado. Para nosotros es indispensable consagrar la alternancia en el poder como característica básica de la democracia. Queremos, por igual, garantizar la independencia partidista de los tribunales de la República, así como de los organismos de control. Nuestro proyecto busca que sean los ciudadanos y las ciudadanas y no los pseudo-partidos -ni sus respectivos señores feudales- quienes controlen las diferentes instancias del Estado: gobierno central, gobiernos seccionales, así como los tribunales de la República. Alentamos además un reordenamiento territorial y administrativo solidario y eficiente, sustentado en regiones autonómicas construidas democráticamente que consoliden de manera efectiva la unidad de nuestro Ecuador. Queremos un Ecuador orientado por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. Para ello requerimos tener una posición clara, digna y soberana frente a los principales problema del país en sus relaciones internacionales y frente a los organismos multilaterales. Conscientes de que vivimos en un mundo interconectado, interdependiente, queremos insertarnos en él con voluntad e integración regional. Apoyemos todos los esfuerzos para globalizar la paz. Las primeras organizaciones políticas aseguraban derechos para sus ciudadanos, los nacidos en su territorio; hoy nuestro desafío es luchar por el respeto de los derechos humanos a todos los hombres y mujeres del mundo, sin importar en donde estén o de donde vengan. 46

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Esta concepción estratégica de nuestras relaciones internacionales es también uno de los ejes de la revolución ciudadana con la que queremos avanzar hacia una verdadera integración latinoamericana en lo económico, político y social, para así revivir el que fue el sueño del Libertador Simón Bolívar así como del General Eloy Alfaro. Por su puesto, también es necesario preservar la soberanía en el manejo de nuestra política interna. El destino del Ecuador lo decidiremos los ecuatorianos y ecuatorianas. La Constitución del Ecuador será elaborada por los ecuatorianos y ecuatorianas, para plantear propuestas a la ecuatoriana. En lo ambiental, nuestra ambición es grande. Queremos hacer del Ecuador un país -por qué no un líder mundial- con mucho que decir por la defensa propositiva y creativa del medio ambiente. Ya basta de observar pasivamente cómo el capitalismo acaba con el planeta. En este sentido, ya hemos dado pasos importantes. Nuestro presidente entregó al mundo la propuesta pionera de conservar el crudo del ITT en tierra para proteger la riqueza amazónica; y ahora, nuestro presidente propone convertir a la OPEP en gestor planetario de políticas ambientales. Debemos comprender que la tarea de revertir el deterioro am-

biental y el calentamiento global, no hay países pequeños, sino únicamente esfuerzos insuficientes. Y para construir ese país, nuestra apuesta es la Revolución Ciudadana. Un punto a parte de nuestra propuesta merece la revolución ética. Buscamos derrotar a la corrupción e instituir los principios de transparencia y rendición de cuentas, como pilares para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el mutuo reconocimiento entre personas y el aumento de la confianza colectiva del país, elementos imprescindibles para impulsar procesos sostenidos de desarrollo humano. Pero en definitiva, el proyecto de la Revolución Ciudadana es el eje de nuestra propuesta para la Asamblea Constituyente; en él se plantea una hoja de ruta de una transformación que ya está en marcha.

El papel de la Asamblea Constituyente dentro de la Revolución Ciudadana La Asamblea Constituyente es quizá el punto más importante de la Revolución Ciudadana. En primer lugar, el proceso Constituyente (que comprende todo el camino andado desde el lanzamiento, durante la campaña presidencial de la propuesta de la Asamblea como bandera de lucha, el referéndum para la convocatoria, la elección de los y las asambleístas, hasta la instalación de la Asamblea, así como el inicio de su funcionamiento) ha cumplido un objetivo fundamental: re-politizar a la sociedad ecuatoriana. Esta re-politización se ha visto reflejada en la toma de conciencia por parte de las mayorías respecto a la necesidad y sobre todo a la posibilidad de un cambio; respecto a que sí existen alternativas y a que es fundamental el aporte de todos y cada una. Tal re-politización ha ido de la mano con un apoyo creciente a la propuesta de la Revolución Ciudadana. Otro impacto irrebatible que ha producido la Asamblea es el cambio en el equilibrio de poder político dentro del Estado. Este cambio permitirá romper con la inestabilidad política de la última década. Pero tengamos presente que con constituciones y leyes no se resuelven los problemas. La Constitución es una oportunidad histórica para transformar las estructuras del Ecuador. Y eso será posible sólo con el concurso de amplios sectores de la población. Tenemos que diseñar y redactar nuestra Constitución entendida ésta como un proyecto de vida en común. Un proyecto escrito ahora pensando en el mañana. Un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Un proyecto que nos permita tener una vida equilibrada entre todos los individuos y de la colectividad con la naturaleza. Nunca nos olvidemos que lo humano se realiza en comunidad, con y en función de otros seres humanos sin pretender dominar la Naturaleza.Y ese proyecto es el que tiene que trazar el camino a seguir por la sociedad, tiene que definir las reglas de la convivencia y tiene que establecer los principios de equidad, justicia y libertad. Para eso sirve una Constitución. Para ello, la gran tarea es transformar a la ciudadanía en el principal asambleísta. Pongamos atención para que nuestra Constitución no sea un nuevo membrete del iluminismo intelectual. Tampoco el resultado de simples voluntarismos. Su construcción sólo será posible teniendo presente las necesidades y angustias del momento, así como las enormes potencialidades existentes. Y, en particular, reconociendo en la ciudadanía -todos los habitantes del campo y de las urbes- al verdadero actor del cambio. Nosotros nos comprometemos a ser los intérpretes e intermediarios de la ciudadanía, en lo que esté a nuestro alcance y capacidades. La democratización del país es la gran tarea, no sólo como fin, sino como proceso para afrontar concertadamente los complejos y profundos problemas nacionales. Ese desafío, como lo dijimos, pasa por ofrecer propuestas concretas de transformación institucional, política, territorial, económica y social. Hemos llegado hasta aquí con democracia, y con más democracia seguiremos adelante.

VIVA LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, VIVA ALFARO, VIVA EL ECUADOR

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Ciudad Alfaro

Ya desde enero del año 2007 el presidente Correa había manifestado que la sede de la Asamblea Constituyente, que no estaba sino en proyecto político, como se ha visto, debía ser Montecristi, donde Eloy Alfaro vino al mundo. La idea de construir un mausoleo para el Viejo Luchador, también era parte de esa aspiración. En 1824, a poco de haberse consolidado la independencia de Colombia, el Congreso de Bogotá estableció que Manabí pertenecía, ya como provincia al departamento de Guayaquil, uno de los 12 que formaban la naciente república. Eso aconteció un 25 de junio, por lo que esa fecha ya era extraordinariamente significativa para los manabitas. Y más aún, transcurridos dieciocho años exactos, cuando la República del Ecuador tenía apenas doce años de creada, por azar del destino, nació el general Eloy Alfaro Delgado, el 25 de junio de 1842, artífice de la más radical y fructífera revolución de la historia republicana del país.

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El apacible cantón manabita de Montecristi, cuyos cerca de 49 mil habitantes habían abrigado desde un principio no solo sentimientos de legítimo orgullo por haber sido designados como sede de la Asamblea, sino grandes expectativas de progreso, recibió entusiasmado, aquel 25 de junio de 2007, al presidente Correa, para la colocación de la primera piedra de la obra de Ciudad Alfaro. El lugar escogido fue una plataforma natural del cerro Montecristi desde la que se domina el paisaje de la ciudad, llamada Terraza Centinela. Allí en una explanada de 40 mil metros cuadrados de extensión ya se habían comenzado los trabajos desde el 4 de junio. La construcción del edificio, cuya superficie tendría 3.000 metros cuadrados se había presupuestado en USD 3’300.000,00 aunque con

las obras de regeneración urbana, dotación de agua, alcantarillado y redes de telefonía, además de electrificación y seguridad de la propia Montecristi la inversión bordearía los 6 millones de dólares. Además del Cuerpo de Ingenieros del Ejército intervinieron 27 empresas contratistas en la ejecución, que requirió una cifra superior a las 1.200 plazas de trabajo para quedar terminada a tiempo. El diseño era absurdo y tuvo que modificarse íntegramente en su concepción funcional gracias a la comisión de instalación compuesta por Alberto Acosta, Fernando Cordero y Aminta Buenaño. Esta comisión igualmente con su trabajo voluntario, cívico, previo a la instalación de la asamblea, permitió planificar y desarrollar múltiples herramientas técnicas e informáticas para posibilitar entre otros: el voto electrónico, un sistema de gestión de trámites y acompañamiento del proceso de formación de la constitución y a la ley, sin papeles y un portal web que transparente la información de la Asamblea y acerque su gestión a la ciudadanía. La vida del puerto de Manta, distante 12 kilómetros, también se vió alterada por la presencia de los 130 asambleístas, sus asesores y todas las personas que durante el período de funcionamiento de la Constituyente hicieron de esa ciudad su lugar de habitación. Los precios de los alquileres de vivienda se dispararon, cientos de comerciantes dinamizaron sus negocios y, entre el jolgorio y el civismo, los habitantes de Manta y Montecristi enfrentaron el reto de la anfitrionía. El 29 de noviembre se inauguró la Asamblea Constituyente. Al día siguiente, parte de las cenizas del Viejo Luchador fueron exhumadas y enviadas desde Guayaquil para ser depositadas con solem-

Parte de las cenizas del Viejo Luchador fueron exhumadas y enviadas desde Guayaquil, para ser depositadas con solemnidad en un sarcófago junto a una estatua que, en su mausoleo, lo representa heróico, proyectado hacia el cielo.

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PLANOFINAL

PREPARADO BAJO LA DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Montecristi, al pie de Ciudad Alfaro, fue testigo de este trabajo colectivo. Recibió a miles y miles de personas que aportaron en la construcción de la Carta Magna. La edificación donde se elaboró la Constitución se convirtió en un símbolo de descentralización y de nuevas formas de hacer de vivir la política.

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nidad en un sarcófago, junto a una estatua que, en su mausoleo, lo representa heróico, proyectado hacia el cielo. La instalación de la Asamblea Constituyente en Montecristi tuvo múltiples significados. Por un lado, ya anotado, estuvo el reconocimiento a la tierra de origen de Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y principios del XX, que transformó radicalmente las estructuras sociales del Ecuador. Alfaro, en su momento, impulsó los derechos de los sectores excluidos, propició el acceso a la salud, la educación y el trabajo en igualdad de condiciones, emprendió un proceso de integración nacional, entre otras cosas que sirven como antecedente histórico de las transformaciones que, un siglo después, el nuevo gobierno se proponía emprender.

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El complejo de edificaciones de Ciudad Alfaro recibió alrededor de 100 mil visitantes que llegaron hasta allí para hacer oir su voz y sus demandas. Los procesos de elaboración de la Constitución no prescindieron, a diferencia de la forma en que se hizo la Carta Magna de 1998, de espacios de comunicación con la gente.

Pero más allá de la conmemoración histórica está la ampliación de los espacios de deliberación política, que rompían la bipolaridad que hasta entonces se había mantenido en el Ecuador, en el que las grandes decisiones se habían tomado en Quito (centro político y administrativo) y Guayaquil (centro económico y comercial). La designación de Montecristi como sede fue, pues, un voto de confianza a uno de los ejes importantes del trabajo constituyente: el reordenamiento territorial y administrativo bajo los principios de descentralización y gobiernos autónomos. El contacto de los asambleístas y de otros actores sociales que se dieron cita en Montecristi durante los ocho meses de funcionamiento de la Asamblea, con una región equidistante de Quito y Guayaquil mejoró, sin duda, la disposición a debatir propuestas que garantizaran y legitimaran la presencia del Estado en todo el territorio nacional, sirviendo por igual a los ciudadanos, sin distinguir su ubicación en el mapa. En ese sentido, los conceptos de descentralización y autonomía sostenidos por ciertas élites regionales con intenciones separatistas, en el caso ecuatoriano comenzaron a perder su carga negativa y a posicionarse como principios de democratización y ampliación del Estado. Se abría así camino para la vigencia de conceptos más completos, como el de los gobiernos autónomos descentralizados, que posteriormente serían uno de los grandes aportes de la nueva Constitución en el camino para superar las desigualdades entre el campo y la ciudad y asumir dichos principios de descentralización y autonomía, no solo como la posibilidad de manejar recursos, sino como un medio para lograr una mayor y efectiva participación social.

En el mausoleo del general Eloy Alfaro reposan parte de las cenizas del Viejo Luchador, junto a un conjunto escultórico con detalles simbólicos que narran la diversidad del Ecuador, sus culturas, heroicidades y proyecciones.

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Plenos poderes para avanzar

El Estatuto de Elección, Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, aprobado en Consulta Popular el 15 de abril establecía en su Capítulo Tercero, Artículo 8, que: “La instalación de la Asamblea Constituyente será dirigida temporalmente por una Comisión conformada por los tres asambleístas con la más alta votación en la circunscripción nacional, quienes desempeñarán la presidencia, vicepresidencia y secretaría, respectivamente, cuya función específica será organizar, durante la primera sesión, la elección de la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente, luego de lo cual cesará en sus funciones”. Así pues, siendo el asambleísta nacional que más votos obtuviera a nivel nacional, con un total de 3.588.663 sufragios, fue el economista quiteño Alberto Acosta, de Movimiento País, quien ocupó la Presidencia de la Asamblea; en la primera vicepresidencia estaba el arquitecto Fernando Cordero, cuencano, también de Movimiento País, quien había logrado 3.395.957 votos y en la segunda vicepresidencia la escritora guayacense Aminta Buenaño, también del Movimiento País, que había sido elegida con 3.382.717 votos.

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Cuando se estableció que la Asamblea Constituyente se atribuiría plenos poderes una oleada de protestas se levantó en los medios de comunicación, advirtiendo sobre la virtual “dictadura” que representaba aquella decisión. ¿Dictadura? ¿Del poder originado en el mandato de la Consulta Popular?

El 29 de noviembre de 2007, Alberto Acosta, del bloque Acuerdo País fue elegido Presidente de la Asamblea Constituyente con 121 votos a favor; hubo 7 abstenciones, incluida la del mismo Acosta, y dos ausencias. El asambleísta azuayo Fernando Cordero, de Alianza País, fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea. En tanto que la asambleísta Aminta Buenaño fue elegida, segunda vicepresidenta. Para la elección de estas dignidades se realizó una sola votación. El Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, propuso que al haber varios candidatos mocionados, correspondía darle la primera vicepresidencia al asambleísta más votado en las elecciones generales, mientras que

quien le siguiera en votación, debería ocupar la segunda vicepresidencia. En la presentación de las mociones hubo cuatro nombres. En Movimiento País hubo total acuerdo para designar como candidatos a Fernando Cordero y Aminta Buenaño. Los asambleístas de Sociedad Patriótica, por su parte mocionaron a Humberto Guillén, quien logró 19 votos, mientras que Pablo Lucio Paredes, de Ecuador, había mocionado a Mae Montaño, de Movimiento Uno, quien obtuvo 10 votos. Además, hubo 4 abstenciones y 2 ausencias. Los vocales fueron Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (53 votos); Martha Roldós, de Red Ética y Democrática (44 votos). Francisco Vergara fue elegido como secretario general (101 votos). De forma tal que el Consejo Directivo de la Asamblea Constituyente quedó así constituido: Alberto Acosta, presidente; Fernando Cordero, primer vicepresidente; Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta; Jorge Escala, vocal y Martha Roldós, vocal. Instalada la Asamblea Constituyente, como estaba previsto desde la consulta misma y con el objetivo de hacer inmediatamente viables cambios profundos en la estructura del Estado, asumió plenos poderes. Esto significaba que tenía facultades para emitir mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y tomar otras decisiones, que eran, por definición, superiores a cualquier otra norma jurídica y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos, sin excepción alguna. El Mandato 1, instrumento por el que la Asamblea asumió dichos poderes plenos, especificaba que cualquier juez o tribunal que tramitase una acción en contra de las decisiones de la Asamblea sería destituido de su cargo, así como sancionados los funcionarios públicos que promoviesen acciones en contra de di-

Los Plenos Poderes guardaban coherencia con el reclamo ciudadano de “¡Que se vayan todos!”, producto del nivel de descomposición de los poderes constituidos, que ya no se podrían restaurar mediante reformas, sino a través de un cambio radical del sistema político.

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chas decisiones. Además se especificaba que los y las asambleístas gozarían de fuero de Corte Suprema de Justicia mientras durasen en sus funciones y no podrían ser enjuiciados por los votos que emitan, ni por las opiniones y decisiones adoptadas dentro y fuera de la Asamblea. Los Plenos Poderes, pues, permitían a la Asamblea situarse por sobre el poder constituido y realizar los cambios que la sociedad civil reclamaba y el Estado necesitaba. Con ello, superaba la práctica tradicional de ensayar tibias y fragmentarias reformas constitucionales a través del antiguo Congreso Nacional, que solo modificaba parcialmente determinados aspectos del ordenamiento social y legal del país, lejos del consenso social. El receso del Congreso Nacional estaba cantada, por supuesto. El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, había zanjado el tema de una forma directa al reconocer que la decisión era controvertida porque existían personas que no querían perder su poder y que estaban acostumbradas a sostener sus privilegios a través del Congreso Nacional. “Se irán a su casa sin sueldo, sin inmunidad y con posibilidades de volver a trabajar”, declaró entonces, poniendo sin eufemismos el acento en la condición que más acusadamente le reconocía la gente a los diputados del Congreso Nacional, su inoperancia. Se levantó una ola de acusaciones que señalaban actitudes dictatoriales por parte de la Asamblea. Acusaciones que no solo implicaban una tozuda forma de entorpecer el proyecto nacional, que se había expresado en las urnas, una y otra vez, desde el triunfo mismo de Correa, sino que señalaban actitudes pretendidamente antidemocráticas, sin considerar que el estado excepcional de plenos poderes otorgado a quienes tenían la responsabilidad de iniciar un nuevo orden institucional ante la mirada expectante de todo el país, provenía de la voluntad de más del 86% de los votantes, como un gesto de confianza democrática de alto valor. 56

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Como ejemplo, el asambleísta Pablo Lucio Paredes había afirmado, hacia fines de noviembre: “La Asamblea no sólo se dedica a hacer la Constitución,

sino a hacer todo lo que considera necesario: puede cambiar autoridades, cambiar leyes, puede hacer lo que quiera (…) Se dice que no hay ninguna autoridad pública de ninguna naturaleza que pueda ir en contra de las decisiones de la Asamblea, como por ejemplo el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. La Asamblea quiere convertirse en dueño del país durante estos seis a ocho meses”9. María Paula Romo, asambleísta de País, había publicado algunas reflexiones respecto del tema de los plenos poderes, a manera de argumento ilustrativo de los alcances que dicho estatuto tenía: “En el Derecho Constitucional esos plenos poderes se refieren al poder constituyente que es el que caracteriza a esta Asamblea. Miremos entonces lo que la doctrina jurídica ha desarrollado al respecto: Abate Sieyès: “El poder constituyente puede hacerlo todo en relación con la creación constitucional. No está subordinado a una constitución previa. La nación que ejerce el mayor y el más importante de sus poderes, cuando realiza esta función, debe estar libre de toda limitación, de cualquier forma, a excepción de lo que le parece más adecuado adoptar”. Linares Quintana: “…el Poder Constituyente originario es ilimitado, en cuanto el pueblo, al constituirse originariamente en estado y darse las bases de su ordenamiento, no se encuentra condicionado por limitación alguna de orden positivo, por lo que posee una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político que estime mas adecuado para reglar la organización y el funcionamiento del gobierno así como las relaciones entre este y los habitantes”. Javier Pérez Royo: “El poder constituyente es previo al derecho, opera en una suerte de vació jurídico y, en consecuencia, no puede ser interpretado jurídicamente” (…) “El poder constituyente, en la medida en que expresa la voluntad de la nación, es autónomo y carece de límites” Estas opiniones respaldan lo que ha sido y es nuestra posición respecto del carácter y la naturaleza de la Asamblea; el Mandato Constituyente No. 01 aprobado el 29 de noviembre expresa el ejercicio de ese poder constituyente. Algunos sectores interpretan la extensión de este debate como la imposibilidad de llegar a acuerdos; no es así. Los acuerdos sobre los grandes

temas del país vendrán, pero es de comprender que los distintos sectores mantengamos diferencias en el tema que fue el centro de la polémica de la campaña electoral, divergencia que además nos ubicó en distintos sectores y la que justificó también nuestros diferentes resultados electorales”.

1 Reporte de BBC.Mundo.

30 de noviembre 2007.

Anclando la tesis de los plenos poderes en la vivencia histórica más reciente, se hacía evidente que dicha determinación guardaba coherencia con el reclamo ciudadano de “¡Que se vayan todos!”, producto del nivel de descomposición de los poderes constituidos, que ya no se hubieran podido restaurar mediante reformas, sino a través de un cambio radical del sistema político. La intuición de tal necesidad, el valor para llevar adelante el proceso que llevaría a cumplir con ella, la visión anticipada de que ese era el camino y no otro, había estado siempre en boca del candidato Rafael Correa, devenido en presidente de los ecuatorianos precisamente porque los más diversos sectores sociales habían entendido exactamente lo mismo, llegando a la misma conclusión y sintonizando con ella, aún por encima de los reiterados advertencias del peligro de desmantelar la poca institucionalidad del país. En realidad, tales voces provinieron siempre de quienes estuvieron favorecidos reiteradamente por prebendas. Así, pues, el Mandato 1, ratificó y garantizó la existencia del Estado de Derecho; así como ratificó a Rafael Correa como Presidente del Ecuador y a Lenín Moreno como Vicepresidente. Declaró en receso a los diputados y diputadas principales y suplentes elegidos el 15 de Octubre del 2006. Dicho receso se inició el 29 de Noviembre del 2007 y duraría hasta la proclamación oficial de los resultados del referéndum aprobatorio. Este Mandato también realizó el cambio de funcionarios como el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro Fiscal General, el Defensor del Pueblo y los Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros, designando a quienes los reemplazarían provisionalmente. Hay que anotar que los gobiernos locales permanecieron intactos.

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Dayuma, apartada parroquia rural del cantón Francisco de Orellana, en la provincia de Orellana, es una población de gente que vive en condición de pobreza y marginación. Con algo más de 11 mil habitantes, la parroquia ha sido golpeada por los problemas derivados de décadas de precariedad e indolencia en lo social, tan relacionados con la explotación petrolera. El 26 de noviembre de 2007 en Dayuma inició un paro para protestar y presionar al gobierno por la suspensión de obras de la carretera Coca-Dayuma. Algunos de los pobladores de esa parroquia, que trabajaban como jornaleros, fueron cancelados por la empresa contratista que tenía a su cargo los trabajos. La suspensión de operaciones en las instalaciones de Petroproducción, provocada por los organizadores del paro, fue el motivo para que el gobierno decretara Estado de Emergencia en la provincia. El 29 de noviembre durante la noche, según informes de la Comisión Veedora de los hechos ocurridos en Dayuma, tres puentes habían sido afectados por atentados dinamiteros y al día siguiente, en un incidente lleno de contradicciones los elementos de la fuerza pública ingresaron a la población de Dayuma y capturaron a 25 personas para investigarlas en relación a un supuesto ataque sufrido por ellos mientras realizaban labores de remoción de escombros en la vía cerrada por los adeptos al paro. La incursión del ejército y la policía, a juzgar por los testimonios de los afectados, fue brutal. Invadieron las casas, golpearon indiscriminadamente a mujeres y niños, dispararon y amedrentaron, e incluso despojaron a personas de elementos de su propiedad. Los 25 detenidos fueron trasladados en condiciones infamantes y hacinados en una celda en la población de Francisco de Orellana. 58

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Estos hechos fueron denunciados en la Asamblea. El Presidente de la República Rafael Correa, en primera instancia, amenazó con renunciar si la Asamblea declaraba amnistía para los detenidos. Pero, luego de las investigaciones pertinentes, el Presidente reconsideró su posición y solicitó la aministía para los detenidos de Dayuma. El caso pasó a la mesa de Legislación y Fiscalización. El 14 de marzo de 2008, acogiendo este pedido, en su informe a la nación del 15 de enero, la Asamblea otorgó esa amnistía.

La lección de Dayuma

La amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente a los detenidos del caso Dayuma, como a los demás casos amnistiados e indultados, se inscribe dentro de una necesaria política de reparación y justicia, que los ecuatorianos y ecuatorianas vieron con muy buenos ojos.

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La artesanía de un sueño colectivo El trabajo de redactar la Carta Magna, democrática y participativamente, fue un esfuerzo colectivo en el que participaron cientos, miles de voluntades. En los primeros siete meses de trabajo, la Unidad de Participación Social de la Asamblea canalizó las inquietudes de delegaciones provenientes de todo el país y de diversos sectores sociales: jóvenes, mujeres, jubilados, pueblos indígenas, trabajadores, taxistas, empresarios, ecologistas, mineros, pueblos negros, etcétera. En Montecristi fueron entregadas miles de propuestas ciudadanas acerca de los más diversos temas. Entre enero y junio unas 70 mil personas llegaron hasta la asamblea. Se procesaron más de 1.600 propuestas en las respectivas mesas. Los asambleístas participaron también en las mesas itinerantes, creadas con el objetivo de visitar diversas regiones, recibir propuestas ciudadanas y dar cuenta de las actividades de la Asamblea. Vale la pena consignar que el presupuesto de gastos de la Asamblea Constituyente, durante los ocho meses que duró su funcionamiento, fue de USD 36’316.599,33 de los que el 58% correspondió a gastos de personal.

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El Reglamento de la Asamblea Constituyente fue aprobado el 11 de diciembre del 2007.

Según el Reglamento de la Asamblea, aprobado el 11 de diciembre del 2007, la facultad de presentar propuestas la tenían los asambleístas, los movimientos sociales, las diferentes instituciones u organismos del Estado y cualquier persona natural o jurídica, individual o colectivamente. En muchos casos, las propuestas tenían que ser analizadas por varias mesas, para lo cual realizaban sesiones conjuntas. Las decisiones de la Asamblea se canalizaban mediante mandatos, resoluciones, leyes y artículos

constitucionales, cuyo alcance, en términos generales, se revisa más adelante. Por su parte, la fiscalización debía comprender el control político de los poderes constituidos mediante el análisis y juzgamiento del desempeño de los dignatarios y funcionarios del Estado. El procedimiento para la aprobación de textos constitucionales se realizaba siguiendo un orden: reconocimiento y calificación de las iniciativas, trámite en las mesas respectivas, socialización entre asambleístas y sectores sociales; informe de cada mesa; debate y aprobación final en el Pleno. Una vez analizadas las propuestas en las mesas, éstas realizaban los informes para su debate en el Pleno, luego del conocimiento de la Presidencia y la Secretaría. Con las observaciones resultantes, las mesas preparaban el informe para el segundo debate. Posteriormente, ante la necesidad de culminar en el plazo previsto lo que el mandato popular había establecido, se hizo una Reforma al Reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, propuesta por el primer vicepresidente Fernando Cordero, que fue aprobada el 10 de junio del 2008. Según esta Reforma, las observaciones originadas en el segundo debate serían revisadas por una Subcomisión conformada por el ponente de la propuesta en debate, un designado de la mesa correspondiente y un tercer integrante que no perteneciera a la mesa que estaba discutiendo la propuesta. Esta Subcomisión debía entregar la resolución en un plazo de dos días para pasar finalmente a la votación. Finalmente, sería la Comisión Especial de Redacción la que, según el Reglamento, se habría de encargar de revisar las omisiones notorias, las contradicciones, y corregir errores de sintaxis, ortográficos y gramaticales.

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El trabajo en las mesas constituyentes Desde el inicio de la Asamblea los debates se concentraron en definir los temas fundamentales sobre los cuales se crearía la nueva Constitución, así como el mecanismo de funcionamiento del organismo constituyente. Muchos de aquellos temas presentaban diversos cruces y coincidencias entre sí, por lo que fue necesario agruparlos bajo el paraguas de conceptos mayores, que a la postre determinarían las áreas y las agendas de las diez mesas de trabajo en las que se ubicaron los asambleístas según su afinidad y experiencia. Así, destacan los temas relacionados no solo con el concepto de Estado sino con el relacionamiento social de sus diversos sectores como: una mayor participación social (superar la participación electoral y ampliarla a la toma de decisiones); afirmar y ampliar los derechos ya consagrados en otras constituciones (especialmente con los sectores más vulnerables, como niños, ancianos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, migrantes); fortalecer y recuperar la confianza en las instituciones del Estado (mediante instancias de control y participación social); crear un nuevo régimen de organización territorial y administrativa (que posibilite no solo el manejo de recursos sino la deliberación política); recuperar el rol del Estado en el manejo de la Economía (decisiones en política fis62

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cal, deuda externa, régimen tributario, comercio justo, ahorro, inversiones, etc.); superar la pugna de poderes (mediante el equilibrio en las atribuciones de las funciones del Estado); revalorizar el concepto de soberanía (que supere el concepto territorial y se extienda a otros ámbitos como la alimentación, la energía, la cultura, etc.); incluir a la naturaleza como sujeto de derechos (otra vía para afianzar el desarrollo en armonía entre los seres humanos y su entorno), entre otros. Las diez mesas creadas fueron: la de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales (Mesa 1) con 120 votos a favor; la de Organización, Participación Social y Ciudadanía y Sistemas de Participación (Mesa 2) con 115 votos a favor; la de Estructuración e Instituciones del Estado (Mesa 3) con 120 votos a favor; la de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias (Mesa 4) con 121 votos a favor; la de Recursos Naturales y Biodiversidad (Mesa 5) con 116 votos a favor; la de Trabajo, Producción e Inclusión Social (Mesa 6); la de Régimen de Desarrollo (mesa 7) con 122 votos a favor; la de Justicia y Lucha contra la Corrupción (Mesa 8) con 123 votos a favor; la de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana (Mesa 9) y, finalmente, la de Legislación y Fiscalización, con 92 votos.

Desde el inicio de la Asamblea los debates se concentraron en definir los temas fundamentales sobre los cuales se crearía la nueva Constitución, así como el mecanismo de funcionamiento del organismo constituyente.

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COMPOSICIÓN DE LAS MESAS CONSTITUYENTES

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30 de noviembre del 2007. Aquel fue un buen día. Miles llegaron hasta el cerro Centinela con la esperanza puesta en el proceso. El compromiso de los 130 asambleístas, ante el mausoleo de Alfaro, revestía una importancia de dimensiones históricas.

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MESA 1

Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales

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La discriminación y la exclusión en la aplicación de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales sigue siendo una realidad cotidiana. La población, en general, desconoce sus derechos, garantías y obligaciones constitucionales. El Estado, además incumplía e irrespetaba inveteradamente los derechos y garantías constitucionales. Además, no todos los derechos y garantías ciudadanas estaban garantizadas constitucionalmente. En este panorama inició su trabajo la Mesa 1. El primer objetivo que se propuso fue relacionar, sistémica e integralmente, los derechos y garantías constitucionales con la estructura del Estado. Así como desarrollar las normas legales para que el cumplimiento y respeto de derechos y obligaciones fuese real. Para ello había que pensar en los mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de derechos ciudadanos, en promover la educación y la cultura ciudadana en torno a estos derechos esenciales y, en definitiva, propender a eliminar todo vestigio de discriminación y exclusión social. La protección a los ciudadanos con discapacidades, el derecho a la prevención de discapacidades, las oportunidades de trabajo con igualdad de condiciones fueron algunos de los artículos generados en el trabajo de la Mesa 1. Fue definido que el estado garantizará el derecho a la atención especializada y gratuita para ciudadanos con enfermedades catastróficas (cáncer, diabetes, sida, artritis, problemas cardíacos, insuficiencia renal y otras). Se propuso, y finalmente se aprobó, el derecho al voto para los ciudadanos extranjeros que residan en el país más de cinco años. Se incluyó también el derecho “fundamental e irrenunciable” al agua, así como el derecho a una alimentación nutritiva y al alcance, para lo que se promueve la soberanía alimentaria. Los planteamientos de esta mesa buscaron aplicar el concepto del Buen Vivir, reforzando los artículos que promueven y garantizan los derechos de los ciudadanos más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.

“Fue una oportunidad histórica de compartir dolores, sufrimientos, necesidades, anhelos, esperanzas y sueños. Visualizamos un proyecto político que propicia la dignidad del ser humano expresada en sus derechos y garantías constitucionales, que promueven su dignidad y lo hace capaz de ejercerlos de manera plena. Esto se sustentó en un liderazgo democrático y participativo que permitió despojarse de banderas políticas e intereses personales, rompiendo prácticas tradicionalistas, elitistas y opresoras con el fin de sustentar una carta política consecuente con la equidad, la justicia, la solidaridad y el respeto, que dignifican al ser humano como actor sustancial en el presente y en el futuro, empoderado de la ejecución de sus derechos y de los demás. Como logro sustancial de la mesa se puede anotar que la mayoría de artículos se aprobó por unanimidad, debido a que la premisa siempre estuvo direccionada al buen vivir, no solo del ser humano, sino de la Pacha Mama como legado de la solidaridad intergeneracional. Esta normativa trasciende las fronteras para proteger a nuestros compatriotas que se encuentran lejos y también abre los brazos a los extranjeros que se acogen al convivir de nuestra patria, como un claro ejemplo de esperanza y reciprocidad para el resto del mundo”.

María Molina.

PRESIDENTA DE LA MESA 1

“Esta normativa trasciende las fronteras”

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La asambleísta María Soledad Vela, de la provincia de Manabí refrenda con su firma el Pacto por los Derechos de las Mujeres, impulsado por el Movimiento de las Mujeres Ecuatorianas. La participación social fue un componente fundamental para una Constituyente que debía permanecer cercana a la voz de los más diversos sectores.

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Virgilio Hernández PRESIDENTE DE LA MESA 2

“Mi mayor aprendizaje fue la capacidad de escuchar”

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“Esta fue una de las responsabilidades más grandes que he tenido en mi vida. Yo diría que el mayor aprendizaje que me dejó la Asamblea fue el de saber escuchar; ser presidente de mesa implicaba la posibilidad de concluir ideas, de concretar acuerdos, de acercar posiciones y, sobre todo, mantener un ambiente de diálogo democrático. En la mesa todos los debates se hicieron de manera fundamentada, para lo cual era necesario tener capacidad de escuchar y de motivar la participación de los demás. Entonces uno puede constatar que no es tan difícil entendernos incluso con aquellos que después votaron en contra de algunos artículos. Ser presidente de esta mesa me permitió aportar con aspectos que yo conozco, no solo de manera conceptual, sino en los que he puesto mucho de mi vida misma. Por eso creo que estuve bien ubicado ahí, no solo por mi experiencia como dirigente y activista social, sino también como promotor de procesos de participación social, como los que realicé en Tungurahua, de manera que no hacía mi trabajo solo desde una perspectiva académica, sino también política y de involucramiento personal en aquello que mejor conozco. Ese fue mi mayor aporte personal. También lo fue el haber logrado un ambiente democrático para el debate, algo que tenemos que mantener en la nueva etapa, que es la Asamblea Nacional. Hay que reconocer que la Constitución fue como poner los cimientos, que son fuertes y buenos, pero no se puede vivir solo con los cimientos, sino hay que levantar la institucionalidad que se dibuja en la Constitución y que la ciudadanía vuelva a creer en la institucionalidad pública, vuelva a tener confianza en el Estado y asimile que hay otra dimensión de la política, que es el servicio a un proyecto social y a unos intereses identificados con la mayor parte de la gente”.

En el diagnóstico preliminar de los problemas que debía atender esta Mesa se desprende que en el país faltaban mecanismos constitucionales para la participación ciudadana, para el acceso a la información, que recuperasen las iniciativas, que permitieran la cogestión y la toma de decisiones, así como un eficiente control social. Reconocía la Mesa “un déficit absoluto de procesos de capacitación y formación de liderazgo en todas las áreas y en todos los sectores”. Falta de mecanismos eficaces para la participación política de los migrantes. Deficiente participación política de la sociedad y particularmente de los jóvenes. Impedimentos que dificultan el ejercicio, producen pérdida de la perspectiva y deterioro de la organización social, entre otros problemas graves. Por ello, en esta mesa se trataron esos aspectos fundamentales, de cuyo debate surgió la posibilidad de que el Estado ecuatoriano cuente hoy con dos funciones más, como son la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral. El eje de las deliberaciones fue cómo mejorar la participación social y garantizar que las diversas voces ciudadanas pudiesen llegar a niveles de decisión. Conceptualmente, la idea era alcanzar un nivel de democracia posliberal, lo que significa que, aunque se respetan las instancias de representación tradicionales como las entidades estatales, los partidos y los movimientos sociales, es necesaria la participación ciudadana y ésta se debe concretar en la toma de decisiones. De estos debates salió la propuesta de crear la Ley de Participación y Social y Ciudadana, propuesta de la que finalmente se estableció la conformación del Consejo de Participación y Control Social. Respecto de los temas electorales, la mesa propuso aspectos como la alternancia entre hombres y mujeres; definió a los partidos políticos como organizaciones públicas no estatales; estableció reglas para la competencia electoral como el mecanismo de las franjas publicitarias para control del gasto; reorganizó la Función Electoral en Consejo Nacional Electoral (instancia de organización) y el Tribunal Contencioso Electoral (instancia de apelación), propuso el voto facultativo de los jóvenes entre 16 y 18 años, entre otros aspectos. Además, se discutió la necesidad de que la ciudadanía sea un ente activo en el desarrollo de la sociedad y contribuya con la formación y desarrollo de los ciudadanos con menores posibilidades.

MESA 2

Organización, participación social y ciudadana y sistemas de representación

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MESA 3

Estructura e Instituciones del Estado

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Partiendo de la realidad de que la falta de planificación a largo plazo, la burocracia de las instituciones públicas y la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo han sido problemas enquistados en los períodos anteriores, la mesa 3 orientó su trabajo a definir una nueva estructura de las funciones del Estado y las normas con las que deben operar. El objetivo básico era emprender el diseño de una estructura política y administrativa descentralizada, desconcentrada y eficiente que facilite procesos continuos de desarrollo y crecimiento, potenciando todas las regiones del país asegurando la equidad y la inclusión como elementos fundamentales de las políticas de Estado. También, consagrar normas obligatorias para transparentar y rendir cuentas de la gestión pública e institucionalizar un sistema nacional de erradicación de la corrupción con participación del gobierno central, de los gobiernos locales y de la ciudadanía. Otro objetivo fundamental de la reforma política del Estado era, justamente, que la estructura institucional estatal fuera responsable de la gestión pública, que ejerza las funciones de rectoría, planificación, regulación, control, sanción y evaluación. Otro objetivo fue romper la corporativización y partidización de las estructuras institucionales del Estado. Por eso, de esta Mesa salen las propuestas para modificar los modelos de representatividad, para fortalecer el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Institucionalizar la participación ciudadana y el control social en la planificación, gestión y control de todas las entidades e instancias del Estado. Esta Mesa fue la responsable de replantear las normas de funcionamiento de instituciones clave en el campo de la defensa y la seguridad, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de control, como la Procuraduría y la Corte Constitucional; de administración de justicia, como la entonces Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entre los temas clave estuvo buscar el equilibrio entre las funciones Ejecutiva y Legislativa, respecto de lo cual surgió la norma conocida como “muerte cruzada”, que permite al Presidente de la República disolver por una sola vez la Asamblea Nacional y convocar inmediatamente a elecciones generales tanto para presidente cuanto para asambleístas. De igual manera, la Asamblea tendría las mismas atribuciones respecto del primer mandatario. En ambos casos, bajo circunstancias especiales previstas en la Constitución. Los integrantes de esta mesa además, avalaron la propuesta de creación de la Corte Constitucional que se encargaría de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución por sobre cualquier otro organismo.

“Este ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida; una maestría no solo en derecho constitucional, sino también en ciudadanía, porque no se limitaba a debatir los temas de nuestra mesa sino los de otras, con temáticas tan diversas. Hacer un Constitución radicalmente distinta a las anteriores implicó un gran esfuerzo de todos y, en lo personal, un enriquecimiento que en otros espacios no lo hubiera adquirido. Fue muy difícil superar la oposición de sectores de la derecha que no querían aportar y pensaban que la Constitución no pasaría el referéndum. En mi mesa estuvo el señor Álvaro Noboa, quien asistió dos semanas y dejó de hacerlo. Después tuvimos que destituirlo por no presentar su declaración de bienes. Yo soy un luchador social desde hace más de treinta años y siempre he militado en la izquierda por la construcción de una patria nueva. No digo que ahora ya la tengamos pero esto me abrió las puertas para construir el sueño de mi vida. Debido a mi profesión y a mi formación he tenido que estar más cercano a los temas macro, como este de la estructura del Estado y ahí creo que he podido dar mi mayor aporte. Hubiera sido importante para mí trabajar en alguna de las temáticas más específicas como la participación social, los derechos colectivos y otros, pero el trabajo que hicimos en esta mesa llenó mis aspiraciones. Ahora, quedan por hacerse las leyes secundarias para lograr no solo la reforma institucional del Estado, sino los mecanismos de participación social. No basta con escribir una Constitución, sino hay que hacerla realidad, y eso depende de cuánto podamos desarrollar el poder de la sociedad civil. No voy a continuar en el Legislativo pero seguiré como dirigente político en mi provincia para fortalecer el movimiento, pues si no tenemos un movimiento mejor estructurado no avanza la Revolución Ciudadana”.

Gustavo Darquea PRESIDENTE DE LA MESA 3

“No basta con escribir una Constitución, sino hay que hacerla realidad”

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MESA 4

Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias

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La primera constatación que hizo esta mesa, a manera de diagnóstico de la realidad sobre la que debía incidir, fue identificar el “inadecuado modelo y sistema de gobiernos subnacionales del Estado ecuatoriano, que ha impedido un desarrollo sustentable, democrático participativo y territorialmente equitativo”. No solo reconoció que tal modelo había promovido un desarrollo territorial y social inequitativo, sino que, además, el centralismo, el bicentralismo y el regionalismo, eran otras consecuencias de lo mismo, que derivaron en distorsiones políticoculturales y provocaron una frágil cohesión del Estado. “A su vez se ha generado un crecimiento y empoderamiento excesivo de una burocracia central”, apuntaba el diagnóstico. La caotización en las asignaciones extrapresupuestarias según las necesidades de la coyuntura política y las exigencias del peso territorial; la ausencia de una planificación nacional relacionada con las visiones provinciales y locales eran, también, distorsiones del sistema; así como la indefinición y superposición de competencias y la existencia de procesos de autonomías y de descentralización sin concreción ni consolidación. En fin, que el sistema y modelo de organización político-administrativo-territorial, no permitía el ejercicio de una democracia real, y que se había ejercido sólo una distorsionada democracia delegativa. De ahí que esta mesa tuvo la tarea de pensar en un régimen de descentralización y gobiernos autónomos. Su primer reto fue desmontar el trasfondo separatista con el que ciertas élites empresariales habían manejado el concepto de autonomía, para cambiarlo por el de gobernabilidad y participación social. En el centro del debate estuvo un tema clave: ¿Cómo crear un régimen de gobiernos autónomos, no para la privatización, sino para la democratización del Estado? La premisa fue que un Estado descentralizado no se alcanza solo con la desconcentración institucional sino con la ampliación de la participación política, que devuelva al pueblo la capacidad de elegir a sus autoridades y participar en sus decisiones. Así, el punto de partida fue una propuesta de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Se debatieron propuestas como la de regionalización, un régimen especial para Galápagos, competencias de los diversos niveles de gobierno, inclusión de las juntas parroquiales como gobiernos autónomos, asignación de recursos, presupuesto participativo, consejos de inclusión, entre otros. Fue en esta mesa que se establecieron, a la postre, los lineamientos para la Ley de Ordenamiento Territorial, que organizaría al país en siete sectores para su mejor manejo. El trabajo de la mesa 4 fue intenso en la elaboración del quinto capítulo de la nueva constitución sobre los Derechos de Participación.

“No había hecho un balance personal, pero creo que mi aporte fue darle al concepto de autonomía un contenido desde la izquierda. Antes había el prejuicio de pensar que las autonomías significaban anomalías en la construcción de un Estado de corte socialista. Este fue un proceso que lo fui armando en función de la experiencia, porque cuando llegué a la Asamblea tampoco lo tenía muy claro. El hecho de ser manabita, de habitar una zona periférica, me permitió tener una visión distinta y entender que no siempre las autonomías tienen que ver con separatismo, como la perspectiva en otros países como Bolivia. Por otro lado, aprendí a manejar una visión más de conjunto respecto de lo que es el Estado y cómo garantizar su presencia en todo el territorio. Entonces pudimos impulsar el tema de las unidades territoriales, con el cual yo me identifico mucho. Desde lo económico se considera a las juntas parroquiales como gobiernos autónomos que pueden hacer su gestión de manera descentralizada, en cambio, desde lo político, significa la existencia de espacios de deliberación locales, con mayor participación social. Como historiadora, yo viví un proceso a veces tenso y doloroso del ejercicio de la política, porque era un espacio nuevo para mi. Ahora entiendo que no habría logrado tal aprendizaje en otro momento, con otras características. Este fue un momento de ruptura no solo de las normas, sino de los imaginarios y no únicamente a nivel nacional sino a escala civilizatoria. Creo que este proceso constituyente me forjó como sujeto político, algo que quizás no alcanzaba si me quedaba solo en la academia. Fue entender la importancia de asumir un rol político, por lo menos en algún momento de la vida. Yo hago mía esa posibilidad que me sirve incluso para mi práctica académica en la cual, justamente, yo trabajo los temas relacionados con la construcción del Estado nacional. Hay muchas cosas que no las iba a aprender en los textos y documentos históricos. Eso yo capitalizo y asumo como aprendizaje”.

Tatiana Hidrovo PRESIDENTA DE LA MESA 4

“El proceso constituyente me forjó como sujeto político”

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Mónica Chuji

PRESIDENTA DE LA MESA 5

“Ni en los peores momentos debemos renunciar a los principios”

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“En cuanto a los resultados de la mesa, la premura del tiempo impidió una mayor discusión y entendimiento de los conceptos y por eso se aprobaron artículos que se contradicen en varios aspectos y, en algunos casos, no constan tal cual se redactaron en la mesa o se aprobaron en el Pleno. En lo personal, mi aporte fue haber planteado discusiones basadas en la realidad nacional, regional y mundial respecto de la necesidad de cambiar los modelos de desarrollo para hacer sostenible la vida y salir paulatinamente del modelo extractivista de desarrollo. También el haber propiciado la participación social de manera plural; haber abierto el camino para que podamos entender la complejidad y la diversidad de nuestro país y, con ello, visiones diferentes aunque no por ello inferiores. Pude propiciar un debate en torno a la democracia y sus diferentes formas. Una de ellas fue aprobar el derecho a decidir y participar activamente en la toma de decisiones. Me refiero al derecho a ser consultados antes de dar un consentimiento. Puedo destacar el haber defendido, con argumentos conceptuales, el carácter del Estado plurinacional, el Sumak Kawsay, la interculturalidad, la justicia indígena, la soberanía y otros temas. Creo que mi mayor aporte es haber contribuido a hacer una Constitución soberana, basada en la realidad y necesidades del país. Hay muchas cosas que puedo asumir como aprendizajes pero lo más trascendental es haber aprendido a escuchar y respetar los diversos criterios de cada sector y de cada asambleísta. Creo que otro aprendizaje es que ni en los peores momentos, ni en los más duros, debemos renunciar a los principios, a las convicciones, a la dignidad, a las tesis en que uno cree. No podemos defraudar la esperanza de la gente y hay que continuar en el proceso”.

El trabajo de esta mesa se orientó, primeramente, a destacar sin reservas que el Ecuador ha vivido bajo un modelo sobre explotador de sus recursos naturales, que ha hecho un uso irracional de ellos, sin planificación a largo plazo y con elevados índices de inequidad en la distribución de la riqueza generada, lo que ha causado daños sociales cada vez más profundos. Los temas de la agenda de la mesa fueron diversos: biodiversidad, minería, hidrocarburos, agua, ecosistemas frágiles, ecología urbana, transgénicos, calentamiento global, energías alternativas, instituciones ambientales, principios ambientales, entre otros. Para los integrantes de la mesa 5, el reto fue concertar artículos y reformas que garanticen el aprovechamiento responsable de los recursos, principalmente de los hidrocarburos, eliminando los altos índices de contaminación y fomentando la justa distribución de la riqueza que este recurso genera. Para ello, planteó la necesidad de establecer un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, así como una Superintendencia del Ambiente, encargada de vigilar que tanto el sector público como el privado cumplan con políticas de proteccion ambiental. Otra propuesta trascendental, debatida y gestionada en esta mesa, fue la de crear la Ley Orgánica de Aguas, bajo la consideración de que el agua, como recurso, es patrimonial y estratégico puesto que de él depende un derecho humano fundamental: el derecho a la vida. Leyes para la protección y preservación de áreas protegidas, la flora y la fauna fueron producto del trabajo de esta mesa. También ella se adoptó, como eje transversal, el concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Los debates de esta mesa fueron complejos dado que, por un lado, perduran las visiones que plantean el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales y, por otro, cobra fuerza la necesidad de superar el modelo extractivista en el camino hacia un país pospetrolero y posminero. Entonces, el asunto no se reduce a regular las actividades extractivas, sino también a ampliar y hacer reales los derechos colectivos, la consulta previa, la organización comunitaria, la defensa del agua como derecho humano. En suma, es una mesa que tuvo que dialogar con todas las demás, porque el tema ambiental está presente en todos los campos de la sociedad. Un primer escollo a superar fue, por ende, la falta de comprensión de muchos conceptos relacionados con el desarrollo sustentable y con los derechos de los pueblos.

MESA 5

Recursos Naturales y Biodiversidad

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MESA 6

Trabajo, Producción e Inclusión Social

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Entre los objetivos nacionales que perseguía esta mesa estaban los de establecer las garantías para que se ejerza el derecho al trabajo, a la propiedad en cualquiera de sus formas, el fomento de la producción y la generación de empleo. Todo esto, logrado en condiciones de dignidad y justicia, para impulsar la capacidad productiva de la sociedad, garantizar la inclusión social, los derechos de los trabajadores y eliminar la precarización del trabajo. De ahí que, en esta mesa, se desarrolló el debate en torno a varios planteamientos históricos de los movimientos sociales, indígenas, campesinos y de trabajadores. Tuvieron lugar destacado los relacionados con los derechos colectivos y con la soberanía alimentaria. En el primer caso, se concretó el Mandato 8, que eliminó el sistema de trabajo “tercerizado”, con lo cual los empleados tendrían derecho a ser incorporados a las empresas y acceder a los beneficios de ley como afiliación al seguro social, remuneración acorde a la ley, vacaciones, entre otros aspectos cuya responsabilidad había sido eludida por los empleadores. Esta medida estaba en consonancia con el objetivo de desarrollar mecanismos constitucionales para garantizar el derecho al trabajo, remuneraciones dignas, y la estabilidad laboral. En el segundo caso, en sintonía con el objetivo de establecer normas generales claras para que el país funcione basado en el trabajo productivo y auto sustentable, orientado a la satisfacción de las necesidades de la población, la mesa logró introducir en la Constitución el concepto de soberanía alimentaria, que significa la capacidad de un pueblo de producir, comercializar y consumir alimentos de manera limpia, libre de tóxicos, libre de intereses comerciales y en armonía con las prácticas culturales de la población, como la producción comunitaria. La soberanía alimentaria implicaba también una defensa del agua como recurso natural al servicio de la vida humana y libre de procesos de privatización. En el capítulo correspondiente se estableció que el Estado regularía, en un plazo de dos años, el acceso equitativo a este recurso. Adicionalmente, se pusieron las bases para la creación del seguro agrícola con el fin de garantizar la inversión de los productores del campo. En cuanto a la participación social, la mesa recibió y procesó alrededor de 500 propuestas de diversos sectores, además de intervenir en foros realizados en Quito, Manabí y Guayas.

“Todo esto es parte de un proceso más largo en mi vida, porque yo vengo de la organización y la lucha indígena y campesina. No llegamos a la Constituyente de la noche a la mañana, sino a partir de una lucha para que la soberanía se pueda sentir en nuestra vida diaria. Eso nos ha costado incluso encarcelamientos y tragar muchas bombas lacrimógenas. Yo recalco eso porque la Asamblea nos permitió dar un gran paso, como es cambiar el modelo económico de “economía social de mercado” consagrado en la Constitución anterior, a “economía solidaria” como determina la nueva. En lo personal yo siento que son pasos sobre los que no podemos volver atrás sino fortalecerlos para dar otros. Una de las enseñanzas que me deja haber vivido este proceso es que los derechos pueden estar bonitos en la Constitución, pero si no hay una sociedad civil organizada que los reclame y los haga efectivos, no sirven de nada. Para mí, la Asamblea significó pasar de una práctica de oposición a una de construcción. Hicimos oposición a un estado neoliberal, pero ahora vamos por la construcción de un estado de bienestar. El reto es impulsar las leyes secundarias, como la Ley de Aguas, que hagan efectivos los derechos constitucionales, porque la Constitución de 1998 era pródiga en derechos colectivos, pero nunca se hicieron reales. En este proceso constitucional quedó claro que el sector representado por las organizaciones sociales es el que da de comer al país y por eso debe ser tan digno vivir en el campo como en la ciudad. Volviendo a lo personal, mi mayor aprendizaje ha sido saber cómo responder a las exigencias del servicio público. Yo no tengo estudios superiores, pero la Asamblea me ha dado mucha solidez en el manejo de todo lo relacionado con la defensa de los derechos. Si tengo que mencionar cuál ha sido mi aporte personal, seguramente es el haber impulsado dos conceptos claves: soberanía alimentaria y Ecuador intercultural. Es que yo siempre he pensado que un pueblo debe recuperar la capacidad de decidir por sí mismo y que ninguna cultura es superior a otra”.

Pedro de la Cruz PRESIDENTE DE LA MESA 6

“Los derechos, sin una sociedad civil que los haga efectivos, no sirven de nada”

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La necesaria consecuencia con el carácter plurinacional de la sociedad ecuatoriana tuvo su contrapartida en un conjunto de artículos que reconociendo esa realidad, establecen derechos específicos y garantías relacionadas con las nociones de territorio y uso de recursos que afectan directamente a muchas de esas nacionalidades autóctonas.

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Pedro Morales

PRESIDENTE DE LA MESA 7

“En la Asamblea se juntaron aspiraciones personales y sociales”

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“Llegué a la Asamblea como candidato de la Izquierda Unida de Chimborazo, es decir, como resultado de un consenso de organizaciones de izquierda que reconocieron mi experiencia en el movimiento cooperativista. Ahí se juntan las aspiraciones personales con las sociales, puesto que esa es mi opción de vida, pero también es parte de una corriente de cambios no solo a nivel nacional, sino regional y mundial, como es la búsqueda de una economía más justa y solidaria. En los debates fue clave contar con el apoyo de un pensador como Alberto Acosta con quien tuve diálogos muy fructíferos así como los que tuvimos en las Mesas itinerantes con organizaciones sociales de todo el país. En lo personal, ese diálogo significó un gran aprendizaje, una apertura de mi visión de la política y de la economía, puesto que nuestra Mesa estaba en el centro de un debate trascendental como es el desarrollo. Fue un reto enorme identificar y evaluar las consecuencias de la economía en los derechos humanos, en la naturaleza, en la educación, la salud, etc. Por haber estado varios años como gerente de una cooperativa de ahorro y crédito vinculada a los sectores populares, yo tenía una base y una vivencia de lo que significa un nuevo modelo de desarrollo. Por eso creamos mecanismos de control del sistema financiero, porque ahí está el ahorro nacional y para que no se repita la crisis de 1999. En cuanto a ciertas prácticas políticas, la Asamblea me dejó un sabor agridulce al comprobar que muchos políticos actúan en función del cálculo de lo que pueden conseguir al estar más cerca del poder. Ahí es donde cierta izquierda se desfigura, porque no defiende intereses del país sino personales. Yo preferí ser independiente y regresé a mi tierra tal como me fui”.

En esta mesa se debatió el modelo de desarrollo del Estado a partir de la constatación de que la economía social de mercado solo ha profundizado las inequidades sociales y económicas, al privilegiar la concentración del capital en lugar de la redistribución de la riqueza. Entre los problemas detectados por la mesa, como plataforma inicial para su acción, estaban la quiebra del aparato productivo; la inequidad y el crecimiento de las desigualdades sociales; la fractura regional, que impide construir un proyecto nacional; la debilidad institucional de los organismos públicos; la existencia de estructuras productivas y económicas con fuerte tendencia monopólica; y la falta de sostenibilidad ambiental.

MESA 7

Régimen de Desarrollo

Había definido esta mesa que el país que queremos sea un país con buen vivir para todos y todas en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Un país que permita el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los individuos con justicia, equidad, libertad, solidaridad, democracia participativa, sustentablilidad y soberanía. Un país con libertades y oportunidades donde podamos construir un proyecto común respetuoso de las especificidades regionales. Un país que no esté en manos de algunos empresarios, políticos y sindicalistas. Un país con elevada inversión, trabajo para todos, altas remuneraciones y oportunidades básicas para que cada uno escoja en libertad su modo y objetivos de vida. La intervención de la mesa se concentró, pues, en definir el carácter del Estado y de los sistemas productivos; del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental; de la democracia participativa y del desarrollo territorial. De ahí surge la propuesta de un modelo de economía solidaria, que promueva el trabajo y el acceso a mejores condiciones de vida. Otro tema clave fue definir las características del Estado, donde toman especial importancia los conceptos de interculturalidad, plurinacionalidad y de gobiernos descentralizados y autónomos, que fortalecen los principios de mayor participación social en los diversos niveles de gobierno. La Mesa asumió, además, la regulación del mercado financiero con el fin de eliminar la especulación de capitales y orientar las inversiones hacia el desarrollo social. Producto de ese debate, el concepto de banca se amplía y se reconoce una banca pública, privada, cajas de ahorro, bancos comunales, así como cooperativas de ahorro y crédito. Fue fundamental el reconocimiento de los servicios bancarios como públicos, sujetos a normas y fiscalización.

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MESA 8

Justicia y Lucha contra la Corrupción

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Esta mesa recogió, esencialmente, el mandato ciudadano de rescatar a la Función Judicial de las manos de los partidos políticos y de los grupos económicos, así como el de plantear nuevos procedimientos en la administración de justicia. Se propuso dotar a esta función de la suficiente autonomía y solidez institucional. En esa dirección, su trabajo se concentró en la creación de una Corte Constitucional para el control de las garantías constitucionales; el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y control de la Función Judicial; y la creación de un Consejo de Participación Ciudadana con facultades fortalecidas para la veeduría y lucha contra la corrupción, así como la adopción de principios y disposiciones constitucionales que garanticen y democraticen el acceso a la justicia y propicien su ágil desempeño. Posteriormente, el tema de la Corte Constitucional y del Consejo de Participación Ciudadana pasó a competencia de otras mesas y ésta se concentró en el de la justicia ordinaria. Esta mesa trabajó en ocho capítulos, entre los que se destacan: Justicia de Paz, Medios Alternativos, Jurisdicción Indígena, Rehabilitación Social y el Consejo de la Judicatura.

“En lo personal, fui a la Asamblea como portador de un sueño colectivo de mi región debido a mi trabajo de más de treinta años con las organizaciones sociales en la búsqueda de soluciones a la pobreza, la migración, la vivienda. Habíamos acumulado tantas frustraciones respecto de la política, y la posibilidad de desfogar esas frustraciones se ponían al alcance en este proceso. Cuando acepté ir a la Asamblea, fue por un llamado de mi corazón y así se lo dije a mi obispo. Después, la gente me hizo entender que ese llamado no era solo personal sino compartido. Ya en Montecristi, hubo una sinergia de muchos sueños e ideales que se pudieron cuajar. Evidentemente, los dos enemigos fundamentales fueron la oposición, que se negaba y se sigue negando al cambio, y el tiempo. No se puede hacer una Constitución, elaborar mandatos y reformas en ocho meses. Yo diría que en el tema del tiempo el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo, porque no fue suficiente y el proceso no tuvo la calidad democrática que era de esperarse. Mucha gente creía que mi tema fuerte iba a ser la migración y, sin embargo, casi no tuve que intervenir en ese tema, porque ya se había posicionado con fuerza y se pudo plasmar en la Constitución. En lo que sí tuve más participación fue en el tema de la justicia y la lucha contra la corrupción donde teníamos que rescatar al Estado de las manos de los grupos de poder. Creo que mi mayor aporte fue mi talante y práctica democrática tolerante, que permitió el consenso y la participación; también mi actitud ética y vertical en la defensa de los principios de la justicia y la solidaridad, además de la defensa del proceso democrático. Ahora, hay que continuar trabajando porque hay varios peligros. Por un lado, que a la hora de bajar los principios constitucionales a las leyes, éstos se diluyan; también puede ocurrir que se hagan leyes contrarias al espíritu de la Constitución; o que no se hagan y todo se quede en la pura poesía como en otros tiempos”.

Fernando Vega PRESIDENTE DE LA MESA 8

“Teníamos que rescatar al Estado de las manos de los grupos de poder”

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María Augusta Calle PRESIDENTA DE LA MESA 9

“No se puede hablar de soberanía sin un gran riesgo personal”

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“La enseñanza personal que me dejó la Asamblea es que enfrentarse contra el imperialismo significa palabras mayores, porque la lucha es real y eso implica jugarse la vida literalmente, sin eufemismos. Ese fue mi mayor aprendizaje. Otro, que no puede una meterse a hablar de soberanía sin una gran dosis de riesgo personal y hay que estar consciente de eso. Cuando ocurrió lo de Angostura (bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano) yo sufrí en lo personal un linchamiento mediático. Ese fue un aprendizaje bastante duro. Me di cuenta de que nosotros, los periodistas, creemos estar más allá del bien y del mal; no tenemos respeto por el ser humano; creemos tener una aureola de jueces supremos para dictaminar sobre la vida, el futuro y la dignidad de las personas. Después de haber recibido todo lo que recibí de mis colegas periodistas cuando yo ejercía esa función política, crecí mucho en lo profesional. Cuando terminó la Asamblea, en julio de 2008, volví a hacer periodismo, pero de una manera sumamente cuidadosa. Por ejemplo, nunca voy a decir algo que pueda afectar la dignidad de alguna persona, ni siquiera contra Lucio Gutiérrez. En este proceso entendí que cuando todos los fusiles apuntan contra uno debe escoger: o rendirse o seguir caminando, y me di cuenta de que las mujeres ecuatorianas somos muy valientes y seguimos caminando. Esto no lo digo a título personal, porque lo que más sentí fue un enorme respaldo no solo de las mujeres asambleístas sino que también las mujeres de los mercados me apoyaron. Eso me ha dado un compromiso enorme con la gente porque comprendí que estar metida en política significa no traicionar, no defraudar y esa es una carga pesada, pero muy linda también. En septiembre me iré a festejar cuando se vayan los gringos de Manta. Voy a hacer una gran fiesta y esa es una de mis mayores alegrías. Este proceso me ha vuelto una persona más profunda, pero más tranquila también”.

A esta mesa le correspondió reconstruir el sentido de dos conceptos aparentemente opuestos, pero íntimamente ligados entre sí, como son los de soberanía e integración. Es una de las mesas en las que hubo mayor debate ideológico, pues el reto era elevar a la categoría de principios dos conceptos cuya práctica anterior los había devaluado. Así, el principio de soberanía comienza a ser usado de manera transversal y como eje rector en otros temas. Se habló entonces de soberanía alimentaria, soberanía energética y otras maneras de preservar el principio de autodeterminación de los pueblos, pero de manera ampliada a sus habitantes. En esta mesa resultó notoria la participación de las Fuerzas Armadas, cuyos representantes llegaron hasta Montecristi con propuestas específicas. De igual manera, se produjo una amplia participación social especialmente de jóvenes, quienes enriquecieron, desde una visión renovada, el concepto de soberanía. Uno de los resultados más concretos y visibles consta en el artículo 5 de la Constitución, que establece que “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohibe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. En el transcurso de los debates, la mesa debió superar el antagonismo entre posiciones abiertamente sometidas a potencias extranjeras y las que defienden la independencia y la autodeterminación, sin afectar los procesos de integración regionales y mundiales. El Ecuador inicia entonces una nueva relación con las empresas multinacionales, toma decisiones respecto de la deuda externa, revisa los tratados internacionales con el fin de actuar en todos ellos bajo el principio de soberanía. De esta mesa salieron acuerdos como el que condena enérgicamente la aprobación de la Directiva de Retorno, llevada a cabo por el Parlamento Europeo. Propuso también el Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República de Chile.

MESA 9

Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana

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MESA 10

Legislación y Fiscalización

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Esta mesa concentró la mayoría de los debates relacionados con el rumbo legal y político de la Constituyente. Cobró especial importancia cuando la Asamblea asumió plenos poderes, y le correspondió canalizar el trabajo tanto de legislación cuanto de fiscalización. Así, en la mesa 10 se recogieron y procesaron iniciativas de leyes, amnistías, denuncias, procesos de fiscalización, etc. Abrió el curso a propuestas relacionadas con la tributación (Equidad Tributaria), la contratación pública (Sistema Nacional de Contratación Pública), transporte y seguridad vial (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, SOAT), justicia (Reformas al Código de Ejecución de Penas, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia), en coordinación con otras mesas de temas afines. Por esta mesa pasaron las seis leyes aprobadas por la Asamblea Constituyente, a saber: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador; Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento; Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

“Este proceso significó para mí el bautizo político, mediático y de relacionamiento con los actores sociales del país. Colocarnos sin aviso previo en el centro del torbellino, ponernos a velocidades inimaginables y ofrecer respuestas fundamentadas fue realmente extenuante, pero lo hicimos. Una de las satisfacciones que me dejó el haber trabajado en esta Mesa fue que todas las propuestas que llegaron las procesamos. Hubo temas con enorme carga política, como el caso Dayuma, en el que tuvimos incluso la amenaza del Presidente de la República de renunciar si lo tratábamos, y nosotros, pese a ello, lo tratamos. Ese es un saldo positivo de este período. Si hacemos una evaluación personal, creo que yo logré marcar el ritmo de la Mesa. Si yo me cansaba, todos se cansaban; si yo me descuidaba, todos se descuidaban. Tenía que ser el referente de puntualidad, además de un motivador para juntarnos y procesar las cosas. Creo que eso puso a prueba mi capacidad de motivador, que es muy necesaria para procesar diferencias, con respeto pero también con energía, y alcanzar los acuerdos en su debido momento. Otro aporte es haber representado a la Asamblea en el debate posterior a la destitución de los diputados (que se oponían al proceso constituyente) cuando éstos querían que el Ecuador fuera condenado por instancias internacionales. Tuve que llevar la defensa del Ecuador en esos foros y lo logramos. Ser presidente de Mesa me permitió incidir en temas clave como los de participación ciudadana; los derechos sociales; el agua; el blindar al Ecuador contra los feriados bancarios, entre otros, que son fundamentales para las actuales y futuras generaciones. Uno de los temas en los que creo haber aportado de manera especial fue el de la nueva estructura de la Función Judicial, que se ve reflejado ahora en el funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia y la desaparición de los poderes supremos que había antes. Sin ese agregado, que significa ser presidente de Mesa, quizás no hubiera logrado esa incidencia”.

César Rodríguez PRESIDENTE DE LA MESA 10

“En la Asamblea logramos blindar al Ecuador contra feriados bancarios”

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Mandatos para la historia

Durante el período de trabajo se aprobaron veinte mandatos. Varios respondían a necesidades más bien internas del funcionamiento constituyente pero otros comenzaron a predibujar los cambios que el país estaba exigiendo desde hacía tanto. Algunos de estos Mandatos se reseñan brevemente, por la importancia que revisten en el contexto de un país que arrastraba, ya por tanto tiempo, diferencias y desigualdades insoportables. El Mandato 2, por ejemplo, limitó las remuneraciones y las indemnizaciones y liquidaciones de los funcionarios públicos. Nadie podría, en el sector público, ganar más de USD $ 5.000,00 dólares mensuales, que era el sueldo del Presidente de la República. (El Mandato 4 complementaba al 2, limitando las indemnizaciones por despido intempestivo a 300 salarios básicos unificados). Con estas medidas, de un plumazo, se ponía freno a la existencia de la “burocracia dorada” que, sobre todo en áreas estratégicas del Estado, medraba a costa del esfuerzo nacional.

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El Mandato 6 o Mandato Minero, revirtió al Estado el 80% de las concesiones mineras otorgadas hasta entonces. Y es que en un panorama caotizado, hasta abril de 2008 el 12% del territorio nacional estaba concesionado a las mineras, (más de 2 millones de hectáreas y cerca de 3.300 concesiones) lo que había provocado graves afectaciones sociales, ambientales y culturales. Este Mandato estaría vigente hasta sancionar la Ley de Minería. En abril, se aprobó el Mandato 8, que eliminó la precarización y la tercerización laboral. Con ello se ponía freno a una cadena de abusos, que en muchos casos afectaban seriamente el derecho de los trabajadores a gozar de los beneficios de ley. El Mandato 10 dispuso que a partir del año 2009 los usuarios de telefonía móvil serían los propietarios de su número telefónico, cosa que no sucedía con anterioridad, generando abusos de parte de las

operadoras. Evidentemente, el derecho de las personas a cambiar de compañía proveedora, en caso de inconformidad con el servicio, se veía limitado al perder el usuario el número que solía utilizar, por ser de propiedad de la empresa operadora. El Mandato 14 derogó la ley de agosto de 1998 que creaba la Universidad Cooperativa de Colombia. Basado en un informe de la Mesa 10 que atendía una solicitud del CONESUP (Consejo de Educación Superior). Dicha entidad educativa había sido encontrada en flagrantes y graves violaciones legales que influían haber graduado estudiantes sin haberlos sometido a evaluación de grado y haber otorgado miles de títulos de doctorado sin estar autorizada a ello, entre otras. El Mandato 16 o Mandato Agrario, daba vía al diseño de un programa de soberanía alimentaria, antecedente de la Ley de Soberanía Alimentaria aprobada con posterioridad. Entre los alcances importantes de este Mandato estaban el incremento de la productividad y crecimiento agrícola y pecuario, a través de mecanismos de reducción de costos de insumos y operaciones agrícolas, así como de financiamiento del sector con recursos provenientes del petróleo. Por fin, el sector agrícola, durante tanto tiempo desatendido habría de recibir el más importante espaldarazo productivo de las últimas décadas. El Mandato 20 revistió un singular significado pues establecía la obligatoriedad de la cancelación de pasivos provenientes de captaciones o depósitos del público. Es decir, que las entidades financieras en liquidación estaban irremediablemente destinadas a devolver a los depositantes sus haberes, producto de la liquidación forzosa de esas entidades. No sería solo la AGD la encargada de responder por aquello. Y, de paso, el Mandato prohibió expresamente que dicho pago se hiciere, por ningún concepto, a personas o entidades vinculadas a las que estaban en liquidación.

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El perdón como signo de reconciliación nacional El presidente Rafael Correa había expresado en su Informe a la Nación del 15 de enero de 2008, dado en Ciudad Alfaro, que era necesario, y así lo pidió a la Asamblea, conceder amnistía e indulto a varios ciudadanos. Entre ellos estaban tres ex gerentes de la AGD, que enfrentaban juicios a todas luces motivados por haber tocado a los responsables del desastre provocado por el feriado bancario. También el ex presidente Gustavo Noboa, acusado de encubrir la renegociación de la deuda externa ecuatoriana durante su mandato, calificada como el “atraco del siglo”, por el ex presidente León Febres Cordero. Otros amnistiados deberían ser los detenidos del caso Dayuma, los implicados en una toma a los Correos del Ecuador, en oposición a la tercerización laboral y en el bloqueo de la vía a Machachi, hechos ocurridos en años anteriores. “Finalmente, le pido a la Asamblea el indulto para los cientos de hombres y mujeres, aquellos seres humanos conocidos como “mulas”, absurdamente encarcelados por años en función de leyes impuestas desde el extranjero y donde el castigo no tiene ninguna relación con la infracción. Aquellas personas, lejos de ser delincuentes, frecuentemente son simples desempleados, madres solteras, hermanos y hermanas castigados por la pesada carga de la miseria“, había expresado Correa en su discurso. 96

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La solicitud del Presidente provocó además que otras solicitudes en igual sentido fueran enviadas a la Asamblea. El organismo procedió en consecuencia, analizando uno por uno los casos y finalmente, se pronunció beneficiando a unas 2 mil personas con amnistías e indultos. Se ordenó la exculpación y archivo del expediente de la ex gerente de la AGD, Alejandra Cantos, así como de sus colaboradores. Se amnistío a los implicados en el caso Dayuma, con excepción de cua-

tro responsables. También a cerca de 360 líderes comunitarios criminalizados por protestar ante agresiones a sus comunidades o al ambiente. A los detenidos en el caso de Correos del Ecuador. Fueron amnistiados los 62 llamados “comando de Taura”, implicados en la insurrección contra el presidente León Febres Cordero, en enero de 1987. También fueron indultadas cerca de 1.200 personas calificadas como “mulas”, que habían sido sentenciadas por el delito de transportar droga. El informe de la Mesa 10 estableció la desproporción entre el delito y la sanción, por tratarse de pequeñas cantidades en todos los casos. Una de las amnistías que revistió cierto grado de polémica fue la del juicio instaurado contra el ex presidente Gustavo Noboa Bejarano, por la transferencia de remanentes de bonos del Estado para capitalizar dos bancos que habían pasado a manos de la administración pública durante el salvataje bancario (Banco del Pacífico y Filanbanco), con un monto de más de 126 millones de dólares. Sin embargo, luego del análisis correspondiente, el Pleno de la Asamblea se pronunció en el sentido de haber encontrado que proseguir con aquel proceso penal no evidenciaba el propósito de hacer justicia sino de “efectuar un tipo de persecución” dado que los fondos habían sido transferidos a la banca sin que hubiese habido beneficio personal para Noboa, insistiendo además que no había motivaciones jurídicas en la causa, sino que obedecían a una clara intencionalidad política. Sin embargo, la Asamblea dejó consignado que la amnistía no significaría extinguir las acciones derivadas de las medidas económicas y políticas de la gestión del gobierno del Dr. Noboa, que investigaba la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.

Puestas en perspectiva, estas medidas tomadas por la Asamblea contribuyeron muy positivamente a la construcción de un clima de distensión y reconciliación nacional, en el que los cuestionamientos, que no faltaron, fueron ampliamente superados por el reconocimiento de los principios de justicia que animaron la decisión de amnistiar e indultar a tan importante grupo de personas. La sensibilidad y oportunidad de estas decisiones formaron parte, ante la más amplia comunidad nacional, del espíritu que animaba los tiempos nuevos.

Los comandos de Taura en formación militar, el día en que fueron amnistiados. La Asamblea Constituyente procedió a cerrar viejas heridas y a reparar injusticias evidentes a través de una serie de amnistías e indultos.

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Las leyes de la Constituyente

La Presidencia de la República tuvo también una participación activa relacionada con las tareas de la Asamblea, a través de la formulación de leyes que se presentaron por iniciativa suya. El despacho del presidente Correa participó también en las observaciones a los informes preparados por la Mesa de Legislación y Fiscalización, Mesa 10, no obstante que sus criterios podían ser tomados, o no, en cuenta por el organismo constituyente. Si el Ejecutivo no formulaba sus observaciones en el plazo señalado de diez días hábiles, el proyecto de ley seguía su trámite. Superadas estas etapas, se consideraba aprobada la ley y se ordenaba su publicación en la Gaceta Constituyente y en el Registro Oficial.

La primera de las leyes presentadas por el Ejecutivo, el 17 de diciembre de 2007, fue la de reforma a la Ley de Equidad Tributaria. Con el argumento de buscar una mejor distribución de la riqueza y combatir la evasión de impuestos, esta reforma presentó temas controversiales como el aumento de los impuestos a los cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre otros, así como los impuestos para el cobro de las herencias. También planteó el incremento del gravámen en un 0.5% a la salida de capitales y la deducción de gastos para el pago del Impuesto a la Renta por la presentación de facturas de pagos en vivienda, educación y salud. UN SUEÑO COLECTIVO

Inclusión, derechos, garantías. Los instrumentos de decisión de la Asamblea, en los que se incluyeron los mandatos y las leyes, fueron alineados en el espíritu de esos tres pilares de la ética que se autoimpuso la Constituyente.

La Ley fue objeto de intensos debates. Finalmente, el 28 de diciembre, con 91 votos a favor y 23 en contra, fue aprobada para entrar en vigencia el 1 de enero del 2008. El jueves anterior, 27 de diciembre, el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot había convocado a la protesta ciudadana, movilizando a cientos de personas hacia Montecristi, con el objetivo de protestar por la eventual aprobacion

de la ley. Ese mismo día debía realizarse en Manta, una reunión entre los miembros de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para debatir el mismo tema. Antes de llegar a Montecristi, en el sector de La Cadena, la fuerza pública impidió el avance de la caravana. Los funcionarios municipales que habían logrado pasar, se solidarizaron con la marcha y suspendieron la reunión para ir hacia el sector y apoyar la iniciativa de Jaime Nebot. Asambleístas opuestos al gobierno hicieron los mismo. Pero dicha movilización opositora no pudo alcanzar la sede de la Asamblea, pues la policía había establecido un cordón de seguridad para evitar que se dieran posibles enfrentamientos con los adeptos al proyecto del gobierno, que también se habían hecho presentes en las inmediaciones de Ciudad Alfaro. La ley de Equidad Tributaria fue publicada en el registro oficial el 29 de diciembre del 2007. En enero del 2008 se puso a debate un nuevo proyecto legal, (también enviado por el Ejecutivo, como todos los que aprobó la Asamblea Constituyente en Montecristi): la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso Público de los Recursos Petroleros. La problemática fundamental que atendía el proyecto estaba en consonancia con lo logrado en la Ley de Equidad Tributaria, que había introducido elementos de racionalización en el destino de ciertos tributos, conduciéndolos hacia las arcas estatales. En este caso, se trataba de dejar sin efecto las asignaciones que provenían de ingresos petroleros que por ley, debían ser entregadas obligatoriamente a diversos organismos, sin pasar por la decisión de ninguna autoridad pública. Así, se buscaba recuperar para el Estado las decisiones respecto del uso de una importante cuota del ingreso público, permitiendo que los fon-

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dos de origen petrolero ingresaran como capital al presupuesto general del Estado, para ser usado en los programas de desarrollo. Presupuestariamente no se habrían de tocar, sin embargo, los proyectos estratégicos dependientes de esos recursos. Hubo voces en contra, como la del asambleísta León Roldós (RED), que llamó la atención sobre el hecho de que la eliminación de las preasignaciones presupuestarias afectaría a los municipios en alrededor de USD $150 millones y a la educación en un monto equivalente al doble. Además, consideraba que era grave que la nueva ley facultara al Ministro de Finanzas a modificar el presupuesto general del Estado con entera libertad, cuando antes esa intervención solo podía darse hasta el 5% del total presupuestado, sin autorización del Congreso Nacional. Estas observaciones no prevalecieron, pero cabe anotar que el proyecto final fue bastante distinto del presentado originalmente por el Presidente de la República. De esta forma, al aprobar la ley (que terminó llamándose Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento) el presupuesto estatal recuperaría unos 5.000 millones de dólares. La aprobación se produjo el 2 de abril del 2008, con 98 votos a favor.

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El Proyecto de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue presentado por el el Ejecutivo en enero de 2008. Los diversos actores involucrados dieron sus puntos de vista, que fueron incorporados por la Mesa 10 siempre en consonancia con el establecimiento de derechos colectivos. Es así que, entre los cambios fundamentales que contiene la ley finalmente aprobada está el hecho de que los transportistas y choferes, así como las escuelas de conducción, no formarían parte de los organismos de control y rectoría de las políticas nacionales de tránsito (tan solo como consultores, sin relación vinculante sino solo informativa); el reconocimiento de los derechos de movilidad de ciclistas y peatones, que en la legislación anterior no existían como sujetos de derecho. Pero además de este avance, en pro de la seguridad e incluso de la movilidad ambientalmente sostenible, se estableció el sistema de licencia por puntos, un sistema de sanciones más exigente y la obligatoriedad de asegurar contra accidentes de tránsito a toda la ciudadanía, responsabilidad que recayó en los propietarios de vehículos, entre otras novedades. El trámite de

esta ley sufrió demoras importantes. Es así que fue aprobada durante la última semana de funcionamiento de la Asamblea, el 24 de julio de 2008. En la semana final del trabajo en Montecristi se aprobaron las demás leyes. El 21 de julio el Pleno aprobó, con 76 votos, la Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la ley de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Entre las reformas, que ajustaban la ley que se había aprobado en diciembre del 2007, estaban la reducción del 40% al 30% para que las personas con discapacidad pudiesen optar por exenciones al Impuesto a la Renta, gastos deducibles y el pago de Impuesto a la Renta de beneficiarios de herencias y legados que tuviesen discapacidad. También contenía normas para considerar como gasto deducible de impuestos los intereses pagados por créditos externos. Las reformas permitieron que, en los gastos personales, fueran deducibles los de educación superior del contribuyente, su cónyuge, hijos de cualquier edad o cualquier persona que dependiese económicamente del contribuyente. Otra reforma importante se refería a que las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares; así como los artesanos, agentes, representantes y trabajadores autónomos podrían deducir los costos implicados en la generación de sus ingresos que para su actividad económica tienen costos, así como los profesionales podrán además deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos. Finalmente, entre los avances destacados de la ley está el hecho de establecer tarifa cero de IVA a los aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios y a los vehículos híbridos. Al día siguiente de aprobada esta ley, el 22 de julio, se sometió a consideración del Pleno otro importante proyecto: la Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, que establecía la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación Social y definía un procedimiento para la reducción de penas de los internos en los centros de reclusión, a través de la

calificación de méritos. Se juzgarían la buena conducta y la participación activa de los internos en su proceso de rehabilitación. La prueba de ello estaría en su involucramiento en procesos culturales y educativos, laborales, etcétera. La reducción sería como máximo de un 50% de la pena impuesta, sin posibilidades de beneficiar a quienes hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y los determinados en el Estatuto de Roma y por la Corte Penal Internacional. El expediente de cada interno sería obligatorio y público. Los jueces no podrían, además, demorar más de 48 horas en emitir su dictamen, luego de recibida la solicitud por parte del reo. Prohibe esta Ley la prisión de reos mayores de 75 años, debiendo estos ser trasladados a correccionales. Se podrá deducir el positivo impacto que causó esta aprobación en la población penitenciaria del país. Finalmente fue la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, verdadero hito en los procesos de transparencia en el manejo de los recursos públicos, la última en aprobarse, por unanimidad. La consideración fundamental para aprobar la Ley fue que los recursos estatales destinados a la contratación pública fomentarían la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza; para ello la Ley creó el Sistema Nacional de Contratación Pública que, con herramientas de última generación tecnológica, significó una auténtica revolución en la asignación de contratos para proveer de productos y servicios al sector público. Los efectos no tardarían en manifestarse en un importante ahorro para el Estado, dados los nuevos sistemas de contratación puestos en vigencia, con mejoras indiscutibles en la eficiencia y concurrencia de ofertantes. Democratización, equidad, transparencia y ahorro público fueron, entre otros, los más importantes logros de esta Ley. Hubo críticos de la labor legislativa de la Asamblea, que esgrimían el argumento de que los asambleístas del bloque gobiernista habían privilegiado destinar el tiempo a debatir y aprobar Mandatos, Resoluciones y Leyes, en lugar de trabajar en el articulado constitucional. De todas formas, las comisiones en las Mesas producían aceleradamente propuestas y aprobaban artículos en primer debate. La nueva Constitución estaba en camino y sería entregada en el tiempo previsto.

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ACTOSDECISORIOS DE LA ASAMBLEACONSTITUYENTE

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Entre Logroño y Angostura

De los muchos eventos políticos que ocuparon la atención nacional durante aquellas jornadas hubo dos que por su relevancia, vale la pena reseñar. Uno de ellos porque puso a prueba la integridad de los miembros de la Asamblea Constituyente. El otro porque, además de constituir una afrenta a la soberanía del Estado ecuatoriano, puso también en el tapete conexiones de miembros de la Asamblea con aquellos acontecimientos: los casos Logroño y Angostura.

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La Asamblea respondió solidariamente con la presidenta de la Mesa 9, de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, María Augusta Calle, cuya comparecencia solicitó el Fiscal General colombiano Mario Iguarán, en relación a sus supuestos vínculos con las FARC.

El 22 de enero de 2008, el Ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, denunció un supuesto complot para comprar conciencias dentro de la Asamblea Constituyente y señaló al líder del Partido Sociedad Patriótica, el ex presidente Lucio Gutiérrez, como cabecilla de la operación. Uno de los asambleístas, Gabriel Rivera de Esmeraldas, era quien había alertado al gobierno, aportando datos al caso al referir que había sido contactado telefónicamente para actuar como enlace con otros 25 asambleístas a fin de conseguir su apoyo a la postura, esgrimida por Sociedad Patriótica, de no aprobar la nueva Constitución, a cambio de dinero. Se hizo público un video en el que se podía constatar el intento de soborno (por parte de los ciudadanos Cao Lay Muñoz y Bolívar López) que había denunciado el asambleísta Gabriel Rivera del Movimiento País y del que había sido objeto. El asambleísta Julio Logroño, de Sociedad Patriótica, fue señalado también como pieza clave en el caso, por haber sido identificado como el vínculo entre la cúpula de su partido, Sociedad Patriótica, y el resto de asambleístas. Otro video, grabado en su domicilio, lo inculpaba.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación. También, el 27 de febrero del 2008, mediante una resolución (Nº12), la Asamblea estableció una comisión multipartidista de investigación conformada por los asambleístas Betty Amores, Jaime Hurtado, Mauro Andino, Fausto Lupera y José Vicente Taiano, para investigar el caso del asambleísta Logroño. Logroño adujo haber sido convocado por las Fuerzas Armadas para participar en una operación de inteligencia encubierta que tendría como objetivo poner al descubierto el pretendido plan para comprar conciencias dentro de la Asamblea. El jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, capitán Patricio Martínez, mencionado por Logroño como el oficial de enlace de la investigación, ante los requerimientos de la Comisión, se acogió al derecho de silencio y las Fuerzas Armadas, como institución, deslindaron responsabilidades en el tema. La Comisión debía presentar su informe en el plazo de hasta diez días laborables, de forma tal que éste fue conocido por el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y aprobado el 13 de marzo, para presentarlo al día siguiente ante el Pleno. Las conclusiones de la Comisión fueron que el asambleísta Logroño había ejecutado actos “con voluntad y conciencia, sin tener coacción alguna” por lo que consideró que ameritaba la sanción de suspensión de su calidad de asambeísta por el término de 20 días. Mediante la resolución Nº 13 presentada el 26 de marzo de 2008, la Asamblea en Pleno resolvió “Sancionar con la suspensión temporal de la calidad de asambleísta por el término de sesenta (60) días al doctor Julio Humberto Logroño Vivar…” (Artículo 2).

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El 1 de marzo de 2008 el Ejército de Colombia, en una incursión militar a territorio ecuatoriano, bombardeó un campamento de la guerrilla de las FARC en el sitio llamado Angostura, en la provincia de Sucumbíos. Como resultado, murieron 26 personas, entre ellas el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes (alias). Por tratarse de una violación de la soberanía nacional, el gobierno ecuatoriano rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Uno de los argumentos con los que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, intentó justificar dicha invasión al territorio del Ecuador fue la existencia

de vínculos entre el Gobierno del Ecuador con la guerrilla de las FARC. La Asamblea llamó al entonces Ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, para las aclaraciones del caso. El 4 de marzo, el Ministro se presentó ante el Pleno para ilustrar el ataque, mostrando imágenes del lugar, de los cuerpos y un informe completo de las actividades oficiales. Luego de la comparecencia del Secretario de Estado, los asambleístas debatieron profundamente, durante más de cinco horas, el pronunciamiento que debía hacerse. Finalmente, se aprobó un acuerdo de ocho puntos, condenando la violación a la soberanía nacional y puntualizando el hecho de que aquella agresión

constituía una amenaza para toda América Latina, al contribuir a regionalizar el conflicto colombiano. Posteriormente, en la sesión del 26 de marzo, el asambleísta Gilmar Gutiérrez (PSP) mostró fotografías de la asambleísta María Augusta Calle (Movimiento País) en la que aparecía con la hija de Raúl Reyes, como presunta muestra de complicidad con la guerrilla. Esata fue la primera de una andanada de acusaciones, no solamente de sectores políticos, sino de la prensa. La asambleísta se defendió y, finalmente, recibió el apoyo de la mayoría de la Asamblea. El tema pasó a instancias judiciales.

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El principio del Buen Vivir considera que el goce efectivo de los derechos humanos no está directamente relacionado con el mayor nivel de desarrollo material de las sociedades, sino con el nivel de organización política basada en la solidaridad. En ese sentido rompe con los principios totalizantes como desarrollo, progreso, crecimiento, civilización, y otros derivados de una cultura instrumental que propone el dominio de la naturaleza y desconoce el equilibrio entre los seres humanos y su entorno dentro de un mismo ciclo de vida. El Buen Vivir significa poner en diálogo las prácticas ancestrales con las formas de vida contemporáneas para encontrar nuevos y más ricos significados de las cosas. El agua no solo es un recurso productivo sino un derecho para la vida humana. La vivienda no es solo un techo protector, sino parte de un entorno físico para el desarrollo cultural. El alimento no es solo la ingesta de calorías, sino un símbolo de independencia y dignidad.

Una Constitución de garantías y derechos ciudadanos La Constitución surgida en Montecristi ha resultado ser, a la postre, un producto maduro, dotado de muy profundos elementos que permiten que el Estado, las organizaciones sociales, los grupos productivos, las comunidades indígenas, los colectivos y los individuos encuentren referentes para relacionarse entre sí; para poner en vigencia -sin cortapisas ni restricciones- derechos que no habían estado reconocidos nunca antes; para exigir del Gobierno la debida atención y el cumplimiento de sus responsabilidades; para procurarse una administración de justicia más eficiente y ágil; para diseñar y conducir sus políticas, sus acciones y su destino. Es la nueva Constitución ecuatoriana una plataforma de garantías; un elaborado y reflexionado andamiaje para construir nuevas formas de concebir y lograr el desarrollo; para procurarse, como ciudadanos en goce pleno de derechos, una vida satisfactoria y pacífica, basada en la equidad, en el respeto a la naturaleza, en el reconocimiento de la diversidad cultural y las potencialidades de la comunicación, el diálogo y la construcción de valores nuevos. Llegar hasta ese punto requirió -y sigue requiriendo- el esfuerzo de miles de voluntades, sintonizadas con objetivos de elevada estatura, de permanencia incuestionable, de dimensión universal. Curiosamente, el sentido histórico trascendente que reclama para sí el país de los ecuatorianos y ecuatorianas no es argumento para el disenso. Tan expresada está esa voluntad en la nueva Constitución, que se ha convertido en referente y en escudo, en voz irrebatible, en argumento de defensa para los más diversos sectores. Sean de izquierda, centro o derecha; grupos corporativos, asociaciones o gremios; organizaciones sociales, culturales o religiosas; sectores productivos; de la ciudad o

del campo; ricos, de las clases medias o pobres, ilustrados o no; en fin, toda la variopinta y diversa multitud de componentes de la sociedad ecuatoriana se cobija hoy con su texto. La razón es una sola: la Constitución nacida en Montecristi es, irrebatiblemente, una Constitución de garantías y derechos ciudadanos. En una revisión más aproximada que sustente este aserto, se descubren en la Constitución valores nuevos, que no pueden ser pasados por alto. Comienza el texto de la Carta Magna dando prueba del resultado del que fuera un fructífero debate al interior de la Asamblea, para definir el carácter plurinacional del Estado. ¿Un solo Estado y varias naciones? En efecto: define el primer Artículo de la Constitución que el Ecuador es “un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. El carácter plurinacional, de múltiples naciones, queda pues establecido así, comenzando pues, con el reconocimiento de la condición igualitaria que asiste a los miembros de cada una de esas nacionalidades que conforman el Estado. La nación ecuatoriana da paso a las naciones ecuatorianas. El Estado permanece, sin embargo, como una entidad única y unitaria, organizada a través de cinco funciones, en lugar de las consabidas tres funciones de antaño (Función Ejecutiva, Función Legislativa y Función Judicial). Las nuevas funciones del Estado serán la Electoral y la de Transparencia y Control Social, como expresión de la necesidad de que se reconozca el derecho a la participación política de todas las personas, pero ya no secuestrado por el régimen de partidos y la determinación de que el mandante, el pueblo, depositario del poder popular, tiene derecho a participar en la gestión del Estado fiscalizando lo actuado por sus mandatarios, el poder público.

Sea de izquierda, centro o derecha; grupos corporativos, asociaciones o gremios; organizaciones sociales, culturales o religiosas; sectores productivos; de la ciudad o del campo; ricos, de las clases medias o pobres, ilustrados o no; en fin, toda la variopinta y diversa multitud de componentes de la sociedad ecuatoriana se cobija hoy con su texto.

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Las nuevas funciones del Estado

AsambleaNacional, CorteNacionaldeJusticia, CorteConstitucional

La Función Electoral en la nueva Constitución, se ejerce mediante la separación de quienes organizan procesos electorales y de quienes juzgan su validez. Será pues, el Consejo Nacional Electoral el encargado de organizar comicios y llevarlos a cabo. Quedará en el Tribunal Contencioso Electoral impartir justicia respecto de los conflictos que los resultados electorales generen. Dichos organismos, con personalidad jurídica propia se definen como autónomos, tienen jurisdicción nacional deben ser integrados atendiendo a principios de transparencia, equidad, interculturalidad y paridad de género entre otros. Es importante el hecho de que su designación es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es uno de los organismos que ejercen la Función de Transparencia y Control Social, precisamente. Otros son la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. La Función de Transparencia y Control Social tiene fuero de Corte Nacional y pueden sus miembros ser enjuiciados políticamente por la Función Legislativa que, en caso de destituirlos, no tiene atribuciones para designar reemplazo. La ciudadanía y las organizaciones sociales pueden proponer a los consejeros y consejeras que serán elegidos por concurso de oposición y méritos.

El Congreso Nacional desaparece y es sustituído por la Asamblea Nacional. Las atribuciones de la Asamblea son mayores que las del antiguo parlamento. Podrá aprobar el presupuesto general del Estado y fiscalizar a las demás funciones del Estado, así como a los organismos de control, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. Se integrará por 15 asambleístas nacionales más dos elegidos por cada provincia y uno más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000 y durarán cuatro años en sus funciones. Entre ellas está la de participar en el proceso de Reforma Constitucional, además de expedir, reformar o derogar leyes. Puede además la Asamblea, con dos tercios de los votos, autorizar el enjuiciamiento penal del o la Presidente, entre otras muchas atribuciones y deberes relacionados con el Poder Ejecutivo y su gestión. Respecto de la Función Judicial, la Asamblea transformó la Corte Suprema de Justicia en Corte Nacional de Justicia, con 21 magistrados en lugar de los 31 anteriores. La conformación de la CNJ debía

ser un proceso conducido por sorteo por el Consejo Nacional Electoral hasta designar a los titulares de acuerdo a lo establecido constitucionalmente. Los jueces de la Corte Nacional durarían nueve años en sus funciones, sin poder ser reelegidos y deberían ser renovados cada tres años, por tercios. De igual forma, en el plazo de 180 días debía conformarse el Consejo Nacional de la Judicatura. La Corte Constitucional, creada por mandato constituyente, se convierte en el organismo superior a fin de conocer y resolver conflictos derivados de la aplicación de la Carta Magna. Su jurisdicción es nacional y estará integrada por nueve miembros, que a la par que los jueces de Corte Nacional, se renovarán por tercios cada tres años. Dichos miembros provendrán de candidaturas presentadas por las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, escogidas luego por una Comisión calificadora integrada por seis personas, que representen equitativamente a cada una de las dichas funciones.

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Un nuevo orden territorial y otros derechos afines Uno de los avances más importantes de la nueva Constitución se refiere al ordenamiento territorial, a los gobiernos autónomos y a sus competencias. El hecho de reconocer la autonomía política, administrativa y financiera de las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales y metropolitanos, los consejos provinciales y regionales, es un reconocimiento de las aspiraciones de descentralización y equidad que esperaban las regiones que hasta entonces se habían mantenido como subalternas de poderes centrales regionales o nacionales. Además, el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regiría por principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Para que sean efectivamente entidades insertas en un proceso de desarrollo armónico se reconoce la necesidad de establecer un sistema nacional de competencias, progresivas y crecientes, que sirva de mecanismo para sincronizar el acceso a las oportunidades de desarrollo.

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También está el reconocimiento de la autonomía regional como una necesidad que debe ser incentivada, para coincidir, nuevamente, en los esfuerzos de desarrollo. Se reconoce el derecho de conformar circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, para ejercer competencias propias del gobierno territorial autónomo, regidas por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de respeto a los derechos colectivos. Parroquias, cantones o incluso provincias que mayoritariamente estén conformadas por comunida-

des, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. En el trasfondo de la posibilidad de gobernarse de esta forma también surge, como un tema colateral de extrema importancia, el de los derechos de las comunidades indígenas y de otras comunidaddes para tomar decisiones respecto del uso de los recursos naturales que se encuentren en su territorio. En la Constitución se estableció que las comunidades tiene derecho a “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen”. Constitucionalmente las autoridades están obligadas a hacer dicha consulta en su oportunidad y si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se deberá proceder conforme a la Constitución y la ley, puesto que la posición de la comunidad no tiene carácter vinculante. El derecho al agua y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza son nuevos valores que consagra la Constitución. Esto significa, en el pri-

mer caso, que el agua es declarada patrimonio nacional estratégico esencial para la vida. Por ello su uso será público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Ya se podrá colegir la importancia del aserto constitucional cuando, en un futuro cercano, el acceso al agua se convierta en un tema estratégico para las sociedades del llamado Primer Mundo. En cuanto a los derechos de la Pachamama, la naturaleza, se reconoce el respeto a sus ciclos vitales y naturales, a sus procesos evolutivos. Por ello todos los ciudadanos y comunidades podrán exigir al Estado el cumplimiento de esos derechos. Nuevamente, en sintonía con las aspiraciones de desarrollo sostenible, la Carta Magna prevé que los servicios ambientales no serán suceptibles de apropiación, sino que su producción, prestación y uso serán regulados por el Estado. También en lo ambiental, en lo relativo al uso de los recursos de la biodiversidad y a otros recursos naturales, la Constitución representa un avance sustancial, frente a la precaria situación anterior. Se prohibe otorgar a persona o entidad alguna derechos de ninguna clase, incluidos los de propiedad intelectual, que partan del conocimiento colectivo de los usos de la biodiversidad; el Ecuador queda declarado como territorio libre de semillas y cultivos transgénicos y se prohibe la actividad extractiva en áreas protegidas; se reconoce como propiedad inalienable del Estado los productos del subsuelo en cuyo aprovechamiento participará el mismo Estado, en un monto nunca inferior al de la empresa que los explote.

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Ambiente de debate y participación, de consensos y disensos, de ciudadanos y ciudadanas que aportaron. La Asamblea Constituyente acrisoló, durante ocho meses, las expectativas del país entero.

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El futuro constituido

El fin de los plazos

La Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Ciudad Alfaro, que trabajó durante los ocho meses que estableció su mandato produjo, con la nueva Constitución de la República del Ecuador, un documento de avanzada. El resultado fue un completo marco referencial para orientar el futuro del país, para dotar de mayores elementos de orientación y relación a las generaciones actuales y venideras, para designar las formas y maneras en que las oportunidades del mañana y los beneficios del quehacer nacional serán repartidos con inclusión y equidad. Para constituirse, en suma, en la brújula consensuada de la voluntad ecuatoriana, resultado de un proceso de profundo sentido nacional e irrebatible signo democrático.

Antes de finalizar el mes de enero de 2008 ya se hablaba de prorrogar el plazo de duración de la Asamblea Constituyente. Algunas mesas habían advertido la necesidad de ajustar los cronogramas. El 20 de mayo el Pleno de la Asamblea tomó la decisión, una semana antes de que concluya el período inicial, de prorrogar sus funciones hasta los 60 días que le estaba permitido. La nueva fecha para la entrega de la Constitución y cierre del período constituyente sería el 27 de julio. El tiempo estaba en contra.

La versión final que aprobarían los asambleístas el 24 de julio contenía 444 Artículos, a lo largo de nueve Títulos: Elementos constitutivos del Estado; Derechos; Garantías constitucionales; Participación y Organización del Poder; Organización territorial del Estado; Régimen de Desarrollo; Régimen del Buen Vivir; Relaciones Internacionales y Supremacía de la Constitución.

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Una Constitución, en suma, hecha para el progreso y la paz del Ecuador. Una Carta Magna que ha sido elogiada en otras latitudes por su clara vocación de colocar al Estado al servicio de la ciudadanía y no lo contrario, sin renunciar a la noción de lo público como base para la defensa colectiva de lo que es de todos. UN SUEÑO COLECTIVO

El 10 de junio de 2008 fue aprobada la Reforma al Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, propuesta por el entonces primer vicepresidente, Fernando Cordero. Estas reformas servirían para agilizar el proceso de revisión y aprobación de los artículos de la nueva Carta Magna. La propuesta, obtuvo 90 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. Entre las medidas que se tomaron para conducir las siguientes sesiones estuvieron la de establecer procesos más estrictos en cuanto a los cambios permitidos en el orden del día. La disposición era que las propuestas debían ser entregadas por escrito y hasta una hora antes de la instalación del Pleno. Según el primer vicepresidente, la oposición a través de un “ritual político” que consistía en apelar o solicitar cambios en el orden del día, ya había hecho perder a la Asamblea un estimado de 18 días de sesiones. Además, quedó establecido en la reforma que las observaciones al segundo debate debían pasar a una subcomisión conformada por el ponente del informe de mayoría, un delegado designado por la mesa respectiva y otro, elegido por la Comisión Directiva, que no perteneciera a dicha mesa. Las resoluciones debían presentarse en el plazo de los siguientes dos días, expuestas por el ponente durante 10 minutos para finalmente proceder a la votación.

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Montecristi, 23 de junio de 2008 Compañeros y compañeras asambleístas:

23 de junio de 2008. El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, presenta su dimisión irrevocable a esa dignidad para dar un “paso al costado” y permitir que se acelerase el proceso de aprobación de artículos.

La renuncia de Alberto Acosta Un episodio que produjo una oleada de interpretaciones y especulaciones de muy diversa índole en la opinión pública, fue la renuncia irrevocable de Alberto Acosta a sus funciones de presidente de la Asamblea Constituyente, que se dio a conocer el lunes 23 de junio y se hizo efectiva al día siguiente, cuando leyó el texto de renuncia ante el Pleno. El motivo expresado por Acosta tuvo que ver con las discrepancias sobre el plazo para terminar la redacción de la nueva Constitución con todas las reformas debatidas y aprobadas, establecido para el 26 de julio. Ese 24 de junio, con 77 votos a favor, la Asamblea aceptó la renuncia de Acosta. Luego, el bloque gobiernista propuso la candidatura de Fernando Cordero, quien fue elegido presidente con 84 votos a favor, cuando faltaban apenas 5 semanas para la clausura de las labores de la Constituyente. El 25 de junio, en medio del descontento de miembros de los partidos opuestos, fue elegida como primera vicepresidente la señora Aminta Buenaño, con 82 votos a favor. Ese mismo día con la presencia de 87 asambleístas y el voto de 86 de ellos a favor, César Rodríguez fue elegido segundo vicepresidente y posesionado inmediatamente.

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Al momento de la renuncia de Alberto Acosta, el balance del estado de avance de la Nueva Carta Magna establecía que había 57 artículos finales aprobados; 29 con informe, pendientes sólo de votación final; 11 en las subcomisiones de elaboración de textos para la votación final; 83 listos para el segundo debate; 69 en proceso de elaboración de informes para segundo debate; 48 con informe para primer debate y alrededor de 225 artículos en trámite para primer debate a través de Secretaria. Esto significaba que 522 artículos estaban elaborados y de ellos al menos 297 habían sido sometidos a aprobación, en sus diferentes instancias.

Este es para mi un momento duro, difícil, que lo asumo con toda la responsabilidad del caso. Por las razones que expondré más adelante, debo retirarme de la Presidencia de la Asamblea. Pero antes quiero recordar que en mi intervención, con ocasión de la instalación de la Asamblea Constituyente, expresé convencido, que quienes construyen la historia son los Pueblos. Dije también que esta Asamblea Constituyente es una oportunidad única de cambio, un cambio sentido y reclamado, por todo el pueblo ecuatoriano, que depositó en nosotros su esperanza de construir un Estado, no solo garante de la noción del “bien común” deseado sino efectivamente establecido, para que podamos realizar el BUEN VIVIR, el ALLY KAUSAY. Un BUEN VIVIR como condición para alcanzar una verdadera calidad de vida, trascendiendo la sobrevivencia, dejando a un lado la opulencia y el consumismo insaciable, del que, como es que conocido, se aprovechan unos pocos. (…) Cumpliendo con el plan de gobierno de Acuerdo País y con nuestros compromisos electorales, enriqueciéndolos con los valiosos aportes de todos los grupos representados en esta Asamblea, hemos avanzado en la creación de un NUEVO ORDEN. Los textos constitucionales aprobados y en discusión, comienzan a delinear en la nueva Constitución, un proyecto de vida en común elaborado entre todos y todas. (…) Tenemos ya alrededor de 500 artículos en difere fase de tramitación, que podrían reducirse en número a través de los necesarios ajustes y recortes. Es decir, en la práctica la totalidad del nuevo texto constitucional está listo. El trabajo de esta Asamblea, la nueva Constitución, estoy seguro merecerá la entusiasta aprobación de todo el pueblo ecuatoriano. Estamos cumpliendo. Son ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, actores y testigos de arduas jornadas, intensos debates, profundos análisis de las iniciativas y propuestas, verbales y escritas, formuladas en los foros, mesas itinerantes, manifestaciones públicas, medios de comunicación, mesas constituyentes y sesiones del Pleno. No hemos escatimado el tiempo para el trabajo. Todo lo contrario, concientes de los límites temporales, hemos sacrificado incluso el necesario descanso, en función de la profundidad conceptual, la apertura para que todas las voces sean oídas y la oportunidad de explicitar las diferentes opiniones y los disensos, y la búsqueda, siempre que sea posible, de acuerdos e incluso de consensos entre distintas visiones. (…) La Asamblea Constituyente ha sido y es el espacio democrático por excelencia, como señalé en la exposición de instalación de la misma. Es precisamente el mismo proceso constituyente en sí: es decir el camino recorrido y por recorrer hasta su definición, y el modo en que se dé su efectiva instrumentación, y no solo el texto que se apruebe, lo que hace que esta nueva Constitución trascienda y llegue a ser importante para la vida de todos los habitantes de nuestro Ecuador. Insisto en que la sociedad será democrática sólo si su proceso de construcción es democrático. Con este proceso me he comprometido. Esta ha sido mi opción y he buscado que todas mis opiniones y actos estén enmarcados en ella. También afirmaba entonces, y me ratifico hoy, que debemos buscar y obtener un verdadero pacto social en el que las grandes mayorías pero también las minorías, se reconozcan y reconcilien: no debemos excluir. Añadí, y estoy convencido de ello, que tenemos la necesidad de un cambio en la forma de hacer política, rescatando la política y repolitizando la sociedad; teniendo presente a cada

momento que la democracia es para todos y para todas. Rechazando en los hechos, y no sólo en los discursos, las viejas y desgastadas prácticas de la partidocracia. Con estas urgencias sociales y políticas, que van más allá de aquellas temporales, me comprometí y aspiro haber cumplido. Por eso no creo que se deba sacrificar el debate, la deliberación, la apropiación e identificación con el proceso, la claridad y calidad de los textos, a la premura de los tiempos. No nos hemos distraído de nuestras tareas, lo prueba lo hecho hasta ahora. Asumo los errores cometidos, que bien pueden ocurrir cuando se busca hacer un camino incluyente y democrático.

RENUNCIO A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA Y SIGO EN LA LUCHA (Fragmentos)

ALBERTO ACOSTA

Esta disposición y posición personal, de no sacrificar el debate por la premura del plazo, no es compartida en sus alcances y con lo que ello significa en tiempos, por la mayoría de la cúpula de Acuerdo País, movimiento al cual pertenezco y al que reafirmo mi adscripción. Desde allí, al retirarme de facto su apoyo, me solicitaron dar paso a otra dirección que apresure la aprobación de los textos para cumplir con la fecha tope del 26 de julio. Respeto su posición. Por ello, teniendo presente que lo fundamental es la nueva Constitución, más allá de legítimas posiciones ganadas con la votación popular, sin intentar siquiera provocar como en otras épocas una pugna de poderes o dar paso a la más mínima división del bloque de Acuerdo País, presento ante ustedes mi renuncia irrevocable a la función de Presidente de la Asamblea. Mi renuncia no significa dejar la delegación con la que me honrara el pueblo ecuatoriano. No significa alejarme de mi compromiso con el plan de gobierno de Acuerdo País y con nuestros compromisos electorales. Continuaré como asambleísta, como lo que siempre quise ser, fiel a mis principios, dispuesto al diálogo, atento a las controversias y participante del bloque de Acuerdo País. Todos podemos hacer posible que el sueño de los ecuatorianos y las ecuatorianas se realice, y que contemos con una Constitución que refleje sus reivindicaciones y anhelos por un mundo mejor, justo y en paz. Y si para ello hay que sacrificar posiciones personales, hagámoslo. Aprendí mucho de ustedes. Siento que el ejercicio de la autoridad, responsable con quienes le designan, respetuosa del mandato encomendado, ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder, embrutece. Ese riesgo no me lo correré, prefiero seguir siendo fiel a mis principios, aún cuando mi renuncia pudiera no ser adecuadamente comprendida. Mi gratitud a mis compañeros y compañeras asambleístas de todas las bancadas, a mis asesores y asesoras, a los edecanes, designados por nuestras Fuerzas Armadas, al personal administrativo, a los miembros de la Guardia de la Policía Nacional, al personal de servicios, a los representantes de los medios de comunicación, a MI FAMILIA y a todos aquellos que hicieron posible los avances logrados hasta ahora para construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Un proyecto de vida, equilibrado entre todos los individuos y de la colectividad con la Naturaleza. Al rememorar estos momentos vividos en Montecristi, los recordaré con cariño y respetuoso afecto. Hoy más que nunca cobra vigencia el mensaje de Eloy Alfaro: ¡Todo para la patria, nada para nosotros! Muchas gracias. Alberto Acosta

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Al asumir Fernando Cordero el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, el 25 de junio, se comprometió a agilizar el proceso de aprobación de los artículos que conformarían la nueva Carta Magna. “Continuemos con esa tarea, y con su apoyo terminar cumpliendo con el mandato que nos impuso el pueblo el 15 de abril”, había dicho en su discurso de posesión. El nuevo presidente proponía tres ejes de acción para agilizar los procesos, sin poner en riesgo la calidad de las resoluciones: Planificación, “para que democrática y organizadamente podamos hacer de esta dificultad que es la escasez del tiempo, una oportunidad para la calidad del debate”; energía, pues “la vamos a necesitar y en buena goce vamos a trabajar con ahínco y esfuerzo para cumplir responsablemente ese mandato”; y transparencia informativa “de todo lo que hemos hecho en la Asamblea y no desinformar a la ciudadanía, que las críticas vengan por lo que se conoce y no por lo que quieren hacer pensar a los ecuatorianos”. 10

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El 26 de junio, el presidente de la Asamblea se reunió con los representantes de cada tienda política para llegar a un acuerdo que les permitiera trabajar de manera ágil y concisa. Se decidió entonces que las sesiones del Pleno durarían cuatro horas y se realizarían dos veces al día, de lunes a sábado y en las últimas semanas, incluso los domingos. La oposición, estuvo en desacuerdo con estas medidas pues adujo que eran simples mecanismos para aprobar desiciones convenientes para el partido de gobierno, sin lugar a debate. Miembros del PRIAN y de Sociedad Patriótica, no asistieron a la reunión en señal de protesta. Sin embargo, se redujeron los tiempos de intervención de diez a cinco minutos por asambleísta, aunque se amplió el número y los tiempos de las intervenciones de los asambleístas de oposición. Se convocó a dos sesiones diarias, puesto que para entonces todas las mesas ya contaban con textos listos para su aprobación en el Pleno. Se trabajó incluso los fines de semana. UN SUEÑO COLECTIVO

El 28 de junio, la primera vicepresidenta, Aminta Buenaño, anunció que la nueva Constitución estaba lista. Tenía más de 500 artículos que serían discutidos en primero y segundo debate, para finalmente pasar a revisión de la Comisión Especial de Redacción y ser entregada hasta el 26 de julio, fecha en la que se cumplían los dos meses de prórroga que contemplaba el Reglamento de la Asamblea.

Fernando Cordero acelera el trabajo 10 Boletín 1283, sala de

Prensa José Peralta. www.asambleaconstituyente.gov.ec

Fernando Cordero Cueva presta juramento ante Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta, como nuevo presidente de la Asamblea Constituyente, para conducir sus destinos durante el mes que le restaba de labores. Luego sería elegido presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización y, más adelante, de la Asamblea Nacional.

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La Comisión de Redacción y la versión final La Comisión de Redacción realizó su trabajo en intensas jornadas de entre catorce y dieciséis horas para, al cabo de diez días y dentro de los plazos previstos, entregar la primera versión revisada el 19 de julio.

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El Reglamento de la Asamblea Constituyente establecía en su Artículo 47, de la Comisión Especial de Redacción: “Para la redacción del texto final de la Constitución, aprobado por el Pleno, la presidencia conformará una Comisión Especial de Redacción. Esta Comisión Especial de Redacción depende de la presidencia , y tiene por objeto revisar y corregir, entre otras: contradicciones u omisiones conceptuales; repeticiones conceptuales; correcciones gramaticales, ortográficas y otro errores de este tipo; recopilación y unificación de diferentes textos aprobados sobre un mismo tema. En caso de omisiones notorias o contradicciones conceptuales, la Comisión Especial de Redacción presentará a la Comisión Directiva una propuesta alternativa del articulado y un informe de justificación. Esta propuesta se pondrá a consideración del Pleno de la Asamblea , para ser votada sin debate, salvo el caso que la redacción implique reconsideración extraordinaria, en el que el debate podrá ser ordenado por el Presidente de la Asamblea. Este texto, puesto a consideración del Pleno con cinco (5) días de anticipación, será aprobado sin previo debate, con los votos de la mayoría absoluta de los asambleístas”. La Comisión de Redacción estuvo conformada, finalmente, el 9 de julio del 2008, e integrada por los siguientes ciudadanos y ciudadanas: Teresa Viteri Velásquez, Ramiro Ávila Santamaría, Tarquino Orellana Serrano, María Augusta Vintimilla Carrasco y Xavier Flores Aguirre. Su primera reunión se efectuó en las oficinas del Banco Central, Sucursal Manta. El trabajo fue realizado en jornadas extenuantes de entre catorce y dieciséis horas diarias, incluidos los fines de semana, hasta quedar concluido. El motivo era que el plazo del que disponían los comisionados podía extenderse, como máximo hasta la madrugada del 18, tal como lo señalaba el Reglamento,

que otorgaba diez días a la Comisión para entregar el texto definitivo, incluidas sus revisiones. El 19 de julio, la Comisión Especial de Redacción entregó la primera versión revisada, aunque aún estaban por ser considerados los textos del Preámbulo y el del Régimen de Transición. Sin embargo, el Pleno había autorizado a la Comisión Directiva dos días antes, el 17 de julio, que dichos textos fuesen votados dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del plazo de entrega de la Constitución. En efecto, en la sesión número 90 de aquel día, acogiendo la moción del asambleísta Luis Hernández, del movimiento RED, 104 asambleístas, de los 105, presentes, aprobaron la siguiente resolución: “El Pleno de la Asamblea Constituyente, ante el vacío reglamentario existente respecto de la aprobación de las disposiciones que permitan un régimen de transición en el texto de la nueva Constitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, resuelve: Que la aprobación del régimen de transición no está sujeto al plazo establecido en el último inciso del artículo 47 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Las observaciones que se produzcan en los debates serán procesadas por la Comisón Directiva. El texto del régimen de transición formará parte del texto de la Constitución”. Este dato es de enorme relevancia dado que, poco después, el asambleísta León Roldós, perteneciente a la misma agrupación política del asambleísta Hernández, cuya moción fue aprobada el 17 de julio, denunciaría una supuesta alteración en los textos finales de la Constitución y que el Régimen de Transición “no era parte del texto Constitucional aprobado por el Pleno de la Asamblea”. La Comisión de Redacción y los presidentes de Mesa, junto con el presidente Cordero, se reunie-

La Comisión Especial de Redacción, en plena labor. De izquierda a derecha: Teresa Viteri Velásquez, Xavier Flores, María Augusta Vintimilla y Ramiro Ávila. No aparece en la fotografía Tarquino Orellana.

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Finalmente, luego de un cuidadoso examen de las evidencias, la Fiscalía desestimó las denuncias de Roldós y solicitó a la Corte de Justicia el archivo de la indagación.

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ron el 22 de julio para establecer las observaciones de las mesas a la versión redactada. Al día siguiente, 23 de julio, el texto definitivo del Régimen de Transición fue aprobado en la sesión número 094 y el texto definitivo del Preámbulo fue aprobado por el Pleno en la sesión número 095, del día siguiente, 24 de julio. Por su parte, la Comisión de Redacción presentó ese mismo día, 24 de julio a las 22:34 su informe definitivo, incorporando las observaciones y adjuntando una Fe de Erratas detallada. De las 15 sugerencias de cambios propuestas por la Comisión Directiva, el Pleno de la Asamblea aceptó 9. La denuncia de Roldós En agosto ante la Fiscalía y en septiembre ante una comisión de la OEA, el asambleísta León Roldós denunció alteraciones en los textos constitucionales, por lo que calificó de fraudulenta la versión enviada al Tribunal Supremo Electoral para someterla a referéndum aprobatorio, fijado para el 28 de septiembre del 2008. Para cooperar con las indagaciones fiscales, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, entregó la transcripción y grabación íntegra de todas las sesiones de julio de 2008, que probaban que los textos considerados y aprobados por el Pleno eran los que se habían votado definitivamente el 24 de julio y enviado por Secretaría al Tribunal Supremo Electoral. En el transcurso del proceso de aclaración de aquellos hechos quedó establecido que el mismo asambleísta denunciante no estuvo presente en las sesiones en las que, presuntamente, se habían producido aquellas alteraciones de los textos. El pronunciamiento del Fiscal subrogante enviado a la sala penal de la corte nacional de justicia encargada, establecía que “de las actas adjuntadas al expediente, especialmente de las dos últimas sesiones en las que se conoció y aprobó tanto las normas referentes al Régimen de Transición como las reformas operadas por parte de la Comisión Técnica de Redacción, se aprecia que al haber, el Señor Secretario de la Asamblea, procedido en orden alfabetico a constatar el quorum, el abogado Roldós no ha contestado al llamado por las veces que ha sido llamado, siendo pública su ausencia en tales sesiones, hecho con el cuál se entiende el porqué desconocía de los cambios introducidos en algunas normas aprobadas con anterioridad”. En la confesión judicial que el Secretario General de la Asamblea Francisco Vergara, rindiera ante la

Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, por solicitud del abogado Roldós como parte denunciante, quedaron consignados hechos que de forma muy concluyente dan fe de cuán infundada había sido la denuncia presentada por este asambleísta: “(…) el texto definitivo del Articulado de la Constitución elaborado por la Comisión especial de Redacción fue distribuido en las curules de los Asambleístas el día 24 de julio de 2008 adjunto a la comunicación del señor Presidente de la Asamblea de manera previa a la sesión número 96. (…) De la revisión de las preguntas y con el objeto de aportar al esclarecimiento de estos hechos se desprende que el preguntante tiene dudas sobre si los señores asambleístas que asistieron a la sesión 96 del Pleno en el momento de la votación conocían o no el texto del articulado del proyecto de constitución aprobado por el pleno de la asamblea constituyente y entregado al Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, me permito informar que 86 Asambleístas ante Notario Público, como en derecho se exige, declararon lo siguiente: ‘Nosotros Asambleístas electos/as el 30 de septiembre de 2007 y abajo firmantes, conocedores de las responsabilidades por perjurio manifestamos que en honor a la verdad el texto de proyecto de Constitución, conformado por Preámbulo, cuatrocientos cuarenta y cuatro Artículos, treinta disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, régimen de transición y disposición final, que se encuentra transcrito en el acta de sesión del pleno número 96 efectuada el 24 de julio de 2008, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, fue el que conocimos y por el cuál expresamos nuestra voluntad a favor, y es el mismo que ha sido distribuido por el Tribunal Supremo Electoral para ser votado en referéndum de 28 de septiembre de 2008”. Más allá de intentar arrojar sombras de duda, que fueron desvanecidas, sobre los procedimientos de la autoridad constituyente y el trabajo de la Comisión de Redacción, estas denuncias no surtieron efecto alguno, pues se probó, finalmente, su temeridad. El propio fiscal encargado, Alfredo Alvear Enríquez, en comunicación enviada a la Corte Nacional de Justicia y recibida el 26 de marzo del 2009, dejó sentada como conclusión: “Por lo expuesto y al no encontrar ningún elemento constitutivo de infracción penal alguna, fundamentado en lo establecido por los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal, en mi calidad de Fiscal General del Estado legalmente encargado, desestimo y solicito el archivo de la presente indagación”.

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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El régimen de transición

“No dejemos cabos sueltos” había sido la fórmula con que el presidente Cordero animó a los asambleístas a debatir y aprobar un conjunto de normas que garantizaran, en caso de que la nueva Constitución recibiera el apoyo popular, que la vigencia de las nuevas instituciones pasaría por un proceso previsible y ordenado. El 23 de julio se votó en último debate el Régimen de Transición, que establecía que en caso de que el pueblo, en referéndum aprobatorio, diera su aceptación a la Constitución se aplicarían las normas contenidas en dicho régimen, que formaban parte integrante del texto constitucional. Esto significaba, en buena cuenta, que si el electorado se pronunciaba por el No, la Constitución quedaría en proyecto y por tanto, no podría entrar en vigencia. En ese caso, los diputados del Congreso Nacional, que estaban en suspensión temporal desde el 29 de noviembre de 2007 por virtud del Mandato 1 de la Asamblea, volverían a ocupar sus curules.

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No obstante, en caso de triunfar el Sí dichos diputados quedarían suspendidos de inmediato y sería la Asamblea, sin plenos poderes, la que estaría en receso hasta la convocatoria de elecciones generales, por parte del Consejo Nacional Electoral, creado constitucionalmente. Esta normativa –el Régimen de Transición- era pues fundamental para asegurar un proceso de tránsito ordenado y coherente entre el antiguo y el nuevo régimen, de forma que se eligieran autoridades y comenzaran a funcionar las instituciones democráticas, como las Cortes de Justicia, la Corte Constitucional y la Función Legislativa. Con el régimen de transición la Asamblea aseguraba la gobernabilidad en el Ecuador, a través de

un sistema participativo y democrático, basado en los méritos de los nuevos actores públicos designados, sin espacio para las tronchas, las componendas y los repartos a conveniencia. La Asamblea Constituyente habría, pues, de designar a quienes de forma transitoria conformarían el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Estos integrantes serían luego sustituidos por quienes ganaran los concursos establecidos constitucionalmente. El camino a las elecciones quedaba abierto. ¿Qué dignidades elegirían los ecuatorianos y ecuatorianas? Presidente y vicepresidente de la República; representantes al Parlamento Andino; miembros de la Asamblea Nacional; prefectos y viceprefectos; alcaldes municipales; concejales y concejalas municipales y vocales en juntas parroquiales. El Artículo 9 del Régimen de Transición estableció que la Asamblea Nacional, sin necesidad de convocatoria, se reuniría a los 30 días de proclamados los resultados por el Consejo Nacional Electoral, para concluir su mandato el 14 de mayo de 2013. En concomitancia, el mismo día que la Asamblea iniciarían también su período de funciones los prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales, que concluiría el 14 de mayo de 2014, para evitar la concurrencia con las elecciones nacionales. Los parlamentarios andinos se posesionarían ante la Asamblea a los cinco días de instalada. Su mandato concluiría el 19 de mayo de 2013. El Presidente y Vicepresidente de la República iniciarían su período a los diez días de instalada la Asamblea y prestarían juramento ante ella. Su gobierno habría de concluir el 24 de mayo de 2013. El Artículo 17 de aquel régimen transitorio establecía que se declaraba concluido el período de los

diputados y diputadas elegidos el 15 de octubre del 2006 (en ese momento en receso) y que la Constituyente se reuniría a los cinco días de proclamados los resultados del referéndum aprobatorio, para formar la Comisión Legislativa y de Fiscalización, encargada de la Función Legislativa, tal como debería asumirla la Asamblea Nacional, una vez posesionada luego de las elecciones de asambleístas. La Función Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la estabilidad de los funcionarios judiciales, la Corte Constitucional, la transición de otras entidades, la vigencia de las designaciones provisionales de Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo y Superintendentes de Telecomunicaciones, de Compañías, de Bancos y Seguros y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también fueron normados por el Régimen de Transición.

Los asambleístas celebraron, alborozados, el final de las jornadas constituyentes y legislativas en Montecristi. La nueva Constitución fue entregada al país el 25 de julio del 2008.

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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RAFAEL CORREA, PRONUNCIADO EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Montecristi, 25 de julio de 2008

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Queridos ciudadanos, queridas ciudadanas: Los ecuatorianos hemos procedido con una madurez política sin parangón en la historia republicana, al redactar en forma colectiva, en un canto plural, paso a paso, palabra por palabra, los artículos que contiene la Nueva Constitución de la República del Ecuador; acta de nacimiento de la Patria Nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. Este, es un paso decisivo para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. El proceso de construcción de este sueño, de esta nación, para sentirmos representados, definidos, ha sido esencial y ampliamente democrático, participativo, incluyente; los anhelos de millones de ciudadanos y ciudadanas que confiaron, que apoyaron decididamente las propuestas electorales de los ejes de la Revolución Ciudadana tienen que respetarse; el primero, relativo a la revolución democrática, que contemplaba justamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente para estructurar las herramientas legales para llevar adelante los cambios necesarios, para salir del neoliberalismo, que propició una larga y triste noche plagada de abusos, explotación, latrocinio y entrega obsecuente de nuestros recursos, de nuestra sobe ranía a los intereses apátridas que nos han saqueado, nos han esquilmado, sin contemplación alguna. El soberano, el pueblo, el mandante, se pronunció abrumadoramente en el referéndum, con más del 80%, los tristes voceros de la oligarquía, siguieron manteniendo sin asomo de vergüenza, sin sangre en la cara, su oposición a todo lo que significara cambio. Cuando se planificó “Ciudad Alfaro”, algunos no creían que podía ser posible el proyecto. Como siempre, no confiaron en nuestras capacidades, en las capacidades de los ecuatorianos para emprender grandes retos; nosotros soñamos muy alto, apostamos a las capacidades y al talento de nuestros compatriotas; de hecho, nos jugamos entero por nuestro pueblo, confiamos totalmente en nuestra acción, en nuestra gente. Los de siempre, no confiaron, como siempre, en las fuerzas del pueblo; nunca se imaginaron que la más grande movilización de la historia republicana del Ecuador estaba en marcha; el pueblo conciente, con urgencia contenida por siglos de opresión, encabezó la movilización democrática para el cambio pacífico, ordenado, planificadamente; cambio profundo en el que centenares de miles, de ciudadanos y de ciudadanas prepararon con ahínco las herramientas necesarias para el cambio verdadero, sustentable, que ya no tiene regreso. Se ha destruido el mito, el paradigma que sustentaba la inercia del viejo país en el que se hacía todo para que nada se pueda hacer. Cuando el pueblo se pronunció en las urnas por las propuestas del Movimiento País, contundentes, claras y precisas, contenidas en los cinco ejes: Revolución Democrática, Revolución Social y Revolución Económica; Revolución para lograr la transparencia y la anticorrupción, Revolución para la integración Latinoamericana ¡Volvimos a triunfar! Abrumadoramente. Tuvimos un inmenso respaldo colectivo, que significó la presencia de 82 representantes.

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Ganamos en 21 de las 22 provincias del país. Vencimos en Costa, Sierra, Amazonia, Galápagos y Migrantes. Por fin existe un proyecto verdaderamente nacional. “Cada ladrón juzga según su condición”, dice un adagio popular. Cuando se iniciaron los trabajos de estudio, de discusión, de redacción primaria de cada una de las partes de la Constitución, los sectores prepotentes y retardatarios, encaramados en sus intereses, quisieron vender la idea falsa, mentirosa y rastrera de que se había cocinado una constitución a espaldas de todos; que se traía el “paquete” redactado con anterioridad, por debajo de la mesa; pero, la verdad se fue imponiendo, este proceso ha sido público y notorio, abierto a todos, nunca se ha escondido nada; esto ha sido limpio, sin trampas. Los asambleístas, las mesas de trabajo, las romerías democráticas, las movilizaciones permanentes, las comisiones sectoriales, los representantes de las comunidades, de los trabajadores, de los campesinos, trajeron a Montecristi todas sus propuestas, sus aportes, su contingente, su opinión y su cariño. En el colmo del descaro, los que hoy quieren desprestigiar a la nueva Constitución, dañar la imagen de la revolución ciudadana, pretender que no somos democráticos, son los mismos que hicieron la constitución del 98 en un fuerte militar y que jamás la presentaron a la aprobación del pueblo ecuatoriano. Realmente cuánta desfachatez existe en el país. La acción colectiva democrática, solidaria, es indispensable para superar esas barbaridades que estableció la Asamblea de 1998, que instituyó el neoliberalismo, arma de destrucción masiva, que destruyó tantas vidas, que permitió el atraco bancario más grande de la historia: más de ocho mil seiscientos millones de dólares; ironía salvaje, triste realidad que permitió bancos quebrados, economías desechas, miles y miles de perjudicados, miles y miles de migrantes, por la parte del pueblo; y, banqueros corruptos prófugos, pero prósperos, boyantes, con mansiones, aviones, yates, veleros, de parte de la partidocracia rastrera. Y, el viejo país guardando silencio putrefacto, los voceros de la mentira, enfermos de complicidad. Todas estas barbaridades fueron establecidas constitucionalmente, amparadas por leyes y decretos, que avalaron con su puño y letra, con su firma y rúbrica, partidos y partidarios que ahora levantan sus banderas manchadas de indignidad para oponerse a los verdaderos intereses de las mayorías, del bien común. Estas satrapías, son obra de los sectores más retardatarios que, sin ingenuidad alguna, entre gallos y media noche, se levantaron con los santos y con las limosnas, con todo lo que pudieron. Son obedientes de los designios de intereses apátridas, de las órdenes de sus amos, claramente identificados, para establecer la explotación y el abuso mediante la tercerización, el contrato por horas. Tenemos que superar el absurdo simplismo de la competencia, del egoísmo convertido en la máxima virtud individual y social; hay que potenciar la acción colectiva planificada. 144

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Trabajamos día a día para liberar a los ciudadanos y a las ciudadanas, a nuestro pueblo, a los seres humanos de esa entelequia llamada mercado. El mercado es una realidad económica insoslayable; pero, no es ni puede convertirse en el rector máximo de la vida de los seres humanos. El mercado es un buen siervo, pero un pésimo amo. Ninguna emboscada ni complot; ningún subterfugio electoralista, y menos la compra de votos y conciencias, ha podido desmantelar y truncar la gran esperanza de ciudadanos y ciudadanas que decidieron, con sacrificio y altivez, transformar las estructuras caducas del país. Cuando la mayoría del pueblo ecuatoriano nos eligió, apoyaron en las urnas un proyecto político claro, un proyecto de transformación, un proyecto encarnado en las más altas aspiraciones e intereses de la Nación.

Paradójicamente los principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contradicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de Caballos de Troya que llevaban en su vientre aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado el pueblo ecuatoriano. Lo dije el 29 de noviembre del 2007, en la inauguración de esta Asamblea: El mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil. Hemos madurado mucho políticamente en estos 8 meses. Hemos dejado de ser tan ingenuos y más allá del cariño hemos aprendido a conocer mejor a las personas. Felizmente la sensatez prevaleció, y la historia sabrá juzgarnos. Por lo demás, siempre se podrán encontrar buenos motivos para calmar conciencias y justificar deslealtades y traiciones. Y, tanto el 15 de abril, cuando el pueblo escogió mayoritariamente el SÍ; como, el inolvidable 30 de septiembre pasado, cuando los ecuatorianos apoyamos abrumadoramente la propuesta de Revolución Constitucional, quedó claro el camino y el objetivo que nos debía guiar hacia el futuro. El objetivo ha sido y será desarrollar en nuestro país una verdadera revolución constitucional, revolución encaminada a construir una auténtica democracia en el Ecuador. La democracia requiere, para ser verdadera, de algunos atributos básicos, entre los cuales el más importante es la sujeción del poder al derecho. Para que el Ecuador pueda superar definitivamente este remedo de democracia, o democracia usurpada por el omnímodo poder que gobernó, a espaldas de los intereses y anhelos populares, requerimos desarrollar normas e instituciones fuertes y respetadas, donde los ciudadanos nos veamos reflejados social y culturalmente. Esta Constitución, a diferencia de la del 98, ha sido trabajada bajo el amparo del espíritu libertario de Eloy Alfaro Delgado. Somos Bolivarianos, alfaristas, revolucionarios; herederos del más profundo espíritu libertario; por eso, estamos levantando como resultado del trabajo fecundo, del esfuerzo patriótico, esta nueva Constitución de la República del Ecuador, que nos declara como un Estado constitucional, social y democrático de derechos y justicia, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Nadie discute que pudo y que puede ser mejor, todo es perfectible; pero, nada es perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es inhumano. La calidad no tiene relación con la cantidad del tiempo de debate. No es que a mayor cantidad de discusiones el texto iba a ser mejor, no. La calidad tiene que ver con la claridad de objetivos, a favor de los intereses del bienestar común. Nadie desconoce que se han filtrado errores; pero, cada palabra, cada concepto, cada uno de sus artículos ha sido desarrollado, ha sido redactado como un canto plural, colectivo, democrático y participativo. Miles y miles de ciudadanos, en romería cívica, en manifestación fecunda, marcharon a Montecristi con sus proclamas, propuestas, oposiciones o respaldos; nunca se dio una movilización tan representativa, abierta y solidaria, en la historia del Ecuador.

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Cada una de las partes de esta nueva Constitución contiene miles de voces, de corazones, de sentimientos, de razones, de pensamientos, concebidos con el más profundo amor. Con ternura en el uso del lenguaje, con espíritu solidario, con cariño; los gazapos, retruécanos o faltas ortográficas o de redacción, no oscurecen la esencia, los conceptos básicos; si los hay, esos errores, esas carencias involuntarias, apenas constituyen un poco de polvo sobre el diamante. Aquí no están textos ocultos en donde anide la traición; aquí no hay celadas, ni trampas, ni escondrijos, como era costumbre inveterada del viejo país y sus representantes. No nos olvidemos que la Asamblea del 98, atendiendo a los intereses de la banca y el capital, escondía en su vientre la más criminal de las acciones en contra del pueblo con la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, que propició el gran atraco, al asalto legal de los recursos de centenares de miles de compatriotas que confiaron en la banca y en los banqueros corruptos, insensibles, sin alma. Por primera vez se reconoce en la práctica que somos un país inmenso, constituido también por los millones de ecuatorianos que tuvieron que irse al exterior, que viven, sufren y trabajan por dar de comer a sus familias; que tuvieron que irse, nosotros decimos que se fueron a volver, víctimas del robo, la estulticia, el atraco que se cometió en su contra con el feriado bancario. Por primera vez nuestros migrantes fueron considerados, participaron en todas y cada una de las fases del proceso, participaron directamente con sus representantes, luchando por sus reivindicaciones, por sus derechos ¡Acaso porque no están por ahora en territorio patrio, no son ecuatorianos! ¡Todos trabajamos activamente, nos pronunciamos en forma directa, democrática, participativa! ¡Todos formamos parte de esta Constitución! Claro que siempre podrá perfeccionarse, este ha sido el cumplimiento de un mandato popular que ha respetado todas las reglas, incluyendo el plazo perentorio, que se vence hoy. Nuestro saludo a todas y a todos los asambleístas que han participado decidida, tesoneramente, sin atender, a veces, a sus necesidades de descanso; laborando día y noche, madrugadas, fines de semana, en una labor que los engrandece. Una particular felicitación al Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Después de tanto tiempo perdido, después de tanto diletantismo, después de tanta supuesta democracia del bla bla, su labor fue inmensa, y logramos cumplir con el pueblo ecuatoriano. Un saludo inmenso para reconocer el coraje, la valentía que representa mantener el norte, la claridad en los objetivos, de los compañeros que no claudicaron, jamás, sacrificando protagonismos personales. 146

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Quienes vinieron a Montecristi con agenda propia, se equivocaron; quienes llegaron a boicotear, a taponar las discusiones, a poner zancadillas, también se equivocaron del medio a la mitad; no tuvieron, en la práctica representación alguna, no convencieron a nadie; de principio, nunca dijeron que estaban en contra de o a favor de; después quisieron tergiversarlo todo, pero ya no convencen a nadie. Basta recordar quienes votaron NO, a favor de la constitución ayer. Nosotros tenemos una férrea convicción religiosa, humanista, siempre estuvimos y estaremos a favor de la vida, somos los principales defensores de la vida.

La oposición nunca ha sido ciega, ellos estaban clarísimos; nunca vinieron a trabajar en la redacción de soluciones, de propuestas; siempre tuvieron claras sus metas y objetivos: torpedear el trabajo, boicotear cada uno de los avances. Cuando encontraron conveniencia, levantaron banderas y gritos, para alcanzar protagonismo, notoriedad; utilizaron cobardemente el nombre de Dios, de la vida, pero ya el pueblo les conoce. Siempre han estado en contra de los sentidos intereses de las mayorías, ya la historia los juzgará, desde ya el pueblo les reconoce su lugar en el olvido. Esta es una propuesta trabajada a maravilla, casi hecha a mano en todos sus detalles; es filigrana, redactada con infinito amor; que ahora está en las manos del soberano, del mandante, del pueblo, para que decida, en el próximo referéndum de septiembre. No nos olvidemos que la Constitución del 98, nunca fue puesta a consideración del pueblo, nunca se llamó a consulta para que el pueblo se pronuncie. Cuando de democracia hablamos, estamos diciendo que respetamos como los que más la decisión popular; esta decisión será tomada por millones de ecuatorianos, en el próximo septiembre. ¡Democracia real! Debemos construir una muralla de dignidad, o, como se decía antes, una justicia humana que sea como un crisol, por límpida y verdadera. El pueblo dará su palabra, y, en homenaje y tributo a su altísima conciencia, y en consecuencia con la voluntad mayoritaria, respetaremos la decisión de ese pueblo sabio y profundo, que lo que anhela, y lo ratifica en cada convocatoria, es una Patria altiva, justa y soberana. Una Patria donde vivir sea posible, en donde sea posible la conquista de la felicidad, del bienestar común. ¡Todos hemos hecho la Constitución! ¡Somos positivos! ¡Todos somos responsables del futuro de la Patria! En esta nueva Constitución están presentes también los espíritus libres y rebeldes de quienes han construido con su ejemplo y su sacrificio, a través de la historia, nuestra identidad. Rumiñahui, Daquilema, Manuela León, Manuelita Sáenz, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Tránsito Amaguaña; también está, Rosita Campuzano, Lorenza Avemañay, Eloy Alfaro, Nela Martínez, Benjamín Carrión, miles y miles de ejemplos de dignidad y de coraje. Esta es una obra colectiva, es nuestra mejor producción, nuestro aporte para las nuevas y fecundas generaciones. Somos un pueblo de paz, buscamos la felicidad, el bienestar común, honramos la vida. Por esta Patria tierra sagrada Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras UN SUEÑO COLECTIVO

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El proceso constituyente en manos de la ciudadanía

Durante la larga sesión del 24 de julio los asambleístas dieron, finalmente, su aprobación al Proyecto de Constitución Política del Ecuador. La Asamblea Constituyente entraría, tras ocho meses de intenso trabajo, en un período de receso y volvería a reunirse para dar continuidad al régimen de transición solo si triunfaba el Sí en el referéndum aprobatorio. El 25 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente, en manos del presidente Fernando Cordero Cueva, entregó al país el Proyecto de Constitución para que fuera aprobado o rechazado por la voluntad popular en el referéndum del 28 septiembre de ese mismo año.

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En un significativo acto público, llevado a cabo en el renovado Teatro México de Quito el 20 de agosto del 2008, el presidente de la Asamblea Fernando Cordero Cueva hizo entrega al Administrador Temporal del Congreso Nacional, Rodrigo Cáceres Sánchez, de más de cien tomos que incluían las 17 mil páginas de transcripciones de todas las sesiones de la Asamblea. En aquella ocasión el Secretario General de la Asamblea, Francisco Vergara, destacó que el documento que se entregaba en manos de la ciudadanía recoge “97 actas que evidencian el trabajo cumplido desde el 29 de noviembre de 2007 al 25 de julio de 2008, así como las respectivas grabaciones de video y audio, para no dejar pasar ni un solo detalle de las sesiones. También constan las listas de asistencia de los asambleístas, a fin de comprobar la existencia del quorum reglamentario”. Ese documento, memoria viva del proceso constituyente, pasaba en aquel acto de transparencia, a formar parte del acervo documental del Ecuador, cuya dimensión histórica correponderá calibrar a las generaciones venideras.

Más de cien tomos, que incluyen 17 mil páginas con la transcripción de todas las sesiones de la Asamblea Constituyente fueron entregados al pueblo ecuatoriano, en un acto público.

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Nosotras y nosotros,

Decidimos construir

Reconociendo nuestras raíces

milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos,

Una nueva forma de convivencia ciuddana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia,

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades;

reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,

el pueblo soberano del Ecuador

Celebrando a la naturaleza, la Invocando el nombre de Dios y

Apelando a la sabiduría de todas

las culturas que nos enriquecen como sociedad,

Como herederos de las lu-

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chas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente:

Constitución de la República del Ecuador

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NCÓMO RECUPERAMOS EL ESTADO?

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Un referéndum con dimensión histórica Había terminado un intenso y fructífero período en la reciente historia republicana del Ecuador. Por delante, estaba en juego la consolidación del proyecto constituyente mediante la aceptación del texto de la nueva Constitución a través de un acto que lo refrendase (término cuya etimología tiene la misma genética que réferi y referéndum) con el voto mayoritario de los ecuatorianos y ecuatorianas. El Tribunal Supremo Electoral hizo la convocatoria el 13 de agosto, de manera que desde ese momento y durante 45 días tendría lugar la campaña a favor del Sí y del No, las opciones que podría escoger el electorado (salvo anular o dejar su voto en blanco, se entiende). Se fijó como fecha para el referéndum el 28 de septiembre. La única pregunta que se sometería a la consideración de los votantes fue: ¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?

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Con ello se iniciaba una etapa de prueba en la que las posiciones a favor y en contra del texto constitucional se extremaron. En algunos casos, donde no había oposición al texto, se interpretó el referéndum como una oportunidad para enviar un mensaje de rechazo al gobierno. Las acciones de los opositores al texto constitucional que habría de aprobarse se extremaron desde bastante antes de la convocatoria a referéndum. Una de las primeras entidades corporativas en advertir inconveniencias en el texto fue la cúpula de la iglesia católica. Desde el mes de julio, Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana había insistido en el derecho de su institución “a pedir a toda conciencia cristiana que tome nota de las incompatibilidades no negociables de esta Constitución”. Con ello hacía referencia a los Artículos que, a juicio de la jerarquía eclesiástica dejaban abierta la

puerta al aborto, al matrimonio entre homosexuales y a la orientación estatal en la educación. Hubo críticas del gobierno, réplicas de la Iglesia, llamados a votar No desde los púlpitos y hasta incidentes con feligreses que rechazaban la posición política de los sacerdotes y prelados. Trascendió públicamente, también, la intervención de asesores españoles de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), Roberto Viciano y Albert Noguera, que fueron contratados por la Procuraduría General del Estado para hacer propuestas en la formulación de textos constitucionales, hecho que fue confirmado por el Presidente de la República. Hacia fines de agosto el asambleísta León Roldós denunció la supuesta alteración del texto constitucional calificándola como fraudulenta. Durante el mismo acto, para aprovechar la cobertura mediática, los exangües miembros de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) comenzaban su campaña por el No. Esa organización, así como el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el Partido Socialcristiano (PSC) lideraban el movimiento opositor a la aprobación de la Carta Magna, con el argumento fundamental que el proyecto constitucional concentraba excesivas atribuciones y poder en el Ejecutivo. Desplegaron caravanas motorizadas, repartieron afiches y adhesivos con el mensaje del No y fueron recibidos en sendos espacios mediáticos para defender su postura. El oficialismo, por su parte, había iniciado a mediados de agosto la campaña mediática por el Sí, a través de una estrategia de confrontación argumentada, que enarbolaba la frase “Yo voto Sí, porque el No ya lo viví”, haciendo referencia al pasado oprobioso de torturas, desapariciones y represión social que caracterizó al gobierno del socialcristiano León Febres Cordero, cuyo coideario Jaime

Concluida la Constitución había que someterla a la aprobación del país entero. Arreciaron los argumentos opuestos a dicha aprobación, pero el pueblo, al final, dijo Sí.

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28 DE SEPTIEMBRE. 2008 RESULTADOS ELECTORALES DEL REFERÉNDUM APROBATORIO

El 16 de octubre fueron proclamados los resultados. El Sí había ganado ampliamente. De esa forma, el camino hacia las transformaciones se abría generosamente.

Nebot, Alcalde de Guayaquil, había sido uno de los principales opositores al proyecto constituyente, y hacía de esa ciudad su bastión. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se sumó también a la campaña hacia mediados de agosto, apareciendo en anuncios publicitarios a favor de la aprobación del texto constitucional. Otras estrategias de los adeptos al Sí incluyeron la realización de talleres, foros y encuentros ciudadanos en los que se ponían de relieve los temas clave de la nueva Constitución. Por otra parte, en el esfuerzo de socializar los contenidos de la Carta Magna se imprimieron un millón de ejemplares de bolsillo, para ser distribuidos en los más diversos rincones del país. En esa línea, el gobierno acentuó su campaña, con cadenas diarias de radio y televisión. Se emitió el programa “Conociendo la Constitución”, para reforzar el conocimiento público sobre las novedades y ventajas del texto constitucional. La polarización política en favor de una u otra postura llevó a la satanización, por parte de algunos medios de comunicación y los opositores al gobierno, de estos programas, aún sin conocerlos. Lo cierto es que, en estricto sentido, el Estado tenía derecho a esos espacios para promocionar el proyecto constitucional, con contenidos ilustrativos de los beneficios que aportaba el nuevo texto constitucional al futuro del país. En las encuestas de finales de agosto las intenciones de voto comenzaron a decantarse. El Sí pasó del 50% al 53%, el No bajó de 27% a 23%. A un mes del referéndum, el 62% de las personas manifestaba haber ya decidido cómo votar.

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Por un lado la Conaie, la mayor organización indígena del país, había dado su respaldo al Sí, aunque puntualizando que no todas las aspiraciones del movimiento indígena se expresaban en el texto sometido a consulta. Además, en lo que definían como un “Sí critico”, se hicieron eco de las denuncias de presuntos cambios de última hora en los textos, atribuyéndolos a la Comisión de Redacción. El 26 de septiembre, en la noche, se cerró la campaña. Los actos centrales de cierre se concentra-

ron en Guayaquil. El Presidente de la República, Rafael Correa, lideró en el estadio Alberto Spencer el acto de cierre por el Sí. El alcalde Jaime Nebot, por su parte, encabezó una caravana motorizada formada por cientos de vehículos, en medio de la euforia de los adeptos del No.

¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?

La Constitución debía aprobarse con la mitad más uno de los sufragios. Según las encuestadoras, hacia el 20 de septiembre, a una semana del referéndum, la preferencia por el Sí variaba entre el 45,9% y el 57%, en tanto que el No se había estancado en el 23% de la intención de los electores. El día de las votaciones una encuesta (CEDATOS) “a boca de urna” le otorgó al Sí un 70% y al No un 25%. Otra, del canal Teleamazonas, reportaba 66% por el Sí y 25% por el No. El 28 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, comenzaron a conocerse los resultados, que fueron proclamados oficialmente el 16 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral: el Sí había triunfado, ampliamente, con el 63,93% de los votos. El No había alcanzado el 28,1%. Hubo un 7,23% de votos nulos y un escasísimo 0,75% de votos en blanco. El número de votantes sumado de todas las provincias electorales (incluidas las de América Latina, Estados Unidos-Canadá y Europa) fue de 7.395.360. En el cantón Guayaquil, baluarte de la oposición a la aprobación de la Constitución, el No había triunfado con un escaso margen (1,29%) sobre el Sí, lo que sumado al resultado electoral en la provincia del Guayas (Sí: 51,02%- No: 41,21%) fue interpretado como una virtual derrota política de las tesis opositoras, sobre todo de las socialcristianas, en su propio terreno. En la provincia de Napo, de donde es originario el ex presidente Lucio Gutiérrez y donde cosecha un importante respaldo, el resultado fue abrumador por el No (No: 55,43%-Sí:38,79%). En todas las demás provincias triunfó el Sí. El mensaje de confianza en el proceso había sido claro. La vía del cambio se había abierto del todo. La construcción del nuevo Estado comenzaba con pie firme. Atrás habían quedado décadas de clientelismo, dispendio de recursos y frustración nacional. La democracia representativa le estaba dando, finalmente, paso a la democracia participativa.

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Un contexto de crisis

El inicio de las actividades de la Comisión Legislativa y de Fiscalización coincidió con un hecho que afectó de forma muy importante las perspectivas de desarrollo no solo del país y de la región, sino el funcionamiento de la economía en el mundo entero. Una nueva y profunda crisis del sistema financiero mundial amenazaba, como un tsunami, con barrer las endebles economías de los países pobres como el Ecuador. De ahí que el ultimo trimestre del 2008 y el primer semestre del 2009 hayan estado signados por augurios fatalistas vinculados con aquella crisis global del sistema financiero mundial, cuyo antecedente más dramático fue la caída del mercado hipotecario norteamericano, ocurrida en julio del 2007. El efecto devastador de esta quiebra pronto se sintió en los mercados de valores y el quiebre de las bolsas en todo el mundo se produjo en un gigantesco efecto de dominó.

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En el Ecuador, los efectos se expresaron de varias maneras: caída del envío de remesas, abrupta baja en los precios del petróleo, principal rubro de exportación; paralización del aparato productivo y disminución de inversiones; reducción drástica de las exportaciones no tradicionales, sobre todo al mercado norteamericano; y perdida de empleos fueron algunos de las formas con las que la crisis comenzó a golpear al país. Por supuesto, los agoreros del desastre pronosticaron incluso el desplome del sistema de dolarización. El gobierno, no obstante, mantuvo una actitud optimista, en tanto que preparaba diversos escenarios de respuesta. Sin embargo, más allá de los escandalosos pronósticos de los grupos de interés lo cierto es que la economía real se vió enormemente afectada, en medio de un difícil contexto internacional y nacional.

El país estuvo, evidentemente, golpeado por la baja en sus ingresos. La disminución de la capacidad de los migrantes de enviar remesas al Ecuador fue uno de los efectos de la crisis, como en la propia España, donde medio millón de compatriotas hacen hoy su vida. El índice de desempleo en ese país europeo, era del 12,8% a fines de 2008 y en pocos meses alcanzaría la escandalosa cota de 18%. Hacia el tercer trimestre del 2008, el país recibió por remesas un total de 706,6 millones de dólares, lo que significó un 13,3% menos que lo que recibió en ese mismo periodo el año anterior. La baja del precio del crudo ecuatoriano significó que los ingresos por la exportación de ese rubro, entre enero y junio del 2009, fuera de más de 3.800 millones de dólares, comparado con el mismo período del año anterior. Así, 6.188 millones los ingresos petroleros cayeron de a 2.388 millones de dólares. Y, claro, la disminución de actividades productivas dio como resultado un preocupante aumento del desempleo. Para junio del 2009 el número de desempleados era de 377.000 personas (el 8,3%). Esto significaba que, en un año, casi 90 mil personas habían perdido su empleo. La cifra de subempleados a junio de 2009 alcanzó los 2.364.000 personas, 202.000 subempleados más que en junio del año anterior. El gobierno del presidente Correa optó por buscar soluciones poco conservadoras, desmarcándose de la tendencia de recurrir al financiamiento de organismos multilaterales de crédito, evitando que los excedentes petroleros volvieran a manos de los tenedores de deuda externa y consolidando las políticas de gasto social y estímulo a sectores productivos, sobre todo de pequeña y mediana empresa. Hacia diciembre, ante la creciente ola de

El devastador efecto de la profunda crisis financiera mundial que estalló a mediados del 2007 fue enfrentada con decisiones creativas y eficaces por parte del Ecuador.

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La decisión ecuatoriana de auditar los procesos de endeudamiento público y los resultados de ese proceso recibieron un entusiasta respaldo por parte de nuestros países hermanos.

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opiniones que especulaban con la posibilidad de una inminente pormulgación de medidas en paquete, el presidente Correa salió al paso aclarando que el sistema financiero gozaba de buena salud y que nada era más lejano a la realidad que aquellas especulaciones. “Cuando ustedes escuchan a un seudoanalista económico o a un editorialista decir que las medidas que hay que tomar son inmediatas, lo que nos están diciendo es que mandemos un “paquetazo”. Pues no va a haber paquetazo.”, había declarado el presidente el 18 de diciembre. Y, en efecto, nunca hubo tales medidas. En realidad, el país pudo, en medio de las circunstancias, salir adelante gracias a la voluntad concertada del sector público y de sectores productivos concientes del aporte que debían hacer en momentos tan duros. Hacía poco, el 20 de noviembre, el país había recibido, en manos del presidente de la república el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público Ecuatoriano en que quedaba patentizado el escandaloso atraco sufrido por el país en tres décadas de irresponsable endeudamiento gubernamental. A principios de diciembre se reunió el Parlamento Latinoamericano en Panamá, al que el Ecuador se incorporaba nuevamente. El presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, Fernando Cordero Cueva y los asambleístas Pilar Nuñez, Diego Borja y Ximena Bohorquez, lograron el respaldo unánime a una propuesta suya a fin de que dicho organismo mediante resolución diese un espaldarazo frontal al proceso de auditoría de la deuda, ya mencionado. Los 19 países asistentes a aquella reunión apoyaron unánimemente la posición ecuatoriana lo que significó un respaldo de enorme importancia histórica para los objetivos del país de rechazar las deudas ilegítimas que había contraido el Estado. Entre los considerandos decía el pronunciamiento que: “(…) los principios generales del Derecho, que son fuente del Derecho Internacional, son contrarios a las cláusulas abusivas que en muchas oportunidades han formado parte de los contratos de endeudamiento. Que la deuda externa continúa siendo un factor constante de condicionamiento para los países en desarrollo, obligándolos a transferir importantes sumas de dinero por concepto de intereses y al pago de obligaciones contraídas, en algunos casos violentando el orden jurídico de los Estados. Que en el resumen de esa auditoría, entregado a este Parlamento, se han revelado actos ilegales, ilegítimos e inclusive indicios de posibles delitos de acción pública.” Basado en estos y otros hechos declaró, entre otros puntos: “Recomendar a los países endeudados que realicen auditorías integrales de sus

obligaciones externas a los efectos de transparentar esos procesos e identificar todos aquellos actos que hayan vulnerado sus economías, quebrantando el orden jurídico que debe regir en un Estado de Derecho”, así como “Apoyar y solidarizarse con la decisión del Ecuador por haber solicitado a la Asamblea de las Naciones Unidas, que pida a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una opinión consultiva sobre el marco jurídico que debe regir las obligaciones externas, ya que este Parlamento en reuniones anteriores consideró la necesidad impostergable de contar con esa fundamentada opinión”. Otra significativa oportunidad para promover, desde el poder legislativo, reacciones importantes respecto de las estrategias comunes de los países de la región para enfrentar la crisis, se presentó un par de meses después. Entre el 17 y el 20 de febrero del 2009 se reunió en Cuenca el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina (FOPREL), del que el Ecuador fue anfitrión. Precisamente, el objetivo fundamental de la cita era debatir, por parte de los representantes de las legislaturas, propuestas viables frente a los embates de la crisis financiera internacional. La voluntad responsable de los representantes de los congresos y asambleas legislativas de latinoamérica con el futuro de cada uno de sus países y con el de la región se expresó, luego de tres días de fructíferas conversaciones en las que primó el espíritu de hermandad entre los pueblos de la región, en la firma de un documento que daba fe de la conciencia para enfrentar de forma mancomunada los retos del desarrollo. La Declaración de Cuenca se convertía, así, en una hoja de ruta para orientar el compromiso de cada uno de los países, a través del trabajo de sus entes legislativos, en aras de consolidar los procesos de integración y convertir a la crisis en una oportunidad para atender oportunamente los requerimientos de cada uno de nuestros pueblos. Suscribieron la declaración los presidentes de los congresos y asambleas de Ecuador, Fernando Cordero Cueva; de Argentina, Julio César Cleto Cobos; de Bolivia, Óscar Miguel Ortiz; de Colombia, Hernán Andrade Serrano; de Cuba, Ricardo Alarcón Quesada; de México, César Duarte Jáquez; así como las presidentas del Parlamento Andino, Ivonne Baki; de la Confederación Parlamentaria de las Américas, Selva Judith Fortsmann; y el presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa. Entre las principales resoluciones que constan en el documento, de 13 acápites, tenemos la volun-

tad de traducir la vocación latinoamericana en una mayor integración regional, resaltando nuestras tradiciones, costumbres e idioma comunes, plasmándolos en nuestros planes educativos, que nos permitan crear un nuevo orden mundial más justo y equitativo; propiciar que los planes nacionales anti crisis incentiven el mercado interno, el intercambio subregional latinoamericano y su interconectividad, y así preservar y promover el empleo, apoyando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además de quienes suscribieron la Declaración, participaron activamente en el proceso de debate César Rodríguez, Primer Vicepresidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, Aminta Buenaño, Segunda Vicepresidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador; Eduardo Espinoza, miembro del Congreso de Perú y Presidente de su Comisión de Fiscalización y Contraloría; Juan Masferrer, Delegado de la Cámara de Diputados de Chile; Carlos Rojas Gutiérrez, Diputado de la Cámara de México; Juan Mariátegui, Parlamentario Andino por Perú; Patricio Zambrano, Wilson Sánchez y Freddy Giler, Parlamentarios Andinos por Ecuador; Jaime Abril, Presidente de la Comisión Especializada de Salud y Ambiente de la Asamblea Nacional del Ecuador; Beatriz Tola, Presidenta de la Comisión Especializada de Participación Social de la Asamblea Nacional del Ecuador; Pedro de la Cruz, Asambleísta de la República del Ecuador; y Francisco Vergara, Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador. Culminaba el 2008 en medio de una coyuntura política en la que tres hechos, uno de carácter externo y los otros de importancia interna, parecían transformarse en alegorías de los nuevos tiempos. El triunfo de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos , de características inéditas y de enorme valor histórico, abrió, al menos en un inicio, un panorama de esperanza respecto de las relaciones con latinoamérica. En el ámbito nacional, en diciembre falleció el expresidente León Febres Cordero, cuya influencia en la política ecuatoriana fue gravitante durante al menos dos décadas. Con su desaparición quedaba patentizado, al menos de forma simbólica, el desmoronamiento de la maltrecha oposición de derecha cuyos representantes no habían podido articular una voz común, desorientados por el hecho de que la base popular del gobierno parecía mantenerse incólume no importa cuáles fueran los males nacionales. Como ejemplo, hacia marzo y abril, cuando el país había vivido una dramática situa-

ción por la dureza del invierno y 19 de las 24 provincias tuvieron que ser declaradas en emergencia, anegadas como estaban por la inclemencia de los temporales, la reacción del gobierno fue rápida y oportuna. Es comprensible que, en lo político, la popularidad del gobierno haya alcanzado importantes niveles producto de una coherente filosofía de inversión social, que para el año 2008 había alcanzado el 36% del presupuesto estatal. El último de estos hechos tan cargados de simbolismo lo constituyó la salida del personal norteamericano y la entrega al Ecuador de la base de Manta, que debía producirse en el 2009 y que las autoridades estadounidenses habías decidido adelantar para septiembre. Este hecho, de fundamental importancia en el contexto geopolítico regional, tendría como consecuencia un aceleramiento en las gestiones norteamericanas ante el gobierno de Colombia para encontrar en ese territorio la posibilidad de instalar sus operaciones militares, en procura de no perder las ventajas estratégicas de su presencia militar en la región, fundamentales para profundizar los alcances y objetivos del Plan Colombia. Ya se pudo calcular el efecto que aquello tuvo tiempo después, en agosto del 2009, cuando en el contexto de las reuniones de UNASUR los países miembros tuvieron que tratar de forma urgente las implicaciones de la inminente instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano. Para el Ecuador, aquello se sumaba a la ya compleja y conflictiva relación con su vecino del norte, producto de la invasión de efectivos del ejército colombiano a territorio ecuatoriano en marzo del 2008, puesto que se hacía evidente el riesgo, que ya advertía un editorial del diario El Espectador de Bogotá, hacia mediados de abril del 2008, al decir: “El Gobierno estaría permitiendo que Estados Unidos proyecte, desde Colombia y hacia terceros, su capacidad militar, de inteligencia, de vigilancia y de operaciones. Es claro que la lucha contra el narcotráfico requiere de colaboración, pero debe haber total claridad sobre los alcances de dicha colaboración. Urge entonces transparencia en las negociaciones; la “letra menuda” debe hacerse pública. Una base estadounidense en suelo colombiano, el traslado de equipos belicosos para amedrentar y ejercer presión, no es asunto de poca monta”. En medio de tales avatares el país seguía buscando su derrotero en democracia. Habría elecciones generales en abril y hasta agosto, en que las nuevas dignidades electas debían asumir sus funciones, había mucho que hacer en el poder legislativo ecuatoriano, representado por la Comisión Legislativa y de Fiscalización, que comenzó a trabajar buscando cumplir con los mandatos que le imponía la nueva carta constitucional.

El Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina (FOPREL) reunido en Cuenca aportó, a instancias del Ecuador, con iniciativas viables para contrarrestar los embates de la crisis financiera mundial.

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La nueva legislatura

La Comisión Legislativa y de Fiscalización fue producto directo del mandato constitucional contenido en el Régimen de Transición. Su creación debía producirse, según lo estipulado, a los cinco días de haber sido proclamados los resultados del referéndum aprobatorio por parte del TSE. La Asamblea Constituyente, en receso, volvería a reunirse para nombrar a la Comisión, que asumiría la Función Legislativa hasta la posesión de los nuevos asambleístas, elegidos en los comicios que también quedaron como disposición constitucional de transición. La sesión 97 de la Asamblea Constituyente fue, pues, la última que tuvo ese organismo como tal. Una vez designados los integrantes del Consejo Nacional Electoral -que debería llamar a elecciones generales en un plazo de 30 días- y del Tribunal Contensioso Electoral, y luego de haberse conformado la Comisión Legislativa y de Fiscalización, la Asamblea Constituyente fue clausurada.

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La Comisión Legislativa y de Fiscalización fue integrada según la normativa, procurando mantener la proporción de las agrupaciones políticas de la Constituyente. Dos fueron los criterios que iluminaron las sesiones en que se decidió la composición final de la Comisión Legislativa y de Fiscalización: la ya mencionada proporcionalidad de la representación política y la preocupación de que ninguna fuerza política quedase sin representación. La fórmula matemática que habría de utilizarse permitió que en las circunscripciones territoriales en las que se habían elegido 5 asambleístas quedaran 3 dentro de la Comisión Legislativa y de Fiscalización; y en aquellas en las que se eligieron 3, quedarían 2.

Fueron 76 los miembros de la Comisión Legislativa y de Fiscalización: de Movimiento País (MP), 47; de Partido Sociedad Patriótica (PSP), 10; del PRIAN, 3; del Partido Social Cristiano (PSC), 3; de Pachakutik, 3; de la Red Equidad y Democracia, 2; del Movimiento Popular Democrático (MPD), 2; y un miembro por cada una de los seis agrupaciones restantes (MHN, MPC-ID, ID, PRE, Movimiento UNO, Futuro Ya). Fernando Cordero Cueva quien se había desempeñado como primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente hasta que pasó a presidirla luego de la renuncia de Alberto Acosta fue elegido Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización en la sesión del 28 de octubre. Cordero, de Movimiento País, obtuvo 64 votos de los 72 asambleístas presentes en la sesión (hubo 7 abstenciones y 1 voto en blanco). César Rodríguez, también de Movimiento País, fue elegido Primer Vicepresidente, con 58 votos (Abstenciones: 1; blancos: 2) y Aminta Buenaño, Segunda Vicepresidente con 51 votos a favor (Abstenciones: 12; blancos: 7) Esta figura de ente legislativo transicional, entre la constituyente y la que sería la definitiva Asamblea designada por voto popular comenzó a ser llamada “congresillo”, tanto en los círculos políticos como de prensa. El término les resultaba antipático y peyorativo a algunos asambleístas, en tanto que otros lo consideraban inocuo y hasta “cariñoso”, lo cierto es que nada pudo evitar que terminara siendo utilizado generosamente “por tirios y troyanos”.

En la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización se procuró, en todo momento, respetar los principios de equidad y representación.

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El Consejo de Administración Legislativa, CAL, máximo órgano de administración de la función legislativa quedó conformado de la siguiente forma: Presidente, Fernando Cordero; Primer Vicepresidente: César Rodríguez; Segunda Vicepresidenta: Aminta Buenaño; Primer vocal: Pedro de la Cruz; Segunda vocal: Abel Ávila; Tercer vocal: Pamela Falconí; Como Secretario General actuaría el secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, ratificado, Francisco Vergara y como Pro-secretario: Andrés Segovia. Finalmente, el Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización designó, con fecha 4 de noviembre del 2008, los miembros integrantes de las comisiones especializadas (Civil y Penal; Laboral y Seguridad Social; Tributario, Fiscal y Financiero; Desarrollo Económico y Producción; Organización Territorial y Gobiernos Autónomos; Reforma del Estado y Gestión Pública; Relaciones Internacionales y Seguridad Pública; Participación Social; Salud y Ambiente; Contratación Pública y Transparencia.) La Comisión de Fiscalización y Control Político habría de integrarse según el reglamento que emitiría el CAL, tal como lo ordenaba el Mandato Constituyente 23.

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Una primera experiencia de “quinto poder” El 7 de noviembre del 2008, la Comisión Legislativa y de Fiscalización convocó a concurso público de oposición y méritos para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de carácter transitorio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 29 del Régimen de Transición tal como había sido aprobado el 23 de julio del 2008. En principio, el proceso de selección sería conducido por el Consejo Nacional Electoral, como lo dicta el Artículo 207 de la Constitución de la República. Pero se presentaron diferencias de criterio respecto de la interpretación de ese mandato. Esto condujo a que el Consejo Nacional Electoral rechazara la propuesta de hacerlo, aduciendo falta de medios y recursos. La Corte Constitucional, finalmente, dirimió el asunto estableciendo que sería la Comisión de Participación y Control Social de la Función Legislativa la encargada de esta tarea.

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El Consejo debía estar integrado por siete consejeros o consejeras principales y siete suplentes quienes se encargarían, en el transcurso de 120 días desde su conformación, de la elaboración del proyecto de Ley Orgánica que debía regular su funcionamiento y organización. Mientras estuviera en debate dicha Ley, sería el mismo Consejo de Participación Ciudadana el que debía reglamentar la conformación de las comisiones ciudadanas que tendrían como responsabilidad seleccionar las autoridades de control del Estado. La finalidad de estas comisiones, que serían elegidas por concurso de merecimientos, sería desarrollar y liderar el proceso de selección para la designación, por parte del Quinto Poder, de las autoridades como el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, el presidente del Consejo Electoral y el del Consejo de la Judicatura, entre otras. Además, debebía establecer mecanismos de rendición de cuentas para las instituciones y organismos del Estado. Finalmente, se realizó el concurso con el liderazgo de la Comisión Especializada de Participación Ciudadana y Control Social de la Legislatura. Después de un exámen de conocimientos que realizaron los 275 aspirantes el 2 de enero del 2009, se entregó el informe a la Comisión Legislativa. Allí constaba una lista de las 14 personas que habían obtenido las mejores calificaciones. El instrumento de evaluación fue acremente criticado por el escaso nivel de compleji-

dad de las preguntas del cuestionario. La posesión de las Consejeras y Consejeros debía hacerse el 11 de enero, sin embargo, dados los intensos reclamos, se decidió aplazar la designación de los integrantes para recalificar las carpetas. Se anunciaron entonces los nombres de los 24 mejor puntuados, de entre quienes fueron escogidos 14 integrantes para el organismo y se inició un nuevo período de impugnación de candidaturas. Reclamando que el proceso de calificación había estado viciado, dos de los aspirantes incluidos en la lista de los 24 finalistas decidieron retirar sus carpetas. Sin embargo el proceso continuó y la Comisión Le-

gislativa y de Fiscalización posesionó, el 26 de enero, con 47 votos de asambleístas, a Julián Guamán Gualli, Mónica Banegas Cedillo, Carlos Vera Quintana, Betsy Salazar Gonzalez, Pablo Cornejo Zambrano, Roxana Silva Chicaiza y Oswaldo Ruiz Falconí, como consejeros principales y a Catalina Mosquera Aguirre, Gil Eloy Alfaro, Mariela Yambay Aucancela, Edgar Ortega Paucarina, Jaqueline del Rosario Pachacama Chacha, César Cárdenas Ramírez, Viviana Mosquera Castro como suplentes. Al iniciar su trabajo, el Consejo eligió a Julián Guamán como su presidente, quien además de haber sido el aspirante con mayor calificación, demostró

entre sus compañeros su capacidad de liderazgo. Carlos Vera Quintana fue designado como secretario. Luego de varios talleres de trabajo comunitarios en Quito, Manta, Ambato, Latacunga y otras ciudades se desarrolló el proyecto de Ley cuyo primer borrador fue presentado el 11 de mayo del 2009. Los textos de dicho proyecto fueron entregados a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el 21 de mayo del 2009. Finalmente, luego de la aceptación de 14 observaciones a la Ley por parte del Presidente de la República, el Pleno la aprobó con 68 votos y fue publicada en el Registro Oficial el 13 de agosto del 2009.

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La producción legislativa Mirada en perspectiva, la cantidad y calidad de las leyes que surgieron del trabajo de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, durante sus 265 días de funcionamiento es el más importante esfuerzo normativo emprendido en el Ecuador, al menos, en el período de retorno a la democracia, desde 1990. La resuelta voluntad transformadora que había emprendido el país y que tanta fuerza comenzara a cobrar con la instalación de la Asamblea en Montecristi, tuvo una continuidad evidente en el trabajo de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Se dirá que no podía ser de otra forma, con la Función Legislativa conformada por una mayoría gobiernista. Y es verdad. Esta aparente perogrullada, sin embargo, no deja de revestir un significado especial: la mayoría legislativa resultaba ser el complemento indispensable para seguir el rumbo estratégico que había prometido el Ejecutivo al país, y que el electorado había resuelto apoyar con su voto. La confianza de esos millones de ecuatorianos y ecuatorianas en las propuestas del Presidente de la República se había visto confirmada, ya una vez, por el resultado de la convocatoria a Constituyente. Nuevamente, con la aprobación del Proyecto de Constitución en referéndum (y luego habrían de venir más muestras de ese apoyo).

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Entonces, ante la coherente expresión política de la voluntad popular expresada en las urnas, que la Comisión Legislativa y de Fiscalización diera a su vez muestras de correspondencia, aprobando leyes que surgían tanto del mandato constituyente como de la responsabilidad política del Ejecutivo y de la propia legislatura con el proyecto de cambiar el país, era lo menos que podía esperar la ciudadanía. “Nosotros somos ahora el poder constituido” había expresado el presidente Fernando Cordero, al asumir la conducción de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, “y, por tanto, en esa nueva democracia que todos queremos seguir soñando no tiene por qué encontrarse caminos que no sean los directos, caminos que no sean los del acuerdo visible, los de la transparencia en todas sus manifestaciones”.

Una nueva cultura política, en que las funciones del Estado actuaran coordinadamente sobre objetivos trazados en democracia, resultaba una entelequia para quienes se habían habituado a hacer del Congreso espacio de confrontación, territorio para la “pugna de poderes”, domicilio de las “tronchas” y plataforma mediática, a través de un modus operandi en el que podían transcurrir meses enteros sin que se debatiese una sola ley, en medio de la desazón y frustración ciudadana.

11 Investigación de Informe

Confidencial. Revista Vanguardia, edición del 2 de diciembre del 2008.

Transcurrido el primer mes de gestión de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, presidida por Fernando Cordero Cueva, los niveles de aceptación pública de su gestión eran ciertamente elevados. Este prestigio era enorme sobre todo entre los segmentos juveniles de la población: de los jóvenes de 16 y 17 años de Quito el 69% calificaban de “bien” y “muy bien” la labor del órgano legislativo. En Guayaquil el índice era del 58%. Además, el 59% de los quiteños tenía la apreciación de que la Comisión Legislativa y de Fiscalización era independiente del Ejecutivo, en tanto que el 41% de los guayaquileños compartía tal criterio. 11 El número de leyes que la Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó durante su gestión fue muy significativo: 32. Pero más importante es observar la calidad de dichas leyes. Los efectos positivos tangibles que la ciudadanía percibió a partir de su aplicación ya forman parte de una realidad cotidiana distinta y mejor: el freno a los abusos de las entidades financieras o de las empresas de telefonía móvil, el acceso a servicios, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, la participación ciudadana en el control de los recursos públicos, la seguridad vial, la incorporación de ciudadanos antes excluidos, la independencia para decidir cómo y qué alimentos producimos y consumimos, en fin. La genuinidad de los procedimientos de la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la validez del impacto social de las leyes que aprobó serán temas para el juicio de la historia pero, sin duda, la profunda y positiva capacidad transformadora de esas leyes ha sido el mejor legado que la Comisión Legislativa y de Fiscalización dejó tras su paso.

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Leyes paradigmáticas

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El mandato constitucional establecía claramente la obligación de expedir, en el plazo máximo de 120 días contados desde la puesta en vigencia de la Constitución, cinco leyes: la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley Electoral, la Ley Reguladora de la Función Judicial, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Ley que Regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó 32 leyes en casi diez meses de labor. Algunas -doce en total- escogidas por su alto impacto social, como ejemplo de una labor legislativa orientada a consagrar los preceptos constitucionales de equidad, inclusión, justicia y participación se reseñan brevemente:

A invertir en el país

¡Nunca más un feriado bancario!

Ley Reformatoria de las leyes de Régimen Tributario Interno y a la Ley de Equidad Tributaria del Ecuador.

Ley de la Creación de la Red de Seguridad Financiera

COMISIÓN DE TRIBUTARIO, FISCAL Y FINANCIERA. Presidente: Jaime Ruiz (Movimiento País) Miembros: Denise Coka (Movimiento País), Francisco Velasco (Movimiento País), Eduardo Sánchez (Movimiento País / Movimiento Integración Popular), Fernando Alarcón (PSP), Roberto Espinel (Movimiento Poder Ciudadano), Tito Nilton Mendoza (PRIAN).

Primer debate: 9 de diciembre de 2008 Segundo debate: 17 de diciembre de 2008 Publicación en el Reg. Oficial: 30 de diciembre de 2008, No. 497 Votación a favor: 43 votos

Primer debate: 28 de noviembre 2008 Segundo debate: 10 de diciembre 2008 Publicación en el Reg. Oficial: 31 de Diciembre de 2008, No. 498 Votación a favor: 47 votos

Incentivar el ahorro, el crédito y la inversión a través del fortalecimiento del sistema financiero nacional, estimular el aparato productivo, incentivar a los agentes de la producción nacional: estos fueron los objetivos primordiales de este cuerpo legal, toda vez que la crisis financiera global amenazaba con golpear duramente al país. Así, se establecieron incentivos tributarios para las sociedades que reinvirtieran sus utilidades en el Ecuador, sobre todo si las destinaban a la compra de equipamiento nuevo, necesario para su actividad. Las entidades financieras también tendrían incentivos similares si destinaban sus créditos al sector productivo, incluyendo a los pequeños y medianos productores.

Las secuelas del feriado bancario decretado en marzo de 1999 en el Ecuador fueron tan profundas que, diez años después y con una crisis financiera mundial de por medio, aún existe el caso de numerosos ciudadanos y ciudadanas que nunca pudieron recuperar su dinero. Tal desastre causado por la irresponsable y dolosa actuación de instituciones del sector financiero no debía, no debe, volver a repetirse. Dos disposiciones constitucionales amparaban la propuesta de esta Ley. Por una parte, el artículo 308, que establece que las actividades financieras son un servicio público cuya finalidad fundamental es preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento orientado al desarrollo del país, y por otro el 338, según el cual el Estado promoverá el ahorro interno como fuente de inversión productiva. Entre los considerandos se destaca claramente que la creación de la Red de Seguridad Financiera, que debería operar dentro de un esquema estatal preventivo, tendría cuatro pilares: una Supervisión Bancaria preventiva y oportuna, el Fondo de Liquidez, el Fondo de Garantía de Depósitos y el nuevo Esquema de Resolución Bancaria. Este último elemento no sería otra cosa que un conjunto de procedimientos y medidas que habrían de aplicarse en el caso en que una entidad financiera fuera inviable, teniendo como premisa fundamental el interés de los depositantes. Con el Fondo de Garantía de Depósitos, los clientes de instituciones financieras en liquidación podrán tener asegurados sus recursos, por lo pronto, hasta un monto total de 20 mil dólares. Las iniquidades que produjo dicho irresponsable manejo del ahorro de los ecuatorianos por parte de entidades financieras fuera de todo control efectivo por parte del Estado, quedó en el pasado. Ese es el espíritu cautelar que anima a esta Ley.

Por otra parte, se establecían condiciones más duras para gravar la salida de divisas, incluyendo la consideración de que las importaciones realizadas con recursos financieros del exterior recibirían un tratamiento similar a las pagadas con recursos que causen tributo en el Ecuador. De igual manera, se creaba el impuesto a los fondos e inversiones que el sector privado pudiese mantener en el exterior. Por otra parte, en un espíritu solidario, la ley establecía que no pagarían el impuesto a los consumos especiales los alcoholes industriales y de uso farmacéutico y los que se destinasen como materia prima en la producción, los productos de exportación, los vehículos híbridos y los ortopédicos y no ortopédicos destinados al transporte de personas con discapacidades.

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Ley del Código Orgánico de la Función Judicial

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador

COMISIÓN DE LO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL Presidenta: Betty Amores (Movimiento País) Miembros: Amanda Arboleda (Movimiento País), Rómulo Romo (PSP), María Pazmiño (Movimiento País), María Molina (Movimiento País), Pamela Falconí (Movimiento País), León Roldós (RED), Wilfrido Ruiz (FYA)

COMISIÓN DE LO CIVIL Y PENAL Presidenta: María Paula Romo (Movimiento País) Miembros: Rosana Alvarado (Movimiento País), Vicente Taiano(PRIAN), César Gracia (PRE), Julio Logroño (PSP), Mauro Andino (Movimiento País), Teresa Benavides (Movimiento País)

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA Presidente: Fernando Salazar (Movimiento País) Miembros: Rosario Palacios (Movimiento País), Roberto Ponce (PRIAN), Jorge Escala (MPD), María José Carrión (Movimiento País), Jaime Alcívar (Movimiento País), Rafael Esteves ( IND)

Primer debate: 14 de enero de 2009 Segundo debate: 30 de enero de 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 13 de febrero de 2009, No. 528 Votación a favor: 60 votos (aprobada por unanimidad)

Primer debate: 21 de Enero 2009 Segundo debate: 2 de febrero 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 9 de marzo de 2009, No. 544 Votación a favor: 41 votos

Primer debate: 14 de enero de 2009 Segundo debate: 10, 11, 12 de febrero de 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 27 de abril de 2009, No. 578 Votación a favor: 45 votos

El antecedente inmediato a esta Ley es el reconocimiento a la corresponsabilidad de los padres en la atención de los hijos, establecida en la Constitución de la República. Así, esta reforma introdujo la licencia por paternidad con remuneración. En general, la Ley fue diseñada considerando la necesidad que tienen padre y madre, de ofrecer apoyo cercano al recién nacido sin poner en riesgo su situación laboral. El contenido del proyecto de ley se dio a conocer a varias entidades de los sectores público y privado a fin de recabar sus observaciones (Ministerio de Trabajo, Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Cámara de Industriales de Pichincha, Cámara de Artesanos de Pichincha, Ministerio de Salud, entre otras).

El Código Orgánico de la Función Judicial, reforma a la hasta entonces vigente Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Ofical en 1974. No es necesario resaltar que muchas de sus normas estaban ya muy alejadas de la realidad actual. La reforma se sostiene sobre la base de que la nueva Constitución declara al Ecuador como un país de derechos y justicia, basado en los estándares internacionales de la doctrina de derechos humanos.

Un cuerpo legal que estimule la participación en democracia, incluya a los sectores desplazados, garantice los derechos políticos electorales de la ciudadanía y sus obligaciones. De eso se trata esta Ley, que establece un sistema electoral sobre la base de principios de derecho ciudadano: la igualdad del voto, la equidad, la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres. El 8 de diciembre del 2008, el proyecto de Ley de Elecciones fue remitido por el Consejo Nacional Electoral a la Comisión Legislativa y de Fiscalización. La Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública fue la encargada de analizarlo, desarrollarlo y plantearlo para votación. Para conformar un estatuto que respondiera a las inquietudes y necesidades de todos los sectores involucrados se realizaron algunos paneles y debates en los que intervinieron, autoridades del Consejo Nacional Electoral, expertos en temas electorales y otros representantes de distinos organismos y sectores.

Ley de Minería

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN Presidenta: Irina Cabezas (Movimiento País) Miembros: Jorge Calvas (Movimiento País), Andrés Pavón (PRIAN), Rolando Pachana (Movimiento País), Hilda Roca (Movimiento País), Jorge Sarango ( Pachakutik), Laly Caicedo (PSP).

Cuando se promulgó el Mandato Minero, durante la Asamblea Constituyente, ya el país supo la real situación de las miles de concesiones mineras que, desordenadamente, habían convertido al mapa ecuatoriano en un gigantesco territorio para el ejercicio de una minería irresponsable. Las afectaciones ambientales, sociales y culturales de una minería carente de un marco jurídico apropiado debían ser detenidas. Siendo además el Estado el propietario per secula de los recursos naturales no renovables, en representación de toda la población ecuatoriana, esta intervención era urgente y necesaria. El objetivo primordial de la ley era, precisamente, normar el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano para administrar, regular, controlar y gestionar el sector minero, considerado estratégico. No son parte de la Ley, el petrólero y los demás hidrocarburos.

UN SUEÑO COLECTIVO

Por una representación legítima, por una participación plena

Una responsabilidad compartida

Primer debate: 18 de diciembre de 2008 Segundo debate: 12 enero 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 29 de enero de 2009, No. 517 Votación a favor: 50 votos

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Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de servicio civil y carreras administrativas y al código de trabajo

Justicia: transparente, rápida, eficaz.

Minería responsable y solidaria

Se establece en la Ley de Minería que el Estado podrá delegar a empresas mixtas mineras, siempre con mayoría de acciones, o a la empresa privada y a la economía popular y solidaria, su participación en todas o en cualquiera de las áreas de la explotación minera, incluyendo la comercialización. La dirección de la política minera, así lo estipula dicha ley, es atribución y deber del Jefe de Estado. También establece que la intervención del Estado priorizará el desarrollo sustentable y fomentará la participación social. Para ello deberá establecer mecanismos de fomento y capacitación, así como para la asistencia técnica y financiera que apoyen a la minería artesanal y pequeña minería, en un esquema de desarrollo sustentable, con sistemas de incentivos para la protección ambiental y para la existencia de unidades productivas más eficientes.

Es una dolorosa realidad que en el Ecuador, durante los últimos años, ha incrementado el número de niños recién nacidos con patologías graves como cáncer o sida. Esta Ley también aspiraba a proteger a los niños que padecieran de enfermedades crónicas o degenerativas al nacer y facilitar con ello la posibilidad de que gocen del amparo total de sus progenitores, al menos en sus primeros días de vida. Por tal motivo, se creó la licencia con remuneración por 25 días en los casos en que el niño o niña nacidos padezcan de una enfermedad crónica, degenerativa o estén hospitalizados con tratamiento médico. En el proceso de debate la Comisión encargada consideró importante ampliar el derecho de licencia también a la madre y al padre adoptivos. Esta Ley ampara a los trabajadores tanto del sector público como privado, que tendrán el beneficio de la licencia remunerada por paternidad por un lapso de 10 días si se tratase de un parto normal. En el caso de cesárea u otras complicaciones, el padre dispondrá de 5 días adicionales de licencia.

Entre los principios que causaron mayor polémica estuvo el que el Consejo de Judicatura controle, regule y supervise el trabajo de todos los operadores de justicia, principio al que se opuso fuertemente la Fiscalía General argumentando defender su autonomía. Sin embargo, la Comisión Legislativa y de Fiscalización sostuvo que, al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, se procuraba mantener a todas las instituciones bajo parámetros de calidad para elevar el nivel de eficiencia. Puso en claro, además, que en ningún caso el Consejo de la Judicatura podía interferir en las actividades que son exclusivas de los jueces, fiscales o defensores y se garantizaba la independencia interna de cada organismo de justicia. Para evitar los abusos que podrían darse, están claramente definidas las causales por las que los vocales de la entidad podrían ser llevados a juicio político en caso de desacatar este principio. Entre las resoluciones más avanzadas de la ley está la que se refiere al manejo de las notarías, pues se aclara que estas no son negocios privados y por consiguiente deben ser constantemente controladas por la Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares y mantener estándares de calidad en su desenvolvimiento. Además, se creó la carrera judicial, por lo que se determinó que los futuros jueces, fiscales y defensores deberán presentar un exámen para ingresar y serán permanentemente evaluados.

Luego de aprobada la ley en el Pleno, pasó a revisión del Ejecutivo, que vetó parcialmente el documento, al proponer que a futuro la elección de asambleístas se realice en la segunda vuelta electoral y no en la primera como estaba definido. La Asamblea aprobó el veto y la Ley fue enviada al Registro Oficial. Entre los evidentes signos del avance político y social que esta Ley aporta en la construcción de una democracia inclusiva están el voto para las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada y el voto facultativo para quienes tienen entre 16 y 18 años, y sobre los 75 años de edad; para los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y para los extranjeros residentes al menos cinco años en el país.

UN SUEÑO COLECTIVO

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UN SUEÑO COLECTIVO

Por un sistema de justicia humanista y ágil

Nuestro alimento, derecho soberano

Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y Otras Normas

Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria

COMISIÓN DE SALUD Y AMBIENTE Presidente: Jaime Abril (Movimiento País) Miembros: Pedro de la Cruz (Movimiento País), Gorki Aguirre (Movimiento País), Mario Játiva (Movimiento País), Guido Rivas (Movimiento País), Abel Ávila (MPD), Hólger Chávez (PSP) y Leonardo Viteri (PSC)

Primer debate: 6 de enero 2009 Segundo debate: 11 de febrero 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 24 de marzo de 2009, No. 555 (fe de erratas, No. 572) Votación a favor: 50 votos

Primer debate: 9 de febrero 2009 Segundo debate: 16 y 17 de febrero 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 5 de mayo de 2009, No. 583 Votación a favor: 49 votos

Este proyecto impulsado por el presidente Rafael Correa, se presentó a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el 28 de noviembre de 2008, luego fue tratado por la Comisión de lo Civil y lo Penal, que organizó una reunión para recoger las opiniones de distintos actores relacionados con el tema. Participaron expertos en materia penal, jueces penales, miembros de tribunales penales, catedráticos y abogados. También organizaciones como el Consejo Nacional de la Mujeres (CONAMU) y la Federación Nacional de Empleados Judiciales (FENAJE), contribuyeron con sus propuestas, y en el caso de esta última, con la presentación de una reforma integral para el proceso penal. Durante los debates hubo consenso sobre la necesidad de contar con una ley más amplia y actualizada. Finalmente, la ley fue aprobada incorporando más de 100 reformas.

Esta Ley surge del mandato constituyente respectivo, dado que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico de la sociedad ecuatoriana. Es decir, que las personas tengamos garantizada la provisión autosustentada de alimentos sanos, de calidad y en armonía con nuestras costumbres y cultura. El objetivo fue vincular a todos los sectores involucrados en la producción de alimentos (agropecuario, forestal, acuícola y pesquero) incorporando criterios de protección ambiental y social fomentando la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos y de calidad y el consumo de lo nuestro, respetando la agrobiodiversidad y las formas de producción tradicionales y ancestrales.

En ella se destacan las tendencias contemporáneas del derecho penal que incorporan la oralidad en los procesos, promueven la rehabilitación de los reos y ofrecen compensaciones a las víctimas. Así como atender la necesidad de crear mecanismos más ágiles para la administración de la justicia penal. Las condiciones del sistema penal eran precarias; se llegó a índices de 90% de denuncias sin proceso y menos del 2% con sentencia condenatoria. Para descongestionar el trabajo en los juzgados la Ley prevé la redistribución de las tareas, de tal manera que los jueces fueran los encargados de revisar hechos de mayor impacto como los homicidios y actos de violencia por causas sexuales, raciales u otros. Alternativas penales, como el tratamiento psicológico y la ayuda social, se establecieron con el fin de que el encarcelamiento no sea la única pena para ciertos delitos o infracciones, dado que en muchos casos, sobre todo de conflictos intrafamiliares, las víctimas no presentaban demanda pues no pretendían ese clase de sanción para sus parientes agresores.

En los debates y reuniones previas, integradas por actores involucrados en este ámbito, se resaltó la necesidad de estimular la produción agrícola, agropecuaria y la reforestación. Propuestas como la de la organización Protección Animal del Ecuador, para garantizar la calidad de los animales destinados a la alimentación humana, enriquecieron el debate. La Asamblea Nacional quedaría con la responsabilidad de conformar un Consejo Consultivo para la Soberanía Alimentaria, integrado por miembros del Consejo de Participación Ciudadana, organizaciones sociales y campesinas, representantes del Legislativo y del Ejecutivo que deberá elaborar una propuesta que regule el uso y acceso de las tierras, el desarrollo agrario, el acceso de los campesinos a créditos públicos, entre otros temas, para, en suma, evitar la dependencia de la importación de alimentos, como objetivo primordial.

Pensiones justas y a tiempo Reformas al Título V, Libro Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia

COMISIÓN DE LO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL Presidenta: Betty Amores (Movimiento País) Miembros: Amanda Arboleda, Pamela Falconí, María Pazmiño, María Molina (Movimiento País), Rómulo Romo (PSP), León Roldós (Red Ética y Democracia), Wilfrido Ruiz (Independiente) Primer debate: 14 de mayo de 2009 Segundo debate: 2 de junio 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 28 de julio de 2009 Votación a favor : 64 votos

Según un informe de Projusticia, unidad adscrita a la Presidencia de la República, solo en el 2006 se contaron 72.133 casos de competencia de los juzgados de la Niñez y Adolescencia, cuya capacidad de procesar las demandas cubría solamente el 45% de ellos. El resto se acumulaba como pendiente, para resolverse al año siguiente. El 46% de esos casos, exigían pensiones alimenticias. Tan deplorables condiciones de trabajo e ineficiencia afectaba directamente a niñas, niños y adolescentes. La reforma agilizó los procesos judiciales para la fijación y el pago de las pensiones alimenticias a través de una Tabla de Pensiones Mínimas. Sin requerir la presencia de un abogado, el demandante accede a un trámite más eficiente, ingresando sus datos en un formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura. Los procesos legales y administrativos se ventilan en las Juntas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de las que actualmente existen 37 y otras 60 están en proceso de conformación. Para elaborar esta ley se realizó un estudio de Derecho Comparado que analizó legislaciones de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Nicaragua, Panamá y España. Juezas, jueces y funcionarios de los juzgados de Niñez y Adolescencia fueron entrevistados. Se revisaron leyes conexas y fallos del Tribunal Constitucional sobre la materia. Se realizaron talleres con delegados del sistema judicial y se trabajó con un equipo técnico del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Veinte asambleístas remitieron observaciones al proyecto y se recibieron aportes de los Juzgados de la Mujer, de la Niñez, Adolescencia y la Familia del Cantón Quito, del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), entre otros organismos.

Las reglas del juego

Ley Orgánica de la Función Legislativa

COMISIÓN DE LO CIVIL Y PENAL Comisión Comisión de lo Civil y Penal Presidenta: María Paula Romo (Movimiento País) Miembros: Rosana Alvarado (Movimiento País), Vicente Taiano(PRIAN), César Gracia (PRE), Julio Logroño (PSP), Mauro Andino (Movimiento País), Teresa Benavides (Movimiento País) Primer debate: 12 de junio de 2009 Segundo debate: 2 de julio de 2009 votación 8 de julio 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 27 de julio de 2009 Votación a favor: 49 votos

Esta Ley tiene como objetivos regular el funcionamiento de la Asamblea Nacional, definir su estructura, precisar sus obligaciones, deberes y atribuciones constitucionales. Es la normativa a la que están sujetas las y los asambleístas que integran la Función Legislativa, así como el personal asesor a contrato y los funcionarios a nombramiento. Además, propicia mecanismos de corresponsabilidad y diálogo permanente con el Ejecutivo y las otras funciones del Estado. La nueva normativa crea 12 comisiones especializadas permanentes, en lugar de las 18 anteriores. Se mantiene la Comisión de Fscalización y Control Político. La elección de Presidente y de Vicepresidentes se hará de entre cualquiera de los asambleístas presentes en la sala de sesiones, a diferencia de la forma anterior en que tales dignidades correspondían a las fuerzas legislativas en proporción a su número. Antes, los pedidos de fiscalización debían ser enviados por la Comisión respectiva al Presidente, hoy deben ir al Pleno de la Asamblea. Las aprobaciones de leyes en segundo debate son ahora más ágiles gracias a que se vota en paquete el texto y no artículo por artículo. Finalmente, el Congreso podía anteriormente destituir al Presidente de la República por la decisión de la mayoría de sus integrantes, sin que aquello implicase disolución del parlamento. Hoy, en ese caso, la Asamblea Nacional deberá ser disuelta de inmediato, por resolución de la mayoría de sus integrantes.

UN SUEÑO COLECTIVO

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Hacia el “Quinto Poder”

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Presidente: Betty Tola (Movimiento País) Miembros: Carlos Pilamunga (Pachakutik), Soledad Vela (Movimiento País), Alexandra Ocles (Movimiento País), Eduardo Zambrano (Movimiento País), Salomón Fadul ( PSC), Gina Godoy (Movimiento País), Rommel Rivera (PSP).

Primer debate: 16 de junio de 2009 Segundo debate: 8 de julio 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 9 de septiembre de 2009 Votación a favor: 46 votos

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Este aserto constitucional ilumina el camino para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que disponía también la Constitución. Su ley orgánica fue producto del trabajo de ese Consejo en su versión transitoria, que fuera nombrada por la Comisión Legislativa y de Fiscalización en enero del 2008, como le correspondía hacerlo. Las obligaciones que la Ley determina al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen que ver con la promoción e incentivo de los derechos relativos a la participación ciudadana, estableciendo los mecanismos de control que le son propios y la de designar las autoridades que la Ley le manda. Es este un organismo de derecho público que goza de autonomía como parte de la Función de Transparencia y Control Social del Estado. Se rige por principios de igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, deliberación pública , autonomía social, independencia, complementareidad, subsidiaridad, transparencia, publicidad y oportunidad.

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UN SUEÑO COLECTIVO

Por un magisterio caliJicado

Una de las necesidades más sentidas era la de establecer claramente los mecanismos de Control Social. La ley faculta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para estimular y apoyar técnicamente la creación de veedurías que vigilen los ciclos de la política y la gestión pública, con énfasis en la ejecución presupuestaria , en el desarrollo de proyectos, obras y servicios públicos y en las actuaciones de los servidores públicos. También es la Comisión una instancia de enlace entre las iniciativas ciudadanas y el Estado, útil para canalizar las solicitudes y velar por que las quejas sean atendidas.

Primer debate: 16 de junio de 2009 Segundo debate: 14 de julio de 2009 Publicación en el Reg. Oficial: 22 de julio de 2009, No.639 Votación a favor: 40 votos

De la exposición de motivos elaborada por el Ejecutivo para enviar a trámite legislativo esta reforma se desprende que la falta de políticas estatales para atender las necesidades del sistema educativo derivó en la falacia de pensar que la inversión es igual a gasto improductivo. El deterioro de la calidad de la educación pública, producto de esta errada tesis, dio paso a la avalancha privatizadora en materia educativa. “En la nueva visión del modelo educativo es imprescindible la gobernabilidad del sistema y la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación sobre el sistema educativo nacional, que permita la ejecución de las políticas públicas sin injerencia partidista de ningún tipo”, rezaba el documento. El mensaje era claro: ¿hasta cuándo tendría el país que soportar el secuestro del tiempo y de los recursos destinados a la educación, por parte de la acomodaticia dirigencia del sector magisterial? ¿Cuánto tiempo habría de pasar para que el corporativismo, el “espíritu de cuerpo”, el clientelismo y las cuotas de poder dejaran de ser las prácticas con que los maestros y maestras se aseguraban la permanencia en las instituciones educativas? ¿Por cuánto tiempo más (y con qué costo social) se aplazaría la necesidad imperiosa de evaluar el desempeño del profesorado, para que aquellos con mayores méritos fuesen los que quedasen en la enseñanza? Estas y otras necesidades fueron atendidas de manera directa por esta reforma. El magisterio comenzaba, así, a dar pasos hacia el mejoramiento y la excelencia, a la dirigencia anquilosada se le arrancarían de las manos los privilegios, que habían sumido en una mediocre complacencia y en una interminable desesperanza los sueños de una comunidad de educadores digna de mejor destino. La inveterada práctica de paralizar el servicio público de la educación tendría, como sanción, la inmediata separación de aquellos miembros del Magisterio Nacional que incurrieran en dicha falta.

Las elecciones de la inclusión

Entre las facultades del Régimen de Transición estuvo la de viabilizar los procesos electorales necesarios para la plena vigencia de la nueva Constitución y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal. El recién conformado Consejo Nacional Electoral (CNE), tuvo a cargo convocar a elecciones generales para elegir autoridades en todos los niveles de la administración gubernamental. Se estableció un proceso en dos jornadas, el 26 de abril y el 14 de junio de 2009, para una segunda vuelta. Este fue el primer proceso electoral bajo el marco de la nueva Constitución, pero significó el último de una cadena de seis en el lapso de los últimos dos años y medio (primera y segunda vueltas en los comicios presidenciales de 2006; consulta popular de abril de 2007; elección de asambleístas en septiembre de 2007; referéndum aprobatorio de la nueva Constitución en septiembre de 2008) así como el inicio de una nueva etapa de la vida democrática, con la inclusión de nuevos actores políticos.

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UN SUEÑO COLECTIVO

Por primera vez, la Fuerza Pública (Policía Nacional) y de las Fuerzas Armadas (terrestre, naval y aérea) hicieron uso de su derecho al voto. También los presos sin sentencia sufragaron por primera ocasión, en jornadas coordinadas entre el CNE y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), con la participación de organismos de Derechos Humanos, que se realizaron 48 horas antes de las elecciones generales, por motivos logísticos y de seguridad. Se instalaron juntas receptoras en los 33 centros carcelarios del país, con el fin de restituir un derecho que antes había sido negado a las personas privadas de libertad. Por primera vez también accedieron al derecho al voto los residentes extranjeros por más de cinco años en el Ecuador. Este sector, que ha construido relaciones

sociales, familiares, productivas, culturales, entre otras, se vio así retribuido con su justa inclusión en la expresión electoral, como una forma de decidir sobre los destinos del país. Otro sector favorecido por las nuevas reglas del juego fue el de los jóvenes de entre 16 y 18 años, para quienes se habilitó la figura del voto voluntario o facultativo. Para ello, el CNE, con apoyo de entidades estatales y particulares relacionadas con la participación ciudadana y con los derechos de niños, niñas y adolescentes, realizaron una campaña de información y motivación en planteles educativos de todo el país. Esto significó un paso más en el propósito de incorporar a los jóvenes como sujetos activos en las decisiones del país. Contrariamente a los temores de que los jóvenes podrían ser objeto de manipulación ideológica, su participación demostró un alto nivel de conciencia política y de responsabilidad ciudadana al hacer uso de un derecho adquirido por voluntad general. En suma, la incorporación de estos nuevos sujetos políticos agranda la base de participación social, que es uno de los fundamentos consignados en la Constitución. En las elecciones del 26 de abril de 2009 se eligieron Presidente y Vicepresidente de la República; 124 asambleístas (nacionales, provinciales y por el exterior); 23 prefectos y 23 viceprefectos; 221 alcaldes; 1.581 concejales (1039 urbanos y 542 rurales). En la del 14 de junio se eligieron cinco representantes ecuatorianos al Parlamento Andino y 3.985 miembros de juntas parroquiales rurales. En las dos jornadas electorales se eligieron 5.964 dignidades. Los alcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos y miembros de juntas parroquiales rurales electos durarán cinco años en sus cargos, hasta 2014, y las demás dignidades electas, cuatro años, hasta el 2013.

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El pueblo ratificó su confianza en el gobierno, y el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno resultó ganador con el 52% de los votos, con lo que no fue necesaria una segunda vuelta electoral. El sector oficial también logró mayoría en la Asamblea Nacional donde el Movimiento País alcanzó 59 asambleístas, seguido de PSP(19), PSC(11), Prian(7), Movimiento Municipalista(5), MPD(5), Pachakutik(4), Pre(3), ID(2), y Otros(9). Uno de los aspectos en los que se marcó una clara diferencia respecto de procesos anteriores es el de la promoción electoral. Esta vez, todas las candidaturas contaron con espacios equitativos en los medios de comunicación masivos (radio, prensa y televisión) contratados por el Estado. Con ello, se equilibraron las posibilidades de exponer las propuestas de gobierno; posibilidades que, en el pasado, estuvieron determinadas por la capacidad económica de los candidatos. Además se conformaron instancias de análisis de los contenidos mediáticos con el fin de que en los espacios informativos no se emitieran mensajes a favor de ninguna de las candidaturas. Este proceso de observación y control, por ser el primero en la historia del país, quedó sujeto a perfeccionamiento en el futuro. El camino se había abierto. Cuando Rafael Correa, el candidato, exponía en noviembre del 2006 las tesis fundamentales de su proyecto de gobierno había puesto énfasis en un aspecto distinto del interés público: la necesidad de participación de los excluidos de las decisiones, de las oportunidades, de los beneficios. Su programa de gobierno reco184

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nocía esa condición: “La consideración fundamental para construir el nuevo país es incorporar a toda la población y no solo a una fracción de ella en la vida nacional. Esto significa garantizar su acceso a un nivel de bienestar que responda a sus necesidades mínimas básicas, a su interés de desarrollo, y su conversión en ciudadanos y ciudadanas”. Con el resultado electoral de abril el pueblo ecuatoriano había concluido un ciclo de aceptación y confianza (e iniciado otro) en las tesis del gobierno, respaldadas por la actuación de la mayoría legislativa, afincado en la esperanza de que la participación fuese, por fin, más que una utopía. No es que el proceso no se hubiese iniciado, ni que las bases de la transformación no estuviesen ya sembradas, sino que en el ánimo de los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que dijeron ¡vamos! aquel abril, la esperanza se renovaba una vez más. Había sido una siembra el tiempo transcurrido desde el otro abril, el del 2007, cuando casi el 82% del electorado dijo Sí al “borrón y cuenta nueva”. Borrón de la afrenta de un país cuyos mejores recursos habían sido secuestrados, esquilmados y despilfarrados por décadas de corrupción pura y dura, de incultura política y de indiferencia. Cuenta nueva para los pobres, para los indios, para los negros, para las mujeres, para la niñez, para las generaciones nuevas que no estaban dispuestas a remedar el fracasado intento de las precedentes. Ecuatorianísimo “vuelta bola” de la patria, ansiosa por correr hacia ese futuro cuya promesa era (después de todas las luchas, merecida y finalmente) el sumak kawsay, el buen vivir. UN SUEÑO COLECTIVO

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UN SUEÑO COLECTIVO

En las elecciones populares del 26 de abril de 2009, se nombraron, por un período de 4 años, a 124 asambleístas. De los cuales 41 son mujeres, un rasgo que define la aplicación de los nuevos principios de equidad y ejercicio de derechos.

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La Asamblea Nacional está conformada por 59 asambleístas de Movimiento País; 19 del PSP; 11, de PSC; 7 del Prian; 5 del Movimiento Municipalista; 5, del MPD; 4 de Pachakutik; 3 del PRE; 2, de la ID; y 9 legisladores de otros grupos políticos.

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DISCURSO DE FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL DÍA DE SU POSESIÓN Quito, 31 de julio de 2009

Distinguidas asambleístas, compañeros asambleístas: Gracias a todos los que han expresado con su voto el acuerdo por este compañero de ustedes, que no va a ser presidente de los que votaron por mí, voy a ganarme la posibilidad de que confíen en que vamos a ser incluyentes, que todos y todas van a tener las mismas condiciones, que vamos a tener igualdad de oportunidades. Les invito a que realmente, desde este primer día le construyamos a esta nueva Función del Estado, a la Función Legislativa, a la Asamblea Nacional, con todas las posibilidades que significan la contribución inteligente al cambio. No tenemos porqué pensar igual, pero sí tenemos que respetarnos todos por igual. Tenemos los mismos derechos, les garantizo que tendrán las mismas oportunidades y los mismos derechos, pero construyamos entre todos, porque desacreditar la política nos hace mal. Ustedes pueden confiar, les voy a garantizar, prometo ante la Patria que trataré con mi esfuerzo y con la ayuda de ustedes, de construir ese nuevo país, ese país incluyente, en el que una de las grandes ganadoras deba ser la política. La política en donde las ideas se confronten, los discursos sean coherentes con las prácticas, en donde podamos discrepar sin necesidad de ni levantarnos la voz siquiera, peor en este caso, desacreditarnos mutuamente. Les invito a construir y les invito a que con toda la serenidad, que la democracia y la inteligencia nos permite, llevemos el resto de la sesión en la forma más ordenada. Haber votado de esta manera es porque creemos que también es tiempo de los ecuatorianos, el tiempo nuestro, el tiempo de la política decente, que puede permitir también que la tecnología, en este caso, deje ver quienes estamos aquí. Esto es tan evidente que quiénes votaron por una candidatura están ahí y no tengo nada que reclamarles, sino decirles: cuenten conmigo los que no votaron. Y les agradezco a todos. Muchas gracias.

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NHACIA DÓNDE VAMOS?

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“Está potenciado, al máximo posible, el poder de la ciudadanía” Fernando Cordero Cueva

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN

¿A qué, exáctamente, se referían los plenos poderes?

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UN SUEÑO COLECTIVO

Los plenos poderes están en la esencia de lo que significa hacer una Asamblea Constituyente. Las asambleas legislativas, en el mundo entero, se caracterizan justamente por ser asambleas de poderes constituidos. La nuestra se llamó Asamblea Constituyente y en el pasado hubo varios ejemplos, con diferentes nombres, pero siempre el genérico fue “constituyente”, es decir, aquella asamblea que podía superar la capacidad de los poderes constituidos con anterioridad y que por tanto podía tomar decisiones sobre cómo constituir poderes. Esto significaba, en el caso ecuatoriano, nombrar Presidentes, defenestrar funcionarios, hacer prácticamente todo acto que posibilite un cambio, en el sentido de constituir esa nueva organización socio política que exigía la ciudadanía. El cuestionamiento a los plenos poderes fue un debate que se generó en el Congreso. La oposición y las contradicciones que tenían allí a la convocatoria del Presidente (para ir a una Constituyente) eran, justamente, porque lo que querían era una Asamblea con limitados poderes, con restricciones, para apenas poder modificar la Constitución.

Habría sido bastante más fácil hacer cambios desde el Congreso, aprovechar lo que decía la vieja Constitución, darse un año para los debates, dejar un año de por medio para la socialización y, en segundo debate, aprobar las reformas constitucionales. Pero esa no era la intención que tenía el pueblo ecuatoriano. Habíamos llegado a unos límites tales de destrucción del poder constituido que era imposible de reparar. Estaba prácticamente descompuesto el poder legislativo, estaba desprestigiado el poder electoral y era dudosa su imparcialidad. Estaba totalmente contaminado el concepto de Estado, como representante de la sociedad en todas sus expresiones. Cuando la gente gritaba en las calles “¡Que se vayan todos!”, estaba diciendo “¡Borrón y cuenta nueva!” ¿Qué mejor herramienta del pueblo para darse una nueva organización, que la Asamblea Constituyente? Para hacer visibles los plenos poderes tomamos una figura que era, justamente, la que da sentido a la Asamblea Constituyente: éramos mandatarios, por tanto ibamos a ser portavoces de un mandato. Ese mandato era del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano fue quien nos mandó a hacer unos cambios de grandes dimensiones. Y, claro, los ortodoxos dijeron que éramos unos ignorantes y que

“¿De quien es el mérito de la Constitución? Yo digo: ¡Del Ecuador!, porque si nos vamos a poner méritos con nombre y apellido, pues, yo no estaré jamás allí.”

UN SUEÑO COLECTIVO

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Asumir los plenos poderes era la única manera de cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano, que exigía cambios reales, de grandes dimensiones.

no teníamos la más remota idea de lo que es una Constitución ni el Derecho Constitucional. ¡Tendrán que aprender los ortodoxos que los mandatos fueron decisiones de la Asamblea Constituyente de Montecristi y que tienen, en su argot ortodoxo, la fuerza de leyes orgánicas. Y que además, tuvieron el poder suficiente, en su momento, para cambiar radicalmente algunas situaciones problemáticas, empezando por asumir los plenos poderes, en contra de la voluntad de la partidocracia y sus representantes en el agonizante Congreso. ¿Cuál fue el sentido de los Mandatos de Montecristi? Los Mandatos fueron en su momento, herramientas muy importantes para ir delimitando esa “cancha” en la que se tenía que hacer el cambio. Entonces, acompañando al proceso de debate constitucional, se configuraron importantísimos Mandatos.

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Primero, limitar los privilegios: los servidores públicos no podemos tener privilegios y eso está claramente en el Mandato 2. Ahí hubo confusiones: los demagogos le hicieron saber a buena parte del pueblo ecuatoriano (entre ellos muchos maestros) que se había creado un derecho. No era cierto. Había contratos colectivos que, abusando del concepto de contratación colectiva, habían creado privilegios para algunos de los incorporados en él. Entonces, algunos gremialistas salían con indemnizaciones de 600, 700 mil dólares o más. Ese mandato limita a 63 mil dólares la indemnización cuando sean despedidos unilateralmente y a 42 mil, en el caso de la renuncia. Pero no era cierto que quien no era parte de un contrato colectivo (porque era servidor público de una entidad donde no tenía ningún tipo de compensación al salir, por ejemplo) tenía la posibilidad de renunciar el primer mes y había la obligación de pagarle 42 mil dólares. Mucha gente se equivocó renunciando. Fue engañada. Un mandato importantísimo fue el que eliminó la tercerización, que era una forma privada, abusiva, de suplantar la responsabilidad del empleador, con una serie de engaños sucesivos que prácticamente habían pulverizado los derechos de los trabajadores y reducido la capacidad productiva, en términos salariales, a la mínima expresión. Sacar el máximo provecho al trabajador y mientras menos se le pagara, mejor funcionaba el negocio, porque había varios intermediarios que, en este caso, habían precarizado la situación de los trabajadores. Ese fue exactamente el sentido de nues-

tro mandato, evitar la precarización laboral y esa intermediación perversa, porque no era buena ni siquiera para el aparato productivo. Eso fue histórico y muy importante. Otro, y no voy en el orden de promulgación de los mandatos sino en el de los que creo más importantes, fue el llamado Mandato Minero, que puso igualmente las reglas de lo que después dirá la Constitución: la capacidad del Estado para precautelar los recursos naturales no renovables como patrimonio colectivo. Estaban privatizados, en manos de empresas privadas. A eso se le puso fin. Significó más de cinco mil seiscientas concesiones eliminadas. El mandato no ha perdido vigencia por efecto de la Ley Minera, como algunos interesados quieren hacer creer. No es cierto. Otro mandato importante: el llamado Mandato Eléctrico, que lo que primero hizo fue incidir directa y positivamente en la economía de los más pobres, de los más humildes, que casi siempre eran los que llevaban la peor parte. La tarifa eléctrica en el Ecuador era un invento perverso, seguramente de buena fe, de parte de ingenieros eléctricos que buscaban vendernos la idea de que las cosas se resuelven con matemáticas, en esta especie de “mercado más elaborado” que era el gran mercado eléctrico. Había una energía eléctrica que se podía vender a largo plazo y había un remanente de energía eléctrica que se vendía en una especie de subasta, los precios eran fijados por la oferta y la demanda. Pero ocurre que algunas ciudades, no solamente pagaban la dificultad de ser más pequeñas y de no estar en condiciones de ingresar a ese mercado sino que, además, estaban en desventaja porque a mayor densidad poblacional, menor costo unitario. Llegar con electricidad a las personas que viven dispersas en el sector rural, a las que viven en pequeñas provincias que no se han densificado, que no tienen grandes acumulaciones poblacionales, cuesta más. Entonces, como estábamos “en el mercado”, la energía les costaba menos a Quito y Guayaquil (hasta ahora es así) y había provincias como Bolívar, en que el kilovatio/hora costaba más del doble que en Quito o en Guayaquil. El mandato terminó con ese modelo absolutamente injusto, que además había sido creado para, supuestamente, incentivar las inversiones privadas. En treinta años en el área eléctrica no se ha hecho una sola inversión, porque como “el mercado” prevalece siempre sobre los intereses del Estado y de la sociedad, aquellos que tenían electricidad privadamente, la energía más cara, la contaminante, la que usaba como combustible recursos no renova-

bles como el petróleo, era la que prevalecía. Porque era la que ocasionalmente se podía vender más cara. Un mandato que puede aparecer como anecdótico (el Mandato 10) puso en evidencia, sin embargo, que había derechos ciudadanos que estaban absolutamente vulnerados por “el mercado”: cuando uno adquiere una línea telefónica para la casa, o en el sistema móvil, paga -supuestamente- por el número. Pero ocurría que cuando aparecían las promociones en “el mercado” y uno se quería cambiar a la empresa, que presumiblemente le iba a ofrecer mejores ventajas, una de las sanciones era perder el número, perder la conectividad. Mis propios (y supuestos) derechos de acceder al mercado eran falsos. El mandato para permitir la portabilidad, no es otra cosa que decirle al ciudadano: “Usted es dueño de su número, igual que el de la cédula de identidad, eso le pertenece a usted”. El resto sí es un asunto de mercado, uno podrá escoger la tarifa, pero el número es propio. Nadie se lo va a poder quitar, es un elemento de tipo personal que le va a acompañar para siempre. Privilegiar derechos, que son los elementos vitales de la Constitución, es de lo que se trata. Y dar garantías para esos derechos. Para algunos, los mandatos se ajustan más bien a un concepto jurídico de facto... Es el mismo concepto que le quieren dar a la Asamblea Constituyente. No hay cosa más democrática, de mayor contundencia de derechos, que una Asamblea Constituyente, porque es el origen de todo el resto. Confundir una decisión de la Asamblea Constituyente con el decreto de una dictadura es, además de ignorancia, un acto de mala fe. El pueblo del Ecuador se dio la mayoría que quizo darse y nosotros, los que estamos en el movimiento político que obtuvo la mayoría de los votos, fuimos simplemente uno de los grupos escogidos por el pueblo ecuatoriano para ser sus portadores, para ser sus mandatarios. Por lo tanto, la legitimidad de la presencia política de los asambleístas no provino de un acuerdo entre dirigentes. Fue algo inédito, pero no por eso menos democrático. ¿Iguales críticas tuvieron las amnistías? La de los “tauras” y la de la gente que tenía menos de dos kilos de droga, las “mulas”. Estos temas son clave, en los cuestionamientos por haber usado los plenos poderes para “ese tipo de cosas” versus la obligación “única” de hacer la Constitución.

No hay ruptura entre lo uno y lo otro. En la Asamblea Constituyente lo que siempre cuidamos, y para eso el debate y el diálogo fueron esenciales, es que jamás una ley estuviese “en contravía”. Lo que se dio fueron estos “anticipos” a lo que sería el propio texto de la Constitución. El mandato que modificaba la Ley de Consumo de Estupefacientes, por ejemplo, permitió diferenciar al transportista de droga, llamado “mula” en el argot popular (los pobres, que eran simplemente engañados), de los verdaderos autores de ese delito. La historia nos ha dado la razón porque, de todos los liberados, menos del 1% ha sido nuevamente apresado por reincidir, lo que querría decir que hicimos algo útil y justo para el 99% restante. Las seis leyes que hizo la Asamblea Constituyente están en la misma línea de cambio… Sí. Una de las exigencias del cambio -requerido y exigido todavía por el Ecuador- es que parte de ese mundo de privilegios está hecho por las exensiones: ese trato discriminatorio para los ciudadanos, versus los “productores de riqueza”. En el Ecuador se ha ido configurando un modelo tributario que privilegia los impuestos indirectos. El Estado, a través del SRI, es un gran cobrador ¡Claro, porque nos pusieron IVA! (Que permite ingresos significativos, pero que realmente no es tan justo: al rico y al pobre le cobran exactamente lo mismo). El impuesto más justo es el impuesto redistributivo, el impuesto directo: el Impuesto a la Renta. Empezamos una reforma que lo que busca es la equidad tributaria; y así se llamó la Ley, que pudo ser mucho más completa y mejor, pero que de todas formas marcó el camino para la búsqueda de la equidad. El resto es un proceso, habrá que ir mejorando y ese es un aprendizaje de la sociedad, del Estado, del SRI, de todos los ciudadanos. Uno de los epítetos que nos han endilgado es que “siempre estuvo restringido el debate” y que las leyes “se aprobaron sin debate”, pero, extrañamente, esas leyes gozan de un prestigio enorme. Está en vigencia, más de un año, la Ley de Tránsito y no tiene todavía mayores contradictores, más allá de los normales cambios que habrá que hacer para mejorarla. La Ley de Contratación Pública, es otra ley de gran impacto, más allá de los defectos que hay que corregir. Ambas van en la misma dirección de los mensajes concurrentes con la Constitución. El eje fundamental de las leyes y los mandatos era siempre, privilegiar derechos y garantías de derechos; y, obviamente, reivindicar también lo público, que es parte del concepto de soberanía.

Confundir una decisión de la Asamblea Constituyente con el decreto de una dictadura es, además de ignorancia, un acto de mala fe... Por lo tanto, la legitimidad de la presencia política de los asambleístas no provino de un acuerdo entre dirigentes. Fue algo inédito, pero no por eso menos democrático.

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Para mejorar...nos inventamos una especie de “tercer debate”, que recogía las opiniones del segundo y, en una subcomisión de la mesa respectiva que tramitaba los textos, se conformaba una especie de “tercer informe”, con el texto que la Asamblea luego aprobaba. Esa realidad, ese espíritu, está reflejado estadísticamente.

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¿Se hace una Constitución en ocho meses? ¿Fue insuficiente el tiempo para los debates? La Constitución fue producto del proceso constituyente que estuvo conducido siete, de los ocho meses, por Alberto Acosta. Sin querer yo lavarme las manos, es fácil colegir que las virtudes y defectos de la Constitución, se configuraron en esos siete primeros meses y no en el último. Lo único que a mí me tocó hacer, como parte del equipo (fui además vicepresidente con Alberto y como tal, responsable directo de la coordinación del trabajo de las mesas constituyentes), es hacer visibles y aprobar esos procesos que corrían el riesgo de quedarse como textos no debatidos, no aprobados. Al final, el riesgo era no aprobar la Constitución hasta el 25 de julio a las 12 de la noche y perder el mandato. Ahí estaba el riesgo. No era, como originalmente pensamos muchos, asunto de convencer al pueblo ecuatoriano y a los dirigentes políticos de este país, que era mejor una Asamblea más debatida, mucho más participativa, que podíamos tomarnos unos meses más y sacar un mejor producto. Yo cambié de opinión porque era irrebatible el argumento de que el 25 de julio en la noche, por más que tuviéramos el aval de todos los dirigentes políticos, de todos los partidos, que firmarían una carta de honor, eso no serviría para nada, frente a la importancia de respetar la voluntad popular. Entonces, ¿qué había que hacer? Simplemente aprobar la Constitución a costa de nuestro esfuerzo físico. Porque aquello de que “antes hubo debate y después no lo hubo”, estadísticamente se cae por el piso. Está recogida en los cuadros que muestran la participación y el tiempo utilizado en ella. En términos generales, la magnitud del debate de los siete primeros meses comparada con la del último mes, parece calcada, casi “dos gotas de agua”. Hubo cero restricciones a las intervenciones, pero sí un manejo mejor de la participación del Movimiento País en el último mes. Más o menos el 70% del tiempo hablaba la oposición, lo cual es una muestra de equidad, no de proporcionalidad. Les pedimos a los compañeros de País que, en lugar de diez, cada uno hablara cinco minutos. Eso permitió manejar bloques de tiempo, no hubo que reducir el número de intervenciones. Esas fueron sugerencias de Pablo Lucio Paredes y de León Roldós; yo las acogí porque me parecieron inteligentes. No es cierto (y no pueden “probarlo”, sino con titulares y provocaciones) que se restringió el debate. ¿Cómo se restringió?, ¿Alguien les prohibió hablar? En intensidad sí que no hubo punto de

comparación. Nosotros hicimos en el último mes, cuatro veces más debate, en términos numéricos, que en los siete meses anteriores. Le ganamos tiempo al sueño, a nuestras familias, para no sacrificar el debate. El resto es desinformación y mala fe. ¿Que eso era contraproducente, porque nos podíamos enfermar? Sí. No hay la menor duda que estuvimos sobreexpuestos a la tensión, pero eso lo sabíamos desde el comienzo, desde el primer día. El mérito no fue mío, fue de los ciento treinta asambleístas que aguantaron ese trajín, tan fuerte, de tener dos sesiones diarias por lo menos, con agenda preelaborada; lo que significaba que teníamos que aprobar textos en primera, en segunda y, a diferencia de los primeros siete meses, hasta “en tercera”. Porque, para mejorar todavía el debate, nos inventamos una especie de “tercer debate”, que consistía en recoger las opiniones del segundo y, en una subcomisión de la mesa respectiva que tramitaba los textos para aprobación, se conformaba una especie de “tercer informe”, con el texto que la Asamblea luego aprobaba. Esa realidad, ese espíritu, está reflejado estadísticamente. Y no ha habido una sola voz, dentro o fuera de la Asamblea, que se haya atrevido a poner en duda esta evidencia.

El resultado, luego de intensos meses de trabajo, fue un proyecto constituyente sin precedentes, en el que se reflejan los sueños de todos los ecuatorianos que buscamos una realidad nacional más justa e incluyente.

No creo que ahora tengamos que buscarle defectos a lo que se hizo. Es lo que se podía hacer y todos somos responsables de aquello. Lo que hizo Alberto durante los siete primeros meses, fue lo que pudo hacer. A mí me constan las dificultades que tenía para llamar a un Pleno, porque no tenía insumos. No había cómo hacer lo que luego hice yo: poder programar dos sesiones por día, porque teníamos todos los insumos. Si algún momento fue inoportuno para la renuncia de Alberto, fue cuando se produjo esa renuncia, porque ya estaba superado el problema. Ya había textos Constitucionales para el debate en el Pleno y ahí le dije en una carta. La Constitución, su esencia, su espíritu fue el mismo durante los ocho meses. No se cambió el modelo, no se cambiaron los textos. Es absolutamente injusto, y una ligereza, decir que los defectos de la Constitución se originan en lo que pasó durante el último mes. Es bastante más fácil ver la realidad a diez mil metros de altura y aparecer como cronista de las incompetencias ajenas. Una cosa es ser articulista y crítico y otra cosa es ser legislador. Cuando uno termina formando parte de un colectivo, entre otros renunciamientos está el de la individualidad. ¿De quien es el mérito de la Constitución? Yo digo: ¡Del Ecuador!, porque si nos vamos a poner méritos con nombre y apellido, pues, yo no estaré jamás allí.

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El Régimen de Transición, aprobado por el Pleno el 23 de julio, era indispensable para lograr un proceso sistematizado de paso entre el antiguo y el nuevo régimen.

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Se dijo que entre lo que aprobó el Pleno de la Asamblea Constituyente y lo que hizo la Comisión de Redacción, hubo diferencias; que hubo varias versiones de la Constitución. (Roldós presentó una denuncia) ¿Qué cambios se hicieron? Esa Comisión de Redacción adquirió, por efecto del reglamento de la Asamblea, capacidades enormes, pero no podía cambiar los textos cuando se trataba de temas de fondo, sin autorización expresa del Pleno de la Asamblea. En el Pleno, en algunos casos se les dio la razón, en otros se les negó. Pero en todo lo que era superposición de artículos, repeticiones innecesarias, estilo y concordancia la Comisión tenía, como toda Comisión de Redacción, plena libertad. El día 19 de julio se publicó un texto de la Constitución, procesado por la Comisión de Redacción, en la página web. Entre ese día y el 25, el Pleno hizo un cambio en relación al quichua y la Comisión tenía, simplemente, que ponerlo en la versión final. No es que la versión del día 19 fue la última y se acabó. Si el Pleno, que era el máximo organismo, ordenó que se haga un cambio, había que hacerlo. Por lo demás, ellos -los miembros de la Comisión de Redacción- fueron leyendo los textos igual que todos nosotros, y nos hicieron llegar un glosario y una versión final, que contenía cambios formales hechos sobre los 444 artículos, cambios que ya habían sido presentados el 19 de julio. Eso es lo que efectivamente pasó. Lo más importante es que el texto que votamos la noche del 24 de julio, es el texto que está publicado y que luego fue aprobado en el referéndum, no hay otro. Todas esas infamias de los socialcristianos, de los de la RED (Roldós), no pasaron de tales. Basta con saber que la Fiscalía archivó ese proceso y todos sus derivados. Ahora los despistados, están queriendo reeditar en estos días lo mismo, cuando es una cosa juzgada, que no tiene sentido. Por primera vez en la historia del Ecuador, pudimos presentar al país lo que no ha hecho ninguna de las Constituyentes anteriores: todos los textos completos, de las actas de las 97 sesiones. Todos los audios, no editados, de las intervenciones (miles de horas están grabadas ahí) y todos los videos; para que queden como testimonio de lo que pasó. Así es que pueden abrir los archivos una y mil veces, que no van a encontrar ningún cambio, ninguna manipulación, como perversamente, se insinúa. Otro elemento de conflicto fue el Régimen de Transición… Ese es otro tema interesadamente mal entendido. Es fácil de colegir, de entender, que entre lo viejo

y lo nuevo hay un período de transición, una distancia, una diferencia ¿Cómo pasamos al nuevo poder constituido? Otro gran principio defendido en la Asamblea Constituyente del 2008 en Montecristi, fue evitar caer en lo que el pueblo ecuatoriano había calificado como “abuso de los poderes legislativos”, es decir, escoger todo lo que nos pudieramos imaginar para hacer los cambios. Para ilustrar cómo funcionaba este abuso: ¿Teníamos que cambiar la justicia? Los constituyentes escogían a los jueces, ¿Teníamos que cambiar el sistema electoral?: Los constituyentes escogían a los controladores del sistema electoral. Nosotros lo que dijimos fue: “Sí, vamos a ser rectores del cambio, pero no vamos, con abuso de los plenos poderes, a hacer las nominaciones”. Entonces, era indispensable crear un Régimen de Transición.

lares y alternos. Para darle equidad a la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en vez de ser sesenta y cinco, que era la mitad de ciento treinta, terminamos siendo setenta y seis asambleístas; porque tuvimos que darles representación a los que, proporcionalmente, no la hubieran tenido. Había en Montecristi, fuerzas políticas que tenían un asambleísta y que, en la Comisión, no iban a estar representados. Preferimos reducir la representación de Movimiento País y de Sociedad Patriótica, para dar cabida a otros grupos, que tenían uno, dos, o tres asambleístas. Realmente ellos fueron los aventajados proporcionalmente, numéricamente.

Ahí, bastan los argumentos de la oposición para darnos la razón ¿Qué decían los asambleístas de derecha, que se autocalificaban de “oposición”? Que a los diputados del Congreso anterior había que “mandarles a la casa”. Y nosotros decíamos “No lo vamos a hacer”, porque el pueblo nos dio poderes ilimitados, pero no superiores a los suyos. Si el pueblo los había elegido diputados, nosotros estamos obligados a respetar eso. Y respetamos todos los casos, insisto, el del Presidente de la República, alcaldes, prefectos, concejales, concejeros y el de los diputados, porque tenían el mismo origen democrático. Modificamos sus mandatos, pero no los elegimos, ni los cambiamos. Cuando aquellos proponían “mandar a la casa” a los diputados, no decían qué debía pasar en el intervalo, hasta que se posesionaran los nuevos asambleístas. Los más irresponsables plantearon que no hubiera Función Legislativa. ¡Ahí sí estaban mostrándose en toda su esencia antidemocrática, sin tener claridad en lo que significa una Constituyente, o un poder constituido!

En el Congreso se trabajaba dos días a la semana. Tradicionalmente, en toda la historia legislativa anterior (excepto en el último Congreso “de los cinco meses” por la presión social para impedirlo) cada sesión adicional se pagaba. Había una “fabriquita” de ingresos adicionales controlada por los propios legisladores (“No hagamos sesiones ordinarias, o terminemos las ordinarias y, con eso, fabricamos extraordinarias y nos pagan más”). Eso se eliminó.

¿Cómo se conformó la Comisión Legislativa y de Fiscalización? En la propuesta del Régimen de Transición, decía que si ganaba el Sí, la Asamblea Constituyente volvería a reunirse con dos funciones últimas: designar al Consejo Nacional Electoral (como última designación, para nunca más volver a hacerlas, puesto que a partir de allí siempre sería a través de concursos de oposición y méritos) y la segunda, que era conformar una Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente. Ahí actuamos, otra vez, democráticamente. Todos los ciento treinta asambleístas fueron parte de la Comisión Legislativa, divididos en dos grupos: titu-

A la Comisión Legislativa y de Fiscalización se le reclama haber aprobado demasiadas leyes, sin mayor debate.

Nosotros en la Asamblea Constituyente, y luego en la Comisión Legislativa y de Fiscalización eramos funcionarios del Estado, servidores públicos, con un sueldo, pagando impuesto a la renta, aportando al IESS, sin ningún privilegio (aquí no gana un centavo de dólar más el Presidente de la Asamblea que cualquiera de los legisladores), totalmente iguales. Tenemos que trabajar un mínimo de cuarenta horas, como todos los funcionarios del Estado; y como todos los empleados públicos y privados en el Ecuador. Pero hay algo que funciona diferente del estilo de trabajo de los otros servidores públicos. Le hemos probado al país que podemos trabajar horas extras, días extras, semanas extras, sin cobrar, porque nos damos por satisfechos cuando podemos ser útiles al pueblo que nos eligió. Hemos aplicado aquello de que “quienes no hacen más por lo que les pagan, jamás podrán pedir más por lo que hacen”. Nosotros no hemos pedido más por lo que hacemos, pero es público y notorio que trabajamos sin horario ni calendario, en las comisiones. Y que eso es una semilla que caerá en terreno fértil. Estoy seguro que, en la Asamblea Nacional, no volveremos a sufrir de pereza legislativa. Hemos

aprobado treinta y dos leyes en los meses que ha funcionado la Comisión Legislativa, lo cual muestra la posibilidad de desarrollar legislación, de generar debates. De nuevo, nos dicen que ha habido falta de debate, pero tampoco, nunca, han podido coger defectos en las leyes aprobadas. ¿Para qué reclaman más debate, si son incapaces de posicionar temas en dicho debate? Con los plenos poderes, los mandatos, las leyes, aprobadas por la Comisión Legislativa y de Fiscalización; fuera de los elementos que tienen que ver con garantías y derechos, ¿qué tipo de imagen y figura institucional se está construyendo en el Ecuador hoy? Creo que está potenciado, al máximo posible, el poder de la ciudadanía. Me parece que la ciudadanía todavía no asimila adecuadamente sus nuevas capacidades para incidir en la planificación, en el control de la gestión, en las decisiones, inclusive para ejercer el poder directamente (ya no solo para asignar responsabilidades, sino para quitar responsabilidades). Ahora está completamente claro que, con todos los procedimientos de ciudadanización de la política, es muy probable que empiecen a ocurrir revocatorias de mandato a quienes no cumplen. Veremos, en los próximos meses, campañas para quitarles el mandato a aquellas personas que traicionaron a los mandantes.

“Estoy seguro que, en la Asamblea Nacional, no volveremos a sufrir la pereza legislativa. Hemos aprobado 32 leyes en los meses que ha funcionado la Comisión Legislativa, lo cual muestra la posibilidad de desarrollar legislación, de generar debate.”

Pero, fuera de eso, que en las pequeñas parroquias se creen consejos de planificación, que en los cantones ocurra lo mismo; que en las provincias y a nivel nacional, incluso, el Estado no se haga solo en la academia, o en la planificación institucional, sino que amplíe el gran debate ciudadano, es lo que nos va a hacer actores más responsables. Estamos frente a una sociedad en la que los ciudadanos no vamos a ser “mirones”, sino que vamos a ser actores, finalmente. Nunca más volveremos a ver un funcionario público que haya entrado por la ventana. Tiene que entrar por la puerta ancha de la meritocracia, de un puesto bien ganado en un concurso de oposición y méritos, supervisado con veeduría ciudadana, hasta en las más altas funciones del Estado. No deja de ser importante que hayamos cortado “el dedo”. Ya no hay “dedómetro”, ya no es al “ojímetro” como se va a designar a esos funcionarios. Ese es el camino de la Constitución, el camino de las leyes, el camino de la nueva institucionalidad. Esos son cambios reales y profundos.

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Para “desmediatizar” el legado

La Asamblea Constituyente del 2008 y sus productos (mandatos, leyes, Constitución misma) no han podido aún, sujetos como están a los vaivenes de los juicios caracterizados por la inmediatez, ser comprendidos en una dimensión mayor. Para bien o para mal, habrá que dejar que con el paso del tiempo se vayan decantando los efectos de lo que se hizo bien, de lo que no se hizo tan bien, de lo que se hizo francamente mal e, incluso, de lo que se dejó de hacer en Montecristi y, luego, a través de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en el “congresillo”. El devenir histórico de la patria ecuatoriana, indetenible, llevará a su pueblo al destino que se sepa dar.

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En estos tiempos todas las realidades, nimias o no, se “mediatizan”, la información resulta un fárrago de altisonancias; la democracia no es, para algunos, nada mejor que tener que resignarse a ver impávidamente, aura mediocritas, sucederse gobiernos, cada uno envuelto en su marejada de escándalos, para que finalmente nada cambie. En tiempos tales, resulta un reto útil detenerse ante el proceso constituyente del 2008 y observarlo con una agudeza desprovista de dogmas. Allí reside, seguramente, la posibilidad de entender con dimensión histórica lo que nos ha sucedido políticamente a los ecuatorianos en este período (merced a decisiones mayoritarias del electorado, hay que subrayarlo). El proceso político dentro del cual se inscribió la nueva Constitución ha estado signado (esto no es ningún secreto) por una relación abiertamente enconada entre el gobierno del Presidente Rafael Correa y la mayoría de los medios de comunicación privados del Ecuador, especialmente a partir del hecho de que el mandatario se ha referido a ellos

como “parte del pasado”; ese pasado que el régimen se ha propuesto dejar atrás y del que ha destacado frontalmente, como un signo, la relación de algunos de estos medios con poderosos intereses económicos, principalmente del sector financiero. Los políticos y las grandes empresas informativas han tenido, se sabe, una relación de perversa dependencia mutua, establecida sobre la base de un statu quo, en el que los primeros proporcionan material inflamable a cambio de una generosa cobertura mediática de su histrionismo demagógico. Así ha sucedido con todos los medios, pero sobre todo con la televisión, cuya patológica pulsión por poner en escena el show de las noticias, la ha vuelto tristemente dependiente de aquellos montajes. Todo hubiera seguido por el cauce de lo previsible si es que el Presidente no hubiese puesto el dedo en la llaga, bastante expuesta por lo demás, del írrito poder mediático en una sociedad que quiere abrirse a la participación sin agentes, justamente, mediatizadores. De esta manera, la construcción de la “opinión pública” respecto del proceso constituyente estuvo desde el comienzo atravesada por esa relación conflictiva, aunque su desarrollo posterior demuestra que los medios, pese a ser de las instituciones más significativas de dicha opinión (ciertamente, más “publicada” que “pública”), no son la más determinante. Al contrario, en el proceso constituyente se demostró que la construcción y circulación de opiniones existen, con fuerza y luz propia, fuera de la institucionalidad política y de la industria mediática. Desde el inicio: la consulta popular del 15 de abril de 2007 fue, para la mayoría de los medios masivos una maniobra política del gobierno y no una aspiración democrática del pueblo. La primera demos-

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tración de la existencia de otros canales de circulación de los debates de interés público fue el resultado de la consulta, con un 81% a favor del Sí. Esto creó un pacto de confianza entre el proyecto y sus electores, que se mantuvo y ratificó con la instalación de la Asamblea, el 29 de noviembre de 2007. La población entiende que la relación de los medios con este proceso obedece más a un estado emocional coyuntural que a un análisis de las condiciones históricas en las que se produce. La mayoría de los medios “cubre e informa” el trabajo de la Asamblea bajo las mismas premisas con las que antes cubrían el Congreso Nacional. No iban en busca de las decisiones que permitirían una transformación del país, sino de los acontecimientos escandalosos, como era habitual en una institución desprestigiada como la antigua legislatura. ¿Porqué el cambio de cultura política habría de penetrar en la inveterada estructura mental de cronistas legislativos cuyo interés en lo que iba a suceder no alcanzaría para mucho más que la constatación de los signos epidérmicos de lo que sucedía, como lo exige el cierre editorial? ¿Porqué, finalmente, tendría que cambiar esa cultura, si algunos asambleístas también habrían de aceptar, con o sin conciencia de ello, ese pacto entre “gatos y ratones” que la fuerza de la costumbre había establecido desde hacía tanto, en los recintos legislativos?

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Así, un planteamiento de revisar los símbolos patrios, que nunca llegó a ser debatido en las mesas, ocupó, durante semanas, titulares en periódicos y noticieros. Las propuestas sobre derechos sexuales y salud reproductiva, que se inscribían en el concepto de soberanía del cuerpo, fueron abordadas por los medios desde la más trasnochada ausencia de laicismo, preconizando los más exaltados discursos antiaborto, sin considerar ni bases científicas, ni el derecho de las personas. Cuando se introdujeron conceptos como el Sumak Kawsay o la noción de la Pacha Mama, provenientes de las culturas originarias de América, en lugar de asumirlos como una manifestación de la diversidad y la vocación incluyente del proceso, muchos medios abrieron sus espacios a ideas dogmáticas que niegan cualquier cambio en los ideales colectivos. Cuando se declaró al Ecuador territorio libre de bases militares extranjeras, la versión de la gran prensa nacional fue alertar sobre el riesgo de afectar las relaciones con los estados que se bene-

fician de la existencia de esas bases, en lugar de entenderlo como un proceso de reafirmación de la soberanía nacional. Son numerosos los ejemplos en los que se vió cómo las iniciativas políticas, en la narración mediática, cambiaron de sentido. En general, los medios hablaron mucho de temas que no eran parte de la labor constituyente. El debate constitucional no estuvo en los medios, tanto como el caso Logroño, las imputaciones contra María Augusta Calle, el hipotético cambio del Escudo Nacional, la supuesta inclusión en la Constitución del Derecho al Placer, y otros asuntos que nunca ingresaron a mesa alguna para su análisis y debate. Gran espacio y largos reportajes se hicieron alrededor de la actuación de las asambleístas que decían estar contra una imaginaria inclusión del aborto como derecho constitucional, así como del matrimonio entre personas del mismo sexo y, en general, de todo lo que apareciese como contrario a los principios católicos y conservadores. Desde la consulta popular del 15 de abril de 2007, se evidenció la oposición de los medios al desarrollo de un proceso político de cambio, sin importar que la posterior elección de asambleístas y la instalación de la Constituyente haya sido a favor de ese proceso. Los grandes titulares, las posturas de los editorialistas y la actitud con la que llegaron muchos reporteros a Montecristi revelaron cuán dura sería la tarea con la prensa, así como el trabajo de la Sala de Prensa José Peralta. Alrededor de 750 periodistas solicitaron credencial. Cada día hubo entre 150 y 200. En los momentos de mayor tensión esa cifra subía. Sin embargo, como quedó anotado, otras formas de comunicación habrían de rebasar toda aquella parafernalia. La Asamblea sintonizó, desde el principio, con esos nuevos canales de comunicación y estableció un sistema que garantizaría la relación entre los asambleístas y la sociedad sobre la base de la información como un derecho básico de las personas y como una responsabilidad del Estado. El portal web de la Asamblea permitió el seguimiento de las sesiones por parte de la ciudadanía, por parte de los medios masivos y por parte de las organizaciones encargadas de la veeduría. Y así contribuyó a la transparencia, incluso poniendo a disposición de todo el que accediera a dicho instrumento, los documentos del proceso. La página web de la Asamblea Constituyente (motivo de dos

tesis de maestría) significó un aporte y una ‘revolución’ en la información institucional. Particularmente, se convirtió en una herramienta de trabajo de comunicación interna de la Asamblea, pero también en un canal potente de información dentro y fuera del país. En marzo de 2008, o sea en menos de cuatro meses de instalación, contabilizó más de un millón de usuarios que buscaban información, proponían debates, seguían las sesiones, las ruedas de prensa y los principales acontecimientos. El sitio web fue, se ha dicho ya, una herramienta para aquellos medios de comunicación pequeños, locales y regionales, que no podían llegar hasta Montecristi. La realización de foros, debates, mesas itinerantes, comisiones generales, se convirtieron también en formas expeditas de construcción de opinión, fuera de los procesos de mediación y sin tomar en cuenta voces “autorizadas” o “legitimadas” mediáticamente. Se afianzó de esta manera la construcción de la opinión pública a partir del diálogo directo entre la población y sus representantes políticos. Como resultado, el 25 de julio de 2008, la Asamblea presentó un Proyecto Constituyente que, so-

metido a referéndum, el 28 de septiembre del mismo año, fue aprobado con un 64% de la votación a nivel nacional. La opinión pública, ese punto de encuentro entre la política y la comunicación, dijo que la reforma política del Estado, mediante un proceso constituyente, tenía un peso histórico superior al que le otorgaron los medios de comunicación tradicionales. La autonomía respecto de esos medios cuando de las grandes decisiones políticas se trata, aquellas en las que está involucrada la participación masiva de la gente, ya comenzó a sentirse con enorme fuerza en los ya lejanos días de “los forajidos”. Allí fue clarísimo: los grandes medios masivos habían perdido la brújula y la gente optó por trasladar su confianza a La Luna, radio pequeña y sincera, convertida por el pueblo en bastión y barricada. Luego de la vivencia en Montecristi y de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, que la prensa no dejó de llamar “congresillo”, vuelve a ser pertinente preguntarse si es posible esperar que aquellos medios otorguen un mínimo de legitimidad a la voz política de la mayoría de la población, en un acto de descendimiento que podría significarles comenzar a recuperar la confianza de las personas.

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Legislar para el pueblo, reto permanente Trasladémonos hasta mediados de 1797. En Quito, Eugenio Espejo había muerto hacía un año y medio solamente. El barón de Carondelet había sido nombrado presidente de la Audiencia y, por entonces el poder español se encontraba razonablemente consolidado en esta parte de sus dominios de ultramar. Sin embargo, tan solo doce años más tarde la chispa de la insurgencia se prendería en Quito para dar a luz el primer gobierno de criollos en la América Hispana. De allí, el incendio libertario no podría detenerse con sangre ni fuego, y en menos de tres décadas otro sería el mapa político del continente.

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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha en Francia tan solo ocho años antes, se había regado como pólvora por Europa y había llegado a América por muy diversas vías. Ese año, uno de los primeros intentos de republicanismo en Hispanoamérica, sucedió en el territorio de la antigua Capitanía General de Caracas, liderado por criollos dueños de cierta ilustración: Manuel Gual y José María España. Estos caraqueños y sus seguidores hicieron circular, entre otras acciones sediciosas, una traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, acompañada por un texto introductorio combativo, que tenía claros objetivos emancipadores. En ella se dibujaban, con precisión y clarividencia, un conjunto de aspiraciones respecto del mandato que el pueblo en revolución depositaba en sus legisladores. No deja de llamar a reflexión cómo esas condiciones se sostienen hasta hoy en la validez de su justeza. He aquí un fragmento: (…) Resulta que el buen suceso de una revolución depende tanto del pueblo como de sus legisladores; del pueblo porque es indispensable que conozca la gran distancia que hay de sus costumbres actuales al modo con que debía vivir, y, por consiguiente, que para destruir estos hábitos tan viciosos y romper los lazos que tienen sujeta su alma a tanto error e ignorancia, a tanta pasión desarreglada y a tanta

práctica antigua, es necesario que se venza a sí mismo, haciendo un sacrificio de todos sus errores; esfuerzo tanto más grande para el hombre cuanto no puede ser sino la obra de una revolución vigorosa, de un entusiasmo generoso, revolucionario, vehemente, sostenido y gobernado por los consejos de la razón. De los legisladores, porque de sus luces y probidad depende tomar las medidas con exactitud y dar a la empresa una dirección invariable y una solidez indestructible, por lo que no es suficiente para el exacto desempeño de un empleo semejante el que sean hombres instruidos y celosos; es necesario que estén libres de preocupaciones y errores, de pasiones y parcialidades; que hayan reflexionado maduramente sobre la naturaleza de las cosas y el carácter de los hombres; que sepan atraerlos por la fuerza de los principios y no por la violencia; que conozcan la influencia del clima sobre lo moral y lo físico, y la influencia aún más grande de los usos antiguos que sólo su antigüedad hace respetarlos ciegamente; que sepan calcular con exactitud las relaciones sociales por un conocimiento fijo de todos sus enlaces y que determinen antes cuál será el juego de los nuevos resortes políticos puestos en movimiento; que combinen igualmente los resultados de su acción por afuera, y que midan la preponderancia que podrá tener el pueblo regenerado en la balanza de las naciones, ya por su gobierno, ya por su comercio. Después de haber trazado el plan, es indispensable que le lleven adelante con firmeza, sin exasperar a nadie, y que hallen el arte de merecer la confianza pública, al tiempo mismo que destruyen una infinidad de intereses particulares; es necesario que sepan sostenerse en una elevación que siempre vaya creciendo, por el bien que se opera; que miren solamente la masa del pueblo, sin distinguir los individuos; que caminen entre la sabiduría y el vigor, la justicia y la razón, la estabilidad y los principios; en una palabra, que no se detengan por pequeños em-

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1 Pensamiento político de

la emancipación (17901825). Biblioteca Ayacucho. Nº 23. Pag. 10-11.

barazos, por vanos clamores, por débiles contrariedades; que no se atemoricen por algunos contratiempos parciales; que tengan la serenidad de espíritu necesaria para preverlo todo, para prevenirlo y remediar sin dilación los males accidentales; en fin, que sean tan grandes como la obra en que se ocupan, tan respetables como el pueblo de quien sellan los derechos; que estén profundamente penetrados en sus obligaciones y tengan siempre presente que un olvido, una ligereza, una debilidad, puede costar muchas lágrimas y sangre a una multitud de ciudadanos. La cualidad primera de un legislador es la abnegación de sí mismo; debe mirar exclusivamente en sus trabajos el bien general y no esperar otra recompensa de sus fatigas, de sus esfuerzos, que la gloria de haber atraído la virtud entre los hombres, presentándoles leyes propias para lograr su felicidad. ¡Dichosa tú, amada patria mía, si logras unos legisladores tan sabios y virtuosos! 1

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Resulta notable el paralelismo que es posible establecer entre las aspiraciones republicanas que tuvieron los primeros próceres de las naciones criollas americanas y las que aún iluminan a nuestros pueblos. Lograda la emancipación de España, décadas después, un explicable entusiasmo por las gestas de la independencia recorrió nuestros paisajes, pues se hizo necesario cimentar el proyecto nacionalista de cada país, para lo que el recuento de las gestas se volvió indispensable. Claro que en el intento de reconstruir la memoria y exaltar los actos de valor se elevaron -lenguajes estéticos en boga, de por medio- pedestales heroicos; y sobre ellos fueron colocados personajes de diverso mérito, así como otros fueron condenados al olvido. Pero el panteón de la historia no fue siempre hecho con justicia. Al construirse el relato de nuestras independencias de España quedó relegado, como una sombra, el pueblo. Los logros de aquellos años de lucha parecían haber sido mérito, únicamente, de caudillos mesiánicos y militares de galón. En efecto, la vida política de las repúblicas se pensaba y decidía en los círculos del poder, normalmente de espaldas a la participación popular, a la que se echaba mano para embellecer la retórica discursiva o para respaldar intereses de par-

tido. Aún de las revoluciones posteriores, las de fines del siglo XIX, el recuerdo era y sigue siendo, con mucha frecuencia, para generales de altiva espada y dulce mirada extraviada en el sueño del porvenir, a los que sigue una turbamulta esperanzada. Poco se ha ocupado la historiografía del papel, tantas veces definitorio, de la participación popular en aquellas batallas libradas colectivamente, hay que subrayarlo siempre, por avanzar como sociedades. Y buena parte de esa participación se ha expresado en el reconocimiento de la legislatura como una instancia de vocación democrática por definición. Un congreso legitimado por el pueblo difícilmente pierde su carácter esencial. Los tiempos han cambiado y los caminos de la participación se han abierto, si no del todo, mucho más que hace un siglo o dos. Por eso, al intento de calibrar los logros del proceso político que el pueblo ecuatoriano vivió, desde enero del 2007 hasta agosto del 2009, le puede hacer bien echar una ojeada al pasado; y constatar que, hace centurias ya, similares exigencias se hacían quienes soñaban con patria y libertad. La legislatura fue concebida, desde la república romana, como poder normador y equilibrador de los designios del mandatario supremo; así como foro y crisol de los debates más urgentes de la sociedad. En una república de corte más actual se esperaría que fuese la instancia en la que, realmente, pudieran expresarse los pueblos, una vez que la marejada de su indignación haya valido para recuperar la paz perdida, la justicia extraviada o la dignidad secuestrada. El Ecuador confía en sus legisladores actuales porque son parte de la nueva fuerza política emergente, fueron elegidos en democracia y el pueblo les ha confiado la misión de hacer, verbigracia, leyes propias que hagan su felicidad. De sus legisladores, la gente quiere representación real, hoy, como la quiso ayer. Y la traición de los legisladores al pueblo se paga, por lo menos, con desprecio y olvido. El reto para los legisladores del presente es, entonces, continuar en la búsqueda del proyecto común, del sueño colectivo, llevados por los vientos del cambio, alentados por la fuerza del pueblo, que lleva como una enseña las palabras del Viejo Luchador: “Nada para nosotros, todo para la patria”.

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