Boletín UJS | Antidemocracia, privatización y mercantilización de la UPR | marzo 2016

El informe promueve una visión empresarial de la Universidad e indica que el presidente de la UPR debe entenderse como CEO y la Junta de Gobierno como el cuerpo exclusivo de toma de decisión. Esta visión pone como norte el lucro antes que el acceso a la educación superior. Sugiere además el que el Estado deje de asumir su responsabilidad para con la universidad en términos económicos. Expresamente se indica que el Gobierno debe disminuir el dinero que le otorga a la universidad. Esto abre las puertas a la priva3zación y a que agentes externos a la universidad tengan injerencia directa en el proceso de definición de las prioridades de la ins3tución y su presupuesto.

Reforma al sistema de gobernanza: limitar la toma de decisiones Estos cambios en la gobernanza universitaria ins3tucionalizarían los procesos de consulta (vistas públicas y semi-públicas) como únicos espacios de par3cipación en la definición de la polí3ca universitaria. Es decir, que las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno y/o el Presidente no requerirán consensos ni muchos menos la aprobación de los cuerpos representa3vos ni lxs miembros de la comunidad universitaria en su carácter individual o colec3vo. La Administración Central decidirá cuándo, cómo y qué asuntos serán discu3dos y tomará acción independientemente de las reacciones que puedan emerger en el proceso de consulta. Esto implicaría la evidente exclusión de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que nos afectarían a todos/as.

Por otro lado, la agenda de priva3zación es clara. Reducir la aportación del Estado implica una desvinculación del gobierno de su compromiso con la educación pública universitaria, abre las puertas para la priva3zación de servicios y afectaría la autonomía de los recintos.

Aumentar la can3dad de fondos externos pondría a la universidad en manos de las empresas privadas, ya que las fuentes financiamiento tendrían potestad sobre la u3lización de dichos fondos, lo que incidiría directamente en las prioridades educa3vas.

Reforma del liderato ejecu6vo: arriba deciden y abajo ejecutan Estos cambios en el funcionamiento de la Universidad establecerían una jerarquía sumamente eli3sta con relación a la toma de decisiones, excluyendo la par3cipación de los miembros de la comunidad universitaria en los asuntos que nos afectan a todos y todas. Según esta transformación las figuras representa3vas serían sellos de goma y su función, acatar los acuerdos que vengan de arriba.

Reforma estructural: consolidación de recintos y cambio al rol de la Administración Central Bajo este concepto, los recintos grandes tendrían la necesidad de aumentar la can3dad de asignaciones provenientes de fuentes externas de financiamiento. Esto disminuiría grandemente las par3das de fondos recurrentes y vulnerabilizaría las arcas de estos recintos ya que una can3dad menor de su presupuesto estaría garan3zado por ley.

Además, la discreción en cuanto a la u3lización de dichos fondos estaría definida por las fuentes de donde provienen. Es decir, entes privados tendrían poder en la determinación del monto que se reciba, las prioridades presupuestarias, etc. Por consiguiente, tendrían la capacidad de incidir en la polí3cauniversitaria y en la definición de la oferta académica…

Por otra parte, la consolidación de recintos pequeños pretende reducir los costos operacionales relacionados al funcionamiento de estos. Sin embargo, esto representaría un impacto adverso en el acceso de los sectores más empobrecidos del país a una educación pública universitaria. También podría resultar en una invisibilización de las necesidades par3culares de cada recinto y del estudiantado. Además, supondría una transformación de la cultura organizacional de todos los recintos sin dis3nción, asunto que no queda contemplado en el informe

Reforma fiscal: 6jeras y más 6jeras El gobierno lleva apostando a la priva3zación desde hace décadas. Los mejores ejemplos son los servicios de salud, la telefónica, los sistemas de re3ro, las alianzas público-privadas y la sub contratación. Sabemos que la priva3zación de los servicios afecta la calidad de los servicios ofrecidos y la calidad de vida de quienes trabajan para ofrecerlos. La priva3zación de los servicios no académicos podría implicar la desaparición de los gremios que agrupan al sector no docente mediante la subcontratación de estos servicios a compañías privadas que ofrecen plazas de empleo más precarizadas con sueldos mucho menores y beneficios laborales inexistentes. Además las priva3zadoras se llevan gran can3dad de dinero, dándole a su alta gerencia sueldos jugosos que contrastan grandemente con los sueldo de sus trabajadoras y trabajadores. Otro aspecto considerable de la priva3zación es que la universidad no tendría pleno control del costo de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, la universidad no tendría autoridad en el establecimiento de los precios de residencias estudian3les, lo que muy probablemente implicaría un aumento en el costo de alojamiento, afectando directamente al sector más pobre del estudiantado en contradicción a las recientes polí3cas de mayor acceso a la universidad pública. De igual manera, esto podría suceder con la subcontratación del manejo de espacios como estacionamientos u otras facilidades públicas.

Según la transformación propuesta la UPR no tendría que responder a las necesidades del país sino que, como cualquier empresa, funcionaría según las leyes de mercado. En ese sen3do, la oferta académica de las disciplinas que no se consideren rentables (como las artes y las humanidades) sería reducida o hasta eliminada. Esta tendencia viene fortaleciéndose desde el 2005 bajo la polí3ca de adecuar la universidad a la llamada “economía del conocimiento”. En resumen, esta reforma fiscal obedece el patrón de desmantelamiento del sistema público universitario, validando e ins3tucionalizando las prác3cas asumidas como resultado de la Ley 7 y la Ley 66: congelación de plazas, precarización de los empleos, etc. Esta propuesta favorece la priva3zación de la Universidad de Puerto Rico para desvincular al gobierno de su compromiso económico con la educación pública universitaria.

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