Caso Completo-6

Los fundamentalismos religiosos en contextos indígenas de Chiapas y la violación de derechos de las mujeres Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM)

Los fundamentalismos religiosos en contextos indígenas de Chiapas y la violación de derechos de las mujeres

Guadalupe Elizalde Molina y Martha Guadalupe Figueroa Mier; Editado por Luz Maceira Ochoa

Este análisis sintetiza dos casos ocurridos en comunidades indígenas chiapanecas, en el sureste mexicano, a mujeres tzeltales. Se integran dos casos en un solo estudio debido a que el contexto y las maneras de operar de los fundamentalismos religiosos son similares. La marginación y la exclusión sociales en que viven las mujeres indígenas, marcan de manera negativa el ejercicio de sus derechos. Ellas son afectadas por ese entorno en el que tienen lugar prácticas e ideas fundamentalistas religiosas promovidas desde y por distintos actores locales y estatales, las cuales se entretejen de manera compleja en la situación de las mujeres. De igual manera, la participación del Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM) en los dos casos, supone una serie de supuestos, lógicas de acción y estrategias comunes.

Uno de los casos trata sobre la expulsión de una mujer de su comunidad debido a causas vinculadas a la religión y usos y costumbres del entorno, a fines de la década de los años 90. El otro trata sobre la violación de una joven discapacitada, la negación de su derecho a interrumpir el embarazo, y la discriminación sufrida en el acceso a la justicia para ella y su familia, en los primero años del nuevo siglo. Ambos casos tienen en común la trasgresión de varios derechos de las mujeres por parte de personas y líderes de las comunidades, y también de acciones u omisiones de parte de autoridades locales e instituciones del Estado, que agudizan la violación de los derechos de las mujeres. Las creencias religiosas, las prácticas e ideas asociadas a algunos usos y costumbres indígenas, el sexismo y la discriminación étnica, son, entre otros elementos, el telón de fondo de este escenario de injusticia y violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas de Chiapas. Es en éste también en el que varias mujeres y organizaciones que luchan por sus derechos, han desarrollado un trabajo jurídico, de comunicación, de alianzas y gestiones políticas, para favorecer la defensa de los derechos

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de las mujeres y la eliminación de un contexto en el que creencias y prácticas asociadas a fundamentalismos religiosos, evangélicos y católicos, crean una situación que vulnera a las mujeres y sus derechos, como se analizan en este texto.

Se presentan primero algunas ideas sobre la comprensión de los fundamentalismos religiosos, construidas a partir de la experiencia y su reflexión crítica en el trabajo de defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas. Posteriormente, se describen algunas características del contexto chiapaneco general y particularmente de la región Los Altos donde tuvieron lugar los casos, seguido de la presentación de cada uno de ellos. Al final se plantean algunas perspectivas y conclusiones generales a las dos experiencias relatadas.

Los nombres que aquí aparecen son reales. Las mujeres han accedido a ello con el objeto de denunciar su situación y como parte del proceso de exigir el derecho a la verdad.

Los fundamentalismos religiosos Los fundamentalismos religiosos son sistemas de ideas de origen religioso que se imponen por personas o grupos de poder sobre determinada población, comunidad, nación, o región del mundo. Estas ideas implican la definición de ciertos patrones de comportamiento social y de criterios para juzgarlo suponiendo, además, la atribución de autoridad para sancionar o castigar de diversas formas a las personas que se comportan de manera distinta a lo establecido.

Los sistemas de ideas y de prácticas fundamentalistas tienen su referente en textos religiosos y/o en sus particulares formas de interpretación, ya se trate de una interpretación literal y descontextualizada de los textos sagrados de una determinada religión — lo cual restringe ciertas costumbres y puede oponerse a algunas manifestaciones culturales y avances científicos y de desarrollo común a los tiempos contemporáneos —, o de la reinterpretación/actualización de dichos textos realizada de manera tal que sostenga y justifique el control y poder que las/os líderes o autoridades religiosas o morales ejercen sobre sus feligresas/es. Los fundamentalismos tienen un carácter doctrinario, cerrado a la revisión, crítica y/o al diálogo con otras ideas.

En estos sistemas, la religión, más allá de ser una fuente, es un vehículo para ejercer el poder, pues suponen un control que abarca los ámbitos espiritual y material, y por lo mismo se traduce en control económico, social y político. Esto se debe, entre otras cosas, a que parten de ideas relacionadas con la “salvación”, la “santidad”, la “verdad” y la “felicidad,” que se constituyen como causas últimas de la existencia humana. Estas 2

ideas son fácilmente aceptadas pues generan una identidad y sentido de pertenencia a un “nosotros”, sea “el pueblo elegido” o simplemente un grupo cuya fuente de identificación es dios. En estos grupos se encuentra seguridad afectiva o emocional, pertenencia, parámetros de convivencia y para la existencia, ya que se piensa que se conocen y siguen los mandatos divinos, y también que dios es un “padre” que cuida de sus “hijos”. Esto los hace motivantes o atractivos, y los fortalece al tener un punto de partida potente y con un espectro de acción amplio que se traduce en muchos espacios o dimensiones de la vida social. Los grupos fundamentalistas aprovechan el poder de una identificación y comunidad religiosa para controlar otras muchas dimensiones de la vida de esa comunidad.

Las ideas y los grupos fundamentalistas usualmente impiden el pleno ejercicio de las libertades fundamentales declaradas y reconocidas en instrumentos de derechos internacionales y locales, y especialmente los derechos de las mujeres. Esto se debe a que un eje importante de sus ideas religiosas tiene que ver con la vida social: los roles de hombres y mujeres se consideran “naturales”, designados por dios, inmutables, y deben ajustarse a las formas de relación y de existencia fijadas. En este marco, la subordinación femenina es común y “natural”, y la función de las mujeres se centra principalmente en la reproducción.

En Chiapas existen distintos grupos y actores sociales, políticos e institucionales que actúan bajo creencias y en lógicas fundamentalistas religiosas, afectando a las mujeres, como se muestra en los casos de María de Jesús y de Hilda que se aquí se presentan.

Contexto Chiapas es un Estado situado en el sureste de México, en la frontera con Guatemala y cuenta con una gran cantidad de población indígena.

En México hay más de 7 millones de habitantes indígenas de sesenta y dos pueblos, por lo cual ocupa el octavo lugar entre los países con mayor cantidad de pueblos originarios, y Chiapas es el segundo Estado con mayor población indígena en el país, la cual suma casi un millón de habitantes (13,5% de la población indígena nacional y 25 % del total de la población de dicho Estado).1 Los grupos indígenas de Chiapas son: tzeltal (37,9%), tzotzil (33,5%), chol (16,9%), zoque (4,6%) y tojolabal (4,5%), también hay presencia, en porcentajes menores, de los grupos chuj, kanjobal, mam, jacalteco, mochó, cakchiquel y lacandón o maya caribe.

Una gran parte de estos grupos indígenas (81,5%) se concentra en tres regiones de Chiapas: los Altos, el Norte y la Selva.  COLEM

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Chiapas y sus regiones2

I II III IV V VI VII VIII IX

Centro Altos Fronteriza Frailesca Norte Selva Sierra Soconusco Istmo-Costa

En Chiapas se manifiestan notables diferencias y desigualdades étnicas, económicas, sociales y culturales, y son resultado de una larga historia de colonización y de explotación. Por citar sólo algunos datos, se observa que es uno de los Estados del país en el que hay menos personal de salud por habitante, siendo la segunda entidad con más alta mortalidad materna, y una de las que cuentan con los más altos índices de pobreza y rezago social.3 Es también uno de los estados con mayor analfabetismo del país (21%).4 Esta alta marginalidad se da a pesar de que Chiapas es un lugar rico en recursos naturales, incluyendo agua y petróleo, y también a que geopolíticamente ocupa un lugar estratégico en distintos planes económicocomerciales y de vías de comunicación terrestre (como el Plan Puebla Panamá, el Corredor Mesoamericano, el Mega Proyecto del Istmo, etc.).

Los problemas por la tierra y por el territorio han sido parte de la historia de Chiapas. Su riqueza natural ha provocado una lucha por el control y la explotación de sus recursos entre diversos actores, entre ellos, los pueblos originarios —y propietarios de dicha tierra—, y los gobiernos estatal y federal, así como grupos de inversionistas privados locales, nacionales y extranjeros. La explotación indiscriminada de los recursos por parte de estos últimos ha generado una crisis ecológica, además de una situación de pobreza creciente y de explotación laboral entre la población local.5 Junto con el derecho a la tenencia de la tierra, está en juego el derecho al territorio, el cual supone el derecho a la libre determinación. Los pueblos indígenas han visto afectada su capacidad de organización política, económica, sociocultural y de desarrollo pues históricamente 4

se ha impuesto sobre ellos una forma de gobierno nacional. En muchas comunidades indígenas de Chiapas, al igual que en otras del país, coexiste la estructura política federal con el sistema de usos y costumbres. Es decir, además de las instituciones y autoridades propias del Estado-nación, hay también gobiernos tradicionales, regidos por un sistema de cargos (figuras de autoridad o de poder, jerarquías, normas, funciones, y mecanismos de decisión sobre asuntos colectivos) asociado a la organización del ciclo festivo-religioso de la comunidad. En el caso de las comunidades indígenas se combinan las estructuras de poder del gobierno tradicional, con otras estructuras intermedias propias de zonas rurales (como las “juntas ejidales”), con las municipales, estatales y nacionales. En cada etnia y región existen diferencias en torno a la manera en que se entrecruzan estas diversas formas políticoorganizativas, y a los conflictos que pueden derivarse de tan compleja situación.

Otro problema presente en la zona se relaciona con el caciquismo, es decir, una forma de ejercicio de poder — personalista, autoritario y exclusivo- sobre cierto territorio, que se ha dado en ciertas regiones mexicanas con condiciones ideológicas, socioculturales, políticoeconómicas, demográficas y geográficas particulares, y resultado del mestizaje cultural y de la propia historia del país. Un cacique no es necesariamente una autoridad formal, sino una especie de intermediario entre la población y la estructura político-administrativa de poder formal, pero puede serlo. Ejerce un poder no legal relativo al acceso y explotación de recursos humanos, naturales, económicos y políticos de una localidad o región entera (funciona como gatekeeper), y establece una relación clientelar con la población de ésta, a la cual puede controlar y movilizar.6 La relación clientelar supone relaciones de patronazgo, tutelaje y/o coacción política hacia personas o grupos sociales determinados. En el caso de algunas comunidades tzotziles en el municipio de Chamula, los caciques han concentrado extensiones de tierra y monopolizado las actividades productivas de la zona, y asumen poder económico, político y religioso. Pueden también realizar actividades ilegales como tráfico de indocumentados, drogas o armas.7 En medio de esta marginación y desfavorable situación política, en enero de 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte (TLCAN/NAFTA), se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización político-militar con una serie de demandas asociadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la democracia, la justicia y la libertad, en contra de las situaciones de exclusión social mencionadas, y también de la represión (persecución, amenazas, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura y asesinato) de que han sido objeto movimientos campesinos, obreros y populares durante años en el país, entre otras COLEM

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injusticias. El enfrentamiento militar duró poco pues se pidió un cese de las hostilidades y se definió un proceso de diálogo para alcanzar la paz; proceso que se ha visto obstaculizado y sigue sin resolverse hasta la fecha. Existen ahora en Chiapas comunidades zapatistas, comunidades simpatizantes y no simpatizantes (en los tres casos pertenecientes a distintas comunidades religiosas y pueblos indígenas), una fuerte ocupación militar, 8 así como grupos paramilitares — que han elevado en grado extremo la violencia en la zona —, obligado el desplazamiento de comunidades enteras, y generado una situación de profunda tensión social, así como de agudización de la crisis económica.

Otra cara de esa tensión se relaciona con el hecho de que en Chiapas, y particularmente en la región Altos, entre los años 1970 y 1990, se dio la llegada de diversos grupos religiosos a una zona que contaba con una larga tradición católica.9 Esta llegada de otros grupos, más allá de abrir el camino a la diversidad religiosa, generó también una fuerte tensión y división sociales, que se sumó a la ya generada por la marginación extrema y los conflictos políticos preexistentes. Por ejemplo, en el municipio de Chamula,10 de población mayoritariamente tzotzil, existen tres iglesias: la evangélica, y dos que corresponden a diferentes vertientes católicas: la católica proveniente de la Diócesis de San Cristóbal y la iglesia ortodoxa o de San Pascualito,11 siendo esta última la de mayor influencia. Allí, el poder religioso se ha mezclado con el poder político. Durante la época priísta, es decir, aquélla en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el control del poder público del país, permaneciendo al frente del poder Ejecutivo (y en gran medida de los órganos Legislativo y Judicial) desde 1928 hasta el 2000 a través de un régimen antidemocrático, corrupto y represor, los caciques de Chamula negociaban con el PRI la elección de las autoridades municipales. Dichas negociaciones tenían tanta fuerza que era común que el PRI ganara con el 100% de los votos en las elecciones. Cualquier situación que pudiera alterar este control se convirtió en amenaza, por lo que la existencia de grupos de la teología de la liberación (vertiente católica asociada a la Diócesis de San Cristóbal) y de protestantes (particularmente evangélicos), con ideas políticas y/o religiosas distintas, ha sido fuente de conflictos violentos y de numerosas expulsiones de familias enteras de Chamula.12 En este complicado contexto de polarización de distintos grupos étnicos, políticos, partidistas, religiosos, sociales y económicos, y en medio de un creciente nivel de marginación y desigualdad económica y social de la población del Estado, las mujeres se ven doblemente afectadas.

A la tensión y fatiga provocadas por la marginación, inestabilidad y conflictividad de la zona, se suma el hecho de que son las más pobres de la población pobre, son el grupo con mayor índice de analfabetismo, y en muchos veces están formalmente excluidas o en el mejor de los 6

casos subrepresentadas en los sistemas tradicionales de gobierno y cargos de poder. Son también explotadas, violentadas, discriminadas, tanto en el espacio doméstico, como el comunitario. Otras condiciones de vulnerabilidad social, como la pertenencia étnica, las capacidades físicas, la edad, etc. complejizan aún más la marginación y discriminación de las personas en este contexto.

Los fundamentalismos religiosos en el contexto de los conflictos étnicos y políticos en la región Altos, Chiapas En muchos contextos se han dado adaptaciones de las religiones a costumbres y usos indígenas de origen prehispánico. La influencia de las distintas religiones en la región ha variado y tenido distintas formas de crecimiento. El sincretismo resulta en variantes que pueden incluir una relación formal de las jerarquías religiosas con las del sistema de cargos, un ciclo ceremonial que sume festividades del santoral con las del calendario agrícola, y/o rituales que impliquen el consumo de alcohol, entre otros elementos. Su cercanía a la cultura y tradición locales les permite ganar adeptos. Esto explica, en parte, las condiciones favorables para articular liderazgo político y religioso, lo cual ha conducido que en algunos grupos chamulas se asimile como condición de membresía a un grupo religioso la pertenencia obligatoria al PRI. También explica la importancia del monopolio de ciertos productos como la venta de alcohol, pues tiene un uso ritual y también un claro vínculo económico.

Las estructuras de poder se refuerzan unas a otras.

La zona de los Altos, que como se señaló es aquélla en donde sucedieron los casos aquí analizados, se caracterizó por concentrar el mayor número de conflictos religiosos entre 1960 y 2001. Especialmente en la década de los años 90, el total de conflictos (235) representa casi el 70% del total registrado durante las últimas décadas en Chiapas.13 Chamula se señaló por el gobierno como el lugar donde los conflictos eran preponderantemente o en parte religiosos, generados por la intolerancia de los líderes ortodoxos (de San Pascualito) y caciques, que han violentado y/o expulsado de sus comunidades a quienes se convirtieron al culto evangélico.

Las agresiones son de todo tipo: amenaza de expulsión o insultos, prohibición de asistir a la escuela pública o de usar servicios públicos, la anulación de permisos para la construcción de templos o el cierre y destrucción de los mismos, la destrucción y despojo de bienes, la agresión física, detención y COLEM

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encarcelamiento, el secuestro, la expulsión, llegando incluso en algunos casos, hasta el homicidio.

En Chamula, las expulsiones se iniciaron en 1974. A partir de las distintas pertenencias partidistas y/o religiosas se comenzó a dar un fenómeno de desplazamientos y expulsiones que forzaron a salir a las personas de sus comunidades. En primer lugar están las expulsiones realizadas por los miembros de la iglesia de San Pascualito en contra de católicos y evangélicos (así como de algunos otros grupos protestantes); en segundo lugar, las expulsiones por pertenecer a un partido político distinto al PRI. Hay también un tercer tipo de expulsiones. Se trata de los casos en que, por motivos socioeconómicos y culturales, miembros de la comunidad se ven forzados a salir de ésta para buscar mejores formas de vida y de trabajo. En este último caso se trata de migraciones obligadas por un contexto amenazante, como sería el de niñas de entre 12 y 17 años de edad que huyen de su comunidad ante el inminente arreglo matrimonial que hacen sus padres, de acuerdo a los usos y costumbres locales.

La cantidad de personas expulsadas de Chamula por intolerancia religiosa se calculó en cerca de 30 mil sólo en la década de los 80.14 Los que fueron forzados a salir se organizaron y se asentaron en la periferia de la vecina ciudad de San Cristóbal de las Casas, fundando barrios o colonias.15 Nueva Esperanza, fundada en 1977, fue la primera colonia de evangélicos, a la que después se sumaron otras.16 En estas colonias se mezclaba población expulsada de sus comunidades de origen por motivos religiosos con otros inmigrantes indígenas que llegaban a la ciudad en busca de trabajo. En muchos casos esas colonias se fundaron a partir de la invasión de terrenos del municipio y también de particulares.  Región Altos, Chiapas17

En los grupos evangélicos de expulsados surgieron líderes. Integraron un Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH), organización que representa a los expulsados de dicha región. Más tarde se formaron otras organizaciones similares, como la Organización Indígena de los Altos de Chiapas (ORIACH), la Sociedad de Cooperativas por el Mejoramiento de Nuestra Raza (SCOPNUR), la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), entre otras. Éstas han atravesado conflictos, escisiones, reagrupaciones, enfrentamientos, etc., y en un clima de inicial indefensión y de prejuicio, muchos de sus líderes reprodujeron formas de poder de las que venían huyendo, convirtiéndose en caciques dentro de sus colonias o zonas de influencia, acumulando poder e incluso armas, pasando de ser víctimas a victimarios, bajo el argumento de la “autodefensa”.

Estos grupos han tenido fuertes conflictos entre sí debido a la disputa por terrenos y por control político-económico. Por ejemplo, algunos de los expulsados se aliaron al PRI a pesar de que era el partido del grupo que los había expulsado de Chamula, y otros se aliaron con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) u otras fracciones político-partidarias.

Asimismo, algunos se han aliado al EZLN y otros no. En otros casos, la respuesta de algunos líderes y comunidades a los proyectos de desarrollo e inversión privada en la zona también han variado, suponiendo a veces colaboración y negociaciones que para algunos grupos son negativas.

Esto ha generado confrontaciones que han llegado incluso al asesinato de uno de los líderes y a agresiones armadas.

Asimismo, en algunos casos han formado agrupaciones de corte militar que dicen seguir designios divinos — como el “Ejércitos de Dios” formado en 2006 — y difundir la palabra de dios,18 además de “defenderse” de o saldar cuentas con quienes hay conflictos o diferencias, sean otros caciques o líderes comunitarios o religiosos o el propio ejército y gobierno mexicanos.

El poder de estos grupos es tal, que en muchos casos, cuando las autoridades municipales intentan influir en estas zonas o hacer cumplir la ley dentro de ellas se las amenaza con retirar el apoyo político que reciben por parte de los caciques, o se dan acciones de tipo bélico contra la policía o gobierno municipal sin que éste pueda responder efectivamente, limitar el poder de esos líderes, ni combatir la impunidad y los delitos dentro de estas colonias.

En este contexto, la violencia contra las mujeres ha sido también frecuente e intensa. En 1989, y a raíz de las constantes denuncias de violencia sexual contra mujeres en San Cristóbal de las Casas, se organiza un grupo de mujeres para atender esa situación. Este grupo inició su trabajo a través de marchas y protestas, y luego a través de una

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asociación civil (Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, ahora Colectivo de Encuentro entre Mujeres, COLEM) en la cual ha atendido casos de violaciones tumultuarias,19 violencia familiar y estructural de género incluyendo casos de esposas e hijas de hombres expulsados y que fueron golpeadas, insultadas, o hasta violadas públicamente por integrantes de su propia comunidad, además de haber sufrido la quema de sus casas, la matanza de sus animales, y la destrucción de sus enseres domésticos, entre otros.

Esta es una situación en donde grupos opuestos (caciques de Chamula pertenecientes a la iglesia de San Pascualito, y caciques evangélicos en sus zonas de influencia) imponen la defensa de un sistema de creencias y prácticas tanto culturales como religiosas, en este caso, por medio de distintas sanciones que pueden incluir violencia física extrema. Las mujeres son violentadas si su comportamiento, altamente regulado, no se ajusta a las prácticas e ideas religioso-morales, pero también son violentadas por ser hijas, esposas o parientas de algún hombre con quien se ha entrado en conflicto político-religioso.

Por otro lado, están también grupos católicos — vinculados a la Diócesis de San Cristóbal — que no han generado ese mismo tipo de control, confrontación y represalias sobre toda la comunidad y en algunos aspectos y lugares han contribuido a cierto avance social y cultural de los grupos indios. No obstante, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, comúnmente tienden a reforzar patrones patriarcales puesto que no los cuestionan. Por ejemplo, los grupos católicos asociados a la teología de la liberación han propiciado un trabajo de reivindicación y liberación de los pueblos indígenas, pero sin beneficiar necesariamente el avance de los derechos de las mujeres como grupo. Es una situación compleja, pues si bien han beneficiado a las mujeres a través de la alfabetización y/o promoción y ejercicio de algunos derechos, también es cierto que, al enarbolar la bandera de la defensa de los usos y costumbres locales, han dejado intactas prácticas violatorias de los derechos de las mujeres. Dichas prácticas incluyen el matrimonio de niñas de 12 o 13 años de edad convenido unilateralmente por su padre a cambio de beneficios económicos y sociales para él,20 u otras prácticas de fuerte arraigo tradicional en las comunidades indígenas que afectan el ejercicio de derechos de las mujeres: no tienen derecho a la tierra, se asigna poca importancia a su educación, se las agrede físicamente, tienen un acceso sumamente limitado a los servicios de salud, etc. Los grupos religiosos no se han volcado a erradicar esta desigualdad.

En los últimos años ha habido transformaciones importantes en la sociedad mexicana en general, y en las comunidades indígenas en particular, producto tanto de la migración y transformación de la composición y organización de las comunidades, como de las luchas 10

y movilizaciones de grupos ideológico-políticos (sociales, partidistas o religiosos). Estos han consolidado un ambiente de reivindicación de los derechos humanos y por la libertad, la paz y la democracia en los pueblos indios, etc., la posición y condición de las mujeres han cambiado también, pero a un ritmo muy distinto, y mucho más lento y desigual en cada contexto. En los procesos de politización de muchas comunidades indígenas la agenda de derechos humanos de las mujeres no suele estar presente. La organización de las mujeres ha corrido de forma paralela, rara vez integrada a la lucha amplia de sus comunidades. Sus reivindicaciones se han incorporado parcialmente en algunos casos, y en otros, siguen al margen. A pesar de que en algunos lugares existe más sensibilidad hacia estos temas o se hayan mejorado algunas condiciones de vida, subsisten ideas y prácticas que devalúan a las mujeres y las afectan, como se ve en los casos que aquí se presentan.

Casos de violación a los derechos de las mujeres en Los Altos, Chiapas y su defensa La historia de María de Jesús

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María de Jesús es una mujer tzeltal originaria del municipio de Amatenango del Valle. Al morir su padre, cuando era pequeña, emigró a San Cristóbal de las Casas. Ha trabajado desde entonces como empleada doméstica. Cuando estudiaba en la escuela primaria conoció a su pareja quien, antes de que ella terminara el ciclo de educación secundaria, le pidió que se fuera a vivir con él. María de Jesús dice: “yo quería seguir estudiando, pero (él) ya no me dejó.” Se unió a su pareja cerca del año 1991, vivieron en varios lugares incluso fuera de Chiapas siempre en busca de trabajo y finalmente volvieron al Estado. Para entonces tenían problemas porque él la engañaba y “se iba por temporadas con otras mujeres.”

En 1994, los líderes evangélicos que estaban formando los nuevos asentamientos de expulsados empezaron a vender lotes en la colonia Nueva Maravilla.22 María de Jesús y su pareja decidieron comprar uno.

Dieron el enganche y la primera mensualidad a los “representantes” de la colonia. Ella pagaba puntualmente las mensualidades y asistía a las juntas vecinales en las que se discutían problemas de la comunidad como la falta de agua entubada y de drenaje, para cuya resolución se cobraban cuotas o “cooperaciones”, sin embargo, no se vio que se utilizara ese dinero para resolverlos. Más de un año después, a punto de concluir el pago total, María de Jesús y su pareja construyeron una “casita de madera y láminas” y se instalaron en ella, aunque él seguía pasando temporadas con otras mujeres, hasta que finalmente la abandonó a ella y a sus tres hijos.

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En el año de 1997, María de Jesús seguía viviendo en ese mismo lugar.

Tenía 26 años. Un día 1 de junio, al salir del mercado, la encontraron un grupo de autoridades de la colonia La Hormiga, otro asentamiento de chamulas evangélicos expulsados. María de Jesús era acusada por una mujer — a quien ella desconocía- de “andar con su marido.” Aunque ella negó la acusación, las autoridades de La Hormiga la tomaron por la fuerza, la llevaron jalando a la “cárcel” de La Hormiga y se llevaron a sus hijos. La “cárcel” era una casa que utilizaban los líderes de la colonia para encerrar clandestinamente a quienes consideraban infractores de sus reglas. El encierro de María de Jesús — totalmente al margen de las leyes — fue comunicado a los representantes de la colonia Nueva Maravilla, a fin de que buscaran a quien fuera pareja de María de Jesús para entregarle a sus hijos.

La acusación contra María de Jesús fue “estar en pecado” por cometer “adulterio”. No la dejaban salir de la “cárcel” hasta que aceptara la acusación. Fue amenazada con ser enviada a la prisión de Cerro Hueco, la penitenciaría estatal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ante esta perspectiva, el consejo de algunas vecinas que estaban presentes y le sugirieron que aceptara la acusación para ser liberada y poder huir, y la promesa de que podría salir y llevarse a sus hijos, María de Jesús aceptó la acusación.

Para vecinos, autoridades y representantes de la colonia Nueva Maravilla, la colonia de María, una “mujer pecadora era mal ejemplo para la colonia”, por lo que decidieron expulsarla de la colonia. Le quitaron su casa, sus hijos, y no le dieron siquiera oportunidad de llevarse sus objetos personales y bienes. En cuanto salió de la cárcel clandestina, pasó al lugar de trabajo del padre de sus hijos, los encontró ahí mismo, y él le informó que no podría cuidarlos, por lo que se los entregó. María de Jesús llegó en la noche al pueblo donde vivía su madre, acompañada de sus hijos, donde se quedó por unos días, paralizada por el miedo.

María de Jesús volvió después a la ciudad y acudió a pedir ayuda al Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. Aunque había sido acusada injustamente, golpeada y privada ilegalmente de su libertad, despojada de su familia y bienes, no pretendía realizar acciones contra las autoridades de La Hormiga ni de Nueva Maravilla, sólo quería que le permitieran sacar sus cosas de la casa, recuperar algo de su terreno o de la inversión económica, y sobre todo, arreglar que el padre de sus hijos le pagara una pensión para poder rentar un lugar donde vivir con sus hijos.

El Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) del COLEM solicitó a la Unidad Jurídico-Social del municipio su intervención para las negociaciones de la pensión alimenticia con el padre de los hijos de María. La respuesta fue negativa, pues los cuerpos policíacos habían sido atacados en otras 12

ocasiones cuando pretendían hacer cumplir la ley en La Hormiga y otras colonias aledañas. Así, ante la inacción de las autoridades municipales, el CAM citó a las autoridades de la colonia Nueva Maravilla, con quienes inició un proceso de diálogo, y se logró que María pudiera recuperar objetos personales que tenía en su antigua casa y vender el terreno donde estaba la que fuera su propiedad. También se logró el pago de pensión alimenticia por parte de la ex pareja (al menos por algún tiempo).

En la colonia donde vive actualmente, María de Jesús tiene vecinas que sufren violencia. Sabe también que en Nueva Esperanza ha habido otros casos como el de ella.

Las estrategias empleadas ante las violaciones a los derechos humanos de María de Jesús Las estrategias diseñadas por COLEM y otras parecidas se han ido desarrollando de diferentes maneras, hay una historia de más de 19 años de activismo a favor de las mujeres, casi siempre acompañado de acciones legales a favor de las víctimas, de difusión, e incluso de protesta social. Las activistas involucradas en la defensa del caso de María de Jesús y en las gestiones para resarcir en cierta forma algunos de los daños que le fueron ocasionados, desarrollaron una estrategia con acciones jurídicas, de comunicación, denuncia y difusión pública, y de alianzas sociales y políticas; al tiempo de dar apoyo médico y psicológico a María, como parte de una atención integral para la víctima.

Acciones jurídicas: Lo primero que se hizo para atender la expulsión de María fue luchar contra la impunidad en éste y otros casos, en los que aparece la complicidad y pasividad del gobierno. Importaban las acciones asociadas a la impartición de justicia, pues como abogadas se prioriza la efectiva aplicación de la ley. Se interpusieron procedimientos administrativo-legales contra las autoridades de la colonia ante el municipio; hubo varias acciones dirigidas a modificar las actitudes de las autoridades judiciales — que tildaban este tipo de casos como “político” y no como un asunto de violaciones a derechos fundamentales — para que cumplieran con su obligación de atenderlos. También se interpuso una demanda familiar contra el padre de los hijos de María y se dio seguimiento al juicio de pensión alimenticia.

Para la defensa legal del caso, el CAM emprendió un litigio estratégico. Éste supone partir de acciones que COLEM

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contribuyan al empoderamiento de la mujer que ha sido víctima, a través de apoyar sus decisiones y favorecer que sea sujeta de/en sus procesos legales y no un objeto. Supone también recurrir al sistema internacional de derechos humanos para presionar a las autoridades locales en la atención del caso y para tipificar las violaciones en juego. En este sentido, se presentó queja en la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, pero el procedimiento fue muy largo y no tuvo resultados favorables.

Claves de estas estrategias: La intención primordial de las estrategias fue evitar que los grupos de líderes fundamentalistas (evangélicos en este caso) continúen violando los derechos más elementales de mujeres. Ellas, por razones de pertenencia étnica y social, y también económicas viven sometidas a las reglas internas de las colonias de expulsados evangélicos quienes arguyen una autoridad moral sobre la comunidad y ejercen un poder y control brutal sobre ella.

Difusión y denuncia: La difusión del caso en medios de comunicación locales fue parte de la presión hacia las autoridades y para lograr cambios tanto en las políticas como en la conciencia de las personas involucradas. El caso de María de Jesús y otros se transmitieron en el programa de radio “Voces de Mujer”, que se difundía en once municipios de Chiapas. Asimismo se dio a conocer en espacios diversos (cursos, foros y talleres) en los que participaron integrantes de COLEM.

También se pretendía mostrar que los llamados “usos y costumbres” de los grupos indígenas no son en su totalidad sistemas de valores y normas heredados desde tiempos prehispánicos, sino que éstos han cambiado, e incluso se han transformado y utilizado de acuerdo a la conveniencia de grupos que luchan por el poder, que usan los “usos y costumbres” como excusa para cometer abusos bajo el amparo de defender supuestas “tradiciones” o incluso “mandatos divinos.”

También se presentaron denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado, diputados locales y la propia Comisión de Equidad y género de la Cámara de Diputados, así como en otros foros de debate sobre legislación, violencia, etc. Hubo protestas públicas ante las autoridades.

Es necesario intervenir en la defensa de mujeres sometidas por dichos fundamentalismos para que estas violaciones no queden impunes y para debilitar ideas y prácticas fundamentalistas, así como el poder de sus líderes. En este sentido, una ruptura con peso real y simbólico fue confrontar a esos líderes, su desafío, por un grupo de mujeres con recursos jurídicos, apoyo social, etc. constituyendo un punto de quiebre en su liderazgo y dominio.

Organización y apoyo colectivos: Otra parte de la estrategia consistió en la organización, unión y solidaridad con la víctima y con las abogadas responsables del caso por parte de otras organizaciones y redes de mujeres. Éstas fueron muy importantes pues representaron un respaldo necesario para la interlocución con las autoridades.

Las alianzas entre mujeres del propio COLEM y de distintas organizaciones facilitaron el análisis de los casos, así como el impulso de la estrategia jurídica, comunicativa, etc. Se dio también una acción conjunta, amplia, en la promoción y defensa de derechos humanos, la integración de redes de derechos humanos y de redes feministas, tanto a nivel regional, nacional e internacional. La participación en éstas supone dar fuerza al movimiento, realizar acciones conjuntas de difusión, de pronunciamiento público contra estas violaciones, de visibilización de la problemática, y también de incidencia para favorecer la toma de decisiones políticas respecto a los factores que afectan nuestros derechos y desarrollo.

Con estas acciones se logra visibilizar las prácticas ilegales y la manera en que afectan particularmente a las mujeres, analizando los casos, sus causas y efectos, desde una perspectiva de género. La estrategia se dirigió tanto a las comunidades indígenas, como a autoridades del derecho positivo mexicano, y también a instancias de derechos humanos de nivel internacional.

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Los recursos para el desarrollo de las estrategias Se utilizaron recursos humanos, materiales y financieros provenientes de COLEM, y recibidos, en parte, de donantes que apoyaban la asistencia a mujeres víctimas de violencia en países de América Latina. Con éstos se pudo dar la atención integral a María, pagar traslados y trámites legales necesarios, y desarrollar la estrategia antes descrita.

El discurso fue un recurso clave de la estrategia de resistencia a los fundamentalismos. El discurso con el que se entabló el diálogo con los líderes de la colonia y autoridades tradicionales indígenas fue el de los derechos humanos. Se habló con la bandera del conocimiento de la ley en nuestro favor. Esto fue importante, porque uno de los factores de arraigo de este tipo de fundamentalismos es la ignorancia, la cual permite la manipulación. Enfrentar a los líderes y sensibilizar a las comunidades con argumentos fue útil.

También ha sido un recurso la conformación intergeneracional del grupo que defendió el caso, pues se comparten experiencia y saberes.

Algo único en el contexto que hizo posible la iniciativa de defensa de este caso fue el reconocimiento de COLEM en la zona a partir de COLEM

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la atención y defensa de casos de mujeres indígenas. COLEM tenía ya y fortaleció su presencia ante los grupos fundamentalistas de las comunidades. La misma ubicación física del CAM, prácticamente dentro de la zona donde se asientan estas colonias evangélicas, contribuyó al reconocimiento de éste y a su impacto en la vida de varias vecinas, pues acuden a pedir apoyo cuando son violentadas, e incluso, al paso de los años, los propios líderes han acompañado a mujeres violentadas hasta el CAM. Un elemento significativo para lograr este posicionamiento es la resistencia y perseverancia. Los obstáculos de un trabajo de defensa de derechos de las mujeres son muchos, pero COLEM ha continuado durante años su labor, lo cual constituye y expresa su fuerza.

Otro recurso más fue la suma de acciones de varios actores sociales. En la zona hay otros movimientos o grupos que también están desafiando a los fundamentalismos en este contexto. El Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas, que lucha y defiende los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra; el Movimiento Independiente de Mujeres en Chiapas, que agrupa a mujeres activistas de organizaciones sociales de mujeres y mixtas; los grupos pro-derechos colectivos de los pueblos indígenas y las organizaciones de defensoras/es de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, A.C., entre otros, configuran este entramado de actores que hacen frente a distintas expresiones del fundamentalismo, y que fortalecen la resistencia a éste, además de favorecer un ataque más completo o integral a la embestida fundamentalista.

Reflexiones sobre las estrategias empleadas en este caso, su proceso y el entorno De acuerdo a lo que se buscaba, la defensa del caso de María de Jesús y de otras mujeres indígenas de la zona norte de San Cristóbal de las Casas trajo como consecuencia la visibilización de la problemática de estas mujeres, en la cual se entrecruzan tradiciones indígenas, fundamentalismos religiosos, y consecuencias de los conflictos religiosos, políticos y económicos de la región. Asimismo, puso en la mesa la capacidad organizativa de las mujeres y nuestras posibilidades de acción.

La suma de estrategias también visibilizó a COLEM y supuso la diversificación de sus actividades, lo cual obligó a sus integrantes a capacitarse en ciertos temas para poder agotar todas las instancias jurídicas contra los fundamentalismos y contra la impunidad. De igual manera, gracias a la persistencia, COLEM obtuvo reconocimiento a nivel local, nacional y hasta internacional como un referente en la lucha de los derechos de las mujeres, y como organización feminista. Evidentemente, este reconocimiento supone también un riesgo en la medida en que la organización ha sido señalada por grupos fundamentalistas y/o algunos 16

líderes como una organización opositora a ellos o a sus intereses.

Durante el desarrollo de la estrategia global se pudo comprender mejor cómo funcionan los grupos fundamentalistas en este contexto.

Aprendimos que en un contexto de conflictos religiosos otras divisiones sociales se polarizan. Encontramos un fenómeno de actual endurecimiento de los fundamentalismos religiosos en las comunidades indígenas, en el que la intolerancia y el poder de sanción de sus líderes no se limita sólo a sus feligreses, pues otras personas que por diversos motivos viven dentro de o cerca de las comunidades lideradas por los fundamentalistas, se ven afectadas. Pueden ser discriminadas o violentadas. Además, los conflictos se dan entre grupos religiosos y también al interior de ellos. Cuando no es tan intenso el conflicto interreligioso, aumenta la fiscalización y control sobre los miembros de la propia congregación o comunidad. Las mujeres son particularmente afectadas pues el tema de sus derechos y libertades es altamente sensible, ya que es la base de un enorme poder de dominio.

Ante el enfrentamiento o resistencia a dicho control, hay una reacción de rechazo por parte de los líderes a quienes se les oponen, o incluso puede haber alianzas implícitas o explícitas con otros actores políticos, como el mismo Estado, a fin de afianzar el poder de dominio. Los pactos informales o alianzas entre grupos de distintas corrientes o filiaciones religiosas y partidistas pueden darse con tal de mantener la subordinación femenina. En este caso se vio que el Estado cedió o simplemente omitió el cumplimiento de la ley. Lo mismo sucede entre líderes de distintas colonias y comunidades indígenas, que pueden llegar a unirse, aún a pesar de ser de grupos religiosos distintos, cuando se trata de fortalecerse.

Analizando la situación con posterioridad, se valora la necesidad de nuevas formas de organización de las mujeres para que pueda haber un registro de los acontecimientos y un monitoreo y de las acciones emprendidas. En el caso de María de Jesús hubo, en el período anterior a la intervención de COLEM, una serie de atropellos (privación ilegal de la libertad y lesiones, robo) cuyos efectos el Estado no reparó cuando se estableció el juicio debido a falta de pruebas sobre estos hechos.

Es necesario disponer de mecanismos para conocer los hechos y documentar pruebas.

El juicio se hubiera podido llevar a otras instancias, pero María, debido a su situación emocional, económica y familiar, no quiso hacerlo. El respeto por parte de COLEM de esa decisión supuso no llevar a instancias internacionales el caso, y se constata como importante el respeto a las decisiones de las mujeres víctimas respecto a la intervención y orientación del caso.

COLEM

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La historia de Hilda Álvarez

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Hilda es tzeltal, nacida en 1984, con problemas de salud permanentes e incurables: padece Síndrome de Down profundo, por lo que su aspecto físico es el de una niña de 12 años y su edad mental de 3. Su estatura es de 1.40 metros de altura. Tenía deficiencias renales y cardiacas, además de desnutrición, la cual era tan aguda que pesaba sólo 38 kilos cuando tenía cinco meses de embarazo.24 De familia indígena, campesina, pobre, de una pequeña comunidad montañosa y aislada, la sostienen y cuidan sus padres, en especial su madre Celia Hernández López.

Hilda no puede hablar, puede sostenerse de pie y sentada por sí sola, deambula, y es capaz de realizar acciones sencillas como ir al baño, comer, vestirse, y algunas tareas domésticas como desgranar y moler maíz, pero no puede preparar alimentos. Nunca ha recibido atención médica ni psicopedagógica para la atención de su discapacidad, pues su comunidad, el Ejido San José la Nueva del municipio indígena de Huixtán, está a dos horas a pie del núcleo de población más cercano, y ahí tampoco hay instituciones públicas o privadas para tratar a personas con estas dificultades.

Durante el año 2002, Hilda fue víctima de varios abusos sexuales cometidos por su vecino Celestino López Hernández. Quedó embarazada. Celia, la madre de Hilda, sólo lo detecta cuando nota la falta de menstruación de su hija. El 17 de enero de 2003 Celia lleva a Hilda al Hospital Público de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, a más de seis horas de difícil camino desde su comunidad, para que reciba atención médica. En el hospital le informan que Hilda tiene aproximadamente diez semanas de embarazo, y que éste es obviamente producto de una violación dado sus evidentes condiciones físicas y mentales.

Celia acude al Ministerio Público25 y denuncia la violación y embarazo de Hilda. Se le informa verbalmente de la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero no se le da oficio u orden legal alguna para tal efecto, e inician las primeras investigaciones y diligencias por el delito de “violación equiparada y los que resulten”.

Celia, preocupada por el estado de salud de su hija y por otras posibles consecuencias de la violación y el embarazo, considera positiva la posibilidad del aborto, y lleva a Hilda al mismo hospital para que se lo practiquen. El ginecólogo responsable que la atiende se niega a practicar la interrupción del embarazo, alegando que es “pecado” matar a un inocente. Intimida a Celia, diciéndole que Hilda puede morir en dicha práctica, y que ella, la madre, sería procesada y encarcelada, y la regaña por no cuidar a su hija, además de reiterar su culpabilidad por haber pensado en “asesinar a un niño” (el embrión). El médico excusa la negación de la interrupción del embarazo en el miedo a la ira divina. Éste 18

asegura que hay un menor riesgo para Hilda y el bebé si llega a término el embarazo, y después detiene la atención a Hilda e incluso le niega subsecuentes consultas, pese a tratarse de un embarazo de alto riesgo y con obvias posibilidades de malformación en el producto.

Es importante aclarar que se trata de un hospital público, es decir, un servicio público de un Estado que se supone laico, en un país en donde tanto la legislación federal como la de todos los Estados, permitía la interrupción del embarazo por tres causales, una de ellas, la violación.26 En este hospital — en donde había presencia de iconos y otras representaciones católicas (como ilustraciones de la virgen María), además de personal de congregaciones religiosas (monjas y sacerdotes) que ofrecen algunos servicios médicos, de enfermería, y administrativos —, el personal arguyó razones de tipo moral-religioso para negarse a dar un servicio que por ley estaba obligado a prestar. “Usted no puede decidir sobre la vida de un inocente, …sólo dios da la vida y solo él sabe cuando quitarla”, fueron frases que dijeron a Celia al negarle el servicio y sancionarla moralmente por haberlo solicitado. El resto del personal actuó con complacencia y tolerancia, e incluso complicidad, ante esta situación. Se impusieron valores católicos que claramente afectan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres al cumplimiento de la ley. Nadie ayudó a Hilda, quien se vio obligada a continuar con su embarazo, el cual acabó, un mes más tarde (sexto mes de embarazo) en un parto prematuro. Hilda tuvo que desplazarse a pie desde su comunidad al hospital, llegó en muy mal estado, el producto fue inviable e Hilda quedó hospitalizada más de 15 días en estado de alta gravedad a pesar de lo cual fue dada de alta.

Al mismo tiempo el Juzgado Penal abre expediente y dicta una orden de aprehensión contra Celestino López, pero ésta no es ejecutada por los agentes judiciales, quienes alegan que no tienen capacidad para trasladarse hasta el domicilio de éste, pues es una comunidad indígena a la que no tienen acceso. El proceso jurídico está lleno de negligencia: se presta poca atención al caso, su investigación, toma de declaraciones, realización de pruebas y peritajes; todo se hace de manera lenta y deficiente. Además, Celia sufre vejaciones, se le tilda de madre irresponsable, y tratan de que asuma que el abuso sexual pudo ser causado por algún integrante masculino de la propia familia, como el padre o primos de Hilda. Es decir, se inculpa a un inocente, con lo que, por un lado, se evita la detención del acusado, y por otro, se refuerza el castigo a la madre de Hilda, mujer “descuidada” y que pretende “ocasionar problemas” a la comunidad, a través de la sanción o inculpación de su marido u otros familiares cercanos, lo cual implica, además, la amenaza de perderlos.

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Al negarse los agentes judiciales a cumplimentar la orden de aprehensión contra Celestino López, se establece que ésta sólo puede ser ejecutada con la colaboración de las autoridades oficiales indígenas del municipio de Huixtán (que tienen reconocimiento judicial y enlaces formales con las autoridades judiciales estatales). Éstas, se niegan a colaborar. Argumentan que no detendrán al violador puesto que cumplir con la orden de aprehensión en su comunidad traería como consecuencia conflictos sociales que no están capacitados para enfrentar. Además, alegan que Celia, quien vive en esa jurisdicción, se “brincó su autoridad” al recurrir a agencias de justicia estatales, y que ahí se gobierna por usos y costumbres y la asamblea comunitaria no considera responsable a la persona señalada, por lo que no ayuda ni permite que autoridades externas (como los agentes judiciales) lo saquen detenido. Aparte, aclaran que “no son autoridades ejecutoras” (es decir, no van a hacer el trabajo que otras autoridades indiquen). Estos argumentos muestran un conflicto de poder entre distintos tipos de autoridades y una especie de “pacto” de no interferencia sobre sus respectivas zonas de influencia.

Muestran, sobre todo, que las mujeres y sus derechos tienen poca valía en este contexto.

Ante la negativa de las autoridades indígenas, la policía judicial indica a Celia que es ella la que debe hacer que Celestino López viaje a la ciudad de San Cristóbal para que ella dé aviso de su ubicación a los agentes judiciales y puedan ir a detenerlo, o bien, que ella y sus familiares lo detengan y lo lleven hasta las instalaciones de la Fiscalía. Se deja el peso de la administración y procuración de justicia en una madre sin recursos y una mujer discapacitada. A la fecha, el expediente penal 79/2003, sigue en espera de que se detenga al responsable, por lo que prevalece la impunidad.

Celestino López volvió a violar y embarazar a Hilda, quien en abril de 2008 parió a una bebé prematura con Síndrome de Down, subdesarrollo glandular y otros problemas de salud, que junto con ella misma, están a cargo de Celia. Celia no intentó en esta segunda ocasión denunciar la violación ni acudir a los servicios de salud. El agotamiento ante la falta de resultados, la presión por parte de las autoridades tradicionales y de su comunidad por faltar a la “lealtad” a su pueblo, el clima de enemistad contra ella y el miedo a otras sanciones comunitarias, así como la falta de recursos para viajar a la ciudad, detuvieron el interés por emprender o continuar cualquier acción legal. Celia se dedica a cuidar a dos personas que demandan mucha atención. Está agotada y enferma.

En este caso se trata de la acción de dos actores gubernamentales distintos con argumentos distintos en apariencia, pero con una lógica y resultados similares. Por un lado, están el personal de salud y agentes judiciales, se trata de personas integrantes de instituciones públicas, 20

que tienen una clara influencia del fuerte accionar actual de los grupos fundamentalistas religiosos en la sociedad y en el Estado mismo, cuya actuación deja sin efecto los derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, existen actores locales que, como autoridades comunitarias, aluden a un sistema de usos y costumbres basado en creencias religiosas y culturales que son fundamentalistas, para negar el ejercicio de los derechos de las mujeres. En ambos grupos de actores y con base en los argumentos que defienden se muestra la poca o nula importancia de las mujeres y del respeto a sus derechos humanos.

Estos actores cometen acciones y omisiones que constituyen esta múltiple violación a derechos humanos: la Fiscal Investigadora a cargo del caso, su personal auxiliar y su superior jerárquico inmediato; el director de Control de Averiguaciones Previas; la Policía Judicial; la policía comunitaria; el Juez de Paz y Conciliación Indígena de Huixtán; los auxiliares del Juez Indígena de Huixtán. Subyacen a sus acciones o falta de éstas, ideas y prácticas fundamentalistas, pues hay creencias religiosas relativas al embarazo como voluntad divina, y a la inviolabilidad y carácter sagrado de la vida humana — en la que se incluye y defiende principalmente a la del producto de la concepción-, al tiempo que se criminaliza el aborto.

Es importante señalar que articulados a estos prejuicios religiosos y morales, hay también otros de tipo sexista, racista y clasista, que aunque no tienen su origen en los fundamentalismos religiosos, se conjugan negativamente para afectar a las mujeres, ya sea que las convierta en blancos de la violencia, o que sufran discriminación cuando acuden a buscar justicia. El número de casos que han documentado organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres indígenas así lo confirma.27

Las estrategias empleadas ante las violaciones a los derechos humanos de Hilda Álvarez Se desarrollaron varias estrategias, entre ellas la atención, acompañamiento y seguimiento a Hilda en sus gestiones en instituciones e instancias sanitarias y de procuración y administración de justicia, el litigio estratégico, acordado con la víctima y su familia, y acciones de comunicación.

Acciones jurídicas: Se considera que el caso de Hilda es paradigmático pues refleja, en una sola víctima, grandes necesidades de acceso a la justicia y la negligencia de las autoridades mexicanas, quienes sobrepusieron al cumplimiento de la ley sus propias creencias religiosas violando los derechos de una mujer indígena, discapacitada, aislada, pobre y con capacidad limitada para defenderse.

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Se recurrió a la documentación y sistematización de casos paradigmáticos relativos a la negación de los servicios públicos de interrupción legal de embarazo, pues ha habido otros en la región, e incluso en otros Estados de México, como el caso de Paulina.28 Con esta información se pudo definir una estrategia de presión y demanda a las autoridades, así como alianzas con otras organizaciones para lograr justicia para esta mujer y las precedentes.

Se planteó denunciar el caso en instancias internacionales de derechos humanos, como se ha hecho en otros casos de violencia sexual, pues la respuesta es más favorable en este ámbito. Se hizo sólo en parte.

El litigio estratégico incluyó la difusión y la presentación del caso a instancias como las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos en marzo de 2007, así como su integración en el informe al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas con motivo de su visita a Chiapas, en junio de 2004. Se hicieron alegatos fundamentados en los instrumentos internacionales de derechos humanos (CEDAW,29 Convención de Belem do Pará,30 Convención 169 de la OIT,31 etc.) que se presentaron ante las autoridades e instancias referidas. Esto abrió la atención y difusión del caso entre otras organizaciones civiles y movimientos sociales de la región Altos, Chiapas, y particularmente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas. No se llevó el caso a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos porque las instancias locales no se han agotado (el expediente penal sigue abierto) y porque la familia requeriría comprometerse con dicho proceso, para lo cual no hay condiciones.

Comunicación: La difusión e información hacia la sociedad fueron muy importantes. Se aprovecharon espacios radiofónicos para dar a conocer el caso, para denunciar a autoridades responsables, y también se hicieron actividades en escuelas para hablar de la violencia contra las mujeres, el embarazo no deseado, los derechos sexuales y reproductivos, con lo que se trabajó en la sensibilización ante el caso y la concientización sobre estos temas a nivel de base.

La estrategia se propuso generar indignación ante la situación de Hilda y otras mujeres indígenas en situaciones vulnerables (por su género, pobreza, falta de escolarización, de salud, su pertenencia étnica, etc.) que sufren una reiterada violación a sus derechos, iniciando con el derecho a la justicia. Así, la visibilización de las mujeres como ciudadanas, sujetas de derecho iguales ante la ley, que han sido violentadas debido a la irresponsabilidad del Estado, las inequidades y obstáculos de género en el sistema jurídico de Chiapas, y en particular al incorrecto proceder de personal de la administración y procuración de justicia, de salud, y de instancias de autoridad indígena, que afectan los derechos de esas 22

ciudadanas, fue un eje importante.

Otra clave de la estrategia fue difundir el caso de Hilda junto con el de Paulina.32 En ambos se trata de jóvenes que podrían ser la hija o la hermana de cualquiera, y para quienes la interrupción del embarazo estaba más que justificada. Ambas, por su juventud e inocencia, provocaron empatía y solidaridad sociales. Rompieron con el estereotipo asociado a quienes abogan por el aborto, que supone que las mujeres que lo piden son “libertinas” o “irresponsables”. Hilda y Paulina son pequeñas mujeres visiblemente vulneradas a las que la solidaridad popular acoge y acompaña en su reclamo de justicia. Su situación plantea a la sociedad otra perspectiva del abuso sexual a niñas, a indígenas y a personas con limitaciones físicas y/o enfermas. En este escenario, la situación de Hilda se vuelve de interés público y obliga a las autoridades a enfrentarse a sus creencias religiosas y a sus prejuicios sociales, en materia de salud, sexualidad, y de derechos.

La difusión del caso fue determinante pues se requirió tomar acciones urgentes, por lo que las vías de comunicación e información que las facilitaran eran indispensables.

Establecimiento de alianzas: Otra parte de la estrategia fue también el establecimiento de alianzas y relaciones con distintos grupos de la sociedad civil, entre ellos el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) en una colaboración por parte de ambas para la documentación y atención del caso de Hilda.

Nos relacionamos con instancias de poder jurídico-político en el ámbito local, regional y nacional. En algunos casos, la relación es obligada, como parte de la interacción para la atención del caso (como con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, su Contraloría, el Ministerio Publico Indígena, el Juzgado de San Cristóbal de las Casas, su Contraloría, el Comité de la Judicatura del Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y la federal como el Juzgado de Paz y Conciliación del municipio de Huixtán). En otros casos, es una relación estratégica para superar obstáculos presentados en el proceso.

Por ejemplo, se recurrió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Desarrollo Humano del Estado de Chiapas, y a la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indios de Chiapas. Con éstas y otras instancias se hicieron gestiones y/o cabildeo para lograr su colaboración o bien una resolución a favor de la víctima. Ésta no siempre se logró y en este sentido la relación no supuso una verdadera alianza. No obstante, la estrategia contemplaba la definición previa de un mapa de actores, instituciones y organizaciones COLEM

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públicas y privadas con las que se establecería o podría establecer una interacción.33 Otra acción más fue introducir en distintas redes y coaliciones ya existentes temas relacionados al caso y que ampliaran sus agendas, ya fuera el de los derechos sexuales y reproductivos, el de juventud, los derechos indígenas, el Estado laico, etc. También se logró que el grupo defensor se integrara en actividades políticas relevantes, como la visita del Relator para pueblos indígenas, lo cual fue resultado de actividades de gestión y alianzas, lo que a su vez favoreció la difusión y la colaboración de distintos actores en el caso.

Los recursos para el desarrollo de las estrategias Se utilizaron recursos logísticos, financieros, humanos, y el conocimiento de las organizaciones defensoras.

El costo del litigio fue cubierto por COFEMO. Los costos de todo el proceso contó con recursos también de otras organizaciones que realizan trabajo en áreas específicas, por ejemplo, salud, que brindaron atención médica especializada a Hilda, medicamentos, etc.

El hecho de que las organizaciones defensoras sean un referente en la entidad fue un recurso importante pues eso dio respaldo y capacidad de interlocución ante las autoridades. También supuso capacidad de movilizar y lograr apoyo por parte de otras organizaciones civiles y sociales en la región, que respondieron a los llamados de solidaridad, a acciones urgentes, a la defensa del caso y/o de los temas que subyacen a éste.

El conocimiento de la región, la perspectiva cultural de género y de derechos humanos, y la experiencia en estos ámbitos fueron recursos que se movilizaron para apalancar la defensa del caso.

Al igual que en el caso de María de Jesús, en la estrategia para defender a Hilda el discurso se convirtió en un recurso fundamental. Se expresó cómo se combinó la difusión de los casos de Paulina e Hilda para derribar prejuicios respecto a la interrupción legal del embarazo, y para recuperar y posicionar los principios e instrumentos de derechos humanos como referencia para el caso. De igual manera, el discurso que defiende la laicidad del Estado fue clave pues coloca el asunto en una perspectiva no sólo nacional sino del Estado mismo trascendiendo el caso particular de una joven y sumándolo a un reclamo social generalizado. La defensa del Estado laico ha movilizado a un sector importante del país, a raíz de la presencia y aumento de poder de partidos de derecha, por lo que integrarse en este debate, sensible y visible para la sociedad fue relevante.

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Asimismo, no hay que perder de vista que las víctimas en estos discursos más amplios han sido una parte central de la estrategia. Este discurso inicia con: “Ahora se llama Hilda…”. Hablar de Hilda sirve para denunciar su situación, y para cuestionar la estructura y situación sociales en la vivimos muchas mujeres.

Reflexiones sobre las estrategias, su proceso y el entorno La mirada retrospectiva permite dimensionar el valor de la inclusión del caso y/o temas de éste en las agendas de otras coaliciones o redes, pues fue algo que además de potenciar su difusión y defensa favorece también la atención a otros casos o a situaciones relacionadas con las muchas causas que favorecen múltiples violaciones a derechos humanos.

Lo mismo sucede con la estrategia de defensa jurídica alternativa, que en este caso implica el planteamiento de una denuncia de varios derechos violados en contra de Hilda en el marco de la procuración y administración de justicia, de acuerdo a las convenciones del sistema de las Naciones Unidas. De éstas se pueden retomar tipificaciones a las violaciones de derechos, la aplicación de pruebas, las formas de argumentación, las medidas de protección, las sanciones, etc. para la defensa local del caso de Hilda y/o para basar en éste nuevas reformas.

Este tipo de defensa supone también, en acuerdo con la víctima, el alcance del litigio. Es decir, aunque este caso tenga todos los elementos para convertirse en paradigmático, no será llevado a instancias jurídicas internacionales si eso tiene un costo mayor de dolor o sufrimiento en la ofendida y su familia.

Es importante formar redes especializadas en el litigio estratégico y en la incidencia en políticas públicas a partir de casos exitosos o paradigmáticos. Trabajar en red fortalece la resolución individual de los casos al visibilizarlos, al forzar a las autoridades a asumir soluciones similares para problemas similares (aunque se trate de distintos casos, sujetos, violaciones, estados, etc.) y facilitar la identificación de problemáticas comunes subyacentes, como el abuso de poder y las conductas e ideologías discriminadoras apoyadas o convertidas en fundamentalismos religiosos.

Un aprendizaje se relaciona con la necesidad de cambiar algunas acciones del litigio estratégico, sobre todo las relacionadas con la presión a las autoridades y la difusión del caso. Se necesitan elaborar, documentar y presentar pruebas no comunes que expliquen con mayor claridad el nivel del agravio, por ejemplo antes sólo se aceptaban pruebas físicas y médicas para probar la violación, y hoy, gracias a este tipo de trabajo es común el peritaje psicológico para ubicar daño emocional y cada vez más se acepta el peritaje antropológico para medir daño social.

COLEM

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Se requiere intensificar este tipo de acciones.

¿Y después de María de Jesús e Hilda?… Mirar hacia adelante

Otro aprendizaje más estriba en la pertinencia de generar alianzas con grupos de jóvenes y con asociaciones que trabajan el tema de los derechos de las/os niñas/os, a quienes no se convocó a sumarse en la defensa y difusión de este caso y hubiera sido adecuado.

Algunas conclusiones

La difusión de un caso puede tener efectos de distinto tipo. Puede proteger y aminorar las consecuencias negativas para las víctimas y/o sus defensoras, o por el contrario, aumentarlas. Es decir, a veces un logro, puede convertirse en un problema. El caso de Hilda reactivó la discusión social sobre el aborto. Sin duda es un caso que puede servir en la lucha por su reglamentación en los casos no punibles y por su despenalización. No obstante, grupos sociales vinculados al catolicismo reaccionaron con una campaña de rechazo al tema y al caso. Cuando el debate se activa se visibiliza la posición de distintos grupos feministas y sociales en Chiapas, y se genera nueva división y tensión entre ellos. En este sentido, es importante que se favorezca la difusión de información que facilite la discusión, revisión y reconocimiento de distintas posiciones de manera que no incremente la tensión y, además, se logre el cambio de postura. Por ejemplo, generar simpatía y comprensión para mujeres en situación de vulnerabilidad, como Hilda, puede ayudar a erradicar prejuicios (sobre el aborto y su supuesto vínculo con mujeres libertinas o irresponsables), a reconocer los efectos negativos de los fundamentalismos y a encontrar puntos comunes de defensa de derechos humanos para todos los grupos en dicha situación.

Las ideas y prácticas fundamentalistas restringen derechos básicos a las mujeres. En este caso, las creencias religiosas tienden a concebir a las mujeres como objetos o como sujetos que requieren ser controlados en consonancia con la idea bíblica de la culpa de las mujeres por la pérdida del paraíso. Se articulan y agravan estas ideas en el caso de Hilda con otros prejuicios religiosos y étnicos y con su condición de discapacidad. Según algunas creencias, al ser indígena, puede ser vista como un “alma impura”, manipulable por el diablo. Al tener Síndrome de Down, enfermedad estigmatizada en este contexto, puede ser vista como portadora del diablo, como producto de un pecado que cometió su madre — responsable última de lo que le suceda —, o como una persona que al carecer de capacidad de autocontrol puede ser utilizada por cualquiera. Además, de acuerdo al pensamiento occidental que desprecia lo indígena, puede ser vista como una persona carente de pensamiento desarrollado y moderno y con una ciudadanía incompleta. Hilda está sobre estigmatizada, varias creencias — religiosas y de otro tipo — actúan en su contra.

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Las relaciones observadas entre diferentes grupos e ideas y prácticas fundamentalistas se ven reflejadas en las instituciones indígenas y estatales de procuración y administración de justicia, así como en los servicios de salud del Estado. Existe un desconocimiento, falta de respeto o incluso desprecio de las leyes y derechos humanos de las mujeres, además del predominio de ideologías religiosas (católicas y evangélicas) por sobre los derechos de las mujeres. El pecado es un eje que subyace a la falta de justicia en estos casos, el ejercicio sexual “impuro” y el “asesinato de un inocente” se convierten en el principal motivo de preocupación de las autoridades, y no así, los problemas de salud, de violencia, y de acceso a la justicia de las mujeres.

La construcción de un entorno de vigencia de los derechos humanos de las mujeres requiere el trabajo conjunto de mujeres y hombres en distintas direcciones: difusión de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales que los protegen, y visibilización de experiencias de defensa exitosas, que puede darse, entre otros medios, mediante la organización de foros para el debate con organizaciones que defienden y también que desafían los derechos de las mujeres, pues el diálogo entre grupos distintos es importante como parte de un Estado laico y democrático.

Otro tipo de trabajo implica acciones de investigación y educativas de diverso tipo. Por un lado, es importante abordar aspectos antropológicos, sociales y jurídicos en las comunidades y pueblos indígenas, lo cual requiere un trabajo formativo. Los casos de María de Jesús e Hilda dejan claro que necesitamos comprender las formas concretas de operación de los fundamentalismos religiosos para lanzar contraestrategias exitosas que establezcan mejores condiciones para el ejercicio y defensa de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, conocer y recopilar datos sobre otros casos similares sería necesario para entender distintos “resortes,” prácticas y formas de concretarse de los fundamentalismos en situaciones diferentes, así como de sus efectos.

Es particularmente importante conocer las interpretaciones o ideales religiosos propios de cada grupo, la manera en que se expresan y que se articulan con otras dimensiones o estructuras sociales, y con otras fuentes de estigmatización y/o prejuicio para poder mostrar sus COLEM

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incongruencias, así como para poder informar o abatir la ignorancia respecto a ciertos temas que favorecen la manipulación. También hay que reconocer a las personas o actores centrales que movilizan a los grupos fundamentalistas, cuál es su ámbito de acción, sus argumentos, etc., para que la estrategia dé alcance a sus actividades (sean políticas, jurídicas, de comunicación, etc.).34

Por otro lado, es necesario implementar otras acciones educativas, como la capacitación de mujeres que les permita su concientización, el conocimiento de sus derechos y su empoderamiento en términos más amplios, y la capacitación de las/os defensoras/es de los derechos de las mujeres y/o aquellas/os que imparten justicia, a fin de que reconozcan la obligatoriedad de las leyes a favor de las mujeres.

Se requiere asimismo mostrar, dentro y fuera de las comunidades indígenas, que los llamados “usos y costumbres” son sistemas que han cambiado con el paso del tiempo, que la cultura es dinámica, no estática, que se han introducido en ellos elementos religiosos, culturales y políticos “externos”, y que sus contenidos y formas, por más “tradicionales” que parezcan, han sido ya transformados y pueden seguir transformándose. En la defensa de los derechos humanos, y específicamente los derechos humanos de las mujeres, suelen contraponerse argumentos que califican a éstos como valores ajenos a las tradiciones locales que se oponen a principios propios de la costumbre indígena. Así, los valores colectivos — de los pueblos o comunidades — se priorizan sobre los de sus integrantes —particularmente, las mujeres.

La generación de acciones y políticas de capacitación para el empoderamiento económico y político de las mujeres, a fin de que ocupen espacios estratégicos en sus comunidades y regiones, también son útiles para cambiar la visión personal y social de “ser mujer”.

En este contexto es significativo evidenciar las fuentes y evolución de dichos sistemas y grupos, así como la manera en que son construidos, reproducidos y a veces también, utilizados. Esto es fundamental para contrarrestar fuerza a los fundamentalismos religiosos. La manera de derrumbar ciertos mitos, de quitarles su “atractivo” para la población es a través de argumentos e información que ayuden a reconocer sus incongruencias, sus efectos negativos — e incluso inhumanos-, a mostrar las formas en que afectan a la comunidad, y así a volverlos “políticamente incorrectos”, y lógica o científicamente insostenibles.

Una proyección de este tipo debe apoyarse en la documentación de los casos en cuestión y otros similares y en su difusión, la cual debe enfatizar el hecho de que no es un problema de una o unas cuantas mujeres, sino que es un problema social que se relaciona además con otros reclamos como pueden ser la salud, la justicia, la vivienda, la vida. Para esto se requiere un monitoreo por parte de la sociedad civil sobre eventos y casos para contar con informes y diagnósticos que den cuenta de la situación real de la protección de los derechos humanos, y que reflejen el estado de cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales en esta materia.

Asimismo, mediante este trabajo se puede cuestionar a los líderes que enarbolan y utilizan esas creencias, y entablar un proceso de diálogo — o de confrontación — que haga visible que su poder o liderazgo no es total — o que puede dejar de serlo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, exponer la doble moral de algunos de sus integrantes que actualmente enfrentan denuncias por pederastia es una manera de debilitar su peso moral e influencia.

Este tipo de acciones suponen un trabajo educativo que implica cuestionar, transformar y/o construir referentes, miradas sobre el mundo y creencias que forman parte de la identidad y subjetividad de los valores y conocimientos que sirven de modelo y/o dan sentido, incluso, a la propia vida.

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Existen aspectos de las estrategias aquí implementadas que pueden aplicarse en otros contextos. La defensa legal es muy importante para que la víctima pueda gozar de sus derechos, y sean reparados los daños. Esta defensa debe basarse en la perspectiva de género y de derechos humanos, y proyectarse dentro y fuera de las comunidades, es decir, abarcar el ámbito local, nacional e incluso internacional, pues son esta difusión y presión las que a la larga favorecen la asunción del compromiso del Estado para generar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.

La proyección también debe partir del posicionamiento local, nacional e internacional de las mujeres defensoras de derechos humanos y de las redes que se han sumado a la causa. Su legitimidad, su visibilidad y respaldo son fundamentales. Para esto son importantes los pactos y alianzas con otros movimientos y organizaciones que pueden simpatizar con la causa, aunque sus ejes de trabajo atañan a otros ámbitos.

Durante el proceso del caso de Hilda se realizó una sistematización y documentación del mismo para difundirlo y sobre todo, usarlo como caso precedente y caso tipo. Se identificaron inequidades, nudos y obstáculos en los procesos jurídicos formales debido a cuestiones relacionadas a la discriminación de género, etnia, clase y otras condiciones de marginación social en Chiapas. También se creó un documento que sistematiza la experiencia de derecho alternativo con perspectiva de género, y contiene COLEM

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propuestas de atención y justiciabilidad para mujeres víctimas de violencia que tomen en cuenta su situación y condición específica para que accedan a la justicia en igualdad de condiciones, a partir de distintos casos litigados por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Estos materiales serán importantes para la defensa de nuevos casos y para facilitar el trabajo de las organizaciones y grupos defensores, y deben sumarse al análisis y difusión de los argumentos que en otros estados del país han servido para despenalizar el aborto, así como la base jurídica de la negativa para aceptarla en otros.

Es necesaria la defensa del Estado laico. En ésta, junto con la presión política, las movilizaciones sociales, el trabajo educativo, la difusión de conocimiento científico e información, etc. es importante contar con estudios jurídicos y otros trabajos de investigación sobre los fundamentalismos religiosos que incorporen, además, una perspectiva de género y muestren la violencia que se genera contra las mujeres.

La defensa del Estado Laico es urgente porque en México, la derecha y otros grupos fundamentalistas están ganando poder e influencia al encontrarse en posiciones estratégicas políticas, económicas, sociales y religiosas; y aunque se acaba de ganar legalmente la explicitación del Estado como “laico” en la Constitución Mexicana (febrero del 2010), los embates y las prácticas en su contra son muchos.

De hecho, hoy se tiene el reto de homologar la despenalización del aborto en México. El proceso en este sentido ha tenido bastantes retrocesos desde 2008, pues en varias legislaciones locales (al menos 17, a inicios del 2010) se ha penalizado el aborto, y están en debate leyes similares en otros Estados, por lo que es urgente evitar y revertir esta tendencia, y lograr que éste y otros derechos sean exigibles como derechos fundamentales a nivel local y federal. Esto supone una estrategia que conjugue acciones en esos dos ámbitos, así como en el internacional, para impedir que se generen nuevas leyes que vulneran a las mujeres.

La acción coordinada entre personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, o de tipo gremial o sectorial como las de abogadas, médicas o profesionistas de la salud, entre otras, es necesaria.

Se reconoce que en los casos aquí analizados, la respuesta negativa de las autoridades para hacer cumplir la ley, y con ésta, la confirmación de la injusticia y poder de líderes de las colonias o del personal de las instituciones públicas, conforman un ambiente de impunidad que resta fuerza o incluso inhibe los esfuerzos de las mujeres por exigir sus derechos. María de Jesús y Celia, como otras mujeres, estaban convencidas de que no había posibilidad de hacer cosa alguna ante las agresiones recibidas, el cual confirmaron en el proceso y las condujo a optar por cesar el seguimiento de toda acción de justicia. Dicho desánimo y 30

desconfianza son parte del entorno en el que hay que trabajar.

La existencia de instrumentos jurídicos internacionales que obliguen a los Estados, en este caso a México, al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres es uno de los factores más importantes para su avance y defensa. De igual forma, es fundamental la existencia de grupos y movimientos sociales que trabajen en la defensa de esos derechos, en el monitoreo de casos y acciones, y en el cabildeo de propuestas para lograr cambios legislativos y políticas que redunden en el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Notas: 1

Los criterios para contabilizar la población indígena pueden variar. Esta cifra corresponde solamente a los hablantes de alguna lengua indígena, no considera a los indígenas que no hablan alguna de las lenguas originarias aunque se asienten en algún territorio indígena y conserven parcialmente algunos de los elementos de su cultura. Gobierno de Chiapas. www.chiapas.gob.mx.

2

Mapa tomado de la Enciclopedia de los Municipios de México (www.e-local.gob.mx).

3

CONEVAL. Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008.

México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008.

4 INEGI. Perfil Sociodemográfico. II Conteo de Población y Vivienda 2005. México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2005.

5 Si deseas leer más sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, ver: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Balance anual 2008, sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas. Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2009.

6 BUVE, Raymond. Caciquismo, un principio de ejercicio de poder durante varios siglos. Relaciones, núm. 24(96): 17-39, 2003.

7 BELLINGHAUSEN, Hermann. El nuevo camino de Chamula. La Jornada, México, 28 de septiembre 2009.

8 Según datos del Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH), a la fecha existen alrededor de 70,000 efectivos militares (www.laneta.apc.org/ciach).

9

Los primeros conventos e iglesias católicos se fundaron con la llegada de la orden de los dominicos a México, a partir de 1526. En Chiapas se fundó una provincia, formadas por varios conventos de una región que incluía hasta Centroamérica, en 1551. A mediados del siglo XVII la religión católica se difundió en gran parte de Chiapas, a excepción del Soconusco y la zona lacandona, que fueron evangelizados años después. ROMERO, Manuel Jesús. Los dominicos en América Latina y El Caribe.

Un esbozo histórico. s/f, Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y el Caribe (CIDALC).

COLEM

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10

Es uno de los municipios tzotziles de los Altos de Chiapas más poblados. Está integrado por 87 “parajes” que participan en las mismas ceremonias religiosas y fiestas, que tienen las mismas autoridades religiosas y políticas — con una estructura muy rígida y autoritaria. Los “parajes” son comunidades de arraigado tradicionalismo que difícilmente aceptan influencias externas o cambios. Por ejemplo, cuando perciben conductas “extrañas” de alguno de sus integrantes, es decir, conductas que consideran que van en contra de las costumbres, se califican como delitos graves por lo que puede tener lugar el encarcelamiento de esa persona sin previo juicio, su difamación o expulsión.

11 La Iglesia Católica Ortodoxa Mexicana, conocida en la zona como la iglesia de San Pascualito, surge en México en 1925 como independiente de Roma, asociada con la política anticlerical que el entonces presidente Plutarco Elías Calles manifestó contra la iglesia católica. No se tienen datos de cómo llegó a Chiapas, pero fue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde tuvo origen el culto a San Pascualito, el cual se extendió a otros templos chiapanecos. En 1969 llegaron sacerdotes de la iglesia de San Pascualito a Chamula, en una época en la que se da la expulsión de los sacerdotes de la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas, por sus vínculos con la teología de la liberación. En este contexto, asociado a luchas de poder entre distintas facciones al interior de la comunidad, las autoridades locales solicitaron a la Iglesia Católica Ortodoxa Mexicana que enviaran un sacerdote para los servicios religiosos. RIVERA Farfán, Carolina. Expresiones del cristianismo en Chiapas. Pueblos y fronteras, 1; 68-91, UNAM, México.

12

BELLINGHAUSEN, Hermann. Chamula, el primer pueblo indio que disputa mecanismos de poder a mestizos. La Jornada. México, D.F., 9 de febrero de 2003.

venta controlan los caciques de la comunidad, es usada en rituales religiosos y también al final de audiencias de conciliación o de impartición de justicia como símbolo de la conformidad con el arreglo al que llegan las partes. Este refresco ha devenido un producto valioso en distintos sentidos, ofrecerla a una visita puede ser signo de la importancia de esa persona, y no ofrecerla, un signo de tacañería o de falta de respeto. Las autoridades ejidales pueden imponer como multa por la comisión de delitos comunes el pago con coca-colas, que serán repartidas entre las autoridades.

En otras comunidades, los caciques que monopolizan su venta han impuesto una cuota de consumo semanal para toda la población, a fin de beneficiar su propio negocio y llegan a ejercer acciones violentas contra quienes se rehúsan a tal consumo.

Las represalias pueden ser tan graves como lo es la quema de las casas. Estos relatos se pueden consultar en el blog Kalpulli tlahuikayotl, “Coca-cola en Chiapas: agua, contaminación y pobreza”.

21 El estudio del caso de María de Jesús fue realizado por Guadalupe Elizalde Molina, de COLEM, desde donde se priorizó el eje de trabajo de la organización sobre violencia contra las mujeres.

22 Los expulsados se asentaron en terrenos que no eran de su propiedad. No obstante, una vez asentados en ellos, los líderes comenzaron a ofrecer a la venta lotes o fracciones de terreno, mediante un sistema de crédito informal en el que, a través de pagos periódicos se obtendría, al final de cierto tiempo, la propiedad de dichos lotes.

Para los caciques, además del negocio ilícito, la venta de estos terrenos significaba más gente en posesión de tierras, lo cual dificultaba el desalojo por parte de las autoridades gubernamentales. Estas autoridades temían generar nuevos conflictos en la zona Altos, los cuales pudieran fortalecer al Zapatismo, por lo que no detuvieron el crecimiento de dichos asentamientos.

13

RIVERA, LISBONA y GARCÍA. Chiapas religioso. En: Lecturas para entender a Chiapas. Gobierno del Estado de Chiapas, Dirección de Divulgación de la Secretaría de Educación, México, 2004.

14 BELLINGHAUSEN, Hermann. Impune, asesinato de tzotzil en Mitzitón. La Jornada, México, 26 de julio 2009b.

15 El término “colonia” es una definición jurisdiccional. En México, las municipalidades o municipios están divididas en colonias.

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Esta parte del estudio de caso fue elaborada por Martha Guadalupe Figueroa Mier.

En la atención que hizo COLEM de dicho caso, se trabajó principalmente desde el eje de derechos sexuales y reproductivos.

24

38 kilos/1.40 metros equivalen a 84 lbs/4’7”. El dato, consignado en el expediente médico, muestra la gravedad de la condición de Hilda y el alto riesgo para ella de continuar con el embarazo.

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16

Como: San Antonio de los Montes, la Hormiga, Getzemaní, Diego de Mazariegos, La Quinta, Santa Cruz Cascajal, Paraíso, Nueva Palestina, Nueva Tlaxcala, Morelos, Benito Juárez, La Selva, Artículo 115 y el Ex-Carmen. Entre estas colonias o barrios están también la Nueva Maravilla y La Hormiga, que son las colonias donde se desarrolla uno de los casos aquí estudiados.

17

Mapa tomado de la Enciclopedia de los Municipios de México: www.e-local.gob.mx.

18

BELLINGHAUSEN, Hermann, 2009b, ob. cit. 2009.

El Ministerio Público es la figura o nombre que comúnmente se da la agencia donde se reciben las denuncias, se investigan, integran las pruebas y configuran el delito, además de vincular al responsable.

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En México existen aún hoy, a nivel federal, tres causas por las cuales las mujeres pueden abortar sin ser sancionadas: por violación, peligro de muerte o salud de madre o producto. Sin embargo, no existe una reglamentación que permita el cabal cumplimiento de esta ley, por lo que en la práctica se obstaculiza el ejercicio de este derecho.

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19

Violaciones por parte de muchos hombres a una misma persona, en este caso, a una misma mujer.

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Actualmente estos arreglos suponen recibir dinero y coca-cola, que en algunas comunidades es una moneda con valor económico y simbólico. La Coca-Cola, cuya

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Además de la falta de datos al respecto, que informan ya de la situación, pueden verse informes y boletines de la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, el Informe entregado al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas durante su visita a Chiapas. Asimismo, esto se refleja en el número de mujeres indígenas en la cárcel. Esto se ha analizado en algunos estudios de antropología jurídica e informes COLEM

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académicos, entre ellos, el de CIESAS. HERNÁNDEZ Castillo, R. Aída. El derecho positivo y la costumbre jurídica: Las mujeres indígenas de Chiapas y sus luchas por el acceso a la justicia. En: TORRES Falcón, Marta (compiladora). Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales. México, El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 2003.

28 Es particularmente relevante el “caso Paulina”. Paulina Ramírez, adolescente mexicana del estado de Baja California, sufrió un embarazo a los 13 años como consecuencia de una violación tumultuaria en el año 1999. Le fue negado el aborto, también a partir de creencias personales y religiosas de agentes estatales que la atendieron. El caso fue denunciado públicamente, hubo apoyo de gran parte de la sociedad y movilizaciones de parte de grupos feministas, y pudo ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta obligó a México a reconocer su responsabilidad, y a comprometerse en la promoción de reformas legislativas para evitar que sucedan casos semejantes. Asimismo se incluyeron medidas de reparación del daño, y la cobertura de gastos ocasionados por el litigio a cargo del Estado mexicano. Algunas de estas medidas atañen sólo a instancias del estado de Baja California, y otros a todo el país.

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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm)

Breve reseña biográfica de las autoras: Guadalupe Elizalde Molina es abogada y activista por los derechos humanos de las mujeres desde 1996. Durante siete años dio asistencia legal directa a víctimas de violencia doméstica y sexual en COLEM, además realiza diversas actividades de facilitación de talleres para mujeres indígenas, asesoría, coordinación e investigación en forma independiente. Imparte clases de Derecho a nivel universitario y coordina grupos de alumnas para formación de abogadas con perspectiva de género.

Martha Guadalupe Figueroa Mier es feminista y abogada de mujeres con metodología basada en derecho alternativo y perspectiva de género; experiencia en los sistemas comunitarios indígenas, incluido el emergente Autónomo Zapatista, en el sistema positivo mexicano y el internacional. Fundadora e integrante de varias organizaciones y redes feministas como COLEM, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera, la Red Milenio Feminista, el Observatorio Nacional del Feminicidio, el Observatorio de Género, la Coalición de Abogados y Abogadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Es diplomada en derechos humanos, derechos indígenas, derechos de mujeres, entre otros muchos y variados temas. Es integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión del Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, representante legal de víctimas mujeres en situación de conflicto armado por tortura, violación sexual y ejecución extra judicial ante la CIDH, conferencista, ponente, autora y coautora de textos sobre los diferentes temas en que se especializa.

30

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html)

31

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. (www.conama.cl/portal/1301/articles-45295_ recurso_1.pdf)

32

Ibid.

Breve reseña biográfica de la organización: El Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM), antes Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, AC, es una organización feminista sin fines de lucro que ha trabajado en los Altos de Chiapas, México desde 1990 por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual y doméstica, por medio de acciones de asistencia, difusión, comunicación, educación popular e investigación.

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Cabe señalar que en el complejo contexto de Chiapas, que incluye incluso una situación de conflicto armado y paramilitar, la alianza de organizaciones civiles con instancias estatales no sólo es difícil sino que puede ser “políticamente incorrecta”, de ahí que las posibilidades, conveniencia y maneras de vincularse con los distintos actores públicos y privados son limitadas y variables para cada situación específica.

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No hay que olvidar que en el sostenimiento de un grupo fundamentalista están sus líderes pero también sus seguidores. En este caso, hay hombres y también mujeres, especialmente las ancianas, las “guardianas” de la tradición o de la moral, que juegan un papel censor frente a otras mujeres jóvenes u otras mujeres de su comunidad que no se ajusten a los patrones establecidos, a fin de que se ajusten a los modelos estereotipados propios para la mujer. Reconocer su papel y diseñar estrategias relativas a éste también es necesario.

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