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Bandera Roja Periódico del Movimiento Socialista de Trabajadores
San Juan, Puerto Rico Año 26 · Núm. 4 · agosto · 2007
Que la crisis la paguen los ricos
FMPR y UTIER se enfrentan a ofensiva privatizadora
Se avecina conmoción social
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Paseo Caribe agrede nuestras costas Contra el alza uniforme, matrícula ajustada El mantengo corporativo y la ley de incentivos contributivos
Bandera Roja
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¿Por qué debemos apoyar a la UTIER? Bandera Roja
La UTIER comenzó a negociar su más reciente convenio colectivo hace ya más de dos años. Esta negociación ha transcurrido con mucha lentitud. Los compañeros de la UTIER se han mantenido firmes en la mesa de negociación, asistiendo regularmente, presentando propuestas, dialogando con el patrono. ¿Qué es lo que está pidiendo la UTIER? Los reclamos de la UTIER son razonables. Sin embargo los jefes en la AEE no quieren negociar dos asuntos principalmente: los aumentos de sueldo y la reclasificación de plazas. La UTIER está pidiendo un aumento que corresponda al aumento en el costo de la vida. Lo otro que están pidiendo los unionados es que, si se van a definir cuales son las tareas de cada trabajador, esto debe ser negociado con la unión. ¿Pero eso no hace más caro el servicio? No. Lo que ha encarecido el costo de la energía eléctrica ha sido la subcontratación y la privatización de la producción de energía. El problema es que la gerencia de la AEE quiere definir las plazas a su gusto y gana para seguir subcontratando compañías privadas en donde los amigos de los políticos siempre guisan. La
UTIER lo que quiere es brindar un servicio más eficiente y barato para el pueblo. Los ricos quieren ser los dueños de la energía eléctrica en Puerto Rico para seguir haciéndose millonarios a costa de nuestro bolsillo. Los gastos de salario y beneficios para trabajadores en la AEE representan menos de un 13% del total de ingresos de la corporación. Además el director ejecutivo de la AEE
“
Porque apoyar a la UTIER es defendernos de tanto abuso
“
Por Hugo J. Delgado-Martí
se agenció un aumento de sueldo y ahora recibe cerca de $200 mil anuales. ¿Pero y esas brigadas de 7 donde mientras uno trabaja los demás miran? Ese ha sido uno de los argumentos principales de la gerencia, y es además una mentira. Las brigadas de la UTIER son de 3 personas. Quién toma la decisión de unir una o varias brigadas es la gerencia. Los jefes, quieren crear la impresión de que la AEE es ineficiente y echarle la culpa a la UTIER. Después vienen a decirnos que hay que privatizar la AEE para hacerla más eficiente. La
UTIER ha demostrado disposición a redefinir sus tareas sin poner en riesgo la vida de los unionados. Por eso quieren privatizar, por que las compañías privadas no exigen las mismas garantías de salud y seguridad que ha exigido la UTIER por años. ¿Pero por qué se quejan tanto si allí hasta los conserjes ganan $25 la hora? No sólo se merecen un aumento los trabajadores de la UTIER, sino todos los empleados públicos y privados. Los unionados de la UTIER son de los trabajadores mejores pagados en Puerto Rico; sin embargo su salario está muy por debajo de puestos similares en los Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta que existen algunos puestos altamente remunerados pues requieren unos conocimientos, destrezas o experiencias que están altamente cotizadas en el mercado del trabajo. De cualquier forma, todas las conquistas que poseen los trabajadores de la UTIER radican en años de lucha y sacrificio. A pesar de todos esos años de lucha y sacrificio, su salario se ha reducido por el aumento en el costo de la vida. Por último, la AEE produce 2,400 millones de dólares anuales, y es una de las empresas más productivas del país. ¿Por qué no acaban esto de una vez? Han sido los representantes de la gerencia de la AEE quienes han re-
trasado la negociación ausentándose, solicitando demasiados recesos, dilatando discusiones y utilizando todas las estrategias posibles para evitar negociar. Mientras esto ocurría en las mesas de negociación, en la prensa del país se desarrolló una campaña en contra de la UTIER, de sus trabajadores y su liderato para desprestigiarlos y restarles el apoyo del pueblo. La gerencia de la AEE dice que no tiene dinero para aumentos, pero sí tiene para campañas, abogados y aumentos de sueldo al Director Ejecutivo. ¿Por qué tiene que irse a huelga? La UTIER se está enfrentando a la gerencia de la AEE, al gobierno de Puerto Rico, a los medios de noticias y a un grupo de personas en Puerto Rico con mucho dinero. Para enfrentarse a toda esa gente necesitan demostrar su fuerza. En la mesa de negociación ya intentaron el diálogo y no ha funcionado; los abogados de la AEE no quieren negociar. Los trabajadores, cuando no tenemos más ningún recurso para defendernos, tenemos que recurrir a la huelga. ¿Qué debemos hacer los demás trabajadores? Los trabajadores de la empresa pública, y privada, los desempleados, estudiantes y amas de casa debemos unir nuestra voz en apoyo a la UTIER, porque apoyar a la UTIER es defendernos de tanto abuso.
Directriz de Aragunde empeoraría calidad de la educación Por Hugo J. Delgado-Martí Bandera Roja
El Vocero de Puerto Rico parece ser el nuevo relacionista público de Rafael Aragunde y del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Con sus dos titulares de portada “Ilegal la huelga” (31 de julio de 2007) y “Sanciones contra maestros” (del 1 de agosto de 2007) el Vocero le está haciendo la competencia al Nuevo Día al cargarle las maletas a Aníbal Acevedo Vilá en su política anti-obrera y represiva. Sin embargo, una lectura de los artículos demuestra que la huelga magisterial con que amenazan los maestros no se trata de un mero capricho, o solamente de aumentos de sueldo, se trata de la defensa de la escuela pública y de la calidad de la enseñanza. Con el alegado objetivo de reducir gastos en el Departamento de Educación, los administradores pretenden aumentar la carga de trabajo imponiendo un sexto grupo a cada maestro. Los maestros tienen actualmente cinco grupos de estudiantes, una hora de capacitación y preparación y una hora para atender gestiones administrativas adicionales al salón de clases. La ley orgánica del Departamento de Educación establece que la organización de la escuela
se decide democráticamente entre los componentes de la comunidad escolar. La organización escolar es la cantidad de grupos, la cantidad de estudiantes por salón y la distribución de salones, y recursos entre otras cosas. La organización escolar no puede contradecir las leyes, cartas circulares ni los derechos adquiridos. Dicha organización tiene que ser ratificada por la facultad, y la facultad puede negarse a ratificarla si los maestros entienden que no está acorde con las necesidades de la escuela. El Secretario del Departamento de Educación Rafael Aragunde emitió durante el semestre pasado una carta circular que trata el tema de las organizaciones escolares. A pesar de que la carta no expresa la eliminación del periodo institucional, los funcionarios y directivos del DE han tomado la implantación del sexto grupo como una directriz. Las declaraciones de la Directora de la División Legal del Departamento de Educación Jocelyn Carrasquillo Rivera en El Vocero de Puerto Rico demuestran el cinismo con que está operando el Departamento de Educación “le compete a cada comunidad escolar definir si ese periodo lo convierte en
una clase adicional o no [...]”. A pesar de lo que crea la Sra. Carrasquillo no se trata de un ejercicio democrático para decidir si el maestro va a tomar seis grupos o no, se trata de que el Departamento de Educación no va a contratar los maestros necesarios para suplir la demanda de estudiantes, y pretende aumentarle la carga de trabajo al maestro. Mientras más estudiantes atiende un maestro más baja la atención individualizada que se le puede dar a cada estudiante y la preparación que pueda hacer el maestro. Foto: Hugo J. Delgado-Martí
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Paseo Caribe agrede nuestras costas Por Pedro Colón Almenas
Mientras un grupo de valientes jóvenes dramatizaba el repudio del pueblo a que un desarrollador se apodere del Fortín San Jerónimo y sus contornos, el gobierno continúa amapuchando este robo de nuestro patrimonio histórico. El gobierno se escuda lanzando bombas de humo dejándole las responsabilidades a las agencias reguladoras y a los tribunales como el lugar donde se debe discutir la permisología criolla. Igualmente, en repetidas ocasiones se cobijan en los problemas de acceso al Fortín San Jerónimo cuando naturalmente se aprecia una privatización de los recursos costeros e históricos del pueblo de Puerto Rico. Construyendo en espacios ganados al mar. Como si el gobierno no hubiera vendido las parcelas que componen Paseo Caribe las que se conocen como “Coast Guard Parcel” y “Condado Bay Parcel”. El ELA vendió estas parcelas a una subsidiaria de
Pero por aquello de desenmascarar a éste usurpador de turno tiremos al medio una serie de preguntas, muchas de estas sin respuestas. ¿Por qué una comisión legislativa no ha podido detener el proyecto a pesar de estar en contra y la Junta de Planificación ha reiterado los documentos a favor del proyecto pasando por alto leyes y permisos de otras agencias reguladoras? ¿Por qué se han demostrado a favor a pesar de que se ha destruido yacimientos arqueológicos a la entrada de la isleta de San Juan? Según el Diario La Prensa de New York del 20 de julio de este año, el magnate colombiano ha resultado ser un donante importante del oficialista Partido Popular Democrático y del Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, en particular. Asimismo, aparece como un donante importante del Partido Demócrata de Estados Unidos a finales de los años noventa y que se cambió al Partido Republicano y las campañas del Presidente George Bush desde
las empresas Hilton, propietaria de Hotel Caribe Hilton, quien, a su vez, en el 2000 se las vendió a la empresa San Jerónimo Development Corporation por más de $8 millones. Para colmo, el Instituto de Cultura destinó cerca de $1 millón, de una línea de crédito de $3 millones, para determinar el daño que ha tenido la estructura y algunos de los trabajos requeridos para su restauración. Tras que le roban los terrenos del pueblo y se privatiza una estructura histórica el gobierno de AAV es tan boca abajo que le pagan la por rehabilitación.
el año 2000. Varios de los documentos de la Comisión Estatal de Elecciones sobre donaciones políticas de Madero a las campañas de Acevedo Vilá en 2004 están suscritos por el abogado y notario Ramón Velasco Escardille, quien ahora es testigo del gran jurado que investiga al Gobernador en relación a donativos políticos y presuntas ventas de influencia y lavado de dinero. Otras grandes cifras de donaciones del Madero observadas en el Political Campaign Contributions demuestran las bondades del desarrollador con el partido político de turno.
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La continua donación a las campañas políticas es modus operandi en la industria de construcción en la Isla y en los Estados Unidos. Donde se está con todos y para todos. Si queda alguna duda, busque las donaciones de Cleofe Rubí, Joel Katz, entre otros desarrolladores inescrupulosos que pretenden privatizar las playas de todos los municipios costeros de la Isla. Asimismo, estos “seudo” desarrolladores se disfrazan de filántropos donando grandes cantidades monetarias a entidades “sin fines de lucro”; por supuesto, para jugar con los arbitrios. Mientras son los mismos explotadores de las clases trabajadoras y pobres. Este gran grupo de extranjeros, con uno que otro local, han terminado comprando e hipotecando toda la Isla. Controlando un negocio que juega con sus limitados recursos. ¿Por qué la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Teresa Tió, se quedó chupándose una quenepa mientras se privatizaba los recursos costeros e históricos del pueblo de Puerto Rico? ¿Será porque la esposa de Arturo Madero, Zoila Levis, ex directora y presidenta del Doral Financial, era parte de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico? ¿Será que Arturo Madero es unos de los principales donantes del Museo? ¿No debe ser muy extraño que la familia Madero-Levis ha estado comprando propiedades alrededor del museo en Santurce? ¿Qué agencia y funcionario con problemas visuales midió la zona marítimo terrestre? ¿Qué pretende hacer el gobierno con el San Juan Waterfront terminarán de privatizar las costas de la Capital? Pero por supuesto estos “desarrollos” son realizados con el único afán de hacer un distrito turístico, histórico y cultural donde las expropiaciones han sido meras necesidades de la zona. Porque no lo creo. Se debe apoyar a los activistas, no seamos ciegos se nos están quedando con nuestra economía y con los espacios ambientales y culturales que nos identifican como pueblo.
Alfredo Salazar el Comisionado de los ricos Por Carlos Fortuño Candelas Bandera Roja
Alfredo Salazar fue designado por Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Comisionado Residente por el Partido Popular. Salazar es el actual presidente del Banco Gubernamental de Fomento y uno de los responsables de que estemos pagando un 7% de impuestos por cada artículo que compramos. A la misma vez, ha defendido la política de mantengo y exención contributiva hacia las grandes empresas capitalistas. Alfredo Salazar es el candidato a Comisionado Residente de los ricos en Puerto Rico. Por algo ya salieron a la opinión pública las plañideras de los grandes intereses a expresar su jubilo por la nominación. El presidente de la Asociación de Industriales Edgardo Fabregas “se alegró”. Arturo Carrión, vicepresidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico elogió “las capacidades del candidato”. Betsy Barbosa, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguro y Francisco Rodríguez, de la firma de corretaje UBS Financial Services también exaltaron a Salazar. Los representantes de los grandes intereses están de plácemes con que uno de los suyos pueda ir a Washington a defender sus privilegios. Alfredo Salazar ha ocupado distintas posiciones en bancos y empresas financieras. Fue gerente del Banco Popular de Puerto Rico y trabajó en el Banco de Ponce y en PaineWebber. Fue jefe del Chase Manhattan Bank para Puerto Rico, Argentina y Brasil. El tipo es un gatillero de los privilegiados. Como presidente del Banco Gubernamental de Fomento y uno de los principales asesores económicos de Aníbal Acevedo Vilá, Alfredo Salazar tiene una “impresionante” hoja de servicios. Dirigió los esfuerzos destinados a imponernos un “sales tax” del 7% a todos los artículos que consumimos. Fue uno de los gestores del cierre gubernamental que tiró a la calle a unos 100,000 empleados públicos. Logró reducir el crédito de Puerto Rico a “chatarra” y aumentar el endeudamiento del país. Ha sido uno de los mas férreos defensores de los llamados incentivos industriales que no son otra cosa que privilegios contributivos para las grandes empresas capitalistas. Si hay alguien que represente fielmente el sistema de desigualdad económica en el país es Alfredo Salazar
Bandera Roja agosto 2007
¿Qué es Bandera Roja? Bandera Roja es un periódico que se ha publicado en forma impresa por más de 25 años y en forma en-línea por 11 años. Circula gratuitamente entre miles de trabajadores, estudiantes y gente pobre gracias al esfuerzo voluntario de nuestros militantes, colaboradores y amigos. Es producido por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST). ¿Qué es el MST? El Movimiento Socialista de Trabajadores es una organización independentista y socialista que defiende los intereses del pueblo pobre y trabajador. El MST aboga por la transformación de la sociedad en una de justicia y bienestar para las grandes mayorías de trabajadores. Trabajamos por el socialismo, donde los obreros sean a la vez los dueños y quienes controlen los medios de producción. El MST lucha por el pleno disfrute de los derechos democráticos en una democracia socialista, donde los derechos de cada cual no están determinados por la riqueza. La juventud del MST está reunida en la Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST). Comité Editorial de Bandera Roja Carlos Fortuño Candelas Editor General Carmen Méndez Correctora General Camilo González Edición Edgardo Román Espada Edición Hugo Delgado Martí Diseñador General Luis Guzmán Dupont Ilustración Pablo Soto Carriat Director Distinguido
Suscripciones: 10 números por $10.00 www.bandera.org info@bandera.org
No al aumento uniforme de las matrículas de la UPR Por Rosa Luz Burgos
Unión de Juventudes Socialistas de Río Piedras
Han pasado dos años desde que la administración universitaria impuso un aumento uniforme de 33% en los costos de matrícula, además de una nueva cuota de tecnología, con el objetivo de ir convirtiendo la Universidad de Puerto Rico en una institución elitista donde el lucro individual se imponga por encima del bienestar social. Ahora ese objetivo se fortalece con el informe del Comité Asesor de las Finanzas Institucionales (CAFI), que fue creado por la administración universitaria a partir del aumento uniforme del 2005. Esto puede comprobarse con la reciente aprobación, por parte de la Junta de Síndicos, de un alza progresiva de 12% en los costos de matrícula a todas las clases entrantes de cada año del período académico por un término de diez años. Este aumento es parte de las recomendaciones estipuladas en el informe del CAFI, además de otras como: el cierre y/o reducción de programas académicos que no cumplan con criterios de valorización y efectividad, la eliminación de beneficios como las exenciones estudiantiles del pago de matrícula, penalizar a estudiantes por las bajas parciales, etc. Más claro no puede estar: mientras las empresas y las compañías que controlan la Universidad usan toda su avaricia para lucrarse, el estudiantado que proviene de la clase trabajadora se ve privado del derecho a una
Apartado 22699 Estación UPR San Juan, Puerto Rico 00931-22699
educación accesible y de excelencia. Para entender el propósito detrás del aumento en los costos de matrícula, basta recordar la Certificación Número 70, emitida por la Junta de Síndicos, que se utilizó para imponer el aumento del 2005. En ella se reconoció que el aumento en los costos de matrícula no resolvería el problema fiscal de la UPR; que sólo serviría para satisfacer los intereses de los bonistas y prestamistas que guisan en la Universidad. En aquel entonces y ahora, se nos aumenta la matrícula para seguir despilfarrando el dinero en contratos con empresas privadas que encarecen y empeoran servicios esenciales. Estos aumentos forman parte de la política neoliberal del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que sigue poniendo la carga de la crisis estructural que afronta el país sobre los hombros de los sectores marginados, excluidos y pobres. Para este gobierno, la UPR es un organismo más que debe poner al servicio de la empresa privada. Por ejemplo, tan sólo en el recinto de Río Piedras se ha privatizado Plaza Universitaria, el parking multipisos, la guardia universitaria en el turno de la noche, el cobro de matrículas, los centros de cómputos, los servicios de fotocopiadoras y otros servicios. Compañías como el Banco Popular, St. James Security y Amgen -entre otras- han convertido la UPR en un negocio lucrativo haciendo que el derecho a una educación accesible para la clase trabajadora penda de un hilo.
Nuestra respuesta al alza y a la privatización, las dos caras de la moneda neoliberal, tiene que ser la lucha organizada. Este proceso debe ir acompañado de propuestas a favor de los intereses de la clase trabajadora. Partiendo de una realidad innegable: que en la Universidad, como en el resto del país, coexisten diferentes clases sociales con intereses encontrados y antagónicos, la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) ha propuesto históricamente la Matrícula Ajustada a los Ingresos (MAI). En la actualidad, la clase trabajadora le subsidia la educación a toda la partida de riquitillos que estudia en la UPR. La MAI busca invertir esa realidad: que sean los ricos quienes le subsidien la educación a los pobres. Además de esta propuesta, la UJS aboga por aumentar los impuestos a las corporaciones y a la banca para la creación de un Fondo Único de Estudiantes y Trabajadores de la Educación (FUETE). Estas propuestas pueden lograr que sean los ricos quienes paguen la crisis en la Universidad si se libra una lucha organizada y combativa. La historia demuestra que sólo la lucha puede lograr los cambios que hacen falta para construir una mejor sociedad. Si el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y la administración universitaria le tienen la soga al cuello a la clase trabajadora y al estudiantado; es hora de cortarla, respirar profundo y amarrarla al cuello de los explotadores. Hemos enfrentado grandes abusos, ahora nos toca detenerlos.
Despiden nueve trabajadores de la AEE Redacción Bandera Roja
MST
Universidad
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Nueve trabajadores de la UTIER de las plantas de Puerto Nuevo y Palo Seco fueron suspendidos sumariamente de empleo y sueldo. La acción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se dio a raíz de un paro que efectuó esa Unión contra la privatización de la agencia. Es un intento de amedrentarlos y detener su lucha. El 22 de junio los trabajadores de todas las centra-
les generatrices de la AEE realizaron un paro. El objetivo fue protestar por que se contratara a la empresa Mechanical Dynamics and Analisis las labores de reparación de la turbina y generador de la Unidad 4 de la Central Palo Seco. Los mecánicos de turbinas de la UTIER son los que, por más de 50 años, han realizado esas labores. La subcontratación fue ilegal pues no cumplió con el requisito de notificar a la Unión previo a la misma. La AEE alegó que la subcontratación se debía
a la situación extraordinaria en la Central Palo Seco después de los incendios y que no reconocen el Convenio Colectivo vigente. La Central Palo Seco se quemó hace unos meses a causa de negligencia y falta de mantenimiento por parte de la dirección de la AEE. En aquella oportunidad el gobierno intentó culpar a los trabajadores pero la verdad de la responsabilidad del patrono surgió de la investigación. Ante la negativa de la AEE de resolver el asunto con la Unión los trabajado-
res de las plantas decretaron el paro de labores. La subcontratación de empresas privadas para hacer los trabajos de los empleados de la AEE redunda en un encarecimiento de las tarifas y en la entrega de ese patrimonio al interés privado. Los trabajadores de Palo Seco y Puerto Nuevo han levantado campamentos de protesta frente a ambas plantas y recaban el apoyo de la ciudadanía. *Información suplida por Robert García, Presidente del Capítulo de Plantas de la UTIER
Nacionales
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Otro engaño de los colonialistas
¿Un ELA soberano? Por Carlos Fortuño Candelas Bandera Roja
El Partido Popular Democrático (PPD) aprobó una resolución en su pasada asamblea donde afirma que “cree en una asociación política no colonial ni territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos basada en el principio de la soberanía irrevocable de nuestro pueblo...” En la celebración oficial del 55to aniversario del Estado Libre Asociado (ELA) Aníbal Acevedo Vilá defendió que la “soberanía” reside en el pueblo puertorriqueño. Prontamente algunos lideres y analistas, contratados por los medios de prensa afines al PPD, salieron a destacar lo “positivo” e “importante” de estas declaraciones y a prepararse para justificar un nuevo respaldo al desprestigiado gobernador en las elecciones de 2008. El PPD puso la carnada y algunos peces han comenzado a picar. Hablando en el aniversario del ELA, AAV expresó que la soberanía está en manos del pueblo, lo “que simple y llanamente quiere decir que aquí mandas tú, que aquí mandan los puertorriqueños.” Ni siquiera se sonrojó al decirlo. La soberanía, desde el punto de vista político, está en manos de aquel que tiene el poder de decisión final. En el caso de Puerto Rico, ese poder reside en el Congreso, la Casa Blanca y las agencias federales. Históricamente el PPD ha lanzado este tipo de pronunciamientos previo a los procesos electorales con el fin de cortejar a los sectores más vacilantes del independentismo. Esta ocasión no es una excepción. Los trabajadores, los independentistas y los socialistas no debemos dejarnos engañar por estos cantos de sirena. El gobierno ha mostrado sus garras antiobreras y su desconsideración hacia el pueblo puertorriqueño. Hizo algo que nadie se imaginó posible: igualar a Pedro Rosselló y al PNP
en corrupción y medidas contra la gente. Impuso el asfixiante impuesto a la venta del 7%; subió el costo de las matrículas en la UPR un 33% el 2005 y ahora pretende subirlas todos los años; aumentó las tarifas del agua, la luz y los peajes; se niega a negociar un convenio colectivo con los maestros y la UTIER mientras se prepara para tratar de destruir esas uniones; etc. Se ha visto envuelto en actos de verdadera ratería y corrupción que lo descalifican moralmente y lo colocan a la estatura de Rosselló. AAV es un enemigo de los trabajadores y el pueblo, y un corrupto. Por otro lado, ni como gobernador ni como comisionado residente ha tomado medida alguna para defender la soberanía del pueblo puertorriqueño. Todo lo contrario, ha respaldado la presencia de las agencias federales en el país, defendió la permanencia del Comando Sur en Puerto Rico, y se opuso al cierre de las bases de Roosevelt Roads, Buchanan y Sabana Seca. Aún ante la amenaza de que la Fiscalía Federal lo procese por recibir donativos de campaña fatulos y contribuciones a cambio de contratos, ha defendido la institución de la Corte y el Departamento de Justicia norteamericanos en Puerto Rico, diciendo que el problema es la fiscal Rosa Emilia Rodríguez y no esa agencia extranjera. Aníbal Acevedo Vilá es un colonialista y el compromiso del PPD es darle respiración artificial al ELA. Para ello necesitan que los independentistas los respalden. Los inde-
pendentistas no debemos ayudar a fortalecer a un partido que es enemigo de los trabajadores y el pueblo y que es responsable de fomentar el sentimiento anexionista. Nuestra misión es apoyar y fortalecer organizaciones que trabajen por la libertad política de los puertorriqueños y por una sociedad justa y democrática para los trabajadores. Solo un independentismo fuerte, junto a sólidos sectores del pueblo organizados por sus intereses, será capaz de detener cualquier intento anexionista y frenar las estrategias antiobreras de los Acevedos y Rossellós de la vida. La soberanía verdadera debe estar en manos del pueblo y serán los trabajadores, las comunidades y los estudiantes en sus luchas los que irán construyéndola.
Postulado Edwin Irizarry Mora
PIP escoge su candidato a gobernador Por Carlos Fortuño Candelas Bandera Roja
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) seleccionó en su asamblea al Dr. Edwin Irizarry Mora como su candidato a gobernador para las elecciones del 2008. El discurso del dirigente independentista pareció trazar el norte de la campaña de ese partido donde destacarán los problemas económicos y sociales que sufren los trabajadores y otros sectores del pueblo puertorriqueño. El PIP ha comenzado a identificarse con las luchas de las comunidades, la defensa del ambiente y la denuncia de las medidas que toma el gobierno contra los ciudadanos. La
denuncia de los privilegios de las grandes corporaciones extranjeras ha tomado fuerza en el mensaje de ese partido. Se calculó en más de 3,000 personas la asistencia a la asamblea y participaron invitados de distintas, organizaciones independentistas como el Movimiento Socialista de Trabajadores, el Frente Socialista, el Partido Nacionalista y otras. Irizarry Mora declaró que la campaña estará orientada a destacar “la libertad de Puerto Rico, la justicia social y la construcción de una nueva sociedad.” Presentó un cuadro económico que es axfixiante para la clase trabajadora y el pueblo mientras el gobierno defiende incentivos para aumentar los be-
neficios a los grandes intereses. “Durante el año 2006 la relación colonial le permitió a las empresas estadounidenses obtener sobre 53 mil millones de dólares en ingresos provenientes de Puerto Rico”, explicó el líder independentista. “Desde 1975 hasta el presente esta cifra ha superado los 400 mil millones de dólares.” El PIP ha propuesto que se establezca un impuesto a esas fabulosas ganancias. En su discurso, el candidato a gobernador del PIP llamó a construir una sociedad “verdaderamente democrática” Describió su aspiración a una sociedad “en la que cada hombre y mujer nacido en esta tierra tenga acceso a los mismos bienes, a un sistema educativo de ex-
celencia, a un sistema de salud que no discrimine contra los pobres… a una vivienda adecuada para cada familia… a que cada cual se gane el pan con el sudor de su frente pero con un salario digno y con seguridad en sus puestos de trabajo.“ El Dr. Edwin Irizarry Mora dejó establecido que la campaña del PIP defenderá una independencia con contenido social y que responda a los intereses de las grandes mayorías. Aludiendo a esa orientación afirmó: “Hoy rescatamos ese mismo mensaje de esperanza para todos los sectores marginados, y para la clase trabajadora y asalariada que genera la riqueza que produce este país.“
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Economía
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La Ley de Incentivos Contributivos
¿Se acabará el mantengo a las empresas? Por Edgardo Román Espada Bandera Roja
Ya se escucha en los pasillos del Capitolio el gemir y llanto de los cabilderos de la Asociación de Industriales, quienes dicen hablar a nombre de todos, cuando su maletín de lágrimas va dirigido al mantengo corporativo. Todo ello porque a partir del próximo 1ro de diciembre concluye la vigencia de la Ley de Incentivos Contributivos de 1998. Lo que significará que en tanto no se apruebe otro proyecto de ley que les exima de contribuciones, aquellas nuevas empresas y las que dejen de ser exentas tendrán que pagar impuestos como cualquier hijo de vecino. ¡Ya era hora!
La carga del estado recae sobre la clase trabajadora La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, establece una serie de privilegios para la inversión industrial. El más importante es que ningún negocio exento tendrá una tasa contributiva mayor del 7% sobre ingresos de fomento industrial. En casos
extraordinarios la tasa contributiva fija podría ser reducida a menos del 2%. El gobierno y la empresa pueden negociar entre 10 y hasta 25 años de exención contributiva, dependiendo en la zona geográfica en que se establezca la planta industrial. También pueden renovar el decreto de exención contributiva por un período adicional. Existen otras 11 leyes dirigidas a conceder créditos contributivos e incentivos industriales adicionales. Los negocios exentos pueden obtener otros beneficios tales como: créditos contributivos, subsidios de salarios, adiestramientos, infraestructura, e incluso financiamiento de alto riesgo. Pueden ser exentos del pago de patentes y arbitrios municipales, de arbitrios al equipo y maquinaria que sean utilizados en el negocio exento con independencia a su volumen de negocios y margen de ganancias. Las diversas leyes de incentivos industriales tienen un largo historial. A partir de la Ley 346 de 12 de mayo de 1947 se adoptó un nuevo esquema de incentivos industriales que ofrecía por primera vez exenciones de contribuciones sobre ingresos y propiedad. La Ley incluía exenciones sobre dividendos y arrendamientos a empresas exentas por un período de 10 años. Debido a que en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales por ingresos generados aquí, las empresas gozaban de una idílica oportunidad de negocios libre de impuestos. Todo ello fue el caldo de cultivo del programa Operación Manos a la Obra de 1949 patrocinado por el Partido Popular. Desde entonces se han ido aprobando diversas leyes de promoción industrial que siempre incluyen la exención con-
Serie especial
tributiva como su gancho principal. Los incentivos se han ampliado y a pesar de los considerables cambios en la economía globalizada, el esquema de promoción del desarrollo industrial no ha variado. La justificación de esta política de promoción económica va dirigida a un modelo de desarrollo capitalista industrial. Con ello se pretendía la creación y retención de empleos en la Isla. Sin embargo, desde el 1947, en 60 años de exenciones contributivas a ingresos provenientes de actividad industrial, las tasas de desempleo se han mantenido en doble cifra. A junio de 2007 el Departamento del Trabajo estimó la tasa de desempleo en 11.8%, con unos 165,000 desempleados y una fuerza trabajadora de 1,399,000 personas de una población estimada en 4 millones. Esto significa que cerca de un 35% de la población está capacitada y en búsqueda de trabajo o empleada en Puerto Rico. Según las estadísticas del Departamento del Trabajo, apenas el 30% de la población tiene trabajo. La política de exención contributiva no ha sido efectiva en reducir la tasa de desempleo y en aumentar el número de trabajos, siendo ello su principal justificación. Mientras, el gobierno ha ampliado considerablemente sus gastos, requiriéndose de mayores fondos para su funcionamiento. Las contribuciones sobre los ingresos de las personas y las empresas no exentas, y la política de endeudamiento del estado han sido su principal fuente de ingresos a lo largo de los años. Por ello, cuando el estado ha sufrido de importantes deficiencias presupuestarias ha recurrido a los bolsillos del trabajador, mediante la imposición
Que la crisis la paguen los ricos
La crisis nuestra de cada día Los últimos años se han caracterizado por un aumento en los costos de los servicios y bienes básicos de consumo. Mientras esto ocurre los salarios no han aumentado mucho que digamos.
50% $$$
de impuestos sobre el consumo y cobro de todo tipo de contribuciones, arbitrios, patentes y derechos. Se estima que para el año fiscal 20072008 el IVU genere $1,117 millones, lo que representa un 12% del ingreso esperado del gobierno, de adoptarse el presupuesto a base de $9,077 millones. Los industriales quieren garantizar y ampliar sus privilegios de clase, los que defienden argumentando que se trata del bienestar general. Esos privilegios han tenido consecuencias sobre la carga contributiva sufrida por los asalariados. La carga del estado recae sobre la clase trabajadora y los beneficios de la estabilidad política y económica son disfrutados privilegiadamente por la industria exenta. Según la Comisión Especial para la Reforma Fiscal (CERF) nombrada por el gobernador en el 2005, los datos para los años 2000 a 2004 reflejan que mientras la recaudación de contribución de ingresos de individuos aumentó en un 15.7%, la de corporaciones apenas incrementó en un raquítico 2.77%. Se ha demostrado que en 60 años de políticas de exención al sector manufacturero, estos han logrado extraordinarias ganancias a costa del trabajo, de los sacrificios de la clase obrera. El desarrollo de infraestructura utilizado con intensidad por las industrias ha sido subsidiado por las contribuciones y demás cargas fiscales de la clase trabajadora. Y es que el programa de incentivos industriales está basado sobre la premisa de que la crisis la pague el pueblo y los privilegios para los dueños de la industria.
12% 12% 33%
Luego de que fracasó el proyecto de privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, nos pasan la factura a los consumiEl nivel de precios ha subido dores con un aumento de hasta 400%. 50% en los últimos 5 años
El costo por crédito en la UPR aumentó un 33% en el 2005, más una cuota de tecnología. Del 2007 en adelante aumentará un 12% cada año el costo por crédito.
133%
$$$ Después subieron el pasaje de la AMA de 25 a 75 centavos, el costo de los peajes, y las multas. Para colmo de males la gasolina no para de subir.
1
La subcontratación en la Autoridad de Energía Eléctrica y la compra de energía a las generatrices privadas encarece el costo de la electricidad .
300%
Derechos humanos
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Pena de muerte
Una afrenta a la justicia
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Con la condena a muerte de Víctor Caraballo van por tres los puertorriqueños a quienes se le ha impuesto esta pena en el estado de la Florida. Actualmente están pendientes dos casos de pena de muerte en la corte federal para el distrito de Puerto Rico. Y hay otros en espera de ser certificados por el Secretario de Justicia federal como de pena de muer-
te en la misma corte. El estado de la Florida, en donde residen más de 600 mil puertorriqueños, ha sido el primero en ejecutar a un boricua en tiempos recientes. La experiencia de la ejecución de Ángel Nieves Díaz demostró cómo el discrimen racial, de origen y lingüístico se impuso sobre la justicia. A Ángel lo mataron por ser puertorriqueño, por creer que era miembro de los Macheteros, por no saber inglés y por sus antecedentes penales. Lo tuvie-
ron que ejecutar dos veces, luego de una agonía de más de media hora, lo que dramatizó que la inyección letal es un castigo cruel e inhumano. El mismo discrimen, pero mejor suerte, corrió Juan Meléndez, quien tras 18 años en el corredor de la muerte fue liberado al descubrirse su inocencia. A Juan, un trabajador migrante de Naguabo, el estado de la Florida le indemnizó con $100.00 y una muda de ropa. La experiencia de Juan Meléndez desnudó al sistema judicial floridano marcado por el discrimen y su imperfección. En ese estado se han ejecutado a inocentes. La retardación mental de Víctor Caraballo no fue considerada por el jurado y a pesar de ello fue condenado a la muerte. Éste, al igual que los otros boricuas condenados a muerte en la Florida, compartía un mismo origen social, identidad nacional y pertenecer a la clase trabajadora, combinación al parecer letal en el cercano estado norteamericano. Recientemente el Tribunal federal del Quinto Circuito emitió una orden de paralización temporera de las ejecuciones de dicho estado en lo que se revisa el protocolo de implementación de la inyección letal. La fiscalía federal en Puerto Rico insiste en aplicar la ley de pena de muerte y lograr la primera ejecución procedente de su corte en la Isla. Al momento han fallado en el cometido gracias a la firme oposición prevaleciente, dinero y los beneficios hace que jóa las manifestaciones públicas y venes se inscriban para engrosar sus a que no han logrado alcanzar el filas. La hermana del soldado muercriterio de unanimidad de un juto lo expuso de manera cruda. “Mi rado. Están pendientes los casos mamá no estuvo de acuerdo, pero, contra Edison Burgos Montes, pues, cuando los muchachos entran, acusado de asesinar a un inforlo hacen pensando en los ingresos y los beneficios” dijo Wilma Suliveras. Por eso, entre otras razones, los norteamericanos están perdiendo esta guerra. Son un ejército mercenario luchando por una causa injusta. El gobierno de Bush sabe que no podrá ganar en Irak. Sin embargo, sigue enviando a la muerte a miles de sus ciudadanos. El objetivo no puede ser más mezquino: apoderarse del petróleo y las riquezas de la zona y aumentar las ganancias de los productores de armas y suministros militares. Este soldado puertorriqueño, junto a los otros cientos de muertos, mutilados y afectados emocionalmente, es una víctima de la voracidad de las empresas norteamericanas que se benefician de la guerra. Ningún joven más debe dejarse seducir por “los ingresos y beneficios” que llevaron a la muerte a Wilberto Suliveras.
No más jóvenes para la guerra
Muere otro puertorriqueño en Irak Por Carlos Fortuño Candelas Bandera Roja
Wilberto Suliveras es el más reciente soldado puertorriqueño que muere en Irak. El sargento fue alcanzado por “fuego enemigo”. De esta manera ya son más de 70 los boricuas que pierden la vida en esta guerra de agresión. A esto se suma los cientos que han regresado mutilados y afectados en su estabilidad emocional. La guerra de Irak se ha tragado la vida de miles de jóvenes norteamericanos. Las bajas civiles iraquíes se cuentan por decenas de miles. La destrucción es completa. Y lo más terrible de todo es que este conflicto fue justificado por el gobierno norteamericano a base de mentiras a su propio pueblo. Hoy sabemos que Saddam Hussein nunca tuvo armas de destrucción masiva, no participó en los ataques a las torres gemelas y era adversario de Al Queda. Todo fue propaganda para hacer que la población respaldara la guerra. Por eso la moral del ejército norteamericano está en declive. Solo el
mante de la DEA, y contra Lashuan Casey, acusado de asesinar a un policía encubierto en una transacción de drogas. Se estima que en los próximos meses dé inició el proceso de selección del jurado y eventual juicio. El jurado estará constituido por angloparlantes que manifiesten no tener reservas con imponer la pena
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La Pena de Muerte es un castigo cruel que NO sirve para prevenir el crimen
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Por Edgardo Román Espada
de muerte. Los opositores a la pena de muerte son excluidos del jurado. Así funciona un sistema parcializado hacia la fiscalía, manoseado por el FBI y por los jueces federales. La Pena de Muerte es un castigo cruel que NO sirve para prevenir el crimen. Su aplicación a acusados de origen pobre, con poca escolaridad, negros o mestizos, que apenas habla el idioma inglés, inocentes o no, muestra el rostro de un sistema de justicia que procura la venganza sobre la rehabilitación. La aplicación de la pena de muerte por la vía de legislación federal en Puerto Rico es un crimen colonial. Somos es el único país del mundo en el que se aplica la pena de muerte por la imposición de un gobierno extranjero, a pesar de una prohibición constitucional.
Foto suministrado por Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.
Bandera Roja
Internacional
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agosto 2007
Ante la masacre y la destrucción en Irak
Se enriquece la industria de guerra norteamericana
Por Luis Guzmán Dupont Bandera Roja
Nos pueden parecer repetitivas las historias de desastres en Irak. Sin embargo, debemos continuar informando sobre la gran metida de pata del imperialismo en los últimos años. Todos sentimos el impacto que ha tenido la guerra en el costo del petroleo y sus derivados. Por otro lado, las muertes de soldados en Irak cada día va en aumento. Ya han muerto más de 3,600 soldados estadounidenses y
24,000 han resultado heridos. La invasión ha destruido a Irak. El país tiene una economía por el piso y se ha desatado una guerra civil entre las facciones chiítas y sunitas. La intolerancia religiosa se ha incrementado, los derechos de las mujeres se han deteriorado y la muerte recorre a todo el país llevándose consigo a miles de mujeres, niños y hombres de toda las edades. Como consecuencia de la guerra que ya lleva más de cuatro años, en
Irak cada vez hay menos médicos. El 80 por ciento de éstos dejaron su trabajo por miedo a ser víctimas de secuestros o asesinatos. Desde el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en abril de 2003, unos 627 empleados del sector de la salud fueron asesinados, así como 78 vigilantes de instalaciones médicas. La democracia que prometió EE. UU. está muy lejos de verse. La corrupción se ha adueñado del gobierno impuesto por los norteamericanos. La situación de odio hacia las tropas invasoras ha aumentado al punto que el propio gobierno iraquí está pidiendo que se retiren las fuerzas invasoras. Las balas en Irak silban al ritmo de 57 disparos cada segundo. Datos de la oficina de monitoreo del presupuesto federal estadounidense indican que el número de balas disparadas en “la guerra contra el terror” del señor Bush rebasan los 6 mil millones desde 2002. Hasta la industria de Estados Unidos ha sido incapaz de mantener el ritmo y el ejército ha tenido que recurrir a las importaciones de municiones de Israel. Según esos datos, 20 mil insurgentes han sucumbido por la acción del ejército de ocupación en Irak y en Afganistán. Esto significa que por cada uno de estos muertos se han utilizado 300 mil balas. Las fuerzas de Estados Unidos se
encuentran ahora en Irak en un ambiente hostil, con diversas facciones que las atacan y se combaten entre sí. Los gastos en esta guerra fabricada son astronómicos: $ 300 millones diarios ó $10 mil millones al mes. Los únicos beneficiados son los dueños de las industrias bélicas. Esto incluye, por supuesto, a muchos allegados del presidente Bush. Sin embargo la oposición a la guerra ha estado creciendo constantemente en Estados Unidos. Ya además de congresistas demócratas en contra de la guerra se están uniendo legisladores republicanos que, luego de ver una derrota electoral en el congreso, recientemente saben que las posibilidades de triunfo del partido republicano en las próximas elecciones se ven remotas si se sigue con la política de Bush en torno a la guerra. En mayo de este año la senadora demócrata y candidata a la presidencia Hillary Clinton le pidió al Pentágono que informara sobre la planificación para la retirada de los más de 160,000 soldados que están en Irak. A todo esto el presidente George W. Bush insiste en que las tropas deben quedarse en Irak. ¿Quién se beneficia de esta guerra? No son los trabajadores ni los soldados, que en su mayoría provienen de familias pobres. Ciertamente la industria bélica es la única ganadora.
Intervención norteamericana favorece cultivos de opio
El narcotráfico gana la guerra en Afganistan Por Luis Guzmán Dupont Bandera Roja
La atención del mundo se ha volcado hacia Irak. Sin embargo, en Asia se ha ido desarrollando otra guerra de agresión imperialista. En Afganistán el imperialismo también ha creado un caos que ha ido destruyendo poco a poco las bases sociales y económicas de ese país. Luego del 11 de septiembre de 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush le dijo al mundo que el responsable de esos ataques era Osama Bin Laden y que éste tenía su base de operaciones en Afganistán con la ayuda del régimen talibán. La Guerra de 2001 en Afganistán, denominada por el mando estadounidense como “Operación Libertad Duradera”, se inició ante la negativa del régimen talibán que gobernaba Afganistán de entregar Osama bin Laden quien estaba en ese país. Estados Unidos emprendió una serie de bombardeos sobre Afganistán, con el fin de derrocar al régimen gobernante y encontrar a su enemigo público número uno. Estados Unidos obtuvo el apoyo de la ONU y la comunidad internacional. La guerra en Af-
ganistán, aunque de menor impacto que la de Irak, ha tenido sus nefastas consecuencias de destrucción y muerte. Entre los efectos terriblemente negativos de esta intervención militar en Afganistán está la producción de la droga que siempre encuentra sus mercados en Estados Unidos y, por ende, en su colonia Puerto Rico. Un informe sobre el narcotráfico internacional difundido por la ONU en junio de 2005 reveló que las hectáreas dedicadas al cultivo de opio fueron 131.000 en el 2004, frente a 80.000 el año anterior. El negocio de la droga no hace más que aumentar. Afganistán produce el 87% del opio en el mundo. Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), difundió que en el 2006 el cultivo de adormidera de opio aumentó 59% en Afganistán. En el Estudio anual de la ONUDD sobre el opio en Afganistán se indica que la superficie de cultivo de adormidera alcanzó la cifra sin precedentes de 165 mil hectáreas en 2006, en comparación con 104 mil hectáreas en 2005. Para este año el organismo proyecta que en Afganistán la cosecha ascenderá a unas 6 mil
100 toneladas de opio, que “representa un 30% más del consumo mundial.” Lejos de aminorar el cultivo del opio, de donde se produce la heroína, éste ha ido incrementando bajo la ocupación de EE.UU. y sus “aliados”. La guerra de Afganistán es una guerra fallida tanto contra el terrorismo como el narcotráfico. Los atentados terroristas se reproducen por doquier en todo el mundo, desde los países árabes hasta el infalible mundo occidental, y la situación en este país está muy lejos de la normalidad y la estabilidad. Kabul se va pareciendo un poco a Bagdad, aunque el escenario no sea tan apocalíptico. Los talibanes, además, están repitiendo la misma estrategia de los grupos guerrilleros que lucharon contra los soviéticos en la década de los ochenta. Es una guerra de desgaste, sin arriesgar nada, llevando a cabo audaces acciones que desgastan al enemigo e imprimen al conflicto la misma crueldad que la que llevó a la Unión Soviética a la derrota en Afganistán en 1989. La única que ha ganado de la guerra en Afganistán es la droga.