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Hasta Junio de 2011 Hasta Mayo de 2011
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Refiascoop Revisoría Fiscal
Consejo de Administración
Comités Ejecutivos Directivo Comunicaciones Educación
Educación Cooperativa y Técnica Proceso de educación Investigación e información Material didáctico
Desarrollo Empresarial Creación de empresas Sistemas gestión de calidad Asesorías y consultorías
Proyectos y convenios
Promoción redes negocios
Asesorías educativas
Proyectos y convenios
Asistencia técnica
Junta de Vigilancia
Dirección Ejecutiva Representación legal y gremial Ejecución de políticas de la Asamblea y del Consejo Formación de opinión e incidencia Alta gerencia de servicios Coordinación
Comunicaciones Investigación y proyectos Revista Colombia Cooperativa Sitio web Boletines Prensa y asesorías Promoción y publicidad
Comités Consultivos Ahorro y crédito Trabajo asociado Transporte.
Asesores
Gestión de Servicio al Asociado Membresía Gestión de servicios y productos
Administración y Finanzas Gestión administrativa
Evaluación y seguimiento
Talento humano Infraestructura y logística
Apoyo a gestión gremial
Presupuesto Contabilidad
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Banco de la República de Colombia. “Series estadísticas. Sector externo. Flujos de Inversión directa” 2011.
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En efecto, el Gobierno Nacional expidió un decreto a través del cual conformó un Comité coordinador para impulsar las actividades relacionadas con la celebración del Año Internacional de las Cooperativas, integrado por la Vicepresidencia de la República, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la antigua Dansocial, dejando por fuera del mismo al sector cooperativo, no obstante las acciones de coordinación y consulta que se trabajaron con Confecoop. Esta situación, contraria al interés de las Naciones Unidas expresado en la proclamación del Año Internacional, ha generado enorme inconformidad al interior del movimiento cooperativo colombiano, quien a través de Confecoop ha hecho saber al Gobierno su voz de protesta. Más allá de las formalidades, el cooperativismo colombiano espera que durante 2012 el Gobierno envié señales positivas en materia de política pública que permita el cumplimiento del mandato constitucional de promoción, protección y fortalecimiento de las formas asociativas y solidarias de la propiedad.
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