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El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
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Dirección de país Emma Catherine Donlan Gerente de Programas Armando Oviedo Área de gestión de conocimientos Evelin Troche Coordinadora editorial Oficina Regional de Plan International para las Américas Martha Sánchez Gutiérrez Especialista en fortalecimiento de sociedad civil y asocios Revisión y aportes Equipo técnico del Programa Regional de Juventudes de Plan en Bolivia Miguel Becerra Brito Oficial de Programas en Género, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Investigación Isegoría SAS Calle 109a #18-18 Interior 1 Teléfono: (571) 9278899 Bogotá D.C. Director Ejecutivo Andrés Gordillo Equipo de Investigación Lady Viviana Botina Cáceres Coordinación Iván Ramírez Osorio Investigador Valentina Fierro Diego Martínez Convocatoria y logística Corrección de estilo Ernesto Navarro Martínez Pedro Javier Velandia Piedrahita Diseño y diagramación publicación online Taller Creativo de Aleida Sánchez B. SAS www.tallercreativoaleida.com.co Dirección creativa Aleida Sánchez B. Diseño y diagramación Bibiana Andrea Alturo Mendoza Primera edición Agosto 2021 Producto hecho en Colombia
“Este material está financiado por ASDI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ASDI no necesariamente comparte las opiniones expresadas en este documento. La responsabilidad exclusiva del contenido es del autor”.
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Tabla de contenido Listado de siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................... 5 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... ......................................... 6 1. Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . ....................................................................................................... 7 2. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................... 9 2.1. Caracterización de la población participante ..................................... ......................................... 11 2.1.1. Organizaciones lideradas por juventudes ........................................................................... 11 2.1.2. Agentes claves . . . . . . .............................................................. ......................................... 13
3. Lineamientos conceptuales sobre entorno habilitante .......................................................... 15 4. Marco normativo de las organizaciones lideradas por juventudes ........................................ 17 5. Hallazgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................ 22 5.1. Seguridad y garantía de derechos y libertades .................................. ......................................... 22 5.1.1. Organizaciones lideradas por juventudes ........................................................................... 23 5.1.2. Agentes clave . . . . . . . ...................................................................................................... 25 5.2. Incidencia política . . . . . . . . .............................................................. ......................................... 28 5.2.1. Organizaciones lideradas por juventudes ........................................................................... 28 5.2.2. Agentes clave . . . . . . ............................................................... ........................................ 30
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5.3. Fuentes de información y comunicación ................................................................................... 32 5.3.1. Organizaciones lideradas por juventudes ................................ .......................................... 32 5.3.2. Agentes clave . . . . ......................................................................................................... 33 5.4. Nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en los actores de su entorno ............ 34 5.4.1. Organizaciones lideradas por juventudes ................................ .......................................... 34 5.4.2. Agentes claves . . . .............................................................. .......................................... 36 5.5. Recursos y sostenibilidad ...................................................................................................... 38 5.5.1. Organizaciones lideradas por juventudes ................................ .......................................... 38 5.5.2. Agentes clave . . . . ......................................................................................................... 39
6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................... 41 6.1. Seguridad y garantía de derechos de las Organizaciones lideradas por juventudes ............................. 41 6.2. Incidencia política de las Organizaciones lideradas por juventudes ................................................. 42 6.3. Sostenibilidad y fuentes de información de las Organizaciones lideradas por juventudes ..................... 42
7. Recomendaciones . . . . . . . . . ........................................................................................................ 44 7.1. Seguridad y garantía de derechos y libertades ........................................................................... 44 7.2. Incidencia política de las Organizaciones lideradas por juventudes ................................................. 46 7.3. Incidencia política para el sostenimiento de las agendas de las Organizaciones lideradas por juventudes 47
8. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... .......................................... 48
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Listado de siglas UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas CPNJ: Consejo Plurinacional de la Juventud. CIPPJ: Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud PBJ: Plataforma Boliviana de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos MAS: Movimiento Al Socialismo
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Glosario 1. Agente clave: Persona cuyo conocimiento y experiencia en un tema determinado puede aportar insumos importantes para la comprensión de un fenómeno y el acceso a la construcción del conocimiento subjetivo que existe en torno a ese fenómeno (definición propia). Hace referencia a: 1) Personal de Plan International (a nivel de las Oficinas Países); 2) ONG internacionales con presencia en los países de estudio; 3) Instituciones Gubernamentales (locales y nacionales) y 4) otras ONG nacionales y locales, especialmente de juventudes y organizaciones aliadas en los movimientos de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+.
2. Organización liderada por juventudes:
Grupo de personas jóvenes (entre 18 y 30 años, tomando como referencia las leyes vinculantes de juventudes en los países de estudio), que se reúnen para generar diferentes formas de participación e incidencia de acuerdo con un conjunto de intereses en común. Dichos intereses pueden estar asociados o no a una voluntad política (definición propia).
3. Entorno habilitante: Es un espacio cívico (físico, virtual o legal) que reconoce, protege, promueve, demanda y defiende el libre y pleno ejercicio de la ciudadanía activa
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y de los derechos humanos. En esta investigación se profundiza sobre el entorno de las organizaciones lideradas por juventudes y en qué en medida dichos entornos garantizan y protegen sus libertades fundamentales, el acceso a la información y la incidencia política. Aquí se analizan también las condiciones del entorno para la colaboración con otras organizaciones, así como sus recursos y estrategias de sostenibilidad.
4. Participación
ciudadana: Es el proceso de involucramiento de la ciudadanía, a nivel individual o colectivo, con el objeto de incidir y participar en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que afecten su vida y bienestar.
5. Adultocentrismo:
Relación social asimétrica donde las personas adultas ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo.
6. Ciberactivismo:
Es una forma de acción política y de participación social que se da a través de los medios digitales y tecnológicos. En esta investigación se reconocen a todas las formas de organización social existente, tanto las que cuentan con registro legal como aquellas que han decidido funcionar sin registro legal o personería jurídica.
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1 Resumen ejecutivo A partir de la realización de entrevistas a profundidad con agentes clave y de la realización de grupos focales con Organizaciones lideradas por juventudes (OJ) de Bolivia; así como de la revisión de fuentes secundarias, el presente documento, en el marco de la consultoría celebrada entre Plan International e Isegoria, cuyo objetivo fue identificar y analizar las características del entorno habilitante en el que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes de Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Nicaragua que hicieron parte de la investigación. En este informe se presentan los hallazgos correspondientes a Bolivia. Para la identificación de estas características se indagó sobre la incidencia política, los procesos de participación, las fuentes de información y los mecanismos de financiamiento con los que cuentan o a los que pueden optar las diversas OJ en el país. A partir de esta indagación, en este documento se presentan los siguientes hallazgos: 1) existe una brecha entre el marco legal que defiende y define a las juventudes y los procesos de aplicación de este marco dentro de la vida cotidiana de las personas. La ley, por una parte, establece claramente espacios e instancias dispuestas por el Estado para la defensa y participación de los y las jóvenes en escenarios de toma de decisión política y social. Por otra parte, a pesar de que la
ley especifica los mecanismos e instancias de seguimiento y monitoreo, el desafío se encuentra en la garantía de la aplicación de estos para poder rastrear de manera efectiva los procesos de planeación y de ejecución de las políticas, lo cual lleva a que se generen espacios poco transparentes de participación que las OJ participantes en la investigación consideran corruptas y limitantes para el ejercicio de participación política. 2) La brecha entre la ley y la acción se ve incrementada por las disputas políticas que afectan al país desde el 2019 y que ponen en disputa a dos grandes grupos poblacionales en el país. Las tensiones generadas dentro de esta disputa han acrecentado la representación política y la participación de las OJ, estas consideran que en muchas de las actividades en las que participan se les pide que se afilien a uno u otro sector y esto delimita el ejercicio de libertad de expresión y de defensa de derechos fundamentales. Las OJ prefieren participar de manera independiente a vincularse a los partidos políticos. Por último, 3) no es solo esta distinción política la que limita el accionar de las OJ, pues también se ven condicionadas desde otros sectores de la sociedad civil. De acuerdo con la información recolectada, muchas de las OJ tienen enfrentamientos ideológicos con comunidades religiosas
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(principalmente cristianos evangélicos) que buscan limitar el accionar de las juventudes y el acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El sector asociado a las iglesias cristianas se opone de manera activa y constante a los procesos de establecimiento de una educación sexual y reproductiva integra, a la despenalización del aborto, la unión civil de personas del mismo sexo y a la legalización de formas alternativas de familia. Las OJ, las cuales se desenvuelven particularmente en espacios de reclamación de derechos sexuales y reproductivos, se sienten perseguidas y juzgadas por parte de las comunidades cristianas. Por otra parte, el sector asociado al MAS también se opone a estas prácticas y las fundamenta en una pérdida de valores por parte de la juventud. Específicamente, con relación a la homosexualidad,
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se pronuncian en contra y la señalan como un producto imperialista y de herencia colonial. Para este sector, la existencia de la diferencia sexo/genérica es una práctica que reducir y que no debe tener espacios o representación pública. Así, las OJ no tienen libertades y procesos de participación en temas asociados a derechos sexuales y reproductivos, y sus accionares sociales están condicionadas por la disputa política que tiene lugar en el país. Esta disputa, a su vez, ha potenciado la instrumentalización de las OJ, puesto que, al encontrarse con grandes obstáculos burocráticos a la hora de conformarse como grupo legalmente reconocido, en muchas ocasiones se ven en la necesidad de afiliarse a instituciones del Estado o a Entidades No Gubernamentales para poder acceder a actividades, información y recursos para el sostenimiento de su agenda política.
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Metodología
Buscando identificar y analizar las características del entorno habilitante en que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes en Bolivia, se realizaron 9 entrevistas a representantes de entidades clave en el país y tres grupos focales junto a Organizaciones lideradas por juventudes (OJ) de diversos lugares del territorio boliviano. A partir de este trabajo de recolección se realizó un análisis de la información y se puso en diálogo con las políticas y el contexto social y legal en Bolivia, esto para la construcción de un análisis del entorno habilitante el país y para identificar aspectos a fortalecer y que permitan comprender el estado del entorno habilitante en el que se desenvuelven las organizaciones lideradas por jóvenes. Para encontrar esta información, tanto en los grupos focales como en las entrevistas, se preguntó sobre 5 áreas de interés: 1) la seguridad y garantía de derechos y libertades, para dar cuenta del reconocimiento que tienen las OJ en Bolivia como entidades sociales y políticas a las que se les deben garantizar derechos y libertades particulares, para conocer las dinámicas de la garantía de sus derechos y el entorno legal y normativo en el que se movilizan. 2) La incidencia política que tienen las OJ, para conocer los espacios dispuestos por parte del Estado
y de las ONG para la promoción del ejercicio participativo y representativo de las OJ. 3) Los recursos y la sostenibilidad de las OJ, para conocer cuáles son las fuentes de financiamiento que utilizan para el sostenimiento y el desarrollo de su agenda. Además, para conocer las entidades gubernamentales y no gubernamentales que aportan recursos en el desarrollo de las actividades de las OJ. 4) Los niveles de confianza que tienen las OJ en entidades de su entorno, para conocer las buenas prácticas y los aspectos a fortalecer por parte de organizaciones estatales y de la sociedad civil, así como para fortalecer las relaciones de confianza con las OJ. 5) Por último, las fuentes de información y de comunicación para identificar espacios que permitan la comunicación libre y segura para garantizar la construcción de un entorno habilitante. La información recolectada se relacionó con el marco legal boliviano, para así poner bajo un lente comparativo lo que, desde la ley, se garantiza para las OJ y la construcción de un entorno habilitante y lo que en la práctica realmente es aplicado. El ejercicio de revisión de fuentes secundarias es fundamental para delimitar el contexto en el que se mueven las diferentes entidades y para conocer el lenguaje que utilizan para comunicarse.
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La investigación se realizó de manera virtual y esto, si bien abre puertas a numerosas posibilidades de comunicación a distancia, también da espacio al surgimiento de diferentes problemáticas. Durante la realización del ejercicio se hizo evidente la brecha digital y de acceso a tecnologías de la comunicación que existe en Bolivia. Las poblaciones rurales tuvieron numerosos inconvenientes a la hora de acceder a las plataformas virtuales para la realización de las actividades y, en casos puntuales, la mala conectividad impidió el desarrollo del proceso investigativo. Como se señalará más adelante,
son las mismas personas participantes en la investigación quienes señalan esta problemática y quienes solicitan un acceso libre, constante y eficiente a internet. Las personas que participaron en la investigación han accedido a que la información brindada sea utilizada para la realización de este informe y fueron debidamente informadas de los límites y objetivos de la investigación, esto fue respaldado por medio del diligenciamiento de consentimiento informado de forma digital, escaneada o verbal; en este último caso el soporte se encuentra en las grabaciones.
Tabla 1. Población participante.
Tipo de
Tipo de
Número de actividades
1
Agentes clave
Entrevistas
9
3
7
2
Organizaciones lideradas por juventudes
Grupos Focales
3
12
6
Total
10
Número de Participantes No Mujeres Hombres especifica
Grupo focal
Total de participantes 10
1
19
29
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2.1. Caracterización de la población participante La información presentada surge a partir de 9 entrevistas a profundidad que se realizaron a personas representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales y de 3 grupos focales que se realizaron con diversas OJ. Como se verá a continuación, la población participante es diversa y comparte sus conocimientos y experiencias desde diferentes perspectivas. Esto es importante a la hora de establecer similitudes y diferencias entre sus posiciones y para conocer opiniones múltiples de acuerdo con los procesos de construcción de espacios habilitantes.
2.1.1. Organizaciones lideradas por juventudes Dentro del ejercicio de investigación se realizaron tres grupos focales con organizaciones lideradas por juventudes del territorio boliviano. Estas organizaciones funcionan a nivel nacional o a nivel regional. El primer grupo focal se realizó junto con los y las jóvenes de la Plataforma Boliviana de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PBJ). En este grupo, en principio, participaban 6 personas; sin embargo, dentro del desarrollo de la actividad solo participaron de manera activa 4 personas, dos hombres y dos mujeres. La PBJ al ser de nivel nacional, vincula personas de todo el territorio boliviano. Las cuatro personas que participaron eran
de diferentes lugares, una de las mujeres era de la zona de Santa Cruz, mientras que la otra se encontraba en la ciudad de La Paz. En cuanto a los hombres, ambos eran del sur del país y se encontraban en el municipio de Tarija. Las cuatro personas estaban entre los 17 y los 21 años y eran estudiantes. Los hombres se dedicaban a estudiar Derecho, una de las mujeres estudiaba Comunicación social y la otra psicología. Un factor importante de la caracterización es que eran jóvenes principalmente de espacios urbanos y que se encontraban cursando estudios universitarios. En este primer grupo focal, las voces más predominantes fueron las de las mujeres. El segundo grupo focal se realizó junto con la Federación de Organizaciones lideradas por juventudes de Llallagua. En este grupo focal, compuesto enteramente por personas de la región de Llallagua, a pesar de estar en la realización de la actividad 5 personas, participaron de manera activa tres personas, dos mujeres y un hombre. La ausencia de participaciones activas se debió a la mala conectividad con la que contaban las personas de Llallagua quienes, incluso, se encontraban reunidos y reunidas en un espacio comunitario para poder acceder a la videoconferencia. Las tres personas que participaron eran menores de 20 años. Las dos mujeres se encontraban adelantando estudios universitarios. Por un lado, fue una de las mujeres, la que ejerció como vocera principal del grupo, y quien, a través de preguntar al resto de compañeros y de compañeras, se encargó de transmitir la información durante el grupo focal. Por otro lado, la otra mujer se encargó de la organización del grupo y de facilitar la tramitación de la documentación requerida para el correcto desarrollo del grupo:
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actas de consentimiento, acceso a la plataforma, encuesta de confianza y participación en el Padlet. El tercer y último grupo focal se realizó con la organización de jóvenes Metamorfosis, la cual se organiza para la promoción y la defensa de los derechos en salud sexual y reproductiva, derechos de las diversidades sexuales y genéricas LGBTIQ+. Esta organización está ubicada en la ciudad de La Paz. Durante la realización del grupo focal, al igual que en las otras
dos experiencias, las participaciones se vieron limitadas. El grupo estaba compuesto por: 6 hombres y 2 mujeres. Todas las personas eran mayores de 20 años y estaban cursando o habían cursado estudios universitarios. La distribución de la palabra no fue equitativa, la voz predominante fue la del hombre de mayor edad del grupo, quien, al ser uno de los miembros fundadores de Metamorfosis, habló de manera más extensa durante la realización de la actividad.
Tabla 2. Personas participantes en los grupos focales
Grupo Nombre de la Organización focal
Participantes hombres
1
Plataforma Boliviana de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PBJ)
2
4
6
2
Federación de Organizaciones lideradas por juventudes LLALLAGUA
2
3
5
3
Asociación civil de jóvenes Metamorfosis
5
2
1
8
9
9
1
19
Total
12
Participantes que prefieren no especificar
Participantes mujeres
Total de participantes
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2.1.2. Agentes claves De las 10 personas, en las 9 entrevistas realizadas, 7 eran mujeres y 3 eran hombres. 9 de estas personas pertenecían a diferentes ONG y solo una pertenecía a una entidad estatal del gobierno de Bolivia. De igual manera, las personas que participaron en las entrevistas se encuentran entre los 30 y los 52 años. Estas personas se desenvuelven en espacios que promueven la defensa de los derechos humanos, el derecho a la representación, la divergencia de opinión, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Si bien estas entidades no trabajan específicamente como OJ, sí están asociadas y participan en procesos colaborativos con estas. Además,
reconocen el lenguaje político en el cual se desenvuelven las OJ e identifican las principales dificultades sociales y políticas a las que se enfrentan. Por último, estas personas presentan diferentes percepciones sobre los riesgos y los retos a los que se enfrenta el proceso de construcción y el establecimiento de un entorno habilitante en Bolivia. A continuación, se presenta una tabla en la que se señalan algunas particularidades y características de las personas que realizaron las entrevistas, las organizaciones en las que participan y las actividades que estas realizan.
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Tabla 3. Población participante en las entrevistas
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#
Nombre de la organización
Sexo
Enfoque principal de la organización
1
Comunidad DDHH Bolivia
Mujer
Defensa derechos humanos.
2
Save the Children
Hombre
Defensa de derechos de niños, niñas, jóvenes y adolescente.
3
Legislación gobierno de La Paz
Mujer
Legislar orden ejecutivo.
4
Casa de la mujer de Santa Cruz
Mujer
5
UNFPA
Hombre
6
UNFPA
Mujer
7
Hábitat verde
Hombre
Organización en defensa de la salud, medio ambiente y género.
8
Diakonia
Mujer
Organización que trabaja con mujeres, pueblos indígenas y jóvenes.
9
Acción Nuevo Camino
Mujer
Organización que trabaja la promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos.
10
La Tribuna Libre
Mujer
Visibilizar y empoderar a las mujeres en Santa Cruz. Coadyuvar a los estados en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de grupos vulnerables sobre todo con mujeres, adolescentes y jóvenes.
Medio de comunicación.
Total mujeres
7
Total Hombres
3
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Lineamientos conceptuales sobre el entorno habilitante
Para brindar mayor claridad en los objetivos de la investigación es fundamental establecer un terreno común con relación al uso de la noción de entorno habilitante. Dentro del marco de la presente investigación, un entorno habilitante es un conjunto de atributos que promueven la libre participación de las personas y que pueden generar cambios en las dinámicas de las relaciones sociales generando procesos de fomento por la inclusión y la libertad de discurso y opinión. Sin embargo, para que estos atributos puedan generarse, es importante generar primero espacios protectores que fomenten la formación de un entorno protector en el que las personas puedan expresarse libremente y ejercer sus derechos sin posicionarse en situaciones de riesgo (PLAN International, 2020).
dentro de la comunidad y que conllevan a la generación de un entorno inseguro. Si bien para establecer un entorno habilitante es fundamental el fomento de un entorno protector, las particularidades del entorno habilitante no se reducen a la participación y la garantía del respeto a los derechos y las libertades de las personas, también incluyen el fortalecimiento de los procesos participativos de la población y fomentar la generación de comportamientos propositivos que busquen generar cambios en las comunidades. Esto se logra a través de la construcción de redes de confianza, de procesos de diálogo constante y del reconocimiento de la diferencia, la diversidad y la divergencia en el pensamiento de las personas (Jiménez et al., 2019).
El desafío se encuentra en la transformación de entornos inseguros en entornos protectores. Para poder conseguir estas transformaciones es importante identificar los roles, las actitudes y las opiniones que tienen lugar dentro de una comunidad y que generan un impacto en la protección y la participación de quienes la componen. Esto requiere de la identificación de las actitudes y prácticas que generan brechas
Michael Layton (2009)) señala que existen cuatro componentes fundamentales para el fomento y el establecimiento de un entorno habilitante, estos son: 1) un marco legal que de potencial de acción y de cambio a los diversos grupos que conforman una sociedad; 2) la disponibilidad y el acceso a recursos para que estas acciones puedan ejecutarse y ser sostenibles en el tiempo; 3) que exista un sistema de responsabilidad y de
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rendición de cuentas que fomente las prácticas transparentes y la construcción de redes de confianza entre las diferentes entidades que conforman una sociedad y 4) la existencia de una capacidad institucional para la implementación de actividades y programas exitosos, reproducibles, sostenibles y eficientes. Si bien el establecimiento de estos cuatro componentes fundamentales es un reto de gran tamaño, es importante señalarlo para tenerlo como un norte, y para poder identificar los aspectos de mejora dentro de los procesos sociales y de participación dentro de las diferentes poblaciones. El establecimiento de estos componentes que potencian la construcción de un entorno habilitante no surge del trabajo individual o del trabajo de las comunidades únicamente, es necesaria una correlación entre las entidades estatales, las entidades no gubernamentales, las comunidades y las personas que las conforman. La construcción del entorno habilitante debe atravesar las diversas esferas de la sociedad para así garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
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En ese sentido, se habla de un trabajo colectivo entre las entidades de la población, estableciendo similitudes y fomentando el establecimiento de temáticas transversales que potencien la transformación de los obstáculos para que se pueda dar un entorno habilitante. Así, la movilización de diversas ramas de la sociedad lleva a pensar en el concepto de la acción colectiva, entendiendo esta como “resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones” (Melucci, 2019, pp. 42-43). Las acciones colectivas, dentro del marco de esta investigación centrada en las OJ, deben fomentar el establecimiento de relaciones entre su agenda como población y las políticas particulares de su país para fomentar cambios que permitan la construcción de un entorno participativo, seguro y de confianza en el que la diversidad, la diferencia y la divergencia promueven ejercicios de respeto, de conciliación y de establecimiento de proyectos para la inclusión y la defensa de los derechos de todas las personas que componen la sociedad.
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Marco normativo de las organizaciones lideradas por juventudes
De acuerdo con los diferentes hallazgos, los cuales se presentarán con detalle en la próxima sección, el marco normativo de Bolivia asociado a las juventudes y al funcionamiento de movimientos sociales y de las ONG es bastante amplio y ofrece diversidad de accionar a las personas que componen esta clase de organizaciones sociales. Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos, las problemáticas surgen al momento de la ejecución. Hay una brecha amplia entre lo que propone la ley y las maneras en las que se aplica. En el presente apartado se presenta el marco normativo y legal en el que se desenvuelven las organizaciones lideradas por juventudes, las herramientas que les otorga y las posibilidades que, desde la ley, se piensan para las juventudes. La primera ley para resaltar es la Ley 342 de 2013, también conocida como la Ley de la Juventud. Esta ley tiene por objeto “garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas” (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2013, p. 5). Esta ley busca que “las jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir Bien; a través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del Estado y la sociedad” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). Esta finalidad se obtiene mediante una serie de actividades y una serie de compromisos territoriales. Por un lado, el día 21 de septiembre ha sido declarado el día Plurinacional de la Juventud en Bolivia y cada una de las entidades territoriales autónomas tienen el compromiso de fomentar actividades que conmemoren el trabajo de las y los jóvenes en Bolivia. De manera más específica, la ley cobija la creación de un sistema plurinacional de la Juventud, el cual es un conjunto de entidades que se encargan de coordinar políticas públicas y acciones dirigidas a los y las jóvenes de Bolivia. Este sistema, está conformado por tres partes: 1) el Consejo Plurinacional de
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la Juventud, 2) el Comité Interministerial de Políticas para la juventud y 3) la Dirección Plurinacional de la Juventud (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). Así, el Consejo Plurinacional es, de acuerdo con la ley: “la instancia de participación, deliberación y representación plurinacional de las jóvenes y los jóvenes, para proponer políticas, planes, programas y proyectos, y evaluar la ejecución de las políticas del Comité Interministerial, así también fomentar la formación de liderazgos de la juventud boliviana” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. 24). Este está conformado por diversas organizaciones de la Juventud que tienen representación nacional y que están registradas en la Dirección Plurinacional de la Juventud, tales como: “a. Confederación Universitaria Boliviana. b. Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros de Bolivia. c. Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia. d. Representantes juveniles de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, interculturales y afrobolivianos. e. Secretarías de la Juventud de las Organizaciones Sociales a nivel Nacional. f. Y otras organizaciones de las jóvenes y los jóvenes con representación nacional” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. 24). Hacen parte del Consejo Plurinacional las organizaciones de jóvenes y las personas de los nueve departamentos del país y que cumplen los parámetros establecidos por la reglamentación. Por último, conforma este comité la ministra o el ministro de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio
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de Justicia. Estas entidades ejecutivas, a su vez, convocan una vez cada año el Consejo Plurinacional de la Juventud. El Consejo Plurinacional de la Juventud (CPNJ) funciona con los siguientes cinco objetivos en mente:
1.
Proponer y recomendar políticas públicas para la elaboración e implementación del Plan Plurinacional de la Juventud.
2.
Recibir información sobre la implementación de las políticas, planes y programas dirigidos a la juventud.
3.
Conocer y evaluar la ejecución del Plan Plurinacional de la Juventud.
4.
Promover la creación y establecimiento de subsistemas de la juventud en las entidades territoriales autónomas.
5.
Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de la juventud, y ser vocero de sus intereses e inquietudes (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013).
En segundo lugar, dentro del Sistema Plurinacional de la Juventud se encuentra el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud (CIPPJ). Este comité es la instancia política y técnica que se encarga de elaborar y evaluar las políticas públicas, planes y programas que se dirigen a la juventud. En principio, y de acuerdo con la ley, este comité da consideración a las propuestas que surgen del CPNJ. El CIPPJ está conformado por los ministerios e instituciones públicas
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que sean determinadas por el órgano ejecutivo. Esto con el objetivo de crear políticas que sean transversales y que no se centren en una única problemática asociada a las juventudes. Por último, dentro del Sistema Plurinacional de la Juventud, está la Dirección Plurinacional de la Juventud. Esta busca la formulación y el seguimiento de políticas públicas para las y los jóvenes. Se constituye desde la Secretaría Técnica del CPNJ y del CIPP. La segunda ley para resaltar es la ley 351 de establecimiento de las personerías jurídicas del 19 de marzo de 2013. Esta ley se encarga de regular “la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 2). Esta ley delimita lo que es y lo que no es una organización juvenil, demarca los límites de las acciones de las organizaciones sociales y establece los requerimientos legales necesarios para el establecimiento de la personería jurídica. Los hallazgos dan cuenta de las dificultades que tienen las organizaciones sociales juveniles para el establecimiento de esta personería. Antes de señalar los requerimientos para el establecimiento de la personería jurídica, se presentan algunas de las definiciones de organizaciones establecidas por la ley. En primer lugar, la personería jurídica es el reconocimiento a la aptitud legal que se otorga a una entidad civil sin ánimo de lucro, a organizaciones
sociales y a entidades con capacidad suficiente para ser sujeto de derecho y contraer obligaciones. En segundo lugar, las organizaciones sociales son el conjunto de personas que se organizan e impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y que, además, se organizan para el ejercicio de control social. En tercer lugar, las ONG son aquellas entidades de derecho privado que poseen dinámicas de servicio social, de asistencia y promoción del desarrollo económico y social. Se pueden conformar por personas nacionales o extranjeras y realizan actividades con financiamiento propio o de cooperación externa (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013). En cuarto lugar, las fundaciones son entidades de derecho privado que, “que al constituirse afectan de modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el reconocimiento del Estado” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 3). Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, los requisitos para el reconocimiento de la personería jurídica y el establecimiento como organización o fundación son: “1. Escritura pública de constitución; 2. Estatuto; 3. Reglamento Interno; 4. Actas de aprobación del Estatuto y del Reglamento Interno; 5. Poder notariado del representante legal; 6. Otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central del Estado, conforme Reglamento” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 5). Estos requerimientos, a su
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vez, poseen lógicas internas de conformación; por ejemplo, los estatutos requeridos piden a las organizaciones que indiquen: 1. Denominación, naturaleza y domicilio; 2. Objeto y fines; 3. De los miembros, derechos y obligaciones; 4. Organización, estructura interna y atribuciones; 5. Patrimonio y régimen económico; 6. Régimen interno de admisión y exclusión de los miembros; 7. Régimen disciplinario; 8. Modificación de los estatutos; 9. Régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, pp. 5-6). En el caso de ONG y de fundaciones, se añaden dos puntos más, a saber: “1. La contribución al desarrollo económico y social; 2. El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 6). Una tercera ley para resaltar es la Ley 341 del 5 de febrero de 2013 o ley de participación y control social. Esta ley tiene como objeto “establecer el marco general de la Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013)1. Esta ley surge con la idea de “fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los
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derechos establecidos en la Constitución Política del Estado” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 2). Con esta idea en mente, la ley busca la generación de procesos participativos seguros, transparentes y que incluyen a diversidad de actores de la sociedad civil organizada. Además, se busca fomentar el ejercicio de control sobre las autoridades y la gestión pública (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013). Esta ley, cabe señalar, también construye sus propias definiciones y es importante rescatar algunas de ellas: 1) por participación se entiende: Un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma de decisiones (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 4). 2) En segundo lugar, por control social se entiende “un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del orden social” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 4). 3) También es importante resaltar, en tercer lugar, a los actores de control social, los cuales son de tres tipos:
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1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente. 2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas las reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización. 3. Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, p. 5). Un último aspecto por señalar dentro de la revisión de esta ley son las restricciones y los límites de la participación y el control social establecidos en la ley:
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No podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado, sea interna o externa.
2.
No podrá acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidenciales definidos por Ley.
3.
En el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, no podrá dilatar o entorpecer el curso normal de la tramitación y resolución de los procesos judiciales.
4.
En el Órgano Electoral, no podrá intervenir en el proceso electoral.
5.
El Control Social no retrasará, impedirá o suspenderá, la ejecución o continuidad de planes, programas, proyectos y actos administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño al Estado, a los intereses o derechos colectivos, específicos y concretos. El potencial daño será determinado por autoridad competente (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013, pág. 12).
La ley establece, a su vez, una serie de espacios y entidades a las que personas y colectivos pueden acceder para participar y para ejercer control civil sobre las instituciones del Estado. Sin embargo, dentro del tema específico del presente informe, es importante señalar que no hay ningún espacio de participación y control social dirigido exclusivamente para las juventudes. Si bien pueden participar al establecerse como organización social, no poseen un carácter particular dentro de la Ley 341 de participación y control social.
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Hallazgos
En esta sección se presentarán los hallazgos de la investigación, partir de cinco temas generales: 1) seguridad y garantía de derechos y libertades, 2) incidencia política, 3) fuentes de información y comunicación, 4) los niveles de confianza de las OJ en las entidades de su entorno y 5) recursos y sostenibilidad. Cada uno de estos temas será abordado de manera específica y se presentarán los hallazgos diferenciando lo encontrado con Organizaciones Lideradas por Juventudes y agentes clave. Esta diferenciación es importante para establecer particularidades y especificidades encontradas en cada una de las poblaciones junto a las que se trabajó.
5.1. Seguridad y garantía de derechos y libertades A partir de la investigación se encontró que, en términos generales, en Bolivia las OJ sí son consideradas como actores sociales y políticos, con derechos y libertades particulares. Esto, en principio, se debe a dos motivos. Por un lado, la existencia de la ley de la Juventud abre una serie de posibilidades para
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la participación de los y las jóvenes en espacios de toma de decisión. De acuerdo con la información recolectada, existe, en la ley, un mecanismo que garantiza los derechos y libertades de las personas, les abre las puertas para la asociación y permite que se establezcan canales de diálogo. Por otro lado, existen eventos nacionales y locales fomentados por los diferentes estatutos del gobierno que permiten, en la ley, la existencia de espacios de organización y asociación. A pesar de ello, como se muestra a lo largo de esta sección, la seguridad de garantías de derechos y libertades se ve condicionada por dos grandes aspectos. El primero es la existencia del adultocentrismo y la falta de respeto y el poco valor que se otorga a las OJ. Como se verá al presentar la información de los grupos focales, muchas de las y los jóvenes sienten que sus opiniones no son escuchadas o que no se les piensa como personas activas y con agencia política. Esto se ancla con el segundo aspecto, que es la brecha que existe entre lo que la ley dice y lo que se aplica. Como se verá en profundidad al presentar la información obtenida a través de las entrevistas con agentes clave, la existencia de la política no es suficiente para la generación y el mantenimiento de seguridad de garantías, de derechos y de libertades.
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Con este panorama definido, en el presente segmento se señalan las fortalezas y barreras que tienen las OJ para la garantía de sus derechos y libertades. Estas barreras, además, se asociarán a particularidades de edad, género, pertenencia étnico-racial, orientación sexual e identidad de género. Esto no solo para donar una perspectiva interseccional a la información recolectada, sino también para encontrar continuidades y paralelismos entre las barreras a las que se enfrentan las diversas OJ en Bolivia.
5.1.1. Organizaciones lideradas por juventudes A partir de los grupos focales se resalta que la situación política polarizada del país ha afectado el ejercicio organizativo de las instituciones. Por una parte, las y los jóvenes no se sienten representados por las instituciones en el gobierno y no quieren verse forzados y forzadas a vincularse a los lineamientos del partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) para poder ocupar espacios de participación y de representación. Según la información recolectada, las OJ sienten que esta tensión política y la polarización que vive el país hace que se pierda el norte de las organizaciones y que se dejen de perseguir las reivindicaciones que se buscan. Sugieren, además, que la dinámica corrupta que prioriza las OJ que reproducen los discursos del MAS sobre las que se presentan desde la disidencia afecta negativamente la generación de liderazgos y limita la participación en los procesos democráticos.
Para las OJ muchas de las acciones promovidas por el Estado son instrumentales para hacer ver que se vinculan a las juventudes; sin embargo, de acuerdo con la información, las OJ no se sienten invitadas a participar, a proponer y a organizarse. De manera similar, señalan que la sociedad civil no considera a la OJ como entidades activas políticamente, porque a pesar de que se les invita a participar en procesos, la participación en estos lugares, sugieren, no es relevante o no se considera relevante. Las personas consideran que por su juventud no se les considera una entidad con pensamiento crítico, consideran que más allá de la invitación es importante que comiencen a construirse espacios en los que la participación sea significativa y tenga un impacto en las dinámicas de la toma de decisión. Con relación a la ciudadanía hay una brecha generacional. Las personas que participaron en los grupos focales señalaron que las personas mayores de 40 años ven con indiferencia las acciones de las OJ porque asumen que no tienen experiencias y responsabilidad para funcionar como organización. También señalan que entre mayor sea la edad de la población que conforma las OJ más respeto tienen, por ello señalan que aún hay un adultocentrismo que asocia la mayoría legal de edad con madures y responsabilidad. Con relación a las barreras, las OJ participantes sugirieron que no hay presupuestos dedicados exclusivamente para las juventudes. Más allá de lo establecido por la ley 342, señalan que los presupuestos apoyan a conglomerados más amplios: sindicatos o colectivos, pero no específicamente a OJ. Señalan,
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una vez más, que al no ser consideradas como entidades con agencia y poder político se les discrimina por su edad y se les piensa como personas sin experiencia y poco preparadas.
en la vida cotidiana para evitar la vulneración de los derechos, los feminicidios y el asesinato a personas no binarias y que no siguen los estándares de la heteronormatividad.
Con relación a barreras en término de género, rescatan las mujeres participantes, que hay discriminaciones interseccionales en las que se les oponen barreras por su condición sexogenérica, su condición de clase social y por su juventud. A esto se suma la existencia de roles sociales generizados en los hogares y en la calle en Bolivia. Esto no deja a las mujeres ser parte en las OJ o tener presencia en espacios de participación política. Estas distinciones, señalan, se traducen en otras esferas de la vida cotidiana y afecta el acceso equitativo a oportunidades de trabajo y a oportunidades de estudio. Respecto a las barreras en términos étnico-raciales señalan que se han generado disputas a partir de la tensión política que tiene lugar en el país desde el 2019, que hay una alianza de los partidos indígenas con el gobierno actual y que muchas de las barreras que se alzan tienen su origen en esta disputa por el gobierno en Bolivia.
Para las OJ las entidades que cierran los espacios y limitan la libertad de su activísimo son las iglesias y el fundamentalismo religioso. Esto surge a partir de una disputa en términos morales. Las OJ señalan que sus acciones por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos ha llevado a disputas morales con los sectores más conservadores, quienes les han tachado de promiscuos y lascivos. Estas actitudes moralistas, además, perpetúan la existencia de roles de género en el trabajo y en el hogar y generan espacios peligrosos para las mujeres y las personas no binarias. Estas acciones son promovidas también desde el Estado, quien, según las OJ, se niega a reconocer las políticas y las prácticas para la generación de espacios seguros para la diferencia. El Estado no solo cierra la puerta en temáticas asociadas a los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la diferencia sexogenérica.
Por último, las barreras con relación a orientaciones sexuales e identidades de género diversas, las OJ proponen que se debe trabajar el tema de las masculinidades y fomentar el estudio y el reconocimiento de la diferencia. A partir de este trabajo consideran que se pueden cambiar los imaginarios y fomentar espacios más seguros para las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas. Señalan, como cierre, que el reconocimiento normativo que se ha hecho de estas poblaciones no es suficiente y que deben fomentarse cambios
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Para las OJ el Estado no propone mecanismos adecuados para la participación de las juventudes en espacios de toma de decisión política. Señalan que las vías establecidas por el Estado son limitadas, que no hay suficiente financiamiento y que la participación en los espacios dispuestos por la institucionalidad no es suficiente si se busca instrumentalizar a la juventud y no se le toma en serio a la hora de opinar, ocupar una posición crítica y proponer reformas y modificaciones.
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5.1.2. Agentes clave Las personas entrevistadas hicieron especial énfasis en la naturaleza plurinacional de Bolivia y su funcionamiento a partir de gobiernos autonómicos que funcionan en tres espacios los cuales son: municipal, departamental y nacional. Al funcionar en esta lógica, se espera que a nivel departamental existan diversas leyes y diferentes formas de abordar diversas temáticas. Sin embargo, estas leyes y estos abordajes deben ir afiliados a los lineamientos generales que establecen las leyes nacionales. Así, existe una política general, pero a niveles departamentales y municipales se aplican de manera diferente. No existe una estandarización para la aplicación de estas políticas y leyes. Esta dimensión es fundamental para comprender la información obtenida en la investigación, pues ayuda a dar sentido a las diferencias regionales que existen y ayuda a complejizar la imagen de las juventudes en Bolivia. Más allá de comprender la existencia de la Ley Nacional de Juventudes, es importante, en futuras aproximaciones, procurar encontrar las particularidades de la aplicación de esta ley en diferentes lugares del territorio nacional boliviano. Dentro de los hallazgos se pudo evidenciar que el Estado sí da visibilidad y considera a las juventudes como una población con alto potencial político y capital de acción, la existencia de la ley de las Juventudes y el fomento a la conformación de los consejos de la juventud son muestra de ello. Esto es importante al considerar que Bolivia es un país joven (Guachalla, 2020) y que, de acuerdo con la ley 342, se considera jóvenes a las
personas entre los 16 y los 28 años (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). Es por este dato que muchas de las políticas pensadas para la juventud pueden asociarse a un grueso de la población. En las entrevistas se señalaban el potencial de las juventudes en procesos democráticos de elección de autoridades. A pesar de este reconocimiento, se halló por medio de la investigación que las personas piensan que muchos de estos mecanismos están dando prioridad a personas pertenecientes, afiliadas o militantes del partido del actual gobierno, el MAS. Si bien se considera la Juventud como una población de alto potencial político, en las vías de representación oficial no se están dando espacios y escenarios para construir debates entre opiniones diversas: El problema llega en la implementación de estas políticas. Muchas veces, por ejemplo, las OJ se ven captadas por partidos políticos. El MAS está en eso y se les dan oportunidades a las OJ, pero a las que tienen un pensamiento afín al Estado. El comité plurinacional está lleno de personas afines al gobierno. Esto se trabaja más en la sociedad civil, pero no tanto en el gobierno. Porque hay muchas pugnas internas con temas de leyes de embarazo, leyes de sexualidad. Y toda esta pugna, que tiene lugar en el comité está relacionada con pugnas que hay con y hacia el Estado (Entrevista Save the Children, 2021).
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Con relación a las barreras asociadas con la edad, como ya se mencionó al hablar de las OJ, los hallazgos muestran que aún existe en Bolivia un fuerte adultocentrismo. Señalan las personas que existe un imaginario social que asocia a los jóvenes a la inexperiencia y la a la falta de responsabilidades. Este adultocentrismo no solo se ve en la falta de confianza que hay para asignar a jóvenes en roles de toma de decisión, sino también en el temor que se presenta, desde los sectores conservadores, ante una educación sexual y reproductiva integral. Esto remarca la existencia de un pudor, desde algunos sectores de la sociedad, para hablar de temáticas que, en el imaginario social, no se piensan como temáticas a discutir con las juventudes y en las que no se considera que esta población tiene cosas por decir. En relación con la edad, también se señaló que la complejización de los procesos para acceder a una personería jurídica, los trámites burocráticos y los obstáculos legales para la conformación de una Organización Social, en muchas ocasiones, condicionan a las personas jóvenes y no les invita a organizarse y a conformarse como institución legalmente reconocida. Las barreras en términos de género fueron asociadas a las prácticas machistas y patriarcales que se reproducen constantemente en la sociedad boliviana. Sugieren las personas que no hay un reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho y esto se ve evidenciado en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, va más allá: también se ve reflejado en la reproducción de los roles de género en
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el hogar y en las formas en las que se concibe la familia y a la mujer como madre y cuidadora. Esto hace que las OJ se enfrenten al reto de reivindicar a las mujeres como sujetas políticas activas, que salen del hogar, que poseen agencia social y política y que se organizan para defender sus derechos y su rol en la sociedad. A pesar de estos obstáculos, se hallaron casos de mujeres en cargos de toma de decisión y que sirven de ejemplo para seguir trabajando en la transformación de los roles de género machistas y excluyentes. Se debe señalar que hay diferentes escalas de esta problemática, señalan las personas que esta temática es mucho más latente en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Con relación a pertenencia étnico racial, la información encontrada fue menor y se movilizaba en una tensión: el ascenso de Evo Morales a la presidencia y el establecimiento de un Estado Plurinacional. Este suceso también inició un proceso de reivindicación de las raíces indígenas de la población boliviana. Esto dio luz a años de formas de exclusión que las poblaciones indígenas habían vivido y les otorgó herramientas de toma de decisión, cargos políticos particulares y, en general, hubo un cambio en los discursos hacia las poblaciones indígenas. Sin embargo, también se presentaron casos de violencia por parte de personas indígenas a personas mestizas2 y esto fomentó disputas dentro de las poblaciones regionales. Otra de las dificultades de esta disputa es el acceso a la información. Muchas de las poblaciones indígenas están ubicadas en zonas rurales del país, por ello, su acceso a tecnologías y a telecomunicaciones es limitado. Hay, según sugieren en las entrevistas, un analfabetismo informático, en tecnologías y
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esto lleva a que, en el marco de la COVID-19, por ejemplo, se acentúen las brechas entre el campo y la ciudad, entre las poblaciones indígenas rurales y las poblaciones urbanas. Con relación a las barreras en términos de orientaciones sexuales e identidades diversas, las personas hicieron énfasis, una vez más, en la sociedad machista en Bolivia, señalando que hay fuertes prácticas de exclusión en el país y que muchas vienen por parte de los sectores religiosos más conservadores. Sin embargo, cabe señalar, que desde algunos partidos políticos y figuras representativas, que se han opuesto a la libre expresión de personas de diversas orientaciones sexuales y con identidades diversas que, según su discurso, rompen con los moldes de la heteronormatividad, no son naturales y que atentan contra los valores de la sociedad. Desde partidos indigenistas también se ha señalado que la homosexualidad y las prácticas divergentes no son propias de la esencia del pueblo boliviano y que esta clase de situaciones y procesos son producto de la influencia norteamericana y europea en el país. Así, se presentan formas de exclusión desde varios sectores de la sociedad civil. Esto es importante resaltarlo porque estos sectores, a raíz de la situación política que vive Bolivia desde 2019, se han ubicado en opuestos políticos y están dentro de una disputa por el ejercicio de gobierno. Sin embargo, en términos asociados a orientaciones sexuales e identidades diversas y el acceso a derechos sexuales y reproductivos. En general las entidades que cierran las puertas al ejercicio participativo de las OJ podrían dividirse en dos grupos. El primer grupo está conformado por las entidades estatales. Como se
mencionó anteriormente, el favorecer a juventudes que estén afiliadas al MAS tiñe de corrupción los procesos de participación y de diálogo de las OJ con el Estado. Esta predilección, además, refuerza la separación que vive la sociedad boliviana desde 2019 y se remarca la distinción de ellos contra nosotros. Los espacios limitados para el pronunciamiento de posiciones que se oponen a algunas prácticas estatales es un factor que limita la participación de las y los jóvenes en las OJ y que estas, a la vez, procuren no participar en esta clase de espacios para no ser asociados con la institucionalidad estatal. El segundo grupo está conformado por entidades religiosas y conservadoras. Según las entrevistas, estas entidades cierran las puertas al diálogo sobre temáticas de derechos sexuales y reproductivos, sobre diversidad sexogenérica y sobre el debate la libre decisión en el tema del aborto. Como se vio en la sección de los grupos focales, promover una educación sexual integral ha generado prácticas estigmatizadoras por parte de estas entidades hacia las y los jóvenes. Estas instituciones, de acuerdo con las entrevistas, generan procesos de disputa y acoso virtual contra las personas que defienden el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Sobre esto concluye Paola: Lo que buscan es entablar un diálogo de odio hacia las poblaciones diversas. Pero también es una persecución a los colectivos. Los colectivos, también estamos en riesgo de cualquier acto homofóbico y transfóbico que además son impulsados por estas plataformas abiertamente y en público (Entrevista, Casa de la Mujer de Santacruz, 2021).
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5.2. Incidencia política Al igual que la sección anterior, la investigación encontró que uno de los principales obstáculos para la incidencia política de las OJ en Bolivia es la falta de espacios para el planteamiento de posiciones disidentes con las instituciones estatales. A pesar de que existan vías a nivel municipal, departamental y nacional para que las organizaciones se relacionen con el Estado, estas se encuentran condicionadas y atravesadas, de acuerdo con las personas entrevistadas, por los intereses que tiene el Estado en el mantenimiento de sus discursos. Se presenta, entonces, un desencuentro más entre lo que está escrito en la ley y las formas en las que se ejecuta. Como se mencionó la ley 342 de la Juventud estipula que, al menos de manera anual, hay un par de encuentros para las juventudes, un encuentro convocado por los diferentes ministerios del poder ejecutivo y un segundo encuentro, a nivel municipal y departamental, para la conmemoración del día de la Juventud. A pesar de la existencia de estos espacios, como se mostrará a lo largo de esta sección, las personas consideran que hay una politización de estos espacios y que esta, a su vez, condiciona a las personas y, generalmente, provoca rechazo por parte de las OJ que no quieren ser asociadas con los órganos estatales. Otra problemática encontrada es que, a pesar de la existencia de espacios para el diálogo y la incidencia política de las OJ en la toma de decisiones en el país es que los requisitos para constituirse como organización son muy complejos tienen un costo elevado y limita el número de organizaciones que pueden participar en las actividades dispuestas por el Estado.
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5.2.1. Organizaciones lideradas por juventudes Las OJ con relación a la incidencia política rescatan la existencia de la ley 342 y las leyes departamentales para la juventud que otorgan competencia a los y las jóvenes. También reconocen que el CPNJ es un paso adelante, pero consideran que no es un espacio que cumpla lo que se propone en la ley. De acuerdo con las personas que conforman las OJ, este espacio fue pensado para que las juventudes sean las protagonistas y, en la aplicación, no es este el resultado que se está obteniendo. Señalan que es un problema estructural y que aún queda mucho trabajo por hacer para que haya una representación general de las juventudes. Esto se puede fomentar a partir de un cumplir de un respeto a la ley y una correcta ejecución de la esta. Tal y como conciben el panorama actual en Bolivia, las OJ piensan que hay una amplia brecha entre lo que dice la ley y lo que se está ejecutando. Por un lado, se reconocen las posibilidades políticas que ofrece la ley 342 para abrir espacios para la participación política de las juventudes, por otro lado, es una instancia que no tiene cabida en lo práctico y que no se aplica de manera correcta. Esto no se debe únicamente a las falencias por parte del Estado, también se debe al desconocimiento por parte de las juventudes de los mecanismos de participación con los que cuentan de acuerdo con la ley. Las OJ reconocen que la posibilidad de articularse como otras organizaciones les ha dado la posibilidad de encontrar espacios de libre expresión y espacios para la generación de mecanismos de movilización y participación; sin embargo,
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reconocen que dentro del contexto de la pandemia mundial no han podido mantener la misma actividad y sienten que es algo que los ha afectado profundamente.
que no encajan en los moldes heteronormativos y patriarcales y la defensa del derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo.
Las OJ sugieren que el proceso de participación y de incidencia política se hace más latente en espacios municipales, en los que sienten que pueden trabajar de cerca con la población y con las autoridades. Sin embargo, a nivel nacional, estos procesos se difuminan y es mucho más difícil participar. Con relación a las ONG el proceso de vinculación ha sido por las similitudes en las agendas y en la ayuda para acceder a fondos concursables u otras formas de financiamiento. Dentro de estas lógicas, las OJ perciben que es en los espacios en los que se han podido encontrar con otras OJ en los que más avances han desarrollado en sus agendas, esto no solo para encontrar similitudes en las reivindicaciones entre las diversas OJ, sino también para generar procesos de mutuo asesoramiento en el que las dudas o dificultades puedan ponerse en diálogo y sortearse a partir del trabajo en conjunto de las diversas OJ.
A diferencia de la información encontrada en las entrevistas, las OJ que participaron en los grupos focales no hacen referencia a poblaciones trans y a los derechos de estas. Es importante señalarlo, pues, algunas de las personas entrevistadas percibían que esta era un área que debía trabajarse con fuerza junto a las OJ y que las personas trans deberían tener derecho a una atención médica diferenciada y a la cobertura económica de los procesos de hormonación por parte del sistema sanitario.
Los temas que logran poner en común las OJ, y que presentan como los que fomentan sus movilizaciones, se pueden dividir en tres grupos. Un primer grupo, mencionado anteriormente, asociado a la difusión y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que se incluyen movilizaciones a favor de la despenalización del aborto y el acceso a un servicio médico diferenciado para las juventudes. Un segundo grupo es la del respeto a la diversidad sexogénerica e identitaria, donde se movilizan OJ que defienden el respeto a la vida de las personas
El tercer grupo que mencionaron las OJ es la de la defensa del medio ambiente y la defensa de la naturaleza. Si bien no se interactuó con una OJ dedicada exclusivamente a esta sección, sí se encontró información de ramas de las OJ dedicadas a la organización por la defensa del Medio Ambiente y el fomento de procesos de reciclaje. Las OJ que se movilizan por las dos primeras secciones han sido víctimas de ciberacoso por parte de los sectores conservadores de la ciudad y se han visto involucrados en situaciones de violencia verbal en manifestaciones o encuentros públicos. Esto se suma al estigma que cargan las OJ como pecadores o promiscuos. Con relación a tercer grupo, no se mencionan riesgos por parte de las OJ. Sin embargo, en las entrevistas se mencionó que algunas personas defensoras del medio ambiente y críticas de las acciones del gobierno con relación a esta temática fueron privadas de su libertad hasta durante 72 horas.
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5.2.2. Agentes clave Como se mencionó al inicio de la sección, existen dos problemáticas principales identificadas a partir de las entrevistas: 1) la politización de los espacios de participación y 2) la complejidad de los parámetros legales que permiten a las organizaciones participar en estos espacios. A continuación se presentan algunas especificidades sobre este par de puntos y se señalan algunas de las instituciones, por fuera del Estado, que están fomentando la incidencia política de las OJ. Estas instituciones pueden ser ONG locales, internacionales, o las mismas plataformas de Jóvenes, como es el caso de la PBJ.
El primer cambio asociado a las dictaduras militares que se extendieron desde 1962 hasta 1982 y que se caracterizó por la violencia en la represión a las disidencias. Un segundo cambio se vivió durante la crisis económica del país a principios de los años 2000, lo cual permitió el surgimiento y el fortalecimiento de movimientos sociales compuestos por el campesinado, por las personas trabajadoras en la minería y el gremio de agricultores de la hoja de coca. Este segundo proceso de asociación llevaría a Evo Morales Ayma a la presidencia del país e iniciaría la fase plurinacional del país.
Con relación al primer punto es importante decir que la dimensión plurinacional de Bolivia hace que sea difícil establecer una generalidad a nivel nacional. Si bien la ley 342 cobija a todo el territorio nacional, existen una serie de políticas y acciones que solo tienen lugar a nivel municipal o departamental.
Lo anterior se enuncia para contextualizar algunos de los comentarios que surgieron en las entrevistas. Por una parte, en las entrevistas fue constante la referencia a un pasado más activo políticamente por parte de las OJ, las personas entrevistadas, algunas de ellas participantes de estos momentos de transición, señalaban que, a su juicio, muchas de las acciones de las OJ carecían de una organización sólida y que no buscaban el establecimiento de una agenda propia para los jóvenes. Sugieren, además, que las OJ están asociadas a organizaciones más grandes que les hacen de paraguas institucional 3 (esto debido a las dificultades que existen para obtener la personería jurídica en Bolivia) y que invisibiliza la agenda política de las juventudes. Las OJ, de acuerdo con esto, participan en procesos de reclamación de derechos sexuales y reproductivos, o por acceso a procesos participativos, pero no lo hacen representando a la población sino como parte
En varias de las entrevistas se menciona el caso de El Torno como un ejemplo a seguir y que, a partir del trabajo local, ha permitido la incidencia política de las OJ y que, además, ha permitido el establecimiento de puentes entre las autoridades locales y departamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Bolivia, a lo largo del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, vivió dos situaciones particulares que fomentaron el fortalecimiento de las redes de apoyo poblacional y el surgimiento de entidades sindicales.
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de otro grupo más grande; por ejemplo: el campesinado, un sindicato de mineros o una institución no gubernamental que está legalmente establecida. A esta percepción de una juventud menos organizada, se suma la ya mencionada politización de los espacios de diálogo dispuestos por el estado. Los espacios no funcionan porque no existe un reconocimiento del rol crítico de la juventud y se busca que las organizaciones reproduzcan los discursos del partido que se encuentra en el gobierno. Sin embargo, es importante señalar que esta práctica también se reproduce en los partidos de oposición de gobierno y lleva a que las personas entrevistadas señalen que se habla de un proceso de instrumentalización de las y los jóvenes. Además, esta instrumentalización es asociada al rol prioritario que tienen las juventudes en los procesos electorales, pues conforman una masa crítica dentro de estos procesos democráticos. Que exista esta instrumentalización quita peso político a las OJ y da cuenta de las limitaciones que nacen al garantizar presencia de juventudes en espacios de participación, pero no ejercer un proceso de evaluación, seguimiento y veeduría de la aplicación de estos espacios para así garantizar que las OJ están siendo consideradas como entidades políticas y críticas dentro de procesos locales y nacionales de toma de decisión. La pérdida de peso político lleva a que las necesidades y las demandas de las juventudes pierdan respaldo y que no sean consideradas por las organizaciones que toman las decisiones. Si bien, las personas entrevistadas resaltan que es importancia de que existan los lugares de presencia, también resaltan que
se debe diversificar el pensamiento y las posiciones que ocupan posiciones participativas en el CPNJ. Para cerrar este punto, es necesario resaltar que dentro del ejercicio investigativo no se entrevistaron personas que trabajaran con las organizaciones lideradas por juventudes afines a los pensamientos del gobierno o afiliadas al MAS. Por ello es importante considerar que aún queda información y perspectivas por recolectar para construir una imagen mucho más completa de la situación de los entornos habilitantes en Bolivia. Esta necesidad de recolectar información asociada a otro grupo político y poblacional es importante porque ayudará a complementar la imagen y el terreno público y político de las OJ en Bolivia y, además, resaltará la dimensión política polarizada que vive el país desde finales del 2019 y las formas en las que diversos sectores conciben la construcción de un entorno habilitante para las OJ y el establecimiento de una agenda política duradera. Las dificultades burocráticas para el establecimiento de una OJ legalmente constituida se presentan como un problema, pues rechaza la condición transicional de la juventud y la naturaleza diferenciada de las OJ dedicadas exclusivamente a la defensa de los derechos de las y los jóvenes. Este proceso, no solo es un proceso costoso y complicado que tarda bastante tiempo en tomar forma, sino que, además, es una problemática que lleva a que muchas de las OJ terminen afiliándose a entidades más amplias para poder obtener una personería jurídica y así aplicar a los presupuestos ofrecidos por el Estado y para poder participar en las actividades articuladas desde la institucionalidad. Esta afiliación quita visibilidad a las
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El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
causas y a las autonomías de las OJ, las arrastra a las disputas políticas que puede tener la organización que les acoge y, según las entrevistas, en algunas ocasiones conlleva a que se instrumentalicen a las OJ para promover los ideales de las organizaciones que hacen de paraguas institucional. Dentro de las entrevistas, se rescata el trabajo de algunas ONG como: PLAN, STC, Diakonia, y de fondos internacionales como los Fondos Suecos en el apoyo a las actividades de las juventudes y en el permitir participar a las OJ sin tener una personería jurídica. Es el trabajo con estas organizaciones que se pueden abordar temas específicos que no entran en los discursos del Estado, como pueden ser los derechos sexuales y reproductivos y las identidades diversas. Además, se rescata la confianza que han tenido las organizaciones locales y nacionales al confiar en la juventud para la administración de fondos y se piensa esta estrategia como mecanismo para otorga responsabilidad, peso político y experiencia a quienes componen las OJ. Por último, se señala que hay una serie de organizaciones no reglamentadas que no buscan el diálogo con el Estado o la formalización u obtención de la persona jurídica para su funcionamiento. Según las entrevistas, estas organizaciones consideran un acto político manifestarse de manera informal y desarrollan sus actividades por fuera de las esferas estatales, algunos ejemplos son Rebeldía en Santa Cruz, la Red de Mujeres Trans de Cochabamba y Metamorfosis en la ciudad de La Paz.
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5.3. Fuentes de información y comunicación Con relación a las fuentes de comunicación se encontró en la investigación que las redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook son las más utilizadas por las juventudes. Esto, a su vez, dejó en evidencia que los organismos estatales se están comunicando mediante canales digitales estandarizados (páginas web oficiales, correos electrónicos informativos, etc.) y están realizando pocos esfuerzos por establecer contacto por medio de plataformas más favorecidas por los y las jóvenes. En esta sección se presentan dos cuestiones con relación a las fuentes de información, por un lado, las brechas que se generan entre los entes de gobierno y las OJ debido a estas fuentes y, por otro lado, se enunciarán cuáles son los temas que movilizan a las OJ en Bolivia y cuáles son los riesgos que nacen de esta movilización.
5.3.1. Organizaciones lideradas por juventudes Las organizaciones lideradas por juventudes, en primer lugar, resaltan el trabajo realizado por la radio y las posibilidades que esto les ha brindado. Especialmente porque ayuda a romper la brecha digital que, según las OJ, es muy marcada entre la gente de la ciudad y la gente del campo. El realizar debates, conversatorios, radionovelas o el abrir un espacio para la comunicación de los y las jóvenes es una de las
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acciones que las OJ más resaltan sobre su trabajo en cuanto información y comunicación. Consideran que la radio ayuda a evadir la falta de acceso libre al internet y las limitaciones que el mal acceso a internet les impone. Señalan que la existencia de la barrera digital es un gran obstáculo para comunicarse, organizarse, informarse y poder generar un mayor impacto en sus diferentes municipios. Al hablar de plataformas específicas, las OJ reconocen que la más utilizada es Facebook y es la que más les permite interactuar y participar en distintos eventos de la sociedad civil. También mencionan que para las coordinaciones internas utilizan Whatsapp y en los últimos tiempos, debido a las alteraciones políticas, han comenzado a utilizar Telegram. A pesar de esta diversidad, reconocen que no cuentan con una capacitación completa para esta clase de tareas y que no utilizan otras redes sociales que, a su manera de ver, podrían ser útiles para su funcionamiento como OJ como podrían ser Twitter o Instagram. A pesar de estas dificultades, las OJ aseguran estar actualizadas y responsabilizan al mal acceso al internet por la limitación de sus actividades vía redes y plataformas sociales.
5.3.2. Agentes clave Como se mencionó anteriormente, el Estado no presenta un manejo importante a las redes sociales más utilizadas por las OJ para comunicarse (Tik Tok, Instagram, Facebook y Whatsapp). Además, de acuerdo con las entrevistas, se pudo entrever que
los intentos por parte de los organismos estatales de utilizar esta clase de plataformas fueron rechazados por las OJ y la sociedad civil. Estos rechazos surgen de un desconocimiento de los intereses de las juventudes por parte del Estado y por un desconocimiento del uso de las plataformas digitales. En las entrevistas se sugirió reiteradamente que esta clase de comunicaciones deben ser realizadas por personas jóvenes que conozcan y las plataformas y que reconozcan los intereses y el lenguaje utilizado por estas. Este uso de las plataformas tiene una particularidad. Si bien en las ciudades estas dinámicas son más evidentes, las zonas rurales, en muchas ocasiones, no tienen un acceso de calidad al servicio de internet, por ello, las OJ utilizan otra clase de fuentes de información y comunicación. En las zonas rurales la fuente de comunicación más utilizada es la radio. Como se mostró en la sección de las OJ, se están desarrollando espacios de debate, de construcción de narrativas y de procesos informativos en la radio por parte de quienes componen las OJ. Si bien esto da cuenta de la agencia, del carácter propositivo y del potencial organizativo que tienen las juventudes, también da cuenta de una brecha digital entre la ruralidad y las ciudades. Las respuestas con relación a los temas que movilizan a las OJ giraron en torno al acceso y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de estas temáticas, también se incluían movilizaciones de respeto a la vida de las mujeres y personas no binarias, movilizaciones por la legalización del aborto y el derecho a decidir, y la demanda por un servicio sanitario diferenciado que reconozca los intereses,
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las necesidades y las particularidades de las personas que componen las OJ. En menor medida, en las entrevistas, se habló sobre las movilizaciones por el derecho a la representación y la participación política. Las OJ en Bolivia, como se mencionó anteriormente, sienten que no hay un ejercicio participativo transparente y se movilizan para pedir al MAS un espacio que reconozca la diversidad de opinión y la disidencia política. Además, esta reclamación por la participación también interpela a los sectores de la oposición, los cuales, vinculados a los movimientos religiosos del país, buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la información de las juventudes. Estos procesos de interpelación generan el riesgo de la estigmatización. La defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha llevado a que se trate a quienes componen las OJ como personas promiscuas, faltas de moral e incitadoras al pecado4. Esta estigmatización se traslada a las redes sociales y en las entrevistas se narraron experiencias de ciberacoso por parte de los sectores conservadores y religiosos hacia los y las jóvenes que promueven el acceso a una educación sexual integral y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Con relación a las personas que se han manifestado activamente contra los accionares estatales y la poca transparencia en los procesos participativos del MAS, se mencionó en dos entrevistas que se han dado casos de persecución y encarcelamientos de hasta 72 horas.
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5.4. Nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en los actores de su entorno En esta sección se presenta, en primer lugar, el nivel de confianza que tienen las OJ hacia el Estado y las instituciones que le conforman, hacia los medios de comunicación y hacia la sociedad civil. Esto, cabe señalar, es presentado de acuerdo con las personas que fueron entrevistadas y a los grupos focales que se realizaron durante la investigación. En segundo lugar, se presenta el nivel de confianza que las OJ perciben que los medios de comunicación y la sociedad tienen en ellas.
5.4.1. Organizaciones lideradas por juventudes Las OJ junto a las que se trabajó tienen poca confianza en el Estado. Esto, debido a dos motivos. Por un lado, consideran que no hay confianza por parte del Estado en la juventud y que no se les toma en serio, como entidades políticas y con poder y criterio de participación. Por otro lado, consideran que el Estado es corrupto y que no hay transparencia en las prácticas que el Estado pone a disposición de las juventudes. Comentan que el Estado da prioridad a las instituciones y organizaciones que reproducen los discursos del gobierno y que busca constantemente instrumentalizar las OJ para solidificarse en el poder.
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Con relación a las instituciones del Estado, las OJ sienten que hay mayor confianza en las instituciones locales, regionales y municipales, porque con estas se pueden comunicar directamente y porque pueden interpelarlas de manera clara ante cualquier anomalía o percepción de corrupción. Las OJ juveniles confían en los medios de comunicación, pero específicamente en los municipales, los cuales les han permitido acceder a las transmisiones de radio y les ha dejado publicar en diferentes diarios de nivel local. A la hora de hablar de medios de comunicación nacionales, la confianza es poca, porque sienten que a estas entidades no les interesa el proceso de las juventudes y solo les convoca para instrumentalizarlos
o para señalarlos de alguna cosa negativa. Por ello, tampoco sienten que los medios de comunicación confíen en ellos. Con relación a la sociedad civil, las OJ perciben que hay poca confianza, sienten que las ONG han contribuido con dinero y a fomentar proyectos, pero esta ayuda no ha sido suficiente y en ocasiones está condicionada a que la OJ se vincule a los discursos de las ONG. Por ello, a partir de esta clase de prácticas, las OJ confían poco en la sociedad civil y su confianza está condicionada a la institución con la que participen. Hablan positivamente de proyectos fomentados por PLAN o STC, pero señalan que aún es muy poco el trabajo que se adelanta desde la sociedad civil para apoyar a los y las jóvenes5 .
Gráfico 1. Nivel Confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en actores de su entorno Organizaciones juveniles en la sociedad civil
52,63%
5,26
52,64%
Sociedad civil en las organizaciones juveniles
15,78
52,63%
5,26%
Organizaciones juveniles en los medios de comunicación
15,78
52,63%
5,26%
Medios de comunicación en las organizaciones juveniles
Alta confianza
21,05%
15,78%
Organizaciones juveniles en las instituciones estatales
10,52
63,15%
Organizaciones juveniles en el Estado
10,52
63,15%
Poca confianza
Ninguna confianza
0
20
40
60
80
100
Otra
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5.4.2. Agentes claves Con relación a la poca confianza que las OJ tienen hacia el Estado se mencionó en las entrevistas que se debe a, principalmente, dos motivos. Por un lado, las personas entrevistadas perciben una ausencia de voluntad política por parte del estado para apoyar, evaluar y realizar seguimiento de los procesos fomentados por las OJ. Por otro lado, se mencionó que el Estado no parece dar credibilidad al potencial de las juventudes y a su rol como población que ejerce, conoce y defiende sus derechos y sus libertades.
comunicación tradicionales. En las entrevistas se puntualizó que dependiendo del medio de comunicación cambia la sensación de confianza, porque muchos de los medios establecidos siguen o están afiliados al gobierno o a la oposición. Consideran que no hay transparencia en el proceso informativo. A pesar de esto, las personas entrevistadas rescatan la visibilidad que los medios de comunicación han dado a las causas de las OJ y las oportunidades que han brindado a quienes las componen. Un ejemplo de esto es el ya mencionado caso de las estaciones de radio en las zonas rurales del país.
Hacia las instituciones del Estado también se encontró que hay poca confianza. Esto, en gran medida por los mismos motivos que se presentaron al hablar del Estado, pero, además, al hablar de las instituciones estatales se señala que no se confía en la transparencia de los procesos participativos dispuestos por estas instituciones. Una vez más, se señaló la corrupción y la predilección por los proyectos que fomentan y refuerzan las políticas propuestas por el Estado. Sin embargo, las entrevistas recalcaron que se debe diferenciar la institucionalidad a nivel nacional de la que ejerce sus funciones a nivel departamental y municipal. De acuerdo con las entrevistas, a nivel municipal existe más confianza en las instituciones del Estado. Esto, en gran medida, porque las vías de diálogo son más claras o confiables.
Con relación a la sociedad civil, en general se encontró que hay alta confianza de las OJ hacia esta. Cabe señalar que la mayoría de las personas entrevistadas conforman o hacen parte de organizaciones de la sociedad civil y esto puede condicionar o delimitar claramente las respuestas presentadas en la entrevista. Las OJ confían en la sociedad civil porque esta les otorga oportunidades que el Estado no otorga, porque les considera una población responsable y con capacidades y no les infantiliza y porque ha dado muestras claras de respaldar las iniciativas de las OJ, sobre todo en temáticas de derechos sexuales y reproductivos, tema que, para el Estado, de acuerdo con las entrevistas, parece ser inexistente.
Con relación a los medios de comunicación las entrevistas señalan que las OJ tienen poca confianza en su ejercicio debido a la poca credibilidad que otorgan a las fuentes de
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Por su parte, perciben que las personas de la sociedad civil tienen alta confianza en las OJ porque han visto buenos resultados en las actividades que han realizado y porque sienten que potenciar la apertura de espacios en los cuales, quienes conforman las OJ, puedan participar y expresarse de
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manera segura ayuda a construir proyectos duraderos en el tiempo y que pueden ser pasados a las futuras generaciones de jóvenes en el país. Sin embargo, reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer y que es un proceso que solo ahora está comenzando y que debe comprenderse que este es un trabajo colaborativo en el que todas las partes deben establecer vínculos de confianza para poder llegar a los objetivos establecidos. Las personas entrevistadas perciben que los medios de comunicación tienen poca confianza en las
OJ. Esto se debe, en parte, a que las OJ no son abordadas como entidades con derechos, libertades y posibilidad de ejercicio político, sino como un grupo poblacional pasivo que se asocia a otra clase de actividades como temáticas culturales (canto, teatro o danza) o deportivas. Así, no se presentan en los medios de comunicación a las personas jóvenes como personas con potencial generador de cambio, poseedoras de pensamiento crítico y capacidad de organización y movilización.
Gráfico 2. Percepción de agentes clavesobre el nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en actores de su entorno Organizaciones juveniles en la sociedad civil
22,20%
Medios de comunicación en las organizaciones juveniles
33,30%
66,60%
Sociedad civil en las organizaciones juveniles
33,30%
66,60%
Organizaciones juveniles en los medios de comunicación
11,11%
Organizaciones juveniles en las instituciones estatales Organizaciones juveniles en el Estado Alta confianza
55,50%
Poca confianza
Ninguna confianza
33,30%
22,20% 11,11%
44,40%
44,40%
88,80%
11,11% 0
22,20%
22,20%
20
40
60
80
100
Otra
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5.5. Recursos y sostenibilidad En la última sección de los hallazgos se presenta la información recolectada con relación a la situación económica, las formas de financiamiento y las problemáticas sociales que afectan a las OJ. Por una parte, las entrevistas dejaron entrever las limitaciones de acceso a dinero que tienen la OJ, esto no solo por las pocas fuentes de financiamiento que existen, sino también por la cantidad de requerimientos que se piden por parte del Estado para poder acceder a los fondos económicos que podrían contribuir en la sostenibilidad y el desarrollo de las agendas de las OJ. Por otra parte, se encontró en la investigación que la falta de acceso a la educación y a la información limita la participación de las OJ en estos procesos. Muchas de las iniciativas estatales no solo exigen una personería jurídica, sino que, además, dan preferencia a proyectos que refuerzan las posiciones del partido de gobierno, el MAS. Esta falta de transparencia en los procesos de acceso a recursos y las limitaciones burocráticas impuestas a través del requisito de la personería jurídica, ha llevado a que las OJ desistan de participar en los fondos estatales y se centren a buscar financiamiento en las ONG, en procesos autogestionados de compra y venta de productos o, en otros casos, que participen en los fondos estatales bajo el paraguas institucional de una entidad más grande y legalmente constituida.
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5.5.1. Organizaciones lideradas por juventudes Con relación al financiamiento de las agendas, las OJ señalan que las ayudas que reciben ya sean públicas o privadas, son bastante limitadas. Por una parte, el acceso a fondos del Estado es bastante limitado y les condiciona el tener que conformarse como persona jurídica para poder aplicar a ellos. A esto se suma que, en muchas ocasiones, las OJ solo funcionan como ente financiador y que la administración de recursos recae sobre una persona, empleada estatal, encargada de distribuir y aplicar los recursos de acuerdo con lo que se considere es necesario para las OJ. Si bien, el funcionar como entidad fiscalizadora, mencionan las personas, les ayuda a acceder a fondos y recursos que de manera independiente no podrían hacerlo, las OJ consideran que mediante proyectos de ONG como PLAN o STC, en los cuales han podido administrar sus propios recursos, han podido realizar más actividades y cubrir más aspectos de sus agendas para convertirlas en agendas sostenibles y a largo plazo. A pesar de esto, los proyectos financiados por ONG son pocos y los fondos que les otorgan son pequeños y no les permite establecer los proyectos que como OJ han planeado. Se sugiere que una forma de apoyar sus agendas es brindarles autonomía en el manejo de recursos y de los fondos a los que acceden. Por otra parte, las OJ se organizan de manera independiente para construir estrategias de autofinanciamiento, organizan
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5.5.2. Agentes clave venta de artesanías, bazares o espacios para la recolección de fondos. Estos ejercicios de autofinanciamiento, sin embargo, no son suficientes para el desarrollo de una agenda sostenible y, en los mejores momentos, solo les da el dinero suficiente para subsistir. En muchas ocasiones, las OJ funcionan a partir de las donaciones de las personas que las conforman. Algunas personas señalaron que también hay una predilección por parte del Estado a otorgar fondos y financiamiento a poblaciones indígenas. Es importante establecer que los financiamientos se dan a las comunidades asociadas a nivel general (por ejemplo: campesinado, grupos indígenas, mineros) y no a colectivos de juventudes que hacen parte de estas comunidades asociadas. En algunas de las entrevistas se señaló justamente que, a pesar de ser comunidades compuestas por personas jóvenes, no son comunidades que se organizan por la reivindicación de derechos de las juventudes. Generalmente, su organización está supeditada a la comunidad asociada que representan y a la que pertenecen. Esto, según las OJ, se debe a que el gobierno anterior y el actual dan prioridad a la reivindicación de los pueblos indígenas. También señalan que el gobierno invierte más dinero en el desarrollo de agricultura que en las juventudes y rechazan el que el Estado no dedique un amplio presupuesto al trabajo de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Según las OJ, la mayor parte del financiamiento de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos viene de la cooperación internacional.
Las entrevistas señalan que hay fondos concursables internacionales y nacionales a los que las OJ pueden aplicar. Sin embargo, muchos de estos fondos están atravesados por los intereses de quien los propone. Si, por un lado, el Estado financia proyectos que refuercen sus lineamientos, por otro lado, algunas ONG solo se han centrado en financiar temáticas que se ajusten de manera precisa a la misión y visión de la organización. Según las entrevistas esto es un problema, porque limita la acción de las OJ constituidas y fomenta la creación de OJ solo para la participación en el proyecto y tras acceder a los fondos y los recursos se desvanece. Ante estas problemáticas las personas entrevistadas sugieren que se deben hacer más flexibles los fondos de participación y que se deben simplificar las formas de acceso a estos concursos. Según las entrevistas, en muchas ocasiones las barreras burocráticas son motivo suficiente para que las OJ decidan no participar. Otra forma de acceso a recursos por parte de las OJ es por medio de los productos autogestionados, estos toman diversas formas: bazares, venta de artesanías, venta de camisetas y mochilas y organización de fiestas. Sin embargo, estos procesos de autogestión se han visto afectados de manera directa por el contexto pandémico de la COVID-19 que ha condicionado esta clase de encuentro y prácticas alternativas. Sostienen las personas en la entrevista que los fondos de acceso son bastante
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limitados y que, además, no brinda autonomía a las OJ. En muchas ocasiones las OJ no tienen acceso directo a los fondos otorgados y es otra organización de la sociedad civil la que se encarga de, cada cierto periodo, entregarles una parte del dinero. Desde las entrevistas se propone otorgar la totalidad de los montos a las OJ, tras un proceso de capacitación y de aprendizaje por parte de quienes las componen, para así permitir el libre desarrollo de las actividades de las OJ y para establecer lazos fuertes de confianza entre las OJ y las entidades que otorguen el financiamiento, desde el Estado o alguna organización privada. La problemática más grande a la que se enfrentan las OJ en este sentido es que perciben que no hay recursos suficientes para organizarse, las OJ funcionan desde la precariedad y los
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donativos de las personas que las conforman. En las entrevistas se señaló que los recursos que generan son únicamente para subsistir y esto limita el ejercicio político, participativo y social de las OJ. Esta naturaleza precaria lleva a que las OJ no sean sostenibles en el tiempo y que no se puedan fomentar procesos a largo plazo que permitan la formación de procesos que se reproduzcan, que generen liderazgos que perduren y se transmitan en el tiempo. Ante estas ausencias, las personas entrevistadas sugieren que deben crearse mecanismos de articulación que permitan el trabajo asociado y colaborativo. Se proponen también ideas como la creación de fondos rotatorios que permitan a todas las OJ acceder a los recursos y tener la garantía de este financiamiento y así establecer relaciones de confianza sólidas entre las OJ.
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Conclusiones
A continuación se presentan conclusiones asociadas a las temáticas trabajadas. En una primera instancia se presentan las conclusiones en torno a la seguridad y garantía de derechos, estas, pensadas en asociación a la incidencia política y el proceso participativo de las OJ. En segunda instancia, se señalan algunas de las instituciones que condicionan el ejercicio participativo y la incidencia política de las OJ. Por último, se señalan las conclusiones y los retos de cara al sostenimiento de las agendas de las OJ. Estos retos son clave para la articulación de futuras actividades en el país y ayudan a dar cuenta de las prioridades que poseen dentro de la construcción de su agenda.
6.1. Seguridad y garantía de derechos de las Organizaciones lideradas por juventudes
En primer lugar, con relación a la seguridad y garantía de derechos y libertades y la incidencia política de las OJ, se identificó que existe una brecha entre lo que dice la ley y los procesos de aplicación en la vida cotidiana de las personas. Si bien, sobre el papel, las leyes que defienden el ejercicio participativo y crítico de las OJ en Bolivia son vistas por la población como leyes completas e inclusivas, los problemas surgen a la hora de la aplicación de estas. Esta brecha se ve acrecentada por las disputas políticas que afectan al país desde el 2019 y que ponen en disputa a dos grandes grupos poblacionales en el país. Esto ha llevado a que muchos de los escenarios de diálogo y opinión dispuestos para las OJ se vean limitados y condicionados. En muchas ocasiones, solo las OJ que apoyan los lineamientos del partido de gobierno pueden participar de manera constante y activa en estos escenarios. Esta limitación debe confrontarse, de allí que se recomienda un monitoreo, seguimiento y rastreo cercano al espacio cívico y la reivindicación de derechos. Es importante que existan garantías para que las OJ puedan ejercer los derechos que la ley les otorga y que este ejercicio sea transparente y que reconozca la diversidad de pensamientos. Esta Diversidad, de acuerdo con el trabajo realizado, se centra en la diversidad
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de posturas a la hora de abordar las temáticas de derechos sexuales y reproductivos. Las OJ señalan que se han organizado principalmente en torno a esta temática y que, si bien existe un contexto políticamente polarizado, ninguno de los bandos brinda garantías para el acceso a una educación sexual y reproductiva adecuada.
6.2. Incidencia política de las Organizaciones lideradas por juventudes En segundo lugar, las OJ señalaron que su accionar también se ve condicionado desde otros sectores de la sociedad civil. Las OJ tienen enfrentamientos ideológicos con comunidades religiosas (principalmente cristianos evangélicos) que buscan limitar el accionar de las juventudes y el acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos Esta limitación se ha traducido en ejercicios de estigmatización y persecución pública mediante el uso de las redes sociales. Esto da cuenta de una sociedad con gran cantidad de prácticas machistas que buscan la reproducción de roles de género en los que la mujer ocupa un lugar estático en el hogar, en los que la diversidad sexogenérica es considerada una enfermedad o un producto heredado de relaciones coloniales e imperialistas, en los que no se habla de manera pública sobre políticas de derechos sexuales y reproductivos y en el que no se cuestionan las prácticas establecidas por la heteronormatividad y terminan
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por afectar de manera negativa la construcción de un entorno habilitante en el país.
6.3. Sostenibilidad y fuentes de información de las Organizaciones lideradas por juventudes Por último, con relación a las fuentes de información y el acceso a recursos, se identificó que la presencia de una gran brecha digital es un obstáculo para los procesos de comunicación y de construcción de diálogo entre las OJ, esto se ve incrementado al hablar de las poblaciones rurales, las cuales señalaron que su acceso a internet es de pésima calidad. Para afrontar esta problemática, las OJ recomiendan que se debe capacitar a la población en el uso de plataformas virtuales tales como Twitter, Instagram o Youtube. Es importante recalcar el uso que las comunidades, en alianza con entidades locales, hacen de las plataformas radiales para fomentar los espacios de diálogo y divulgación de conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos. Si bien esta estrategia nace de la brecha digital que existe entre el campo y la ciudad, es una estrategia que se recomienda fomentar, para así entregar más herramientas a las juventudes para acceder al conocimiento y fomentar espacios de organización y unificación.
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La brecha digital, dentro del marco de la pandemia mundial, se ha visto acrecentada y dejó entrever otra clase de problemáticas que tienen las ONG locales y las OJ en el país, y es la ausencia de recursos y planes de financiamiento de proyectos públicos. Esto, una vez más, se hace especialmente evidente cuando las entidades no siguen los parámetros o lineamientos establecidos por el partido de gobierno. Se identificó que son pocos los fondos de financiamiento y que las OJ no poseen recursos propios para el desarrollo y la sostenibilidad de su agenda. Así, por un lado, las OJ no cuentan con las herramientas para organizarse y establecer planes de acción
y, por otro lado, no cuentan con fondos o suficiente apoyo estatal y no gubernamental para desarrollar lo que planean. Se identificó, con relación a las formas de financiamiento, que una de las formas más efectivas para ganar confianza entre las OJ y otras entidades de su entorno, es el otorgar completa autonomía a las OJ en el manejo de los fondos y recursos a los que ganen acceso. En otras palabras, se identificó que las OJ no solo quieren ser capacitadas para el manejo y la distribución de los recursos, también desean encargarse de este proceso dentro de sus propias organizaciones.
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Recomendaciones 7.1. Seguridad y garantía de derechos de las Organizaciones lideradas por juventudes
Las personas participantes realizaron una serie de recomendaciones para el fortalecimiento y el establecimiento de un entorno habilitante en el país que se pueden agrupar en tres aspectos y que dialoga con entidades no gubernamentales, las entidades estatales y que apunta al trabajo colaborativo entre estos para poder potenciar la elaboración y el desarrollo de proyectos que permitan una clara defensa y promulgación de los derechos de las OJ. Así, al igual que en la sección de las conclusiones, en una primera instancia se presentan las recomendaciones con relación a la seguridad y la garantía de derechos de las OJ. En un segundo momento se señalan las recomendaciones con relación a la incidencia política de las OJ y, por último, se presentan las recomendaciones asociadas a la incidencia política para el sostenimiento de las agendas políticas de las OJ.
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Se deben potenciar los espacios de diálogo transparentes que reconozcan la divergencia política y que den apoyo social y económico a las diversas OJ. Para esto es fundamental que las vías de participación no favorezcan únicamente los intereses del partido de gobierno o de las grandes instituciones políticas. El potenciar estos espacios de diálogo es un paso fundamental para la construcción de vínculos de confianza fuertes. Las OJ reconocen que hay iniciativas por parte de las ONG y de las instituciones estatales, sin embargo, reconocen que estas iniciativas son reducidas y limitan constantemente el accionar de las organizaciones. Por un lado, limitan sus acciones al tratar de vincularlas y limitarlas a preceptos y principios que sigue el Estado o que siguen las ONG. Por otro lado, no hay suficientes espacios para que se puedan establecer vínculos entre OJ de diferentes lugares del país y que ayuden a encontrar similitudes
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y diferencias entre las reivindicaciones de las poblaciones. Al no tener contacto directo con experiencias internacionales, el establecimiento de un pensamiento global de su accionar político se ve limitado. Así, se recomienda, a través de lo presentado en el trabajo investigativo, que tanto el Estado como las ONG potencien espacios para establecimiento de lazos entre OJ a nivel multilocal, que ayuden a dar cuenta de la importancia transnacional de las reivindicaciones de las OJ. Esa clase de ejercicios potencian el ejercicio activista y permiten identificar nuevas causas a significar y nuevas maneras de movilizarse. Es importante el establecimiento de estos vínculos con las ONG, para que así las OJ puedan trascender a la división política que tiene lugar en el país desde el 2019 y establecer espacios de participación transparentes en las que las reclamaciones de derechos y libertades vayan más allá de la afiliación partidista de las personas. Las personas sugieren que, en la mayoría de los casos, las ONG fomentan la diversidad de acción y de pensamiento y brindan acceso a diversos conocimientos que, por parte del Estado, pueden encontrarse ausentes. Así, lo que recomiendan a las ONG es potenciar el trabajo que brinde herramientas organizativas a las organizaciones para que estas puedan asociarse, reproducirse y mantenerse en el tiempo. Según las entrevistas, parte del problema del trabajo entre las OJ y las ONG está basado en la falta de confianza. Las OJ sugieren que el no tener autonomía propia (ya sea de manera legal al no tener personería jurídica o bien al no poder administrar sus propios fondos) sus agendas y sus proyectos se ven bastante limitados por parte del Estado y de las ONG.
Ante esto sugieren que el permitirles administrar los recursos para la gestión de sus habilidades y brindarles procesos de capacitación para hacerlo de manera adecuada son un acto claro de confianza y de respeto al trabajo realizado por las OJ. Si no cuentan con esta autonomía y las herramientas para ejercerla, las OJ sugieren que aún se les piensa en términos adultocéntricos y se les ve como incapaces e inmaduros. Por último, el establecimiento de estos vínculos no debe verse condicionado por las dificultades de acceso a los espacios de participación. Los costos y las dificultades burocráticas para constituirse como persona jurídica y organización legalmente reconocida son una barrera que limita la participación de las OJ en diversos espacios y que, además, en ocasiones las condiciona a asociarse a organizaciones más grandes y antiguas para poder acceder a procesos de financiamiento. Las personas recomiendan un cambio en los requerimientos por parte del Estado y de las ONG para acceder a recursos y espacios de participación. Sugieren que la personería jurídica es una figura que imposibilita la participación y que limita el compromiso de los y las jóvenes al accionar político. Ante esto, recomiendan la simplificación de los procesos burocráticos, mayor claridad en la información estatal con relación a los procedimientos de organización política y que la figura de la personería jurídica no sea un requisito para acceder a recursos. La ejecución de estas propuestas pretende brindar autonomía en las acciones de las OJ y oportunidades para el sostenimiento y la transmisión de una agenda política. Ante esta clase de eventualidades, las OJ rescatan como práctica positiva los talleres y proyectos organizados por PLAN o Save
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The Children en las que no se les requiere la figura de la personería jurídica para poder operar y desarrollar su agenda. Ante esto, también para evitar la instrumentalización de las OJ por parte de las instituciones del Estado, se recomienda que tanto las ONG como las entidades gubernamentales deben reducir los requisitos para los procesos de organización y participación social. Estos requisitos, en muchas ocasiones, son concebidos desde una lógica adultocéntrica que no tiene en cuenta las particularidades de las poblaciones jóvenes y de sus formas particulares de asociación.
7.2. Incidencia política de las Organizaciones lideradas por juventudes Se debe trabajar con fuerza las temáticas de las diversidades sexogenéricas para hacer más complejas las reivindicaciones de las OJ por los derechos sexuales y reproductivos. Para esto se recomienda potenciar espacios de diálogo para romper los estereotipos que atraviesan a las OJ y a la sociedad boliviana. Las personas recomiendan que se debe fortalecer el Estado laico y separar las posiciones religiosas de los cargos de poder
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y la construcción de políticas. Si bien reconocen que el Estado no da visibilidad a la diversidad sexogenérica en las prácticas, también reconocen que la ley abre las puertas para establecer libertades y derechos de poblaciones divergentes. Así, lo que se recomienda es la ampliación de espacios provistos por parte del Estado para poder poner en juego estas temáticas. El problema del reconocimiento de la diferencia no está anclado a las prácticas estatales, es algo que atraviesa los roles de género tradicionales que establecen las lógicas de funcionamiento social dentro de la sociedad boliviana. Las personas recomiendan que el Estado potencie los espacios de diálogo y de visibilización para poder transformar los pensamientos de las personas que conforman la sociedad civil. Reconocen en las iglesias y el conservadurismo de los dos bandos políticos más importantes del país, el principal muro para el establecimiento de estos espacios. Tanto el partido de gobierno, el MAS, y los partidos de oposición asociados a las iglesias cristianas son identificados como grupos contrarios al reconocimiento de la libertad de expresión, la diversidad sexogenérica y la educación sexual y reproductiva integral. Ante esto las organizaciones proponen el establecimiento de procesos de diálogo, pero reconocen los grandes retos a los que se enfrentan y las limitadas posibilidades con las que cuentan.
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7.3. Incidencia política para el sostenimiento de las agendas de las Organizaciones lideradas por juventudes Por último, señalan que deben trabajarse las problemáticas que movilizan a las OJ a partir de una perspectiva global. De esta manera se busca potenciar la construcción de redes entre OJ de diversos lugares y se muestra que las reivindicaciones de las OJ trascienden las ideas nacionales. El reconocimiento de experiencias similares en otros lugares y contextos se presenta como una alternativa para la creación de procesos de aprendizaje y para motivar a las OJ a continuar desarrollando sus actividades. Ante esto se sugiere que se potencie la participación de organizaciones bolivianas en espacios latinoamericanos de diálogo y que, a través del Estado, se vea el fomento para la organización y participación de las juventudes. La internacionalización de las reclamaciones ayuda a establecer vínculos interinstitucionales y a encontrar continuidades en los
procesos de reclamación, esto, a su vez, fomenta los ejercicios de aprendizaje y de construcción de discursos por parte de las personas que conforman las OJ. Esta internacionalización ayuda a construir nuevos espacios de reivindicación y potencia los activismos que defienden los derechos de diversas poblaciones vulneradas. En este sentido, sugieren que las ONG deben efectuar actividades como facilitadores y colaboradores para el desarrollo de estos encuentros, y no como organizadores delimitadores de forma y lenguaje de las actividades fomentadas por las OJ. Además, se resalta que las ONG y el Estado no poseen relaciones de confianza estable y esto también limita el accionar de las OJ y de los procesos de defensa de derechos. Este aprendizaje también ayuda a establecer bases sólidas para las futuras juventudes y para la constante reivindicación de las juventudes como entidades participativas, con criterios políticos y un alto potencial de participación social. Por último, se señala que el establecer estos vínculos ayuda a identificar problemáticas que, tal vez por falta de perspectiva, habían sido invisibilizadas por las OJ en sus contextos legales. Este reconocimiento de diversas problemáticas también es el reconocimiento de otras entidades internacionales a las cuales acudir para solicitar asesoría, ayuda y colaboración para la ejecución de los diversos proyectos que pueden tener las organizaciones en el país.
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Notas de pie de página 1. Como contexto, el artículo 241 establece que toda persona que ejerza un cargo electo puede ser revocada de su mandato. Esto puede hacerse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. El artículo 242 establece que la sociedad civil puede organizarse y participar en la toma de decisiones de políticas públicas. Así, establece que la sociedad civil organizada puede organizar su propio funcionamiento para cumplir con las funciones de participación en la toma de decisiones y de control social. 2. Término utilizado por las personas en las entrevistas. 3. Término usado por las personas entrevistadas. 4. Expresión utilizada en las entrevistas. 5. Solo el 73,68 % de las personas participantes en los grupos focales contestaron todas las preguntas de la encuesta. Debe tenerse presente esta información al abordar los datos presentados en la gráfica.
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