4
Martes 4 de agosto de 2015
E
n el mes de julio se celebra en nuestro país una efeméride de la mayor importanAna Victoria Badilla V.* cia: La Anexión de la Alcaldía de Nicoya a Costa Rica. Desde mi época escolar esta celebración siempre pareció maravillosa, sobre todo porque la letra de las canciones alusivas dibujaban en mi imaginación paisajes y actividades que para una niña criada en la Meseta Central eran desconocidas y exóticas. Siempre esperaba con anhelo la celebración de esa fecha y, aunque no conocía la provincia, imaginaba los atardeceres divinos, los colores que el sol imponía en territorio guanacasteco y veía al sabanero corriendo tras el fiero novillo puntal (en esa época yo decía puntual).
E
l reciente despido de la comunicadora mexicana Carmen Aristegui trae a la Álvaro Mata Guillé* memoria el asesinato de tantos otros que, enfrentados a los absolutismos o a las mafias, han sido silenciados, como lo fue el atentado ocurrido a la revista francesa Charlie Hebdo, solo que en el caso de Aristegui no se realizó un acto terrorista, ejecutando con él al que cuestiona o relativiza, sino que se recurrió a un “aparente marco legal”, que lo que pretendía en el fondo, y se logró, era la mutilación de un espacio crítico. El método no es nuevo, se une a la práctica común de usurpar estamentos democráticos para prostituirlos, como ocurre cuando se corrompen instituciones o funcionarios, se imponen censuras o coerciones,
Guanacaste A pesar de los años transcurridos la impresión se mantiene, pero ahora con diversos matices. Recuerdo la canción Pampa y pienso que, sin duda, don Aníbal Reni, autor de la letra de dicha canción, fue divinamente inspirado para concebir y plasmar una descripción tan perfecta del paisaje guanacasteco. Por su parte don Jesús Bonilla, bajo un efecto similar, escribió la música de tan hermosa pieza, creando en esa fusión una preciosa obra pictórica y musical (las notas musicales transmiten colores). Semejante efecto emocional me producía escuchar el Himno a la Anexión del Guanacaste, letra inspirada de don José Ramírez, cuya hermosura fue también enriquecida por la música del Maestro don Jesús Bonilla. El himno me transportaba a un mundo de valientes, me impresionaba “el valor de
Curime” y el “poder de Diriá y de Nicoya” alcanzaba dimensiones descomunales. Imaginaba a los bravos ancestros rompiendo las cadenas del conquistador, y pensaba que los costarricenses siempre asumiríamos esa actitud si fuera necesario. En la coyuntura actual podemos tomar del Himno a la Anexión del Guanacaste muchos valores que parecen estar en fuga en nuestra sociedad. Si todos los ciudadanos nos dejáramos impregnar del valor de Curime, el poder de Diriá y de Nicoya y el altivo valor chorotega, lucharíamos juntos en un solo corazón para ayudar a impulsar el desarrollo del país. En vez de dedicarnos a atacar a los gobernantes podríamos unirnos para ayudar, esforzarnos por dar lo mejor de cada uno en beneficio del país, aun si ese esfuerzo significara
un sacrificio individual, así todos aportaríamos un poco y lograríamos que nuestro blasón nacional se enjoye. AYUDAR. En este momento Costa Rica necesita del apoyo de todos para salir adelante y librarnos de las cadenas que amenazan con inmovilizarnos: ataduras partidarias por las que algunas personas que detentan poder político pierden de vista el interés nacional, el cual es sacrificado en aras de mezquinos intereses individuales, partidarios o grupales. Apatía ciudadana en la que cada uno antepone su interés individual al interés público. Indolencia de los empleados públicos, hay un buen grupo que no cumple con su trabajo, consideran que el administrado debe agradecerle cuando lo atienden porque ellos le hacen un favor, y olvidan su deber como servidores públicos,
como ciudadanos y como seres humanos. Igual actitud es deseable de los empleados privados, pues su desempeño es de similar importancia en la economía nacional. Asimismo debe eliminarse la desidia de los ciudadanos que desaprovechan y desperdician recursos naturales en detrimento de las generaciones futuras de costarricenses. Si analizamos el himno de la Anexión y aplicamos a nuestras actividades los principios en él contenidos, es posible que podamos gritar nuestra adhesión a la Patria y así cubrirnos por siempre de gloria. Talvez esta sea una oportunidad para que las futuras generaciones puedan decir que no olvidarán nuestro “histórico empeño” de salvar al país y ayudar a la Patria por nuestra voluntad. *Abogada
Sobre el derecho de expresarse, totalitarismo y corrupción se lesiona la ética o a las mismas personas. Lo que le ha sucedido a tantos periodistas como a ciudadanos, lo ocurrido a Carmen Aristegui o la revista Charlie Hebdo, se extiende a otros contextos de Latinoamérica, donde se actúa (o se ha actuado) de manera similar ante el que piensa distinto, denuncia o cuestiona. Pero también estos hechos deben llamar la atención de la sociedad costarricense, donde se vuelve costumbre el intento, a veces sin disimulo, ya sea por parte de las autoridades del Gobierno (que incluso institucionalizan una policía para el control político), o de los particulares, de amordazar al que pregunta, al que critica, al que piensa distinto, al que hace evidente la mediocridad, la ineptitud, las contradicciones o a las acciones del corrupto. La libertad de expresarse nace del reconocimiento de nuestra condición existencial,
Suplemento de opinión, debate e ideas
Consejo Editorial
puesto que adquiere fundamento en la posibilidad que tenemos de sentirnos y sabernos distintos, de que nuestra particularidad pueda expresarse libremente. Ahí se encuentra, en esa condición de la especie humana, lo que hace de cada individuo un individuo, en otras palabras, cosa que se olvida con frecuencia, la libertad de expresión está vinculada orgánicamente al cuerpo sensible de las personas, no a los tratados, las normativas o a la retórica de lo políticamente correcto o conveniente, puesto que ahí yace la posibilidad, que cada quien tiene, de poder ser como quiera a partir de sí mismo, de lo que siente y vive, de sus gustos, de su visión de mundo, de sus querencias o su percepción. Estrechamente ligado a la libertad de expresarse o al derecho de expresión, como quiera denominarse, está el asumir que no hay verdades
únicas ni eternas, que no hay una sola realidad ni una sola lectura de ella ni de nosotros, que no hay una sola voz, sino muchas, siendo el sentido crítico, la ironía o el disentir, prácticas esenciales ineludibles para cualquier sistema político que se reconozca a sí mismo como plural. No es extraño, ante estos derroteros de la pluralidad, que para el dogmático, el engreído o el tirano, para el que impone una visión totalizante, o el corrupto, la pregunta siempre sea molesta, la duda perturbadora, el argumentar en contrario o el decir “no” incomoden, como lo es también, para todos ellos, lo ético o la coherencia. El conjunto de estos hechos, que se han vuelto parte de la realidad cotidiana, nos obliga a repensar con urgencia qué modelo de sociedad queremos, qué es lo que nos ha llevado vivir en una cultura de la amenaza o lo impune, de la
censura, la complicidad o el silencio, qué tipo de persona somos, las que en muchos casos acuerpan al que impulsa estas acciones, que inundan nuestras sociedades y proliferan en todos los sectores y en todos los ámbitos. La degradación que padecemos, tanto en lo social como en lo individual, nos obliga a reflexionar a fondo, ya no sólo en la búsqueda de una definición de sociedad o de persona, sino, de cuáles elementos debemos integrar que permitan un cambio cultural que “rescate”, con otros ojos y en esta época, el bien común, los derechos humanos, a la misma sociedad que se derruye y está enferma. Acallar un espacio crítico o informativo, tantas muertes y silencios, no solo atentan contra la sociedad misma, lesionan el sentido de lo que somos, como personas y como convivencia. *Escritor
Alberto Cañas†, Rodrigo Madrigal Montealegre, Sonia Marta Mora, Haydeé Mendiola, Jaime Ordóñez, Rodolfo Silva, Marcia González Aguiluz, Juan José Sobrado, Armando Vargas Araya y Juan Manuel Villasuso.
Las opiniones de nuestros colaboradores se consignan en forma libre e integral y no representan necesariamente el punto de vista del Consejo Editorial o del DIARIO EXTRA. www.paginaabierta.cr (email: crpaginaabierta@gmail.com)
DIARIO EXTRA • Martes 4 de agosto de 2015 • Edición Nº 378
A
¡Necesitamos una nueva ley de aguas!
pesar de que Costa Rica es uno de los países de mayor oferta de agua dulce por habitante en el mundo y uno de los Carlos Manuel países de América Rodríguez* Latina donde más se ha favorecido la inversión pública en agua potable, todos hemos sido testigos de primera línea de la crisis hídrica del 2015, particularmente en el Pacifico Central y Guanacaste con sequías y en la zona Atlántica con inundaciones desmedidas. En ambos casos los costos humanos, económicos y sociales son evidentes y han hecho de esto un tema de atención política al más alto nivel. En la reciente visita del señor Presidente al Guanacaste, con ocasión de la celebración de la Anexión, el tema de la sequía estuvo en boca de los grupos ciudadanos y empresarios que desesperados ante la situación solicitan al Gobierno central soluciones definitivas. Pero aunque nos hemos limitado a ver esta situación como un asunto climático puntal (el fenómeno del Niño) y las acciones gubernamentales han sido de índole paliativa (asistencia a los ganaderos, distribución de aguas en pueblos y el aceleramiento de obras de infraestructura de servicios de agua), mucho de todo esto obedece a patrones más profundos y estructurales en nuestro marco jurídico e institucional sobre el recurso hídrico. Ante esta situación resulta paradójico, o incluso hasta irónico, que muchos en el Ejecutivo como en el Congreso se concentran en las soluciones paliativas de corto plazo y no ven las soluciones integrales de mediano y largo plazo al negarle el apoyo del Proyecto de Ley de Aguas que se encuentra en la corriente Legislativa. Nuestro nivel de vulnerabilidad al cambio climático y a los patrones locales del régimen de lluvias está directamente relacionado con nuestra política hídrica, o la falta de esta. Con una legislación de aguas de más de 70 años, con una fuerte dispersión de roles y responsabilidades institucionales, con una falta de políticas modernas, claras y ordenadas e instrumentos novedosos de gestión de manejo del recurso y las cuencas, no tenemos garantizada la resilencia requerida al cambio climático y nos encaminamos a escenarios de conflicto de uso entre los diferentes sectores. Un país sin capacidad de gestión integrada del recursos hídrico para consumo humano, hidroelectricidad, agricultura, turismo y, por supuesto, agua para los ecosistemas naturales (no podemos extraer todo el agua del río ya que lo matamos ecológicamente), nuestras capacida-
des nacionales de desarrollo económico y social inclusivo se verán comprometidas seriamente. Esta afirmación no es un enunciado alarmista e infundado, a las pruebas me remito: actualmente en muchos cantones guanacastecos, especialmente los costeros, la construcción habitacional y hotelera se ha detenido en seco por no haber agua disponible, con los evidentes costos al desarrollo propio de la Provincia; esto genera desaceleración económica y desempleo. NUEVOS ENFOQUES. Por muchos años, el país, con menos población y con un PIB más modesto, pudo desarrollar sin mayores limitaciones la infraestructura hidráulica necesaria para sostener su crecimiento y con ello satisfacer las demandas relacionadas con el agua. Sin embargo, y pese a su abundancia hídrica, el país enfrenta hoy una problemática asociada principalmente a los procesos de aumento de la población con mayor poder adquisitivo, urbanización y desarrollos de actividades económicas altas en el uso del agua. En la Gran Área Metropolitana, donde se concentra el mayor porcentaje de la población y de actividad industrial, así como en otros centros urbanos, hay fuertes presiones sobre la disponibilidad del recurso hídrico, que afectan también la calidad del agua, tanto superficial como subterránea. Adicionalmente, la creciente demanda del recurso en los procesos agro-industriales y el turismo ha provocado localmente situaciones de competencia con los usos domésticos y agrícolas, la que se agrava ante la insuficiencia de coherencia en políticas e infraestructura de regulación
que permita aprovechar los volúmenes que se generan durante las épocas lluviosas. La urbanización, por su parte, ha empezado a afectar las zonas naturales de recarga de los acuíferos y la falta de alcantarillado sanitario ha dejado ver la vulnerabilidad de algunos mantos acuíferos. De ahí que la preocupación social ha tornado su vista hacia la necesidad de reformas institucionales para la gestión del recurso hídrico a través de un nuevo marco normativo. Este nuevo marco normativo que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa es producto de procesos altamente participativos que reclaman un nuevo ordenamiento institucional para la gestión de los recursos hídricos, congruente con las necesidades específicas del país en atención a recomendaciones sobre buenas prácticas que surgen de la experiencia internacional, y sobretodo en la previsión de escenarios de cambio climático con el doble de la población en los próximos 30 años. El marco jurídico actual y la institucionalidad que deriva del mismo para la gestión de los recursos hídricos nacionales cumplió en su momento con sus propósitos de desarrollo. Sin embargo, el propio desarrollo ha traído consigo efectos que hoy demandan nuevos enfoques y políticas respecto al manejo y conservación de dicho recurso. Los abundantes diagnósticos realizados apuntan hacia una ausencia de principios, políticas y estrategias nacionales para la gestión de recursos hídricos, que en cierto modo deriva de la dispersión institucional existente con lagunas y superposiciones que inhiben la planificación nacional de corto, mediano y
largo plazo, y que en ocasiones apuntan a situaciones de ingobernabilidad en la gestión del recurso hídrico. A este respecto la Sala Constitucional, en su voto #04-001923, señala: “En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia” AVANCE. Este Proyecto de Ley avanza en modernizar nuestro marco jurídico al determinar principios rectores en materia de gestión de los recursos hídricos. La definición de estos principios es vital e importante avance en condiciones caracterizadas por inequidades en el uso y disfrute del recurso, traslapes y debilidad institucional, conflictos en accesos y deterioros de cuencas y acuíferos. Estos principios determinan que: 1-El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. 2La gestión del agua y, sobre todo, las reglas de acceso a este recurso deben regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional. 3-El agua debe ser considerada dentro
El costo de dilatar acciones y decisiones políticas es mucho más alto que el de tomar acciones ya
de la legislación como un bien de dominio público y, consecuentemente, se convierte en un bien inembargable, inalienable e imprescindible. 4Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos. Con esto se defiende una correcta valoración del recurso que se manifieste en conductas de ahorro y protección por parte de los usuarios. 5-Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella. 6- El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnologías posibles, de modo que se evite su desperdicio y contaminación. 7- La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión. El Ministerio de Ambiente y Energía ejerce la rectoría en materia de recursos hídricos. La gestión institucional en este campo debe adoptar el principio precautorio o in dubio pro natura. 9- El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de este son bienes estratégicos del país. La propuesta de una nueva legislación hídrica tiene la gran fortaleza de que se sitúa dentro del marco conceptual establecido por los objetivos superiores de la sociedad costarricense respecto de una visión compartida sobre las modalidades de desarrollo económico, social y de sustentabilidad ambiental. De este modo la gestión de los recursos hídricos en Costa Rica debiera constituirse en soporte y motor de los objetivos que derivan de los contextos macroeconómicos, el ataque a la pobreza y la protección del capital natural. La gestión de los recursos hídricos se concibe, por lo tanto, en la propuesta legislativa como uno de los ejes en la conducción de políticas gubernamentales encaminadas a sustentar el desarrollo nacional y elevar la calidad de vida de los costarricenses. La modernización del marco jurídico del recurso hídrico debe tener el mismo nivel de atención que le damos a otros asuntos de interés político. Hoy el déficit fiscal, el gasto público, la sostenibilidad del régimen de pensiones, entre otros, son temas que de gran interés político bajo el entendido de que el costo de dilatar acciones y decisiones políticas es mucho más alto que el de tomar acciones ya. Hoy requerimos la aprobación del Proyecto de Ley de aguas ya que los impactos del cambio climático, el mal uso del suelo, la creciente urbanización y aumento de la población pasaran una alta factura a la siguiente generación. *Exministro de Ambiente y Energía.
2
Martes 4 de agosto de 2015
Según Creo
E
Laudatio si
ntre los autores que leo religiosamente, porque son muy buenos y no tienen ese insoportable tufo a campanario, está don Leonardo Boff, José Calvo del que acaba de publicar (Cambio Político de 2, 7) “Preservar la perspectiva singular del Papa: la ecología integral”. Boff dice que todo está interligado. Que “el calentamiento global tiene que ver con la furia industrialista. La pobreza extrema con el modo de comprensión, distribución y consumo. La violencia a la Tierra con el paradigma de dominación, base de nuestra civilización. El antropomorfismo es consecuencia de la comprensión ilusoria de que somos los dueños de las cosas, y que estas tienen sentido en la medida en que sirven para nuestro disfrute. Que “nunca hemos ofendido y maltratado nuestra cosa común como en los últimos cuatro siglos” (desde Galileo, o la revolución industrial). No es de extrañar que Guardia llame a la encíclica Laudatio no: representa una amenaza para su mundo de privilegios de catorceño. ttttt Después de Galileo y las características secundarias “irreales” y el énfasis en la extensión, el poder de Italia pasó finalmente al Norte de Europa, y los Medici perdieron su influencia, que cogió la City, que financió las grandes obras de la revolución industrial en el mundo. La revolución industrial inglesa extendió también el imperio, y creó la ilusión de que Malthus estaba equivocado. Eso permitió explotar el ambiente como si eso no tuviera consecuencias: la crisis ecológica es consecuencia de ignorar “la ley de hierro”. Boff dice que todo está relacionado (como yo). La crisis ecológica es solo uno de los aspectos de la crisis global, que incluye la concentración creciente de la riqueza, hasta el extremo de dictar austeridad para el pueblo cuando los financistas son “salvatados” impunemente por el gobierno, porque son “demasiados grandes para quebrar”. ¿Por qué extrañar que concentren la riqueza como si nada hubiera pasado, y que estén pasando a otros el costo de su fracaso? ttttt La crisis es una consecuencia de esa conducta egoísta e irresponsable que cree posible crecer indefinidamente, y en forma sostenible, cuando no le están dejando nada a los que vienen. Un expresidente tico quiere que Costa Rica crezca al 8% anualmente como China: y lo mismo quieren todos los políticos que tienen el poder en el mundo. Por eso es que la crisis no se resuelve y se agrava, y también por eso es que tiene que venir una solución, aunque sea indeseable, por la contumacia de los poderosos: tienen que rodar.
Martes 4 de agosto de 2015
¿Nuevo modelo económico para Costa Rica?
Contratación administrativa:
El talón de Aquiles de la Administración Pública
R
ecientemente han salido a la luz pública una serie de cuestionamientos relacionados con la construcción del nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas y Carolina Zúñiga Transportes (MOPT) que Rivera* albergará, según lo planeado, las oficinas del Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Dicho proyecto, denominado Proceso de Diseño Estructural y Construcción de la Primera Etapa del Edificio Sede Central del MOPT” (sistema constructivo prefabricado en concreto), está valorado aproximadamente en ¢6.722 millones, unos $12.5 millones. Se estima que la totalidad de la obra en todas sus etapas tendrá un costo de ¢20.000 millones. Entre las críticas que plantea la Cámara de la Construcción (todas ellas visibles en su página web), dos llaman la atención por el posible enfrentamiento con la normativa vigente, los principios rectores de la contratación administrativa y los propios lineamientos de la OCDE en la materia, los cuales, si bien no son vinculantes, constituyen un referente importante en el escenario internacional (recomiendo la lectura de los “Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas” de la OCDE). 1. El primero de ellos se relaciona con el procedimiento de contratación directa utilizado por el MOPT. La Ley de Contratación Administrativa (LCA), en su artículo 27, determina las categorías del procedimiento de contratación en atención al monto del presupuesto para contratación de bienes y servicios no personales de cada institución. A su ve, la Contraloría General de la República (CGR), como parte de las funciones que le otorga la ley, debe actualizar anualmente los límites económicos establecidos en el artículo 27 y elaborar una lista con el nombre de la Administración y el monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales. Sorprende en gran manera que una institución, cuyo presupuesto promedio para el período 2013-2015 es superior a los ¢52.500 millones, se ampare en el mecanismo de la contratación directa para la ejecución de una obra cuya primera etapa supera los ¢6000 millones. De acuerdo a la actualización más reciente publicada por la CGR, en instituciones que se ubican en el “Estrato B” (caso del MOPT), el procedimiento de la licitación pública debe observarse, si el monto del contrato de obra es igual o superior a los ¢593 millones. Significa entonces que el procedimiento aplicable para la contratación de la obra correspondía a la licitación pública y no a la contratación directa. Al día de hoy desconozco el ardid
utilizado por el MOPT para obtener la aprobación de este último procedimiento ante la CGR. 2. En segundo lugar y más preocupante aún, resulta la violación de los principios rectores de la contratación administrativa, expresamente consagrados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley y 2 del Reglamento. Uno de ellos, el principio de la libre competencia entre oferentes, parece especialmente lesionado en el presente caso. Ello se manifiesta a partir del establecimiento de plazos irrazonables, desproporcionados (por ejemplo, presentar una oferta en período de 4 días aún tratándose de un proyecto de alta complejidad y cuantía como este), y de la introducción de requerimientos técnicos que de forma solapada encubren el favorecimiento hacia dos empresas, las únicas que ofrecen el sistema de construcción prefabricado con losas multitubulares y fueron adjudicadas de forma conjunta mediante la figura del consorcio. Señala el artículo 2 del Reglamento que: “No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes”. Por su parte, las recomendaciones de la OCDE en la materia advierten que una forma de evitar la colusión en licitaciones públicas (la colusión se presenta cuando los presuntos competidores conspiran secretamente para manipular la licitación y obtener una adjudicación contraria a las normas de competencia) es precisamente la posibilidad de presentar productos sustitutos. EXCLUSIÓN. Es importante utilizar especificaciones de desempeño y establecer lo que se requiere, más que ofrecer la descripción del producto, pues ello podría provocar la exclusión de oferentes. Sobre todo piénsese en un mercado pequeño como el nuestro en el que es vox populi (dentro del sector construcción) la existencia de dos empresas que brindan ese producto. Es decir, este cartel parece ser hecho a la medida de los ganadores, aquellos oferentes que en tiempo récord lograron presentar la oferta de $12 millones de dólares, porque quizás conocieron detalles del cartel de previo al resto de competidores. Lamentablemente como decía Napoléon, entre los hombres salva la desconfianza, solo así se explica el cumplimiento de un plazo abiertamente irrazonable en la presentación de una oferta compleja. Las críticas de la Cámara de Construcción encuentran justificación en este escenario caracterizado por falta de transparencia y agravado por las declaraciones iracundas y poco claras de la viceministra de Infraestructura, Giselle Alfaro, quien sostiene la legalidad del proceso y afirma que en 4 días perfectamente se puede preparar una oferta de esta naturaleza. Sí señora viceministra, en cuatro jornadas laborales de 10 horas (trabajando a toda máquina) es posible presentar todo un pliego de propuestas que incluya, desde el diseño de la obra hasta estudio de suelos. ¡Por favor, seamos serios, esto es una tomadura de pelo! Esta adjudicación debe ser anulada.
3
L
Proyecto de Ley del Recurso Hídrico
E
Aclaración sobre áreas de protección
n la última semana, como parte de la discusión en torno a la Ley de Gestión del Recurso Hídrico, pudimos escuchar en programas radiales declaBernardo Aguilar raciones, que luego vimos González* reproducidas en medios de prensa escrita, con las cuales se podría inducir a la opinión pública al error sobre el contenido del Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Las mismas provenían de un representante de la Cámara de Porcicultores y de la Cámara de Productores de Leche, y fueron presentadas en representación de la Cámara de Agricultura. Aseveraron que el proyecto aumenta las áreas de protección a un radio de 200 metros alrededor de las nacientes, y que con esa medida se ponía en peligro a los pequeños productores agropecuarios por la gran cantidad de área que ello implica que se tiene que reservar para la conservación. Esta información es inexacta. Es la Ley de Aguas vigente, la que desde 1942 establece en su artículo 31 que “…se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio.” Asimismo, la Ley Forestal (art. 33, inciso d) vigente establece áreas de protección en un radio de 100 metros en el área que bordea las nacientes. Son estos dos cuerpos los que asimismo establecen distancias en áreas de protección en zonas ribereñas y otras áreas necesarias para la
protección del recurso hídrico. El dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Recurso Hídrico fue consensuado con el sector productivo, entre ellos la Cámara de Agricultura y aprobado por 46 diputados en primer debate en la última legislatura del gobierno pasado. Éste proponía como áreas de protección en su artículo 29 entre otras: a) las áreas que bordean los manantiales permanentes en un radio de 20 metros horizontales a partir del manantial como punto de referencia. La ley define como manantial la salida natural de un acuífero que puede estar constituido por una o más nacientes o afloramientos (art. 3 inciso z). Reza asimismo el inciso a: “Además del área anterior, será área de protección la comprendida por un semicírculo definido por un radio de 200 metros y ángulo de 45 grados, con vértice en el manantial como punto de referencia y dirigiéndose sobre los tubos de flujo pendiente arriba del manantial.” Es decir, se buscaba con esto proteger, pendiente arriba, un cuarto del área que alegan los voceros de la cámara agrícola, aparte de la distancia fija de 20 metros horizontales. En términos netos, ello implicaba una reducción que se consideró técnicamente justificable por todos los sectores, sin afectar las funciones ecológicas que se pretende proteger con este tipo de normativa. Sin embargo, fueron precisamente estas medidas las que la Sala Constitucional consideró que representaban una regresión ambiental y rozaban el artículo 50 de la Carta Magna, en tanto se redujo la medida de las áreas de protección, sin contar en el expediente del proyecto con
los respectivos estudios técnicos que lo justificaran. Fue muy preciso el colega Jorge Cabrera al decir en su artículo publicado recientemente en un diario nacional, que “algunos han considerado que lo procedente es devolver el texto a la comisión que lo dictaminó para que se preparen los estudios técnicos que la Sala echó de menos… Otra postura sostiene…que lo procedente es recomendar al Plenario modificar los artículos 29 y 30 del proyecto, para que su regulación se equipare a lo contenido en la legislación vigente sobre la superficie de las áreas de protección, es decir, lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal y del artículo 31 de la Ley de Aguas”. Así las cosas, de estas alternativas, el peor de los resultados sería que se mantuvieran las distancias existentes, lo que implicaría que no habría un aumento a las áreas de protección, pues éstas ya están definidas en la legislación actual. Como lo habíamos dicho en publicaciones anteriores en este medio, la inspección en el campo que han recogido investigaciones de la UCR, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible y el CATIE, del cumplimiento de esta normativa en zonas ribereñas en áreas de propiedad privada, nos arrojó desde los años 90 la realidad de que en casi todos los casos en zonas urbanas y rurales el cumplimiento fuera de Parques Nacionales y modelos de conservación similares rondaba un rango de un 30% y un 48%. Es decir, su aplicación no ha sido históricamente rígida por parte de las autoridades de conservación del país.
PRESION. Ello nos lleva a la conclusión de que la información divulgada es a todas luces inexacta y que podría estar buscando aumentar la presión que la Cámara de Agricultura trata de ejercer sobre los pequeños productores, en tanto varios diputados han declarado su indisposición de apoyar esta ley si los pequeños productores no la aceptan. Estas presiones ya han sido aceptadas en foros públicos por representantes de los pequeños productores, como lo hizo el Presidente del Consejo Nacional Agroalimentario durante el foro organizado por MINAE y ANCA el pasado miércoles 29 de julio, y que puede ser visto en el video que se encuentra en www.youtube.com/ watch?v=lmHLuClYW6k . Desde nuestra Fundación seguimos unidos al interés nacional por la aprobación del proyecto y al llamado que han hecho diversos líderes del país, incluidos tres expresidentes y una expresidenta de la República (www.youtube.com/ watch?v=pnjvsgSQFg0 ) a concluir este proceso con una ley que se adapte a los retos que tiene el país hoy, para proveer a todas y todos los costarricenses con el ejercicio efectivo del derecho humano al agua. Reiteramos nuestra creencia de que una ley que establece una institucionalidad adecuada para la gestión participativa, unificada, técnicamente adecuada, económica y socialmente justa es una necesidad para afrontar fenómenos de cambio climático como los que tenemos hoy día en Guanacaste, el Caribe y la Zona Norte. *Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica.
a semana pasada asistí al Foro “Costa Rica: Cambio de Modelo País”, organizado por la Revista Summa, en el cual se analizaron los aspectos relativos Marcela al modelo económico Chacón actual del país, con la participación de representantes de las Cámaras, de la Asamblea Legislativa y de empresas de análisis. La gran interrogante en cada uno de los paneles se refirió a si existe o no la necesidad de generar un nuevo modelo económico para sacar al país de la difícil situación financiera en que se encuentra. Las Cámaras mantuvieron posiciones divergentes, pues mientras algunas apelaban a una confrontación abierta con el gobierno, otras más bien caían en un apoyo excesivo a sus actuaciones. ¿Cuál será la forma correcta de generar un modelo económico sano que genere réditos en el menor plazo posible? El asunto es muy serio y requiere de un entendimiento entre los distintos actores. Hemos esperado mucho tiempo y ya no hay tiempo. No basta con la crítica – sana o no – a las gestiones que se llevan a cabo desde Zapote; tampoco creo que la solución se derive de la instauración de un gobierno parlamentario, cuando algunos de nuestros diputados ni siquiera tienen noción de lo que el parlamentarismo representa (horror de horrores, darles a algunos de ellos mayor poder del que ya tienen), ni en generar nuevos impuestos para engordar las arcas del Estado. El desarrollo económico y social contiene al menos tres grandes aristas que deben contemplarse con el objeto de afianzar avances sustentables. El señor Jorge Luis Arce enfatizó estas tres dimensiones, cada una de las cuales representa una pata del trípode sobre el que se asienta un desarrollo sano: (i) económica, entendida como el bienestar material producido por el crecimiento y el desarrollo económico; (ii) social y humana, según la cual las personas tengan acceso a oportunidades, procesos de inclusión social, eliminación de la desigualdad, una mejor distribución del ingreso y combate a la pobreza; y (iii) política, que establezca un esquema de gobernanza moderno con participación de la colectividad, con mecanismos de representación efectivos, que genere seguridad a los individuos y con claridad respecto a los deberes y derechos de los ciudadanos, al tiempo que actúe con transparencia y dentro de un sistema real de rendición de cuentas. No es posible distribuir riqueza si ésta no se ha generado antes; y la forma de llevarlo a cabo requiere de una reinvención del aparato estatal y de la participación de todos.