Julio de 2010
Después de ocho años entregamos un país que hace visible a las víctimas y trabaja por restablecer sus derechos, donde cada vez más ciudadanos dejan las armas para construir una vida en la legalidad y un Proceso de Reintegración que les facilita esto e impide la repetición de actos violentos, que es modelo en el mundo y que ha demostrado que la reconciliación es posible, que podemos trabajar para transformar el país. Y lo más importante, trazamos un camino para lograr la paz.
Trabajo, hechos y
Balance de Gobierno Colombia 2002 - 2010
Oficina
DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA REINTEGRACIÓN
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Nuestra labor
La Oficina del Ato Comisionado de Paz es una Consejería Presidencial que adelanta los acuerdos y negociaciones de paz con los grupos armados organizados al margen de la ley y que ejecuta la política de paz de conformidad con las directrices del Presidente de la República. Una de sus actividades principales consiste en la generación de condiciones propicias para el logro de la paz en territorios históricamente afectados con el accionar de estos grupos. Sus funciones están establecidas en la Ley 434 de 1998 (Artículo 16) y en los Decretos 2107 de 1994 y 127 de 2001.
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De acuerdo con el Decreto 3043 del 7 de septiembre de 2006, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración se encarga de diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la Ley que se desmovilicen voluntariamente, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Balance de Gobierno
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La Reintegración es un compromiso de todos, por un futuro con más desarrollo y progreso para el país.
El país que encontramos En agosto de 2002 encontramos cientos de municipios donde el Estado no hacía presencia, ni existía el respeto por la ley y la Constitución. No se respetaba la vida, la libertad y la dignidad de los colombianos. El terrorismo actuaba en gran parte del territorio Nacional. En 2002 la tercera parte del país, más de 27 departamentos eran afectados por el accionar de las Autodefensas Armadas Ilegales y en 30 de ellos los grupos guerrilleros cometían toda clase de atentados y violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Encontramos un país donde los ilegales no daban tregua. También encontramos un Estado que no aplicaba estrategias integrales, sostenibles e incluyentes para todos los colombianos, que permitieran la reintegración de las personas que voluntariamente abandonaban los grupos armados organizados al margen de la ley, y que garantizaran un equilibrio entre la justicia y la verdad. Para transformar a Colombia, este gobierno le apostó a la Seguridad Democrática, a la defensa de los derechos de las víctimas, a las desmovilizaciones colectivas e individuales de grupos armados al margen de la ley, a un sistema de justicia transicional y a un sistema integral de reintegración de excombatientes.
paz 2002 - 2010
En busca de la
En los últimos ocho años, cerca de 52.000 personas dejaron las armas para reiniciar una vida en la legalidad. Las desmovilizaciones se han convertido en una herramienta fundamental del gobierno en el combate de los grupos armados al margen de la ley.
E
n diciembre de 2002 los grupos de autodefensas anunciaron un cese unilateral de hostilidades para iniciar un diálogo de paz, cumpliendo así con las condiciones exigidas. En respuesta, el Gobierno Nacional nombró una Comisión Exploratoria de Paz para adelantar contactos con los miembros representantes de los diferentes bloques. En julio de 2003, en el municipio de Tierralta, Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz, algunos miembros de la Comisión Exploratoria y representantes de la Iglesia Católica, se sentaron con un grupo de comandantes de las autodefensas y suscribieron el
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“Acuerdo de Santafé Ralito para contribuir a la Paz de Colombia”. Con la firma de este documento se inició el proceso de paz, el cual finalizó en agosto de 2006. Como resultado de estos diálogos se desmovilizaron 31.671 hombres y mujeres que estaban en la ilegalidad y se hizo entrega de 18.051 armas entre largas y cortas. También se presentó la desmovilización colectiva de 139 guerrilleros pertenecientes al frente Milicias Urbanas del Comando Conjunto Central Norma Patricia Galeano, la Compañía Cacica Gaitana, y la Columna Gabriel Galvis Milicias Urbanas de Florida, de las Farc; y el Ejército Revolucionario Guevarista –Erg–. Desde el año 2003, 31.810 personas se han desmovilizado colectivamente. Además se han dado desmovilizaciones individuales, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, con lo cual se ha logrado que 21.942 colombianos abandonen las armas de los grupos organizados al margen de la ley, para un total de 53.752 desmovilizados (datos entre agosto de 2002 y julio 2010).
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Entre la
justicia y la paz
En el país se están dando las condiciones para una transición
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efectiva hacia la paz.
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Colombia enfrenta uno de los procesos de desmovilización más grandes en la historia de América Latina. La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz es una herramienta jurídica cuyo trámite fue liderado por el gobierno nacional, para buscar mecanismos alternativos de justicia en los procesos de paz que se adelantan con los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta Ley reconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Gracias a ello, más de 299.000 víctimas se han registrado en la Fiscalía General de la Nación. Y de otro lado, permite que se otorguen beneficios jurídicos a las personas que hicieron parte de estos grupos y cometieron delitos de lesa humanidad, siempre que
contribuyan a su desmantelamiento, digan toda la verdad, reparen a las víctimas y no vuelvan a delinquir. A la fecha el gobierno Nacional ha podido postular a 4.346 ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, de los cuales 352 pertenecen a grupos guerrilleros. Estas personas ya han enunciado y confesado aproximadamente 70.000 hechos delictivos. Nuestro proceso de Justicia y Paz es uno de los más ambiciosos del mundo, pues contempla el reconocimiento, de manera simultánea, de los derechos de las víctimas y el equilibrio entre la justicia y la consecución de la paz. Por todo lo anterior, Colombia está en la vanguardia de la aplicación de modelos transicionales de justicia pues ha creado los mecanismos que permiten someter a la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, conocer la verdad de los hechos violentos cometidos por los grupos armados al margen de la ley, reparar a las víctimas, así como establecer las condiciones para que no se repitan estos hechos. De manera complementaria y con el objetivo de garantizar la no repetición de hechos violentos el Gobierno generó las oportunidades para la transformación de las personas que dejaron las armas y las condiciones para construir espacios de perdón y reconciliación a través de la Política Nacional de Reintegración.
La reintegración
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nos transforma la vida
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Más de 45.000 desmovilizados han sido beneficiarios del Proceso de Reintegración que coordina la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. El Proceso de Reintegración es integral y completo, busca el desarrollo de las competencias, las capacidades y oportunidades, para que las personas que dejaron las armas desarrollen un proyecto de vida autónomo en el marco de la legalidad. Todo esto, a través del apoyo a las familias, intervenciones comunitarias y consolidación de redes sociales locales que fortalezcan el proceso.
Cobertura y sostenibilidad Con el objetivo de lograr la sostenibilidad en el tiempo del Proceso de Reintegración, se han desarrollado tres estrategias: 1) Institucionalización: en 2008 se aprobó el CONPES 3554, que articula los esfuerzos de 13 entidades del gobierno e institucionaliza la Reintegración como herramienta de Paz. 2)
Regionalización: se logra mediante la participación activa y corresponsable de los gobiernos departamentales y municipales, el sector privado y la comunidad. Se ha logrado la inclusión de la Política Nacional de Reintegración en los planes de desarrollo de 17 departamentos y 132 municipios del país.
El Proceso de Reintegración ha demostrado que la reconciliación es posible, que podemos trabajar juntos para transformar el país y que “la Reintegración nos transforma la vida”.
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Respaldo de la comunidad internacional: Se ha trabajado ampliamente en la difusión del Proceso de Reintegración en el ámbito internacional. Como resultado, se han gestionado más de US$69.000 millones en recursos de cooperación.
Adicionalmente, el sistema y los resultados de este proceso se han compartido con más de 70 países, 28 organismos intergubernamentales y 37 organismos internacionales, logrando ser reconocido como uno de los más completos del mundo.
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Apoyo a la reintegración
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El Proceso de Reintegración que coordina esta Alta Consejería Presidencial brinda atención personalizada a los excombatientes e incluye acompañamiento psicosocial, educación, salud, formación para el trabajo, asesoría para la inclusión en el mercado laboral y/o el desarrollo de planes de negocio, entre otros, junto con un apoyo económico condicionado a su esfuerzop y compromiso.
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Atención Psicosocial
Más de 39.000 personas que dejaron las armas y sus familias, han recibido atención psicosocial especializada. La estrategia de atención psicosocial busca el desarrollo de cuatro competencias: - Orientación al logro. - Establecimiento de relaciones asertivas. - Solución no violenta de conflictos - Responsabilidad, en los contextos educativo, productivo, comunitario y familiar.
Salud
Más de 44.000 desmovilizados y 96.000 de sus familiares, han sido afiliados al régimen subsidiado, con su respectivo seguimiento y capacitación en promoción y prevención
Educación Gestión y coordinación con las secretarías municipales de Educación, para lograr el ingreso y la permanencia de los desmovilizados en la educación formal, para que desarrollen capacidades y comportamientos que les faciliten su proceso de reintegración. Más de 28.000 participantes del proceso se han vinculado al sistema educativo. De esta población, 60% cursan bachillerato, 36% primaria y 4% universitaria. Cerca de 51.000 familiares de personas desmovilizadas han sido vinculados al sistema educativo. Creación de dos fondos de becas con más de 4.000 millones de pesos del sector privado, cooperación internacional y de la ACR. A la fecha, más de 200 personas que dejaron las armas han sido beneficiadas.
Oportunidades
de ingresos Empleabilidad
Más de 19.000 desmovilizados se encuentran trabajando. A la fecha se han sensibilizado más de 2.180 empresas con el fin de generar oportunidades y se han vinculado más de 600 empresas para el apoyo del proceso de reintegración. Una reintegración económica exitosa de las personas que dejaron las armas es crucial para asegurar la paz y promover el desarrollo sostenible. Para que los desmovilizados puedan acceder al mercado laboral hemos desarrollado cuatro mecanismos que permiten la generación de ingresos: Formación para el trabajo, Servicio Social, Empleabilidad y Planes de Negocio.
Servicio Social A la fecha, 7.710 personas desmovilizadas han participado en estos programas en 92 municipios del país.
Planes de Negocio
Se ha desembolsado capital a más de 2.300 planes de negocio presentados por desmovilizados. Apoyo y asesoría profesional para el desarrollo de los planes de negocio medianteel Banco de Tiempo, por medio de la vinculación de profesionales, universidades y empresas especializadas.
Formación para el trabajo
Se ha desembolsado capital a más de 2.300 planes de negocio presentados por desmovilizados. Apoyo y asesoría profesional para el desarrollo de los planes de negocio medianteel Banco de Tiempo, por medio de la vinculación de profesionales, universidades y empresas especializadas.
Sector privado
Además de la generación de oportunidades de ingresos, existen diversos mecanismos de vinculación del sector privado al Proceso de Reintegración. Con ellos, se han logrado resultados a través del Banco de Tiempo de más de 13.732 horas donadas por más de 1.500 personas y empresas, dos fondos de becas por más de 4.000 millones de pesos, vinculación de 79 empresas con iniciativas de responsabilidad social, se han vinculado más 3.000 desmovilizados en contratos de aprendizajes y práctica laborales, se han conseguido 1.500 millones de pesos del sector privado destinados a dos fondos de capital privado para el fortalecimiento de proyectos que vinculen a población vulnerable, y por último, se ha logrado la vinculación de 17 empresas a través del FRE que han contratado a 53 desmovilizados.
Seguridad
El bienestar de las personas que dejaron las armas y la buena relación con su entorno, su familia y su comunidad facilitan el Proceso de Reintegración. La ACR ejecuta en coordinación con la Fuerza Pública y las demás entidades responsables, estrategias de prevención, protección y atención de esta población en riesgo. Desde 2007 se han atendido 2.021 casos de riesgo y una siniestralidad de 2%.
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Desarrollo del Programa Social Comunitario mediante alianzas con las alcaldías y en el que se adelantan actividades en beneficio de las comunidades, tales como arreglo de parques y escuelas, guardabosques, ornato, entre otras.
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Creación del Programa Salvavías, que se ejecuta en coordinación con la Policía Nacional, apoyando la labor de la Policía de Carreteras en las vías del país.
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Inversiones
en las comunidades
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La OACP ha desarrollado, con el apoyo de Acción Social, proyectos en ocho regiones estratégicas: Cordillera Central Valle del Cauca y Tolima, la Macarena, el Caguán, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, Catatumbo, Putumayo y Bajo Atrato. El balance de esta intervención es: un total de 159 proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y sanitaria, que han beneficiado directamente a 77.000 familias, es decir, a 395.000 personas, distribuidas en 1.614 veredas de 54 municipios y 18 departamentos de todo el país, e indirectamente a más de un millón de colombianos ubicados en estos territorios–.
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La Oficina del Alto Comisionado para la Paz –OACP– y la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración –ACR– han venido apoyando la construcción de paz con metodologías de intervención comunitaria y social, que buscan llegar a las comunidades que tradicionalmente son afectadas por la violencia, a territorios receptores de población desmovilizada y a zonas en donde existe un deterioro del tejido social.
Simultáneamente con esta estrategia, la ACR ha desarrollado 98 intervenciones comunitarias, que han beneficiado a más de 3,7 millones de colombianos. Dichas intervenciones se realizan en las comunidades receptoras de población desmovilizada –donde se encuentran también víctimas de la violencia– para fortalecer las bases sociales, culturales y promover la convivencia y la reconciliación nacional. Esto a través de formación en convivencia y liderazgo, resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos.
Retos hacia el futuro Los principales retos de este sistema de transformación del país y de construcción de un camino hacia una paz sostenible en Colombia son:
Prorrogar la Ley de Justicia y Paz para garantizar a todas las víctimas el mismo derecho a saber la verdad, cumplir con las condiciones prometidas en las desmovilizaciones del pasado y promover nuevas desmovilizaciones. Una de las tareas más sensibles a enfrentar será el diseño e implementación de herramientas jurídicas y administrativas que permitan restituir rápidamente las tierras y bienes a las víctimas del despojo. Profundizar en la construcción de redes sociales para convertir la reintegración en una causa nacional por la paz y la reconciliación. El camino está sembrado. Dejamos un proceso serio, completo, con resultados visibles; pero es fundamental continuar su evolución con las lecciones aprendidas y los avances generados para ser cada vez más rápidos y efectivos en su capacidad de transformación. Pero el reto más importante consiste en que en este país los jóvenes no deseen convertirse en criminales y para ello debemos continuar la inversión social atacando las causas de la violencia, no las consecuencias.