UNA TORMENTA PERFECTA

Los años de elecciones presidenciales suelen tener dos rasgos comunes: mayor incertidumbre sobre el rumbo económico producto de un posible cambio de administración, lo que induce una dolarización preventiva de activos por parte del sector privado; y un sesgo expansivo de la política económica (especialmente en materia de gasto público), ya que se eligen cargos ejecutivos en todo el país.

Sin embargo, este año las necesidades del oficialismo de implementar una política económica expansiva chocan con lo firmado con el FMI. El acuerdo original exige para 2023 reducir 0,5 puntos porcentuales del PBI el déficit primario nacional, que el Banco Central gire adelantos transitorios al Tesoro por no más de 0,6% del PBI, y acumular 4.400 millones de dólares de reservas internacionales netas (RIN).

El sesgo contractivo de la política económica acordado con el Fondo se ve exacerbado por el shock negativo de la sequía que redujo la producción agropecuaria y actividades conexas (se perderían dos puntos porcentuales del PBI), y derrumbó la liquidación de divisas de la agroindustria (se espera que la merma supere 20.000 millones de dólares con respecto a 2022 al “netear” las importaciones récord de porotos de soja para aprovechar la capacidad instalada del complejo del crushing)

Pese a la magnitud del shock en términos de actividad, pérdida de exportaciones agroindustriales y retenciones (ingresos que el Tesoro no coparticipa), el FMI sólo habría aceptado flexibilizar la meta de acumulación de RIN. Más aún, reduciría el objetivo anual en 2.000 millones de dólares, que representa menos del 10% de la pérdida de liquidaciones netas (de importaciones de soja) de la agroindustria.

Cumplir el acuerdo con el Fondo bajo un shock climático tan adverso exige al Ejecutivo implementar una política fiscal muy contractiva (más impuestos o menos gasto público), a conseguir abultado financiamiento en pesos para reducir la asistencia del BCRA al Tesoro en un contexto de dolarización preelectoral, y aplicar un ajuste del gasto de divisas. Este último punto es clave: sin acceso al crédito externo, la única forma de acumular RIN en nuestro país es con un derrumbe de las importaciones que compense la fuerte pérdida de exportaciones.

Nótese que, apartándose de su rol fundacional, en vez de financiar una caída transitoria de las exportaciones por un shock climático, el FMI fuerza al Ejecutivo a redoblar esfuerzos para reducir los déficits gemelos. Ergo, es probable que el Gobierno se aparte un poco de las metas del acuerdo y genere mayor incertidumbre en un contexto de elecciones presidenciales.

Supongamos que las autoridades se comprometen a cumplir las metas de 2023. En primer lugar, deberían reducir el rojo primario en 0,5 p.p. del PBI en un contexto de pérdida de ingreso por menores retenciones agrícolas (-0,7% del PBI) y por recesión (piso de 3%). Esto exigirá una combinación de mayores impuestos (vía decisiones administrativas pues el Congreso está paralizado) y recorte de gastos. La aceleración de la inflación observada en el primer trimestre (producto del impacto de la sequía, el ciclo ganadero y la gripe aviar en los alimentos frescos) ayudaría a licuar erogaciones públicas en términos reales, pero a un elevado costo en términos políticos.

Luego, el Ejecutivo debería conseguir un abultado financiamiento en pesos para reducir a 0,6% del PBI la asistencia del BCRA al Tesoro en un contexto en que los privados no quieren prestar al Tesoro más allá de las elecciones, y probablemente busquen dolarizar activos antes de los comicios. Dejo para el final lo más importante: ¿cómo podrá el Gobierno lograr que la economía ahorre divisas para acumular RIN, si devaluar no es una opción a tan pocos meses de los comicios? La respuesta sencilla es restringir volúmenes importados de bienes y servicios al dólar oficial. Pero, ¿es posible implementar un esquema de asignación eficiente de divisas para evitar faltantes de importaciones que profundicen la recesión o que aceleren la inflación?

Muchas dudas y pocas certezas.

Por Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

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