La mujer en el conflicto de paz.

Elaborado por:

Verónica González Pérez (Coordinadora) Licenciada en Pedagogía y Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional. Asociación Miraismo Internacional

Erika Alejandra Torres (Editora) Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.

Sandy Lilian Acevedo (Editora) Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Estudios en Gestión y Administración de Empresas.

Con la colaboración de::

Olga Amparo Sánchez Gómez Directora de la Casa de la Mujer, Trabajadora Social con estudios de población y una especialización en Alta gerencia del Estado.

Investigadora, fue docente de la Universidad Javeriana. Feminista colombiana y activista por la paz del país.

Liliana Silva Miguez Abogada con Maestría en Derecho Internacional y 13 años de experiencia trabajando por los derechos de las mujeres con la Casa de la Mujer Diseñado por:

Yovanni Sánchez Especialista en Publicidad y Marketing

INDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 A. LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO: LA MUJER COMO VÍCTIMA DIRECTA E INDIRECTA............................................................................................... 5 VIOLENCIA SEXUAL ................................................................................................... 7 DESPLAZAMIENTO FORZADO .................................................................................... 9 RECLUTAMIENTO FORZADO .................................................................................... 11 OTRAS FORMAS DE ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ................................................ 12 B. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: GUATEMALA, SALVADOR, IRLANDA DEL NORTE Y ÁFRICA. ........................................................... 15 Guatemala, Salvador, Irlanda del Norte y África..................................................... 23 C. BARRERAS PARA LA RECONCILIACIÓN............................................................. 27 LA CULTURA DE LA VIOLENCIA ................................................................................ 28 EDUCACIÓN PARA LA PAZ ....................................................................................... 29 D. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES COMO SUJETOS POLÍTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. ................................................................................... 31 TRABAJO DESDE LA COMUNIDAD: JORNADA DE REFLEXION .................................. 33 E.

CONCLUSIONES .............................................................................................. 39

ANEXO I .................................................................................................................. 40 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 43

INTRODUCCIÓN El presente documento recoge la investigación realizada por diferentes profesionales en materia de construcción de paz, procesos de reconciliación, participación y otros con base en un factor transversal, centro mismo de la investigación: el rol de la mujer. Esta investigación es complementada con las conclusiones de la Jornada de Reflexión sobre la Mujer en el Conflicto y el Proceso de Paz. La investigación y el mencionado encuentro fueron subvencionados por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España.

A. LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO: LA MUJER COMO VÍCTIMA DIRECTA E INDIRECTA

Colombia ha estado inmersa durante más de medio siglo en un conflicto armado entre el gobierno nacional, grupos guerrilleros que nacieron en los años sesenta y grupos paramilitares, grupos armados ilegales que impusieron su presencia a lo largo del territorio nacional, cometiendo graves violaciones de derechos humanos. La compleja interacción entre dinámicas y acciones propias de este conflicto han sido el detonante de una serie de consecuencias que han golpeado directa o indirectamente a cada individuo de la sociedad pero esta afectación es distinta en relación a su identidad política, social, étnica y en especial de género. El conflicto afecta y victimiza a hombres y mujeres de manera diferencial.

La violencia de genero se entiende como la violencia que se funda en las normas y exclusiones de género para desmoralizar física y psicológicamente a las personas, donde las mujeres son el blanco más visible. (Jack, 2003) Este tipo de violencia ha sido común en conflicto armado. Es así como los efectos de esta guerra civil se manifiestan en vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, afectando la integridad física y mental, los roles y lugares que ocupan los individuos en los espacios públicos y privados, además de su capacidad en la toma de decisiones.

Los datos actualizados en el año 2016 del Registro Único de Víctimas, afirman que existe un total de 7.936.566 víctimas por el conflicto armado de las cuales el 50% son mujeres, mientras que el otro 50% de víctimas se encuentra dividido entre hombres, no identificados y población LGTBI. (RUV, 2016)

Víctimas del Conflicto Armado en Colombia GENERO Mujer Hombre No Informa LGBTI

PERSONAS 3.942.356

3.936.136 56.291 1.783 TOTAL: 7.936.566

 Elaboración propia con base en los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

Del mismo modo, se ha demostrado que “43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado interno han sido víctimas de distintas formas de violencia basadas en su género” (CIDH, 2006, pág. 17). Siendo la violencia contra la mujer un aspecto inherente del conflicto donde además son utilizadas como un medio o estrategia para la consecución de fines en la lucha por el control del territorio.

Las secuelas del conflicto recaen sobre las mujeres situándolas en el lugar de víctimas al estar expuestas a distintas formas de violencia y abuso de tipo no sólo físico sino psicológico y sexual. Pues si bien es conocido que esta serie de agresiones y violaciones desafortunadamente se presentan en la vida cotidiana, familiar y social, el conflicto vivido por el país recrudece todo este tipo de hechos, acentuando diferencias e inequidades que afectan a familias y comunidades en general.

Además este tipo de abusos se presentan con mayor énfasis al estar las mujeres en vulnerabilidad y vivir en zonas de conflicto, ser líderes comunitarias, tener alguna relación familiar o afectiva con integrantes o miembros ya sea de la Fuerza pública, la insurgencia o los paramilitares, y por su condición femenina, lo que ha repercutido en que a la vez sean las mujeres voceras y sujetos empoderados dentro de la población víctima del país, asumiendo un rol protagónico en el conflicto (Barrios & Rojas Mateus, 2015).

En definitiva, las mujeres más que víctimas del conflicto armado, desarrollan e impulsan la lucha en pro de los derechos humanos, toman distintas iniciativas además de ser constructoras y tejedoras de paz. Por esta razón se convierten también en blanco de amenazas y ataques, reproduciéndose una violencia de género contra estos sectores que se traduce en un mensaje contundente e intimidante para las demás líderes y organizaciones de mujeres que trabajan a contra corriente de los estereotipos, normas socio-culturales y el estatus de la mujer comúnmente aceptado.

En los últimos años se ha trabajado conjuntamente con el Estado y la sociedad por la equidad de género, generando avances que es necesario reconocer en este documento. Sin embargo, es preciso continuar promoviendo el respeto a los derechos humanos de este colectivo, puesto que pese a representar poco más de la mitad de la población, son quienes padecen mayor desigualdad y discriminación en todas las esferas y ámbitos en que se agudiza el marco del conflicto. Un contexto particular y desafortunado que ha afectado tanto las condiciones de vida, como la libertad y seguridad de las mujeres colombianas que imposibilita un verdadero goce y ejercicio de sus derechos.

Entre las principales manifestaciones de violencia sobre el género femenino -directa o indirectamente- en el contexto del conflicto armado, se encuentran la violencia sexual, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y las demás formas violencia física y psicológica.

De la misma manera la Organización de las Naciones Unidas reconoce que “los principales hechos victimizantes que las mujeres han sufrido en el marco del conflicto son delitos contra la integridad sexual, desplazamiento, homicidios amenazas y desaparición forzada” (ONU Mujeres, 2016, pág.

23).

Situaciones que deben soportar las mujeres en primera persona, que afectan cada ámbito de su vida y que además es un sufrimiento compartido por el hecho de que estos abusos son asumidos en consecuencia por sus familias, como secuelas propias del conflicto. Siendo visibles las causas que las convierten en víctimas.

1.

2.

3.

4.

O T R O S

Hecho

Mujer

Hombre

LGBTI

Delitos contra la libertad y la integridad sexual Desplazamiento Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes Homicidio Abandono o Despojo Forzado de Tierras Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles Sin información Desaparición forzada Secuestro Tortura Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos Amenaza Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo

15.087

1.291

106

No Informa 340

3.562.849 2.499

3.380.992 5.292

1.642 4

32.230 187

452.421 2.134

514.685 2.101

103

14.300 116

45.521

47.960

23

14.459

12 76.004 8.016 3.909 38.455

31 86.408 25.305 5.996 50.494

15 12 18 27

2.424 629 192 3.292

164.797 1.043

153.452 9.678

352

2.904 106

792.312

896.110

550

38.422

OTROS

* Elaboración propia con datos del Registro Único de Víctimas http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

VIOLENCIA SEXUAL

Es conocido que los conflictos armados tienen como víctimas a un porcentaje mayor de mujeres y niñas, quien sufren violencia sexual. La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito” (2016).

Del mismo modo, este delito se caracteriza por tener cierto grado de invisibilidad en la sociedad colombiana puesto que es bajo el porcentaje de mujeres que deciden denunciarlo ya sea por miedo, vergüenza o rechazo por parte de la sociedad, tanto así, que su impunidad se encuentra en un 98%. Igualmente, cabe resaltar el impacto tan devastador que ha causado el conflicto en las mujeres rurales, indígenas y población afro, para quienes la situación se vuelve más compleja al sufrir la problemática de la discriminación (IMP et al, 2013).

Existe algunas falencias al momento de judicializar los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, generando escasos logros en justicia para las mujeres víctimas, persistiendo en su mayoría la impunidad. De esta manera, se genera un gran desasosiego para las poblaciones afectadas identificadas como mujeres afro, indígenas y campesinas, debido a que los territorios donde se encuentran situadas es donde el conflicto ha tenido sus puntos álgidos, pues es en el ámbito rural donde el conflicto desemboca sus expresiones más violentas. Así pues, la violencia sexual, todo abuso contra la integridad física y el conflicto en general frenan el desarrollo de estas mujeres y poblaciones, manifestando una marginación social aún latente en el país y minimizando las posibilidades de equidad en la sociedad y un debido disfrute de los derechos en igualdad en comparación con las demás mujeres de Colombia.

Este tipo de violaciones cometidas por los actores del conflicto, buscan aterrorizar a la población logrando destruir comunidades y crear rupturas familiares. Además de tener consecuencias desastrosas como la propagación indiscriminada y deliberada de infecciones de transmisión sexual, incrementando los índices de afecciones en las poblaciones, municipios o localidades pobres y afectadas por el conflicto. Adicionalmente existe elementos determinantes y que reflejan las consecuencias de estas prácticas indiscriminadas, los efectos secundarios y posteriores incluso a la finalización del conflicto que se traducen en embarazos no deseados, el incremento de abortos ilegales, enfermedades y estigmatización. (ONU, 2014).

El conflicto armado generó riesgos y desventajas para hombres y para mujeres, los efectos a largo plazo como los anteriormente mencionados, tienden a afectar más a las mujeres, siendo ellas quienes heredan incertidumbres y dificultades en medio de la sociedad actual.

DESPLAZAMIENTO FORZADO El desplazamiento es una consecuencia más de la presencia de los grupos armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersonas y disputas por el territorio en medio del contexto de un conflicto armado que da paso a una realidad basada en la inseguridad para la población y que los obliga a abandonar sus hogares y lugares de origen. (ACNUR, 2013) El desplazamiento forzado, junto con la violencia sexual, constituyen las violaciones a los derechos humanos de las mujeres con mayor incidencia en Colombia, siendo estas las más afectadas de manera desproporcionada pues constituyen alrededor de la mitad de la población desplazada, generando una grave crisis humanitaria que identifica a Colombia como uno de los países con el mayor porcentaje de desplazamiento interno en el mundo.

Genero Hombre LGBTI Mujer No Informa

*

Elaboración propia con http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

PERSONAS EXPULSADAS 3.380.992 1.642 3.562.849 32.230

datos

del

PERSONAS RECIBIDAS 3.380.992 1.642 3.562.849 32.230

Registro

Único

de

Víctimas

(RUV)

La mayoría de víctimas de desplazamiento forzado provienen de zonas rurales que se dirigen a centros urbanos, es decir, que, como se ha mencionado anteriormente, son las poblaciones y mujeres rurales las más golpeadas por el conflicto, situando a indígenas, afrodescendientes y personas viviendo en condiciones de pobreza en una especial condición de vulnerabilidad, ya que son sus territorios escenario del conflicto y por ende huyen de todo tipo de violencia de la que se ven amenazadas, además de buscar salvaguardar la vida de sus hijos e hijas, del flagelo y del reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. Es así como en busca de un entorno seguro deciden abandonar lo que conocen como hogar, encontrándose a menudo más desamparadas en las ciudades. Circunstancia que impacta en el desarrollo humano, calidad de vida y el progreso de la población civil.

Estas mujeres asumen los riesgos en la búsqueda de mejores condiciones y se encuentran con la necesidad de ayuda psicosocial ya que el desplazamiento abarca una serie de cambios drásticos y contundentes que llegan a causar cierto traumatismo en la población implicada, y

que, además, genera una transformación en los núcleos familiares y sociales, y altera el papel que la mujer en ellos desempeña.

De esta manera lo aborda en uno de sus informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006): Entre las consecuencias más palpables para las mujeres víctimas de desplazamiento se encuentran el cambio en la dinámica de los roles familiares y conyugales y responsabilidades debido a la muerte o pérdida del esposo o compañero, el trauma físico y psicológico producido por hechos de violencia y las amenazas padecidas, la necesidad de adaptarse social y económicamente a una nueva comunidad y el posible rechazo de ésta. (pág. 29) En otras palabras, el desplazamiento conlleva un giro para la vida de las personas afectadas, reestructurando las familias tradicionales que antes convivían y trasladándolos a un entorno geográfico, económico y cultural totalmente distinto, quedando expuestos a amenazas, violencia y discriminación a causa de su condición como víctimas de desplazamiento. Por consiguiente, esta situación, que en principio se observó como un fenómeno temporal o transitorio en Colombia, ha sido el reflejo de más de 50 años de conflicto, victimizando a varias generaciones y derivando en distintas desventajas para las mujeres, debido al cambio de roles y la obligación de asumir nuevas responsabilidades de las mujeres, que no tenían anteriormente. El conflicto ha desintegrado familias donde era el hombre quien manejaba ciertos asuntos en el hogar y a partir de la violencia han sido las mujeres quienes asumen dicho rol en las familias.

Es decir, madres cabeza de familia que adquieren la responsabilidad y se encargan de velar por el sustento y bienestar de los miembros que conforman sus hogares. Esto, en ocasiones, incide en el incremento del índice de pobreza, sumado al hecho de que el sustento económico pasa de ser el trabajo en el campo a un medio urbano lleno de incertidumbres, dejando de lado estereotipos que no necesariamente se traducen en equidad de género en medio de un desafortunado escenario caracterizado por el acceso limitado de los recursos necesarios para tener una vida digna para ellas mismas y para sus familias.

En este sentido, el informe de Género y Conflictos Armados (2003) hace referencia al tema mencionando que: El desplazamiento también implica exclusión social y pobreza – condiciones que por sí mismas pueden prolongar el conflicto. El desplazamiento forzoso frecuentemente es utilizado como una estrategia de guerra orientada a las relaciones de género a través de la

desintegración familiar y la desestabilización social. (…) Los cambios demográficos debidos al conflicto han llevado a más mujeres a asumir la jefatura de los hogares. Esto ha contribuido a cambios en la división del trabajo que han creado nuevas oportunidades para ellas, pero en algunos aspectos marginaron aún más su lugar en la sociedad. (pág. 16) Las mujeres no sólo se enfrentan a retos dados por el conflicto, el nuevo entorno al que ingresan o el papel que juegan en la familia y la sociedad sino también a los desafíos que se encuentran en su adaptación a un nuevo ámbito social y cultural, la necesidad de encontrar nuevas fuentes de subsistencia y los bajos niveles de educación que en muchas ocasiones las llevan a desempeñar labores degradantes o que afectan su propia integridad. Además, se debe tener en cuenta que en una gran cantidad de casos, estas mujeres desplazadas tienen necesidades especiales ya sean discapacidades o enfermedades que las lleva a requerir atención prioritaria con la que muy pocas veces van a contar por causa de sus condiciones precarias y ausencia de un ingreso económico.

En consecuencia, los resultados reflejan rupturas con el lugar de origen, perdida de familia, memorias, bienes, patrimonio… y el ingreso a un escenario de desasosiego por el futuro y desconfianza en el día a día, pues se integran a un entorno social y geográfico de manera forzada y de modo violento, amenazando su supervivencia social y generando una desestabilización personal. De esta forma, se ve truncado su plan de vida y experimentan dinámicas colectivas ajenas y desconocidas, llevando una vez más a notar la ausencia en el debido gozo de sus derechos.

RECLUTAMIENTO FORZADO El conflicto no sólo ha llevado a que las mujeres asuman el rol de madres cabeza de hogar sino también a que asuman un papel protagonista como combatientes dentro del conflicto ya sea de manera voluntaria o a través del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales que demandan una cantidad de personal dentro de sus filas y las adquiere de forma violenta en las poblaciones más vulnerables.

De esta manera, pasan de víctimas a victimarios pues las víctimas directas o indirectas de la violencia y el conflicto, con el tiempo se desenvuelven como sujetos políticos, perteneciendo de alguna manera a la vida armada donde tienen un papel y una participación activa dentro de las organizaciones al margen de la ley. Las mujeres constituyen alrededor del 40% de las filas insurgentes y se hacen más visibles en los procesos de reclamaciones y luchas sociales.

(Barrios & Rojas Mateus, 2015) Esta política de reclutamiento es vista como una epidemia que ha afectado a la población más indefensa del país. Esto supone que el ejercicio de sus derechos como el acceso a una educación o el hecho de cumplir con la totalidad de sus necesidades, sucesos que se conciben

como factores motivadores o hacen que se vea este camino como una alternativa de vida, es vulnerado. En situaciones como éstas, el colectivo concibe como una salida propicia tomar el camino de las armas y tener una vida totalmente supeditada al desarrollo del conflicto. Así, experimentan cambio total de vida, renunciando a sueños, proyectos y posibles vivencias de crecimiento personal para someterse a los sacrificios mismos de la guerra.

Desde otro punto de vista, la mujer combatiente toma el liderazgo y cierto empoderamiento que hace que su rol sea palpable e importante dentro de la dinámica del conflicto pues son ellas poseedoras de la otra cara del rostro de la guerra y de los grupos armados ilegales.

En este sentido, se observa que los grupos armados consideran a la mujer dentro sus organizaciones no solo como un combatiente más sino que también su actuar conlleva actos que afectan al género femenino puesto que “utilizan la violencia sexual en el reclutamiento forzado de niñas y mujeres como combatientes y con el motivo de prestar servicios sexuales. (…) [son] obligadas a utilizar métodos anticonceptivos, tener relaciones sexuales y abortar en caso de embarazo. [También] El aborto planificado forzado es una política de las FARC” (ABColombia, 2013, pág. 10).

De esta manera se mantiene a las mujeres bajo condiciones patriarcales pese al desempeño de sus labores basadas en trabajos masculinizados y dependientes de la guerra. Se encuentran bajo un yugo con roles y relaciones de poder asimétricas, sin posibilidad de escape, aceptando maltratos y viviendo en constante amenaza de castigos hasta la perdida de sus vidas. Pero sus padecimientos no se detienen al momento de finalizado el conflicto pues en ellas recae una fuerte carga cultural, razón por la cual son acreedoras de estigmatización por parte de la sociedad y las comunidades que las acogen.

De esta manera las mujeres que han sido combatientes ya sea en el conflicto o en el postconflicto llegan a ser más marginadas dentro de la sociedad por el hecho de involucrarse en aspectos que están relacionados con violencia y que tradicionalmente pertenecen a un ámbito netamente masculino, por esa misma razón las mujeres combatientes o excombatientes son excluidas o llegan a tener un lugar relegado al momento de establecer nuevas estructuras políticas y sociales (Jack, 2003). Es así como también se debe abordar la perspectiva de víctimas en el post-conflicto y la transformación que se da en la sociedad de cara a la reintegración de las FARC-EP y demás guerrillas.

OTRAS FORMAS DE ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO Las demás formas de abuso y violencia física y psicológica nos lleva a una lista que incluye desde las amenazas, las torturas, las desapariciones, las mutilaciones por minas explosivas

hasta secuestros y la muerte. Estas son muestras indiscutibles de la situación de vulnerabilidad en la que se ve inmersa la sociedad colombiana y que, además, es la influencia propia de una cultura que ve a la población como armas de guerra y blancos de intimidación.

Las mujeres asumen las consecuencias y resultados de estos hechos al ser víctimas directas o indirectas “(…) directas porque son objeto de tortura, asesinatos, desaparición, secuestro, desplazamiento forzado y violencia sexual. Indirectas por la muerte, desaparición, amenazas y secuestro de parientes” (Cadavid Rico, 2014, pág. 304).

Actos aberrantes que desacreditan cualquier tipo de lucha y acción política pues en un gran porcentaje de casos están orientadas a ser el recurso económico y la vía para lograr intereses particulares para aquellos grupos armados ilegales, dejando cifras escabrosas de la cantidad de afectados. En consecuencia, esta modalidad de victimización ha afectado enormemente a los derechos humanos ya que pone en riego constante a la población civil y tiene comportamientos diferenciales relacionados con la intensificación del conflicto.

Otro punto a tratar es lo que concierne a la violencia en contra de las defensoras y lideresas sociales y de comunidades que las convierte en un blanco ineludible ”destinado a poner fin a su trabajo y sus objetivos de fortalecer el buen gobierno y la lucha contra la impunidad. Tales actividades son percibidas por los grupos armados como una amenaza a su poder, estatus y dominio en el conflicto” (ABColombia, 2013). De esta manera, las lideresas, bien sean comunitarias o de derechos humanos, han sufrido altos índices de vulnerabilidad por violencia basada en género que se da tanto en ciudades como en territorio rural y que busca diezmar su labor y el de las organizaciones que tienen como misión aunar esfuerzos en torno a las mujeres.

Así, se hace especial énfasis en este sector poblacional porque es a través de ellas que se teje un horizonte de oportunidad para las mujeres en la sociedad y su construcción de paz.

En conclusión y como se ha evidenciado, las mujeres son las primeras víctimas del conflicto armado en Colombia y por la misma razón es de suma importancia su participación en el diseño de una agenda política para el post-conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Como mencionan María Barrios y Natalia Rojas (2015): Actualmente, con las negociaciones de paz que está llevando a cabo el gobierno colombiano y las FARC, las mujeres cobran importancia porque al ser éstas las principales víctimas del conflicto y a su vez unas constructoras activas de paz, deben ser escuchadas y tenidas en cuenta para que los Acuerdos sean incluyentes y logren acabar con la situación de vulnerabilidad y victimización de la mujer, al menos la ocasionada por el conflicto. (pág. 10)

Lo anterior nos ayuda a entender que la acción humanitaria, las políticas públicas y demás actuar del Estado, en el proceso de paz que se lleva a cabo con las guerrillas FARC-EP y el ELN, deben responder a los requerimientos de los distintos grupos de la sociedad.

Los delitos en contra de las mujeres tienden a relegarse al ámbito de lo privado y en muchos contextos se llega a una normalización de la violencia hasta el punto de verse como un simple daño colateral cuando en verdad son estrategias deliberadas y consentidas, para las cuales existe una serie de obstáculos al momento de obtener justicia ante actos tan terribles.

Por esta razón, la necesidad de destacar el papel de las organizaciones que trabajan en pro de las víctimas, que pretenden eliminar el desconocimiento que tienen de sus derechos y la falta de apoyo hacia las mujeres, fomentado la no repetición de estos actos que tanto daño le causan a la sociedad.

Aún teniendo en cuenta los daños y su victimización, no se ha derrumbado su fortaleza al momento de asumir los retos dados por el contexto actual y esto se ve reflejado en opiniones y entrevistas realizadas a las víctimas donde se evidencia las distintas perspectivas que se tienen entre géneros. Las víctimas masculinas se inclinan por pedir al Estado indemnizaciones para que se les reconozca dinero por la pérdida de cosechas y tierras mientras que “las peticiones más frecuentes de las víctimas femeninas son estas: educación para sus hijos, acceso al sistema de salud, que no haya impunidad para los culpables, solución pacífica de los conflictos y “el derecho a vivir sin miedo” (Gossaín, 2015). Otro panorama que brindan las mujeres al momento de buscar soluciones pacíficas y trabajar por el desarrollo de las comunidades.

Así evidenciamos su rol de vital importancia en cada etapa del post-conflicto, lo que demuestra qué tan necesaria es la integración de las mujeres y sus consideraciones en los procesos de construcción de paz los cuales ayudan en las posibilidades de una estabilidad a largo plazo pues son ellas sujetos capaces de cumplir con el papel de líderes para la toma de decisiones e incidir en la agenda pública del país.

En definitiva, todas ellas son víctimas por las que queda un gran trabajo por hacer pues el conflicto armado no sólo lacera vidas sino que deja a todo un país herido y con secuelas irreparables

B. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: GUATEMALA, SALVADOR, IRLANDA DEL NORTE Y ÁFRICA.

En los tiempos de guerra, la vida humana pasa a ser moneda de cambio para conseguir fines económicos y políticos ya que mientras en muchos sitios se intenta hablar de paz, en las mentes de las personas aún sigue vigente la idea legitimada de la violencia como método para conseguir algo.

La exclusión de las mujeres a lo largo de la historia en todos los conflictos bélicos ha sido normalizada y acentuada por el liderazgo masculino que relega a la mujer al cuidado del hogar y la familia mientras los hombres combaten en batalla y dejando a la mujer con sólo una opción para disfrutar de la libertad que se le niega por su condición de mujer, unirse a la batalla y a los grupos armados al margen de la ley.

El papel de víctima que siempre protagoniza la mujer viene dado por la misma exclusión de la que forma parte y no de la debilidad que se afirmaba que nacía con la misma. No sería hasta los primeros manifiestos feministas como la Declaración de los Derechos de la mujer y la ciudadana o Vindicación de los derechos de la mujer, que la violación, el maltrato o el aborto obligatorio, serían considerados delitos graves en contra de los seres humanos ( ortoles, 2006).

Fortalecidas por el intenso sufrimiento causado por las constantes guerras, las mujeres han estado a la vanguardia en la construcción de la paz y la reconciliación y es por ello que en el año 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, paz y seguridad. Esta resolución marcó un hito en la historia ya que a través de ésta se reconocía el derecho de las mujeres a participar activamente en la construcción de la paz, la prevención de la violencia pero, sobre todo, se les permitió formar parte de la toma de decisiones, voz que antaño sólo podían alzar los hombres.

Así pues, se observa la evolución del papel de la mujer, que pasó de ser moneda de cambio, a ser un agente activo en el planteamiento y mantenimiento de la paz destacando la irrefutable necesidad de ser protegida en todos los contextos de conflictos armados pues las diversas formas de violencia, incluida la violencia sexual, el desplazamiento forzoso, la exclusión social y la pérdida de tierras han golpeado con mucha más fuerza a los colectivos de mujeres y niños.

El conflicto armado, al no incorporar la variable de género ha hecho que sistemáticamente, tanto en tiempos de guerra como de paz, las mujeres se enfrenten a todo tipo de desventajas y es necesario atender de forma específica la exposición permanente a los actos de violencia que sufren las mujeres en situación de conflicto y post-conflicto, considerando que estos escenarios

generan un clima delictivo generalizado que unido a los modelos patriarcales propios de ciertas culturas, potencian los ataques causados por el machismo.

Las prioridades de las mujeres en tiempo de guerra o en el posconflicto es la fuerte inseguridad física y material que viven en las sociedades que atraviesa un periodo de reconstrucción posconflicto ya que la desmovilización de soldados aumenta los grupos de milicias desempleadas socializados en una cultura de violencia que puede representar una seria amenaza para las mujeres tanto en la esfera pública como en la privada.

Para todo ser humano, el desplazamiento forzado conlleva un cambio de vida inesperado, la migración del campo a la ciudad despoja de costumbres, tradiciones y, sobre todo, de sus tierras. Este cambio de vida impuesto se refleja en la mujer obligándola a adquirir responsabilidades económicas en el hogar ya que a su rol de ama de casa se ve agregada la carga de ser madre cabeza de familia en los periodos de guerra y posguerra y esto, añadido al desplazamiento a la ciudad antes nombrado lleva a la prostitución, delincuencia, tráfico de drogas y otras muchas actividades ilícitas que se ven abocadas a ejecutar para el mantenimiento de sus familias.

La desaparición de la figura masculina en medio de los conflictos armados en los hogares hace que la mujer abandone su posición pasiva y tenga que llevar sobre sus hombros las riendas del hogar y la responsabilidad de defender y mantener a sus familias, tierras y/o posesiones.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el conflicto armado dota de poder a los hombres que participan en ellos, las mujeres se convierten en un foco de violencia sexual ya que quienes ejercen la violencia se creen tanto dueños de las vidas de los demás y esto se evidencia en la conducta coaccionada de las mujeres que aceptan unas conductas esclavistas para minimizar el riesgo de sufrir más futuras agresiones.

En regiones marcadas por los conflictos armados, las mujeres, especialmente las jóvenes, deben cumplir unas normas estrictas que encuadran su forma de vestir, los lugares públicos que pueden visitar o los horarios, entre otras medidas y el incumplimiento de estas normas acarrea torturas, violencia sexual, desapariciones o asesinatos. En estas regiones la presencia del Estado es mínima y su abandono consolida las conductas violentas como la violencia física, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados o regulación de la vida social (Rico, 2014).

Es por esto que la mujer es vista como un botín de guerra en el que la hija, esposa o hermana del enemigo es ofrecida como premio pero también como arma pues las vejaciones en contra de ellas es una forma de humillar al enemigo y despojarlo de su honor y dignidad a través del cuerpo de la mujer (Rico, 2014).

Las víctimas de los conflictos armados callan sus agravios por miedo a ser asesinadas. En palabras de Margarita Rosa Cadavid “la amenaza que provoca la denuncia es la principal causa de impunidad” y por ello es necesario conocer los motivos y causas del silencio de las mujeres para poder crear un proceso de atención y reparación de esta situación. Para Margarita Rosa Cadavid, las principales causas de silencio son el miedo a represalias por parte de los actores armados; la violencia ante familiares y amigos en caso de violencia sexual; el sentimiento de culpa, ya que algunas mujeres tienden a justificar los comportamientos de los hombres lo que demuestra un grado de sumisión absoluto; la normalización de la violencia y la justicia tardía, pero sobre todo, el desconocimiento de sus derechos.

La consecuencia de todo ello que la mujer se vea abocada a sostener a su familia y que el duelo y la búsqueda de apoyo profesional sea relegado a un segundo plano revictimizándola y dejando su derecho a la justicia y a la reparación olvidados por la necesidad de subsistir.

En el ámbito político se vive otra realidad con la misma problemática ya que la política, al ser definida por hombres, relega las acciones comunitarias de las mujeres en acciones caritativas, voluntarias o sociales lo que las distancia, una vez más, de la construcción política del país.

Por una parte, algunas de las nuevas Constituciones no garantizan a las mujeres el derecho de voto o de ser elegidas. Las mujeres a menudo no tienen acceso a la estructura política que postulan como a las elecciones. En el caso de Somalia o de Camboya, las mujeres han representado solamente el 5% de los candidatos a las elecciones de la Asamblea Constituyente, resultantes de los procesos de paz. Por otra parte, muchas mujeres identifican este terreno como esencialmente masculino, y por lo tanto no votan o permiten que sus familiares hombres lo hagan por ellas. Para superar estos obstáculos, son fundamentales las actividades de grupos locales de mujeres que organizan sesiones de educación cívica. Otro mecanismo para superar estas dificultades son los sistemas de cuotas, utilizados como medidas temporales para corregir el déficit generalizado de representación de las mujeres (Moura, 2005).

Las grandes problemáticas del papel de la mujer en el ámbito público se ve reflejadas en el Proceso de Paz. En la vida política, las mujeres tienden a tener menos representación y participación. Es decir, los intereses, problemáticas, dificultades y necesidades de las mujeres no están protagonizados por los diferentes actores; lo que está estrechamente relacionado con la falta de participación de las mujeres como representantes. A pesar de que durante los últimos años se ha incentivado la participación de la mujer en la vida política, no hay equidad de género en los partidos políticos ni en las organizaciones gubernamentales. Asimismo, a lo largo del Proceso de Paz, las mujeres no han tenido participación en los grupos negociadores para la construcción de la paz.

Las mujeres, uno de los grupos más afectados física y sexualmente, son importantes agentes de reconciliación pero no por ello son pasivas, por el contrario, los grupos de mujeres se

apoyan mutuamente para exigir el reconocimiento público de estos crímenes cometidos durante los conflictos y conseguir así la justicia necesaria.

Los grupos locales, en particular los grupos de mujeres, se ocupan de la parte oculta del conflicto, intentando superar traumas y heridas psicológicas provocadas por la violencia, y creando redes de solidaridad y de apoyo para los nuevos grupos resultantes de los conflictos.

Estas nuevas categorías incluyen mutilados de guerra, antiguos combatientes, viudas, mujeres violadas, huérfanos y otros. En África del Sur, la organización People Against Human Abuse (PAHA) fundada en 1994 por un grupo de mujeres, ha apoyado a innumerables víctimas y ha desarrollado mecanismos de diálogo para intentar reducir la violencia física y psicológica, y aumentar la confianza y la justicia. En la ex -Yugoslavia la organización Autonomous Women’s Centre Against Sexual Violence fue creada con el objetivo de analizar la relación entre la militarización de la sociedad y la violencia doméstica (Moura, 2005).

De acuerdo con Donny Meertens, profesora de Universidad Javeriana de Bogotá, el conflicto armado no solo afecta de manera directa el cuerpo de las mujeres dado que son víctimas de abuso sexual sino que afecta “sus formas de vida” debido a desplazamiento forzoso, despojo de tierras y desarraigo que entorpece el proceso de supervivencia de la mujer de manera específica. De igual manera el conflicto armado fortalece modelos patriarcales impuestos por actores armados en los que se castigaba y humillaba a la mujer que estuviera desempeñando labores fuera del núcleo familiar (Meertens, 2014).

Las mujeres ocupan espacios y roles distintos en periodos de conflicto, pero la sociedad no les permite vivir de modo distinto en tiempos de paz o de reconstrucción. Las iniciativas o actividades desarrolladas por algunos grupos de mujeres durante las guerras se consideran ocasionales, y marginadas cuando termina el confronto; es decir, cuando la política se vuelve más estructurada y jerarquizada (Meintjes, 2001).

El patrón común (o modelo padronizado) de las post-guerras en todo el mundo sigue siendo la re-creación de la dominación masculina con nuevas formas, la recuperación y el retorno a los estereotipos que legitiman el patriarcado; razón por la que se siguen ignorando las necesidades, agendas o posibilidades de transformación ofrecidas por las mujeres durante y después de los conflictos armados.

Si se tiene en cuenta el análisis de la posición de la mujer en procesos de guerra y postconflicto, se detalla que, en África, por ejemplo, en junio de 2011, el ejército congolés, en protesta por la pérdida de rango de su comandante, atacaron dos aldeas, una de ellas Fizi y la otra Walikale y violaron, en tres días, 387 mujeres y niños. Con sucesos como este, se afirma que en los conflictos armados “es más peligroso ser mujer que soldado”, como lo dijo el General Patrick Cammaert ante el Consejo de Seguridad (Díaz.).

Con todo ello, la participación de la mujer en los procesos de paz se reduce a menos de un 3 por ciento de los firmantes de tratados de paz en las últimas décadas y menos del 8 por ciento de los integrantes de los equipos de negociación, como lo refleja el estudio de 2009 del Fondo del Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres.

En el ámbito económico, la reconstrucción de un país agrietado y golpeado por la guerra supone un gran esfuerzo de todas las infraestructuras físicas y productivas que quedan destruidas por el conflicto; por ello es que la agricultura se convierte en el principal medio de supervivencia de las mujeres que asumen el papel del cuidado del hogar durante y después del conflicto pero con el terrible problema de la negación de los derechos de herencia y propiedad que les garanticen el acceso a la tierra.

Los fondos económicos destinados a la reconstrucción de escuelas, hospitales, casas o caminos afectan directamente a la mujer puesto que si no forman parte de la toma de decisiones y las perspectivas de género están ausentes, lo más probable sea que las necesidades de las mujeres queden desatendidas y, por esto es que en los países en los que la mayoría de la población son mujeres, no pueden permitirse ignorar tanto sus necesidades, como sugerencias y habilidades.

En las zonas de intensos conflictos armados y en las que las mujeres son las que toman la iniciativa en el cuidado de huérfanos, enfermos y ancianos suministrando apoyo psicológico a las personas con traumas y buscan oportunidades de mejorar económicamente para mantener los niveles básicos de alimento, agua y refugio constantemente en condiciones inseguras y, por este motivo y las abundantes cargas pesadas y tareas desbordantes hacen que las aptitudes y capacidades de las mujeres las conviertan en el agente excepcional para participar en los esfuerzos de reconstrucción (El-Bushra).

El importante apoyo financiero y tecnológico dado a los países en el periodo de post-conflicto, viene motivado por la necesidad y compromiso de producir cambios, tanto políticos como económicos que fortalezcan el proceso de paz, pero también para disminuir y resolver la discriminación contra determinados sectores propensos a ser minimizados, entre ellos, las mujeres.

Las mujeres se les presenta una enorme cantidad de impedimentos a la hora de acceder a las ayudas que se disponen en medio del posconflicto, por un lado, la sociedad altamente machista y, por otro, el gran desinterés y voluntad de quienes controlan los recursos para consultar a las mujeres y garantizar que sus restricciones (Sorensen, 1998) en este proceso sean reducidas. Dichas restricciones se detallan en la realidad de que las mujeres están subrepresentadas en todos los procesos de decisión a través de ministerios, consejos locales y ONG internacionales que son las que controlan los recursos más importantes.

Además de ello, la informalidad de muchas organizaciones de mujeres y sus escasos contactos dificultan su acceso a los fondos y programas que desarrollan los protagonistas internacionales.

Los presupuestos del sector social, donde las mujeres tienden a encontrar empleos, son los primeros en verse reducidos cuando la economía es limitada y las mujeres pueden verse excluidas en su educación, capacitación y prácticas de empleo.

No sólo los problemas son las reducciones en los empleos, si no que los soldados, al volver de la guerra, compiten directamente con las mujeres por los diferentes puestos de trabajo y el resultado suele ser siempre el mismo, la mujer en el hogar y el hombre en el mercado laboral (El-Bushra). En cuanto a las comunidades agrícolas, las mujeres suelen no poder mantener sus granjas por motivos de desplazamiento, ausencia de mano de obra familiar o destrucción de sus cosechas.

No sólo las limitaciones en la mano de obra en el ámbito agrícola reduce las posibilidades de desarrollo de la mujer en el proceso de paz si no que las leyes de propiedad y herencia tienden a garantizar los derechos de propiedad sólo para los varones jefes del hogar y esto excluye a las mujeres del acceso a la tierra y todos los medios de producción cuando el jefe del hogar está ausente; aunque también se da la situación de que el desconocimiento de las diligencias administrativas las lleva a renunciar a su derecho a reclamar sus tierras para no verse envueltas en trámites burocráticos, ser amenazadas por los entes violentos para arrebatarles las tierras o encontrarse con la realidad de que sus tierras tienen nuevos dueños. Por este motivo, las mujeres venden su fuerza de trabajo a un precio muy bajo e inestable a otras tierras.

En este sentido, también es habitual que las mujeres rechacen algún trabajo formal por la responsabilidad de cuidar de los niños y las demás responsabilidades domésticas (Baden, 1998).

La deteriorada salud de las mujeres debido al exceso de trabajo para el sustento de la familia en condiciones extremas y la violencia que viven después de la guerra repercute seriamente en las capacidades de ellas para participar en la esfera pública y económica.

Las organizaciones de mujeres desarrollan estrategias en su intento por acceder a las ayudas destinadas a las reconstrucciones puesto que pueden contactar con los principales protagonistas internacionales como el Banco Mundial para dar cuenta de su situación actual en el país y reclamar mayores perspectivas de género en su trabajo, colaborar en el proceso de evaluación de necesidades para que la plena integración de las mujeres sea efectiva y las propuestas de las mujeres sean tomadas en consideración y los presupuestos sean repartidos de la manera más igualitaria para todos los colectivos en cuestión.

Estas organizaciones de mujeres pueden identificar a los protagonistas internacionales para investigar qué estrategias adopta la OCDE, o la ONU y trabajar sus políticas sobre la inclusión de la mujer en el posconflicto, las inversiones que se están realizando y el compromiso que adquieren con la sociedad civil en general (El-Bushra).

Como se expresa a lo largo del texto, los conflictos sociales han sido siempre una constante en la historia de los Estados y no sólo devastan a las personas de manera individual sino a sociedades enteras, dejando destrozos materiales y cicatrices morales y psicológicas complejas (López, 2007).

Como se comentaba antes, la mujer siempre ha sido vista en los periodos de conflicto como un actor pasivo, reprimido e ignorado pues se tiene la percepción de que la guerra la hace el hombre y la mujer la tiene que soportar y sobrevivir muchas veces convirtiéndose en botín y dejando a sus hijos en manos de los ejércitos (López, 2007).

De esta forma, se observa como la mujer no sólo sufre el riesgo de morir asesinada por un arma, sino que sus vidas se ven trastornadas en todos los aspectos comentados con anterioridad, convirtiéndose así, en una de las principales víctimas del conflicto armado y es considerando ese rol, como víctima directa e indirecta del conflicto, que se puede observar mejor su papel como agente de cambio, puente de pacificación, negociación y construcción de procesos de paz y de una memoria colectiva que refleja la supervivencia que caracteriza a la mujer (Lugo, Muñoz, & Guerrero).

Por esta razón , se considera necesario hacer notar el significado y valor del trabajo de estas mujeres, enaltecer sus logros para que operen un cambio en las situaciones conflictivas, especialmente en los procesos de construcción de la paz. Esto se consigue a través de la familia, encargada de llevarla hasta un ámbito social en el que no sean objeto de discriminación ni señalamiento alguno por su condición de víctimas de un conflicto en el que ellas no decidieron participar.

Dentro de los requisitos para que la mujer deje de ser una víctima y pueda convertirse en un agente de cambio social, político y económico, deben darse y facilitarse una serie de compromisos de la esfera política como el fortalecimiento de espacios que posibiliten la socialización entre las mujeres que decidan hacer parte de los procesos de justicia y lograr con esto una extensión del radio de acción y señalar los objetivos marcados y los conseguidos. Por consiguiente, se hace necesaria la capacitación de los funcionarios públicos para que la discriminación y barreras a la mujer se elimine desde el seno de las instituciones y pueda trascender a las altas esferas de cada institución.

Adicionalmente, es de vital importancia sensibilizar a los sectores públicos de mayor capacidad decisiva con estos postulados de forma que se apoye económicamente a las instituciones que

de alguna manera benefician a su vez a las mujeres en programas de capacitación y formación que posibilita su empoderamiento y liderazgo para defender sus derechos y la construcción del inicio de unas nuevas vidas (Lugo, Muñoz, & Guerrero).

Para la construcción de la paz, las mujeres, como ciudadanas de pleno derecho deben tener garantizado un proceso oportuno y seguro de verdad, justicia y reparación.

Este proceso debe ser efectivo y real con una perspectiva de género en la que las políticas tengan un diseño basado en los aspectos psicosociales, económicos y culturales que les permitan hacer un duelo reparador y otorgue plena posibilidad de reconstruir sus vidas ya que no se puede pensar en ellas como constructoras de paz si antes no se garantizan derechos mínimos de salud, vivienda, educación y empleo alejadas del conflicto y el contexto que las convirtió en víctimas (Rico, 2014).

Asimismo, es necesario promover el conocimiento de los derechos humanos de la mujer tanto en colectivo femenino, con el fin de que puedan defender sus derechos, como en la comunidad en general, persiguiendo con ello, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de la mujer y su pleno ejercicio en medio del a sociedad.

Finalmente, se entiende que los programas destinados a la construcción de paz y la resolución de los diferentes conflictos social derivados de los macro-conflictos armados, requieren de acciones trasversales que fomenten el empoderamiento de la mujer en la comunidad en todos los ámbitos pero fundamentalmente en la toma de decisiones, las negociaciones y la reconciliación.

Por tanto, se debe de considerar a la mujer como agente principal de la construcción de paz, siendo una de las víctimas con mayores daños ocasionados por el conflicto, de tal manera que puedan ser verdaderas protagonistas de la reconstrucción de sus identidades, fomentando con ello, la recuperación de su núcleo cercano. Sólo de esta manera, se cimentará la paz en la base sólida de la inclusión, la equidad y el respeto.

Es por ello que se defiende la necesidad de una nueva perspectiva teórica sobre las experiencias de las mujeres en las sociedades rotas por los conflictos. Esta argumentación se apoya en el hecho de que la mayoría de los programas de reconstrucción y posconflicto tienen el enfoque de los derechos humanos y las necesidades humanas. Los derechos humanos, como base de la reconstrucción, garantizan la justicia, la igualdad, el pluralismo y la participación teniendo en cuenta el énfasis sobre los derechos humanos de las mujeres y su participación activa tanto en el disfrute como en la ejecución de los mismos.

Así pues, considerando las cuatro dimensiones del modelo de reconstrucción de la ONU, los roles asumidos por mujeres en situaciones de conflictos armados son, por ejemplo: El modelo de la ONU supone la reconstrucción de las sociedades rotas por conflictos, el desarme y la desmilitarización de la sociedad pero el no reconocimiento de rol de la mujer como combatiente conduce a la marginación de sus necesidades. Los roles asumidos por las mujeres en movimientos y conflictos de liberación como en el caso de El Salvador, Nicaragua, Eritrea o Guatemala, han sido moldeados por una retórica de inclusión, de igualdad de derechos y justicia social, como parte integral de la lucha, pero en las situaciones en las que las mujeres y niñas han participado voluntaria o involuntariamente en los combates como esclavas sexuales, traficantes de información, cocineras y demás, necesitan, del mismo modo, asistencia, rehabilitación y reintegración en el proceso de posconflicto.

Guatemala, Salvador, Irlanda del Norte y África.

Guatemala Tras 36 años de conflicto abierto en Guatemala, se están reconstruyendo las instituciones democráticas y, lo más importante, el tejido social. Con todo ello, la exclusión del que favorece el Estado sigue siendo palpable, pues la acentuada pobreza afecta a la mayoría de hogares y el modelo económico del país hace que la distribución de los ingresos no sea equitativa.

En consecuencia, los Acuerdos de Paz que han firmado el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han tenido en cuenta las necesidades de cambio y evolución del Estado, así como la intención de modernizar la economía del país y, finalmente, tener en cuenta a los pueblos indígenas (Mendoza, 2001).

En el caso de las mujeres, el interés por abordar su situación marginal empezó en los años ochenta, época convulsa en la que Guatemala vivía el proceso de represión del conflicto armado interno y en el que la censura y los espacios para la participación ciudadana eran mínimos. Estos primeros grupos contaban con un discurso basado en la lucha de las mujeres a nivel internacional, empezando por la separación de los términos sexo/género y patriarcado, compuesto, en su mayoría por mujeres militantes de ideologías de izquierda. Estos grupos pequeños partían de la experiencia vivida más que de la abstracción teórica y abordaban temas como el cuerpo, la sexualidad, los derechos humanos y la autonomía de las mujeres (Monzon, 11-14 de noviembre, 2008).

Gracias a todo ello, el movimiento de mujeres consiguió articularse de tal manera que llegó a obtener una estructura formal de movimiento social que, en la etapa de negociación de la paz, consiguió que las demandas de las mujeres fueran implantadas como compromisos en los Acuerdos de Paz y como políticas públicas en la fase de implementación.

Para comprender el proceso en el que el movimiento de mujeres de Guatemala se convierte en un actor político en el proceso de paz, Leticia Bandelac Gordon explica las cuatro etapas de su consolidación.

En una primera fase, las mujeres guatemaltecas viven un momento de reflexión facilitado por la I Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas de 1975 ya que, aunque no se había consolidado el movimiento todavía, las mujeres sí que participaron y presionaron en los diferentes grupos sociales para remodelar la organización social en el ámbito rural y urbano ya que la crueldad de la guerra y el conflicto hicieron que la mujer asimilara roles como el de sustento del hogar sin tener un aval legal, ya que sus derechos fundamentales fueron violados.

Debido a este nuevo rol de “mujer cabeza del hogar” la mujer fue adquiriendo capacidad de organización en torno a temas como la justicia social, la igualdad o la paz.

En la segunda fase, el Movimiento de Mujeres inicia con la reestructuración política y económica del país que coincide con la transición democrática y la apertura del gobierno a manos del poder civil, por lo que el movimiento se convierte en una lucha por la justicia social y la igualdad de género. El objetivo ya no era sólo buscar a las personas desaparecidas ni la desmilitarización de la sociedad, sino que buscaban, además, la mejora de las condiciones de vida para la sociedad en general.

La tercera fase ubicada entre los años 1994 y 1999 se vio totalmente influenciada por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que impulsó la participación de las mujeres en el proceso de paz proponiendo reformas educativas y legislativas en pro de la equidad de género a través de foros sobre violencia doméstica y, sobre todo, los derechos de las mujeres trabajadoras.

A pesar de no contar con la consolidación necesaria, el Movimiento de Mujeres consiguió llevar ante la Asamblea de la Sociedad Civil las demandas para la búsqueda del bien común y consiguió la visibilidad para participar en los Acuerdos de Paz. A mediados de los años noventa, el Movimiento de Mujeres iba creciendo pero seguía siendo la unión de pequeñas organizaciones separadas entre sí con algunas diferencias.

La última fase viene con el nuevo milenio, en el que la violencia y la inseguridad pública hacen que los Acuerdos de Paz tengan dificultades en su implementación, pero a nivel gubernamental se crea la Secretaría Presidencial de la Mujer para generar políticas públicas a favor de las mujeres.

Con todo ello, la influencia del Movimiento de Mujeres ha ido decreciendo, sin embargo, se reprodujeron las organizaciones de mujeres en áreas rurales, lo que hace que, en realidad, el Movimiento esté tomando nuevos caminos y viviendo una etapa nueva.

Las mujeres en Guatemala demuestran que su unión, a pesar de la diferencia étnica, de clase, si son del campo o de la ciudad, ha conseguido un discurso único de cambio social y de progreso, tanto durante como después del conflicto armado y que este nuevo concepto de ciudadanía puede ser posible gracias a su presión y perseverancia y a pesar de sus limitaciones y fragilidad. Pero, con todo ello, aún queda mucho trabajo por delante pues la mujer sigue siendo vista como madre, esposa y sustento económico de la familia.

Para solucionar esta visión tan limitada de la mujer se debe contar, además de con la lucha y organización de las mujeres, con el apoyo, reconocimiento social y, por supuesto, con la aprobación política del Estado; el cambio en los roles de género son necesarios para una sociedad en progreso e igualdad (Gordon, 2015).

El Salvador En el 1992, las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del El Salvador pusieron fin al conflicto armado firmando el convenio de paz en el Castillo de Chapultepec, en México.

El movimiento de mujeres en El Salvador se caracteriza, en parte, por su ausencia antes de la firma de la paz, pero se debe reconocer el trabajo de Doña Tula Alvarenga, que logró unir a salvadoreñas militantes de las Fuerzas Liberales de Liberación (FPL) que se encontraban fuera del país por motivos políticos, lo que la llevó a formar un red de apoyo internacional que vinculó con la Asociación de Mujeres de El Salvador-AMES-. También fundaría la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas por lo que tuvo que enfrentarse a las oposiciones machistas del FPL hasta que consiguieron disolver ambas formaciones.

Sin embargo, el protagonismo de las mujeres, tanto en la guerra como en el proceso de transición es inevitable puesto que altos mandos políticos eran mujeres, pero, con todo ello, la atención a las mujeres en el proceso de paz fue muy escaso.

Uno de los problemas más grandes a los que se enfrentaron las mujeres en el proceso de desmilitarización fue que, al volver a sus casas, eran tratadas de forma discriminatoria pues sus familiares las acusaban de haber abandonado a sus padres e hijos, mientras que los hombres eran elogiados por su “lucha heroica”.

Antes de la guerra, las mujeres tenían más posibilidades de trabajar fuera del hogar, sin embargo, al finalizar la guerra, casi el 95% de las mujeres se vieron recluidas a la vida privada y al cuidado de sus hijos y hogares.

Es por eso que las primeras organizaciones del postconflicto eran de mujeres en su rol de madres

que luchaban por sus hijos presos, por los heridos y los desaparecidos.

Pero no sería hasta el 1992 cuando el FMLN deja su estatus de movimiento guerrillero y se convierte en un partido legal, que harían una referencia a las mujeres y sus derechos, aludiendo que podrían participar y formar parte de los asuntos nacionales con el compromiso de conseguir la igualdad de derechos para las mujeres y eliminar su marginación y su presión.

Es en este momento en el que nace un nuevo movimiento de mujeres, primero integrado por revolucionarias-civiles y ex guerrilleras a las que después se les unirían mujeres de todos los sectores que luchan por la democratización puesto que el papel de la mujer había sido casi nulo en la firma de los acuerdos de paz, ahora querían ejercer presión sobre los partidos políticos para que se generaran plataformas de derechos para las mujeres.

Con el nacimiento de este movimiento, nacen los esfuerzos por ser las portavoces de los derechos de las mujeres y conseguir, de esta manera, una igualdad para hombres y mujeres real (Navas, 2007).

Irlanda del Norte El caso de Irlanda del Norte, fueron grupos de mujeres católicas y protestantes las que decidieron crear un partido político llamado la Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte (NIWC por sus siglas en inglés) formado sólo por mujeres y que les abriría las puertas para participar en las conversaciones de paz, en las que siempre intentaban que hubiera igualdad entre mujeres republicanas y unionistas.

Este partido se forma con la intención de presentarse a las elecciones y tener así más representación y poder ocupar un lugar en la mesa de negociaciones de paz y negociar desde la perspectiva y las necesidades de las mujeres.

La Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte no sobreviviría a largo plazo, pero diez años después de la firma del acuerdo de paz, el gobierno está formado en igualdad de condiciones por nacionalistas y por unionistas ( rino, 2010).

África (Somalia) Considerado como un estado fallido, las mujeres han tenido que soportar la tensión más dura del conflicto ya que han tenido que asumir responsabilidades y roles en el hogar para garantizar la supervivencia de sus familias.

Esto, junto con la violencia de género, es la característica principal de la guerra desde el prisma

de las mujeres. Durante el conflicto armado han sido violadas, raptadas y esclavizadas sexualmente.

Es por ello que las mujeres somalíes han estado siempre en la desarrollo de la construcción de la paz, organizando desde la base los cimientos para superar las divisiones y las violencias generadas por las políticas de los clanes, promoviendo la reconciliación y el perdón ya sea de manera colectiva o individual.

Las mujeres como constructoras de paz es un concepto reconocido por toda la sociedad somalí puesto que en la cultura somalí la mujer representa la paz y la maternidad.

La Revista Académica de Relaciones Internacionales recoge una serie de medidas que las mujeres pacifistas llevan empleando desde el 1991 para generar paz en sus territorios, una de ellas es llevada a la vida privada llegando a hacer “huelga de piernas cruzadas”; a través de poemas especiales compuestos por las mujeres; organizando sesiones masivas y abiertas de rezo para que todos recen por el fin de la guerra. Además de esto, durante las conversaciones de paz, las mujeres refuerzan su identidad de género tradicional facilitando los traslados de los ancianos; preparando la comida a los delegados de las conversaciones y manteniendo conversaciones abiertas con las diferentes partes negociadores con los que comparten vínculos.

Al encontrarse con un estado ausente, las mujeres continúan realizando actividades que generen paz como los cuidados sanitarios, proporcionar comida, cuidado de embarazadas y huérfanos y gestionando la producción agrícola para que no falten los alimentos. También trabajan con la sociedad civil y los medios de comunicación para intentar concienciar a la sociedad sobre los derechos humanos; favorecen la educación y luchan por el acceso igualitario a los servicios; educan para la paz y promocionan a la mujer para que sea incluida en la toma de decisiones políticas (Gardner, 2007).

C. BARRERAS PARA LA RECONCILIACIÓN De acuerdo a lo mencionado, la construcción de paz en el país está vinculada a diferentes variables de índole diversa que es necesario considerar para atender a las verdades barreras u obstáculos para la reconciliación. Los factores políticos, sociales, culturales y psicológicos que inciden de forma directa en el conflicto y su mantenimiento durante media década, son los mismos que se han de revisar para comprender el gran reto del país: la reconciliación.

La Real Academia Española (Academia, 2001) define reconciliar como “volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos” por lo que cabe, tanto en el plano individual, como en el colectivo. A la luz de esta definición, se contemplan dos dificultades: la antigüedad del

conflicto que dificulta a los ciudadanos recordar el contexto sin conflicto y la cultura de la violencia que se reproduce y legitima generación a generación.

Sin embargo, es necesario aclarar que la reconciliación no exige el olvido de los actos cometidos. Por el contrario, se trata de recordar esos actos sin rencor, con la capacidad de aprender del pasado violento para no repetirlo. Es por esta razón que la educación juega un papel esencial en la reconstrucción social y psicológica, la educación formal, en las instituciones públicas pero sobre todo, la educación no formal y es en esta donde debemos destacar la socialización en el núcleo familiar y la relevancia del papel de la mujer dentro de dicho núcleo.

Adicionalmente al papel de la mujer en la reconciliación desde la esfera privada, cabe mencionar los altos índices de inteligencia inter-personal e intra-personal en el colectivo que son fundamental para los procesos de empáticos e inclusivos propios de la reconciliación.

LA CULTURA DE LA VIOLENCIA La cultural de la violencia generalizada en la actualidad en muchos lugares del mundo y específicamente en un país que ha vivido durante sus últimos años en guerra es una de las barreras más importantes para la reconciliación.

La violencia cultural se puede definir como “ideología de la violencia” o como una “superestructura de sistemas violentos”. Unas serie de actitudes y comportamientos sociales normalizados en los que la violencia es medio para la resolución de situaciones cotidianas. En muchos casos, estas actitudes y comportamientos son defendidos en los discursos políticos, en las propagandas o las campañas política desleales, en la “la manipulación sesgada e intencional de las ideas para perpetrar con éxito el adoctrinamiento generalizado” o “la información deforme de los mass media; algunas costumbres, ritos y actos institucionales que pueden contribuir a difundir directamente la "utilidad" de la violencia” impulsando así, los argumentos y motivos válidos para la violencia o incluso la guerra. (Jiménez-Bautista, 2012) Generación a generación estos esquemas sociales se trasmiten y la violencia, como algo común, es algo permanente e incluso inevitable. Las muertes, los secuestros, los robos a mano armada, los ajustes de cuentas, las violaciones, el narcotráfico, maltrato familiar, etc. son hechos que se repiten de forma frecuente en diferentes lugares del país. En este contexto, el individuo interioriza y reproduce estos comportamientos, haciendo que la violencia se multiplique día a día y que los valores o principios de convivencia se desvirtúen o deterioren poco a poco.

Es por esto, que abordar el proceso de la reconciliación requiere de tiempo y compromiso social. La reconciliación no se consigue de un día para otro, es una fase que conlleva una

inversión importante de tiempo, sin embargo, durante este proceso, se deben elaborar planes de acción sobre los cuales se puedan desarrollar actividades culturales y de promoción de la educación para la paz en las regiones afectadas. Éstos permeabilizarán la integración de la ciudadanía a través de sus propias experiencias de vida, conocimientos, problemáticas o ideas que permitan tener una visión más clara de cara a la construcción de una nueva forma de interacción en la comunidad.

En este sentido, la inclusión de las perspectiva de género y la promoción del empoderamiento de la mujer pueden ser factores determinantes para la reconciliación puesto que la relevancia del el rol de la mujer en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve en fundamental para avanzar en la construcción de paz.

La familia es el núcleo de educación por excelencia, pues una familia unida y no desintegrada constituye el ejemplo de vida para los hijos e hijas que forman parte de la misma. Sin embargo, en este sentido cabe resaltar el gran papel que juegan las madres a la hora de no reproducir patrones sociales violentos y fomentar valores esenciales como la tolerancia, el respeto y el perdón.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ En consecuencia, durante la etapa de reconstrucción de una sociedad, se hace necesario abordar el asunto de la educación para la paz, y ésta será posible a través de la inclusión de una serie de valores y principios de tolerancia, respeto y equidad. Si bien es cierto que la finalidad de las estrategias enmarcadas en los procesos de paz tiene como objetivo establecer una paz duradera que permita el desarrollo de las comunidades, no lo es menos que, la premisa básica para ello es enfrentar todos y cada uno de los inconvenientes a través de un trabajo continuo.

En este marco cabe destacar la labor que realiza la organización Reconciliación Colombia en las regiones del país por medio de sus líderes con el fin de “descubrir iniciativas de reconciliación que han tenido lugar en estos años de conflicto armado entre individuos o comunidades, ponerlas en común, aprender de ellas y planear otras hacia el futuro.” (¿Puede Colombia reconciliarse?) Es decir, parten de casos reales que les sirven como modelos para proyectar estrategias futuras. Uno de esos casos es el de César Montealegre, empresario de Caquetá, quien fue secuestrado por las FARC en 1999 y, tiempo después de haber sido liberado, contrató, sin saberlo, a Luis Moreno, ex-guerrillero, quien, un año después, le confesó haber sido cabecilla del frente que lo secuestró. Luis lleva más de ocho años trabajando con él como su hombre de confianza. Al respecto, César pone de relieve la importancia de la no estigmatización de los desmovilizados y el hecho de que la paz debe iniciar desde el núcleo más cercano (G., 2014).

Esta historia de vida deja entrever una realidad que convive con los pueblos afectados por las guerras, a su vez, que sirve como directriz hacia la realización de soluciones globales e inclusivas que permitan la participación en el poder político, como refuerzo a la recuperación de la democracia a través de la justicia, la verdad y la reparación. En esa fase de reconciliación, es importante considerar que las personas más vulnerables en los conflictos suelen ser las mujeres y los niños; pero, además, hay que tener en cuenta las distintas culturas, etnias, razas y tribus que se pueden encontrar en riesgo de exclusión social como consecuencia de dichos conflictos. En este sentido, cabe la posibilidad de hacer un llamado para romper las barreras culturales, con el fin de tener en cuenta sus contribuciones en el postconflicto, abordando sus necesidades y su situación para la el diseño y realización de programas adaptados a su protección e inclusión en el ámbito socio-cultural del grupo de interés afectado.

De ahí que sea importante tratar el desarme, desmovilización y reintegración (DDR), un proceso que consta de tres etapas, la primera es fundamentalmente recoger, controlar y eliminar armas y municiones en manos de combatientes y población civil relacionada con el conflicto, seguido de la baja oficial por parte de los combatientes activos de los grupos armados ilegales y culmina con la etapa en la cual los excombatientes se reintegran a la vida civil (ONU, 2016). Un proceso político, social y económico urgente e indispensable, dirigido a la prevención del impacto negativo que pueden asumir las mujeres después de la dejación de las armas.

Pues además se lleva a cabo como una estrategia para la consolidación de la paz después de un conflicto armado ya que aquellas mujeres que han atravesado por procesos de DDR exitosos se convierten en lideresas y voceras dentro de sus comunidades. Dándoles una oportunidad de incorporarse a la vida civil y tener una debida interacción social donde puedan resarcir el daño que de alguna manera generó su participación en la guerra.

Contrastes que evidencian lo compleja que es la situación para las víctimas, siendo ellas personas que pasaron por la guerra y no merecen ser tratadas de manera indiscriminada pues resultan ser muy vulnerables. Por consiguiente, el actual proceso de terminación del conflicto armado y de construcción de paz es una oportunidad más de cambios sustanciales para la historia de estas mujeres y su participación en la construcción de paz, orientadas a recomponer las rupturas de la sociedad e intentar eliminar los imaginarios negativos que se tienen sobre ellas. En definitiva, en tiempos de post-conflicto y en procesos de paz son estas mismas mujeres quienes lideran el curso y desarrollo de las transformaciones sociales representando el género femenino y trabajando en pro de la igualdad y justicia social En síntesis, podríamos afirmar que es imprescindible el trabajo psicosocial, pero aún más importante es hacerlo de fondo, es decir, a través de una integración en los diversos grupos poblacionales, especialmente de aquellos con mayor protagonismo en el conflicto y el proceso de paz, como el colectivo femenino.

D. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES COMO SUJETOS POLÍTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. Si bien, mucho se ha avanzado en Colombia desde el siglo pasado donde la población creía que el empleo femenino comprometía la moral de la mujer, un país donde hasta mediados de los años cincuenta existía la prohibición para las mujeres de intervenir en el proceso electoral, históricamente excluidas del ejercicio del poder. Este pensamiento ha sido desplazado por la demanda de una acción eficaz en la toma de decisiones por lo que hoy en día es común la imagen de la mujer que interviene en la política y el gobierno, su protagonismo ha crecido en los últimos años pero aún está muy lejos de las expectativas (Velez, 1993), ya que se enfrentan a una multitud de dificultades para acceder a los cargos de elección e incurrir en la política, representando un gran desafío para la democracia puesto que son las mujeres quienes en el país llegan a representar alrededor del 52% de la población y no pasan del 20 % en los cargos de elección popular, reproduciendo una gran desigualdad.

Como resultado de esto, Colombia ha adquirido compromisos internacionales en esta materia que son continuamente recordados por los defensores del sufragio para las mujeres, estableciéndose un marco jurídico internacional que direcciona el accionar a nivel interno en lo que concierne a la promoción de género en la participación política.

Desde 1946 hasta 1956, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha insistido en la necesidad de reconocer los derechos políticos de la mujer en todo el mundo. En la que recomienda a los gobiernos conceder a la mujer los mismos derechos políticos que a los hombres, con los que a las mujeres se les permita el acceso a cargos públicos y representaciones internacionales. Sumado a estos esfuerzos, se estableció la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979, como las posteriores Conferencias Mundiales de Nairobi (1985) y Beijing (1995) marcaron este camino (Tula, 2015). Resaltando la obligación de los Estados en la labor de garantizar la igualdad en la esfera política.

Es por lo anterior que el mismo Estado colombiano y sus órganos nacionales han instado por establecer normas y leyes en pro del empoderamiento de las mujeres desde la esfera política. Uno de los actos legislativos que han generado uno de los mayores avances para la promoción de la participación política de las mujeres en el país se da en el 2011 con la reforma política a la ley 1475, con la que se busca adoptar nuevas medidas como la regulación de la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, acciones encaminadas a incentivar la participación de las mujeres en los procesos electorales pues se establece un sistema de cuotas que obliga a partidos y movimientos políticos a incluir al menos un 30% de mujeres en la lista de candidatos, respondiendo con incentivos financieros para las organizaciones que logren la elección de las mujeres de sus filas. Esto, además de establecer un mandato que destina un porcentaje de recursos estatales a la formación y capacitación política de mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

(Congreso de Colombia, 2011)

Es evidente la continua brecha de desigualdad de género que se vive en la política pero se debe destacar que la puesta en práctica de mecanismos como estos han llevado a que se produzcan cambios como por ejemplo que en 2007, el 86,8 % de las listas no incluía un mínimo del 30% de mujeres, en 2011 ese porcentaje se revirtió incluso superando este piso. En 2011, el 36,3 % de las listas tuvieron candidatas entre un 30 y 33,3 %, cumpliendo así con el requisito mínimo porcentual que exige la ley, y un 7 % de las listas presentadas superó este umbral incorporando mujeres en un 50% o más. Respecto al total de mujeres electas para el período 2014-2018, este también aumentó de 37 (14 %) en 2010 a 52 (19,4 %) en 2014 (Tula, 2015).

En efecto el cambio se hace cada vez más necesario y evidente, de ahí que dentro de los retos que se mantienen vigentes en nuestra sociedad con la desigualdad entre hombres y mujeres sea la discriminación salarial siempre desventajosa para las segundas. Y es claro que los cambios normativos como único medio no generan transformaciones radicales en el país, esto debido a los demás ingredientes que incrementan la brecha como la arraigada cultura machista, pues existen imaginarios dentro de la sociedad que perpetúan la situación de exclusión y bajos porcentajes de apoyo hacia la población femenina. En este sentido se deben buscar sistemas electorales que faciliten la participación de la mujer, que insten por un equilibrio en órganos y comités gubernamentales y adopten medidas positivas en todos los niveles de la política y propendan por la democracia.

Además de otros obstáculos que se dan en Colombia y que pueden ser clasificados en tres grupos: i) los obstáculos de partida que tienen que ver con la carencia de destrezas, conocimientos y oportunidades de las mujeres para entrar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres; ii) los obstáculos de entrada que hacen referencia a aquellos impuestos por los estereotipos de género que ubican a las mujeres por fuera del mundo de lo público; iii) los obstáculos de permanencia que son aquellos que encuentran las mujeres una vez que logran entrar a la arena política y tienen que ver con el marcado carácter machista del quehacer político en Colombia (Bernal, 2006) Obstáculos por los cuales se lucha día a día a través de organizaciones como la ONU, PNUD, La Casa de la Mujer y demás organizaciones.

Por todo ello, se hace necesario que el empoderamiento de las mujeres sea una realidad y que, a través de su liderazgo y su participación en la política local, nacional e internacional ejerzan un papel protagónico de cambio y evolución social. Sólo así los temas prioritarios como la construcción de la paz y las políticas de género, la conformación del gobierno y la igualdad serán incluyentes, participativos y representativos.

Las mujeres, al superar las principales barreras en el ámbito político, conseguirán visibilizar las problemáticas de género de las que se ha venido hablando en todo el documento y así, conseguir subsanar las injusticias y las desigualdades y, de esta manera, evidenciar el papel definitivo y contundente que tienen las mujeres en la construcción de una mejor sociedad, de ahí que sea determinante su participación en la creación de la agenta política a seguir, tanto nacional como internacionalmente. Su participación no debe ser vista como un acontecimiento coyuntural sino como un peldaño indispensable y continuo para alcanzar el éxito y generar verdaderos cambios a largo plazo.

Esto sin olvidar el enfoque que se debe tener hacia la mujer rural y demás población afectada por lo que surge la necesidad de brindarles herramientas y aprovechar la oportunidad de acogerlas como nuevos sujetos políticos, para que asuman un verdadero empoderamiento y se conviertan en líderes y lideresas de sus poblaciones y comunidades, de la mano de entidades municipales, departamentales y nacionales y, así, generar un aporte en la reconstrucción del tejido social, la promoción de los derechos humanos y de una cultura de paz.

TRABAJO DESDE LA COMUNIDAD: JORNADA DE REFLEXION La Asociación Miraismo Internacional y la Casa de la Mujer consolidaron una colaboración basada en su trayectoria y compromiso en el trabajo por la paz. Este trabajo de cooperación entre estas dos entidades y subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, busca fortalecer el trabajo de las mujeres como sujetos políticos en la construcción de la paz en Colombia, en un momento importante para un país inmerso por décadas en la violencia de las armas.

Una de las acciones de este proceso de trabajo conjunto por la paz, ha sido la generación de un escenario de diálogo con mujeres líderes y mujeres víctimas para identificar lineamientos y estrategias que contribuyan a la construcción de la paz.

El 17 de noviembre de 2016 se realizó la jornada de reflexión La Mujer en el Conflicto y la Construcción de la Paz. Este espacio, que contó con la presencia de 72 mujeres líderes de procesos organizativos de Cundinamarca y de distintas localidades de Bogotá, así como de víctimas, constó de tres momentos centrales, siendo el primero de ellos, un espacio de discusión con las mujeres sobre cuatro temáticas centrales: a) Protección a las Defensoras de Derechos Humanos; b) Participación política de la Mujer en procesos de construcción de paz; c) Empoderamiento – Liderazgo de las mujeres en el proceso de construcción de paz; y, d) Aspectos esenciales del Acuerdo frente a los derechos de las mujeres. Los espacios de diálogo fueron facilitados por profesionales de la Casa de la Mujer y de Asociación Miraismo Internacional.

El segundo momento fue uno de discusión entre mujeres coordinadoras y relatoras de los grupos de discusión y la elaboración de un pronunciamiento. Este pronunciamiento fue concertado por las

mujeres y leído por la delegada de las mujeres Claudia Liliana Castañeda, ante un panel de expertas/os en el tercer momento.

El último momento, el tercero, fue uno de intercambio entre las panelistas invitadas. Las mujeres abrieron este tercer escenario con la lectura de su pronunciamiento, motivando así la discusión del panel. En el panel estuvieron presentes: La doctora Gloria Stella Díaz Ortiz, Presidenta Bancada de Mujeres, Silvia Arias, Coordinadora del Programa Ciudadanía de las Mujeres para la Paz, la Justicia y el Desarrollo de ONU Mujeres en Colombia, Sergio Cuervo, delegado de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Catalina Villa Rosas: Asesora de la Secretaría de la Mujer del Distrito de Bogotá y Olga Amparo Sánchez Gómez investigadora, feminista y pacifista colombiana y directora de Casa de la Mujer.

En dicho evento se recogieron una serie reflexiones por parte de los ponentes:  Gloria Stella Díaz, Presidenta de la bancada de mujeres y miembro del Movimiento Mira, un movimiento político reconocido ante ONU MUJERES como uno de los más equitativos.

El país se prepara para construir la paz y no para la paz en sí misma. La diferenciación hecha por Díaz es de suma importancia, en tanto que implica a todos los ciudadanos en un proceso de participación y corrección de comportamientos violentos, evitando las expectativas de una paz inmediata sin el esfuerzo y la contribución de todos y todas.

De acuerdo a lo que afirma Gloria Stella el país debe centrar su atención en las condiciones de exclusión, es decir, en la no participación política de una manera equitativa; situación que ha llevado a intensificar la desigualdad. En este sentido, es necesario vencer todo ese tipo de paradigmas existentes como los mencionados en apartados anteriores del presente documento.

Desde la experiencia, Díaz comenta los avances llevados a cabo en Congreso de la República de Colombia afirmando que: “grandes fueron las batallas que se dieron en el Congreso de la República con una bancada de mujeres que logró desprenderse de colores políticos e intereses particulares para trabajar por el tema de mujer y género y, como consecuencia, en el año 2006 se crea la bancada de mujeres en el Congreso en el que se encontraron mujeres que querían ser protagonistas en la protección de derechos de las mujeres. Esa bancada logró algo histórico, la creación de la comisión legal para la equidad de la mujer. Esa unión y trabajo en equipo permitió sacar adelante proyectos e iniciativas que hoy están marcando historia, algunas de ellas con vacíos y que les falta socialización pero lo más importante, están las leyes”.

En este sentido, se debe destacar la importancia del trabajo multidisciplinar conformado por un equipo de diverso que permita mayor capacidad de análisis desde diferentes enfoques ideológicos.

Según informa Gloria Stella, se han dado avances legislativos importantes pero estas normas tienen poca efectividad a causa de la demora por parte de las autoridades competentes para brindar

las herramientas necesarias para su implementación. Por otro, algunas de estas normas pueden resultar inoficiosas dado que no existe un órgano o entidad que las haga cumplir. Por lo tanto, surge una necesidad de fortalecer esas leyes y generar acciones que garanticen la inclusión para que la participación política de la mujer pueda ser realmente efectiva.  Al respecto, hace una reflexión sobre la importancia de la participación política de las

mujeres en el proceso de construcción de paz, destacando la responsabilidad de aquellas que asumen un rol político ya que les corresponde defender los derechos de las mujeres al momento de asumir un cargo público “pues de nada sirven más leyes, alertas y discursos, si las mujeres que llegan a corporaciones y cargos públicos no defienden el género, una realidad trágica que hoy vive el país” según menciona Díaz, enfatizando en la importancia de no fomentar la instrumentalización de las mujeres o del enfoque de género, recordando sus necesidades, aportes e intereses sólo en momentos coyunturales.

Silvia Arias, Representante de ONU Mujeres en Colombia.

La importancia de la participación de la comunidad internacional, tanto Estados como Organizaciones en el apoyo y fortalecimiento a las mujeres en la construcción de la paz, apoyos que derivan de la resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las resoluciones asociadas. Éstas, entre otros mecanismos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, han sido un esfuerzo que sólo se lograron por la incidencia y la movilización de mujeres a nivel internacional y es un llamado a los Estados del mundo y a las Naciones Unidas a que elevemos nuestro nivel de compromiso con el reconocimiento, el apoyo y el impulso al papel de las mujeres en la construcción de la paz. Papel que no tiene que ver solamente con avanzar en los mecanismos de protección de las mujeres y sus derechos en contextos de conflicto armado, sino que también tiene relación con la autoría política de las mujeres, el lugar que ocupan las mujeres en las grandes agendas en las que se decide el rumbo de la sociedad y en este caso el rumbo y el contenido que se le quiere dar a lo que se entiende por paz.

Así como Colombia tiene desafíos en términos de paridad, representación y fomento de las iniciativas de género en la agenda más prioritaria, en las Naciones Unidas pasa algo similar. Se han hecho esfuerzos para que estas mismas cuestiones tengan una prioridad en la agenda, pero todavía siguen habiendo elementos de brecha y desafíos muy importantes. Por tal razón, el año pasado el Secretario General de la ONU realizó un estudio global del que se pueden obtener las siguientes conclusiones.

1. En ese sentido, se ha llamado a todas las agencias de las naciones unidas a adoptar cambios estructurales a fin de capitalizar sus recursos disponibles para las mujeres, para la paz y la seguridad y asegurar que todo el sistema sea coherente y coordinado para llevar igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres al núcleo de su trabajo en todas las áreas. Esto es de

suma importancia porque de eso depende que la comunidad internacional adquiera compromisos concretos, viables y alcanzables para llevar a cabo los procesos de empoderamiento de las mujeres.

2. Se hace mención al aspecto de la financiación, una financiación adecuada para la agenda de mujeres, paz y seguridad porque también es un elemento que acrecienta la brecha que sufren los Estados, la necesidad de financiamiento de las organizaciones y la sociedad civil, los procesos de desarrollo de protección de derechos y de construcción de paz que apoya las Naciones Unidas.

Para Naciones Unidas, es claro que los proyectos y programas de los países donantes, deben tener, al menos, un 15% de su presupuesto destinado sólo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

3. Un tercer mensaje tiene que ver con los elementos de recomendación que la sociedad civil y las mujeres hicieron a las Naciones Unidas, llamando a la acción en el sentido de que los grandes cambios que estamos atravesando se deben entender en el contexto de las necesidades y las preocupaciones de las mujeres en situaciones específicas de conflicto, situaciones que se traducen en que la ONU tome la iniciativa de detener el proceso de militarización y el militarismo que comenzó en 2001 alrededor de todo el mundo y que cada vez está adquiriendo visos más preocupantes. Además, el cese de la normalización de la violencia contra las mujeres en los ámbitos locales, nacionales e internacionales y, por último, la expansión del apoyo a la red de mujeres constructoras y hacedoras de paz para que pasen a asumir un primer plano en la agenda local.

Es así como el compromiso de las Naciones Unidas, Mujeres y consolidación de la paz en Colombia busca priorizar áreas de trabajo que contribuyan a destacar el rol de las mujeres en la construcción de la paz, puntos que tienen que ver con la resolución de conflictos, planificación post-conflicto y financiación post-conflicto. Una financiación de las agendas para la recuperación del Estado en materia económica. “Ya que las mujeres en tiempo de crisis siempre han sido ´el colchón de la crisis´, entonces ¿cómo evitar esto y lograr que sean vistas como un actor relevante más en las sociedades y comunidades?” entendiendo que se quiere incrementar la presencia de mujeres en las negociaciones de paz formales e informales. Rol que tienen las mujeres en la solución activa y pacífica de los conflictos y también en su prevención.

En relación a esto, horizontes de oportunidad aparecen de lo pactado en el punto 6 del acuerdo entre el Estado y las FARC-EP sobre implementación, refrendación y verificación, que van de la mano con el acompañamiento de verificación o seguimiento que les dará la comunidad internacional y es muy relevante que las organizaciones de mujeres encuentre caminos de diálogo de trabajo conjunto con estos mecanismos de manera que este sea uno de los escenarios a través de los que la comunidad internacional se comprometa aún más con los derechos de las mujeres.

El hecho de que se establezca el enfoque de género y el principio de igualdad y no discriminación como un principio orientador de lo que debería ser la implementación, refrendación y verificación

de los acuerdos de paz ya es un punto desde el cual comenzar a dialogar política y, activamente con la comunidad internacional, fortalecer a las mujeres en su rol de veedoras; así como reforzar su participación en las agendas. or último nos recuerda las experiencias de acuerdos anteriores mencionando que “cuando las mujeres participan en la implementación de los acuerdos, aumenta la probabilidad de éxito de esos acuerdos entre un 15 y un 30%. Que las mujeres estén en la paz es una condición para el éxito de esa paz”.

Sergio Cuervo, Representante De La Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer “La implementación no será sostenible y no podremos avanzar si no se le da ese apoyo a las mujeres a nivel territorial e institucional”. La CPEM busca avanzar y reducir las brechas rurales y la discriminación negativa que existe, de alguna manera, frente a las organizaciones de mujeres, a través de la falta de oportunidades en la participación política y violencia sexual o hacia el pleno ejercicio de sus derechos.

La implementación del acuerdo es una oportunidad para hacer efectivo el enfoque de género, un proceso que debe empezar desde todos los escenarios locales y sociales por lo que es fundamental la incidencia de las organizaciones internacionales que, en otras palabras, también significa construcción de paz y, además, significa promover la igualdad de oportunidades en el territorio a través de acciones y proyectos específicos desde la oferta sectorial, temas educativos, de reproducción sexual, entre otros.

El hecho de que el acuerdo tenga una subcomisión de género, demuestra que sí es posible que la incidencia de las organizaciones de mujeres se vea reflejado en aspectos positivos en la política pública.

Ejes fundamentales del acuerdo final:  El acceso y formalización de la propiedad rural debe ser en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, ya que ellas están en situación de desventaja al momento de legalizar las tierras.  Garantías de los derechos económicos y sociales para las mujeres en el sector rural pues ellas sufren una afectación diferencial, no sólo en ámbitos de violencia sexual sino también en el acceso a los bienes y servicios que brinda el Estado.  Promoción de la participación de las mujeres denotando la necesidad de organizarse y fortalecerse ejerciendo un rol como veedoras y partícipes en el proceso de implementación del acuerdo.  El acceso a la justicia y garantías de la no repetición, a partir del cual se toca un elemento clave y es que la violencia sexual no es un delito que sea indultable o amnistiable.

Catalina Villarrosas, Representante De La Secretaria Distrital De La Mujer La Paz, tanto desde la Secretaria Distrital de la Mujer como desde la Constitución política de 1991 en el Articulo 22 es vista como un derecho y un fin del Estado y, por esto mismo, es de obligatorio cumplimiento.

Por lo tanto, la meta es conseguir soluciones pacíficas para evitar la guerra.

Para la SDM, acceder al derecho a la paz de forma tangible sólo es posible cuando se logran los otros 7 derechos –planteados por esta entidad en su plan de igualdad de oportunidades- y son los siguientes: 1.Trabajo digno 2. Educación 3. Participación política y representación 4. Salud plena 5. Habitad digno 6.

Comunicación no sexista y cultura del no sexismo 7. Una vida libre de violencias.

De esta manera, la paz es un proceso en el que las mujeres deben tener un papel predominante y, como mujeres víctimas, estar en el centro del acuerdo haciendo un llamado al Estado como garante de derechos para que puedan acceder a ellos de manera diferencial. Esto implica el empoderamiento de las mujeres en la contribución de esa solución de paz.

Los puntos de trabajo claves en los que se enfoca la Secretaria en torno a los desafíos que surgen en el contexto del conflicto. A nivel macro:  El módulo de ciudadanía para la paz enseña a las mujeres que las cosas del cotidiano se pueden llevar mucho más allá para hacer una incidencia real en los procesos de territorializacion e implementación de los acuerdos de paz.  Activar la ruta de prevención y protección a lideresas debido a que sufren altos índices de vulnerabilidad por violencia dentro de la ciudad.  Tratar todo el asunto de Desarme, Desmovilización y Reinserción, donde es necesario hablar de derecho a la paz y no sólo del derecho de las víctimas. Se plantea un programa de DDR para mujeres que deciden dejar los grupos armados ilegales y, de esta manera, lograr eliminar imaginarios que se tienen sobre las mujeres combatientes, porque aun cuando llegan a las localidades como excombatientes sufren rechazo.

Desde un ámbito más local se manejan proyectos como: 1. Escuela de participación política con un enfoque de paz. 2. Casas refugio específicas para mujeres víctimas del conflicto armado 3. Casas de igualdad de oportunidades que brindan una atención „psicosociojuridica‟ a mujeres. 4. Juegos de rol para alejarse de estereotipos. Todo esto como apoyo en el proceso de construcción de paz.

Olga Amparo Sánchez, Corporación Casa De La Mujer Se resaltan tres aspectos fundamentales de cara al contexto al que se enfrenta el país, los acuerdos y la construcción de democracia y paz.  Construcción de una agenda común de las mujeres que represente la diversidad de razas, religiones y creencias de las mismas.  Estos acuerdos son una ventana de oportunidades que permiten ampliar la democracia y solucionar problemas ancestrales que el país tiene en temas desigualdad y discriminaciones. El acuerdo es la cuota inicial para revitalizar la democracia y buscar la paz.  Es necesario cambiar prácticas y prejuicios para encontrar una convivencia sana en la que se pueda construir la paz.

“No queremos ser pactadas sino pactantes” (II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, 2016)

El momento de intercambio abrió un debate interesante sobre los compromisos de las administraciones con las agendas de las mujeres, así como los retos que se imponen con el nuevo contexto en la construcción de paz.

Una de las conclusiones es la importancia de dar continuidad a los escenarios de discusión de las mujeres y de seguimiento, tanto a sus condiciones, como al cumplimiento en lo que respecta a sus derechos en el texto del Acuerdo. Otra de las conclusiones es el necesario compromiso que se requiere entre las organizaciones para seguir dando impulso a este trabajo entre las mujeres.

Se anexa el pronunciamiento de las mujeres, que será distribuido en las redes sociales, a representantes políticos y que será, además, base de otras acciones de ellas.

E. CONCLUSIONES La búsqueda de la equidad de género es un elemento central para la construcción y la sostenibilidad de la paz, considerando la relevancia que tiene para las sociedades que cada uno de miembros potencie al máximo los aportes que hace a la comunidad. Es por esto que desde las organizaciones internacionales, las administraciones publicas y diversos agentes sociales se han llevado a cabo importantes avances hacia la equidad de género como la acción mencionado en el apartado D, liderada por el tercer sector con el apoyo de la administración publica española En este sentido, promover los derechos humanos de las mujeres y su efectiva participación en el ámbito publico es un fundamental para las sociedades actuales. Es el empoderamiento de las mujeres el complemento óptimo para la democracia, convivencia con respeto y cimentación de nuevos paradigmas socio-culturales libres de violencia y discriminación.

Dicho lo anterior, es necesario que se garantice la capacidad real de las mujeres de disfrutar sus derechos y que a su vez contribuyan al mejoramiento de los niveles de calidad de vida de todos y todas, a fin de que se superen las barreras que aún existen en la vida económica, social, política y cultural. Estas barreras pueden ser desmanteladas a través de la políticas públicas especiales y su adecuada implementación desde las autoridades competentes.

De la misma manera, se destaca la importancia del rol de la mujer en los procesos de paz y la relevancia de alcanzar un determinado nivel de equidad en el ámbito de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales con el fin de recuperar la confianza de la comunidad y de establecer un proceso de resolución de conflicto que aporte soluciones sostenibles e inclusivas.

Es común que las mujeres estén ausentes en los proceso de paz, generando esto una serie de falencias como la falta de información sobre sus necesidades y prioridades, la falta de mujeres mediadoras en la comunidad y una menor sensibilidad hacia las cuestiones de genero (como la violencia sexual) en los acuerdos alcanzados en el proceso.

En base a lo anterior, se considera prioritario promover la incorporación de los talentos, competencias, prácticas y esfuerzos de las mujeres en las acciones internacionales y en las políticas publicas, revindicando el apoyo de alto nivel y políticas inclusivas a favor de la igualdad de género y de los derechos humanos. Esto, con el objetivo de garantizar una participación suficiente de mujeres en los procesos de toma de decisión.

La equidad de genero es un elemento principal para la defensa y promoción de los derechos humanos enmarcada en numerosos tratados, convenios, normas y reglamentos. Más allá del marco legal y conceptual, el logro de esta igualdad depende del compromiso de las personalidades publicas y también de la promoción en la comunidad de un cultura de equidad en empresas, centro educativos, espacios de educación superior, etc.

La inclusión efectiva de la mujer en todos los ámbitos es una tarea de todos y todas, que nos permitirá promover el desarrollo humano, la construcción de sociedades sostenibles y la base cultural para la convivencia con respeto y en equidad.

ANEXO I. Pronunciamiento hecho por La Casa de la Mujer en el marco de la realización del evento: La Mujer en el Conflicto y la Construcción de la Paz. Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2016 Las mujeres líderes de procesos organizativos de Bogotá y Cundinamarca, que se han reunido a dialogar sobre la construcción de paz y su rol como sujetos de derechos en el nuevo contexto que

encara el país, han llegado a las siguientes conclusiones a partir de distintas experiencias y de los saberes puestos en común en su intercambio.

Las mujeres son reconocidas como sujetos fundamentales y pactantes para la construcción de la paz en Colombia. En su condición política, se pone de relieve su aporte histórico al momento de la consolidación del Acuerdo y los avances de la sociedad colombiana en el reconocimiento de derechos. También se vindica su demanda por una sociedad que respete y garantice su derecho a tener una vida auténtica que dé cuenta de su visión del mundo.

Si bien se cuenta con avances en el reconocimiento de derechos, algunos mecanismos de protección contra las violencias, mecanismos de participación, más espacios y más mujeres involucradas en la parte social y política, persisten barreras que deben superarse en un contexto de construcción de paz. Entre estas barreras se encuentran: insuficiente acceso a la educación, una débil educación en valores, una insuficiente difusión de leyes y derechos, desintegración familiar, poca protección y fomento de la autonomía de las mujeres, persistencia de prejuicios sociales en contra de las mujeres.

Se expresa la importancia de superar las barreras mencionadas de cara al avance a una sociedad integrada por hombres y mujeres, que vivan en condiciones de igualdad en las comunidades, las familias, los espacios de trabajo y la vida cultural del país.

Las mujeres han entregado al país conocimiento, trabajo, sufrimiento y valentía. Conscientes de que su participación en la construcción de paz aportará un despertar a la conciencia social, un impulso positivo para el liderazgo de las mujeres que lleve al país a la igualdad real de derechos y mejores redes de apoyo social, le aportamos hoy día una agenda para avanzar hacia una sociedad justa, segura e inclusiva para todas y todos.

Consideran que, como mujeres, deben empeñarse más en fortalecer sus procesos organizativos y de participación. Para ello, es esencial:  Conocer el Acuerdo y los mecanismos de implementación del mismo  Fortalecer los procesos organizativos

 Fortalecer sus liderazgos con mayor capacitación y con una práctica colectiva y ética en el espacio público transmitiendo a otras mujeres su práctica, saber y experiencia.

Exigir al Estado:  Un mayor destino de recursos económicos para poder reunirse en el trabajo con las comunidades. Esto incluye, pero no se limita a, espacios subsidiados de encuentro en los centros comunitarios.  Difusión pedagógica del Acuerdo

 Acceso a programas educativos formales potenciando las habilidades y capacidades de cada lideresa con énfasis en adolescentes y adultas.  Capacitación a docentes para que fortalezcan principios y valores de la convivencia pacifica  Educación para la participación social y política

 Destino de recursos a programas de recuperación de habilidades y capacidades de las víctimas de la violencia  Difusión de leyes y derechos

 Programas destinados a transformar las valoraciones sociales en contra de las mujeres

 Garantizar la información a través del desarrollo de diferentes modelos pedagógicos para llegar a las diversas poblaciones encaminadas a un nivel socio político cultural y económico  Protección a las mujeres que ingresen a espacios de decisión, así como a las que defienden los derechos humanos.

La voz de las mujeres es la expresión de su compromiso. También es la expresión de su impulso y la no renuncia a participar como constructoras de la paz en Colombia.

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