Colombia Cooperativa
Editorial Es el tiempo de una política pública para el cooperativismo Las cooperativas en Colombia son una realidad social, económica, cultural y ambiental. No obstante, pareciera que no logran aceptación, reconocimiento o respeto frente al modelo económico actual, centrado en el individualismo, la concentración de la propiedad, las oportunidades y la riqueza, lo que conduce a que sean miradas, desde diferentes sectores de la sociedad, como organizaciones marginales al desarrollo, ineficientes, sinónimo de pobreza y de falta de oportunidades y en ocasiones, como organizaciones peligrosas para el mercado. La debilidad, inconsistencia o inexistencia de política pública para desarrollar y materializar el reconocimiento, promoción y fortalecimiento de las formas cooperativas y asociativas de la propiedad, elementos centrales señalados por la Carta de 1991, contribuye en un alto grado a mantener ese imaginario público negativo sobre las cooperativas. También ayuda a que en muchas ocasiones se desvirtúe su naturaleza y sean utilizadas en forma indebida, inapropiada y hasta ilegal por personas extrañas al movimiento, que desconocen los valores y principios que rigen este modelo y que buscan en su uso indebido un beneficio individual, incluso lucrativo, ajeno a la doctrina y el marco normativo que rigen a las cooperativas. Avanzar en la construcción de una política pública de Estado que supere esos paradigmas e imaginarios negativos o de prevención frente al modelo, que rescate la naturaleza cooperativa como elemento necesario para el desarrollo, que facilite la inclusión e innovación social, la reconstrucción del tejido social, la promoción organizada y sostenible del emprendimiento productivo y la educación de la sociedad en torno a otras formas de propiedad, igual de legítimas y empresarialmente viables, es una necesidad urgente e inaplazable. El Mensaje de la ACI de 2006, señala que “Las cooperativas desempeñan su función contribuyendo a resolver los problemas que desembocan en conflictos. Estos conflictos derivan de la necesidad de lograr estabilidad económica mediante un empleo seguro o una vivienda asequible, el acceso al crédito o a los productos de consumo, el seguro o los mercados o la satisfacción de una multitud de necesidades. Las cooperativas aseguran que las personas tengan alternativas auténticas a los fallos de los mercados o de los gobiernos, con lo que ayudan a ofrecer estructuras que ocupan y hacen participar a las personas. Las cooperativas abren un camino de inclusión, no de exclusión, y ofrecen a las personas la capacidad de auto-ayuda contribuyendo así a eliminar muchas de las condiciones que pueden acabar en un conflicto dentro de las comunidades y entre ellas”. “Las cooperativas ofrecen también una alternativa real a la resolución de conflictos y contribuyen considerablemente a reconstruir las comunidades después de guerras o de conflictos civiles al crear condiciones que disminuyen la posibilidad de que estos conflictos resurjan. Pueden crear la base real a largo plazo para una paz sostenible y amplia fundada en estructuras democráticas”. La decisión política del gobierno por crear las condiciones favorables para lograr una paz estable y duradera, que ponga fin al conflicto de décadas, debe servir de fundamento para la reflexión sobre el modelo de sociedad y de desarrollo que requerimos y demanda una política pública de mediano y largo plazo para el sector cooperativo, ya no como una aspiración particular del movimiento, sino como una necesidad para contribuir al bienestar de la nación. Se abre una oportunidad para todos y el modelo cooperativo está dispuesto a servir como instrumento de cohesión social y económica. Los ejemplos de esta afirmación abundan en el mundo de hoy (Vietnam, Bosnia, Palestina) y será muy útil que el gobierno y la sociedad revisen y valoren su importancia en momentos en que surge esta iniciativa de paz y prosperidad en el país. Carlos Ernesto Acero Sánchez Director Ejecutivo Ascoop
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Colombia Cooperativa
Informe especial Nuestro siguiente paso:
Vamos a conquistar/construir/proponer: una política pública que impulse el modelo cooperativo para Colombia
2. ¿Cuáles pueden ser las grandes líneas que contemple dicha política pública integral? En otras palabras, ¿qué áreas de la vida social colombiana puede contemplar esa política pública?
Dando continuidad a los lineamientos de los informes especiales, y acogiendo las conclusiones del Congreso Cooperativo pasado, a continuación Colombia Cooperativa ofrece un conjunto de ideas que nos permiten fomentar la discusión y avanzar hacia la unificación de criterios para que el movimiento cooperativo pueda liderar este proceso.
1. ¿Q u é e n t e n d e m o s p o r [ p o l í t i c a p ú b l i c a] y q u é características le proponemos? Dado que hay múltiples, y, a menudo, laxos usos de esta categoría, comencemos por unificar nuestros criterios para esta reflexión. 1. Entendemos por política pública una [política de Estado], que trasciende a cada gobierno, que va más allá de un periodo de gobierno, y por supuesto que compromete a varios ministerios y agencias estatales responsables
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de la dirección y ejecución de las políticas, de los programas y de las inversiones estatales. En este sentido, es una política de mediano y largo plazo, condición básica para que se logre impactar, de manera profunda, la vida social; 2. Su carácter [público] se refiere a que ha sido construida con y acogido por la ciudadanía, que el conjunto de la sociedad la comprende y la comparte y apoya y vigila su ejecución, los recursos que se invierten, y desde luego, que responde al interés público, al interés nacional -y no solo-, al interés de unos cuantos grupos económicos poderosos y formulada a partir del lobby de sus representantes ante el gobierno y el Congreso; 3. Y, para nosotros, es una política [integral], esto es, que comprende varias áreas de la vida social -dado el carácter y la identidad cooperativa-: tanto lo social y lo económico como lo cultural.
Pensando en cómo incidir de manera profunda y de verdad renovadora en nuestra vida social, la propuesta de política pública del movimiento cooperativo, consideramos que debe integrar líneas centrales como las siguientes: - En primer lugar, una política de educación básica y postsecundaria y universitaria, que al tiempo con la cobertura real, esto es, que ofrezca a la niñez y a la juventud condiciones efectivas para poder acceder y mantenerse estudiando, entienda el sentido de educación de calidad como caminos para aprender y valorar el trabajo colaborativo y con un sentido ético en la búsqueda de resolver los problemas comunes y de ser solidarios, de construir en conjunto un modelo de producción y consumo responsables con el medio ambiente y con la vida social, de encontrarle un sentido a la ciencia y la tecnología, en aportar al país y al planeta... y no la calidad como el desarrollo de competencias
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productivas para enfrentar, cada quien, el mercado. Y en esta búsqueda, sí que tiene sentido que impulsemos un movimiento pedagógico cooperativo que incida en ésa política para la educación; - también una política de juventud, que ofrezca múltiples opciones de vida, y de realización a toda la juventud urbana y rural, desde las opciones de generación de ingresos (estable, sostenible, digna), la realización de su capacidad de soñar, de ser solidarios, de crear, de compartir, de comunicar y del ocio creativo con el deporte, el arte, la cultura; en fin, una política de juventud que le abra un futuro realista a la juventud, que transforme por siempre esa ausencia de futuro, ese no futuro que padecen millones de muchachas y muchachos por un presente de esperanza; esta política de juventud pasa por ofrecerle y enseñarle a la juventud la alternativa de organizar empresas cooperativas con su filosofía y sus principios; - una política de apoyo a las mipymes -micros y pequeñas y medianas empresas-, que al tiempo con las alternativas de financiamiento, de investigación e innovación, de
calidad, de mercados, les apoye en el camino de la asociatividad cooperativa; en fin, una política integral de apoyo a las mipymes que les ofrezca condiciones de equidad frente a las grandes grupos -monopolios- como condición para la sostenibilidad del sector de la economía que genera buena parte del valor agregado y del empleo de la economía colombiana; - una opción de fomento al emprendimiento para diversos sectores de la sociedad: para los jóvenes profesionales, para los independientes y para amplias capas de la población que vive en la informalidad y el rebusque: pero un emprendimiento colectivo y solidario, en la que una de las grandes fortalezas es, precisamente, el modelo cooperativo, pues para crear empresa y ser emprendedores en un mundo monopólico y globalizado, la primera condición de sostenibilidad es la asociación, la cooperación; en una palabra, una política de fomento de las cooperativas de trabajadores asociados;
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- Una política financiera que [fomente las formas solidarias del ahorro y del crédito] que, al tiempo con estimular la asociatividad en torno a las cooperativas y apoyar a millones de familias en sus proyectos de vida le permita a nuestro país avanzar a nivel macroeconómico en una estrategia para regular a los grandes grupos financieros y avanzar hacia una verdadera democracia económica. Y, frente al desarrollo rural, una política que articule el modelo cooperativo como alternativa de organización de los pequeños Fundamentos constitucionales para una política pública La Constitución Política de Colombia consagra: Artículo 38. “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad...”.
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