INTERESANTE ANALISIS SOBRE EL PACTO POR MEXICO

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El pacto y sus asegunes Reportaje. Un nuevo intento. Celebrado casi por unanimidad, el Pacto por México es inédito, pero aún debe implementarse Ernesto Núñez, Jésica Zermeño y Martha Martínez (9 diciembre 2012).-­‐ Transformar a México a partir de 95 acciones que comenzarán a implementarse en 2013. Profundizar el proceso de democratización del país, fortalecer el Estado, democratizar la economía y la política, ampliar y aplicar eficazmente los derechos sociales...

Todo eso busca el Pacto por México, un acuerdo cuyos firmantes comparan con los Pactos de la Moncloa que, en octubre de 1977, consolidaron la transición española.

Sus promoventes destacan que, por primera vez, un acuerdo entre partidos políticos no toca solamente lo político-­‐electoral, sino que contiene una agenda basada en las demandas y necesidades de la gente.

Se divide en cinco ejes: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y Gobernabilidad Democrática.

Juan Molinar, promotor del pacto desde el PAN, señala que ese orden no es casual, sino responde a la prioridad que se quiere dar a cada tema. No en vano, menciona, el primer eje concentra 36 compromisos, y el segundo 37. Esto significa que dos terceras partes de los acuerdos tienen que ver con derechos sociales y crecimiento económico.

Comparado con un pacto exitoso (el del Seminario del Castillo de Chapultepec en 1989, que dio pie a la creación del IFE en 1991), es mejor porque abarca también temas no electorales, sostiene Molinar, quien diferencia este pacto de los intentos de reforma del Estado del 2001, que considera fallidos.

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Luego de firmar el documento, todas las fuerzas políticas celebraron que inicie así la administración Peña Nieto, pero existen límites y riesgos que, los especialistas resumen en tres advertencias: si no aterriza en el Congreso, no será exitoso; si pretende cancelar el pluralismo, fracasará, y si no corrige errores en su implementación, perderá toda legitimidad.

A esto se añade otro peligro: que los dirigentes Gustavo Madero (del PAN) y Jesús Zambrano (del PRD) no han terminado de consensuar el acuerdo al interior de sus respectivos partidos y podrían enfrentar resistencias a la hora de implementarlo en las Cámaras.

Por lo pronto, el Pacto establece como acciones inmediatas: convocar a los partidos pequeños a firmarlo y presentar tres iniciativas de reforma: educativa, telecomunicaciones, y responsabilidad hacendaria y deuda de estados y municipios.

'Urge llevarlo al Congreso'.-­‐ Valadés Si se quiere que el Pacto por México adquiera una dimensión histórica similar a la de los Pactos de la Moncloa, entonces debe aterrizarse ya en el Congreso de la Unión y convertirse en el Programa de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así lo advierte Diego Valadés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participante en intentos previos de reforma del Estado y promotor en octubre de 2011 de un acuerdo para llegar a un gobierno de coalición.

"Habría que hacer que el pacto fuera enviado al Congreso para que el Congreso lo convierta en una línea de principios generales de la que se desprenda la futura elaboración del programa de gobierno y su sujeción a ambas Cámaras.

"En España, los dos Pactos de la Moncloa, el económico y el político, fueron remitidos al Congreso de los Diputados y al Senado, y en ambos cuerpos colegiados fueron aprobados. Se aceptaron los principios generales y se crearon las políticas públicas", explica.

Valadés no minimiza la importancia de este pacto, y subraya que por primera vez un acuerdo en México no se limita a una reforma político-­‐

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electoral, como ocurrió en 1989, en 1996, en el 2000 y en el 2007, sino que abarca todo un elenco de temas.

Ve en este acuerdo la posibilidad de iniciar, al fin, una etapa de reformas institucionales muy importantes para México.

Uno de los aspectos más valiosos, desde su punto de vista, es que el documento recoge la agenda anti-­‐Peña, o la agenda de sus opositores, como es romper con monopolios, la reforma educativa, la apertura del sector telecomunicaciones, el combate a la corrupción y algunos temas de democracia participativa.

"Todo denota que el conjunto del acuerdo sí es el resultado de una negociación en la que todos cedieron algo y todos conquistaron algo. Ésa es la naturaleza de un pacto bien negociado. Así ocurrió en España", insiste.

'No cierra el debate'.-­‐ Muñoz Ledo Porfirio Muñoz Ledo, quien ha participado en los acuerdos políticos que se han ensayado en las últimas cuatro décadas, asegura que el Pacto por México es positivo, pero no debe ser visto como el fin del debate ni la cancelación del pluralismo.

Para el experimentado político (ex líder nacional del PRI y del PRD), el acuerdo no es comparable con los Pactos de la Moncloa, como lo han dicho los dirigentes que lo firmaron, pero sí representa una oportunidad para abrir el debate nacional.

"No se puede confundir pacto con cooptación, debe mantenerse el pluralismo político. Debe haber un juego entre gobierno y oposición para que funcione la democracia. Estes pacto hay que ampliarlo a más temas y a más actores, debe ser más incluyente. Para que los pactos funcionen tiene que haber debate, estos acuerdos no cierran el debate, lo abren sobre cada uno de los puntos que contiene", señala.

Muñoz Ledo señala dos condiciones para que este nuevo pacto funcione: que las fuerzas políticas diriman sus controversias internas, y que se esclarezcan los hechos violentos ocurridos el 1o. de diciembre en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

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"El pactismo debe darse dentro de un pacifismo, debe haber un espíritu de paz y de concordia. Creo que hay todavía mucha agitación en las conciencias por los sucesos del día primero, yo hago un llamado a que se esclarezca todo este asunto para que podamos avanzar", agrega.

El ex diputado federal (la última vez bajo las siglas del PT en la LXI Legislatura) agrega que este pacto no tira por la borda 12 años de panismo.

"No. El panismo es simplemente un periodo afortunadamente superado.

Al panismo le faltó calidad de Estado, y le sobró frivolidad", sentencia.

'Hay que cuidar las formas'.-­‐ Alcocer Experto en temas político-­‐electorales, testigo y actor de varios acuerdos de refundación de instituciones en el país, Jorge Alcocer ve con cierto escepticismo los mecanismos de implementación del Pacto por México.

En primer lugar, cuestiona la ambigüedad y generalidad de algunos puntos, cuya redacción dice todo y nada.

Pero, sobre todo, cuestiona que se otorgue a instancias como el "consejo rector" y la "coordinación técnica" del pacto facultades que legalmente no les corresponden, como la de proponer leyes.

"A mí me preocupa que si no se cuidan las formas, parecería que estamos creando un mini Congreso de la Unión", advierte, "no creo que la nueva etapa abierta por la segunda alternancia nos deba llevar al Estado de partidos. El Estado tiene sus instituciones, hay que fortalecerlas, hay que respetarlas. No estemos creando órganos paralelos, que se van a erigir, citándolos a ellos mismos, en un poder fáctico", advierte.

Por otro lado, señala que el Consejo Rector tendrá tres representantes del PAN, tres del PRD, tres del Ejecutivo y tres del PRI; es decir, seis de la oposición y seis del gobierno y su partido. Lo que haría imposible desempatar una decisión polémica.

Alcocer tampoco cree que sean los "Pactos de la Moncloa a la mexicana", pero sí valora su importancia por el hecho de ocurrir al inicio de un nuevo sexenio y una nueva alternancia.

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"Su mayor valor radica en que al inicio de un sexenio las tres principales fuerzas se sientan a construir una carta de intención sobre un conjunto de temas que han agrupado en cinco grandes rubros. Es un documento que hay que seguir leyendo. Es muy extenso, tiene demasiados temas.

"Aunque los autores buscaron separar las temáticas en cinco ejes, en realidad también le haría falta otro cruce... está el cruce temático, pero le falta el cruce de responsables, tiempos y movimientos", añade.

El especialista considera necesario que los promotores del pacto señalen explícitamente cuáles son los compromisos directos del Ejecutivo, que puede ejecutar él solo; cuáles son los compromisos en los que el Ejecutivo y los partidos pueden actuar sin el Congreso; cuáles son los de agenda legislativa a impulsar ante el Congreso, no en lugar del Congreso; y cuáles los que deberán involucrar a gobernadores y presidentes municipales.

De los 95 puntos del pacto, añade Alcocer, 63 requerirán de una reforma legal en el Congreso

Ahora, a superar inercias Alejandro Canales Investigador del: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad la Educación de la UNAM.

Un aspecto positivo es que la educación quedó integrada en el pacto. Esto es una obviedad y no debiera sorprender, pero lo frecuente ha sido que la educación solamente aparezca como preocupación en el terreno de las intenciones y los deseos, pero a la hora de las iniciativas y los hechos, ésta aparece como moneda de cambio o termina subordinándose a otras prioridades. Si en esta ocasión la preocupación es genuina y forma parte de un acuerdo gobierno-­‐partidos, no solamente con el sindicato magisterial como principal interlocutor, es un avance importante.

Las nueve acciones para educación que propone el pacto son significativas, pero poco o nada novedosas; no todas tienen la misma relevancia y algunas son menores a las ofrecidas en campaña por el ahora Presidente. La mayor parte son programas en marcha, se han planteado en otro momento -­‐incluso por el propio SNTE-­‐ o han quedado truncas.

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Prácticamente la única acción nueva es el Servicio Profesional Docente. Es importante, pero en lugar de cobertura universal para la educación media superior y de 45 por ciento para superior, como se había prometido en la campaña, ahora se ajusta a la baja y se establece solamente el 80 y 40 por ciento, respectivamente.

No es suficiente plantear acciones significativas o un buen plan al inicio de un gobierno. Faltan múltiples negociaciones, los detalles técnicos para una operación coherente, convencer a los últimos y numerosos eslabones de la cadena educativa, superar las inercias y, muy importante, contar con recursos financieros. Siete de las nueve acciones dependen de los eventuales recursos de una reforma hacendaria, así que convendría moderar las expectativas sobre su cumplimiento.

Educación de calidad Se ofrece una reforma con tres objetivos: aumentar la calidad de la educación básica, incrementar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, y recuperar la rectoría del sistema educativo nacional.

1. Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener una sola plataforma para operar el sistema educativo nacional.

2. Autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

3. Autonomía de gestión de las escuelas que garantice la participación de todos los sectores involucrados bajo el liderazgo del director.

4. Escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias.

5. Computadoras portátiles con conectividad a todos los alumnos de 5to y 6to año.

6. Sistema de Concurso con base en méritos profesionales para que maestros, directores y supervisores accedan a plazas nuevas o libres.

7. Reglas para que los maestros accedan a plazas definitivas.

8. Presupuesto suficiente para incrementar la calidad de la educación media superior y superior, cuya matrícula se prevé aumentar al

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menos al 80 por ciento en el primer caso, y al menos al 40 por ciento en el segundo.

9. Programa Nacional de Becas para alumnos de estos niveles educativos.

Propuesta con interrogantes Fausto Hernández Trillo Director de la División de Economía del CIDE.

Celebro el pacto y otorgo el beneficio de la duda a la administración entrante; indudablemente el mensaje de que se pueden sentar a la mesa las distintas fuerzas políticas es alentador.

En el contenido del pacto, sin embargo, no veo cambios de raíz con respecto a los obstáculos al crecimiento económico, al combate a la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Los compromisos en materia de seguridad social y combate a la pobreza plantean la creación de una red de protección social que garantice el acceso a la salud, a los beneficios pensionarios y a seguros de desempleo y por fallecimiento, así como la articulación y efectividad de los programas sociales. Al respecto hay varias interrogantes que surgen.

No queda claro cómo se va a coordinar la Sedesol, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE para diseñar una verdadera seguridad y política social.

Tampoco queda claro cómo se va articular el gobierno federal con los estatales para lograr este objetivo.

Otro tema que no se desarrolla es el esquema bajo el cual se van a organizar todos los niveles de gobierno para redefinir responsabilidades de gasto, y cuál será la fuente de financiamiento para propuestas como la aportación social del Estado a todos los mexicanos que cumplan 18 años para obtener una pensión a los 65.

Más importante aun, el pacto no establece cómo evitar consecuencias "no deseadas" generadas por las regulaciones y las políticas públicas. Éstas podrían generar incentivos perversos inadvertidos en áreas completamente diferentes al diseño original de la política pública.

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Podría darse el caso, por ejemplo, de que un programa de combate a la pobreza provoque una distorsión en el incentivo a trabajar.

Seguridad social universal El capítulo Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades plantea crear una red de protección social que garantice el acceso a la salud, a beneficios pensionarios y a un seguro de desempleo.

1. Seguridad Social Universal que garantice: la portabilidad de las coberturas para que todos puedan ser atendidos en los sistemas de salud públicos de su elección, y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente cobertura y calidad.

2. Reducir a 65 años la edad para acceder al actual programa "70 y más".

3. Pensión para adultos mayores de 65 años que no cuenten con IMSS o ISSSTE a través de una cuota social adicional aportada por el gobierno federal.

4. Seguro de Desempleo.

5. Seguro para Jefas de Familia (incluirá también a padres).

6. Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza para eliminar el sesgo asistencial y su uso electoral.

7. Hacer de la alimentación un derecho universal.

Buenas intenciones Michel Hernández Tafoya Consejero de Observatel.

Aun cuando todos los compromisos apuntan en la dirección correcta y contienen algunos pronunciamientos necesarios que, en su mayoría, son viejos reclamos del sector, también hubiera sido conveniente ver algunos otros que son indispensables, como la apertura a la inversión extranjera directa sin restricciones, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, y el fortalecimiento de la radio y televisión no comercial.

No obstante, el proceso de implementación de los compromisos asumidos será el mejor indicador de lo que están dispuestos a resistir o ceder los

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poderes públicos frente a los poderes fácticos y, en ese sentido, los tiempos jugarán un papel fundamental. Se ha establecido que las reformas anunciadas deberán concretarse durante 2013, así que ese plazo marcará la línea sobre la cual, seguramente, se moverá cada una de las fuerzas políticas en lo que se refiere a telecomunicaciones durante el resto de esta administración, lo que nos permitirá conocer el verdadero nivel de compromiso adquirido.

Finalmente, un "Pacto por México" no puede dejar de lado al resto de la sociedad y, por tanto, la transparencia y los mecanismos de inclusión de la industria y sociedad civil en la discusión y confección de las políticas e instrumentos con los que habrá de implementarse estos compromisos, constituyen otro elemento fundamental para fortalecer, legitimar y reflejar una verdadera vocación democrática de los actores políticos, más allá de buenas intenciones.

Competencia y telecomunicaciones En el capítulo Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad, los partidos pactaron intensificar la competencia en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía.

En telecomunicaciones, se sugiere: 1. Reforzar la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y fortalecer a la Comisión Federal de Competencia.

2. Crear tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.

3. Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, con mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida.

4. Licitar más cadenas nacionales de televisión abierta.

5. Regular a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para eliminar barreras a la entrada de otros operadores.

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6. Reordenar la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley.

¿Política de Estado?

Luis Eduardo Zavala Profesor visitante en la Universidad de Yale.

Así como el ex presidente Felipe Calderón pretendió legitimarse con la "guerra contra las drogas", el presidente Peña Nieto pretende hacer lo propio "defendiendo los derechos humanos como política de Estado".

Si bien algunos compromisos no sólo son viables sino necesarios, como la inclusión de los derechos humanos en los planes de estudio de la educación básica y media, existen otros en los que las propuestas del gobierno y los partidos políticos no bastan.

La creación de una instancia federal que dé seguimiento a la implementación de la reforma constitucional en la materia ya existe en la Segob. El centro de la cuestión no está en la creación de una nueva instancia sino en el liderazgo de las personas y su capacidad probada.

Lo mismo sucede con el compromiso de crear una instancia para fortalecer los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Si no se identifican las capacidades financieras y organizativas para garantizar una respuesta eficaz a esos mecanismos, estaremos frente a una institución inservible.

El punto más álgido es la reforma a la ley de la CNDH y de sus distintos ordenamientos locales. Es inconcebible una modificación constitucional sin una reforma a las constituciones de los estados, en muchos de los cuales las autoridades locales siguen designando a su ombudsman.

Para la erradicación de la tortura no es suficiente fortalecer el marco legal si esta acción no está coordinada con la capacitación y formación de los cuerpos de seguridad. Tampoco lo será si continuamos con autoridades poco dispuestas a investigar y sancionar este delito.

En materia de migración es plausible que se plantee el reconocimiento de ésta como un derecho, pero si no se acompaña de acciones decidas como

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la eliminación del INM o la reestructura en su operatividad, seguirán cometiéndose abusos.

Derechos humanos Gobierno y partidos se comprometieron a implementar una política de Estado que tenga como base la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

1. Creación de una instancia federal para dar seguimiento a la instrumentación de la reforma.

2. Ley de Reparación del Daño.

3. Leyes reglamentarias en materia de suspensión de garantías, expulsión de extranjeros y uso legítimo de la fuerza pública.

4. Reforma a la Ley de la CNDH acorde con la modificación constitucional.

5. Autonomía a todas las comisiones de derechos humanos locales.

6. ·Política migratoria que considere la decisión de migrar como un derecho humano.

7. Enseñanza de los derechos humanos en la educación básica y media.

8. · Reformas al marco jurídico para mejorar el acceso a la justicia en casos de tortura. · Política de Estado en materia indígena con tres objetivos: garantizarles los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, aumentar el presupuesto destinado a este sector, y reconocer a sus pueblos y comunidades como entidades de derecho e interés público.

Extremadamente deficitario Ernesto López Portillo Director Ejecutivo de Insyde.

El Pacto por México siembra esperanza. Sin embargo, en materia policial es extremadamente deficitario. Cuando el modelo policial atraviesa por una crisis de sentido, el pacto aborda el tema como un problema de eficacia. En el apartado 3.2 se encuentra el título "Reformar los cuerpos

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policiales". El contenido no corresponde a eso. En realidad, encontramos dos párrafos que hablan de acciones de reorganización policial y de la creación de la Gendarmería Nacional. En democracia, la reforma policial es convencionalmente entendida como un proceso encaminado a lograr que las instituciones policiales trabajen al servicio del ciudadano, respeten la ley y los derechos humanos, sean transparentes y operen bajo mecanismos internos y externos de control. En México ya hay esfuerzos para la mejora policial cuya potencia los puede colocar en la categoría de ejemplo a seguir, pero se trata de un puñado de ejemplos, de cara a un universo que abarca medio millón de personas. La relación entre la sociedad y la policía en México está en general fracturada desde su soporte mismo, es decir, desde la base de la confianza social.

Quien quiera mirar los orígenes de la policía moderna encontrará que está diseñada para soportarse en dicha confianza. El pacto apunta en sentido adecuado al recuperar al municipio como el espacio natural para la proximidad policial. Esto es muy importante porque ese perfil policial se ancla en la comunidad. Por su parte, el anuncio de la Gendarmería Nacional, en sí mismo, nada aporta. La creación y desaparición de instituciones policiales es por sí misma señal de la crisis. En el centro del asunto está la urgente necesidad de encontrar las claves de la mejora policial sostenible en las tres esferas de gobierno. Falta la ruta de Estado para ello.

En su capítulo Acuerdos para la Seguridad y la Justicia el pacto contempla acciones enfocadas en reducir tres delitos: asesinatos, secuestros y extorsiones.

1. Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria.

2. Crear de un esquema de Policías Estatales Coordinadas, que asumirán las labores de seguridad pública.

3. Convertir las policías municipales en policías de proximidad, que cuidarán "barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos".

4. · Crear de la Gendarmería Nacional, un "cuerpo de control territorial" que cuidará el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todo el territorio nacional.

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Volver a lo mismo Miriam Grunstein Investigadora del CIDE.

Hay pactos que preocupan más que la discordia. Acordar no es sinónimo de avanzar. Numerosos grupos humanos pactan disolverse. Otros parecen acordar no hacer nada. O hacer mucho para que, al final, no cambie nada.

La reforma energética de 2008 fue, en su momento, celebrada como un gran acuerdo político. De nuevo, a los mexicanos nos es anunciado otro pacto energético entre las principales fuerzas políticas. Con bombo y platillos se anuncia la llegada triunfal de los salvadores de nuestra industria energética. Sin embargo, al leer los pactos caemos en cuenta de que este desfile ya lo hemos visto antes. Palabra por palabra, casi en todo es idéntico este pacto al que vivimos recientemente. ¿Qué se pacta entonces?, ¿volver a hacer de todo para que no cambie nada?

Como antes, se firma no salir de la órbita obsesiva de Pemex, erróneamente concebido como un fin en sí mismo. El horizonte energético de México está amurallado por Pemex, como fideicomisario de nuestra riqueza, como garante de la producción nacional, como proveedor de renta; como palanca de la industria nacional, como empresa de Estado globalmente competitiva, ¡hasta como punta de lanza en el combate contra el cambio climático!

Para los políticos y sus partidos, Pemex es TODA la industria. Y lo es todo porque ahí yace su capital. No ven más allá de Pemex por no poder ver más allá de sus ombligos. Como antes, se hará de todo para volver a lo mismo.

Reforma energética El pacto establece realizar una reforma energética "que sea motor de inversión y desarrollo", que contemple: 1. Mantener la propiedad de la nación sobre petróleo y gas a través de Pemex, como "empresa pública de carácter productivo".

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2. Reformas, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal, para que Pemex tenga la capacidad de competir en la industria.

3. Dotar a Pemex de reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa de su importancia.

4. Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos.

5. Reforma para maximizar la renta petrolera y ampliar la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos.

6. Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex.

7. Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

8. · Convertir a Pemex en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.

9. Hacer de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático.

Encomiable Miguel Carbonell Investigador del IIJ-­‐UNAM.

El Pacto por México vuelve a proponer una idea antigua que desde hace décadas se había pedido por varios profesores de la UNAM (comenzando por Raúl Carrancá y Trujillo en los años cuarenta, Niceto Alcalá-­‐Zamora en los sesenta y muchos de nosotros en los noventa): un código penal único para todo el país. La misma propuesta ya figuraba en una iniciativa del presidente Felipe Calderón del año 2007.

Se trata de una idea que tiene mucho sentido, ya que no parece lógico que lo que sea delito en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina.

Ni parece justificarse que lo que se sanciona con 10 años de cárcel en un estado, se castigue con 40años en el estado de junto. Los delitos y las penas deben ser iguales para todos, si es que de verdad vamos a utilizar el derecho penal para sancionar solamente las conductas más lesivas que se pueden cometer. Con la idea de un único código penal ganamos todos.

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También es encomiable la propuesta de impulsar el nuevo sistema de justicia penal, con juicios orales, audiencias públicas, sistemas alternativos de solución de conflictos, derechos plenos para las víctimas de los delitos, etcétera. Se trata de un mandato que está en la Constitución mexicana desde 2008 pero que ha caminado con extraordinaria lentitud.

Que ahora el presidente Peña y los tres principales partidos ratifiquen ese compromiso me parece alentador.

Esos dos cambios (nueva legislación penal y nuevo sistema de justicia) deben ir de la mano con otro compromiso que figura en el pacto: invertir en cárceles y hacer de ellas un espacio digno y gobernable, alejado de la ley de la selva que hoy prevalece en nuestros reclusorios. Bravo por eso.

En suma, en materia de justicia el Pacto por México tiene buenas propuestas. Esperemos que sean capaces de llevarlas a cabo. Nos conviene a todos que así sea. @MiguelCarbonell

Sistema de justicia y carcelario En el capítulo Acuerdos por la Seguridad y la Justicia el pacto propone tomar las medidas necesarias para que la justicia pueda impartirse "con mayor rapidez, eficacia y transparencia".

1. ·Implantar el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.

2. ·Implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos.

3. ·Reformar la ley de amparo.

4. ·Reformar integralmente el sistema penitenciario, con la inversión de recursos necesarios en la creación de penales, para acabar con el hacinamiento, y el impulso al cumplimiento de penas por servicios comunitarios para delitos menores.

Ofrecen sólo cumplir la ley Mauricio Merino Profesor/investigador del CIDE y

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coordinador de la Red para la Rendición de Cuentas.

Es de lejos el punto más pobre e insuficiente del pacto, porque no responde al diagnóstico que los partidos conocían desde hace meses en la materia, y no resuelve ni remotamente los problemas que presenta México.

Nos ofrecen como novedad la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ya se votó y que solo estamos esperando que se cumpla. No es ético que se ofrezca como algo nuevo el cumplimiento de una ley.

Ofrecen la reforma para fortalecer al IFAI, que venimos esperando desde la reforma constitucional del 2007.

Por otro lado proponen dos novedades: la Comisión Nacional Anticorrupción que reproduce el error que ya ha sido ampliamente comentado, que es el de combatir la corrupción cuando ésta ya se cometió, y no como un sistema que evite estos actos.

Y finalmente hacen un llamado a las buenas conciencias, que es el Consejo Nacional de Ética Pública, que si bien puede parecer una buena idea, no tendría más efecto que llamar a la moral y a la buena conducta de los funcionarios públicos. Es una oferta regresiva en materia de combate a la corrupción.

El problema de la corrupción es uno de los más graves, México siempre aparece entre los últimos lugares del mundo en los rankings internacionales de este tema. El pacto no resuelve la fragmentación de instituciones, normas y procesos que tenemos en México y que propician la corrupción, no ataca la causa que está en la dispersión y en la discrecionalidad de la gestión pública.

No hace nada el pacto para corregirlo, pero además nos regresa a un punto que creíamos superado, que es que los políticos nos ofrecen como compromiso pactado cumplir la ley.

Rendición de cuentas El punto cuarto, Acuerdos para la Transparencia, es el más breve del documento. En él se incluyen las siguientes propuestas:

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1. ·Instrumentar la reforma preferente aprobada (ley de Contabilidad Gubernamental) para perfeccionar la rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público.

2. ·Reforma para ampliar facultades del IFAI; impulsada por Peña Nieto y presentada por el PRI en septiembre.

3. ·Sistema Nacional contra la Corrupción, contemplado en la reforma a la Administración Pública Federal. Sustitución de la Secretaría de la Función Pública por una Comisión Nacional y comisiones estatales anticorrupción, con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE. 4. ·Consejo Nacional para la Ética Pública con autoridades del Estado y miembros de la sociedad civil.

Nuevo, pero sin mucha definición Aleida Calleja Presidenta de AMEDI.

Sobre la agenda del derecho a la información, el Pacto por México abarca la mayor parte de las exigencias ciudadanas durante décadas, pero con dos omisiones importantes: medios públicos y medios comunitarios, que conforman lo poco que tenemos de pluralismo, por lo que resulta desafortunada su exclusión. Así como la propuesta para la protección a periodistas, de la que se desconocen los avances. Se requiere que lo ya existente funcione con eficacia. Hacer algo nuevo sin mucha definición es llevar a la dilación la urgente protección a este sector tan lastimado en los últimos años.

El pacto es un esfuerzo importante, pero requiere de mayores definiciones del cómo se hará, con qué plazos y objetivos concretos a lograr, con una visión integral. Así, por ejemplo, no basta la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta si no se determina la entrada de nuevos jugadores, con la llamada multiprogramación derivada de la televisión digital terrestre, para fortalecer el pluralismo, pues de entrada

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generará una mayor concentración si esas nuevas señales quedan en los operadores actuales de la radiodifusión.

Un nuevo marco normativo integral es la clave para que muchos de los compromisos establecidos puedan llevarse a cabo. El cumplimiento de este pacto requiere que las fuerzas políticas se sostengan con capacidad para lograr acuerdos, y valor para resistir lo que seguramente serán las resistencias de los poderes fácticos.

Hay sobradas razones para sospechar que este pacto sólo servirá para transar acuerdos sin llegar a los cambios de fondo, como ha sucedido con otros gobiernos. Los distintos grupos de la sociedad tenemos que exigir su cumplimiento y un diálogo abierto para conocer a detalle las propuestas con mecanismos de inclusión para su construcción, pues en el qué y el cómo están las claves para que se hagan realidad cuanto antes.

Twitter: @callejag

Medios de comunicación El Pacto propone que haya más transparencia en el uso y la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación masiva.

1. ·Revisar, en una nueva reforma electoral, los tiempos oficiales de radio y televisión, para impulsar una cultura de debate político.

2. ·Crear una instancia "ciudadana y autónoma" que supervise que la contratación de publicidad que hagan las dependencias gubernamentales de todos los niveles sea bajo los principios de "utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información". Esta instancia deberá también establecer límites al presupuesto gubernamental en publicidad.

3. ·Reglamentar el derecho de réplica.

Posibilidades y riesgos Maite Azuela Maestra en políticas públicas y activista.

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Trabajar la regulación secundaria de los mecanismos de participación directa derivados de la reforma política del 2012 es uno de los primeros pendientes. Los mecanismos requieren ser blindados para que no sean elementos de simulación que fortalezcan la partidocracia. Para las candidaturas independientes habrá que cuidar las fechas de registro de modo que se realicen antes del de los candidatos de partido y no sean una segunda opción para precandidatos que no fueron favorecidos en sus procesos internos. El acceso al financiamiento público y a espacios en medios deberá garantizar la equidad. Los umbrales para iniciativa ciudadana y consulta popular quedaron altos, así que se deberá compensar este requisito planteando procedimientos flexibles y confiables.

La reelección fue un tema vetado por el PRI. Sorprende que ahora la consideren porque es una herramienta de rendición de cuentas y profesionalización que reduce el poder de las cúpulas partidistas. Habrá que acotarla al Poder Legislativo y a los presidentes municipales.

Celebro la Ley de partidos si se busca reducir el porcentaje de registro, abrir la posibilidad de que existan partidos locales y cuidar que las fórmulas no cierren el espectro electoral en un bipartidismo que lastime irremediablemente la pluralidad. Necesario que se reduzcan los recursos de los partidos y que el cálculo se realice con los votos válidos y no con el padrón electoral. Urgente incorporar a los partidos como sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia.

Riesgosa la propuesta de reabrir el tema de tiempos en medios de comunicación. Tendremos que vigilar que no haya retroceso al respecto.

Vuelve la tentación de generar mayorías ficticias en el Congreso; no hay que confundir coaliciones naturales y alianzas por agenda común con la simulación de porcentajes que no alcancen la mayoría absoluta.

Régimen funcional En Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática, se considera necesario impulsar reformas que hagan más funcional el régimen político.

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1. ·Reforma constitucional que permita al Presidente optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno.

2. ·Pasar toma de protesta al 15 de septiembre.

3. · Ley general de partidos.

4. ·Reforma electoral: reducir y transparentar el gasto de partidos; disminuir los topes a gastos de campaña; incorporar como causal de nulidad el rebase de los topes, el uso de recursos ilegales y la compra de cobertura informativa; revisar los tiempos oficiales de radio y televisión; prohibir la entrega de utilitarios, evitar el uso de esquemas financieros para inducir y coaccionar el voto; y crear una sola ley y una sola autoridad nacional para las elecciones federales, estatales y municipales.

5. · Reforma del Distrito Federal.

6. · Revisar los fueros.

7. ·Reglamentar la reforma política aprobada en 2011: candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular.

8. · Revisar la reelección de legisladores.

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