ANÁLISIS,ESTUDIO Y PROPUESTA DE COFE EN RELACIÓN A LA "REFORMA DEL ESTADO" (extractos) "Desde el primer gobierno progresista en 2005 se puso en el centro del debate una “Reforma del Estado” que ya en 2006 asumiría la connotación de “madre de todas las reformas”. Los trabajadores postulamos una reforma del Estado que incluyera un cambio en la relación Estado-Sociedad, donde los trabajadores y los sectores populares tuvieran un protagonismo más marcado, que fueran sujetos activos de su propio futuro contribuyendo a una sociedad más democrática, justa y solidaria." “Los trabajadores hemos manifestado en múltiples oportunidades (documentos
oficiales de COFE y del IX congreso del PIT-CNT) que el Estado debe transformarse, y para ello venimos realizando los máximos esfuerzos desde principios de 2005, realizando nuestra propia investigación sobre el Estado, su caracterización y los cambios necesarios”.[1] "Tales actitudes hacen dudar de la buena voluntad de los interlocutores que terminan desmereciendo los ámbitos institucionales construidos para avanzar en acuerdos que redunden en mejorar las funciones públicas. Pero a su vez, sufrimos una campaña de desprestigio, también sistemática y que parece ser una política estratégica con el fin de debilitar a los trabajadores con un discurso que los responsabiliza de todos los males de la administración." "No cabe duda que se dejaron de lado las reformas de carácter programático, aquellas que buscarían los cambios en la esencia del Estado anterior, que a falta de mejor nombre se le denominó “Neoliberal”. Se emprendió en contrapartida, y sin mucho éxito, una reforma instrumental que se concentró en el cómo debe ser la gestión administrativa y no en el pará qué se buscarían tales cambios." "Las iniciativas se inspiraron en el paradigma de gerenciamiento y mirando hacia reformas que tuvieron impacto en los 90 y que se definen desde tal paradigma como exitosas y eficientes, como lo serían la neozelandesa, irlandesa o chilena. Sin embargo, se encontró con resistencias varias dentro del mismo gobierno para llevarla adelante, y en lo que hace al funcionariado público la resistencia fue mayor porque no coincidieron en el diagnóstico respecto a lo que funcionaba bien y mal dentro del Estado y, menos aún, en el programa de los cambios." "Uno de los grandes errores del gobierno, por ser sistemático y sin fundamento, es el culpar a los trabajadores públicos de todos los problemas del
funcionamiento del Estado, incluso buscando generar enfrentamientos entre trabajadores del sector público y privado." "En la reciente administración se renovaron los ímpetus por la reforma del Estado y el mismo Presidente Mujica desde antes de asumir puso el tema sobre el tapete y se rodeó de varios asesores particularmente exitosos en la gestión privada." "Efectivamente se vienen profundizando las reformas de corte privatizador, tanto en los servicios públicos como en las obras de infraestructura donde se propone legitimar el mecanismo de asociación público-privado de dudoso éxito en el país (i.e. Pluna-Varig; Pluna-Leadgate; etc.). La hipótesis de que la gestión privada es más eficiente que su homóloga pública, supuesto de la nueva reforma del Estado, no ha podido ser demostrado con experiencias que así lo acrediten." "La COFE ha rechazado las Reformas del Estado que amputan la capacidad de las instituciones públicas de planear estratégicamente la economía y de regular su funcionamiento. Por lo tanto, las privatizaciones que han sido cuestionadas en sendos plebiscitos por la ciudadanía deberían desterrarse. También es necesario terminar con las múltiples formas jurídicas de tercerizaciones, pseudo cooperativas, ONGs, organizaciones religiosas, etc., que sustituyen a los trabajadores en un pretendido Emprendedurismo, porque éstas son una forma encubierta de privatización." "No se reconocen, por supuesto, ninguna de las virtudes de una administración que permite funcionar al Estado en situaciones diversas y en la que la escasez de recursos es una constante." "Para nosotros los problemas de funcionamiento se asocian con déficits varios, entre ellos la falta de recursos materiales y humanos suficientes y adecuados, en políticas que rescaten la experiencia institucional de las diferentes unidades ejecutoras, que respeten y atiendan las opiniones y la originalidad de los trabajadores que cumplen estas funciones en tiempos de abundancia y también de ajuste de cinturón. La carrera administrativa estuvo interrumpida durante mucho tiempo y todavía no logra articularse de forma aceitada, a la vez que los mandos políticos fueron omisos en tales aspectos y, en especial, en el cumplimiento de las leyes y normas respectivas que la regulan. Tales normas y leyes no deben entenderse como impedimento para llevar adelante un programa de gobierno, como es la creencia generalizada de muchos burócratas políticos, sino como garantía de procesos, resultados, derechos y obligaciones de los funcionarios y la sociedad en su conjunto. Como consecuencia llegamos a un punto de inflexión donde las exigencias se vuelven mandatos, so pena de poner en peligro funciones básicas del Estado." En síntesis… La Reforma del Estado que vienen proponiendo los gobiernos progresistas no apunta a cambiar la relación Estado-Sociedad tal como aspiran los trabajadores,
y para lo cual los sindicatos afiliados a COFE vienen aportando sus mejores esfuerzos e incluso renunciamientos varios. Lejos de seguir los designios programáticos en línea con los eslóganes electorales de construir un “país productivo” y de atender la “emergencia social” en el sentido integrador, la Reforma fue “pragmática” y orientada a potenciar las relaciones mercantiles e individualistas en la sociedad. Se esperaba una redefinición de la modalidad de desarrollo del país que pasaba por fortalecer la autonomía relativa del Estado y el poder de decisión de los trabajadores y los sectores populares. Los énfasis de la Reforma del Estado están en la gestión administrativa y se persigue el mejoramiento de la eficiencia, cada vez más atado a los criterios mercantiles y cortoplacistas, no existe un pensamiento estratégico que redunde en lograr objetivos democráticos, justos y solidarios. En tal sentido, las consecuencias más conflictivas de la reforma son: a) el debilitamiento del Estado y su capacidad de hacer, fundamentalmente su papel productivo y regulador de la economía; b) por lo tanto, se potenció la primarización de la economía y su extranjerización con las consecuencias respectivas de concentración de los ingresos; c) el paradigma gerencialista que se busca para la nueva gestión administrativa va en contra de los valores de la función pública y los criterios de servicio que estaban en su base para darle paso a los 'espíritus animales' de la competencia mercantil; y, d) las reestructuras en ciernes prometen debilitamiento de los trabajadores públicos y sus organizaciones, de la estabilidad laboral y de su capacidad de incidir en las decisiones estratégicas de la sociedad.
Asi lo informa la derecha,en este caso el diario "El Pais" (extractos)
"Las tres causas de ineptitud, omisión o delito para destituir," A las reuniones de negociación con la OPP, Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas asisten tres delegados de COFE, un asesor legal del Pit-Cnt y el responsable del Departamento de Trabajadores Públicos de la central
sindical, Ricardo Cajigas. Es por ello que el planteo de los públicos es acompañado por el Pit-Cnt, que mantiene una postura "irrenunciable". "Si se aplica lo que plantea el gobierno hoy, se eliminan miles y miles de cargos públicos, también se elimina la función pública. ¿Quiere decir que el planteo del gobierno es que de ahora en adelante todos los trabajadores nos rijamos bajo un mismo derecho y seamos todos trabajadores privados?", se preguntó Cajigas en diálogo con El País.
Más agilidad para echar funcionarios Nuevo Estatuto. El gobierno mantiene las tres causales de ineptitud, omisión y delito | El Poder Ejecutivo y COFE negocian con "diferencias sustanciales" las nuevas reglas laborales en el sector PABLO MELGAR / MARTÍN VIGGIANO El gobierno de Mujica está decidido a acelerar el proceso de destitución de empleados públicos. COFE mantiene diferencias "sustanciales" con el Poder Ejecutivo, que piensa pasar la discusión al Parlamento para diseñar el nuevo estatuto. Si el borrador del proyecto de Estatuto de Funcionario público de la Administración Central elaborado por el gobierno fuera ley, mañana y pasado en la Torre Ejecutiva y en las oficinas de los ministerios, el trabajo sería normal los funcionarios marcarían tarjeta como siempre y los teléfonos serían contestados. Como ello no ocurrió aún, mañana y pasado las oficinas de toda la Administración Central estarán cerradas por el feriado (laborable) de Carnaval. El proyecto que es motivo de discusión entre el sindicato de trabajadores públicos (COFE) y el gobierno, establece que los feriados laborables deberán ser "trabajados". Indica que los feriados no laborables y pagos son el 1° de enero, el 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre, en tanto que de lunes a jueves de la Semana Santa las oficinas deberán funcionar con atención al público. Hasta la semana pasada hubo dos encuentros entre COFE y el Poder Ejecutivo para negociar la redacción del nuevo Estatuto, pero las diferencias son "sustanciales", aseguró a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Con el estatuto del servidor público (como lo llaman en el gobierno) el Poder Ejecutivo busca "uniformizar" las normas para el manejo de los funcionarios, y en particular apuntar las baterías a facilitar la destitución de quienes no cumplen con su tarea. Una fuente del Poder Ejecutivo involucrada en el asunto
explicó a El País que no está prevista una modificación en las tres razones que pueden determinar la separación del cargo: ineptitud, omisión o delito. La idea es que antes de finalizado el período de gobierno queden instaladas una serie de normas que hagan más ágil el procedimiento. Buscan que se mantengan los actuales niveles de garantías legales en un marco de mayor dinamismo. Se manejan como ejemplo varios casos relacionados con la Administración Central, uno de ellos es el de una alta funcionaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuya desafección llevó tres años a pesar de que la administración tenía todas las pruebas en su contra. El mismo jerarca aseguró que el proyecto de estatuto tendrá algunas modificaciones tras las devoluciones que hizo COFE. Sin embargo, mantendrá sus lineamientos originales con referencia a la obligatoriedad de cumplir con ocho horas de trabajo y la reducción de los feriados para los que ingresen tras la aprobación del estatuto. Sobre el punto, el secretario general del sindicato de los públicos aseguró estar dispuesto a negociar porque COFE no "rehuye" a ninguno de los temas planteados. El Poder Ejecutivo dedicó el capítulo XI del proyecto para detallar el proceso de "desvinculación del funcionario público". Mantiene las tres causas de ineptitud, omisión o delito para destituir, pero incluye un plazo de 30 días para que una comisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se expida, y luego la Presidencia, actuando en Consejo de Ministros, resuelva sobre la destitución, para lo cual tendrá máximo 90 días más. El avance para enviar el texto al Parlamento se estancó en la definición sobre qué es un funcionario público. Mientras el gobierno pretende incluir solo a los presupuestados, el sindicato tiene la intención de abarcar a todos los que cumplen tareas permanentes con la función pública, sean estos contratados o becarios. En la práctica ello implica una diferencia importante de personas a ponderar en el nuevo estatuto, ya que de los 274.000 vínculos laborales que hay en el Estado, 15.100 no son presupuestados. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo ayer a El País que la reforma planteada es la propuesta "más integral de los últimos 40 años", ya que desde 1943 los únicos cambios fueron introducidos en rendiciones de cuenta al Texto Ordenado de normas sobre el Funcionario Público (Tofup). El funcionario defendió la postura del gobierno para contemplar en la definición de servidor público a los funcionarios presupuestados, porque lo contrario sería "además de incorrecto, ineficiente". ¿Hasta dónde está dispuesto ir cada parte? La negociación pasará en abril al Parlamento y el gobierno quiere tener vigente el estatuto antes que termine el actual período. El viernes, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta, reconoció diferencias pero dijo ser "optimista" en que este año la negociación con los trabajadores del sector público irá "paulatinamente mejorando", en buena medida en función de la "experiencia que se va adquiriendo".
Hasta ahora Mujica aprobó dos medidas en el marco de su reforma del Estado: la ventanilla única para el ingreso a la función pública y el decreto que establece un régimen mínimo de seis horas en la Administración Central, según el régimen de la repartición pública, disposición mantenida incluso luego de un fallo judicial antepuesto por los empleados. El sindicato de los públicos quiere eludir la discusión de cada artículo del proyecto de estatuto. Propuso al gobierno hacerlo en cuatro líneas, que agrupen la definición del funcionario público, los aspectos vinculados a la libertad sindical, las condiciones de trabajo y la carrera administrativa. Para todo eso aseguran tener propuestas y dicen haber recogido del gobierno disposición a negociar, pero todavía ninguna señal de apertura. "El Poder Ejecutivo tiene una visión restringida, donde se plantea que el funcionario público es sólo aquel que es presupuestado de la administración central, y nosotros tenemos una visión más amplia en ese sentido", comentó López. A las reuniones de negociación con la OPP, Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas asisten tres delegados de COFE, un asesor legal del PitCnt y el responsable del Departamento de Trabajadores Públicos de la central sindical, Ricardo Cajigas. Es por ello que el planteo de los públicos es acompañado por el Pit-Cnt, que mantiene una postura "irrenunciable". "Si se aplica lo que plantea el gobierno hoy, se eliminan miles y miles de cargos públicos, también se elimina la función pública. ¿Quiere decir que el planteo del gobierno es que de ahora en adelante todos los trabajadores nos rijamos bajo un mismo derecho y seamos todos trabajadores privados?", se preguntó Cajigas en diálogo con El País. El País Digital
DOCUMENTO DE COFE
2011 - REFORMA DEL ESTADO, SITUACIÓN ECONÓMICA Y TRABAJADORES PÚBLICOS CAPITULO l REFORMA DEL ESTADO Desde el primer gobierno progresista en 2005 se puso en el centro del debate una “Reforma del Estado” que ya en 2006 asumiría la connotación de “madre de todas las reformas”. Los trabajadores postulamos una reforma del Estado que incluyera un cambio en la relación Estado-Sociedad, donde los trabajadores y los sectores populares tuvieran un protagonismo más marcado, que fueran sujetos activos de su propio futuro contribuyendo a una sociedad más democrática, justa y solidaria.
“Los trabajadores hemos manifestado en múltiples oportunidades (documentos oficiales de COFE y del IX congreso del PIT-CNT) que el Estado debe transformarse, y para ello venimos realizando los máximos esfuerzos desde principios de 2005, realizando nuestra propia investigación sobre el Estado, su caracterización y los cambios necesarios”.[1] Algunos cambios institucionales tuvieron lugar, tales como la creación del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) y los gabinetes “productivo” y “social”. El primero facilitó algunas coordinaciones, fundamentalmente las políticas de asistencia social llevadas a cabo. El segundo, no fue más que una instancia de intercambio de ideas, pero que no abordó políticas activas dirigidas a una “reestructuración productiva”. Es más, el discurso explícito de varios ministerios, y en particular los de mayor peso en la materia (Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; o Ganadería, Agricultura y Pesca), sostuvieron que el carácter de las políticas sería neutro respecto al funcionamiento económico. De allí que los mercados fijaron el rumbo de la producción nacional y la “concentración económica” fue soberana incluso contra los discursos oficiales. Tales políticas fueron novedosas respecto al pasado reciente, pero en línea con los “gastos focalizados” de ataque a la pobreza que el mismo Banco Mundial (BM) había sostenido en la década de los 90. Siguiendo la misma crítica que el BM se auto-infringiera posteriormente, se dejó de lado la redistribución del poder social que sería por ejemplo el reparto del recurso tierra o la facilitación del crédito, etc.. Otros cambios institucionales permitieron un mejor relacionamiento entre el trabajo y el capital, e incluso, tuvieron efectos positivos sobre los trabajadores de ingresos más bajos y, en particular, en la sindicalización. El reconocimiento de los fueros sindicales, la vuelta a los consejos de salario, el nombramiento como interlocutores válidos a los sindicatos para los ámbitos de negociación colectiva y la misma ley que instituyó la negociación tanto en los ámbitos públicos como privados. La Ley de Negociación Colectiva del sector público (Nº 18.508) que es producto de la lucha de los trabajadores, a pesar de su relevancia y el esfuerzo que demandó, no se aplica. Los principales temas que define esta ley como materia de negociación colectiva no pasan por este ámbito. Constatamos, no sin cierto asombro, la violación de acuerdos salariales y del ninguneo sistemático de las jerarquías gubernamentales tanto a la institucionalidad de negociación colectiva (que bastante esfuerzo insumió) y a los mismos representantes de los trabajadores en dichos ámbitos de negociación. Tales actitudes hacen dudar de la buena voluntad de los interlocutores que terminan desmereciendo los ámbitos institucionales construidos para avanzar en acuerdos que redunden en mejorar las funciones públicas. Pero a su vez, sufrimos una campaña de desprestigio, también sistemática y que parece ser una política estratégica con el fin de debilitar a los trabajadores con un discurso que los responsabiliza de todos los males de la administración. No cabe duda que se dejaron de lado las reformas de carácter programático, aquellas que buscarían los cambios en la esencia del Estado anterior, que a falta de mejor nombre se le denominó “Neoliberal”. Se emprendió en contrapartida, y sin mucho éxito, una reforma instrumental que se concentró en el cómo debe ser la gestión administrativa y no en el pará qué se buscarían tales cambios. Las iniciativas se inspiraron en el paradigma de gerenciamiento y mirando hacia reformas que tuvieron impacto en los 90 y que se definen desde tal paradigma como exitosas y eficientes, como lo serían la neozelandesa, irlandesa o chilena. Sin embargo, se encontró con resistencias varias dentro del mismo gobierno para llevarla adelante, y en lo que hace al funcionariado público la resistencia fue mayor porque no coincidieron en el diagnóstico respecto a lo que funcionaba bien y mal dentro del Estado y, menos aún, en el programa de los cambios. Uno de los grandes errores del gobierno, por ser sistemático y sin fundamento, es el culpar a los trabajadores públicos de todos los problemas del funcionamiento del Estado, incluso buscando generar enfrentamientos entre trabajadores del sector público y privado. En la reciente administración se renovaron los ímpetus por la reforma del Estado y el mismo Presidente Mujica desde antes de asumir puso el tema sobre el tapete y se rodeó de varios asesores particularmente exitosos en la gestión privada. Efectivamente se vienen profundizando las reformas de corte privatizador, tanto en los servicios públicos como en las obras de infraestructura donde se propone legitimar el mecanismo de asociación público-privado de dudoso éxito en el país (i.e. Pluna-Varig; Pluna-Leadgate; etc.). La hipótesis de que la gestión privada es más eficiente que su homóloga pública, supuesto de la nueva reforma del Estado, no ha podido ser demostrado con experiencias que así lo acrediten. La COFE ha rechazado las Reformas del Estado que amputan la capacidad de las instituciones públicas de planear estratégicamente la economía y de regular su funcionamiento. Por lo tanto, las privatizaciones que han sido cuestionadas en sendos plebiscitos por la ciudadanía deberían desterrarse. También es necesario terminar con las
múltiples formas jurídicas de tercerizaciones, pseudo cooperativas, ONGs, organizaciones religiosas, etc., que sustituyen a los trabajadores en un pretendido Emprendedurismo, porque éstas son una forma encubierta de privatización. No se reconocen, por supuesto, ninguna de las virtudes de una administración que permite funcionar al Estado en situaciones diversas y en la que la escasez de recursos es una constante. Para nosotros los problemas de funcionamiento se asocian con déficits varios, entre ellos la falta de recursos materiales y humanos suficientes y adecuados, en políticas que rescaten la experiencia institucional de las diferentes unidades ejecutoras, que respeten y atiendan las opiniones y la originalidad de los trabajadores que cumplen estas funciones en tiempos de abundancia y también de ajuste de cinturón. La carrera administrativa estuvo interrumpida durante mucho tiempo y todavía no logra articularse de forma aceitada, a la vez que los mandos políticos fueron omisos en tales aspectos y, en especial, en el cumplimiento de las leyes y normas respectivas que la regulan. Tales normas y leyes no deben entenderse como impedimento para llevar adelante un programa de gobierno, como es la creencia generalizada de muchos burócratas políticos, sino como garantía de procesos, resultados, derechos y obligaciones de los funcionarios y la sociedad en su conjunto. Como consecuencia llegamos a un punto de inflexión donde las exigencias se vuelven mandatos, so pena de poner en peligro funciones básicas del Estado. Bregamos por un sistema de incentivos acorde que aliente formas dignas de vida para los trabajadores y de mecanismos que sean un impulso al crecimiento personal de los mismos que redunde en la mejora de las funciones públicas. Este sistema de incentivos comprende los salarios, la escala salarial respectiva, el diseño y cumplimiento de mecanismos de concursos transparentes y con todas las garantías necesarias para la entrada a la administración y el restablecimiento de la carrera administrativa según las normas vigentes. Tales concursos deben plantearse con la debida participación de los trabajadores organizados, tanto en el armado de las bases como en las fases respectivas de selección, nombramiento e inducción para garantizar la transparencia de los mismos. Pero también implica tener mecanismos de formación permanente que apoye a la profesionalización de la gestión pública, que no es lo mismo que sustituir funcionarios de carrera para ingresar asesores con título universitario. Apuntamos al trabajo colectivo, a compartir saberes y experiencias, y también se han hecho desde la Confederación aportes a este respecto; criticando la concepción individualista con que se mira la tecnificación de los procesos separados de objetivos políticos y de los resultados que se buscan. Sostenemos que la función pública debe desempeñarse por funcionarios públicos y con todas las garantías que la carrera administrativa les otorga, con sus derechos y obligaciones, por lo tanto, nos oponemos tajantemente a los contratos chatarra que todavía permanecen en la administración. El ordenamiento de la carrera administrativa que no sólo implica el mecanismo de ingreso, que reconocemos como importante, sino también los obstáculos a la movilidad entre grados, las diferencias salariales en los mismos grados de las diferentes dependencias (incluso de las mismas) que llamamos inequidades. Esto supone todo un ordenamiento que implicará reestructuras y mayores recursos para que este proceso no se extienda indefinidamente multiplicando sus actuales incongruencias. En los casos de las necesarias reestructuras, y pensando en que no puede esperarse a que éstas se realicen por selección natural, deberían contar con financiamiento para los nuevos cargos. Es menester que aquellos trabajadores que por reestructura desaparezca la función que desempeñan, se les respete su carrera y tengan todas las garantías y recursos para su capacitación en otra función necesaria. Deben mejorarse sustancialmente las condiciones laborales del funcionario público. Eso exige una constante profesionalización de los compañeros en la función que desempeñan y dotarlos de los recursos materiales que son esenciales para la tarea que cumplen. Muchas unidades ejecutoras por sus características exigen una formación previa incluso a los concursos, pero para todas se hace menester mantener instancias de formación que dé respuesta a los cambios y adecuaciones que demanden tales funciones. La capacitación permanente de los funcionarios para adecuarlos a las nuevas funciones que nacen en la administración/gestión pública, las habilidades que imponen los cambios tecnológicos en las sociedades, como también los saberes correspondientes a la gestión o a la planeación estratégica de los recursos, deben perfeccionarse continuamente. Nos oponemos a los mecanismos de evaluación de los funcionarios que se realizan sin criterios transparentes, objetivos y constatables, aquellos que dejan librado a la responsabilidad de la pericia de los jerarcas de turno y cuyo “atinado juicio” decide la suerte laboral del funcionario. Llamamos a respetar las leyes vigentes, en especial la que institucionaliza la negociación colectiva, los fueros sindicales y los derechos de los trabajadores a resistir las arbitrariedades de determinadas órdenes jerárquicas. Exhortamos a que los procesos de reestructura rescaten la riqueza de conocimiento y los aprendizajes de la práctica de los trabajadores, que no se conviertan estos talleres como simples shows, donde se muestra lo que se va a realizar sin tomar en cuenta las múltiples experiencias y particularidades de las diferentes unidades ejecutoras. Esperamos que se discuta lo sustancial de las reestructura, el para qué objetivos pensamos qué
administración y no sólo esquemas abstractos de “buen gobierno” que parecen ser la lógica hasta ahora, cuando no meros ejercicios de resaltar fortalezas y debilidades. Por lo tanto, la presencia de delegados sindicales en tales talleres que no son ámbitos de discusión, no resultan de por sí un aval a los resultados de los mismos.
En síntesis… La Reforma del Estado que vienen proponiendo los gobiernos progresistas no apunta a cambiar la relación Estado-Sociedad tal como aspiran los trabajadores, y para lo cual los sindicatos afiliados a COFE vienen aportando sus mejores esfuerzos e incluso renunciamientos varios. Lejos de seguir los designios programáticos en línea con los eslóganes electorales de construir un “país productivo” y de atender la “emergencia social” en el sentido integrador, la Reforma fue “pragmática” y orientada a potenciar las relaciones mercantiles e individualistas en la sociedad. Se esperaba una redefinición de la modalidad de desarrollo del país que pasaba por fortalecer la autonomía relativa del Estado y el poder de decisión de los trabajadores y los sectores populares. Los énfasis de la Reforma del Estado están en la gestión administrativa y se persigue el mejoramiento de la eficiencia, cada vez más atado a los criterios mercantiles y cortoplacistas, no existe un pensamiento estratégico que redunde en lograr objetivos democráticos, justos y solidarios. En tal sentido, las consecuencias más conflictivas de la reforma son: a) el debilitamiento del Estado y su capacidad de hacer, fundamentalmente su papel productivo y regulador de la economía; b) por lo tanto, se potenció la primarización de la economía y su extranjerización con las consecuencias respectivas de concentración de los ingresos; c) el paradigma gerencialista que se busca para la nueva gestión administrativa va en contra de los valores de la función pública y los criterios de servicio que estaban en su base para darle paso a los 'espíritus animales' de la competencia mercantil; y, d) las reestructuras en ciernes prometen debilitamiento de los trabajadores públicos y sus organizaciones, de la estabilidad laboral y de su capacidad de incidir en las decisiones estratégicas de la sociedad. ANEXO - CAPÍTULO I Qué queremos significar cuando decimos… el debilitamiento del Estado y su capacidad de hacer, fundamentalmente su papel productivo y regulador de la economía; Los trabajadores organizados en COFE insistimos en el fortalecimiento de un Estado que gane autonomía en las decisiones económicas y que imponga una estrategia de país productivo y con desarrollo social, poniendo así la economía de una vez por todas al servicio de la gente.
Se debilita al Estado cuando las reformas priorizan las decisiones mercantiles y los pactos dominantes excluyen a grandes sectores de la sociedad (en especial a los sectores populares). Pero también, cuando se promueve la discrecionalidad de las decisiones, cuando no se respetan las leyes o se utilizan en beneficio de unos pocos, cuando se ataca la estabilidad laboral de los trabajadores (tanto públicos como privados), cuando los salarios no permiten una vida digna o las mismas condiciones laborales son ofensivas de la dignidad humana. Específicamente en lo que nos atañe a los trabajadores públicos, todos sabemos que somos sistemáticamente atacados y responsabilizados de una serie de cuestiones que funcionan mal en el Estado. Sin embargo, los responsables políticos a los que la sociedad les dio las potestades de dirigir el Estado no asumen fácilmente sus errores y no escuchan muy seguido a los trabajadores. La capacidad de regular la economía y de velar por los intereses de la sociedad requiere de cuerpos administrativos bien formados en los requerimientos de su función y, fundamentalmente, bien pagados. La remuneración digna para aquellos cuerpos inspectivos que se dedican a actividades de control expuestas a negocios ilícitos y/o son incompatibles con otras privadas, necesita un reconocimiento de exclusividad que además se vea reflejada en el salario. primarización de la economía y su extranjerización con las consecuencias respectivas de concentración de los ingresos… Primarización quiere decir que básicamente producimos bienes primarios o básicos de muy poco valor agregado (alimentos: carne, madera, granos, arroz), pero que además se viene procesando una extranjerización sin precedentes, los principales complejos productivos son extranjeros (frigoríficos brasileños, producción de soja argentina, arroz brasileño, madera con grupos chilenos, finlandeses sueco-finlandesa). Los recursos más preciados como la tierra se concentran en poquísimas manos, cuatro empresas extranjeras son dueñas de casi 600 mil hectáreas (la finlandesa UPM –ex Botnia–, la norteamericana Weyerhaeuser, la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco; la alianza de estas últimas tienen 253 mil hectáreas.).
Concentración de ingresos significa que unos pocos disponen de grandes riquezas y otros muchos sufren la escasez, como dijo alguna vez Galeano: “unos mueren de hambre y otros de indigestión”. Según los datos del INE del pasado año el 20% de la población más rica concentra alrededor del 48% de los ingresos mientras el 50% más pobre recibe menos del 23%. El decil más pobre sólo se queda con 2,2% de la torta, mientras que el decil más rico concentra 31,9% de los ingresos. En los últimos años los sectores populares, y en particular los trabajadores, han perdido participación en el conjunto del ingreso nacional disponible como lo atestiguan varias investigaciones. Hoy la distancia entre el decil de los más pobres y el de los más ricos es de 14,5 veces mientras que el 20% más rico tiene ingresos de más de 8 veces que el 20% de menos ingresos. La pobreza tiene cara de niño y de adolecente, también discrimina por sexo y por raza y afecta a los más vulnerables, cuestionando el futuro del país. Las leyes de exoneración fiscal que incluye las Zonas Francas y la ley de Promoción de Inversiones generan muy poco derrame en el país, tanto en puestos de trabajo como en salarios. Lo más controversial es que expone al país como un paraíso que permite negocios non sanctos donde normalmente se refugian capitales evasores de los países vecinos. La ley de inversiones benefició unos 583 emprendimientos que crearon más de 7.900 puestos de trabajo, no obstante la gran mayoría de los mismos son de baja calidad y magros salarios.
el paradigma gerencialista que se busca para la nueva gestión administrativa va en contra de los valores de la función pública y los criterios de servicio que estaban en su base para darle paso a los 'espíritus animales' de la competencia mercantil; La reforma de la administración del Estado busca reducir las funciones públicas y caracterizarlas como cualquier actividad privada. Todos sabemos que la actividad privada tiene como centro el lucro individual y el compromiso social de la misma es difuso e indirecto luego de satisfacer los intereses particulares. Por lo tanto, no podemos admitir que se apliquen los criterios propios del empresariado para manejar la administración de los bienes comunes y propios de toda la sociedad. La eficacia se entiende como el logro de objetivos, y la eficiencia, como la mejor combinación de recursos que permita su completa utilización y de la manera más económica. En tal sentido, los objetivos sociales no pueden compararse con los individuales, lo que resulta eficiente bajo la ecuación del lucro individual no lo es cuando si atendemos al bienestar de la sociedad toda. Volvamos a dignificar la función pública en vez de promover estas leyes de Asociación Público Privada en contra de lo que ha sido la voluntad del pueblo uruguayo en sendos plebiscitos y de la experiencia nefasta ya tenida en tales “negocios”.
las reestructuras en ciernes prometen debilitamiento de los trabajadores públicos y sus organizaciones, de la estabilidad laboral y de su capacidad de incidir en las decisiones estratégicas de la sociedad…
Los trabajadores reclamamos reestructuras de la administración pública en el entendido que las mismas deben saldar los problemas que permanecen o que se han acentuado en varias reformas anteriores inconclusas. Tales problemas hacen a la deformación de la carrera administrativa, por la aplicación ad hoc de las normas o la inexistencia misma de la carrera por largos años de recortes presupuestales. A su vez, los bajos salarios de entrada a la administración, las inequidades de la misma carrera que remunera de forma diferente a funciones iguales, los pocos incentivos derivados de no articular una tabla de sueldos con una distancia racional entre grados y el manejo muchas veces arbitrario de traslados o ascensos debilitan el Estado y la eficiencia de las funciones públicas. En el ámbito de rescatar la dignidad de la función pública y ordenar la carrera administrativa se dieron pasos no menores en la pasada administración que exigieron también arduas horas de negociación, de organización y lucha. Se regularizaron más de 13 mil compañeros afectados a tareas de función pública con contratos de becarios u otras formas chatarra. No obstante, la entrada al Estado siguió en muchas unidades ejecutoras caminos irregulares y más becarios o contratos chatarra, se sumaron después de tales regularizaciones.
Uno de los acuerdos con el gobierno fue el mecanismo de entrada a la Administración Pública: los concursos. Todavía hay mucho que trabajar en los procedimientos de concursos, en la confección y transparencia de las bases, en el resguardo de garantías. Los mismos trabajadores nos hacemos la autocrítica a la hora de ejercer los controles adecuados e insistimos en reclamar ámbitos de participación real en la articulación de las bases correspondientes y del proceso de selección. Otro de los vicios de estas reformas gerenciales que rechazamos es el achicamiento de la plantilla de trabajadores afectados a funciones públicas. Con asombro constatamos que se abre la posibilidad ahora de tener trabajadores del Estado pero regulados por el derecho privado. Sabemos que algunas actividades consideradas temporales pudieran remitir a un status diferente dentro de las reglas de la administración pública (eventuales, zafrales), por sus características y necesidades. A su vez, entendemos que las dinámicas económicas y políticas pudieran exigir nuevas funciones y/o eliminar otras en aras de mejorar servicios y funciones públicas. Sin embargo, las actuales propuestas apuntan en forma generalizada a establecer relaciones laborales más flexibles dentro del Estado que atentan contra la estabilidad no sólo laboral de los trabajadores sino de las mismas funciones públicas esenciales. En los ejercicios actuales de las experiencias piloto de reestructuras en los ministerios de industria, vivienda y salud pública, se verifica un intento de conceptualizar un conjunto de procesos que hacen a actividades esenciales dentro de la gestión administrativa como “de apoyo”, y se abre las puertas para desjerarquizarlas. Se confirma a su vez, que se sigue con los modelos de conformación de instituciones globales talle único, sin tener en cuenta las particularidades de la función y la organización necesaria para la misma en unidades ejecutoras con lógicas diversas, procesos diferentes, productos y/o responsabilidades de política disímiles. Este caso llevó a los mismos trabajadores a increpar estos procesos y a reclamar que sus ideas y sus experiencias fueran tenidas en cuenta a la hora de debatir qué organización pública y para qué objetivos se estaba pensando. Preocupa sobremanera que la actual reestructura que se procesa, repetimos que sin una participación real de los trabajadores, termine con un conjunto grande de trabajadores excedentarios y que vean lesionada su carrera y los derechos que la misma les otorga. El actual proceso de reestructura que está teniendo lugar no cumple con las expectativas que teníamos los trabajadores organizados en COFE en el sentido de conformar un ámbito para la participación, negociación y acuerdos para no sólo cambiar formas en la organización sino los contenidos de la misma. Los trabajadores no queremos ser una mera fuente de información, basta ya de ejercicios FODA y discutamos en serio la visión y misión de los diferentes incisos del Estado. Rescatemos la memoria institucional, las diferentes formas de hacer las cosas existentes en la administración, generemos mecanismos reales de participación donde todos y cada uno de los trabajadores sientan que efectivamente están construyendo el Estado. No olvidemos que ahora existe una institucionalidad que fija por ley la obligación de negociación colectiva entre trabajadores y gobierno para un conjunto de aspectos laborales, salariales y organizativos de la administración y que viene siendo menospreciada, violada por decretos sucesivos que fijan topes salariales o cambios estatutarios desde arriba. Revisemos aquellas tareas que se dejaron de hacer en el Estado por las reformas liberalizantes, discutamos si el país no se merece por ejemplo un sistema de trenes estatales moderno y eficiente, volvamos a re-discutir la necesidad de los entes testigos e instituciones de contralor que disciplinen al mercado para que sirva también a la sociedad.
CAPITULO ll Situación económica La agenda de los gobiernos frenteamplistas está marcada desde un principio por los objetivos macroeconómicos, que se transformaron en el fiel de la balanza de las decisiones de todas las políticas, ya que la búsqueda del equilibrio fiscal y de cierto nivel de superávit fiscal primario -exigencia de los acreedores- generan una restricción presupuestal muy dura que impidió atender en tiempo y forma las demandas sociales e implementar políticas de desarrollo productivo. Los “cambios estructurales” (acordados con el FMI en 2005) buscaron: por un lado, crear condiciones para obtener y mantener un superávit primario alto para poder pagar los intereses de la deuda; por otro lado, profundizar las modificaciones institucionales de "segunda generación", tratando de eliminar la "interferencia" de la política en la economía. A partir del supuesto de que cualquier modificación de las reglas establecidas generará incertidumbre entre los potenciales inversores, se asumen los siguientes “mandamientos”: libertad económica, ampliar los espacios de acumulación privada, apertura externa irrestricta y condiciones ventajosas para la inversión extranjera. En otras palabras, un Estado débil para la planeación económica pero que asegure sí los contratos para garantizar los negocios privados (i.e. el de las Administradoras de Ahorro Previsional –AFAP-); que asocie a las empresas públicas con capitales extranjeros pero sin control de la gestión; que elimine o reduzca al mínimo los monopolios públicos; pero que honre la deuda externa. En pocas palabras: ¡No se hará nada que pueda afectar la credibilidad del país ante el capital extranjero! Los resultados de esta profundización del modelo con la apertura indiscriminada logró los objetivos buscados: la inversión extranjera directa (IED) se multiplicó por seis. El crecimiento de la IED en Uruguay en el período 20052009 es extraordinario y muestra la sintonía absoluta del gobierno del FA con los lineamientos y políticas del capital. Las siguientes cifras de CEPAL son elocuente
Inversión Extranjera Directa en Uruguay (En millones de dólares) 1999 235 2000 273 2001 297 2002 194 2003 416 2004 332 2005 847 2006 1.493 2007 1.329 2008 1.841 2009 1.139 Fuente: CEPAL, “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009”, Santiago de Chile, Mayo/2010,
La creciente presencia de Empresas Transnacionales (ET) en la actividad económica tiene impactos considerables en la estructura productiva del país y en su inserción exportadora. Implica, además, que agentes externos controlan una parte significativa del ahorro generado localmente, por lo que cobra particular relevancia lo que hagan estas empresas con sus utilidades. Cualquiera sea la política que apliquen estas empresas con sus utilidades los resultados tendrá un impacto significativo en las futuras tasas de crecimiento de la economía nacional. Hasta ahora el gobierno no ha definido ninguna norma para controlar, regular y/u orientar el uso de los beneficios obtenidos por las ET. La IED se concentra en los sectores industriales intensivos en el uso de recursos naturales, donde destacan la producción de madera y papel, la industria alimenticia (sector cárnico) y arrocera. La primera, es un proceso comenzado en la década del 90 con importantes inversiones en cultivos y que recientemente se desarrollaron las etapas productivas de dichas cadenas, en particular, la elaboración de pasta de celulosa. La industria frigorífica y arrocera se caracteriza también por su extranjerización. A esto se le agrega en los últimos años las plantaciones de soja transgénica, fundamentalmente de capitales argentinos, donde todos los insumos de la cadena también son importados y su producción se exporta sin agregar un ápice de valor. Completan la sangría los emprendimientos mineros que estarían también demandando infraestructura logística y fundamentalmente portuaria, prometiendo grandes inversiones y métodos de explotación a cielo abierto con sus consabidos problemas ambientales aparejados. Este proceso de extranjerización genera cambios estructurales de enorme significación y aumenta la dependencia y vulnerabilidad de nuestra economía. Implican, además, un incremento sin precedentes históricos en la capacidad del capital extranjero ?protegido por los múltiples tratados de protección de inversiones? cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad. El aumento de la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales pone en jaque los espacios de autonomía de los Estados nacionales. Ese fenómeno opera con mayor fuerza en los pequeños países de la periferia capitalista como el nuestro, debido, entre otros aspectos, a su retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento científico tecnológico y el desarrollo industrial. El modelo de acumulación se sostiene en una estructura institucional que asume los conceptos fundamentales de las propuestas del Banco Mundial presentadas en 1997 (“El Estado en un mundo en transformación”), que buscaban ordenar el funcionamiento de la economía y orientar la distribución de costos y beneficios a nivel
nacional e internacional. No puede obviarse que el proyecto del capital tienen dos grandes mojones conceptuales: el primero, “El consenso de Washington”[2]; el segundo, las reformas de segunda generación[3]. El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apunten al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado. En tal sentido, se aprueban políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y la declaración de proyectos de interés nacional, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto[4]. La reforma tributaria “dual”, del gobierno de Tabaré Vázquez, tuvo como objetivo fundamental favorecer al capital: redujo el impuesto a la renta de los empresarios (antes IRIC, ahora IRAE) de 30% a 25%; eliminó en forma gradual el impuesto al patrimonio y desgravó a las grandes inversiones, básicamente extranjeras, en forma prácticamente indiscriminada transformando al país en una gran Zona Franca[5]. La recaudación del IRPF no fue pagada por el capital (apenas alcanza el 13%), sino que fue una transferencia de ingresos de los trabajadores con salarios altos y medianos hacia el Estado. El país, pese al importante crecimiento del producto bruto interno en los últimos 6 años, continúa padeciendo una crisis estructural, productiva y de inserción internacional en la medida que su economía está cada vez más primarizada y extranjerizada. Las bases del proyecto del capital se mantienen: apertura comercial y financiera; desregulación del mercado interno; admisión del dólar como unidad de cuenta en los contratos internos; libre movilidad de capitales y de divisas. El correlato de distribución regresiva del ingreso que genera ese modelo se mantiene sin variantes significativas. Las estadísticas de pobreza e indigencia basadas en el ingreso monetario muestran una mejora como consecuencia de políticas asistencialistas múltiples, pero no se han producido cambios estructurales que permitan preveer que en una nueva crisis estos avances de pueden mantener. Un estudio de las Necesidades Básicas Insatisfechas podría dar resultados mucho peores ya que los asentamientos irregulares aumentaron de 365 a 412 solamente en Montevideo[6]. Téngase en cuenta que los principales niveles de concentración de pobreza, de situación medioambiental insostenible y de situaciones controvertidas desde el punto de vista de la ocupación del suelo están en esos asentamientos. Los avances cuantitativos en la reducción de la pobreza tampoco se expresarían como inclusión social, en una sociedad uruguaya cada vez más segmentada. La vulnerabilidad de este tipo de modelo aperturista que provoca fuertes modificaciones en el tipo de cambio: a) en una fase del ciclo (entrada de capitales), crecimiento acelerado, sobrevaluación de la moneda nacional, incremento del consumo de bienes importados (generalmente suntuarios) y fuerte crecimiento de la deuda interna y externa; b) en la otra fase del ciclo (salida de capitales) se expresa en la compra masiva de dólares, fuga de capitales, grandes devaluaciones, caída en los niveles de actividad, empleo e ingresos y aumento de la pobreza y la indigencia. Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la inversión extranjera, el primer gobierno del FA buscó su legitimación a través de una estrategia que combinó la contención de las situaciones de máxima pobreza con políticas asistencialistas y un conjunto de cambios institucionales (fueros sindicales, reinstalación de Consejos de salarios con incorporación de trabajadores rurales y domesticas, eliminación del decreto que impedía ocupaciones de lugares de trabajo, ley de negociación colectiva y ley de tercerizaciones) y políticas (recuperación del valor del salario real que había al inicio del gobierno de Jorge Batlle, incremento del salario mínimo nacional, disminución de la informalidad) que en ese momento se aplicaron para ejercer un control social y coyunturalmente favorecieron a sectores de trabajadores. Los límites de esa estrategia se observaron en el primer gobierno del FA cuando, en los dos últimos años, se incumplieron los convenios firmados con los funcionarios del Estado. Aunque se perciben con mayor claridad en este segundo gobierno cuando se incumple la ley de negociación colectiva, se aprueba un decreto que impide las ocupaciones en el sector público, se toman medidas tales como la figura del contrato privado para la función pública que implican un proceso de flexibilización y precarización de los trabajadores del Estado que se suma al objetivo de la política de remuneraciones de mantener (congelar) el poder adquisitivo del salario.
Algunas conclusiones y alternativas Un patrón de acumulación basado en la primarización de la economía tiende a la concentración del ingreso funcional en los grandes agentes fundamentalmente extranjeros, los terratenientes, el capital financiero y los
grandes intermediarios comerciales en detrimento de los trabajadores y los pequeños productores del campo y la ciudad. Esto, a su vez, se refleja consecuentemente en la concentración del ingreso en el decil superior, 31,9%, mientras en el decil inferior apenas es 2.2%. Este patrón de acumulación aumenta, además, la vulnerabilidad del país en la medida que sectores claves de la economía están en manos de empresas transnacionales. Si se acepta que esto es así, el cambio de la distribución no debería comenzar por la discusión sobre la política tributaria –si bien es necesaria– sino en la definición de un nuevo modelo de desarrollo que debería avanzar hacia la industrialización, la incorporación de tecnología y la innovación. En segundo término, debe destacarse que la forma más directa de mejorar la distribución del ingreso es aumentar los salarios reales en detrimento de los beneficios que se apropia el capital. En tercer término, hay que revisar profundamente el sistema impositivo actual, que en aras de la eficiencia para recaudar (entendida como una baja tasa de evasión) y dado el presupuesto de atraer capitales externos termina hipotecando el valor de justicia. Así como también, las políticas de gasto destinadas a la redistribución del ingreso, la atención de la pobreza y la indigencia, en particular todo aquello que nos permita reducir sustancialmente el número de niños que viven bajo la línea de pobreza. Para realizar una reforma tributaria que permita redistribuir la riqueza y el ingreso se debería comenzar con la reducción de las escandalosas exoneraciones al capital y continuar con el aumento de las tasas impositivas del IRAE, el IRPF a las rentas derivadas del capital y el impuesto al patrimonio. Complementariamente debería subirse el mínimo no imponible del IRPF a los ingresos del trabajo. La reducción de dos puntos en la tasa básica del IVA propuesta por el gobierno no avanza en esa dirección por varias razones: a) No es sustituida por impuestos directos al capital; b) el monto es muy bajo y en el marco del actual proceso inflacionario será fácilmente apropiado por los empresarios; c) se aplicará solamente a aquellos que compren con tarjeta de crédito y debito, lo que excluye a sectores muy importantes de la población que no tienen acceso a esos instrumentos financieros (bajos ingresos, empleos inestables y/o informales) y al pequeño comercio que tampoco accede a dichos sistemas. Este tipo de medidas no favorecen a los trabajadores, por el contrario, benefician a las instituciones financieras (bancarización), las grandes unidades comerciales y los consumidores de altos ingresos que utilizan usualmente tarjetas de crédito lo que no es tan común en sectores de ingresos medios y bajos[7]. Una reducción del IVA redistributiva debería exonerar a los productos esenciales de la canasta familiar, en línea con la eliminación del IVA a las compras que se realizan con tarjeta del MIDES. Montevideo, 4 de mayo de 2011
ANEXO I - CAPÍTULO II Distribución del ingreso En un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)[8] se presentan indicadores de desigualdad para el período 1994-2008. Se puede observar que la distribución del ingreso empeora sistemáticamente de 1994 a 2007. El índice Gini aumenta de 0,394 (1994) a 0,448 (2007) en Montevideo y de 0.373 (1994) a 0.414 (2007) en el interior. Estos valores mejoran en 2008, llegando a 0.434 en Montevideo y 0.395 en el interior. Según el último documento publicado por el INE[9] la desigualdad vuelve a crecer en 2009: “se destaca un crecimiento para el primer y último decil entre 2008 y 2009, tanto a nivel país como para todas las áreas geográficas. El mayor incremento se registra para el décimo decil, con un aumento superior al 10 por ciento para el total del país, lo que permite deducir un aumento de desigualdad entre los hogares” En 2009 el diez por ciento más rico de la población dispone del 31.9 por ciento del ingreso total y el diez por ciento más pobre solo accede al 2.2 por ciento. El ingreso sumado de los seis primeros deciles llega solo al 30.8 por ciento. Debe aclararse, además, que el ingreso dentro de cada decil no se distribuye de forma homogénea, lo que implica, seguramente, que el uno por ciento más rico reciba más del 12 por ciento del ingreso Con estos datos parece muy difícil sostener que quienes reclaman cambios son “inmediatistas” y “oportunistas”. La desigualdad en la redistribución del ingreso se refleja directamente en los indicadores de pobreza más dolorosos: la pobreza infantil. El 37,8 por ciento de los niños menores de seis años son pobres, la cifra sube fuertemente en Montevideo, 44.1 por ciento. De seis a doce años la situación es similar, 36.2 por ciento en el país y 43.7 en Montevideo. Cifras totalmente explicables sabiendo que el veinte por ciento más pobre de la población recibe solo el 5.7 por ciento de los ingresos totales.
Subsidios al capital. La Dirección General Impositiva presento un estudio[10] en el que constata que en 2009 se deja de recaudar por lo que ellos denominan “gasto tributario” o “sacrificio fiscal” 38.134 millones de pesos, que equivalen al 5,36 por ciento del Producto Bruto Interno. Esa cifra es mayor que el presupuesto sumado de la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República y es equivalente a la masa salarial que paga el Gobierno Central. ¿Quiénes son los beneficiarios de ese gasto tributario? En esencia los dueños de las riquezas del país – una buena parte de ellos extranjeros -, que se ven beneficiados con exoneraciones y subsidios por el 98% del Impuesto al Patrimonio, el 55% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y el 44,1% del IRPF que pagan las rentas derivadas del capital. Se dejan de cobrar $ 10.420 millones por el IRAE, cuyos principales beneficiarios son las grandes empresas, tanto las instaladas en Zonas Francas ($ 3.730 millones) como aquellas que reciben los beneficios de la promoción de inversiones ($ 3.007 millones). Por su parte, por el impuesto al patrimonio se dejan de cobrar $ 7.972 millones. Téngase en cuenta, además, que ya las tasas de éste impuesto son bajísimas y pretenden que desaparezca, lo cual no se compadece con la consigna “que pague más el que tiene más”. Estos datos no incluyen la información sobre las exenciones del Impuesto de Primaria que beneficia al sector rural, dado que lo recauda primaria y no la DGI. Las exenciones en el IVA tienen también un importante costo fiscal, $ 17.747 millones, que beneficia a todos los deciles de ingreso. En términos relativos favorece más a los de menores ingresos (consumen todo lo que ganan, los de altos ingresos ahorran e invierten), pero que, en términos absolutos beneficia mucho más a los deciles de mayores ingresos (su nivel de consumo es muchísimo más elevado). El Estado gasta mucho más en exenciones a los de más alto ingreso - 3,11 por ciento del ingreso del decil superior, que recibe el 31,9 por ciento del ingreso total - que a los de menores ingresos - 5,30 por ciento del 2,2 por ciento del ingreso del decil más bajo-.
ANEXO II – CAPÍTULO II La estructura impositiva y la masa salarial La estructura impositiva de nuestro país se basa esencialmente en impuestos indirectos como el IVA y el IMESI (el hecho generador no considera el ingreso ni el patrimonio de quién paga el impuesto) y solo una parte menor en impuestos directos IRPF, IRAE y Patrimonio (los cuales consideran, al menos en teoría, el los ingresos y la riqueza acumulada de quién lo paga). La mayor parte de los ingresos tributarios (64,3%) son indirectos, el IVA es el 49,9% de los ingresos. Los impuestos directo sobre las rentas y utilidades del capital se componen del IRAE y el IRPF (categoría I) que sumados alcanzan $ 18.413 millones. El IRPF (categoría II) sobre los ingresos del trabajo recauda $ 12.224 millones. Si los comparamos en valor absoluto las empresas pagan más que los trabajadores, si lo vemos en términos relativos los trabajadores son los que pagan más, dado que reciben un 24% del ingreso nacional bruto disponible (YNBD) y pagan el 40% de los impuestos directos a los ingresos. Los capitalistas, pagan proporcionalmente menos, ya que se apropian de más de la mitad del ingreso nacional disponible y solo paga el 60% de dichos impuestos. Estos datos demuestran que en términos relativos los trabajadores pagan mucho más que el capital. Los datos sobre exenciones tributarias confirman lo que se esta señalando. Participación de la Masa Salarial en el Ingreso Nacional Bruto Disponible (YNBD) Remuneraciones líquidas en millones de pesos corrientes Año
Masa Salarial
YNBD
Masa Salarial/ YNBD (%)
1998
68.961
231.716
29,8%
1999
73.299
234.726
31,2%
2000
75.247
240.252
31,3%
2001
59.460
242.761
24,5%
2002
55.910
160.132
34,9%
2003
56.223
303.660
18,5%
2004
63.939
365.579
17,5%
2005
83.375
397.219
21,0%
2006
95.395
456.021
20,9%
2007
122.738
552.753
22,2%
2008
142.759
640.752
22,3%
2009
173.196
698.371
24,8%
Fuente: INE y BCU. [1] 12º Congreso de la COFE “Compañero Pablo Rodríguez”, mayo de 2008, primer punto de la resolución. [2] El decálogo del Consenso está compuesto por los siguientes lineamientos: disciplina fiscal, el déficit no debe ser mayor a 2% del PBI y, para reducirlo, recomienda recortar el gasto público y no aumentar los impuestos. La política de gastos se basa en el recorte de los “subsidios, especialmente los indiscriminados, los gastos militares y en la administración pública. En lo que refiere a la política tributaria, recomienda un sistema de amplia base, reglas simples y con bajas tasas de impuestos marginales. Recomienda también laprivatización de empresas públicas, en base a razones de eficiencia y para reducir el déficit fiscal. En lo relativo a la apertura de la economía, plantea la liberalización financiera con “tasas de interés determinadas por el mercado”, rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable de política. Dado que entiende que el único crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera, propone “un tipo de cambio competitivo (...) que promueva una tasa de crecimiento en las exportaciones capaz de permitir que la economía crezca (...) y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a un sistema de tasas múltiples”. Lo anterior debe encuadrarse en la liberalización del comercio, en una política orientada hacia el exterior. Entendido esto como una liberalización de importaciones y el reemplazo de la complicada estructura arancelaria por una tarifa uniforme. En esa misma dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología. Propone mejorar el funcionamiento del mercado a través de la desregulación y del respeto a los derechos de propiedad, que “constituyen un pre-requisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista, y son algo que generalmente falta en la región. [3] Las reformas de segunda generación son una propuesta de cambios institucionales y de reforma del Estado que facilite el libre funcionamiento del mercado. El enfoque de la reforma del Estado propuesta por el Banco Mundial tiende a la reducción del Estado en dos sentidos: por un lado, se hace énfasis en que éste debe ser básicamente instrumental y cumplir un papel políticamente “aséptico” como facilitador neutro del funcionamiento del mercado (en esencia imponer el cumplimiento de la ley y reducir los costos de transacción); por otro lado, se recomienda evitar los costos de las ineficientes estructuras estatales, eliminando todo aquello que no se corresponda con su papel instrumental y subsidiario. Entre las medidas que proponen se destacan: la autonomía de los supuestos “organismos técnicos” del poder político, por ejemplo Banco Central y Unidades Reguladoras; política compensatorias como la atención asistencialista a los sectores pobres e indigentes, que no afecten el proceso de acumulación que genera el mercado. [4] Principalmente los impuestos a la Renta de las Actividades Económicas y al Patrimonio.
[5] La existencia de 13 Zonas Francas es cuestionado por los países del Mercosur y es motivo de desprestigio nacional. [6] En el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística a pedido del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (Piai), se constató que hay 412 asentamientos ilegales en Montevideo y 264 en el resto del país. En la capital son 144.707 personas las que viven en asentamientos y en el interior 51.065 personas. Verhttp://www.elpais.com.uy/110323/pciuda-555161/ciudades/Asentamientos-enMontevideo-aumentaron-de-365-a-412-en-cinco-anos/ [7] Un estudio realizado por la Consultora Equipos - SPES, Marzo, junio y agosto de 2010 - revela que los uruguayos usan los plásticos como medio de pago con muy poca frecuencia y solo cubre el 11% de las compras. En el nivel socioeconómico bajo la mayor parte de los consultados responden “ocasionalmente, una o dos veces al mes”, en la clase media se da una situación similar, aunque también tienen peso quienes usan las tarjetas “raramente, algunos meses si y otros no”. En el nivel alto tienen una mayor participación las respuestas “frecuentemente, por lo menos una vez por semana”. Según el estudio menos del 30% de los hogares de ingresos bajos tienen tarjeta de crédito, en los medios a entre 50% y 69% y en los niveles altos entre 70% y 80%. http://www.equipos.com.uy/media/apps/articles/las-tarjetas-de-debito-comomedio-de-pago/documents/CMS-MediosdePago.pdf [8] “Línea de pobreza e indigencia 2006 – Uruguay”, disponible en:http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/informelíneadepobreza2006.pdf [9] “Estimaciones de pobreza por el método del ingreso. Año 2009”, Disponible en:http://www.ine.gub.uy/comunicados/generales/generales0710.pdf [10] “Estimación del gasto tributario en Uruguay 2005 – 2009”, Disponible en:http://www.dgi.gub.uy/wdgi/Informe+Gastos+Tributos+2009`.pdf