2潞 Congreso del Sector Estatal de Administraci贸n Auton贸mica
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Informe
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INFORME
Por mandato Confederal realizamos, hoy, el II Congreso del Sector Estatal de Administraciones Autonómicas de FSC CCOO. Nuestro Congreso de constitución se planteaba, básicamente, el objetivo de consolidar el sector, haciendo confluir la diversidad de la acción sindical en una actuación coordinada para lograr una mayor fortaleza federativa y una mejor acción sindical hacia los colectivos que representamos. Nuestra propuesta de entonces se basaba, tanto en la colaboración y coordinación interterritorial que permitiera aunar esfuerzos y dar respuestas conjuntas a los problemas comunes, como en insertar esas propuestas en los centros de trabajo, haciendo a las y los trabajadores partícipes de su reivindicación y protagonistas de nuestra acción sindical. A falta de mejor denominación, hablábamos de “microsindicalismo”. Es obvio que este informe debe concluir que el objetivo no se alcanzó. Son dos los principales motivos que lo han impedido. El primero, la escasez de tiempo material. Este mandato, si bien por días, no ha cumplido un año. No preveíamos ese escaso margen temporal para la consecución de tan ambicioso proyecto teniendo en cuenta el punto de partida. El segundo, más relevante, los efectos de la puesta en marcha del plan que, tanto el Gobierno del partido Popular, como sus adeptos gobiernos de CCAA, tenían previsto impulsar para la transformación del sector público –no sólo el autonómico, pero éste especialmente- en fuente de recursos y yacimiento de empleo para el sector de mercado. Algo adelantábamos en el documento de constitución del sector, alertando sobre la estrategia de los gobiernos ante la crisis, basada en la centralización de la gestión para reducir empleo y homogeneizar a la baja las condiciones de trabajo de su personal asalariado. También desarrollábamos la actitud con la que el sector debía afrontar la coyuntura y, no obstante, la realidad nos ha superado. El ingente trabajo territorial, compatibilizando la acción reivindicativa, gobernando la respuesta social y laboral y planteando propuestas ante una, más que prepotente, patronal cerrada al diálogo social, ha dificultado una perspectiva más amplia, de respuesta conjunta ante una agresión que nos es común. 7
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Aunque es preciso reflexionar sobre el árbol y el bosque, conviene hacerlo considerando el lugar desde el que el sector inicia su andadura. Este sector estatal no tiene ámbito negocial propio. Si entre todas y todos conseguimos consolidarlo, será el conjunto de la representación territorial en las administraciones autonómicas y sus ámbitos de negociación. En sus inicios sólo es la totalidad de los sectores autonómicos de territorio, unitariamente considerados. Heterogéneos respecto a sus ámbitos de intervención y representación, en relación a las condiciones de trabajo de los colectivos que abarcan, acerca de las propuestas de intervención sindical y respecto de la capacidad y ámbitos de negociación. En este año, el sector se ha transformado. Continúa siendo diverso y, no obstante, contra nuestro propio interés, presenta características comunes que lo uniforman. En mayor o menor medida, en todos los territorios, el sector ha retrocedido en cuanto a derechos laborales del conjunto de la población a la que representa y ha perdido capacidad de negociación y recursos sindicales. El detonante fue el RDL 8/2010 del Estado, que se ha prolongado e intensificado con el RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que se justificaba en la corrección de una “importante desviación del saldo presupuestario” para el conjunto de las Administraciones públicas. Sus efectos se cuantifican en una reducción del desequilibrio presupuestario en “más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto”. Las principales medidas son tres. La fijación de las retribuciones del personal del sector público, estableciendo una nueva congelación salarial para 2012 y la prohibición de aportación a planes de pensiones; la restricción de las políticas de contratación, y la reordenación del tiempo de trabajo, fijando un promedio semanal no inferior a las 37:30 horas. No sólo hemos perdido derechos laborales, nuestro prestigio profesional está en tela de juicio y, lo que siempre fue garantía de nuestra independencia respecto del poder político dominante, en el desempeño de nuestra labor pública, una cierta –que no absoluta- seguridad en el empleo, ha sido considerado prerrogativa digna de especial atención en la nueva reforma laboral del RDL 3/2012 y la Ley 3/2012 que sustituye a aquél. No sólo se ha introducido una medida de particular alcance en el ámbito de la relación laboral del personal de las administraciones públicas, como es la articulación del procedimiento de despido colectivo y objetivo, sino que, bajo el paraguas de la crisis, incluye una peculiar configuración de la causa económica y del procedimiento, concretado en el Reglamento de Despidos Colectivos del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. El cuadro se complementó con el RDL 20/2012, de 13 de julio, centrado específicamente en el sector público. La medida más destacada por sus efectos presupuestarios es la suspensión de la paga extra de diciembre, con un impacto general sobre el conjunto del sector público y del que algunas CCAA, utilizando
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técnicas de gestión presupuestaria, pretenden zafarse. Pero la norma va mucho más allá. Constituye el primer intento sistemático de erosionar las condiciones de trabajo, los derechos económicos y, sobre todo, colectivos, tanto respecto de la representación del personal como de la eficacia de la negociación colectiva. Las CCAA no han quedado, en absoluto, al margen. Con un marco competencial insuficiente o, al menos, discutible, han adoptado medidas de la misma orientación, incorporando nuevas estrategias, como la reducción de la jornada del personal interino y laboral eventual. En unos casos a golpe de Real Decreto Ley estatal, en forma de leyes autonómicas en otros, y mediante combinación de ambas, en la mayoría de las ocasiones, hemos visto desaparecer, en este año, los frutos del trabajo sindical de más de una década. Fruto de una reconocida subordinación del sistema de condiciones de trabajo y garantías del empleo público a los objetivos de política presupuestaria, podemos hablar, hoy, de un nuevo sistema de relaciones laborales. Un sistema que permite, tanto la corrección del déficit público por la vía de la utilización del despido, como la subordinación de los derechos laborales, fijados en la negociación colectiva, a la capacidad de disposición del legislador, o los gobiernos. Pactos, convenios y acuerdos han quedado legalmente invalidados sin necesidad de interlocución social. Coincidencias de sujetos entre nuestra patronal, el Poder Ejecutivo y su capacidad para dictar normas con rango de Ley, cuando no entre este último y el Poder Legislativo, ponen freno a la capacidad negociadora del sindicalismo de clase, último muro a derruir antes del trasvase mercantil de lo público. De aquí que, en estos momentos, nuestro rasgo más característico es la destrucción del empleo y los servicios que presta el sector. En nuestro ámbito de intervención, en el último año, se ha destruido 1 de cada 10 empleos y uno de cada 4 contratos temporales, de hace un año, se ha extinguido. Las áreas funcionales integradas en nuestro sector vienen presentando, desde el último trimestre de 2011, datos más negativos que la media del empleo público autonómico en su conjunto y, es evidente, peores que los soportados por los sectores autonómicos excluidos del ámbito de FSC (Enseñanza y Sanidad). Nuestra tasa interanual, al 3er trimestre de este año, está en negativo, -11,02%, mientras el empleo autonómico sanitario y de educación, unido, presenta una pérdida de -5.49%. El dato es aún más significativo cuando evidenciamos que, en el conjunto del empleo autonómico, nuestro sector representa el 27,21% del empleo, mientras que Enseñanza y Sanidad ocupan el 72,78% restante. Con el peor dato, Catalunya, seguida de Castilla La Mancha, Castilla León, País Valencià, Madrid, Andalucía y Galicia. Y sabemos de la posible desviación de datos en Comunidades Autónomas pequeñas, siempre sujetas a errores estadísticos significativos cuando manejamos la Encuesta de Población Activa (EPA). La ausencia de OPE y la rescisión de contratos hacen que nuestro empleo esté muy feminizado (5.5 puntos por encima de la media del conjunto del
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Informe empleo público) y presente una ridícula tasa de juventud (5,5% de menores de 30 años, frente al 19,4% del mercado de trabajo), población en la que, además, se concentra la mayor pérdida de empleo del sector. Nuestros 455.600 empleos públicos autonómicos, al 3er trimestre de 2012, se concentran, especialmente, en áreas de carácter social, técnico y de administración (el 57,17%). Ante la ciudadanía, somos empleo invisible o, peor aún, un gasto prescindible. Sin embargo y contra la tozuda apariencia, el sector de autonómicas presta servicios de orden público y seguridad; de protección civil; del patrimonio cultural, histórico, natural y medioambiental; servicios culturales y deportivos, de atención social a colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión; a la infancia y la juventud; a las mujeres; a las personas con discapacidad; a la tercera edad; a las personas inmigrantes. Prestamos servicios de ordenación del territorio, de vivienda; de infraestructuras; de gestión de montes, aguas, espacios marítimos. Gestionamos las políticas activas de empleo; la investigación y el desarrollo; las energías. Realizamos actividades de control e inspección; la ordenación de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural; la ordenación de la actividad comercial, la planificación de la actividad económica. Las CCAA tienen competencias en materia de publicidad, de turismo, de espectáculos, de estadística, protección de datos y un largo etcétera. Servicios públicos, todos ellos, sin los que el Estado de Bienestar no se sustenta. El empleo autonómico es tan invisible como necesario. Frente a los recortes y el deterioro progresivo de los servicios públicos que prestamos, el sector, aunque sería más apropiado decir los sectores autonómicos de los territorios, han venido sosteniendo innumerables movilizaciones, participado en dos huelgas generales, con mayor éxito que en ocasiones precedentes, e incluso convocado y protagonizado huelgas de empleadas y empleados públicos en algunas CCAA. Entre todas estas actuaciones, sólo una acción coordinada y conjunta. La jornada de lucha del sector de administraciones autonómicas. Reunidos en el único plenario del sector que ha sido posible realizar y en respuesta a una iniciativa federal que pretendía recorrer todos los sectores federales implicados contra los recortes en las administraciones y servicios públicos, el sector eligió el 14 de junio para expresar, en todas las CCAA, el rechazo a la destrucción de empleo y los recortes de derechos laborales que sufren las y los empleados públicos del sector. Decidimos que la jornada de lucha debía servir, además, para advertir a la ciudadanía que los gobiernos autonómicos están dejando de prestar servicios públicos esenciales y, en el mejor de los casos, deteriorando los que se mantienen. Entre tantas movilizaciones, la del día 14 sólo tuvo de especial que realmente fue sectorial. Prácticamente todas las CCAA convocaron actos. En bastantes, incluso, se convocó el mismo tipo de concentración y se desplegó la misma
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performance. El seguimiento fue muy similar en todos los territorios y, si alguna crítica cabe, es respecto de la coordinación, no de la puesta en práctica. Ciertamente la concertación de la jornada con UGT y el trabajo que derivó de esos acuerdos resultó más fructífero para esa central sindical que para CCOO, pese a que fueron abordados, en su práctica totalidad, por el sector. Los materiales para el evento, que estaban centralizados y fueron redactados y diseñados en nuestros ordenadores, no consiguieron llegar a los territorios con la antelación necesaria, mientras UGT empapelaba los centros de trabajo. Evidentemente soy responsable de lo ocurrido pero, si buscamos soluciones, creedme, sirvió para aprender mucho sobre varias cosas, entre ellas, sobre coordinación con UGT y sobre edición y distribución. La segunda y ultima de las cuestiones que el sector ha puesto en marcha y que, igualmente, fue decidida en aquel plenario, es la campaña de visibilización de los servicios públicos que prestamos. Lo que podemos evaluar, ahora, de una campaña pensada para un largo recorrido, es poco. El sector ha abordado dos programas en relación a la misma. El primero, en junio, coincidiendo con el inicio de las campañas autonómicas de prevención y extinción de incendios, sobre Patrimonio Natural. El segundo, muy recientemente, sobre violencia de género, haciéndolo coincidente con el Día Internacional para su erradicación. En ambos casos, los programas se pretendían abordar cumpliendo los objetivos, acciones y metodología previstos y aprobados por el sector. La finalidad, doble, acercarnos a los centros de trabajo y a la ciudadanía. La perseverancia de pocos ha conducido a realizar una pequeña parte de lo planificado. En el primero de los programas, en colaboración con la secretaría federal de medio ambiente, realizamos un vídeo que fue presentado, junto con los datos extraídos de las CCAA, en rueda de prensa. En el segundo, con la secretaría federal de la mujer y el sector estatal de la local, logramos hacer un vídeo. Contando con que resta mucho camino entre lo pretendido y lo hecho, el número de reproducciones puede ser un dato para la evaluación. El primero, alojado en la página confederal de YouTube, con 372 suscripciones, cuenta – seis meses después de su puesta en marcha- con 1124 visitas. Muy por encima de la media de reproducción de la página (alrededor de 96 por vídeo). Sólo superado por los vídeos relativos a la huelga del 29M protagonizados por Joaquín Sabina (1859 reproducciones) y Joan Manuel Serrat (1332r) y la constitución de la plataforma de defensa de lo público (1505r). Nuestro vídeo también contó con 103 reproducciones alojado en la página de YouTube de la Confederación andaluza de CCOO, aunque en formato descargado, que pixela, y habiendo sido editado para eliminar el único logo de CCOO que contenía. El segundo se alojó en la página federal, recién creada, de YouTube. En una semana se han contabilizado 1009 reproducciones (a fecha 02/12/12). Contando con que la página alberga 3 vídeos y cuenta con 8 suscripciones, podemos afirmar que la distribución fue más oportuna y estuvo mejor realizada.
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Informe También se publicaron en la página web federal aunque, esta última, no facilita datos sobre visitas realizadas. En todo caso, los datos son incomparables a las cerca de 720 mil reproducciones de un vídeo como “Respira” y, por tanto, poco viral para nuestras pretensiones. Desgraciadamente, porque el deterioro de los servicios que prestamos y la destrucción de empleo que sufre el sector están en sus inicios. Las tasas negativas de empleo, desde el 4º trimestre de 2011, encadenan cuatro trimestres consecutivos de pérdida neta, en tasa intertrimestral, y tres en tasa interanual, de forma progresivamente ascendente. Todos los indicadores advierten la tendencia al incremento de la destrucción de empleo. Con carácter previo a la entrada en vigor del Reglamento de Despidos Colectivos y considerando que los datos estadísticos disponibles no son desagregables y pueden considerarse especialmente referidos a empresas públicas y al sector de la administración local, la tendencia muestra que, si bien hasta 2009 las administraciones públicas no registraban la aprobación de medidas de regulación colectivas de empleo, los datos acumulados hasta los dos primeros trimestres de 2012 muestran un incremento del 17,32%, con una incidencia interanual, al 2º trimestre de 2012, del +61,5%. El 26,9% de las aprobadas fueron de suspensión y el 21,7% de reducción. En adelante, tras la redacción de la Disposición 2ª de la Ley 3/2012, la Disposición adicional 20ª y el alcance de la Disposición Adicional 22ª del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET), sólo las administraciones públicas, en sentido estricto, podrán invocar la causa económica derivada de insuficiencia presupuestaria –una reducción de créditos presupuestarios parece suficiente a tenor del Reglamento- y siempre serán medidas extintivas, sin el recurso a fórmulas menos drásticas, como la suspensión de contratos, ni a los sistemas de protección del empleo privado. Las desigualdades en el tratamiento a los colectivos de empleadas y empleados según el sector sea público o privado, y entre los colectivos de personal del sector público según procedan de administraciones públicas o de entes y empresas dependientes de estas, alcanza su colofón en el interno de las administraciones públicas. El empleo de la normativa laboral, omitiendo la existencia de un Estatuto del Empleado Público, ocasiona, además, la aplicación de una prioridad de permanencia específica, según la modalidad de ingreso. Podemos hacer una estimación del empleo del sector susceptible de extinción por esta vía. Considerando los últimos datos del Registro Central de Personal de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, referidos a julio de 2011, el empleo estimado, sujeto a relación funcionarial, en nuestras áreas de intervención, se sitúa en el entorno de los 185.000 puestos de trabajo. El resto, sujeto a relación laboral, y al Reglamento, se encuentra en el entorno de 270.000 trabajadoras y trabajadores, incluido el sector público mercantil. Son muchos puestos de trabajo para no enfrentar previsiones y soluciones conjuntas cuando, además, no implica que el resto del sector público, sujeto a relación funcionarial, se encuentre “a salvo”.
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El marco europeo hace albergar dudas respecto a seguridad alguna, Las recomendaciones, tanto generales para todos los estados miembros, como específicas para España, unidas a la Declaración Final de la Misión evaluadora del Fondo Monetario Internacional del 14 de junio, reiteran la necesidad de cumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de todos los niveles de la administración, advirtiendo inmediatamente a algunas regiones de una rápida intervención si no logran responder a tiempo. El 10 de julio el ECOFIN insta a España a la rápida conclusión del Memorando de Entendimiento vinculado al rescate financiero solicitado por el Gobierno del Estado para la recapitalización del sector bancario. El Consejo de Ministros del 27 de septiembre aprueba ambos documentos que se presentan bajo la denominación de “Estrategia Española de Política Económica”. En estos momentos, el Programa Nacional de Reformas ha dejado de ser un instrumento de ordenación y planificación de la acción del Gobierno dentro de la Estrategia Europea y pasa a ser un contrato impuesto, plagado de advertencias y penalizaciones en caso de incumplimiento, anexado de forma indivisible al Memorando de Entendimiento. Además, el Gobierno no ha renovado el Protocolo de participación de los interlocutores sociales, cercenando cualquier cauce de información y consulta sobre el contenido y los efectos derivados del Plan Nacional de Reformas. España se compromete a cumplir con el nuevo calendario establecido (6,3% del PIB en 2012, 4,5% en 2013 y 2,8% en 2014), pero el margen de un año se aplica en exclusividad a la AGE, forzando a las CCAA a cumplir con los objetivos del déficit establecidos con anterioridad. Empleo, Sanidad, Educación, Dependencia y Servicios Sociales, concentran el grueso del gasto autonómico y serán, sin duda, las destinatarias de los nuevos programas de ajuste. El sector público es el foco de mayor control para cumplir con la consolidación fiscal y la reducción del déficit. El cuestionamiento de los servicios que presta la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, amparándose en su elevado coste de mantenimiento, su supuesta ineficiencia o la duplicidad de la prestación entre administraciones, pretende imponer los argumentos privatizadores sobre el interés social, lo que conduce a la renuncia de la presencia pública en sectores que son decisivos a la hora de introducir factores redistributivos de la riqueza o que garantizan la cohesión social. Podemos apreciarlo en la evolución de los Presupuestos. En 2011, los presupuestos iniciales, consolidados, de las Administraciones Autonómicas contenían una previsión de gasto de 174.520.256,6 miles de euros, con un crecimiento del 0,61% en los tres primeros años de la crisis. Entre 2010 y 2012 se consolida una fuerte tendencia de contracción del gasto público (-10,2). Adicionalmente se declaran no disponibles créditos por el 4,05% del presupuesto inicial de este ejercicio. El importe total, 6.675.000 miles de euros supera el compromiso conjunto de las CCAA adoptado a través de sus planes económico-financieros, para este año. Como reflejo de las políticas en curso, solo en Capítulo 1 (Gastos de Personal), y por tanto en gestión directa, todas las áreas funcionales presentan
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Informe minoraciones efectivas de gastos en el último año. Las más significativas corresponden a: Investigación, Desarrollo e Innovación
-18,84%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
-16,83%
Servicios de Carácter General
-14,91%
Industria y Energía
-13,17%
Administración Financiera y Tributaria
-9,38%
Cultura
-6,81%
Infraestructuras
-5,68%
Servicios Sociales y Promoción Social
-4,70%
Los datos son escalofriantes en servicios como investigación, desarrollo e innovación que, no solo tiene la pérdida mayor sino que partía, además, de un escaso montante presupuestario. Para abundar, contando con la previsible evolución negativa del gasto en políticas de empleo al cierre de este ejercicio, la tendencia permite identificar, como estrategia de nuestros gobiernos autonómicos, la renuncia a las políticas activas en economía y empleo, la pérdida de derechos y prestaciones sociales y el mayor ajuste sobre las áreas de administración y servicios generales, que experimentan un pérdida de gasto, entre 2008 y 2011, del -16,72%. Todo ello cuando dudamos si prevenirnos más respecto de alguna de las CCAA que no han solicitado adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2012, o sobre las nueve que, a 3 de diciembre, a pocas horas de finalizar el plazo, han pedido liquidez al Gobierno con cargo al mismo. En resumen, si en algún momento el sector estatal de autonómicas fue innecesario, ese momento desapareció. Hoy es imprescindible consolidarlo, y lo antes posible. No podemos dejar a un lado nuestro árbol pero hay que prestarle atención al bosque. El documento de trabajo del sector plantea objetivos alcanzables, acciones concretas que podemos abordar. Hacerlo posible requiere profundizar en la coordinación. En este sentido, el trabajo realizado hasta el momento ha devenido insuficiente. Han influido el tiempo disponible desde el congreso de constitución y el momento que atraviesa el sector. Incluso el propio proceso congresual del sindicato, que ha renovado parte de la Comisión Ejecutiva del Sector en estos últimos meses, pero también cierta impermeabilidad que ha detenido la acción en la superficie del sector. La intención de futuro es penetrar hacia los centros de trabajo y hacerles fuente, protagonistas, del trabajo colectivo. Es un salto cualitativo que está a nuestro alcance y que va a requerir de ciertas dosis de innovación respecto a los instrumentos de comunicación que nos serán de utilidad. El sector necesitará reforzar el uso de su Site y los grupos de
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trabajo virtuales asociados al mismo, así como las herramientas de Google y las confederales para mantener el contacto mediante videoconferencia. Construir la relación personal será tan importante como profundizar en el uso de las tecnologías que han permitido, hasta ahora, la coordinación, para mejorarla. Hemos de abordar proyectos de intervención en redes sociales con la finalidad de atraer y hacer posible una mayor participación de las y los trabajadores del sector y ampliar nuestra afiliación siendo propositivos. Emprenderemos acciones formativas, tanto para familiarizarnos con las nuevas tecnologías de la comunicación que esta acción demanda, como para poder intervenir en la gestión de la problemática del sector, especialmente de reordenación del empleo, con la creatividad que requiere la situación. El balance actual sobre la campaña de visibilización de los servicios públicos sólo indica que los programas debieron abordarse de forma más integral. La difusión de los servicios públicos que prestamos y de nuestra profesionalidad en su desempeño sigue siendo necesaria. Se trata de abordarlos desde la programación y gestión eficaz, con la participación directa de las y los trabajadores implicados y con una más planificada red de distribución hacia la ciudadanía. Uno de nuestros mayores retos será la recuperación de la negociación colectiva. En una planificación que se evidencia más que coordinada por parte de las CCAA y que avala el Estado, el sector reclama, de la Federación estatal, un mayor espacio de interlocución. Una mayor presencia en los ámbitos de decisión y participación sobre las normas estatales generales y los marcos presupuestarios globales. Más allá de cómo se vehicule y en el marco de la política de acción sindical federal, debemos tener voz, propuesta, en foros donde decisiones, que se pretenden de Estado, han de instrumentarse en las CCAA, a costa del empleo y los derechos de quienes representamos. El ataque a los servicios públicos y, somos conscientes, al sindicalismo que hacemos, implica una necesaria unión de fuerzas. Las del sector estarán disponibles para la coordinación con el resto de estructuras federales implicadas en la defensa de lo público y, también para la conexión interfederativa en el seno de CCOO. Mirar por nuestros intereses es, hoy, abrirlos al concepto de empleo público con voluntad de restar diferencias a las impuestas por las normas. Esperamos contar con más de un año para lograr nuestros objetivos pero no podemos esperar un año a hacerlos efectivos. Tampoco vamos a contar con más recursos sindicales en un momento en que, precisamente, carecemos de ellos. Nos hará falta una gran dosis de imaginación y esfuerzo. Esto no significa que el sector renuncie a una mejor organización. Ni siquiera supone un aplazamiento sine die. Implica hacer camino. Construiremos, entre todas y todos, un equipo de trabajo, una Comisión Permanente según el texto de la Ponencia Federal al 2º Congreso de FSC-CCOO, para la Comisión Ejecutiva del Sector y contaremos con la Asamblea sectorial, que prevé los Estatutos federales, para convenir las ampliaciones que pudieran producirse, conforme a su función y bajo el mejor aprovechamiento posible de los recursos.
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DIAGNÓSTICO
Hace apenas un año, en el congreso de constitución del Sector Estatal, evaluábamos la situación crítica del sector público autonómico y su empleo público. El peor de los escenarios que contemplábamos entonces se ha confirmado largamente y, en la actualidad, los gobiernos, europeo, estatal y autonómicos han avanzado en su estrategia ideológica de ajustes, con la pretensión de sustituir el modelo de Estado de bienestar, construido colectivamente por la sociedad española a lo largo del periodo democrático, presentándolo como insostenible económicamente. La situación de crisis ha sido ampliamente diagnosticada en los documentos congresuales, tanto confederales como federales. Correspondería aquí abundar, exclusivamente, en sus repercusiones específicas sobre el sector autonómico, no obstante, es imprescindible enmarcarlas en el cambio de modelo social que afecta al conjunto del sector público. En primer lugar convendría reconocer que se trata de un nuevo fenómeno, no más esperado por ampliamente anunciado, del que podría decirse que tiene su origen en la doctrina de la “Nueva Gestión del Sector Público” (NPM) del tardo-Tacherismo alemán y español, que importan –e imponen- su énfasis en la desregularización, privatización, marketización y austeridad fiscal. Con el telón de fondo del ajuste fiscal, las políticas en curso se orientan a drástico recorte de los derechos sociales y servicios públicos a la ciudadanía. El sector y el empleo público constituyen uno de sus objetivos preferentes. Un erróneo modelo fiscal, combinado con la falta de recursos de inspección y concentrando la recaudación en la imposición vinculada al consumo y las rentas del trabajo, que han visto disminuida su capacidad de compra, está produciendo la contracción del consumo interno como motor de crecimiento y restando los ingresos públicos necesarios para la inversión y las políticas públicas de intervención social en servicios básicos y estratégicos. El consumo y el gasto de las AAPP, que contribuyeron en los primeros años de crisis al sostenimiento de un cierto nivel de dinamismo económico, contribuyen negativamente al crecimiento desde el inicio de la presente legislatura.
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El objetivo ideológico no es otro que la progresiva mercantilización del sector público acompañado de la contracción de la participación directa del Estado en la actividad económica. El modelo propone una reformulación del rol del Estado que, de prestador de servicios, pasa a convertirse en mera autoridad reguladora de la operación privada. Los primeros pasos, necesarios pero no suficientes, ya se han producido. Alegando duplicidad de servicios e Instando a la necesidad de austeridad, las administraciones abordan procesos aparentemente contrapuestos, simultaneando la privatización con la reducción y simplificación, tanto del sector público instrumental, como de los criterios de colaboración interadministrativa. El nuevo modelo de prestación de servicios, basado en la competencia exclusiva, contiene una minoración de la financiación para la proximidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y la eliminación del empleo público que la cooperación generaba. El mismo efecto provoca la concentración, otra de las fórmulas empleadas para la reducción del déficit público. Una reordenación que implica, más allá de la pérdida de los derechos socio-laborales de los distintos colectivos que componen el sector, una pérdida neta de empleo público que, siendo muy significativa en estos momentos, se está dotando de nuevos instrumentos para posibilitar la pérdida de mayores contingentes. Una anunciada reforma administrativa del sector público, siendo imprescindible, puede asentar esta reformulación del papel económico del Estado que, de no contener criterios solidarios y de redistribución de la riqueza, tendría repercusiones en la actividad de las administraciones públicas, su empleo y los derechos que, hasta hace poco, le eran inherentes. Pero también en las personas administradas y la economía en general. Entre las primeras cabe destacar una mayor reducción del papel del sector público en la economía como productor de bienes y servicios, especialmente en aquellos que el mercado considera con más potencial lucrativo, y con ella, el posible desarrollo de nuevos marcos normativos sobre acceso a los servicios públicos –ya iniciado con el copago de alguno de ellos- entre los que caben:
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La determinación de “tipología” de servicios: servicios esenciales, servicios necesarios, otros servicios.
El paso, desde el actual derecho subjetivo, a la objetivación – interesada- del derecho
Del actual sistema de garantía al de subvención a empresas y familias.
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Para las personas administradas, la ciudadanía, el impacto puede concretarse en mayor:
Pérdida de la garantía de igualdad en el acceso y la calidad de la prestación.
Desequilibrio en el presupuesto de los hogares, recuperando las prestaciones de beneficencia: aumento de la desigualdad económica y de género.
Alejamiento del servicio público respecto del entorno de las personas usuarias.
Respecto del empleo y la economía general, podemos prever:
Continuidad y recrudecimiento del ajuste en términos de pérdida de empleo neto en todo el sector público, incluyendo el despido colectivo y con independencia de la relación jurídica de empleo.
Persistencia en la confrontación entre los distintos colectivos de empleadas y empleados públicos
Perdida de derechos laborales. Movilidad geográfica y funcional. Salarios en disminución.
Menor participación del sector público en el sostenimiento económico general.
Decremento de los recursos recaudatorios con incremento de las necesidades sociales
Hasta el momento, la fórmula empleada para llevar a cabo esta reforma sin precedentes ha sido la imposición, vía normativa del ejecutivo con rango de Ley. La suficiencia parlamentaria derivada de las últimas elecciones políticas junto con, bien la complicidad, bien la lentitud de los tribunales, han determinado la práctica desaparición de la negociación colectiva y la concertación social en el sector público. El debilitamiento de los sindicatos y su poder de negociación es de las pocas fronteras que restan por salvar para la consolidación del modelo que se pretende. El RD-Ley 20/2012 aporta un avance significativo del Ejecutivo, en ese camino, con la reducción directa de créditos y permisos sindicales y la previsión del mantenimiento futuro de la medida, mediante la modificación de las unidades electorales y el filtro que puede suponer la creación del nuevo registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con capacidad para la creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral y de secciones sindicales. Amén de la ratificación que supone respecto de las medidas de igual calado emprendidas por las CCAA.
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ESPECIFICIDADES EN EL SECTOR AUTONÓMICO
En este marco general, el sector estatal continúa siendo el conjunto de las especificidades de cada administración autonómica concreta. En cada ámbito contiene características especiales derivadas del PIB respectivo, su composición en términos productivos y sociales, la mayor o menor suficiencia y composición de los ingresos públicos y las diversas soluciones adoptadas, por los distintos gobiernos, para la contención – en unos casos- o reducción de su déficit, también diferente. Al margen de estas diferencias de partida y de la mayor o menor identificación de cada gobierno autonómico con la política del Gobierno Central, prácticamente todas las CCAA han venido reduciendo el gasto público y, con él, sesgando los derechos socio laborales de los distintos colectivos que emplean, bien utilizando su propia capacidad legislativa, bien amparados por la del Estado o, en algunos casos, combinándola. Especialmente indignante es la reducción del tiempo de trabajo, y correspondiente salario, de amplios colectivos de empleadas y empleados públicos con empleo temporal, a quienes, prácticamente, se condena a una indigencia inmediata que puede devenir en un posterior despido barato y de menor prestación social. Y, esta lectura, porque la característica más definida del sector público autonómico es la perdida de empleo. El empleo asociado al sector público, que durante la primera etapa de la crisis se había mantenido como estabilizador de la economía y factor de cohesión social, refleja los efectos que, sobre los servicios de no mercado y el sector público en su conjunto, promueven las políticas de ajuste indiscriminado del gasto público. Con datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) el empleo publico de las CCAA, de competencia de esta Federación, a nivel estatal (esto es, excluidas enseñanza y sanidad), presenta tasas interanuales de destrucción de empleo superiores a las del conjunto del empleo público (-3,97%) y del mercado de trabajo general (-6,29). Nuestro sector, que sólo agrupa el 27,5% del empleo autonómico total, soporta el 55,2% del empleo destruido. Concretamente 39.300 empleos menos en el último año; el 7,7% del existente un año antes.
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La percepción social, no obstante, es tozudamente contraria a la realidad de los datos. La ciudadanía se siente especialmente afectada por la pérdida de empleo en los servicios educativos y sanitarios mientras los ajustes se están concentrando en otros servicios y prestaciones públicas, de menor visibilidad y, por tanto con menor coste social, pero igualmente esenciales. Gestión de empleo, medio ambiente y protección del medio natural, patrimonio y difusión cultural, políticas de igualdad, política territorial, servicios sociales e investigación, entre otros. De momento, la perdida de empleo en nuestro ámbito de intervención sindical se concentra en el temporal (-19,2%), generando un descenso de la temporalidad que se sitúa ahora en el 20,5%. Esta destrucción de empleo afecta especialmente a las personas más jóvenes (-10,01%) y los varones (-14,58%), generando una tasa de feminización del 61,75%. Además, podemos estimar que el incremento de la jornada laboral del personal fijo, en 1,5 horas semanales de media sin incremento retributivo, con medidas de gestión, tiene capacidad para cubrir 18.884 empleos efectivos, que podrán ser eliminados con escaso coste para las CCAA al asociarse a la pérdida de condiciones de jornada y retribuciones de un contingente importante de personal temporal y a la disminución general de los salarios y condiciones de trabajo de todo el sector público. La difícil situación actual no apunta a una perspectiva de futuro más alentadora. Con un grave problema de fiscalidad, las CCAA se enfrentan a una financiación insuficiente, debido a un sistema de ingresos estructuralmente deficitario, y son dependientes del Estado para la realización de sus cometidos. De consolidarse el modelo, las administraciones autonómicas podrían quedar como gestoras exclusivas de servicios públicos de alto coste y escaso valor recaudatorio, con importantes pérdidas de autonomía política, financiera y de gestión que implicarían la consiguiente reducción de servicios y estándares de calidad que, a su vez, implicará mayores ajustes en términos de reducción de empleo público. En ese escenario, las condiciones sociolaborales del personal del sector podrían continuar a la baja –de momento ya se conoce su congelación-. Su minoración y el recorte de la capacidad de interlocución sindical son elementos necesarios para la colaboración público-privada o, directamente, la privatización. Obviamente esta situación no es irreversible. Nada lo es en una organización social. Por ello, el sector estatal de administraciones autonómicas se plantea los siguientes
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OBJETIVOS
Abundando sobre las soluciones que el sindicalismo confederal y federal de CCOO ya aporta, el sector se compromete a
Favorecer una imagen positiva del servicio y empleo público, frente a posiciones de desacreditación de lo público, como expresión de garantías ciudadanas.
Contribuir a la resistencia contra el deterioro del actual Estado del Bienestar, insistiendo en la dignidad de todas las personas y la garantía de la universalidad de los servicios públicos como principal objetivo, evitando su dependencia de la operación de mercado o los beneficios de las empresas.
Aportar para la organicidad y la coordinación con el resto de sectores y federaciones de CCOO afectados.
Y, específicamente, en
Defender el empleo público estable, profesional, cualificado, seguro y de calidad, como base para el mantenimiento de unos servicios públicos garantes de la cohesión social y la promoción del crecimiento económico y del empleo productivo
Promover la recuperación de la negociación colectiva
Prevenir los cambios negativos, fomentar los positivos. Actuar de forma proactiva.
En estos tiempos, parece tan esencial formular con claridad los objetivos que nos proponemos, como aportar estrategias concretas para su consecución. Sin ánimo de ser exhaustivos y considerando, tanto la especificidad de cada sector territorial de administración autonómica, como el desconcierto que produce tanta arbitrariedad ausente de planificación, procedente de los distintos gobiernos, el sector estatal se propone alcanzar sus fines mediante las acciones, que se relacionan más abajo, sujetas a continua revisión en orden a su adaptación al devenir de los acontecimientos.
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ACCIONES
El sector actuará, en la defensa del empleo público:
Haciendo visible, ante la ciudadanía, la utilidad de los servicios públicos y el trabajo profesional de su empleo, vinculándolo a acción sindical especifica de los colectivos correspondientes. Implementando estrategias de comunicación adaptadas a la nueva realidad para acercarnos a las empleadas y empleados públicos y a las personas. En este sentido, el sector mantendrá la línea de trabajo abierta sobre visibilización de los servicios públicos y la profesionalidad de quienes los prestamos y, en tiempos de menores recursos y mayor conflictividad laboral, abrirá posibilidades de conexión con las personas a las que representamos utilizando, también, las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Fomentando el estudio y recopilación, en cada servicio donde sea posible, del contenido prestacional específico y las necesidades materiales y reivindicativas del servicio público y de quienes lo prestan, promoviendo su participación y traduciéndolo en planteamientos a la ciudadanía y plataformas reivindicativas. Reflexionando para la elaboración y propuesta de modelos alternativos de Función Pública que, en el marco del EBEP y de las relaciones y oportunidades de poder sindical, amplíen los espacios de intervención sindical y las alternativas de reordenación de efectivos, frente a la reducción del empleo público. Generando programas específicos de formación sindical, y búsqueda de los recursos, que posibiliten a nuestra representación la mejora de las capacidades de lectura y respuesta ante la documentación procedente de las diferentes estrategias de las administraciones para abordar procesos de reestructuración de efectivos Denunciando y reclamando la cobertura de las vacantes producidas, necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos Avanzando en la catalogación tipo de profesiones en el sector público que integren sus cometidos profesionales específicos junto con cometidos funcionales propios de la autoridad pública, facilitando la promoción horizontal y cruzada entre colectivos y unidades y la movilidad profesional y laboral entre organizaciones, entidades y administraciones de los sectores públicos
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mediante
el
En la promoción de la recuperación de la negociación colectiva
La negociación colectiva es la principal herramienta de las trabajadoras y trabajadores para la recuperación de sus derechos con garantía de equidad y solidariamente. También es la forma de recuperar el reconocimiento público y la confianza de quienes representamos. El sector promoverá su recuperación Manteniendo la acción defensiva y reivindicativa. Insistiendo en la combinación de elementos de movilización y de negociación. Perseverando en la difusión del papel protagonista del sindicalismo de clase en la construcción social y la utilidad de la concertación social. Fortaleciendo el papel de la afiliación mediante secciones sindicales. o grupos sindicales de centro o servicio donde sea necesario. Alimentando el debate entre la afiliación y en los centros de trabajo, para conseguir la implicación del conjunto de empleadas y empleados públicos. En definitiva, sindicalizando el centro de trabajo. Mejorando la coordinación del sector publico autonómico de CCOO y los cauces de relación con las organizaciones del sindicato implicadas en la defensa de lo público Facilitando la adaptación de la política confederal y federal al sector, definiendo líneas de intervención y criterios de negociación de manera consensuada. Trabajando desde la unidad de acción sindical. Priorizando la acción sindical de recuperación del trabajo en jornada completa de los colectivos de empleadas y empleados públicos sujetos a la imposición de jornada reducida. Integrando, en la dinámica sindical general, la estrategia de igualdad de oportunidades en el empleo público, y especialmente en materia de género, así como las derivadas de la prevención de riesgos laborales. Participando en la acción sindical por la recuperación de los recursos sindicales y su mejor aprovechamiento Concertando temporalidad en cualquier medida regresiva que afecte al personal que representamos, en aras de recuperar derechos.
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De forma proactiva:
Mejorando el tráfico informativo, promoviendo la colaboración y el análisis conjunto y difundiendo las buenas prácticas y experiencias Anticipando demandas de servicio público, incorporando, a los criterios generales de política sindical, las reivindicaciones de cada área y las acciones específicas de cada servicio, exigiéndolas públicamente. Fomentando la formación sindical para el asesoramiento especifico que mejore las capacidades de nuestra representación en materia de información laboral asesoramiento y canalización de demandas hacia los servicios del sindicato. Realizando campañas de difusión que adviertan a las trabajadoras y trabajadores sobre los posibles efectos derivados de la normativa impuesta. Entre ellas, adquiere condición de prioridad la información sobre los efectos de la determinación y cuantía de las bases de cotización en los distintos regímenes de protección social, para defender el mantenimiento de las bases de cotización de 2010.
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DEL SECTOR
Ponencia y Estatutos al II Congreso de nuestra Federación prevén una nueva configuración del sector que, con mucha probabilidad, no llegará a materializarse, al menos de momento. Por ello, y hasta que las condiciones permitan una configuración más adecuada, los órganos del sector serán
La secretaría general elegida en el congreso del sector y que se dotará de los recursos necesarios para realizar sus funciones. La comisión ejecutiva del sector conformado por las personas responsables del sector autonómico en cada comunidad autónoma, más la persona que ocupe la secretaría general. El Plenario del sector.
La comisión ejecutiva se reunirá como mínimo una vez al año, a convocatoria de la secretaría general o de un tercio de los componentes del plenario. El plenario se dotará de grupos de coordinación o de trabajo para situaciones específicas que considere necesarias y, siempre que sea posible, utilizará medios telemáticos, a fin de economizar recursos y esfuerzos.
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