La represión en México - Jorge Alonso by Autonomia Emancipacion

SOBRE LA REPRESIÓN EN MÉXICO Jorge Alonso En febrero y marzo de 2009 varios agrupamientos juveniles, urbano populares e indígenas se reunieron en tierras jaliscienses para reflexionar sobre la represión. La situación de la represión en México ha ido en aumento en todos los rincones del país, sobre todo por la criminalización de la protesta social, y por la escalada de la violencia y la inseguridad. A finales de febrero el gobierno estadounidense tuvo que reconocer que la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico conllevaba un alto costo para la sociedad pues existía una larga lista de bajas civiles. El informe estadounidense apuntaba que la impunidad en México era muy elevada y contribuía para que muchas víctimas no presentaran sus denuncias. Manifestaba que era preocupante la corrupción e impunidad que operaban en todos los niveles del gobierno. Señalaba que, sobre todo, la población indígena era la que se encontraba en posiciones más vulnerables. Se refería a situaciones que tenían que ver con detenciones arbitrarias, tortura e intimidación. No obstante al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos daba a conocer este informe, su Cámara de Representantes avalaba la ley que incluía el destino de cientos de millones de dólares para la iniciativa Mérida, con que se apoyaría aún más el ineficiente combate al narcotráfico y la militarización de México. La prensa constataba que la delincuencia se había disparado desde el inicio del sexenio de Calderón. Por su parte la ONU señalaba en un documento que 37% de los mexicanos tenían miedo o terror en sus casas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que los planes estatales de seguridad pública estaban concebidos desde una lógica de guerra en la que la pérdida de vidas humanas de los civiles era vista como simple daño colateral; y documentó los obstáculos para la democratización que tenía la injerencia militar en la vida civil. El escritor Carlos Fazio planteó en marzo de 2009 que Estados Unidos tenía a México en la fase de colombianización, a punto de una intervención larvada y por etapas. Se ha puesto a México en una situación de soberanía limitada con el eufemismo de la cooperación militar. A nivel nacional se ha llevado a cabo una política que usa un supuesto combate en contra del narcotráfico para ir contra las luchas sociales. Miembros de Amnistía Internacional a principios de 2009 anunciaron que estaban haciendo una investigación sobre el estado que guardaban los derechos humanos en varios estados de la República mexicana. En particular indagaban las amenazas y agresiones que sufrían activistas y defensores de derechos humanos. En Guerrero, dos integrantes de una organización de derechos humanos, después de haber sido amenazados “por defender indios”, fueron secuestrados en un acto oficial, y posteriormente torturados y asesinados. Muchas organizaciones y redes

nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos condenaron la falta de efectividad del Estado para salvaguardar la integridad física y la vida de defensores de derechos humanos en México, y exigieron que se investigara y se esclarecieran estas ejecuciones extrajudiciales. Había un clamor por investigaciones independientes para conocer la verdad, pues se señalaba que había autoridades implicadas. También en febrero varios presos políticos de Oaxaca mandaron una carta al Segundo Congreso ordinario de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) para dar a conocer la situación de represión que vivían los pueblos de varias comunidades oaxaqueñas. Indicaban que no había que olvidar que ellos estaban presos por haber luchado al lado de su pueblo. Los agrupamientos que se dieron a la tarea de examinar la represión revisaron la historia de la represión. En la segunda guerra mundial Estados Unidos había presionado a México para que hiciera una legislación para condenar a los que hicieran labores a favor de las potencias del eje (Alemania-Italia-Japón). Así nació la ley sobre disolución social, que no tuvo ninguna aplicación mientras duró la guerra. Pero cuando los movimientos sociales y políticos se inconformaban tanto por la falta de democracia sindical como por el incremento de alimentos y servicios en la década de los cincuenta las autoridades echaron mano de ella para llevar a prisión a líderes de oposición. Por ese mismo delito se condenó a líderes del movimiento estudiantil de 1968. Un diputado independiente consiguió un año después de la masacre de estudiantes que ese delito fuera derogado. Pero el autoritario partido de estado encontró nuevas formas para incriminar a los luchadores sociales, sobre todo en la llamada y todavía impune guerra sucia de los años setenta. Fueron revisadas las desapariciones políticas, las cuales implicaban un conjunto de violaciones a los derechos humanos como la tortura y la existencia de cárceles clandestinas. En los años setenta nació el Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos, y Exiliados Políticos. Su consigna era: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Posteriormente militantes de varias corrientes de izquierda formaron el Frente Nacional Contra la Represión que ha proseguido con la demanda de que el Estado regrese con vida a los que “desapareció”, que se sepa la verdad acerca de la guerra sucia y que se castigue a los responsables. Durante la guerra sucia el aparato represivo del Estado practicó la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. El Estado en la década de los ochenta prosiguió recurriendo a la represión para sofocar a los movimientos populares (indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles, pobladores urbanos pobres, mujeres, ecologistas, luchadores por la democracia electoral, etc.). Para el estudio de los noventa en adelante se echó mano de la investigación que realizaron la presa política Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez que titularon La ruta de la represión. Este documento examina la persecución política en México entre 1990 y 2008. Devela la maquinaria

represiva del estado mexicano al recopilar rigurosamente y analizar datos sobre la persecución política. Una primera parte de este estudio se centra en el registro del encarcelamiento de activistas, simpatizantes y militantes del movimiento social. Detecta que hay regiones y grupos en donde la persecución ha sido constante. Siguiendo la ruta del movimiento popular las autoras descubrieron también la ruta de la represión. El Estado ha pretendido reducir al movimiento popular a la resignación, a que no se atreva sino a expresar tibiamente su inconformidad y a que prefiera la inacción. Las autoras consideran que la represión forma parte de un amplio esquema de exterminio permanente y constante para detener el avance de cualquier manifestación de inconformidad ante los abusos en contra de los derechos humanos (sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales). Señalan que son instrumentos de la persecución política el encarcelamiento, la desaparición, el asesinato, la persecución con orden de aprehensión o sin ella, los despidos laborales, el desprestigio, el exilio, los hostigamientos, las amenazas, las agresiones, la descalificación, la tortura, la violación sexual, las masacres, los golpes de represión masiva con detenciones multitudinarias y finalmente la militarización. Precisan que la violencia estatal a veces se dirige contra una sola persona (como ha sido el caso de la periodista Lydia Cacho quien ha denunciado redes de pederastia amparadas por gobernantes) pero que repercute socialmente y afirma su carácter colectivo. La represión tiene como finalidad no sólo inhibir las protestas sino sobre todo escarmentar a los que se atreven a impulsarlas. El recuento que hacen las activistas sociales Arenas y Gutiérrez partió de la represión del movimiento contra los fraudes electorales (el de1988 y los de los años siguientes). Existe una represión constante y sorda, pero hay momentos estridentes de la misma. Esos casos revelan el talante de los poderosos. Por ejemplo, a mediados de 1995 un grupo de campesinos guerrerenses de dirigía a un centro urbano para protestar por la desaparición de algunos de sus dirigentes. El gobernador priista de Guerrero mandó bloquearles el paso en un sitio denominado Aguas Blancas. La policía disparó sin motivo contra los campesinos. En la emboscada murieron 17 y resultaron heridos 24. Los policías trataron de sembrar armas para decir que había sido un enfrentamiento, pero un reportero, con evidencias gráficas, desmintió la versión oficial. Tal fue el escándalo que el gobernador tuvo que renunciar. A finales de 1997 en Chiapas un grupo de paramilitares protegidos por el ejército y la policía masacraron a 21 mujeres, 9 hombres, 9 niñas y 6 niños que oraban en una ermita. Los responsables de alto nivel han permanecido impunes. Al año siguiente varios campesinos que eran bases de apoyo de los zapatistas fueron masacrados sin que sus verdugos hayan sido castigados. Las represiones en 2006 de los pobladores de San Salvador Atenco y de los movimientos populares en Oaxaca han sido paradigmáticas por la saña con que se llevaron a cabo y por la impunidad de los culpables. Estos son los ejemplos más escandalosos de represión, pero entre 1990 y junio de 2008 se han dado 26 golpes de

represión masiva. Un examen de los registros arroja que desde 1997 a la fecha mensualmente se acumulan más de cien presos políticos; pero esto se dispara a varios cientos en mayo de 2004 en agosto de 2005, y en mayo y noviembre de 2006. Así, el número de los luchadores sociales encarcelados suma varios miles. A los perseguidos no se les acusa de delitos políticos, sino se les inventan delitos del orden común. Hay encarcelamiento prolongados como venganza del Estado en contra de líderes sociales, como ha sido el caso del dirigente de Atenco a quien le han acumulado 112 años de prisión. Varios detenidos han sido enviados a cárceles lejanas a sus lugares de origen para impedirles el apoyo de sus familiares. Se hace ver que hay personas que han sido encarceladas no por haber participado en algún movimiento sino por ser familiares de alguien que sí lo hizo. Prosiguen los casos de personas que, habiendo sido detenidas por motivos políticos, no han sido presentadas legalmente ante las autoridades. El estudio va pormenorizando torturas, golpizas, secuestros, violaciones sexuales, despojo de tierras, quema de milpas y casas, destrucción de radios comunitarias, etc. Hay muchos luchadores sociales que han tenido que huir y vivir en la clandestinidad, impedidos de visitar o tener contacto con sus familiares. Un elemento destacado de la represión es el negocio que resulta para los represores, pues además de que se imponen fianzas de cantidades exorbitantes de dinero, quienes han sufrido la represión suelen ser robados por sus captores. La represión siempre está marcada por la injusticia, la impunidad y la complicidad de los represores. Las autoras del estudio demostraron que la represión es una reacción violenta del Estado ante brotes de inconformidad organizada dentro del movimiento social que afecta intereses económicos de algunas minorías poderosas. La persecución busca infundir miedo, duda, culpa, cansancio y desesperación en el movimiento social para detener su avance. Se trata de un terrorismo gubernamental generalizado para obstruir la disidencia. Los grupos que reflexionaban en 2009 la historia de la represión en México recordaron que a mediados de 2007 la Comisión Sexta del EZLN había hecho una propuesta para conformar un foro nacional contra la represión, pues los grupos de la Otra Campaña estaban siendo asediados, perseguidos y reprimidos, por lo que se tenía que pensar la represión para saber qué hacer ante ella. Debido a esta iniciativa los participantes en la Otra Campaña detectaron que la represión implicaba desinformación, campaña propagandística adversa a los luchadores sociales, amenazas, hostigamientos, persecuciones, secuestros, deportaciones, exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos de luchadores sociales. Pero la represión, siendo siempre tan brutal, no era siempre igual. No hay que olvidar que el aparato legal y el sistema judicial ha sido siempre parte fundamental de la represión. La represión a principios del siglo XXI, teniendo muchas semejanzas con las anteriores represiones, mostraba muchas diferencias. Antes la represión era un arma del partido de Estado,

actualmente la ejercían todos los partidos en contra del pueblo, aun los que se decían de izquierda. Entre más débil era el gobierno, recurría con mayor facilidad a la represión. Miles de indígenas habían tenido que desplazarse de sus lugares de origen para evitar ser asesinados. Los luchadores de derechos humanos seguían siendo hostigados y muchos perdían la vida. Se hacía ver que había una represión cotidiana en contra de los pueblos indios. Ahora se perseguía para impedir la protesta en contra los efectos del sistema capitalista, cosa que se incrementaba con la crisis. Habría que luchar contra la represión y contra la impunidad. Los zapatistas propusieron prevenir la represión para saber reponerse de sus golpes. Se veía como grave problema comenzar desde cero, que cada agrupación trabajara por su cuenta. Había que acumular y sintetizar la experiencia de todos y no esperar a ser golpeados para reaccionar. Resultaba primordial crear vínculos, no aislarse y no esperar a que la solidaridad llegara sola. Se constataba la urgencia de ofrecer una resistencia organizada regional y nacionalmente, pues las fragmentaciones y las faltas de vinculación facilitaban en cada sitio la continuidad de la guerra sucia y el éxito de la estrategia de guerra de baja intensidad. Se recomendaba no circunscribir la solidaridad sólo a los miembros de la Otra Campaña, sino ofrecerla desinteresadamente donde se necesitara. Para vencer la represión se debía neutralizar su mensaje. Si por cada víctima de la represión no sólo no había repliegue sino surgían dos que ocuparan el lugar del reprimido, si por cada autonomía golpeada se hacían nacer dos autonomías nuevas, se mostraría la ineficacia de la represión. En 2008 desde la Otra Campaña se impulsó un Foro por la libertad, la organización y en contra de la represión. Dado que el Estado utilizaba nuevas formas de represión se exhortó a pensar en otros modos de lucha para que la represión no circunscribiera a los luchadores sociales sólo a buscar a sus desaparecidos y sacar a sus presos. Se constató que en contra de la represión era muy eficaz la organización autónoma. En el zapatismo se ha venido dando una búsqueda contra la represión y el terrorismo de Estado para no caer en la inmovilidad. En septiembre de 2008, al cumplir 20 años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro difundió un documento titulado Asedio a los derechos humanos: seguridad pública y justicia en México. El Estado empleaba el discurso sobre la seguridad pública para asegurar su poder y no para abordar las verdaderas necesidades de seguridad de su población. El Estado mexicano había recurrido a políticas de mano dura y a operativos vistosos en los cuales solía ocultarse la falta de acción para responder a las causas estructurales que constituían las raíces del crimen y de la inseguridad. La mano dura no había conseguido la disminución de la violencia criminal. La cifra promedio de muertes atribuibles al crimen organizado se habían duplicado entre 2005 y 2008, esto sin incluir los civiles asesinados por actores estatales que violaban los derechos humanos en sus operativos en contra del

crimen. Se habían impulsado reformas legislativas represivas en materia de justicia, pero el desdén por los derechos humanos conllevaba la disminución y no el aumento de la seguridad pública. Este documento criticó duramente la militarización de la seguridad pública en el gobierno calderonista, pues implicaba violaciones graves a los derechos fundamentales. Analizó también la llamada Iniciativa Mérida que había venido a reforzar una política disfuncional de seguridad pública. Muchas organizaciones civiles habían denunciado que esa iniciativa profundizaría la política fallida del gobierno mexicano. Esta organización de derechos humanos apuntaba que la falta de fuerza disuasoria del sistema de justicia penal mexicano no derivaba de una falta de penas severas, sino de los altos índices de impunidad. Este documento recordó entre otras la represión del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara con motivo de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde hubo decenas de detenciones ilegales y torturas. Recordó también que en 2006 en San Salvador Atenco entre las víctimas de violaciones a derechos humanos hubo medio centenar de mujeres, de las cuales muchas habían sido torturadas, y previamente habían sufrido violaciones y abusos sexuales por parte de la policía. También en septiembre de 2008 el Centro de Justicia para la Paz y el desarrollo (CEPAD) hizo un diagnóstico sobre la política de represión y criminalización de la protesta social. El Estado mexicano reprimía, descalificaba a los movimientos sociales y a sus líderes, militarizaba la vida civil, e ilegalizaba la protesta social. En marzo de 2009 se recordaron los casos de tres indígenas que hablaban ñahñú las cuales hacía dos años habían sido condenadas a más de 20 años de cárcel acusadas de haber secuestrado a seis agentes armados. La directora del penal le confesó a un reportero que la acusación, además de infundada no era creíble, pues nadie podía aceptar que unas indígenas desarmadas hubieran secuestrado a seis policías armados. Un reportaje reconstruyó los hechos: varios policías habían llegado a un poblado a destruir y robar. Se habían acobardado cuando el pueblo los rodeó; pidieron refuerzos. Cuando llegaron sus jefes se comprometieron a reparar el daño y dejaron a un policía en garantía. Regresaron, pagaron los daños y parecía que todo se había solucionado. Pero los policías se quisieron vengar, y tiempo después habían interpuesto la acusación de secuestro contra las tres mujeres por haber participado en la resistencia popular. No habían tolerado que un pueblo se defendiera de sus agresiones. El caso de estas indígenas es un ejemplo de los miles de casos de personas inocentes que han sido encarceladas como represión del Estado porque se han atrevido a defender sus derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que en mayo de 2007 se realizó un operativo conjunto entre ejército federal y policías del Estado de Oaxaca en el que habían sido detenidos dos militantes del EPR que de inmediato fueron desaparecidos. En 2008 la CNDH hizo una recomendación sobre la desaparición de los dos

guerrilleros, la cual en marzo de 2009 fue rechazada por el gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz. El escritor Miguel Angel Granados Chapa denunció que con ese rechazo el gobernador se incriminaba como cabeza del aparato que había capturado a los dos miembros del EPR, pues de lo contrario no tendría empacho en investigar la conducta de los agentes policíacos a sus órdenes. Lo sucedido en Atenco ha resultado sumamente escandaloso. Por esto mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había atraído ese caso. Después de mucho tiempo, en febrero de 2009, el ministro José de Jesús Gudiño presentó un dictamen para que fuera examinado por el pleno de los ministros. Se constataba que habían sido gravemente violadas las garantías individuales y los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos, y el derecho a la justicia. El documento sostenía que el uso de la fuerza pública había sido ejecutado de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, e indolente; que el Estado mexicano había utilizado a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria. La actuación de las autoridades resultaba negativa, pues infundía desconfianza en el Estado, y miedo que eran terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Pese a la contundencia de esas acusaciones, el dictamen de la SCJN se desmarcaba de la recomendación que había emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la violación de garantía de menores de edad y del joven que había muerto a consecuencia de un disparo. La Corte aducía que no tenía elementos que demostraran que el disparo había venido del arma de un policía. Aunque en el caso de las mujeres se apuntaba que las agresiones denunciadas por ellas pudieran configurar actos de tortura proscritos por el derecho internacional y nacional. Se decía que los policías habían violado la libertad sexual de las mujeres remitidas a prisión. El dictamen cuestionaba la actitud asumida por las Procuradurías (la federal y la del estado de México) las cuales no habían llevado a cabo las pruebas periciales necesarias, ni habían recogido los testimonios que se requerían para investigar las denuncias de abuso sexual. Pero la mayoría de los ministros no quería llegar hasta los responsables de arriba, y buscaban con su resolución otorgar impunidad a altos funcionarios. En la discusión uno de los ministros, Genaro Góngora, argumentó que sí había elementos suficientes para considerar que un joven había muerto como consecuencia de un disparo de un elemento policiaco; los demás exculpaban de ese asesinato a la policía. El ministro Góngora inculpaba directamente al Estado al señalar que lo ocurrido había sido un acto de venganza en que habían intervenido mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias instauradas en los años setenta en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Vietnam y México. Planteó que de su naturaleza táctica se derivaba la imposibilidad de que fuera una acción improvisada, pues se trataba de un operativo que no

podía surgir por azar, sino que requería una planificación anticipada. No podía haber sido sino el resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. Para ese ministro se había tratado de un operativo que no hubiera podido llevarse a cabo sin un mandato de altas autoridades políticas, y condenó duramente la brutalidad excesiva de esa represión. Sus colegas no estuvieron de acuerdo con él. Aunque la mayoría aceptaba que se habían cometido violaciones graves en el uso excesivo de la fuerza pública, diez de los once ministros exculparon al gobernador del estado de México (que era el candidato más fuerte por parte del PRI a la candidatura presidencial del 2012) y al que fuera Secretario de Seguridad Pública federal cuando la agresión al pueblo de Atenco y que actualmente es el Procurador General de la República. Siete ministros dijeron que las violaciones habían sido cometidas sólo por algunos policías y algunos mandos medios. La resolución de la Corte fue que se ampliaran las investigaciones para emitir lineamientos y consideraciones, y concluyó que debían aprobar leyes y reglamentos que normaran el uso de la fuerza pública. Ante esto, miembros del movimiento de Atenco gritaron que los ministros eran corruptos y asesinaban a la justicia. La Presidenta de la Comisión de derechos Humanos del Senado, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, declaró que con la decisión de la Suprema Corte el máximo tribunal del país quedaba mal y desprestigiaba y negaba la justicia a las víctimas. El Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria consideró que era lamentable que la SCJN no hubiera querido ejercer sus facultades para señalar a los responsables de más alto rango que habían planeado y ordenado los operativos policiacos en Atenco. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desde Barcelona, comentó que la resolución de la SCJN consumaba una vez más la impunidad con que el Estado mexicano respondía a las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales. Las conclusiones de la Suprema Corte en el caso Atenco confirmaban la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado. A la represión violenta que habían sufrido los campesinos de Atenco ahora debían sumar una represión jurídica, pues se conculcaban sus aspiraciones legítimas de obtener justicia. La abogada Magdalena Gómez escribió que, por cálculos políticos, se había llegado a una justicia fallida. Se hacía notar que resultaba además aberrante que a un luchador social, que no había matado ni robado a nadie, que no consumía ni vendía droga, por defender sus tierras se le condenara a más de cien años de cárcel, condena que no tenían los más grandes criminales ni los narcotraficantes. En sus fiestas del carnaval de 2009 el movimiento de campesinos de Atenco incluyó en su tradicional ritual la exigencia de la libertad de sus presos. Hubo comentaristas que señalaron que si en 2006 hubo una macrorrepresión en Atenco, en 2009 campeaba en el país una macroimpunidad. La resolución de la Corte de dio en un contexto que fue calificado por un ministro retirado como de ira ciudadana debido a fallos pro-oligárquicos y anti-

populares de los ministros y por el escandaloso monto de sus salarios (que con prestaciones llegan a más de medio millón de pesos mensuales) frente a un pueblo sumido en la miseria que se agrava con la crisis. El periódico El Universal se preguntaba en marzo de 2009 qué clase de confianza podrían tener los ciudadanos en un poder judicial que vivía en injuriantes condiciones de privilegio que atentaban contra la sensibilidad social y el sentido de justicia. También en marzo de 2009 integrantes de la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, entre los que se encontraban el obispo Raúl Vera y el dominico Miguel Concha, llegaron en caravana al penal donde se encuentra Ignacio del Valle y 14 presos políticos más. Se les negó entrevistarse con los presos con el argumento de que había alerta máxima para esos detenidos. A las autoridades de la prisión se les dieron argumentos para hacer ver que se trataba de presos políticos y que el sistema de justicia se había utilizado en contra de ellos en forma facciosa, que no eran delincuentes sino integrantes de un movimiento en defensa de la tierra. Un diputado que estaba en la caravana señaló que las autoridades penitenciarias eran cómplices de tener presos a inocentes. Los integrantes de la caravana hicieron un llamado a continuar la lucha para no dejar que los gobernantes manejaran las leyes a su antojo. La actuación de la Suprema Corte en Atenco siguió la misma ruta que su intervención en el caso de Lydia Cacho donde la mayoría de los ministros, descarada y cínicamente, habían protegido al gobernador de Puebla. Lo único que se logró en el caso de Lydia Cacho había sido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en marzo de 2009, por haber detectado elementos probatorios para determinar que la periodista había sido sometida a tortura física y sociológica y que habían sido violados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, protección a la salud, a la integridad y seguridad personal, emitió una recomendación a los gobiernos de Puebla y de Quintana Roo para que se investigara a quienes habían participado directamente en la detención de la periodista y se reparara el daño; pero quien había dado la orden de ese atropello, el gobernador poblano quien, por difusión de comunicaciones telefónicas, había sido evidenciado ante la opinión pública como el principal responsable, quedaba en la impunidad. En el contexto del día internacional de la mujer varias organizaciones civiles (entre las que se encontraban la agrupación Eureka y la denominada Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio) se manifestaron frente al edificio de la Suprema Corte con la demanda de la presentación con vida de más de medio millar de desaparecidos políticos. Retumbó la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En particular se demandó la presentación de las mujeres desaparecidas durante la guerra sucia, y que se hiciera justicia a las mujeres agredidas en los operativos de Atenco. Con motivo de las celebraciones del de la mujer las zapatistas realizaron un encuentro

internacional que dedicaron a una madre de desaparecidos políticos. Estuvo en esa celebración una mazahua que había sido vejada y encarcelada en los operativos de Atenco quien compartió con las asistentes los mensajes de solidaridad y amor que recibió durante su cautiverio. La capitana Elena inquirió hasta cuándo dejarían de molestarlas los malos gobiernos, pues cuando las mujeres se organizaban y protestaban eran perseguidas, ultrajadas y hasta asesinadas.

Pese a la permanencia de la represión, ésta no ha podido impedir la resistencia popular. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca realizó su segundo congreso para recuperar y darle continuidad al proceso interrumpido por la represión. Se hicieron propuestas de gobierno alternativo por medio de las asambleas. Se planteó una nueva forma de hacer política, de hacer y ser gobierno desde abajo recuperando la experiencia previa a la represión. Los grupos que en 2009 han estado reflexionando sobre la represión recalcan que ésta es una acción unilateral del Estado para contener a quienes lo ponen en cuestión. La represión inculca miedo e impone la violencia para mantener el poder contra los que luchan y resisten. La justicia del estado y sus leyes son parte del sistema de una dominación represiva. Estos grupos han subrayado que las represiones obligan a los movimientos a centrarse en los mecanismos legales para sacar a sus presos, y que sin que eso deje de ser importante habría que cuidar que eso no consumiera todo su esfuerzo. Examinaron diversos escenarios que montaba el Estado para encarcelar a los luchadores sociales. Se atendió a las infiltraciones policiacas en los movimientos, a los provocadores pagados, y a los provocadores espontáneos. Plantearon que desde los propios movimientos se podían facilitar y activar represiones por actos irresponsables. Había que aprender de los propios errores. También se hizo ver que así como Estado aprendía de los movimientos para tratar de controlarlos, los movimientos debían también aprenden de la represión gubernamental para tratar de evitarla y para saber enfrentarla, pues cuando llegaba se respondía con mucha improvisación y voluntarismos poco eficaces. Ante las tesis que decían que la represión era inevitable, se planteaba que era factible evitar la represión, pues no había determinismos ni absolutos en el rejuego político. Había que aprender a leer los signos de la represión. La represión quería convencer que lo único para evitarla era no luchar, y eso era falso. Había que darle la vuelta a la manera de ver y enfrentar la represión. No había que esperar a tener presos y golpeados para pensar en la represión. Había que examinar las vías para desactivarla. La represión no era unívoca. Es decir, había muchas modalidades de represiones. Por ejemplo la cooptación era una de las maneras de la represión. También existía una represión estructural que se manifestaba en la vida cotidiana. Había represiones que iban contra la familia para desactivar movimientos. Se veía a la acción solidaria como

un elemento inhibitorio de la represión. Había que hacer planes para no ser reprimidos y para revertir los episodios represivos. Un convencimiento que se iba extendiendo era que entrar a los espacios y los tiempos del poder ponía en condiciones muy frágiles a los movimientos. Que éstos se debían salir de esos escenarios y construir desde sus propios espacios y tiempos. También la visibilidad exponía. Había que luchar soterradamente. Había muchas formas de autodefensa en los barrios y comunidades que no eran visibles para el poder. Otro elemento era la información. Había que estar muy bien informados del propio movimiento. No había que dejar de impulsar la lucha popular desde lo cotidiano, y la lucha de solidaridad teniendo en cuenta sus diversas modalidades directas e indirectas. Desde la solidaridad y desde la construcción de autonomías se podía encarar eficazmente el ambiente represivo. Se veía que desde una perspectiva de largo plazo la lucha contra la represión tenía que estar dirigida a la construcción y generalización de procesos autonómicos y autogestivos que fueran poniendo en cuestión la reproducción del Estado y del capitalismo. Una conclusión de esta reflexión era que no había que encarar la represión desde la lógica de los de arriba, sino desde la lógica del proyecto de los de abajo.