Bandera Roja Boletín | abril 2016 | Junta de Control Fiscal: Dictadura Capitalista Colonial

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Boletín Nacional | marzo - abril 2016

Junta de Control Fiscal

Dictadura de los Bonistas y el Capitalismo Colonial Junta Capitalista y Colonial

En los últimos meses se viene discutiendo en el debate político nacional sobre la Junta de Control Fiscal que el gobierno federal pretende imponer sobre Puerto Rico. La medida vendría a ser la más reciente maniobra para garantizar la dictadura del capital financiero por medio del absoluto control colonial desde Washington. Esta Junta cristaliza el carácter de la crisis en Puerto Rico y señala perfectamente la condición de subordinación económica y política de nuestro país. Es la alternativa política de la metrópoli para implantar la expresión más descarada del capitalismo colonial, ante el fracaso del PNP-PPD de encontrarle una salida a la crisis. La Junta viene a gobernar para un puñado de buitres y ricos del patio y de afuera que son los principales responsables de la situación actual. Por eso los partidos coloniales y la burguesía local apoyan la dichosa junta, porque pretenden utilizarla para implantar las medidas neoliberales que les podrían costar las elecciones.

Los ricos y sus políticos quieren la Junta

Los partidos de los ricos y sus principales figuras políticas como Alejandro García Padilla, Pedro Pierluisi, David Bernier, Ricky Rosselló, Eduardo Bhatia, Jaime Perelló, Jeniffer González, respaldan la implantación de la Junta Federal de Control Fiscal. Los llamados candidatos independientes como Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro también la respaldan. Todos y todas bailan al son de los intereses de la clase dominante. Los intereses políticos y económicos de los capitalistas puertorriqueños están directamente vinculados a la permanencia del capital norteamericano en la isla, funcionan como un solo bloque en el poder. La clase dominante y sus representantes están dispuestos a sacrificar parte de los limitados poderes con que cuenta su limitada democracia capitalista en virtud de proteger sus intereses. Por eso, ninguno tiene mayores reservas en que se entregue el país a una Junta que “administre” el saqueo de lo público en Puerto Rico.


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