El gobierno universitario y sus compromisos éticos y políticos Por María Rocío Bedoya Bedoya

EL GOBIERNO UNIVERSITARIO Y SUS COMPROMISOS ÉTICOS Y POLÍTICOS*

Por María Rocío Bedoya Bedoya

Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UdeA

«Nunca corren buenos tiempos para quien no sabe adónde va» Séneca.

Introducción

Vivimos en un contexto convulso e incierto, en el que la mayoría de nuestras seguridades se han tambaleado. Si hay un término protagonista en los últimos años, un vocablo que aparece diariamente en todos los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas de la mayor parte de los occidentales es el de crisis, que no es sólo económica o financiera, sino, como diría el escritor y humanista José Luis Sampedro, también política y moral (Sampedro, 2011, 16). Asistimos a una crisis de civilización que se caracteriza, en lo económico, por un modelo productivo que genera profundas desigualdades, afecta gravemente la naturaleza y pone en cuestionamiento la democracia.

En Colombia tenemos una crisis moral y de ciudadanía producida por la omnipresencia de la violencia, por el narcotráfico y todas sus secuelas -en la sociedad, en la economía, en la cultural- y por la corrupción, que hace parte de la cultura colombiana. La crisis, como dice Rosa Maria Artal, también es moral porque los valores democráticos y los principios éticos en los que se basa la justicia social, se han sustituido por el mercado. Se ha olvidado por completo que la «libertad de mercado [...] tiene que incluir otras libertades imprescindibles, tales como la libertad de comer, de beber agua potable, de vivir, de educarse, de tener acceso a la salud, a la justicia, a la cultura, a pensar y a expresarse, a estar verazmente informados. La libertad no puede ligarse únicamente al beneficio económico» (Artal, 2011, 109). Ante esta situación, la responsabilidad de toda la ciudadanía es asumir el deber de construir una sociedad en la que todos disfruten de unos mínimos de calidad de vida, en la que la justicia social sea una realidad sentida y vivida por la población, en la que el término «libertad» no se identifique con «elegir el producto de consumo» y se asocie a una autonomía crítica, responsable y solidaria, en la que se rescate la centralidad de los bienes comunes y de lo público por cuanto estos pueden constituirse en elementos fundantes de ciudadanía y soportes para

* Reflexiones presentadas en el Foro La directiva académica que la universidad pública requiere hoy, realizado el 14 de marzo de 2019 en la Sede central de la Universidad de Antioquia, Medellín.

la construcción de territorios de paz, en la que la participación sea cualificada y se anime a todos y no sólo a un grupo privilegiado a tomar las riendas del devenir político. Habrá que comprometerse seriamente en dejar ya a un lado las democracias simplemente formales, y luchar por que la utopía democrática, esto es, la fuerza de ideales como la participación activa; la igualdad civil, política y material; la libertad; la solidaridad; y la justicia, sean una realidad más de nuestra vida cotidiana. (Virginia Guichot-Reina, 2015). En este contexto, nos proponemos reflexionar acerca de la ética pública en el ámbito educativo y en particular de los compromisos éticos y políticos de los gobiernos universitarios, para intentar dar respuesta a los siguientes interrogantes: i) ¿Qué es la ética y para qué sirve?; ii) ¿Qué dificultades afrontan hoy las Universidades en materia de moralidad y ética pública y cuáles son sus retos? y iii) Qué percepciones tienen los distintos actores universitarios sobre el gobierno de la Universidad de Antioquia?

¿Qué es la ética?

De acuerdo con la filósofa española Adela Cortina, un país no se puede construir sin unos elementos éticos compartidos. Esos mínimos éticos no se miden igual en los diferentes períodos históricos ni en los distintos ámbitos sociales (la escuela, la empresa, la sociedad, etc.), de allí la importancia de la ética aplicada (Adela Cortina). Sin duda, hoy existe un progreso en la conciencia moral de la humanidad y a nivel de declaraciones de derechos humanos con carácter universal, sin embargo, en el nivel de las realizaciones nos falta mucho. Todos tomamos decisiones transcendentes en lo personal y en la vida pública que siempre tienen consecuencias, por ello, es preciso actuar de acuerdo con valores cívicos y entrenarnos en el día a día en las virtudes de la justicia y la prudencia, aunque hoy en día esto no está muy de moda, ya que la trampa, el engaño y la corrupción son prácticas que se han naturalizado.

Nuestras sociedades precisan de unos mínimos éticos de justicia por debajo de los cuales no se puede actuar sin caer en la deshumanización. Esa ética mínima supone el ejercicio de los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y el diálogo, así como el respeto a la dignidad humana y la garantía de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación que son irrenunciables también.

De otro lado, la filósofa catalana Victoria Camps, plantea que la ética es una manera de ser a través del hábito. Ella considera que hablar de ética hoy es una necesidad imperiosa ya que es una dimensión transversal a muchas situaciones que tienen que ver con la crisis de hoy en dos sentidos. De un lado, las aptitudes y maneras de ser. Y de otro lado, la idea de moralizar a las personas cuando estas dicen estar desmoralizadas, generando estímulos para actuar de otra manera por considerar que es mejor para el interés público y para nosotros mismos. La educación es fundamental para poner límites y enseñar el hábito de la autorregulación si no queremos que nos regulen desde afuera, pues no todo es válido, no todo es bueno, no todo es correcto y hay que poner límites a aquello que espontáneamente diríamos y haríamos sin ningún freno y sin ningún control”. Por tanto, la escuela y la sociedad son fundamentales en esta tarea.

De acuerdo con Norberto Bobbio, en las democracias liberales, la forma radical del

liberalismo se basa en una concepción de libertad entendida como la ausencia de controles externos (el máximo posible de capacidad individual de acción y de decisión sin ninguna prohibición o escollo), extrapolando esa concepción de libertad con un Estado mínimo, no interventor e incluso indiferente y con una moral en la que confluyen la ética capitalista que hace de la acumulación de la riqueza un fin y la ética liberal y ortodoxa que eleva a valor sublime el culto al éxito individual. (Bobbio, 2015). El actual modelo económico neoliberal ha defendido esa democracia liberal en su forma más radical y ha provocado una colonización privada de lo público tanto de las propiedades como del poder político, lo que ha implicado una supremacía de la economía sobre la política, imperando los intereses privados (propiedad privada y derechos individuales sobre los intereses públicos (lo colectivo y/o comunitario, la función social de la propiedad, el espacio público y el Estado, la responsabilidad social de toda acción y opinión, entre otros).

¿Para qué sirve la ética?

La ética entendida como manera de ser sirve para desarrollar la capacidad de padecer con otros su alegría y su tristeza; para alegrarse con el bien ajeno; para desarrollar el sentido de la justicia; para cultivar el sentimiento de la compasión; para vivir del sentido de la gratuidad; para forjarse un buen carácter, para generar buenos hábitos y para ayudarnos a entender que es más inteligente cooperar que generar conflicto; que hay que respetar a todos los seres humanos porque tienen dignidad y que hay que cuidar de la naturaleza.

Desde la perspectiva de la filosofía moral, dice Victoria Camps, ha habido un progreso no solo teórico sino también moral en la medida que tenemos más libertades pese a las grandes desigualdades que existen en el mundo. El concepto de ética va evolucionando dependiendo de las culturas y de los acontecimientos de cada época. Podríamos afirmar que los derechos humanos que tienen el carácter de universales, sintetizan ese progreso. Por otro lado, la teoría ética y política de Martha Nussbaum se sitúa en una línea de continuidad con los planteamientos clásicos de Aristóteles. La profesora de Chicago comparte con el filósofo griego la idea de que el discurso sobre la más adecuada organización política se apoya en una definición de lo que se considera el bien para el ser humano. En consecuencia, elabora una teoría política conectada con la ética que parte de una concepción de las capacidades humanas a las que se les asigna especial relevancia para perfilar una noción de lo que significa vivir bien. La concepción del “vivir bien” de la autora puede relacionarse con la ética del “buen vivir” (sumak kawsay en quecha) y el vivir bien (suma qamaña en aymara) de los pueblos originarios de América del Sur en cuanto cultura de la vida comunitaria, en plenitud y en comunión con la naturaleza (Pacha Mama) recogidas en las Constituciones de Ecuador y Bolivia. (Acosta, 2015). Nussbaum considera que para elaborar una teoría de la justicia es preciso contar primero con una teoría de la vida buena que permita dar forma específica a los criterios de distribución y a las principales instituciones políticas. En este sentido, para evaluar la «calidad de vida» de un país es preciso aclarar cuáles son las capacidades humanas que consideramos centrales; para comprender el significado pleno de la escasez, de las dificultades o del sufrimiento requerimos una concep-

ción de lo que significa llevar una vida floreciente. De manera que, si no especificamos los «bienes» a los que deben tener acceso los ciudadanos y en qué grado, «careceremos de una base adecuada para decir qué es lo que falta en las vidas de los pobres, los marginados o los excluidos». Nussbaum muestra cómo su concepción del ser humano y de las capacidades fundamentales que permitirán a éste llevar a cabo una forma de vida, de acuerdo a lo que se considera digno, conducen a una forma de democracia social. En el modelo político que propone, la tarea del buen gobierno superará las funciones que tradicionalmente son asignadas en las democracias de corte liberal y, en consecuencia, se garantizarán no sólo un conjunto de derechos asociados a la libertad, sino también unos mínimos que garanticen un bienestar elemental. Otro aspecto que resulta fundamental a la propuesta ética, es la necesidad de diferenciar entre lo público y lo privado para comprender la importancia de los bienes públicos en el desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas frágiles y frente a la visión extractivista y mercantilista de que son objeto los recursos naturales; la importancia de defender lo público como medio para alcanzar la igualdad y el progreso social y la importancia de defender la función pública como medio para gestionar y administrar los recursos del Estado.

La dicotomía entre lo público y lo privado

La primacía de lo público sobre lo privado se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual y adopta diversas formas de acuerdo con las maneras en que se entiende el ente colectivo -la nación, la clase, la comunidad, el pueblo- en favor del cual el individuo debe renunciar a su autonomía, además, se basa en el principio de que el todo es primero que las partes. De hecho, la primacía de lo público significa, por ejemplo, el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de los grupos infraestatales. Para Bobbio (2015), la primacía de lo privado sobre lo público se expresa claramente en la disciplina jurídica a través del derecho privado, el cual se ocupa de las relaciones de derecho privado y de los intereses privados. Uno de los hechos que ilustra mejor la persistencia de la primacía del derecho privado sobre el derecho público es la resistencia que el derecho de propiedad opone a la injerencia del poder soberano y, en consecuencia, al derecho del soberano de expropiar (por causa de utilidad pública) los bienes del súbdito. Desde la perspectiva ética, esta diferenciación entre lo público y lo privado es crucial dado que nuestra conducta como miembros de una familia, de una comunidad, de una sociedad y de un país nos permite asumir o no la responsabilidad que tenemos frente a la compleja crisis que se vive en todos los campos de la vida diaria.

Y cuando hablamos de normas, establecemos unos principios frente a los cuales tenemos deberes y derechos. Y éstos dependen, en gran medida, de nuestra posición en la sociedad, de nuestras obligaciones y del papel protagónico que tengamos. En la conducta ética del ser humano hay diferentes grados de responsabilidad que le permiten enfrentar compromisos y responder por ellos: no tienen las mismas responsabilidades éticas los hijos que los padres, ni los ciudadanos corrientes que los funcionarios públicos, ni los estudiantes que los maestros. Cada uno, de acuerdo con sus

obligaciones, adquiere deberes y debe responder por ellos. La ética pública empieza por la aceptación del otro como fundamentalmente igual, lo cual implica que no se puede programar la propia vida con indiferencia hacia la suerte de los demás, que hay una obligada comunidad de intereses y una necesidad de inclusión. Y la ética de lo público tiene que ver con el compromiso que deben tener los ciudadanos de hacer una veeduría permanente sobre lo público, de indignarse ante la corrupción del gobierno de turno, de protestar contra una justicia incapaz de dar solución satisfactoria a los crímenes que se cometen todos los días, y en el actual momento del país, la preocupación por establecer referentes éticos que permitan la convivencia ciudadana, la búsqueda de criterios válidos para interpretar nuestra vida pública y regular sus inminentes transformaciones, la capacidad de diferenciar lo individual de lo colectivo, lo esencial de lo accesorio, lo prioritario de lo postergable, lo moral de lo ético. (García Núñez, 2015).

¿Qué dificultades afronta hoy la Universidades Pública y cuáles son sus retos éticos y políticos?

Las universidades y la sociedad en la que operan atraviesan un proceso de transformación global. Desde el decenio de 1970 organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), han sido actores clave en la producción de lineamientos para la educación superior mediante la realización de estudios y la emisión de documentos de diagnóstico y recomendación, pero también mediante el diseño de propuestas para la financiación y la oferta de líneas crediticias para la educación superior (IEP, 2015) cuyas recetas, al menos del Banco Mundial, se pueden sintetizar en un manual para reformas educativas neoliberales en Latinoamérica . Se trata de lineamientos y acciones que se han constituido en herramientas para los tomadores de decisiones en los países miembros de aquellos organismos (Maldonado y Rodríguez, S.F.) La Universidad colombiana tiene que definir sus compromisos frente a los temas de la agenda inmediata del país: la paz, la crisis ambiental y la búsqueda de la equidad. Y la Universidad Pública tiene la obligación de defender su carácter de las pretensiones privatizadoras de la educación pública, promoviendo el pensamiento crítico, como lo propone el pedagogo Julián de Zubiria, como el mejor antídoto contra los dogmas. (De Zubiria, 2019). Las recientes movilizaciones en defensa de la Educación Pública son el telón de fondo de una emergente y creciente acción colectiva que desde septiembre de 2018 se levanta en contra del modelo educativo predominante en Colombia que lenta y paulatinamente ha desfinanciado a las Universidades Públicas y que en los últimos tres gobiernos ha profundizado el problema a través de una serie de reformas como ser pilo paga, ley de inspección y vigilancia, Sistema Nacional de Educación Terciaria y más recientemente el programa “Generación E”. Todas ellas, enmarcadas en el modelo económico neoliberal tendiente a privatizar y mercantilizar la educación.

Mientras el actual gobierno concibe la educación como un servicio público de usufructo individual, los profesores y estudiantes universitarios la concebimos

como un derecho fundamental y un bien común que debe ser universal, gratuito, de calidad, capaz de generar beneficios colectivos y transformaciones sociales. Hoy la Universidad se encuentra interpelada por múltiples casos de corrupción que han implicado, por ejemplo, a profesionales formados en las mejores instituciones. La ciudadanía exige cada vez más profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de su país, más líderes políticos que sostengan su función sobre bases éticas, más organizaciones públicas y privadas que sean socialmente responsables, más directivos universitarios comprometidos con la función y la ética pública.

¿Qué percepciones tienen los distintos actores universitarios sobre el gobierno de la UdeA?

La Universidad de acuerdo con sus principios generales orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de cultura y de ciencia que por su naturaleza tiene una especial responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe y todo su personal universitario tiene como responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la sociedad, con los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética (Artículos 4 y 6 del Estatuto General UdeA, AS 1 de 1994). Consecuentes con estos compromisos la Universidad no estaría actuando éticamente cuando, por ejemplo, decide apoyar los intereses de multinacionales mineras, actuando en contra de los derechos de las comunidades que han visto afectados sus territorios, sus riquezas naturales y su vocación agrícola. Igualmente, cuando ejerce el gobierno Universitario de espaldas a la problemática de género en las Universidades. O cuando no actúa en defensa de la libertad de cátedra y de la educación pública frente a la ofensiva privatizadora y dogmática de la ultraderecha. O cuando permite, en silencio, que vuelvan trizas los acuerdos de paz. Si permitimos que esto ocurra, el actual modelo educativo está siendo funcional a la actual globalización corporativa orientada a la mercantilización, deshumanización, y reflexión para la técnica, lo que genera otras reglas frente al conocimiento y otras subjetividades. (Nussbaum, 2015 discurso en U de A). En este sentido, preocupa la forma como el actual proyecto de universidad orientado principalmente a los intereses del mercado y de las empresas, no sólo distancia a la comunidad universitaria de la importancia y del sentido de lo público y sus problemas en relación con el devenir universitario y de la sociedad, sino que afecta, a la vez que limita, el ejercicio ético y democrático al interior de las Universidades.

Esto haría necesario pensar en la necesidad de una reflexión permanente sobre la ética en la Universidad y posiblemente en actualizar la Comisión de Ética creada mediante Resolución Rectoral 30686 de 2010 en la idea de que trascienda de la reflexión ética de los administradores a la reflexión ética de todos los actores universitarios. Uribe (2017). Más allá del actual diseño institucional (ley 30 de 1992 y Estatuto General -AS 01 de 1994- ), que plantea limitaciones en cuanto a la estructura y funciones del gobierno universitario, existen percepciones de actores universitarios que cuestionan su integración en la práctica y su forma de funcionamiento.

Emerge una percepción generalizada según la cual el Consejo Superior destina sus sesiones a la presentación de informes, al nombramiento de decanos y a la gestión de comunicados a la comunidad universitaria, a resolver problemas cotidianos,

de coyuntura o incluso a problemas que no le competen. El trabajo fuerte y de análisis de temas y situaciones puntuales lo harían las comisiones permanentes. De suerte que el CSU es visto como un órgano de poca visión estratégica, del que no se percibe su capacidad de proyectar una política para el desarrollo de la Universidad. (IEP, 2015). La participación en la elección de directivas universitarias se encuentra estipulada en la normativa universitaria a través de consultas no vinculantes a los distintos estamentos, lo cual se traduce en un mecanismo pseudo-democrático lo mismo que la reelección indefinida del Rector (IEP, 2015). Ante estas situaciones, se precisa de un rediseño institucional del gobierno universitario porque en las condiciones del actual se reflejan los rasgos de la cultura política colombiana: politiquería, lealtades y transacciones que funcionan en las altas esferas de gobierno y en las facultades, departamentos y centros educativos (Entrevista a profesor de Ciencias Sociales UdeA, citada por IEP, 2015). En algunas universidades públicas existen serias deficiencias de representación y participación en los consejos universitarios, especialmente en el Superior y el Académico ya que algunas estructuras del gobierno universitario están viciadas por el clientelismo y por prácticas reeleccionistas que llevan a perpetuar en el poder a unas élites administrativas y no académicas, muchas de las cuales ni siquiera pertenecen a la Universidad. “A este respecto, la fijación de períodos largos de administración y la reelección indefinida de los órganos administrativos son patologías de la democracia universitaria que atentan contra el carácter público de la universidad” (Claustro Derecho, 2013:12). El Consejo Académico actúa como un escenario del gobierno universitario donde los actores más relevantes no son, en sentido estricto, aquellos con fuero académico. Primero, porque allí hacen presencia —y tienen un peso significativo— actores diferentes a los miembros propiamente académicos (decanos y representante profesoral) con voz y con voto. Segundo, porque los miembros del equipo rectoral (los vicerrectores y directores) superan cuantitativamente a los demás miembros. Tercero, porque los vicerrectores (que son designados por el Rector) son miembros con derecho a voto (excepto el vicerrector general). Cuarto, porque el criterio que prima para la toma de decisiones y la resolución de los debates es el de la votación por mayoría (voto paritario) que deja en desventaja al representante profesoral (y al estudiantil en el caso de que asistiera). Y quinto, porque los miembros naturales del Consejo (los decanos), mantienen una línea de dependencia como agentes del ejecutivo en sus respectivas unidades. Razones como estas son las que han conducido a plantear que esta estructura es proclive a tomar decisiones cuyo fundamento está afincado más administrativamente que académicamente. (Uribe, 2014). Además, hay una fuerte presencia e incidencia de la figura del Rector y de sus asesores (comité rectoral) en las actuaciones del CA. Esto también puede inferirse si se considera que el tiempo dedicado a los informes del rector ocupa buena parte del tiempo total de las reuniones. En lo que tiene que ver con las relaciones del CA con las unidades académicas de las cuales —no obstante— proviene la mayoría de sus integrantes, muchos universitarios dieron su opinión sobre ese nivel de articulación institucional. En este punto resulta significativa la percepción sobre una mayor cercanía de los decanos

con el Rector que con sus unidades académicas “de base”; o sobre el hecho de que el carácter de los decanos como representantes del Rector pareciera subordinar su condición de representantes de las facultades en el Consejo Académico. Ello genera desequilibrios entre las funciones administrativas y académicas. Otras cuestiones que preocupan a los universitarios, es que la actual normativa universitaria restringe los cargos de representación a los profesores vinculados, que en este momento representamos el 30% o menos del total de la planta profesoral, negando el ejercicio de los derechos políticos a la mayoría de los profesores que son ocasionales y de cátedra. Es preocupante también que algunos profesores, se ocupen exclusivamente, por intereses personales y sin la suficiente preparación, en hacer carrera administrativa, en lugar de cumplir con su misión de educador, formador y garante de la ciencia y la cultura en la sociedad.

Reflexión final

En su discurso del congreso de Angostura de 1819 (hace exactamente 200 años), el libertador Simón Bolívar al describir las características que debía tener la República de la Gran Colombia, habló de la importancia de que además de los tres poderes públicos: legislativo, ejecutivo y judicial, existiera un cuarto poder, el poder moral que estaría basado fundamentalmente en la educación. A pesar de que esta idea no prosperó en la Constitución de Cúcuta de 1821, quedó planteada la importancia de la Educación para fortalecer la conciencia pública y democrática de la nación, tal es el reto de la Universidad Pública de Hoy.

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