REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR by BIBLIOTECA FMP

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

III INTERNACIONAL CONGRESS ON MILITARY LAW

III

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR 20 AL 22 DE ABRIL DE 2016

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR Realizado el 21 y 22 de abril de 2016 en Lima, Perú FUERO MILITAR POLICIAL DEL PERÚ General de Brigada EP (R) Juan Pablo Ramos Espinoza Presidente Contralmirante CJ Julio Enrique Pacheco Gaige Director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Presidente del Comité Organizador del III Congreso Internacional sobre Derecho Militar Capitán de Navío CJ Carlos Melchor Schiaffino Cherre Director Académico del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Teniente Coronel EP Alejandro Roosevelt Bravo Maxdeo Sub Director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Comité editorial Teniente Coronel EP Alejandro Roosevelt Bravo Maxdeo Licenciado Floiro Tarazona Ramírez Técnico Supervisor Segundo AP. Luis Urbina Huapaya Empleada Civil CAS Yasmina Santos Agapito Corrección de estilo General PNP (R) Jorge López Zapata Diseño y diagramación Socorro Gamboa García Diseño de Portada Floiro Tarazona Ramírez Fotografía Randy Velásquez Fermín

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR Publicación: Noviembre de 2016 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-15222 Editado por: Centro de Altos Estudios de Justicia Militar – Fuero Militar Policial Av. Arenales 321, Santa Beatriz, Lima Cercado Telf.: (511) 6144747 E-mail: caejmfmp@gmail.com Impreso en Bio Partners Sac Calle Mar Caribe N° 177 – Santiago de Surco – Lima Tiraje: 1000 ejemplares El Centro de Altos Estudios de Justicia Militar – Fuero Militar Policial, no se solidariza necesariamente con las expresiones emitidas por los autores. IMPRESO EN EL PERÚ PRINTED IN PERU

CONTENIDO

Palabras del Presidente de la Comisión Organizadora del III Congreso de Derecho Militar Contralmirante Julio Pacheco Gaige

PRIMERA CONFERENCIA Las Naciones Unidas y las operaciones de paz en el mundo

SEGUNDA CONFERENCIA Derecho Internacional Humanitario: El Estatuto de Roma y los avances de la Corte Penal Internacional

TERCERA CONFERENCIA Justicia Militar en el Siglo XXI: Papel de la Secretaría Técnica del Foro Interamericano de Justicia Militar en el fortalecimiento de la Justicia Militar en América

CUARTA CONFERENCIA Avances del Manual de Derecho Operacional que formula la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra

QUINTA CONFERENCIA Derecho cibernético y utilización de drones en operaciones militares

SEXTA CONFERENCIA Situación de la Justicia Militar en el mundo

SÉTIMA CONFERENCIA Papel de las Fuerzas Armadas en los Conflictos Internos y otras situaciones de violencia en Latinoamérica.

Discurso pronunciado por el General de Brigada Juan Pablo Ramos Espinoza, Presidente del Fuero Militar Policial

Discurso pronunciado por el señor Brigadier General Jan Peter SPIJK (Holanda), Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra

Galería Fotográfica

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CONTENT

Words From The President Of The Organizing Committee Of The Third International Congress On Military Law Rear Admiral Julio Pacheco Gaige, President of the Organizing Committee of the

First Conference UN Peacekeeping Operations throughout the World.

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Second Conference International Humanitarian Law: The Rome Statute and the progress of the International Criminal Court.

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Third Conference Military Justice in the 21st Century in South America: Role of the Inter-American Forum on Military Law (FIDEMI) in Strengthening Military Justice in South America

121

Fourth Conference The Manual of International Law in Peace Operations envisaged by the International Society for Military Law & the Law of War

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Fifth Conference Panel on Cyber Law and the Use of Drones during Military Operations

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Sixth Conference Panel: A Global Perspective on Military Justice

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Seventh Conference Role of the Armed Forces in Domestic Conflicts in Latin America

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Speech pronounced by Brigadier General Juan Pablo Ramos Espinoza, President of the Military and Police Jurisdiction

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Speech pronounced by Brigadier General Jan Peter SPIJK (the Netherlands), President of the International Society for Military Law and the Law of War

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Photo Gallery

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REPORTE DEL

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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR 20 AL 22 DE ABRIL DE 2016

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL III CONGRESO DE DERECHO MILITAR

Durante los días 21 y 22 de abril del año en curso, el Fuero Militar Policial del Perú y la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra realizaron, en Lima, el Tercer Congreso Internacional sobre Derecho Militar. Ello ha sido posible, gracias a la cooperación de estas dos instituciones y, particularmente, por la decisión de sus presidentes, los Generales Juan Pablo Ramos Espinoza y Jan Peter Spijk, respectivamente. Se han tratado temas de actualidad en el campo del Derecho Militar, por especialistas de diversos países del mundo, que usted amigo lector puede revisar en este libro. Espero sean de utilidad para el mejor entendimiento de las misiones de mantenimiento de la paz que conduce las Naciones Unidas, de la justicia militar, el Derecho Internacional Humanitario, el tema emergente de la utilización de “drones” en la guerra y sus consecuencias en el Derecho Internacional, entre otros. Debo agradecer, a las personas que han trabajo arduamente para la realización del Congreso, sin cuyo compromiso no hubiese sido posible su éxito. El tratamiento de los aspectos logísticos, las relaciones públicas y el tema académico, a través de la Secretaría Técnica, han sido bien hechos. Quiero, también, hacer una referencia especial a la participación de dos personalidades de nuestro país: del Presidente del Tribunal Constitucional, Doctor Manuel Miranda Canales y del Presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la República, Doctor Víctor Ticona Postigo, quienes nos hicieron el honor de inaugurar y clausurar el Congreso. Estamos eternamente agradecidos a ambos. Finalmente, espero que este texto, que contiene las exposiciones del Congreso, en español e inglés, sea de utilidad. El Teniente Coronel Roosevelt Bravo Maxdeo, quien fuera también el Secretario Técnico del Congreso, ha tenido a cargo su edición. Contralmirante JULIO PACHECO GAIGE Presidente de la Comisión organizadora del III Congreso Internacional sobre Derecho Militar

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR LIMA-PERÚ

Jueves 21 de abril de 2016 HORA: 08:50 – 10:30

PRIMERA CONFERENCIA Las Naciones Unidas y las operaciones de paz en el mundo. Expositor 1 Brigadier General U.S. PAUL S. WILSON (Estados Unidos de América) Expositor 2 Contralmirante MARIO SÁNCHEZ DE BERNARDI (Perú), Comandante de un contingente de NNUU en Chipre: Una experiencia personal. Moderador Capitán de Navío GAETANO GUEVARA BERGNA, Director del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ)

HORA: 11:00 – 12:30

SEGUNDA CONFERENCIA Derecho Internacional Humanitario: El Estatuto de Roma y los avances de la Corte Penal Internacional. Expositor 1 Dr. FAUSTO POCAR (Italia), Presidente del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo. Expositor 2 Embajador JUAN JOSÉ ÁLVAREZ VITA, Director General de DDHH del Ministerio de Justicia y DIH. Tema: Papel de la Comisión Nacional de Estudio y aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH) Moderador Coronel EP HERBERT VIVIANO CARPIO, Director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas.

HORA: 14:30 – 16:00

TERCERA CONFERENCIA Justicia Militar en el Siglo XXI: Papel de la Secretaría Técnica del Foro Interamericano de Justicia Militar en el fortalecimiento de la Justicia Militar en América. Expositor 1 Contralmirante JULIO PACHECO GAIGE, Secretario Técnico del Foro Interamericano de Justicia Militar (Perú). Expositor 2 General de Brigada WALDO MARTINEZ CÁCERES (Chile).

Expositor 3 Mayor General ARTURO ANTONIO GILES FERRER (Perú). Moderador General de Ejército ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro del Superior Tribunal Militar de Brasil. HORA: 16:30 – 17:15

CUARTA CONFERENCIA Avances del Manual de Derecho Operacional que formula la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Expositor Mr. ALFONS VANHEUSDEN (Bélgica), Asesor de Asuntos Internacionales y DDHH del Ministerio de Justicia de Bélgica y Secretario General Asistente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Moderador Mr. LUDWIG VAN DER VEKEN (Bélgica), Secretario General del Ministerio de Defensa de Bélgica y Secretario General de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Viernes 22 de abril de 2016 HORA: 09:00 – 10:30

QUINTA CONFERENCIA Derecho cibernético y utilización de drones en operaciones militares. Expositor 1 Coronel U.S. GARY P. CORN, Asistente del Auditor General de los EEUU de NA, Comando Cibernético (USA) Expositor 2 Teniente Coronel ANDREW THOMSON, Director de Derecho Internacional y Operacional de Canadá. Moderador Brigadier General Jan Peter SPIJK (Países Bajos) Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

HORA: 11:10 – 12:40

SEXTA CONFERENCIA Situación de la Justicia Militar en el mundo. Expositor 1 Mayor General ARNE WILLY DAHL, ex- Juez General de Noruega y Presidente Honorario de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Expositor 2 Señor CHRISTOPHER GRIGGS (Nueva Zelanda) Abogado litigante y miembro del de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Expositor 3 Coronel ROB HOLMAN (Canadá), Auditor General Adjunto de Justicia Militar. Moderador Teniente General DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (Grecia), Primer Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

HORA: 14:10 – 15:40

SÉTIMA CONFERENCIA Papel de las Fuerzas Armadas en los Conflictos Internos y otras situaciones de violencia en Latinoamérica. Expositor 1 Contralmirante ÁLVARO FLORES GONZÁLEZ (México) Expositor 2 Señor IGNACIO CASARES GARCIA, Coordinador regional del programa ante las Fuerzas Armadas y Policiales de la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICRBogotá) Expositor 3 Contralmirante FRANCISCO JOSÉ BOLAÑOS CHÁVARRI (Perú), integrante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tema específico por tratar: Seguridad multidimensional. Moderador General de Brigada JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA, Presidente del Fuero Militar Policial del Perú.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

PRIMERA CONFERENCIA

Las Naciones Unidas y las operaciones de paz en el mundo Moderador Capitán de Navío GAETANO GUEVARA BERGNA (Perú) Director del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ).

EXPOSITOR 1 BRIGADIER GENERAL U.S. PAUL S. WILSON 1 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

General de Brigada Paul S. Wilson, Comando de la Agencia de Servicios Legales de la Armada de EEUU. Obtuvo su licenciatura de la Universidad James Madison y un doctorado en la Universidad de Virginia. Sirvió en la 1ra División blindada y estuvo en las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. En la 3ra División de infantería en Grafenwoehr, Alemania. Principal Consejero de Defensa, Fort McClellan, Alabama. Profesor de Derecho Internacional de la Escuela de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, entre otros.

Muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. No voy a hablar de todos los distinguidos invitados a este evento, pues me tomaría mucho tiempo; pero, me gustaría agradecer a cuatro personas en especial por el trabajo de organizar este Congreso: primero al General y Presidente Juan Pablo Ramos Espinoza por el maravilloso trabajo que viene haciendo; segundo, al General Jan Peter Spijk, Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho de la Guerra; tercero, al General Waldo Martínez, integrante de la Sociedad y cuarto, a mi hermano y gran amigo el Almirante Julio Pacheco. Muchas gracias a ustedes cuatro por su trabajo y permitir que este grupo de intelectuales se reúnan y puedan conversar respecto a temas importantes. A mi jefe le hubiese gustado estar aquí el día de hoy, pero desgraciadamente no pudo asistir; les envía muchos saludos. Hablaré de la participación de los Estados Unidos en las operaciones de mantenimiento de la paz. Estados Unidos es un aliado en las operaciones de mantenimiento de la paz, no solo con financiamiento sino, también, con entrenamiento. En lo personal hemos descubierto que éramos buenos para romper cosas pero no para mantener la paz, es una buena broma, pero no es nuestra intención, dado que sabemos que hay otros países y que los tenemos que ayudar. Nosotros somos el mayor contribuyente del mundo en este campo y también damos entrenamiento. Hablaremos de esto y del rol principal que tiene nuestro sistema de justicia militar para asegurar el éxito en las operaciones de mantenimiento de la paz; esta es la agenda que vamos a seguir durante el día de hoy. A algunas de las diapositivas que se van a presentar, no les voy a dedicar mucho tiempo; solamente están aquí para darles una idea del alcance y de las perspectivas dentro de las operaciones de mantenimiento de la paz. Hablemos de las contribuciones de los Estados Unidos en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Déjenme decirles que las Naciones Unidas están involucradas en este tipo de operaciones desde 1948, cuando el Consejo de Seguridad permitió observadores en el medio oriente, para ver la situación entre Israel y sus vecinos, respecto a cómo se mantendría la paz. Desde ese entonces, se ha venido utilizando al personal como observadores, monitores de procesos de paz después de conflictos, pero también, principalmente, para proteger a civiles, ayudar al personal militar local, asistir a los ex combatientes e implementar las distintas estrategias para mantener la paz. En la actualidad, tenemos 16 operaciones de mantenimiento de la paz a cargo de las Naciones Unidas. No las voy a mencionar todas, solo decirles que la más antigua es la que se remonta a 1948, en el Medio Oriente. Gran parte de estas operaciones (como vemos en el mapa) están en África y en distintas partes del mundo. Las Naciones Unidas están activamente involucradas en estas operaciones en todo el mundo y 16 operaciones no es un número insignificante.

La presente conferencia ha sido graficada con varias diapositivas, que son las que menciona el expositor.

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE JUSTICIA MILITAR – FUERO MILITAR POLICIAL

En este cuadro vemos como solo unas cuantas personas de los Estados Unidos contribuyen con estas misiones. La última vez que contribuimos con un número significativo de personas fue a inicios de la década de los 90, donde estuvimos muy involucrados con las operaciones de mantenimiento de la paz en Europa. Lo que podemos inferir de este cuadro es que, generalmente, no estamos involucrados activamente en la conducción de este tipo de operaciones, pero nos involucramos más en términos de capacitación y de entrega de recursos para preparar a los que van a realizar la misión.

así como los aliados se agrupan para ayudar a los Estados vecinos, de igual manera, procuramos ayudar para que los ciudadanos puedan vivir en ambientes relativamente estables. Las políticas de los Estados Unidos y las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas Hace no mucho tiempo, en Naciones Unidas se realizó un panel sobre este tema y su propósito fue identificar las deficiencias que se dan en este tipo de operaciones. El Secretario General quería tener una visión amplia de cómo estas operaciones de paz iban a ayudar a las naciones en conflicto a solucionar los problemas. Este panel presentó su informe en junio de 2015.

Los soldados de infantería son los que se capacitan más, porque son ellos los que, mayormente, están involucrados en este tipo de operaciones, pero lo que hemos descubierto con el tiempo es que lo necesario para estas naciones pueden ser, por ejemplo, ingenieros para mejorar las carreteras, pilotos de helicópteros con toda su tripulación para ayudar en el transporte, personal para ayuda en las comunicaciones y también personal médico.

Este panel identificó tres áreas donde hay deficiencias: La evaluación y la planificación, la capacitación y el liderazgo. Estados Unidos recibió este informe, como lo hicieron otros países y nuestro presidente indicó que lo estudiaríamos; posteriormente, dispuso que trabajaríamos con otros Estados y que nos enfocaríamos en liderazgo, planificación, educación y evaluación. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos respondió rápidamente al Secretario General, indicándole que así como era tan importante para las Naciones Unidas y para el Secretario General el sostenimiento de la paz, también era importante para los Estados Unidos.

Entonces, una de las preguntas que nos debemos hacer las naciones es ¿Qué necesitamos en realidad? Tenemos que identificar cuáles son los requisitos que se necesitan para proveer los recursos apropiados y esto variará de país a país. Nos hemos dado cuenta también con el tiempo, que tal vez la parte más importante sea la capacitación de las fuerzas, pues debemos asegurarnos de que cualquiera que sea la fuerza que vayamos a enviar, esté capacitada para la misión que tendrá que desarrollar, esto quiere decir, que tienen que haberse identificado debidamente los problemas y haberse planificado, suficientemente, para que se cumpla lo que esperamos que esta fuerza vaya a realizar; luego, se tienen que proveer los recursos apropiados para empoderar al comando para que ejecute la misión, entonces las Naciones Unidas trabajan de manera cercana con los países para que tengan la capacitación antes de desplegar las tropas.

Es así como el presidente Obama fijó una política que abordaba tres puntos principales: el interés estratégico de los Estados Unidos para apoyar a estas naciones, los límites de los apoyos de los Estados Unidos para futuras operaciones de paz de Naciones Unidas y la respuesta a este panel que planteó el Secretario General. Nuestro informe trata de mitigar la situación de los Estados frágiles y solucionar conflictos antes de que ocurran. ¿Por qué nos enfocamos en esos países frágiles?, porque están sujetos a extremismos, terrorismo y también porque estos son los que minan la estabilidad y generan flujos de refugiados que van a otros lugares. Recordemos y reconozcamos que no podemos cargar este peso sin ayuda, por lo que estamos interesados en fortalecer los mecanismos de respuestas internacionales para, así, tener respuestas locales.

Estados Unidos contribuye con más del 30% de los fondos para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. No enviamos a nuestra gente, pero este cuadro más que nada nos sirve para comunicar la importancia que tiene nuestro gobierno para asegurar que las operaciones tengan el financiamiento adecuado para la situación apropiada. Es así como ayudamos en estas operaciones en el mundo.

Estas operaciones de mantenimiento de la paz multilaterales van a seguir siendo las herramientas principales que vamos a utilizar para abordar estas crisis. Pero tenemos que tener mucho juicio sobre dónde es que debemos aplicar nuestros recursos. Hay que tener un cierto grado de estabilidad antes de utilizar una operación de mantenimiento de la paz y muchas veces la estabilidad se logra a través del uso de la fuerza militar y, realmente, no debiera ser así, pero vivimos en un mundo peligrosamente activo y muchas veces es necesario el uso de la fuerza. Muchos de ustedes están familiarizados con estos programas de Estados asociados y creo que el Perú está relacionado con otros países de América del Sur.

Los últimos 10 o 15 años, los Estados Unidos han estado ocupados en Irak y Afganistán, así que no hemos tenido la oportunidad de enviar nuestra gente para apoyar las otras operaciones de mantenimiento de la paz; pero financieramente si hemos estado en cada caso, igual que con cada aspecto de la capacitación. Desde 2005 hasta la actualidad, hemos capacitado a más de 250 mil soldados de infantería de marina para apoyar estas operaciones de mantenimiento de la paz, dado que para nosotros esto es algo muy importante. Nosotros no podríamos hacer esto solos, tenemos que reconocerlo, ningún país lo puede hacer solo, por eso tenemos que hacerlo de manera colectiva;

Estamos activos en Europa con respecto a las crisis, ejercicios, involucramiento, capacitación y apoyo de parte nuestra

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a los ejércitos. Los detalles no son tan importantes pero sí el tamaño y volumen de nuestro apoyo. Igualmente, estamos en el Medio Oriente y en África, donde somos bastante activos. En América del Norte, Canadá, México, América del Sur, donde pueden ver que hemos tenido bastante actividad.

menciona más de 130 veces a lo largo del documento. Aquí está mencionado el reconocimiento de cuál es el propósito principal de la lucha contra la insurgencia, así como, el de las misiones de mantenimiento de la paz. Si la legitimidad de las operaciones ante la población local se pierde, es que toda la misión local está en peligro; entonces, la legitimidad es algo en que hay que enfocarse desde el inicio de las operaciones, desde el inicio de la planificación, desde los recursos de la capacitación, desde la organización, luego, hay que enfocarse en que se mantenga a lo largo de las operaciones, porque de lo contrario, la misión no va a ser efectiva. Para los Estados Unidos este tema de la legitimidad es importante, tanto así, que ha sido tratado como un principio de guerra y de hecho, ha sido incluido, como tal, en la lista de principios de guerra.

Todo esto nos da una idea del alcance y nos indica qué tan importantes son este tipo de operaciones para los Estados Unidos, que se puede medir en términos de los dólares que hemos invertido en la capacitación. Reconocemos que no tenemos recursos o la habilidad para ser la fuerza policial del mundo, nosotros necesitamos a nuestros aliados, a nuestros amigos, para que nos ayuden con todo esto, por tanto, estamos activamente involucrados, estamos hombro a hombro, lado a lado, junto a sus países para que vean qué tan importantes son nuestras tareas así como nuestras misiones.

¿Cómo se pierde la legitimidad, especialmente en operaciones de mantenimiento de la paz?

Desde la perspectiva jurídica, tenemos que anticiparnos a los cambios con relación al tema legal. Creo que nos estamos involucrando más en entender las implicaciones legales. Podemos comenzar con una definición de lo que significa una participación directa en las hostilidades, hay un desacuerdo entre los países sobre cuál es la definición de esta participación de hostilidades directas. Nosotros tenemos que tener un entendimiento común para identificar también a los miembros de los grupos armados.

Veamos un ejemplo. Este es un informe de Lisa Armstrong, no es muy antiguo, es de 2014 a 2015. Ella es una periodista que trabaja para una organización de abogacía que se llama CEM. Expone y analiza una serie de estadísticas sobre la violencia sexual en Haití, en relación al tema de las misiones de operaciones de paz. Ella decía que esta mala conducta por parte de los miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz fue bastante alto. Un resumen de su informe dice que no está claro si los miembros de esas misiones de paz fueron enjuiciados y cumplieron sus sentencias, ya que con mucha frecuencia no eran juzgados ni castigados. Este es un tema importante para las fuerzas en Haití, conforme podemos ver de ese análisis sobre la mala conducta de parte de sus miembros.

Desde el inicio de nuestra historia, tuvimos preocupación por la transparencia. Mucho tiempo después de nuestra independencia, nos involucramos en conflictos tanto en Irak como en Afganistán. El Consejo de Derechos Humanos emitió un informe en mayo de 2009 y los oficiales de los Estados Unidos trataron de ver los estudios de conducta indebida en ambos países y reconocimos que estábamos poniendo en peligro la misión al no hacer un seguimiento judicial a nuestros soldados que habían tenido este tipo de comportamiento. Muchas veces decían que era más fácil devolver a los soldados a los Estados Unidos y establecer un juicio allá, porque la justicia en nuestro país hubiese sido negada para ellos y ellos no entendían que nosotros tomábamos en serio esta falta de conducta o mala conducta, así que nos asegurábamos que se diesen esos procesos judiciales de manera local y con transparencia y si no fuese el caso, desde el punto logístico, lo llevábamos recién a los Estados Unidos, para que se entendiesen que si teníamos soldados, marineros o cualquier otro individuo involucrado en mala conducta, éramos serios en asegurarnos que respondan por esas faltas de conducta. Este ha sido un problema para nosotros pero a la vez un tema importante.

En 2005, las Naciones Unidas emitieron un informe en el que formularon recomendaciones para la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz, con relación a la práctica de la justicia militar y a la mala conducta de sus integrantes. Este informe tiene tres conclusiones principales: Las cortes marciales deben realizarse en el lugar en que ocurren los hechos, para que a ese nivel local se vea que los responsables son sancionados. La celebración de la corte marcial en el lugar de los hechos reduce la apariencia de impunidad y hace que las fuerzas sean responsables. Es necesario que los países trabajen para reformar su sistema judicial y permitir que este tipo de corte marcial se realice en el lugar, en vez que los soldados comprometidos con estos crímenes, sean trasladados a su país. Un cambio en el sistema puede permitir que este tipo de corte marcial se realice en el lugar, de forma transparente, para reafirmar la legitimidad que ya he mencionado, que es muy importante. Recientemente, las Naciones Unidas hicieron un llamado para que se investiguen efectivamente los casos de abusos sexuales y dijeron que cada país debería nombrar a oficiales nacionales para que investiguen, en estas unidades de mantenimiento de la paz, los casos de mala conducta. Este llamado precisaba que las naciones debían tener oficiales de

¿Cuál es el vínculo entre la justicia militar y las operaciones de mantenimiento de la paz en las naciones involucradas? Como ya les he mencionado, no hay nada más serio que la legitimidad que deben tener estas misiones de mantenimiento de la paz. Si vemos el manual de contrainsurgencia (COIN) que tenemos, podrán apreciar que la palabra legitimidad se

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investigación y mantener uno por cada 300 soldados; estos oficiales, deberían ser personal legal o de otra especialidad.

Unidas, ya que vemos esto como un conjunto de herramientas que permiten también tratar con mayor énfasis los aspectos legales de las operaciones militares.

Muchas gracias por darme la palabra, yo estoy seguro de que este congreso va a tener un gran éxito, ya que hay 24 representantes de países reunidos para conversar y discutir estos temas. Esto en si ya testifica el interés de los países.

Finalmente, debo resaltar los mecanismos de despliegue transparente y eficaz que tienen un rol importante para asegurar el éxito de estas operaciones militares, porque se basan en la transparencia y en la legitimidad que aseguran el éxito de las operaciones en el mantenimiento de la paz. Muchísimas gracias por su tiempo y por dejarme hablar.

Deseo expresar, además, que desde la perspectiva de los Estados Unidos, seguiremos siendo el principal contribuyente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones

EXPOSITOR 2 CONTRALMIRANTE MARIO SÁNCHEZ DE BERNARDI (PERÚ)

Egresado como Alférez de Fragata en diciembre de 1979, calificándose posteriormente por actividad en Infantería de Marina y por orientación en ingeniería de sistemas. Ha servido y comandado diversas Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa. siendo las más importantes el de Comandante del Batallón Ligero de Infantería de Marina N° 3 en el Frente Ucayali, Comandante de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de Marina, Jefe del Departamento de Frente Interno de la División de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Director General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa y Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, cargo que ejerció hasta diciembre del 2013. Con relación a su experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz, en 1989 se desempeñó por un año como Monitor Militar de las Naciones Unidas en la Misión de Asistencia a la Transición a la Independencia de Namibia – África y en año 2003 fue Jefe del Departamento de Operaciones de Paz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En marzo 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas lo nombra Comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, cargo que ejerció hasta el 31 de diciembre 2010. Actualmente asesora al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en temas relacionados a Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Señoras y señores gracias por la presentación. En primer lugar yo quería agradecer al Fuero Militar del Perú y a la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra por esta invitación y por darme la oportunidad de difundir lo que son las operaciones de mantenimiento de la paz, no solamente de las Naciones Unidas sino de lo que estamos haciendo aquí en el Perú y en la región. Dentro de la región se ha convertido en uno de los nuevos y podría decirse principales roles que tienen las fuerzas armadas de la región, hay una activa participación de las diferentes misiones de paz. Para comenzar aquí un pensamiento del ex secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld: “El mantenimiento de la paz no es una tarea para soldados pero todos los soldados pueden hacerlo, porque los soldados estamos preparados para la guerra, estamos equipados para la guerra; pero también conocemos de los horrores que trae una guerra; entonces quien es el mejor llamado para el mantenimiento de la paz sino son los soldados”. Rápidamente vamos a hacer un recorrido por las Naciones Unidas. Seguramente muchos de los conceptos que vamos a ver aquí ya son de conocimiento de todos ustedes, sin embrago quería comentarles que el documento principal, la madre de las Naciones Unidas es la carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco en junio de1945, ratificada en octubre del mismo año, siendo el Perú uno de sus fundadores y de los participantes y firmantes de esta carta. En la actualidad las Naciones Unidas cuentan con 193 países miembros y todos los signatarios están sujetos a los artículos de esta carta. Asimismo podemos decir que la carta de las Naciones Unidas tiene precedencia sobre cualquier otro tratado internacional. Las Naciones Unidas como sabemos y para el tema que estamos tratando es la organización internacional que busca preservar a la sociedad del flagelo de la guerra y reafirmar los derechos fundamentales del hombre. El primer propósito para efectos de esta presentación es el primer artículo de esta carta en mantener la paz. Estos son los principales órganos de las Naciones Unidas: La Asamblea General integrada por los 193 países integrantes, la Secretaria General a cargo del Secretario General, quien se encarga día a día de las tareas de las Naciones Unidas en New York, el Consejo de Seguridad, con 15 países miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria que está desactivado ya hace unos años, pues no existe actualmente territorios que las Naciones Unidas deban administrar y, la Corte Internacional de Justicia, que para muchos países de la región, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ha sido importante debido a los casos que se dilucidan en él. Asimismo, quiero mencionar las agencias, programas y organismos que tiene las Naciones Unidas. Cualquier tema del que podríamos hablar: Sida, nutrición, mujeres, niños, género, desastres, etc., vamos a encontrar que las Naciones Unidas siempre tiene una agencia, un organismo o un programa que ve uno de estos temas. Para el efecto de lo que es mantenimiento de la paz, tres organismos están involucrados: La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Secretaria General. El señor Ban Ki-moon es el actual Secretario General de las Naciones Unidas y de acuerdo con sus funciones puede poner a

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disposición del Consejo de Seguridad cualquier asunto o materia que pueda constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

Unidas, a los convoyes cuando están desplazando ayuda humanitaria. Lo sucedido en Somalia y la ex – Yugoslavia son ejemplos de protección humanitaria. Otros conceptos que emplea las Naciones Unidas son la diplomacia preventiva, la implementación de la paz, la imposición de la paz, el mantenimiento y la consolidación de la paz.

Tenemos a la Asamblea General, que como ya hemos mencionado, tiene 193 países miembros, sesionan de diciembre a setiembre, lo que no quiere decir que en los meses siguientes no se haga nada, ya que para eso tenemos a las misiones permanentes en New York, que a lo largo del año trabajan en diferentes comisiones organizadas por las Naciones Unidas en diferentes temas. Algo en particular que se debe mencionar es que las decisiones de la Asamblea General carecen de obligatoriedad jurídica, a diferencia de las decisiones del Consejo de Seguridad que si tienen preponderancia y son de estricto cumplimiento.

De una misión a otra, es decir, de una imposición de la paz a otra de mantención de ella o a una consolidación de la paz, no hay un tiempo o un momento en que se para una misión y se inicia otra; más bien, hay un tiempo de transición y es uno de los temas que las Naciones Unidas está trabajando con mucho énfasis actualmente, sobre todo cuando se pasa de una misión de mantenimiento de la paz a consolidarla.

El Consejo de Seguridad es el principal responsable de la paz y la seguridad internacional. Tiene15 países miembros: 5 de los cuales son permanentes con derecho a veto; esto significa que basta que uno de estos países vete una resolución para que no se apruebe. A diferencia de las resoluciones de la Asamblea General, los Estados miembros tienen la obligación de cumplir con las resoluciones de este Consejo de Seguridad.

Estamos hablando de que los funcionarios de los tres componentes y de otras organizaciones que están en la misión del mantenimiento de la paz, muchos de ellos van a permanecer en el área de la misión cuando se cree la nueva misión de consolidación de la paz, para que haya esa continuidad de un tipo de misión a otra. Esto también es sabido por nosotros; las operaciones de mantenimiento de paz son lideradas por el Departamento de Campamento de Operaciones de Paz (el DPKO sus siglas en inglés). Ahora existe también otra organización que es el Departamento de Apoyo Logístico (DFS) que trabaja en paralelo con el DPKO.

Entrando ya en el tema de operaciones de paz, diremos que tenemos cuatro tipos de operaciones de paz: el cese al fuego y separación de fuerzas, el despliegue preventivo, los arreglos generales y últimamente la protección humanitaria durante los conflictos. ––

El cese al fuego y separación de fuerzas, como su mismo nombre lo dice, funciona sobre la base de un acuerdo entre las partes en conflicto. Consiste en supervisar acuerdos de cese al fuego para que la parte política de las Naciones Unidas y de las partes en conflicto puedan sentarse en una mesa de negociación para llegar a un arreglo. Quien habla, ha estado casi tres años de comandante de fuerza en Chipre y tuvo la oportunidad de ver cómo se desarrolla este tipo de operación de mantenimiento de la paz.

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Tenemos el despliegue preventivo, que tiene por objeto prevenir que la lucha se inicie y sirve como una medida de confianza que da una presencia tranquilizadora a todas las partes en conflicto.

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Las misiones de paz se implementan para crear las condiciones para una paz duradera en un país afectado por un conflicto; está integrada por personal militar, policial y civil, quienes trabajan para proporcionar soporte civil y político, así como apoyo temprano en la construcción de la paz. Una particularidad que siempre está presente en una operación de mantenimiento de la paz, es que las partes en conflicto tienen que estar de acuerdo con la intervención de las Naciones Unidas en el área de conflicto a diferencia de una imposición de la paz donde las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, con una resolución, no necesariamente tiene que tener la aprobación o el visto bueno de una de las partes en conflictos. Interviene normalmente, en una forma coercitiva, que puede ser económica pero normalmente por el uso de la fuerza militar. Las tareas que se cumplen en una operación de mantenimiento de la paz

Tenemos la implementación de arreglos generales. Pongo como ejemplo a Namibia, donde tuve la suerte también de ser monitor. Es una de las misiones más completas del componente militar que está involucrado en diferentes tareas: desarmes, inmovilización, destrucción de armas, programas de demolición de minas, retorno de refugiados y desplazados. Incluso nosotros, en Namibia, en los años 89 y 90, participamos en el proceso electoral que se llevó a cabo en esa época.

Vemos que desde las misiones de paz de los años 40 y 50 han evolucionado en situaciones cada vez más complejas, pues hoy se cumplen tareas diversas: patrullaje, ayuda humanitaria, elecciones, temas de familia, de mujer y de niños; son multidimensionales. Si hablamos de operaciones de paz multidimensionales, no solamente estamos hablando de los componentes militar, policial y civil; si no, también, podemos tener otras organizaciones de las Naciones Unidas como pueden ser refugiados, UNICEF, la FAO, etc. También pueden ser otras organizaciones que no necesariamente integran las Naciones Unidas,

Por último, está la protección humanitaria durante los conflictos de operación de paz, que se implementa a raíz de ataques que se le hacen a las mismas Naciones

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como la Cruz Roja Internacional, las Organizaciones no Gubernamentales, etc., por eso el término de multidimensional y este es un tema que se viene implementando, desarrollando y discutiendo para que todos los países miembros estén de acuerdo con las operaciones de mantenimiento de la paz robustas.

países miembros con diferente cultura, religión, raza, idioma, etc., y donde hay conflictos de violencia étnica, problemas de refugiados, conflictos de limitación de fronteras, etc. Entonces, no es fácil poner en marcha una misión de mantenimiento de la paz, en la que, normalmente, las operaciones están desplegadas en las zonas más inhóspitas e inestables en el mundo.

Cuando hablamos de operaciones de la paz robustas, estamos hablando de un mandato y reglas de enfrentamiento donde se autoriza el uso de la fuerza militar; ojo que no estamos hablando de una operación de imposición de la paz; esta sigue siendo una misión de mantenimiento de la paz, con autorización y visto bueno de las partes en conflicto, pero son robustas y se puede utilizar la fuerza; esa es la gran diferencia.

Quiero comentar también sobre algunos términos que se emplean en las Naciones Unidas, cuando hablamos de una misión híbrida. Actualmente, la única misión híbrida que tienen las Naciones Unidas es la de Darfur en Sudán. Ello es así, porque tenemos participando a instituciones de Naciones Unidas y también de la misión africana, con sus respectivos representantes y la combinación de fuerzas de ambas organizaciones.

Aquí, en este gráfico, actualizado hasta noviembre de 2015, podemos ver qué son las operaciones de paz actualmente: 16 misiones actualmente en cuatro continentes con poco más de 120 países miembros que participan, con componente, tropa y policía; con un presupuesto de 8.2 billones de dólares, que es el 0.5 % del monto que gastan los países del mundo en armamento de guerra, es decir.

La misión integrada es una misión de paz de la que ya habíamos comentado, cuando nos referimos a las fuerzas multidimensionales. La imposición de la paz, también ya lo hemos comentado un poco. En la imposición de la paz, las Naciones Unidas establecen, a través del Consejo de la Seguridad, medidas coercitivas, donde normalmente tenemos el empleo de la fuerza militar a través de la formación de coaliciones de países, como hemos visto en el Medio Oriente: los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia. La formación de una coalición obedece a una resolución de Consejo de Seguridad, que autoriza a intervenir en algún país en conflicto.

En el campo se tiene entre personal militar, policial y civil alrededor de 125 mil efectivos, y una de las misiones con mayor cantidad de efectivos, es la de la República democrática del Congo que tiene 26,211 efectivos. Mis respetos por el comandante de fuerza de esa misión, donde tiene que lidiar con semejante efectivo. En Chipre, quien les habla, tenía 860 efectivos de doce nacionalidades, pero en el Congo estamos hablando de un componente que debe tener miembros de 30 o 40 nacionalidades, todo un dolor de cabeza para el comandante, pero así son las operaciones de mantenimiento de paz: todo un reto.

Tenemos la consolidación de la paz, de la que también ya hemos comentado. Se establecen ciertas directivas y medidas para preparar al país o el área en conflicto, para que se gobierne solo y se retiren las Naciones Unidas. Estamos hablando desde todo punto de vista: político, militar, policial, judicial, etc., y para eso hay instituciones y funcionarios de la ONU que van a estar presentes en la misión de consolidación de la paz, para ayudar a los funcionarios de este país a solucionar sus problemas. Tenemos la protección de civiles, tenemos en muchos de los mandatos actuales de las diferentes misiones de mantenimiento de la paz el término protección de civiles, que está amarrado con las operaciones del mantenimiento de una paz robusta.

También quiero comentar, por lo interesante que es, que las Naciones Unidas tienen resoluciones de la Asamblea General, sobre la intención futuro, de mediano y largo plazo, de que los efectivos de las Naciones Unidas sean 50% mujeres y 50% hombres. Estamos todavía lejos de esta meta, pues actualmente, en los componentes militares, el promedio de participación femenina es de un 3% a 4%. En Chipre, donde yo estuve, era una de las misiones con mayor participación femenina, alrededor del 7% del componente militar era femenino. En la policía, los números cambian un poco, en los componentes policiales el promedio es de 20 a 23 %, aproximadamente.

En los mandatos, la protección de civiles es una de las tareas más importantes que tiene una misión y si es necesario, de acuerdo a las reglas de enfrentamiento, puede incluso emplearse la fuerza con tal objeto. En el mantenimiento de la paz robusta, como ya lo hemos comentado, el imperio de la ley o “rules of Law” es fundamental. Los funcionarios de las Naciones Unidas que ven la parte de la reorganización de la policía, la parte judicial, los temas penitenciarios, etc., ayudan a las nuevas autoridades en una operación de consolidación de la paz.

Estuve en Chipre de 2008 a 2010 y me relevó en el cargo un General chino, quién a su vez fue relevado por la Mayor General Kristin Lund de Noruega, quien es la primera oficial general mujer nombrada como comandante de la fuerza de una misión de paz, así es que esta señora está haciendo historia en las Naciones Unidas. Es la primera mujer nombrada al cargo de FORCE COMMANDER en una misión de paz de la ONU y es la comandante de fuerza de Chipre actualmente.

Otro aspecto que quiero comentar es que en todo mandato de una operación de mantenimiento de la paz siempre vamos a encontrar una regla de enfrentamiento, particularmente dirigida al componente militar. Hay algunos casos donde la

¿Es fácil implementar una misión de mantenimiento de la paz?, definitivamente no, dado que estamos hablando de 193

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misión tiene sus propias reglas de enfrentamiento establecidas en el mandato, pero hay países que a la hora de firmar su Memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas no se sujetan a reglas de enfrentamiento del mandato; sino que llegan con sus propias reglas de enfrentamiento. En el caso de Chipre, por ejemplo, el Reino Unido tenía su propia regla de enfrentamiento. El resto de componentes estaban alineados a la regla de enfrentamiento establecida por mandato.

Perú postulará nuevamente al Consejo de Seguridad en dos años más y pretende ser sede de ejercicios de paz. Sobre las misiones en las que el Perú ha participado, diríamos que entre los años 1958 y 2002, tuvo una participación insipiente, pero a partir de 2003 se empezó a trabajar en muchas otras misiones. El Perú está participando en el Congo, República Centro Africana, Sudán y cuando hablamos de Sudán, estamos hablando de tres misiones, porque esta Darfur, Yuan y Sudán del Sur, así como Costa de Marfil y Haití.

Entrando ya a la participación del Perú, en años anteriores a 2003, el Perú participó limitadamente en misiones de paz, por los problemas que creo que la mayoría del auditorio conoce, problemas de frente interno, terrorismo y frente externo con algunos países vecinos, pero que ya fueron solucionados. Sin embrago, en el año 2003, la política del Estado, el acuerdo nacional, la ley del Ministerio de Defensa, reglamentos de organización y funciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Institutos de las Fuerzas Armadas, recogen la disposición del Perú de participar en operaciones de paz, los planetas se alinean, hay una decisión política y a partir del 2003 el Perú comienza a trabajar con operaciones de paz, con mayor énfasis.

Esto es lo que está sucediendo actualmente, como ya se los había comentado, de mayo de 2011 hasta la fecha, el Perú ha participado con cerca de 3000 efectivos militares en diferentes misiones. Actualmente, la Compañía Perú que teníamos desde el 2004 en Haití se replegó en junio/julio del año pasado, pero se ha firmado un memorándum de entendimiento con Uruguay y actualmente seguimos enviando personal militar a Haití en un batallón binacional Perú- Uruguay. Esta es la forma de cómo mantenemos nuestra permanencia en Haití. Asimismo, en diciembre del año pasado fue desplegada una compañía de ingeniería de construcción y mantenimiento de aeródromos a la misión de las Naciones Unidas en la República Centro Africana y desde hace uno o dos meses, el Ministro de Defensa ha dispuesto que se conforme un comité de trabajo que está formulando la política nacional de participación del Perú en operaciones de mantenimiento de la paz.

Se trazan diferentes metas, como organizar un sistema de desarrollo de paz entre el Comando Conjunto y las tres instituciones castrenses; un comité intersectorial con los sectores directamente involucrados, en este caso los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior. Ahora les voy a comentar lo que estamos haciendo: ––

La creación del centro de entrenamiento y capacitación de operaciones de paz que se dio también en el 2003.

––

Mayor participación en ejercicios; el Perú ha participado y ha sido sede de diferentes ejercicios regionales y fuera de la región de operaciones de paz.

––

Una mayor participación en operaciones de paz. Actualmente el Perú está en 7 de las 16 misiones que tienen las Naciones Unidas desplegadas en el mundo. En dos de ellas, con contingente, una en Haití y otra en República Centro Africana, con una unidad de ingeniería que ha sido desplegada en diciembre del año pasado.

––

Ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Perú lo fue entre el 2006 y el 2007. El

Palabras finales. A pesar de todas las críticas que las Naciones Unidas han recibido a lo largo de los años, ya que muchos países han cuestionado el porqué de la existencia de la ONU, su papel en el mundo es importante. Todos los días un promedio de 26 mil niños mueren muchas veces por causas que pueden ser prevenidas; se estima que alrededor de 20 millones de niños han quedado huérfanos de padres que murieron por Sida y uno de cada 6 niños, entre cuatro y catorce años, son explotados por trabajo infantil; 1.5 billones de niños viven en países de violencia y conflictos de alta intensidad, hay 32 millones de refugiados y/o desplazados, de los cuales el 80% son niños y ancianos y más del 75 % de niños no tendrán nunca en su vida la oportunidad de ver un aula de clases. Todo esto es preocupación de las Naciones Unidas y yo creo que hace de este mundo un mundo mejor. Muchas Gracias.

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persecución judicial y política a los miembros de las fuerzas armadas?

Agradecidos de tan importante participación pasamos a la parte de preguntas:

Para asegurar el uso de la fuerza de manera eficiente, sin generar persecución política o legal, lo que entiendo, es que si estamos en un ambiente de mantenimiento de la paz debemos tratar de utilizar la menor fuerza posible. No estamos ahí para romper cosas o matar gente, gran parte del mantenimiento de las operaciones de paz no tiene esa naturaleza ofensiva si no defensiva más bien, entonces, si vamos a restringir el uso de la fuerza vamos a asegurarnos que se entienda cual es la intención. Segundo, que los soldados entiendan (hasta el soldado que está de guardia) que si se quiere asegurar un buen trabajo, debe asegurarse de que se capacite a la gente de manera diligente. No estamos ahí para herir gente, romper cosas si no para ayudar a asegurar la legitimidad del gobierno, del estado de gobierno y reducir la violencia que ya se está dando en el país. Entonces el uso de la violencia debe ser medido, disciplinado y debe ser bastante controlado.

Almirante Debernardi ¿Qué aspectos deben fortalecerse en las Naciones Unidas, en su papel de mantenimiento de la paz o podríamos asumir que no existen debilidades? No hay ninguna organización en el mundo, incluyendo a las Naciones Unidas, que sea perfecta, yo creo que las Naciones Unidas tienen un problema particular cuando implementan una misión. Yo lo digo con experiencia, yo quisiera contestar con un comentario de mi experiencia. Nosotros, cuando llegamos a Namibia en el año 89 como monitores militares, no éramos contingente; es decir, viajábamos con nuestro uniforme, sin armas, con nuestro cepillo de dientes y nuestra crema de afeitar. Cuando llegamos nosotros no habían llegado todavía los contingentes militares que eran quienes tenían que dar soporte a la misión. Posteriormente llegó un contingente de Finlandia, que tenía equipos muy modernos y que nos apoyó muchísimo pero hasta el momento en que llegó el contingente de Finlandia, se instaló y rompió la inercia, pasaron varias semana; nosotros teníamos que salir de patrullaje inmediatamente y las Naciones Unidas no tenía camionetas 4 x 4, venia una donación de Japón, una cantidad importante de camionetas 4 x 4, entonces las naciones unidas tuvieron que alquilar vehículos sedan, es decir, esos carros que circulaban por la ciudad, nos dieron unas calcomanías grandes que decían UEN, los pegábamos en el capote, en la puerta y con eso comenzábamos a patrullar en las carrozables; cuando llegaron las 4 x 4 y teníamos que devolver los carros, les digo esos carros estaban para votarse a la basura, ya no servían para nada, porque imagínense todos los días patrullar en un carro Sedan. Entonces esas son las limitaciones que tienen las Naciones Unidas al inicio de la misión, una vez que la misión está bien encaminada las cosas mejoran muchísimo.

El uso de la fuerza excesiva claramente puede dañar los esfuerzos en el país y realmente debe reducirse el tipo de juicios legales. Cuando se da esto hay que ser justos y objetivos con la respuesta, pero hay que tener una respuesta. Hay que asegurarse que una transgresión o el uso excesivo de la fuerza no pasen sin castigo. La disciplina es importante para que los ciudadanos entiendan que cuando los miembros del cuerpo hagan una transgresión van a ser responsables y por lo tanto tienen que tener una línea de rendición de cuentas para este tipo de cosas en estas misiones. Almirante Sánchez ¿Un casco azul en qué condiciones puede emplear fuerza letal, y según su experiencia cuál sería su evaluación de las misiones de paz en las que ha participado el Perú hasta el momento? Como lo mencione durante la presentación, las condiciones están establecidas en el mandato de cada misión, cada misión va a tener sus propios mandatos de enfrentamiento y ahí van a estar establecidas las situaciones en las cuales el personal militar puede hacer uso de las armas. Normalmente, cuando el mandato habla de protección de civiles y estos estuvieran en peligro, ese sería uno de los motivos para hacer uso de la fuerza. La segunda es la defensa propia de uno y de las propias instalaciones, normalmente, estas son dos de las condiciones, pero ninguna de las misiones de las Naciones Unidas es igual a la otra. Entonces hay que ir al mandato y ser muy específico en lo que dice la regla de enfrentamiento de ese mandato.

Puedo comparar con Chipre, años más tarde llegué a Chipre como comandante de fuerza a una misión que tiene más de 50 años, cuando yo llegue todo absolutamente todo estaba escrito, no había nada que inventar, que crear, que escribir; igual hacíamos algunas cosas, revisábamos los P.O.S, los actualizábamos; pero estaba tan bien instalada e implementada la misión que en realidad no teníamos mayores problemas. Entonces esa sería la principal limitación que tiene las Naciones Unidas, porque por otro lado, como hemos visto en la presentación, de hecho las Naciones Unidas son todo un submundo con un montón de programas, de organizaciones, de instituciones, etc., bastante complejos, entonces vuelvo a repetir, yo creo que la parte logística de cualquier iniciación de misión es el principal problema que tiene la ONU.

Sobre la segunda parte de la pregunta en cuanto a la participación de Perú en operaciones de mantenimiento de la paz, voy a contestar desde mi experiencia personal. Estoy involucrado en el tema de operaciones de paz desde que era teniente 1° en el año 89, cuando fui a Namibia, pero la mejor experiencia fue en el 2008 – 2010 como comandante de fuerza. Siendo comandante de fuerza durante los años 2008, 2009 y 2010, en el mes de agosto de cada año, las Naciones

General Wilson: ¿En su opinión, cómo debe garantizarse el uso de la fuerza para que esta sea eficaz y no genere la

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Unidas citan en New York a los comandantes de todas las fuerzas, de las 15 o 16 misiones que estén en vigencia en ese momento. Participé en tres reuniones y además de recibir directivas del DPKO, de tener una reunión con el Consejo Regional y con el Secretario General, también aprovechábamos el tiempo para intercambiar ideas, experiencias de nuestras propias misiones.

el personal peruano que yo tengo en mi misión es de lo mejor. Los tres generales brasileros en Haití que yo conocí, me decían que el contingente peruano era su reserva, aquí donde casi todos somos militares, sabemos que la reserva siempre es la mejor fuerza que tiene un comandante de fuerza, es como un as bajo la manga. Entonces el contingente peruano en Haití era la reserva del comandante de fuerza, esa es la visión que tiene las Naciones Unidas de la participación del Perú en las operaciones de mantenimiento de paz.

Aquí viene la respuesta, con mucho orgullo les puedo decir que todos los generales que tenían personal peruano en sus misiones se me acercaban a felicitarme y me decían:

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SEGUNDA CONFERENCIA

Derecho Internacional Humanitario: El Estatuto de Roma y los avances de la Corte Penal Internacional Moderador Coronel EP HERBERT VIVIANO CARPIO (PerÃº) Director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas.

EXPOSITOR 1 DR. FAUSTO POCAR (ITALIA)

Nació en Milán, un 21 de febrero. Es docente de Derecho Internacional y presidente del Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo desde el 2012. Se graduó Cum Laude por la Universidad de Derecho de Milán. Ha sido abogado y árbitro en diversos casos nacionales e internacionales. Tiene el cargo de Jefe editor de la Revista de Derecho Internacional Privado y Derecho Procesal. Finalmente, es autor de diversos libros como La asistencia judicial internacional en materia civil (1967), El ejercicio no autorizado del poder del Estado en territorio extranjero (1974), entre otros, así como más de 150 artículos y ensayos sobre Derecho Internacional Público y Privado, publicados en diversos medios nacionales y extranjeros.

Para comenzar, quería agradecer con todo mi corazón, por la invitación que se me hizo para venir a Lima, a este Congreso de Derecho Militar. Quiero, en particular, agradecer al General Juan Pablo Ramos Espinoza, Presidente del Fuero Militar y al General Jan Peter Spijk, Presidente de la Sociedad de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra. El Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto de Roma y el progreso de la Corte Penal Internacional (CPI), son temas bastante amplios, especialmente, el tema del Estatuto de Roma, pero no voy a entrar en muchos detalles. Me gustaría enfatizar que siempre ha habido un nexo bastante estrecho entre la Corte Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional Humanitario siempre ha hecho referencia a la Corte Penal Internacional, para definir los tipos y también los modos de responsabilidad que puedan existir con respecto a los crímenes. Por ejemplo: hemos visto el caso de los juicios de Núremberg, donde la Carta de Londres de 1945, enumeraba los crímenes de guerra pero no definía sus elementos. Esta definición estaba abierta. En particular, era responsabilidad de la Corte evaluar la escala de penas aplicable con respecto a los crímenes de guerra y una de las averiguaciones principales que se hizo aquí, era identificar quienes eran las víctimas o quienes las personas protegidas, porque esta era la base para determinar muchos de los crímenes de guerra. Por supuesto, depende de la participación directa en las hostilidades, que es muy importante para la identificación y aplicación de los principios básicos. Los principios básicos forman la base de los crímenes antes que la definición. La Convención de Ginebra fue muy imprecisa para configurar una escala de crímenes de guerra, pero aun cuando hayan sido tratados generalmente, se reconoce que ha ayudado al desarrollo del Derecho Internacional. En la Convención de Ginebra no hay una definición de crímenes de guerra, de los elementos de estos crímenes y de las responsabilidades que ello conlleva. El régimen de esta Convención se basa en una lista de crímenes que han sido presentados en la Corte, pertenecientes a casos domésticos y se limitan a la evaluación de casos. Entonces, he tratado de completar estos vacíos que podrían existir en la Convención de Ginebra, en la definición de los crímenes y crímenes de guerra, que son muchos. Encontramos muchos vacíos y se hace referencia otra vez a vacíos que pueden ser de Derecho Humanitario o de Derecho Penal. Esta definición será dada por el Estado. Lo mismo se aplica a los Protocolos Adicionales de 1977, que tampoco contienen una gran legislación; entonces, no sirve de mucho desde el punto de vista de la ley penal. Si no sirve de mucho para los Estados, quiere decir que no tendría un gran impacto en el Derecho Penal Internacional. Ciertos acuerdos requieren de modificaciones, aun cuando para este tipo de ley no se logra al 100%. La Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas tuvo la tarea de evaluar los elementos de estos crímenes basados en esas normas, pero no pudo realizarla por mucho

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tiempo debido a distintas dificultades. No se hizo una evaluación de la ley humanitaria internacional, no fue hecha por un cuerpo independiente y la solución que dio el Consejo de Seguridad fue como la de los asesores en la Carta de Londres: dejar que los tribunales evalúen este Derecho Internacional y que lo apliquen caso por caso respecto a estos crímenes.

anteriormente; no obstante, hay un compromiso establecido en el Estatuto, en el inciso a) del artículo 21, en el sentido que en primer lugar se aplica el Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba. También hay un segundo punto, la letra b) del citado artículo, que precisa, que cuando proceda, la Corte podría utilizar los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos por el Derecho Internacional de los Conflictos Armados. El Estatuto no explica hasta qué punto, dice donde sea apropiado, pero los que están familiarizados mínimamente con este documento, saben muy bien que casi todas las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas comienzan con párrafos que dicen: “donde sea apropiado”, básicamente, no indica que es un proceso donde los Estados hacen lo que les plazca.

De manera muy elocuente, el Secretario General de las Naciones Unidas mandó los estatutos en borrador para que fueran adaptados y de forma cándida dijo que los tribunales deberían aplicar los derechos internacionales, especialmente, el Derecho Internacional Humanitario. El Tribunal debería hacer la evaluación pero tendría que haber leyes y reglas que se acepten y que sean vinculantes. Hemos encontrado una referencia al Derecho Internacional Humanitario en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para traer a la jurisdicción de la Corte violaciones que ocurren en conflictos armados no internacionales, que eran más o menos como el conflicto de la antigua Yugoslavia. Había conflictos internos que tenían más víctimas que los conflictos internacionales, como los casos de Bosnia y Eslovenia. Fue crítico para los tribunales poder manejar estos grandes vacíos respecto a las violaciones, sin tener que utilizar una advertencia de la Comisión de Ginebra, que estas violaciones pudieran pasar y que ocurren en conflictos no internacionales; de lo contrario, toda actividad de la Corte hubiese sido imposible porque estaba fuera de la jurisdicción, pero sabemos, en los casos que se decidieron, que esta referencia al Derecho Internacional podría incluir derechos comunes del artículo tres común a los Convenios de Ginebra, que es otro tipo de ley y que posiblemente sean las reglas que se den con respecto a las violaciones, que son tan serias, como los vacíos que se encuentran en la Convención de Ginebra.

El problema es que en el principio decidieron aferrarse, particularmente, al Derecho Consuetudinario, que viene siendo aplicado por otras Cortes, que probablemente esta fue una posición que inicialmente podría haberse entendido, aun cuando era más seguro basarse en la ley escrita, pero esto podría haber llevado a cierta fragmentación hecha en el momento del monitoreo de la aplicación que se estaba haciendo ex post. Para darles un ejemplo, en el primer caso que se vio en la Corte Penal Internacional sobre el uso de niños en la guerra, podemos ver que en esa decisión la Corte no le dio la verdadera interpretación al Estatuto, al ignorar que sobre el tema hay por lo menos tres circunstancias que apreciar: ––

El reclutamiento voluntario

––

El reclutamiento obligatorio

––

El uso de niños en la guerra, entre otros.

La Corte interpretó en forma bastante amplia el asunto, teniendo en cuenta la responsabilidad de aquellos que hacían uso de niños en la guerra y queriendo expandir esa responsabilidad. Cualquier uso, inclusive algunos que no constituyen la participación en las hostilidades, podrían haber sido utilizados para poder proteger más el mecanismo criminal, aumentando la responsabilidad del presunto autor, no respetando el sentido que le da el Estatuto. Si decimos que participa en las hostilidades, estamos refiriendo que es parte beligerante, por tal motivo, hubo bastante preocupación de las organizaciones, al entender que al hacer eso, podrían haber aumentado la responsabilidad penal y permitido que esa responsabilidad se determine fácilmente, pero no estaban velando por los intereses de los niños, al darle prioridad a una protección ex post, cuando hay que priorizar la prevención. Eso es simplemente para mostrar que algunas veces no se está refiriendo o no va a tener la obligación de aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y eso no es una buena idea.

El Derecho Internacional Penal siempre hace referencia al Derecho Internacional Humanitario y el régimen de los crímenes de guerra viola esta ley de Derecho Internacional y también viola ciertos aspectos de la ley de Derecho Internacional Humanitario. Por supuesto, hay nuevos crímenes que se adoptan, pero, esencialmente, estos crímenes, estas violaciones, forman parte de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario. El verdadero cambio en el sistema ocurrió con el Estatuto de Roma, en el año 98, porque en lugar de referirnos al Derecho Internacional, el Estatuto quería codificar las reglas, quería codificar los crímenes basados en la organización de la ley internacional, pero no necesariamente dentro de ella, porque cuando un grupo de Estados se juntan y redactan el texto de un tratado, es inevitable que no se realice una evaluación seria, porque está el interés de algunos Estados que quieren usar la jurisdicción en ciertos casos y extender la misma en otros. La Conferencia quiere hacer un acuerdo para poder aceptar un denominador mínimo común de ciertas prohibiciones, pero no tenemos esta flexibilidad que podría tener la Corte para interpretar el Derecho Penal de forma progresiva, como hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El enfoque empezó a cambiar en el juicio de Katanga, que permitió la posibilidad de aplicar el artículo 31, c, de la Convención de Viena y referirse a otras reglas relevantes que podrían ser aplicables para ambas partes. En este juicio, el Juez

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decidió referirse al Derecho Consuetudinario o a otros casos vistos en otras jurisdicciones criminales internacionales, que de manera indirecta también se refieren a un Derecho Consuetudinario. Solamente las decisiones más recientes de la Corte, como las del juicio de Jean Pierre Bemba Gombo, que se vio en marzo de este año, confirma, de una manera más clara, la posibilidad de considerar en la Corte y los tribunales ese Derecho, como un medio de interpretación de los Estatutos de Roma.

El uso de esta metodología es para las distintas interpretaciones y determinar hasta qué punto se puede utilizar, pero definitivamente se refiere al Derecho Internacional Humanitario con relación al Derecho Consuetudinario. Por limitaciones de tiempo, quiero también referirme, brevemente, a las dudas que se tiene sobre algunas doctrinas aceptadas normalmente en el Derecho Internacional, especialmente, con relación a la responsabilidad de los comandos o los comandantes por crímenes cometidos por sus subordinados, que, como ustedes saben, es un tema difícil, y ha dado lugar a varios puntos de vista expresados sobre el mismo. Todo esto, en relación con la disposición que se encuentra en el Estatuto, respecto a que el comando militar es responsable por las inconductas cometidas por la fuerza bajo sus órdenes y bajo su control, como resultado de su falla en ejercer el control de manera apropiada sobre dicha fuerza. Entonces surge la pregunta, si el comando militar había conocido o si estaba en conocimiento de los hechos para haber evitado el crimen.

La Corte establece claramente en este caso, que este enfoque de considerar los casos vistos en otras cortes, tiene la ventaja de asistir a los jueces e identificar las reglas o las relaciones del Derecho Consuetudinario, para de esta manera, utilizarlo como una fuente subsidiaria de Derecho, pero también fue más allá y dijo, que esto también podría servir no solo para llenar las brechas y vacíos del Estatuto, sino, también, para asistir en la interpretación del Derecho o la ley aplicable y sus elementos. Lo que la Corte dijo es que ambos enfoques, incluyendo las interpretaciones posibles y el enfoque de decidirse caso por caso en base a las circunstancias, son importantes. El enfoque de la Corte es prudencial, porque establece que uno no debe utilizar la interpretación para reemplazar la ley que sea aplicable por el Derecho Consuetudinario, sino que debe ser utilizado solamente como un medio de interpretación. Sin embargo, esta es una decisión importante que tiende a agrupar el sistema y a tener otro más coherente, en términos de Derecho Penal y de Derecho Humanitario.

Antes de concluir, quiero mostrarles cómo tenemos que ver cuál es la base de la interpretación del Derecho Internacional Penal que sigue siendo la base del conocimiento, este conocimiento también está relacionado con la base del Derecho Humanitario Internacional que también es básico para el Derecho Militar y está relacionado con las responsabilidades. Muchas gracias.

TEMA

Papel de la Comisión Nacional de Estudio y aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH) EXPOSITOR 2 EMBAJADOR JUAN JOSÉ ÁLVAREZ VITA (PERÚ) Juan José Álvarez, es embajador de carrera en el Servicio Diplomático de la República, lingüista e historiador, estudió Derecho e Historia en las Universidades de San Marcos de Lima y Católica del Perú; y Diplomacia en las Academias Diplomáticas del Perú y de Austria. Tiene grados de maestría y doctor calificados “Summa cum laude”. Como diplomático ha representado al Perú en la Argentina, Hungría, Austria, Suiza, Naciones Unidas (Viena, Ginebra y Nueva York), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con sede en Montevideo; Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental y fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN). Tiene una vasta trayectoria en derechos humanos. Ha sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A título personal, ha integrado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano más importante de la ONU encargado de supervisar esos derechos humanos. Es profesor universitario en el Perú y en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza en la que integra su Consejo Científico. Es autor de 12 libros de carácter histórico, lingüístico y jurídico. Cabe destacar su Diccionario de Peruanismos. El habla Castellana del Perú, coeditado por la Academia Peruana de la Lengua y la Universidad Alas Peruanas. Nuestro país le ha conferido la más alta distinción que otorga: La Orden El Sol del Perú. Ha recibido también distinciones de otros países. Es Director General de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH.

Muy buenos días, como es de estilo, debo agradecer a todos por la invitación, que además coincide con un encuentro muy grato con el Dr. Fausto Pocar, con quien nos conocimos hace muchos años en Ginebra, cuando el integraba el comité de Derechos Humanos, es decir, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y yo integraba el comité gemelo, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos entes de las Naciones Unidas, están encargados de la supervisión del cumplimiento de esos tratados por los Estados partes. Compartimos hace poco, el Dr. Pocar y yo, una entrevista con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y es grato volverlo a ver aquí sentado, gracias a la invitación de nuestro querido amigo y Director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar. El tema que nos ocupa hoy día parece muy simple, sin embrago, es de una complejidad enorme porque intervienen aspectos propios del Derecho Internacional Público, sumados a los aspectos del Derecho Constitucional de cada país y, como son temas muy sensibles, también inciden en aspectos de carácter político. No se ha llegado a tener un consenso completo en la comunidad internacional en lo que se refiere a muchos tratados de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma no es una excepción, lo que explica que este tribunal haya tenido una larguísima gestación. El día 9 de diciembre de 1948, es decir, un día antes de la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas aprobaron la Convención Internacional contra el Genocidio, que establecía que los responsables de la comisión de delito de genocidio tenían que ser sometidos a juicio en una corte internacional, lo que pasó es que simplemente esa corte internacional no existía, no fue creada por esa convención internacional. De allí viene una gestación, en uno de los embarazos más largos de la historia en el campo de los Derechos Humanos, como ha sido llegar al momento de la aprobación del Tribunal Penal Internacional. Durante muchísimos años, el primer país que solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se empezara a dar forma a la idea de un tribunal internacional, fue un país de dimensión muy pequeña, que está en el Caribe, me refiero a Trinidad y Tobago. El pedido fue procesado y derivado al Congreso Internacional para la presentación de los proyectos, luego se presentaron contraproyectos y el asunto se dilató. La política no solo funciona en el ámbito interno sino, también, en el terreno internacional y en el año 2000, después de 52 años de gestación, se aprobó la conformación del Tribunal Penal Internacional, por lo que pueden ustedes ver que el desarrollo histórico de este proceso fue bastante complicado. Los gobiernos han cambiado, las generaciones han cambiado, han cambiado las situaciones internas en cada país, Estados que tenían situaciones conflictivas hoy día ya no las tienen; otros Estados, en cambio, si las tienen y deben afrontar estas cuestiones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que empieza a rosar, a juntarse, con el Derecho Internacional Humanitario, que comúnmente se conoce como el Derecho de la Cruz Roja.

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A todo esto, las reuniones internacionales para llegar al texto que finalmente hoy día conocemos, han escrito prácticamente mucho de la historia de las Naciones Unidas. Existía el criterio, frente a la responsabilidad internacional de las violaciones de los Derechos Humanos, de que solo los Estados eran responsables de las violaciones. Costó mucho trabajo ir introduciendo el criterio de que no solo los Estados violaban los Derechos Humanos, sino también los particulares, grupos de terroristas organizados que, no se puede negar, violan los Derechos Humanos en todos los países donde hay terrorismo. Esto se ve con absoluta claridad y, cuando hay terrorismo, se ven afectados los derechos civiles y políticos, se ve afectado el derecho a la vida del ser humano, y también los derechos económicos, sociales y culturales.

disculpas, pero es una innovación muy reciente en nuestra lengua y que va contra los dictámenes de la Real Academia de la Lengua y yo, que por naturaleza estoy muy metido en la lingüística, tengo problemas para asimilar este tipo de usos contemporáneos. Volviendo al tema, este principio de la jurisdicción universal está incluido en el Tribunal Penal Internacional. Uno de los puntos más importantes es que la Corte tiene competencia con respecto al delito de genocidio, tipificado como los delitos que han sido cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Este enunciado es la reproducción prácticamente textual de lo que establece la convención contra el genocidio de 1948, es decir, el Tribunal Penal Internacional y el Estatuto de Roma se han nutrido de todas las figuras jurídicas que se han ido gestando a lo largo de los años y sumando, además, un elemento que puede complicar muchísimo las cosas y es el tema de la costumbre internacional.

El Tribunal Penal Internacional tiene, para mí, un vacío, que a luz de la evolución que se había producido a lo largo de los años hasta el año 2000, no era tolerable, y es que no consideró las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Se habla por ejemplo de la protección del medio ambiente, pero un violador del derecho al medio ambiente no cae dentro de la competencia de esta corte y si debería estar. Esto hoy en día también se considera un crimen que puede ser cometido por empresas particulares, personas particulares y en otro caso por el Estado mismo, pero dejando de lado este vacío que encontramos, el Tribunal Penal Internacional establece una serie de obligaciones para los Estados que son parte en esta convención internacional; allí se hace una tipificación de lo que se consideran delitos; pero tendríamos que retroceder un poco a la aprobación de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos Crueles, inhumanos y Degradantes, cuyo artículo sexto se conoce como de la Jurisdicción Universal. Imagino que los abogados aquí presentes dirán: no aquí en el Perú no hay jurisdicción penal internacional, porque los códigos establecen el principio de la territorialidad, en cuanto a la comisión de un delito, entonces, un juez podría decir: “yo no tengo competencia para juzgar un delito cometido en otro país”; sin embrago, la convención contra la tortura sí lo establece.

La costumbre internacional es una fuente en el derecho internacional y a veces para dictaminar cuál es esa costumbre, si tiene un carácter universal o un carácter local y como poder aplicar eso, también genera debates jurídicos muy grandes. El segundo punto es de los crímenes de lesa humanidad que comprenden las acciones que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El tercer punto son los crímenes de guerra que son las infracciones graves en las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales o que no sean de índole internacional, como parte de un plan o política de la comisión en gran escala de tales crímenes y se señala que el crimen de agresión deberá definirse de acuerdo con los artículos 121 y 123 del Estatuto de Roma, luego, los delitos contra la administración de justicia que comprenden el dar falso testimonio, presentar pruebas falsas o falsificadas, corromper a testigos o tomar represalias contra ellos, poner trabas o intimidar o corromper a un funcionario de la Corte, tomar represalias contra los funcionarios de la Corte y solicitar o aceptar sobornos. Entonces, vemos las posibilidades que son contempladas por el Estatuto de Roma y se establecen, además, las penas aplicables, el mínimo y el máximo que puede tener la tipificación de un determinado delito.

Ustedes recordarán el caso del General Pinochet, que encontrándose en Gran Bretaña, un juez español le abrió un proceso y la Sra. Margaret Thatcher hizo todo lo posible para que pudiera salir, a primera hora del día, en un avión con destino a Chile. Los tribunales ingleses atendían a partir de las 10 de la mañana, y cuando abrieron sus puertas, ya no se podía entablar ninguna acción contra Pinochet, porque estaba ya el avión volando hacia América del Sur. Esto es un poco la historia más o menos reciente, pero el asunto de jurisdicción universal es todavía una idea poco asimilada por los hombres y mujeres de leyes. Estoy utilizando el lenguaje inclusivo, porque no quiero que me vayan a calificar de machista, aunque yo creo que simplemente una palabra en masculino incluye también a las mujeres; por mi parte, no hay ningún sentimiento de discriminación contra nadie y menos contra las mujeres, entonces, si en algún momento de mi disertación no he incluido al género femenino, les pido

También se establece la reparación a las víctimas y cuando se aplica la llamada competencia temporal, cual es el derecho que se va a aplicar y varias cosas que quisiera señalar. Los principios generales del Derecho Penal aplicables son la cosa juzgada y el principio del Nullum crimen sine lege. Si tenemos el asunto juzgado a nivel interno, se puede decir, si ya se juzgó ya no tiene la corte la capacidad para juzgar otra vez. Este es un problema que se presenta en muchísimos países. Si no hay una ley previa que tipifique un delito, entonces la corte no es competente y también se prohíbe la irretroactividad. El tema de la irretroactividad preocupa a muchos Estados, porque hay antecedentes en el Derecho Internacional, como el caso del célebre proceso de Núremberg. En ese

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momento no se había creado el Tribunal Penal que se menciona en la Convención sobre Genocidio en el año 1948, tampoco se había establecido a nivel internacional la tipificación de los delitos por los cuales los acusados durante el proceso de Núremberg comparecieron ante ese tribunal que funcionó en esa ciudad. Las consecuencias de ese tribunal, es decir, los efectos que causaron sus decisiones todavía los estamos viviendo.

Aquí en el Perú el tema de las disposiciones de la Corte no hacen diferencia de quienes pueden ser procesados por la Corte, algo que atemoriza mucho a las autoridades es que se dice nítidamente, con toda claridad, que pueden procesar a un Jefe de Estado, que pueden procesar a un Jefe de Gobierno, podrían procesar también a un Monarca, podrían procesar a cualquiera que pueda tener una acusación. Ustedes recordaran el caso de Fidel Castro, cuando un juez dijo si Fidel Castro sale de Cuba abriremos un proceso para establecer la Jurisdicción Universal y obligaremos a que sea juzgado por nuestro país. Desde entonces, el presidente Fidel Castro dejó de viajar al exterior, por temor a que se le aplique las normas del Tribunal Penal Internacional. Esto no quiere decir que yo esté asegurando que Fidel Castro haya cometido violaciones en este caso, no, esto se lo dejo a la política porque no quiero hacer ningún tipo de política internacional ni interna.

Al mencionar todo esto, no puedo dejar de referir otro asunto concretamente del Perú. De acuerdo con nuestra Constitución, los tratados pasan a formar parte del derecho interno del Estado, es decir, no es solamente un Derecho internacional si no también Derecho nacional. Se ha generado una serie de obligaciones para el Estado Peruano, sin embargo, 16 años después de la aprobación de la convención que creó el Tribunal Penal Internacional, todavía, aquí en el Perú, no se ha podido cumplir con la dación de normas de Derecho interno, tal como lo establece la convención y no se ofrezcan problemas o dudas en el momento de la aplicación de la misma. Si es así tal como la constitución lo dice y específicamente sobre el tema de derechos humanos, estos tratados tienen la misma categoría legal que la constitución. Entonces, el Perú que hasta el día de hoy no ha podido concluir sus funciones de expedir una legislación interna, está incumpliendo el tratado y al mismo tiempo disposiciones de carácter interno, porque el tratado ha pasado a ser parte del Derecho nacional. Precisamente, esta mañana, cuando conversaba con el Dr. Fausto Pocar, le decía que el problema del monismo y del dualismo, que en una época se pensó que ya estaba completamente superado o de que ya no tenía vigencia, sigue influyendo, porque no llega todavía a calar en la conciencia de los hombres y mujeres de leyes, cuando se está hablando del Derecho internacional y cuando se habla del Derecho interno, sin saber qué es exactamente lo mismo.

Otro aspecto que quisiera mencionar es el de la evolución que ha habido desde los últimos 16 años aquí en el Perú. El Perú participó de manera bastante activa en la redacción de la convención; sin embargo, cuando ya se iba a suscribir, el gobierno de aquel entonces retiró los plenos poderes a nuestra embajadora en Italia, que le habían sido otorgados para firmar la Convención. Esto tiene que ser analizado con lo que sucedió después. En el Congreso se presentaron algunas propuestas, que a la luz del Derecho, eran inaceptables; uno podía decir este congresista no conoce nada de Derecho, o este congresista no tiene ningún buen asesor, o hay una intención política de enredar las cosas, todo esto lo dejo a la reflexión de ustedes. Cuando terminó ese gobierno, el nuevo gobierno siguiente firmó el tratado y se empezó un proceso que todavía no ha terminado. Quisiera referirme concretamente a la posición de los Estados Unidos con respecto a este problema de la Corte Penal, los Estados Unidos firmaron la convención pero no ha sido ratificado. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, Estados Unidos no puede hacer algo que vaya contra la Convención; sin embrago, cuando cambió el gobierno norteamericano hicieron una declaración de que Estados Unidos no se sentía obligado a cumplir con la Convención por la sola firma; es decir, no se había cumplido con el procedimiento de que el congreso norteamericano lo aprobara.

Si bien tenemos estos problemas nosotros, deberíamos considerar también la parte que se relaciona con las reparaciones. Los Estados están obligados a resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin embargo, a los que cometen o son los responsables de esa situación, muchas veces, la reparación civil que tienen que pagar no la pagan, entonces, al final, como una pregunta y reflexión para todos ¿Quién realmente está pagando esas reparaciones? Nosotros, digo todos nosotros, porque se supone que todos pagamos nuestros impuestos, ya sea porque vamos directamente a un banco a pagarlo o porque nos lo descuentan, pero el dinero sale de toda la colectividad.

Estados Unidos envió una serie de misiones diplomáticas para que se firmaran acuerdos bilaterales con el propósito de que sus ciudadanos no pudieran ser puestos ante la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Eso se explica por la jurisdicción universal, por la que cualquier juez puede ordenar la detención y procesar a una persona, en cualquier país del mundo donde esté. Vino una misión importante y se conversó muchísimo para que el Perú se adhiriera a estos criterios y se firmara un tratado con Estados Unidos. El gobierno peruano no aceptó, dijo que eso atentaba contra su soberanía, que esto no tenía que ver nada con un gesto

¿No tendría que buscarse también un método efectivo para que los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos sean los que verdaderamente paguen sus sanciones y no castigar a la sociedad completa? Eso no significa que debe dejarse a las víctimas sin ningún amparo, pero por justicia y por equidad, esto tendría también que ser considerado en estos aspectos.

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inamistoso con los Estados Unidos, pero lo cierto es que Estados Unidos ha conseguido que una serie de países suscriban esos tratados bilaterales.

Naturalmente, falta un poco de entusiasmo en la Corte, como la que existía en los primeros jueces y fiscales del Tribunal para la antigua Yugoslavia, que en una situación difícil crearon una jurisprudencia nueva. No hay hasta el momento un “leading case” (fallo o decisión importante) de la actual Corte, que pudiera crear una jurisprudencia nueva. No tengo una respuesta concreta pero es cierto que la credibilidad de la Corte, al no actuar de manera eficiente, será un problema.

Finalmente, quiero decir que hay una comisión nacional que se encarga de la aplicación del Derecho Penal Humanitario aquí en el Perú, que está presidida por el Ministro de Justicia, pero que no ha entrado en asuntos vinculados con dar la legislación adecuada, porque eso corresponde al parlamento. Muchas gracias por su atención.

¿Podría ampliar el tema de la jerarquía de los Tratados Internacionales sobre la constitución? (Embajador Álvarez Vita) Me parece que está en el artículo 103 de la Constitución. En todo caso es el capítulo de los tratados, donde se señala claramente que los tratados internacionales ratificados y en vigor forman parte del Derecho nacional; además, esa disposición tiene que relacionarse con una de las disposiciones transitorias a la Constitución. La cuarta, que dice que todos los Derechos Humanos contenidos en la Constitución tienen que ser interpretados a la luz de los tratados y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto está indicando claramente la supremacía que tiene el tratado sobre cualquier ley interna, porque tiene categoría de norma constitucional. Además de este criterio, si se interpreta una norma en función de otra, es porque la norma sujeta a esa interpretación es inferior. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, ha señalado que los tratados internacionales priman sobre las leyes y ha ratificado que tienen valor de norma constitucional.

PREGUNTAS: ¿Existe cierta polémica sobre las pocas sentencias que ha emitido la Corte Penal Internacional, en ése sentido, cómo influye esta situación en la credibilidad de la Corte como garantía de la paz mundial? Dr. Fausto Pocar. Sí es verdad, de muchas maneras se ha criticado a la Corte Penal Internacional en relación a los pocos dictámenes que ha pronunciado hasta ahora. Yo creo que la responsabilidad es parte de la Corte, y esto es verdad, si se compara por ejemplo con el número de dictámenes que pronunció el Tribunal para la antigua Yugoslavia en el mismo periodo de tiempo. Después de 10 años, y a una serie de decisiones, incluso en apelación, se habrían tomado en el Tribunal para la antigua Yugoslavia. Hay que destacar también que en parte es la responsabilidad de la Corte, pero también está la responsabilidad de los Estados. Los Estados no parecen cooperar con la Corte de manera adecuada, hemos tenido situaciones en que el propio Consejo de Seguridad ha enviado varios asuntos a la Corte Penal y no ha cooperado con la Corte para permitir que los acusados sean llevados ante ella. Hemos tenido por ejemplo el caso de Libia, donde el Consejo de Seguridad, como primera medida, después de los problemas de Gadafi, envió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional, pero en los días siguientes, los Jefes de Gobierno y miembros del Consejo de Seguridad, que atendí personalmente, por ejemplo, el presidente Sarkozy de Francia, en una reunión pública dijo que puede ser que se vea mejor una situación de exilio perpetuo para el presidente Gadafi, de manera que la autoridad y credibilidad de la Corte, en situaciones con manipulaciones políticas de este tipo, no se puede respetar, pero siento que hay algo en el mecanismo de la Corte que no funciona de manera adecuada y es todo el sistema de la protección de las víctimas, o mejor aún, de la participación de las víctimas en los procesos, que por ser crímenes de masa no funcionan de la misma manera que en un crimen ordinario, donde hay unas cuantas victimas solamente que participan, pero cuando son millones las víctimas, la participación es difícil, pues puede ser manipulada por organizaciones que pretendan representar a las víctimas y no ayudan a facilitar el trabajo de la Corte.

Conclusiones del moderador: Los acuerdos bilaterales de inmunidad relativos a las disposiciones del artículo 98 del Estatuto de Roma, se presentan como una especie de política para impedir el avance de la justicia internacional, creando un sistema paralelo. El Perú tiene la obligación internacional de implementar en su derecho interno normas de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que constituyen graves lesiones a sus preceptos mínimos, por lo que esperamos sean incluidos en el nuevo Código Penal, cuyo proyecto ya se encuentra elaborado. Tenemos en el Ministerio de Justicia del Perú, la Comisión Nacional de estudio y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el cual es un órgano que tiene como finalidad primera, emitir opiniones y brindar asesoramiento al poder ejecutivo. Debemos recordar que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y detentan rango constitucional. La dificultad que tienen la mayor parte de los Estados del mudo es adoptar las normas del Estatuto de Roma en su ordenamiento jurídico interno.

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Por último, quiero agradecer a mi General Juan Pablo Ramos por la invitación a este notable evento académico y, a su vez, invitar a los presentes al Centro de Derecho Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas de Perú, a sus distintos cursos, donde se imparten temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario

y Derecho Penal Internacional, manifestando que tenemos a la fecha más de 12 mil miembros de las Fuerzas Armadas capacitados en los cursos y talleres en todas estas ramas del Derecho, agradeciendo nuevamente su invitación a este notable evento.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

TERCERA CONFERENCIA

La Justicia Militar en el Siglo XXI. Papel de la Secretaria Técnica del Foro Interamericano de Justicia Militar para el fortalecimiento de la Justicia Militar en América Moderador General de Ejército ODILSON SAMPAIO BENZI (Brasil)

EXPOSITOR 1 CONTRALMIRANTE JULIO PACHECO GAIGE (PERÚ)

El Contralmirante Pacheco es actualmente vocal supremo del Fuero Militar Policial del Perú y ocupa los cargos de Presidente de la Sala Suprema de Guerra y de Director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar. Es Secretario Técnico del Foro Interamericano de Justicia Militar y ha presidido comisiones organizadoras de congresos y eventos internacionales.

Quiero agradecer al General de Brigada Juan Pablo Ramos Espinoza, Presidente del Fuero Militar Policial, por la confianza que ha tenido en mi persona, para llevar adelante este Congreso; asimismo, al General y amigo Jan Peter SPIJK, por haber confiado en el Fuero Militar Policial del Perú, para realizar este trabajo que tiene que ver con un tema tan importante, como es la Justicia Militar. Debo mencionar que estuve en duda sobre qué hacer, si una conferencia o unos apuntes sobre lo que es la Justicia Militar. Después de evaluarlo, decidí hacer una especie de conversación, ya que una exposición a esta hora, después de haber almorzado, puede generar más de una cabeceada. Lo que en realidad quiero es conversar un poco sobre la experiencia del trabajo que vamos desarrollando con el tema de justicia militar, tanto a nivel del Fuero Militar Policial, como respecto al posicionamiento de una justicia militar que debe ser respetada a nivel internacional. El primer tema del cual quiero hablar, es que todos los que estamos acá y tenemos que ver con la justicia militar, sabemos que tenemos un mismo objetivo en mente. Ese objetivo es coadyuvar a la disciplina en nuestras instituciones armadas; que la disciplina se fortalezca dentro de nuestras instituciones. Dentro de ese objetivo tenemos varias vertientes que van a estar en relación con la realidad que tiene cada país; por tanto, no podemos decir que existe una justicia militar que debe ser entendida de una misma forma en todos y cada uno de los países. Tenemos una unidad en la diversidad y si no somos conscientes de que existe esta diversidad, no va a ser posible que encontremos una salida al problema de la unidad en la justicia militar. Nosotros queremos aplicar, dentro de la diversidad de justicias militares que existen, el criterio único de la misión fundamental que tiene la justicia militar. La pregunta es entonces: ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos conseguir que dentro de la diversidad de realidades que tenemos, podamos aplicar este objetivo de justicia militar a cada una de estas realidades? La primera idea que se nos puede venir a la cabeza, es que debemos aprender unos de otros qué cosa es la justicia militar. Cuando recién comencé en este periplo de justicia militar propiamente dicho, en el año 2010, cuando llegué como vocal al Fuero Militar Policial, me encontré con que posiblemente cada uno de los miembros del Fuero Militar Policial del Perú teníamos una idea diferente de lo que debería ser la justicia militar y cómo enfocar esa idea desde la visión del juez, por un lado, del fiscal y por otro del defensor inclusive; entonces, ¿Cómo podíamos pensar en una unidad de criterio? En esa coyuntura, ocurrió una de esas cosas que pasan en nuestras vidas por casualidad. En el año 2011, la Asociación Internacional de Justicias Militares, conjuntamente con el Fuero Militar Policial, organizamos el “V Encuentro de Justicias Militares”, donde estuvimos presentes algunos de los que hoy estamos aquí, ocasión en la que nos dimos cuenta que la justicia militar no era ese pequeño coto particular del Fuero Militar Policial y que la justicia militar peruana era solo una pequeña parte de un gran engranaje del sistema de justicia militar que existía en otras partes del continente, del subcontinente y del mundo.

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Nuestra justicia militar y la idea que teníamos nosotros de lo que era ella no acababa ahí y sin embargo nosotros creíamos que ese era nuestro mundo, nuestro pequeño mundo de justicia militar y estábamos contentos con que existiera de esa manera.

hay una justicia militar única, un modelo único. Debemos comenzar a reconocer que cada país tiene el tipo de justicia militar que necesita, cada país tiene el tipo de justicia militar adecuado a su propia realidad y en caso de Brasil, está insertada dentro del poder judicial. La justicia militar de Chile está básicamente ubicada tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Defensa y así hay otros países donde la justicia militar está dentro de los ministerios de Defensa, como ocurre con algunos países de Sudamérica o de Norteamérica. La justicia militar peruana encontró un rumbo diferente, no depende del Ministerio de Defensa, del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, es autónoma.

Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conocer otras realidades, con mi amigo y hermano Waldo Martínez que se encuentra acá, a mi izquierda, conversamos largo sobre cómo se manejaba el tema de justicia militar en Chile. Conversamos también con nuestros hermanos de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Canadá, entre otros, así como con personas de otras latitudes, de otros continentes y nos dimos cuenta de que esta pequeña justicia militar, este pequeño coto racional de justicia militar, era una cosa que no se condecía con lo que ocurría en otros países.

Podemos ponernos de acuerdo, ayudarnos entre nosotros a que ese sistema que funciona en ese país, con los problemas internos que tiene, pueda dar algún tipo de apoyo, o, tal vez, de recomendación, de consejo y eso no significa que seamos mejores o peores; lo único que significa es que le estamos dando a la justicia militar el lugar que merece y en lo que sí estamos claros, y este es un reconocimiento al Foro Interamericano, es que nosotros somos absolutamente conscientes de que es necesario que la justicia militar exista, al nivel de tener como jueces y fiscales, oficiales y miembros del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas.

No solamente pensando en otros continentes si no en nuestro mismo continente, comenzamos a preguntarnos si todos teníamos los mismos problemas, si todos teníamos los mismos cuestionamientos que se estaban efectuando a nivel de la justicia militar en Lima y poco a poco, nos dimos cuenta que la justicia militar tiene un problema en cada país, algunos más serios que otros, algunos orientados en una línea y otros orientados en otra, pero todos tenemos algún tipo de problema. México, Colombia, Perú, Chile con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestionando muchas de las actividades que desarrollamos los militares en nuestros respectivos países y cómo se cuestionaba la intervención de la justicia militar en esos procesos militares.

Varias sentencias internacionales, entre ellas las del Tribunal Canadiense, el Tribunal Colombiano y del propio Tribunal Peruano ya declararon, casi sistemáticamente, que la justicia militar tiene que ser llevada adelante por personal de las fuerzas armadas, porque son quienes conocen la realidad dentro de sus instituciones.

Dentro de esa experiencia y esos cuestionamientos, dijimos, ¡algo hay que hacer!, no podemos seguir contentos cada uno en nuestro país defendiéndonos, diciendo que cada uno debe solucionar sus problemas por sí mismos y comprendimos que, a veces, hay que dejar la soberbia de lado; que a veces hay que dejar el creernos los mejores y empezar a ser un poco más humildes y a darnos cuenta que hay otras personas, otros hermanos, otras realidades, que pueden ayudarnos a mejorar y eso fue lo que intentamos hacer: una ayuda mutua de las justicias militares que estaban primero más cerca y luego con las más lejanas, para empezar a entender cuál era nuestra problemática y hacia a donde podíamos dirigir nuestros esfuerzos. Esa ayuda mutua se fue materializando en una serie de ideas, primero, con la Auditoría General del Ejército de Chile; luego, con la intervención del Tribunal Militar Colombiano, el Ejército Sur de los Estados Unidos y el Fuero Militar Policial Peruano, empezamos a trabajar un proyecto serio de lo que podíamos nosotros entender que era el norte que le queríamos dar a la justicia militar y dentro de estas reuniones (que no fueron pocas), surgió la idea de crear un Foro Interamericano sobre Justicia Militar, que uniera todos estos esfuerzos de llevar adelante lo que pensábamos. Mi amigo Waldo calificó la idea, en esos momentos, como una idea loca, que sin embargo comenzó a tomar sentido y empezamos a darnos cuenta que en este trabajo conjunto podríamos comenzar a encontrar alternativas, entender que no

Yo conté hace algún tiempo, y disculpen los que la saben, una la historia y me gusta contarla porque creo que es una muestra de cómo podemos caer en la equivocación. En el Perú, un sub oficial de la Marina estaba cubriendo guardia en una unidad naval que navegaba. Era un operativo naval y él se quedó dormido en la guardia, lo que originó que se le iniciaría una investigación y se le diera de baja por medida indisciplinaría. En el Perú, este procedimiento administrativo puede ser materia de un proceso contencioso administrativo a nivel judicial, ante un juez civil, para que se revierta la resolución administrativa, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cosa fue lo que dijo el juez de primera instancia cuando resolvió el caso y ordenó la reposición de este suboficial?, lo que dijo fue que no puede ser posible que la Marina abuse de esta manera de su personal, pues la naturaleza señala que a las 3 de la mañana es hora de dormir, por tanto, no puede ser posible que se le exija a un hombre de 23 años que esté despierto a las 3 de la mañana, cubriendo guardia en un buque. Decisión que por supuesto fue revocada por la Corte Superior, en segunda instancia. Lo que quiero decir con esto, es que efectivamente los tribunales constitucionales de varios países de América, han reconocido la necesidad de que la Justicia Militar esté en manos de militares, pues conocen la realidad de las fuerzas armadas.

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Entonces, lo que queremos es seguir trabajando en la línea seria de una justicia militar eficiente, de una justicia militar transparente, de una justicia militar que reconozca todas las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho a la legítima defensa, en fin, todas las garantías constitucionales que se exige para la administración de justicia ordinaria; esos mismos derechos deben estar contemplados dentro de la jurisdicción militar.

jurisdicción militar. Por eso es importantísimo determinar qué son los delitos militares para aquellas legislaciones que tienen una definición de lo que es un delito de función. Los casos canadiense y norteamericano, por ejemplo, tienen una realidad diferente; pero los países romanos civilistas, como son casi todos los países sudamericanos, tienen un concepto de la ley diferente. La ley la hace el constituyente, el legislador y en consecuencia, hay que entender qué cosa es el delito de función, para poder entender qué delitos son vistos por el Fuero Militar y ahí nos encontramos con que podemos hablar nosotros de los famosos delitos militares o delitos propiamente castrenses, pero también podemos entender la existencia de un delito militarizado, es decir, el delito de hurto que es un delito común y silvestre, pero que cuando se trata de bienes jurídicos propios de las instituciones militares, se convierte, o se puede convertir en delito militarizado, que puede y debe ser visto por la justicia militar. Este es un tema en el que debemos avanzar y solucionar cómo se puede enfrentar esta situación.

Otro elemento fundamental, dentro de todo este devenir que hemos desarrollado, es la inserción de este Foro Interamericano de Justicia Militar en el ámbito de la Asociación Internacional de Justicias Militares y de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho a la Guerra. El Foro Interamericano, que nace de la buena voluntad de personas que tienen la intención de trabajar seriamente por un posicionamiento de la justicia militar dentro del continente, en realidad no tiene una personería jurídica que pueda llevar adelante un compromiso real de sus países. Pueden ser compromisos individuales, pero no somos nadie para obligar o condicionar a los países con los cuales estamos trabajando a una respuesta dentro del Foro y es ahí donde entran dos organizaciones comprometidas y muy profesionales como la Asociación Internacional de Justicias Militares y de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho a la Guerra, que vienen colaborando muy seriamente en este proyecto. Yo aprovecho este momento para agradecer a Jean Peter, a Getulio y a todos los miembros de la Sociedad y la Asociación, por el apoyo que le vienen dando al Foro Interamericano en las diversas áreas del trabajo que venimos desarrollando, porque la intervención de ustedes hace que el trabajo que nosotros desarrollamos, tenga un sustento válido, un sustento real, qué además, es difuminado a nivel de sus miembros a lo largo y ancho de todo el mundo. Este es un agradecimiento que hago público como amigo y además, fundamentalmente, como Secretario Técnico del Foro Interamericano de Justicia Militar.

Finalmente, la justicia militar también tiene que ver básicamente con lo que son las misiones que tienen las fuerzas armadas. El General Ramos Espinoza nos decía hace bastante tiempo en el Fuero Militar, que las fuerzas armadas, además de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad nacional, tiene otras funciones que realizar, por ejemplo, en casos de desastres naturales, participar en los procesos eleccionarios, el control del orden interno, acciones cívicas, narcotráfico, terrorismo, etc. Estas son nuevas vertientes en las cuales la justicia militar tiene que trabajar y entender si el delito de función aplica también a estas realidades, que son básicamente para la comunidad civil, pero que tiene que ver con una labor específica de las fuerzas armadas. Quiero compartir con ustedes un poco de esta visión que tengo del futuro de la justicia militar. Yo me siento especialmente comprometido con ese trabajo, me gusta y creo que tengo una especie de obligación moral de seguir trabajando en esta línea hasta que Dios me dé vida y quiera que deje de trabajar en esta materia o alguien quiera que ya no lo haga. Por tanto, mi compromiso es permanente con el Foro Interamericano de Justicia Militar, con ustedes amigos que han venido de los cinco continentes y que trataremos de no defraudar el trabajo a nivel de justicia militar en nuestro continente y tratar, inclusive, de poderlo ampliar a otros horizontes para poder seguir hermanándonos en un aspecto y un tema que es importante para el futuro de nuestras fuerzas armadas y para nuestras naciones.

Hay muchos y diversos temas que se debieran tratar, por ejemplo, el tema de cómo interviene dentro de la jurisdicción militar el de los Derechos Humanos, que se vio esta mañana y el Derecho Internacional Humanitario. ¿Cómo debemos enfrentarlos?, ¿Cómo considerarlos dentro de nuestra organización? El Perú, en su Código Penal Militar Policial, incorporó normas vinculadas al DIH; sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que varias de sus normas son contrarias al orden constitucional, porque esos delitos debían ser vistos por la justicia ordinaria y no por la

EXPOSITOR 2 GENERAL DE BRIGADA WALDO MARTINEZ CÁCERES (CHILE)

El General Martínez es abogado desde 1984 y Diplomado en Ciencias Militares en 1997. Ha sido Fiscal Militar del Ejército y Carabineros en Valparaíso, Director del Instituto de Ciencias Penales filial Valparaíso, Auditor Jefe del II Juzgado Militar de Santiago de Chile, Jefe de Departamento y Secretario de Coordinación de la Autoría General del Ejército. Auditor General del Ejército de 2010 a 2015. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Tengo que agradecer al General Ramos por la invitación para participar en esta actividad y de igual forma al General Spijk, quienes han permitido que esté aquí para esta conversación. Yo considero que uno de los placeres de la vida es comer rico y les puedo asegurar que en el Perú ese placer ya lo tienen asegurado, así que, no tan solo es el placer de conversar con ustedes sino también de sentarnos a comer rico algo del Perú. Asumiendo como míos los argumentos del Almirante Pacheco, yo les quiero dar un diagnóstico breve de la experiencia que tengo sobre Justicia Militar, en relación con la realidad del mundo civil y la realidad del mundo político. El diagnóstico que debemos tener, y pueda ser que todos coincidan conmigo, es que la organización de los países para mantener el orden son básicas, pero desde el punto de vista jurisdiccional, sobre todo de la jurisdicción militar, se dice que ello es más distinto. Durante gran parte de mi carrera militar he ejercido la función jurisdiccional, incluso integrando la justicia suprema. Con esta experiencia puedo decir, en este análisis muy objetivo, que creo que no hay nada de diferencia entre la justicia militar y la común, sino solamente este signo que nos han colocado de que todo lo que provenga de la actuación nuestra, no es susceptible de ser validada y esto yo creo que es muy difícil de sacárselo, esta es una situación que pienso que viven todos los países; es decir, nosotros somos justicia de segunda dimensión si lo pusiéramos en un aspecto futbolístico. Es tremendamente difícil poder convencer de lo contrario, no obstante no haber errores judiciales, que en el caso de Chile se diría son mínimos, por no decir nulos. Tengo que pensar que después de un periodo militar hay un periodo de casi 30 años de vida democrática y nuestra justicia militar ha seguido aplicándose en un sistema distinto al ordinario, como ya se ha señalado, y no un sistema que haya elegido la sociedad chilena, que es un sistema más garantista, de la oralidad y el contradictorio, pero así y todo, con este sistema, la posibilidad del error judicial se reduce creo que a un 0.0%. Con todo, no obstante que la política esté a nuestro favor, que estemos insertos en el poder judicial por la vía de los recursos, incluso recursos de casación ante la Corte Suprema, no podemos superar en la sociedad esta situación de que no nos creen, y cuando no nos creen, es casi imposible poder formar un código de justicia militar que nos permita dar la seguridad a las personas de que efectivamente lo que nosotros realizamos es una verdadera justicia. Les quiero contar como una anécdota, que hace muy poco nosotros tuvimos un caso en Chile, sobre una defraudación que se produjo en el ejército, en base a una falsificación de facturas, para obtener dinero de los fondos que se tenía en el cobre. Se ha asegurado públicamente, en diversos niveles, que la responsabilidad de esa defraudación es de la justicia militar, llevando a tal nivel el error que pasamos a ser prácticamente los autores del delito que se está cometiendo y en una negación absoluta de la realidad, no hay personal civil involucrado y el personal militar involucrado lleva detenido por la justicia militar casi 2 años y el personal civil, los empresarios civiles involucrados, nunca han estado detenidos, ni privados de su libertad; y todo el argumento que se ha dado es impugnar a la justicia militar. La investigación nace a través de la justicia militar y se logra

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

esclarecer esos hechos gracias a la función de la justicia militar, pero no hay ningún reconocimiento ni parlamentario, ni a nivel académico, que nos permita decir si la afirmación que yo he señalado es una afirmación pública, que ha salido hasta en la televisión, en el sentido que esto es culpa de la justicia militar. Entonces, cuando uno se enfrenta a este nivel de imputación, la posibilidad de creer en la justicia militar es prácticamente nula, es muy difícil poder conformar una justicia militar y, otra razón, es también, la falta de preocupación por la función jurisdiccional, a la que no se le da el interés debido, aun cuando hacemos todo el esfuerzo para tratar de cumplir y de llegar al mismo nivel o superar el estándar internacional.

propio reconocimiento que tenemos que hacer de la justicia militar. Segundo elemento. Creo que debemos investigar y en esto creo que hemos logrado éxitos con el Foro Interamericano, con la participación y el patrocinio de la Asociación Brasilera y la Sociedad Belga. La universidad Bernardo O’Higgins de Chile ha creado un departamento de investigación militar, con el objetivo, primero, de tratar de conseguir una base de datos a nivel internacional, proyecto al cual todos debemos aportar y ayudar con datos sobre justicia militar, para que podamos sustentar nuestras decisiones jurisdiccionales con doctrina y jurisprudencia internacionales. Yo lo he vivido en carne propia, Perú ha sido incondicional, Brasil ha sido incondicional, Estados Unidos ha sido incondicional, México también nos vino a apoyar para poder demostrar que las justicias militares son necesarias para el funcionamiento de las fuerzas armadas en general, buscando claramente un sustento que le pueda dar permanencia, que es como hemos concordado, por ejemplo, en el concepto más elaborado posible del delito función.

Desde el año 2000 se vienen trabajando proyectos de ley sobre justicia militar, en los cuales participé hasta el año pasado. En el periodo 2000– 2015, durante 15 años, trabajé en una comisión que propuso, por lo menos, cuatro proyectos de ley y nunca se llegaron a materializar. En definitiva, lo que quiero hacer es un diagnóstico realista de la situación de la justicia militar, las posibilidades de que tengamos una justicia militar presentable y creíble por la sociedad, por lo menos en Chile, es muy complicada y por eso es que estos encuentros internacionales son las bases en los cuales debemos ampararnos y lo que dice el Almirante Pacheco es muy importante, porque si nosotros trabajamos un modelo de justicia militar, un código de justicia militar, por lo menos tenemos un paraguas con el cual podemos protegernos, basándonos en principios y doctrina comúnmente aceptados.

Por último hay que evangelizar. Evangelizar para mí significa ir a contar lo que hacemos, ir a contar lo que ha desarrollado Canadá, ir a contar lo que está realizando Perú, ir a contar nuestras experiencias en especial al mundo político. Mi amigo Dimitrios, que está aquí en la sala, es testigo que logré conseguir que el congreso nacional lo pudiera recibir para exponer la vivencia de la justicia militar, que lo expusiera otro no un chileno, que lo expusiera otro general de otro país tan lejano como Grecia. Eso lo logramos y se pudo materializar en un papel, lo recibió la Comisión de Defensa. Comunicarnos, contar nuestras experiencias, poder convencer en el área civil, político y sobre todo en el área judicial, nosotros tenemos que vincularnos con el área judicial ordinaria, con los altos niveles, por ello me pareció excelente que en este encuentro estuviera nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es nuestra misión. Esta es mi experiencia y la transmitir, es simplemente una reflexión, un consejo para las futuras generaciones, para ver si podemos conseguir validarnos definitivamente, ya que la existencia de la justicia militar es una necesidad.

De otro lado, es un verdadero placer ver a los Auditores Generales de la Armada y del Ejército de Chile en esta sala, porque ellos van a ser los que participen en estas conferencias internacionales en lo sucesivo, los que pueden luchar hasta llegar a la materialización de un código de justicia militar. Sobre lo que debemos hacer en este campo, para impulsar la justicia militar, yo lo sustento con tres ideas básicas: Uno es escribir. Hay que escribir sobre la justicia militar, que lo hace muy bien Perú, aun cuando parezca que nadie lea los artículos, debemos seguir en ese camino ya que es una manera de publicitar los beneficios, los valores, los logros, o el

EXPOSITOR 3 MAYOR GENERAL FAP ARTURO ANTONIO GILES FERRER (PERÚ)

Vocal Supremo del Fuero Militar Policial del Perú, Doctor en Derecho y Ciencia Política y Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, grados académicos otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Después de haber escuchado a estos grandes juristas, me refiero al Contralmirante Julio Pacheco y al General Waldo Martínez, yo que soy un simple peón del Derecho, me siento abrumado. Me preocupa que la circunstancia de ser el último en hablar, me vaya a ser lesiva y evoque en sus mentes la tradición judía expresada en el pasaje bíblico de las bodas de Canaán, por la que, como se recordará, primero se servía el mejor vino y cuando el auditorio estaba ebrio, o como en este caso después de almuerzo, en plena digestión, se servía el vino más corriente que en este caso soy yo. No es mi intención fatigar al auditorio repitiendo los contenidos, que con tanto brillo nos han proporcionado quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero después de haber escuchado estas brillantes reflexiones, me toca añadir algunas más en este ambiente, en el que somos conscientes de la pluralidad de este evento, porque como no escapará a la comprensión del auditorio, yo no puedo ocuparme de lo que ocurre en otras latitudes, pero sí informado de lo que sucede fuera, debo decir algo de lo que pasa aquí, porque de eso se trata el ejercicio comparatista. Sobre ello, el español Fernández Segado nos recuerda que “resulta necesario el análisis de la justicia militar en sus diferentes modelos y en el derecho comparado, pues el estudio de las instituciones jurídicas resulta de la mayor importancia, atendida la circunstancia que conjuntamente con este rol formativo, la comparación cumple otras finalidades que van desde la elaboración de un concepto, tipo o modelo, hasta obtener lo que se suele llamar un contraste de particularidades, teniendo en cuenta que el estudio comparado es particularmente valioso de cara a repensar creativamente las instituciones…” El primer ministro francés durante la primera guerra mundial, Georges Benjamín Clemenceau, lanzó la frase: “La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música” y en nuestro continente, un tratadista argentino, dijo alguna vez que la justicia militar había vivido antes que en la vida jurídica, en la literatura jurídica. Tal vez Sudamérica sea una excepción a esta aparente comprobación del estudioso argentino y es que en nuestros países de antiguo se ha hecho uso de este mecanismo tan precioso para asegurar la disciplina, la moralidad y el orden en la fuerza, incluso antes que existieran nuestros Estados habían ya ejércitos que hicieron posible la libertad; y la justicia militar estaba presente en estos, como el barro en las botas de los soldados, según conocida frase. Debemos recordar que el modelo de justicia militar que adopta un Estado, tiene que ver con la concepción que se tiene de la fuerza armada. Una concepción administrativista es propia de los países que perdieron guerras importantes, como el caso de Alemania en Europa y de Argentina en esta parte del continente, que piensan a la fuerza armada como un apéndice de la administración pública y al militar como un empleado público con uniforme, sin ápice de autonomía. También han habido cambios en el orden de cumplir los nuevos roles que las sociedades demandan y el énfasis puesto en el respeto por los derechos fundamentales de los procesados, antes que en la organización del Estado, como lo prueba la implementación del sistema procesal acusatorio, que actualmente se aplica en la justicia militar peruana y que otros países, como Chile por ejemplo, están en camino de adoptarlo. Esta circunstancia evidencia también que las instituciones, a diferencia de los satélites, rara vez se quedan en el lugar que su creador los diseñó y nuestras jurisdicciones especiales

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

son un buen ejemplo de esa dinamicidad que nos muestran las instituciones del derecho público en general, del derecho militar en particular y de la justicia militar en concreto, en su afán por adecuarse a los nuevos roles de las fuerzas armadas y a las nuevas misiones de las policías nacionales, en el marco del estado constitucional de derecho que se postula para nuestros países. Los operadores de nuestras justicias militares deben estudiar permanentemente, porque el Derecho militar evoluciona con la sociedad, de modo que debemos estar preparados para actuar con criterios de hoy y no de ayer.

al que hay que resocializar y reinsertar en la sociedad, en tanto que para la justicia militar el punto de inflexión está en el potencial bélico de la nación, el cual debe ser preservado a toda costa. Esta diferencia de enfoques resulta crucial a la hora de aproximarse a un tratamiento serio, objetivo y desapasionado de la justicia militar en el Perú y en el mundo. Urgen estudios acerca de la justicia militar, respetuosa de los derechos humanos, en una aproximación rigurosa. Existen algunos manuales, lo que no hay es una concepción regional de la justicia militar y esa debe ser la tarea del foro en los próximos años. Se ha avanzado bastante, la justicia militar sudamericana se está asentando en el entorno andino y cuenta con reconocimiento internacional importante, particularmente entre los países de la región, pero falta aún mucho por hacer y nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones, nos obliga a empezar cuanto antes, si no queremos pasar a la historia. La justicia militar no es un invento moderno, no es una genialidad de alguien, no es sinónimo de impunidad ni de abuso, es el resultado de un largo proceso que da lugar a una institución egregia, siempre de pie al servicio de una causa y esa causa es la defensa de la disciplina, la moralidad y el orden en la fuerza.

La administración de justicia militar viene alcanzando su propio nivel, ya que quienes la administran tienen la convicción de hacerlo cumpliendo las reglas del debido proceso, con acierto y justicia, para preservar la moralidad, el orden y la disciplina entre los integrantes de las fuerzas armadas y, eventualmente, entre los policías nacionales. Ahora bien, si la potestad de administrar justicia militar también emana del pueblo, los oficiales jurídicos que como magistrados la administramos, somos los voceros de esa potestad y de ahí provienen nuestra legitimidad en democracia. Dentro de la noble tarea de administrar justicia militar estamos, pues, los abogados militares, convencidos que no puede haber fuerza armada alguna sin disciplina y no puede haber disciplina sin justicia militar que la asegure.

Su naturaleza jurídica es eminentemente ejemplarizadora y sus principios rectores son uniformes en los países que tienen fuerzas armadas y policías militarizadas. El balance del quehacer de la Secretaría Técnica del Foro Interamericano de Derecho Militar, abre las puertas a una etapa de mejor intercambio y cooperación especializada y forma parte de una agenda que la justicia militar peruana impulsa con interés, a fin de mantener un conocimiento actualizado y estar al día con el estándar internacional, contribuyendo al mismo tiempo a impulsar el desarrollo de una justicia militar moderna. Nuestras justicias militares se ubican dentro del sistema de la justicia nacional pero también en el sistema de defensa nacional. Aprovechemos esta ocasión para renovar nuestra lealtad a las Justicias Militares de nuestros Estados y nuestra devoción a las FFAA y Policiales y ofrezcámosles lo mejor de nuestra capacidad profesional.

En no pocas ocasiones se ha pretendido desacreditar al magistrado militar, afirmando, irresponsablemente, que la circunstancia de vestir uniforme nos hace vulnerables a los amagos de la presión y de la fuerza, como diría el jurista mejicano Luis Felipe Tena Ramírez. Yo sostengo que la independencia del magistrado, sea civil o militar, debemos encontrarla antes que en las leyes o las instituciones, que por ser hechuras humanas son imperfectas, en su propia conciencia y en la rectitud de su ánimo, como garantía de la preservación del estado constitucional de derecho, que reposa antes que en el legislador, en el juez. El General Martínez, en alguna oportunidad, ha dicho algo que yo suscribo plenamente, que una correcta inteligencia de la necesidad de la justicia militar, pasa por la comprobación que en nuestros países coexisten dos sociedades diferentes pero complementarias, la sociedad de la libertad e igualdad en la que opera el juez civil y la sociedad de la disciplina y obediencia en la que actúa el juez militar preservando la jerarquía, la eficacia operativa, la integridad institucional, los deberes militares y policiales, la fidelidad a la función militar policial. De otro lado, debemos mencionar también, que la justicia militar en nuestro medio y en general en varios países de la región andina se da por conocida, lo que hace que cualquiera emita juicios sobre ella, dejando de lado sus particularidades y sobre todo su estrecha vinculación a la fuerza armada, distorsionando sus objetivos.

Nuestro afecto, respeto y admiración por nuestros hermanos de los países amigos que hoy nos acompañan y realzan con su presencia este evento. No los llamo extranjeros, pues desde aquí no se ven banderas ni fronteras, solo se ve un grupo humano en torno de objetivos comunes, porque más pesa lo que nos une que lo que nos separa. En la Secretaría Técnica estamos convencidos, que una dosis de adecuada rebeldía y terquedad, acompañada de trabajo serio dará sus frutos. Por el momento, lo siguiente será lograr fortalecernos como foro y adquirir un ritmo más ágil de trabajo, con comunicación más intensa, que permita materializar algunas acciones. Quiero terminar estas reflexiones, agradeciendo a los amigos que nos han ilustrado y a los que nos ilustrarán con sus ponencias y deseo que en este ámbito pluralista podamos debatir alturadamente las posiciones y sacar las conclusiones más adecuadas para nuestros queridos países.

Pese a las inevitables coincidencias respecto del respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los procesados, existen sustanciales diferencias entre fuero común y justicia castrense. Para el primero, lo central está en la persona del delincuente,

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

CUARTA CONFERENCIA

Avances del Manual de Derecho Operacional que formula la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra Moderador MR. LUDWING VAN DER VEKEN (BÃ©lgica)

MODERADOR MR. LUDWING VAN DER VEKEN (BÉLGICA)

Secretario General del Ministerio de Defensa de Bélgica y Secretario General de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por la perfecta preparación de este Congreso Internacional y por la gran bienvenida que hemos recibido en Lima. Nuestra presentación tocará tres aspectos: ––

En la primera, voy a presentar brevemente a la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra;

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Luego el señor Alfons Vanheusden hablará de unos puntos muy importantes; y,

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Finalmente se presentaran temas con relación a dicha sociedad.

Sobre la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de Guerra, hablaremos del establecimiento desusos objetivos, como lo hacemos, los medios presupuestarios que tenemos y, lo más importante, cómo puede alguien ser miembro de la Sociedad. El establecimiento Somos una asociación sin fines de lucro ni participación política; nos hemos establecido en Estrasburgo (Francia) en el año de 1956; eso quiere decir que este año cumpliremos 60 años. Nos tuvimos que mudar a Bruselas en 1988 y tenemos una personería legal especial bajo la Ley Belga. Nuestros Objetivos En primer término, tenemos la investigación del Derecho Militar, el Derecho Humanitario Internacional, el Derecho de Operaciones de Paz y temas relacionados, desde una perspectiva Internacional y comparativa, del Derecho. El segundo objetivo es diseminar el conocimiento en este campo y también somos una organización paraguas de 22 grupos nacionales que existen alrededor del mundo, desde Argentina pasando por China, Estados Unidos, Reino Unido y otros países. ¿Cómo trabajamos nosotros? Para los fines que perseguimos, tenemos congresos internacionales y reuniones Internacionales como podemos ver aquí. También efectuamos un congreso cada tres años, como lo hicimos junto a las Asambleas Generales en Túnez en 2009; en 2012, estuvimos en Canadá en Quebec y, en 2015 fue nuestro último congreso en la República Checa. Nosotros también organizamos seminarios para consejeros legales, para las Fuerzas Armadas. Nuestro seminario número 7, ocurrió en 2008, en Namibia; el octavo fue en Holanda; el noveno en Alemania; y el décimo, en Irlanda. También efectuamos muchas conferencias personalizadas, seminarios y talleres diversos. Por ejemplo, en 2011, donde hablamos sobre la evolución del Derecho Militar; luego tuvimos la conferencia de Beijín en 2013 y, en Santiago de Chile también hemos realizado una conferencia. Nuestro trabajo consiste en dar apoyo a actividades internacionales de grupos nacionales, lo que quiere decir que podemos apoyar la organización de un grupo peruano.

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE JUSTICIA MILITAR – FUERO MILITAR POLICIAL

En cuanto a nuestras publicaciones, no entraré en detalles. Nuestro profesor de publicaciones está aquí y el hablará y dará más detalles en cuanto a las publicaciones. Tenemos la “Ley Militar y el Derecho de Guerra “que es una revisión, tenemos “New Flash” que contiene varias noticias internacionales importantes sobre el Derecho Internacional.

La Junta de Organización trabaja con un presidente, cuatro vicepresidentes, el secretario y el tesorero. Tenemos, además, una Secretaria General que trabaja en Bruselas y que se encuentra cerca de la Academia Militar de Bélgica. De hecho tenemos en concesión un edificio de la Academia Militar. Tenemos 6 comités especializados que trabajan distinta materias, desde historia, justicia militar, operaciones aéreas y también en leyes de procuraduría de defensa y en asuntos generales.

Igualmente, tenemos una página web y estamos trabajando con las redes sociales como Facebook, Lender y Twiter, para ampliar nuestra cobertura.

Lo que es importante es nuestra membresía, sobre la cual mañana ustedes encontrarán unos papeles afuera de esta sala y nos gustaría que se vuelvan miembros de nuestra Sociedad. La membresía anual es bastante asequible: es de 20 euros y se puede hacer por varios medios, ya sea por un grupo nacional si se encuentran en un país donde existe un grupo nacional o pueden inscribirse por medio de un formulario de postulación.

¿Cuáles son nuestros medios? Nuestros medios son, primero que nada, la gente que quiere trabajar en el campo de la diseminación de Derecho Internacional Humanitario, Militar. Tenemos consejeros legales civiles y militares, así como oficiales, magistrados, profesores de universidades, investigadores y más de 1200 miembros alrededor del mundo.

Esta fue la primera parte de nuestra contribución y ahora presentaré al Señor Alfons Vanheusden. Él es un asesor legal que comenzó su carrera como abogado privado y luego de algún tiempo, llegó al Ministerio de Defensa y trabajó en el servicio legal, fue luego asignado en varias operaciones importantes del ejército belga, en Albania, en el Líbano, como asesor legal de las tropas, para luego trabajar en el gabinete del Ministerio de Defensa donde era uno de mis colaboradores y actualmente trabaja para el Ministerio de Justicia.

Estamos organizados por un Asamblea General que tiene a distintas personas que vienen de diferentes partes del mundo; no les voy a mencionar todos los países que participan en la Asamblea General; pero tenemos una Junta de Directores que comparten 32 nacionalidades y que vienen de distintas organizaciones internacionales y tenemos una junta que hace las veces de gerencia diaria.

EXPOSITOR MR. ALFONS VANHEUSDEN (BÉLGICA)

Asesor de Asuntos Internacionales y DDHH del Ministerio de Justicia de Bélgica y Secretario General de Asistente de la sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Muchísimas gracias moderador, estimados colegas y participantes, ahora tengo el placer de presentarles nuestro proyecto de investigación en la Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra, que tiene como intención que se publique un manual sobre el Derecho Internacional y las Operaciones de Paz. Aquí les presento el enfoque para mi presentación e inmediatamente voy a pasar a los objetivos. El objetivo principal de nuestro proyecto de investigación es tener el primer borrador del Manual de Derecho Internacional en Operaciones de Paz, para que sea publicado posteriormente. El público objetivo para este manual es el personal de asesores legales, de distinto nivel y académicos, personas que están involucradas en la planificación y realización de operaciones de paz, también, las personas que están relacionadas con la capacitación y la educación de estos temas. La Asociación, como ustedes saben, es un foro en el que la práctica legal y los académicos se reúnen de manera regula, habiéndose sugerido, en algún momento que podríamos enfocarnos en esas operaciones de paz, con estos dos grupos de miembros, y pensamos realizar un trabajo realmente amplio, específicamente sobre el Derecho Internacional en Operaciones de Paz y extenso en el sentido que queremos cubrir gran parte de los temas contemporáneos y relevantes para las operaciones de paz. Esperamos que, a través de su calidad, el documento, este manual que vamos a reproducir se convierta en un documento de referencia con autoridad para que las personas puedan leer este manual y decir este es un documento útil; eso es algo que nosotros hemos estado esperando y que podemos presentar o introducir así, nuestras capacitaciones. Por ese motivo hemos trabajado bastante también en obtener un consenso lo más antes posible, porque queremos encontrar determinadores comunes y lograr la posibilidad de que sea un texto con autoridad. Nos enfocamos, específicamente, en áreas en las la ley requiere mayor investigación y aclaraciones en vez de duplicar conocimientos ya existentes que ya están publicados; porque todos sabemos que hay muchas publicaciones en el área de Operaciones de Paz y con mucha frecuencia son de bastante utilidad; lo que queremos crear es un nuevo conocimiento, por lo tanto será extenso y vamos a verlo con más detalle cuando pasemos a las áreas más complejas. Aparte de eso, también hemos decidido que no solamente vamos a describir la ley, sino también, si es que es útil, vamos a formular recomendaciones para políticas en donde la ley tal vez no sea clara o haya un vacío legal o donde, tal vez, haya buenas prácticas interesantes, ya sea de experiencias pasadas o de operaciones actuales, por lo tanto, pensamos que sería útil tener estas recomendaciones para políticas aparte de simplemente mencionar lo que dice la ley. Vamos a demarcar, claramente, lo que son las recomendaciones políticas de lo que son tratados u obligaciones establecidas. Esperamos que este documento sea utilizado por los

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institutos de capacitación nacional e internacional, así como sea una base para los cursos que se vienen dictando.

El trabajo se va a realizar en ingles por el momento pero también pensamos que en otras fases más avanzadas habrá traducciones en las lenguas de las Naciones Unidas luego de la publicación de la versión inicial en inglés y ya estamos agradecidos y hemos aceptado una oferta de nuestros amigos de Chile para ayudarnos en la traducción al español. Creo que también podremos tener esta traducción en español en un futuro, también se tendrán que realizarse las traducciones en otros idiomas.

¿Cuál es el alcance del manual? Ciertamente, primero son las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz, pero también queremos ver las áreas más complejas, que son las operaciones de paz multidimensionales, operaciones con aspectos tales como la asistencia a proceso electorales, el estado de Derecho y, digamos las operaciones que tienen aspectos más difíciles, con temas como la de protección a civiles, entre otros.

Así es como dirigimos el proyecto, hay alguien que supervisa que es el Directorio de Gestión y el Directorio Internacional del Derecho Militar y Derecho de la Guerra, y eso quiere decir que cuando hay reunión de directorio, nosotros lo tenemos literalmente en la agenda para hablar sobre el estado de la situación; y los miembros del directorio tienen la oportunidad de contar con mayor conocimiento del texto conforme va evolucionando.

Queremos ver las distintas etapas de las operaciones de paz, desde la planificación y el inicio de la operación; como realizar operaciones y luego con la terminación y el retiro de estas fuerzas de mantenimiento de paz en los distintos aspectos de este alcance. Debo decir que en todas las operaciones de paz que realicen las Naciones Unidas, los Cascos Azules van a estar cubiertas con este manual y, más aún, vamos a cubrir operaciones que están cubiertas por organizaciones regionales e instituciones, siempre y cuando estemos hablando de operaciones consensuales; lo cual quiere decir que queremos tener el consenso del Estado anfitrión y por lo menos un elemento, digamos de conocimiento de otras partes importantes involucradas en la operación o involucradas en el conflicto en cuestión. Esto quiere decir que no vamos a cubrir el cumplimiento de la paz como van a ser definidas en nuestro manual donde se quiere que haya un jugador importante que no esté de acuerdo que sea hostil al mantenimiento de la paz y que sea un mandato del cumplimiento de la paz; no vamos por lo tanto a cubrir operaciones de indulgencia contra terrorismo o contra insurgencia ya que sabemos que esto genera ciertas aflicciones; tiempo a tiempo tenemos que delimitar el área y definitivamente vamos a cubrir operaciones donde, como resultado, obtengamos el quiebre temporal y la estabilidad. Las fuerzas de las Naciones Unidas están involucradas en hostilidades con fracciones opositoras, esto hace que se originen preguntas interesantes sobre qué dice la ley militar internacional en dichas situación por ejemplo: ¿Qué pasa con la protección de los participantes de operaciones de paz cuando hay violencia o cuando se convierten en parte del conflicto?

También hay un equipo de gestión en el que yo soy el coordinador del proyecto. No estoy muy involucrado, digamos en la redacción en sí, de los capítulos; sino, más bien, en la gestión del proyecto y siendo, más bien, el encargado de que se cumpla con las fechas de entrega y ese tipo de cosas. Cuento con la colaboración de Marco Benatar, del Instituto Max Plank, de Luxemburgo. Después tenemos unos asesores, que son tres caballeros que han hecho un trabajo considerable en el área de la redacción de grandes manuales, el Dr. Dieter Flet de Alemania, el profesor Terry Gil de los Países Bajos y el Dr. William Buttly del Reino Unido. Contamos con su experiencia y conocimiento, ellos saben cómo enfrentar la bastedad de este proyecto, ya que venimos trabajando en él con aproximadamente 40 personas expertas; luego tenemos otro grupo de expertos, que son las personas que van presentando los capítulos y sub capítulos; no tengo la lista de nombres, pero estamos orgullosos de saber que en este grupo tenemos un equilibrio de género. Contamos con una representante de África; después tuvimos una reunión de proyecto que se realizó en Yaundé, que es la capital de Camerún. El trabajo va a ser revisado por un comité asesor o una junta asesora y la idea es presentar el borrador de ese manual para el verano; estamos casi listos para hacerlo en el verano europeo y esa junta asesora está compuesta por personas que tal vez no estén involucradas en el área del Derecho, sino más bien, personas que tengan experiencia sustancial en operaciones de paz y mantenimiento de la paz porque, estamos pensando, en oficiales seniors, en comandantes de operaciones de paz, miembros del panel de alto nivel para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y, también, miembros de centros de capacitaciones de operaciones de paz y tenerlos representados de una manera geográfica y balanceada, esos son los grupos que pensamos que serían parte de nuestra junta asesora.

El formato es ya es bastante conocido; es un formato en el cual tenemos las reglas entendidas. La regla es entendida o es propuesta como el pre - manifestación del Derecho constitucional o como la práctica establecida en estos casos. Las buenas prácticas propuestas deberían estar en concordancia con la ley que se aplica en ese lugar y hay que demarcarlas de las reglas legales por el uso de un vocabulario adecuado o tal vez, en su caso, deberíamos usar otro tipo de letra. Luego vamos a ver comentarios que van a explicar cada una de estas reglas y también van a entrar en detalles, a ver si podría haber controversia o desacuerdos entre los Estados que estén participando en las operaciones de paz.

Lo que realizará esa junta de asesores, será una verificación de la realidad; revisarán el documento y verán si está interesante, pero si tienen comentarios que esto no funciona así en

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

la práctica, podemos tomar eso en cuenta, como sabios consejos y poder tener una revisión final del documento antes de que empecemos en el trabajo editorial y de que se pueda enviar a la publicación, y así, si alguien pudiera hacer otra revisión, es algo que no excluimos.

la Unión Africana también ha designado dos observadores, uno del departamento de paz y seguridad y otro de oficinas legales; también contamos con la experiencia y el conocimiento de la Unión Europea, representado por un grupo de expertos; por lo tanto, estamos muy satisfechos de poder intercambiar el trabajo con expertos de distintas organizaciones.

Fases del Proyecto: ––

––

La primera fase del proyecto fue la definición que se concluyó en 2013; debo decir que la Conferencia de China y Beijing, mencionada por el Secretario General, fue el punto de arranque para la reflexión sobre cuáles serían las preguntas que habrían que abordarse en el campo de las operaciones de paz en la sociedad.

Financiamiento: Hemos asignado los fondos propios de la asociación para este proyecto y aparte de eso, como ya he mencionado, recibimos el apoyo de asociados y observadores. Esa es la forma en que podemos hacer que esto se haga realidad. Por ejemplo: hacemos que los observadores, que vienen a nuestras reuniones, paguen sus propios costos relacionados con esa asistencia.

La segunda fase del proyecto es la Formulación del borrador y los comentarios, como he mencionado; eso se va a discutir en diciembre de este año. Será comentado con la junta asesora de expertos que tuvimos en Yaundé, Bruselas y también en Alemania.

Esto me lleva a la final de la presentación. Tal vez haya preguntas, gracias por su atención. Ahora tenemos a Nauls Harbar, profesor en la Academia Real Militar; él enseña Derecho y es realmente promotor de los trabajos en la Sociedad Internacional.

La tercera fase va a ser la revisión por parte de la junta asesora y la conclusión, como hemos mencionado, y esperamos tener todo el trabajo concluido para fines de 2016. Es ambicioso, pero ello nos mantiene optimistas.

Estimados señores, quiero tomar unos minutos para hablar de las publicaciones de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra. No soy muy bueno con el español, pero voy a intentar hablarlo lo mejor que pueda.

Sobre los lanzamientos del manual, nos gustaría hacerlo en distintas partes del mundo, porque el proceso no va a detenerse con la publicación del manual. Vamos a tener que hacer que sea conocido en el mundo, que el mundo sepa que ese documento existe y esperamos que la gente encuentre el documento no solo interesante, sino útil, para su trabajo y de esa manera pueda ser un documento de referencia y ser utilizado.

El secretario General lo ha dicho, la Sociedad tiene tres publicaciones: La revista,”Eracoi” y los “New Flashes”. La primera es una revista que es, en realidad, un libro anual más o menos de 400 páginas que se publica en 6 idiomas. El español es uno de ésos idiomas, lamento que no tengamos muchos textos en español pues es tiempo para enviar textos en español.

Posteriormente va a venir el trabajo de la traducción, como ya lo he mencionado, la diseminación, el trabajo y los materiales aplicados. También, más adelante, tendremos nuevas ediciones, porque como bien sabemos, la ley o las leyes van evolucionando todo el tiempo y probablemente tengamos que revisar nuestro manual en algún momento en el futuro.

Es un libro de más o menos 600 páginas, revisado por pares. El precio es especial para miembros de la sociedad (20 Euros). La segunda publicación es el Eracoi y está francés: una colección de textos, aquí están todos los textos de nuestros Congresos que se realizan cada tres años. De un año hay 400 páginas, de otro hay 600 páginas, no estoy seguro. Aquí está un Eracoi de Justicia Militar, otro es de nuestro Congreso en Canadá. El de Praga del año pasado, estará disponible la próxima semana; en cuanto al precio, si la gente participa del Congreso recibirá uno y los miembros tienen un precio reducido de 50 euros y están excluidos de los gastos de envío.

No voy a mencionar a todos los socios o los asesores, pero hemos tenido apoyo de diversas instituciones y estamos muy agradecidos, porque esta es la forma en la que se haga realidad; la Sociedad opera con un presupuesto bastante limitado y es a través de este tipo de apoyo, que podemos tener esta ambición de publicar un documento tan amplio. Hay una serie de observadores al proyecto. Por ahora es la Oficina de Asuntos Exteriores. Las Naciones Unidas están involucradas en esto y, en realidad, envían observadores a nuestras reuniones y también están dispuestas a ayudar. El ICRC también envía un observador, la OTAN igualmente y

Hay un “New Flash “que es una publicación anunciando las actividades de desarrollo del Derecho y de la jurisprudencia, etc. Únanse a la sociedad y creen un grupo peruano. ¡Gracias!.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

QUINTA CONFERENCIA

Derecho Cibernético y utilización de drones en operaciones militares Moderador BRIGADIER GENERAL JAN PETER SPIJK (Holanda)

MODERADOR BRIGADIER GENERAL JAN PETER SPIJK (HOLANDA)

General de brigada en situación de retiro. Estudió en la Real Academia Militar de los Países Bajos. Se graduó cum laude en la Universidad de Leiden. En el 2011 asumió el cargo de Jefe de Servicios Jurídicos Militares de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos. En mayo del 2012 fue elegido Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra, en el Congreso de la ciudad de Quebec. Además, actualmente, el General de Brigada Spijk preside varios consejos asesores del Ministerio de Defensa del Reino de los Países Bajos.

Buenos días a todos, damas y caballeros, espero que estén disfrutando su estadía en Lima. Estoy seguro que van a disfrutar de su historia y la belleza de esta ciudad. Esta conferencia aborda distintas áreas del Derecho. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, una de ellas es el Derecho Internacional. Ayer discutimos sobre el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en el contexto de las Cortes Internacionales Criminales y esta mañana vamos a entrar a una perspectiva más militar, pues vamos a entrar a un tema que es relativamente nuevo, que es el Derecho Cibernético, la tecnología en general y el uso que ya se está dando bastante en la práctica, que es el uso de drones en operaciones militares, dado que hay una tendencia de desarrollar armas autónomas. Conforme avanza la tecnología, surge una serie de temas sobre el Derecho, cómo saber si sigue siendo capaz de responder a las preguntas que se relacionan con el uso de las nuevas tecnologías y de estos nuevos sistemas. Esta es una pregunta muy importante, que en la sesión del día de hoy trataremos, especialmente, lo relacionado a la tecnología cibernética, donde surgen posiciones sobre su uso en la guerra, desde la posición del usuario o del que se defiende. Por favor, escriban sus preguntas para que puedan ser absueltas luego de la presentación. Bueno, con mucho honor voy a presentar a los expositores:

EXPOSITOR 1 CORONEL U.S. GARY P. CORN

Auditor General del Comando Cibernético de los EE UU de NA. Ha servido en diversos empleos en el campo operacional y de Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

Damas y caballeros: permítanme, en primer lugar, agradecer a nuestros maravillosos anfitriones, al Fuero Militar Policial y la Asociación por organizar este excelente evento aquí, en la hermosa ciudad de Lima, por permitirme participar en la conferencia y tener la oportunidad de compartir hoy algunos pensamientos con ustedes. Hay un desafío emergente muy importante, un nuevo dominio, al que nos referimos en términos generales como el ciberespacio, donde se desarrollan operaciones militares particulares, tema del que hablaremos. Debo destacar desde el comienzo, que presentaré mis opiniones personales y no las del Comando Cibernético de los Estados Unidos, ni del Departamento de Defensa ni del gobierno de los Estados Unidos, específicamente. Como se puede ver, he logrado a lo largo de los años, cierto grado de competencia del bonito idioma del español, pensé en dar mi presentación completa en español, sin embargo, debido a la naturaleza esotérica del tema, pensé que sería mejor no transgredir el derecho humano de todos ustedes, con el castigo cruel e inusual, especialmente en el caso de los traductores, así que voy a seguir desde este punto en mi lengua materna. He tenido el gran placer y fortuna de viajar por América Central y del Sur por motivos laborales y familiares. No he tenido la oportunidad de visitar el Perú antes, esta es la primera vez que visito Perú y me siento muy entusiasmado de encontrarme aquí. El domingo viene mi hijo y voy a llevarlo a visitar Cusco y Machu Picchu, estamos muy contentos de visitar estos lugares maravillosos. Ciertamente, el mundo ha cambiado significativamente desde la época de la gran civilización inca y algunos van a decir que nunca hemos visto la gran cantidad de cambios tan rápidos que hemos vistos en los últimos 50 años. Los avances de la tecnología han sido tan increíbles y empoderantes, tanto así que muchas veces nos han dejado anonadados. La rama de la información, así como la de la tecnología y la explosión del internet desde la década de 1960 en que comenzó, aun cuando nació realmente en 1990, empezó a generar estos cambios tan rápidos. Yo podría preguntar cuántos de ustedes tienen celulares en este salón y vamos a ver que todos van a levantar la mano; nosotros sabemos que casi todas las cosas que tenemos hoy en día, están interconectadas a través del internet, que conecta distintos dispositivos y que domina, en muchos aspectos, nuestra vida tanto en el sector privado como en el nivel de gobierno. Como mencionamos, los avances de la tecnología informática son herramientas que empoderan, diseminan, mejoran la accesibilidad y el conocimiento. Hay más de 15 mil billones de dispositivos interconectados en el mundo y se supone que este número va a escalar de manera exponencial en los próximos años, dado que el mundo va creando dependencia del ciberespacio. La definición de ciberespacio es relativa, podemos utilizar la del Departamento de Defensa, que es bastante sencilla, o podemos preferir una definición más compleja de un diccionario. Estos avances tecnológicos han creado muchas vulnerabilidades y también amenazas a la seguridad, no solo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que ya tiene una estrategia que se basa en la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los datos y está

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

en contraste con la inadecuada seguridad cibernética. Cada nación, hoy en día, se basa en el internet que se trasmite por el ciberespacio y esto nos hace muy vulnerables, enfrentando esas amenazas cibernéticas crecientes. La identificación de estas amenazas cibernéticas obedece a un dominio y hay métodos por medio de los cuales se pueden seguir objetivos políticos a través de muchas formas, como el espionaje, robo de la propiedad intelectual para la ventaja tecnológica militar y también ataques cibernéticos en sistemas, infraestructuras y recursos. Es una amenaza tanto para la sociedad civil y como para nuestros países, porque ciertamente en el caso de los Estados Unidos y todos los países representados aquí, tenemos redes de comunicaciones militares y gran parte de estas están interconectadas. La columna vertebral de todo este sistema es lo que llamamos internet.

que reglas que ya estaban latentes aparezcan dándole al asunto un nuevo sentido como, por ejemplo, el predominio de los conflictos armados sobre actores no militares, como es el caso del atentado del 11 setiembre y, que ha generado grandes debates sobre la participación directa de los civiles en las hostilidades y los principios de detención en la guerra. Estas nociones y estas reglas las hemos tenido siempre. Pero antes de empezar a entrar en operaciones, que pudiesen poner estos como temas relevantes, tenemos que tener un nuevo entendimiento y una mirada más profunda. Entonces, las nuevas tecnologías permiten que uno tenga que actuar de una manera sin precedentes, que genera tensión en el contexto del Derecho y crea ambigüedades legales y de política, por tanto, generan riesgos innecesarios tanto en la acción como en la reacción. En mi opinión, esto es lo que estamos viendo hoy en día en este ciberespacio. Como en el enfoque del manual, tenemos que ver la aplicabilidad del Derecho Internacional en el ciberespacio, tenemos que ver como se hace, tenemos que ver la interacción de los Estados y de los individuos en situación de conflicto armado, por lo que este trabajo ha sido muy importante. En el resto de mi presentación, voy a enfocaren en el área donde hay mayor ambigüedad: el Derecho internacional y las relaciones entre Estados, más específicamente, en aspectos que se relacionan con la confrontación cibernética, término que he escogido con cuidado, porque yo no utilizo el concepto de conflicto cibernético.

La emergencia de acciones cibernéticas está avanzando mucho y eso lleva a la pregunta principal: ¿El Derecho Internacional aplica al ciberespacio y de ser así, es apropiado a la tarea de regular la conducta cibernética? Algunos pueden decir que no, que debemos desarrollar otro sistema normativo para este caso; otros tienen un punto de vista opuesto que dicen que el Derecho Internacional se aplica claramente al ciberespacio y ésta es la posición de los Estado Unidos, que se refleja, por ejemplo, en la estrategia de la Casa Blanca para el ciberespacio y también su posición ante las Naciones Unidas, sobre el desarrollo de la tecnología cibernética y su relación con la seguridad nacional. De otro lado, un grupo de expertos ha producido un manual adoptando esa posición de Derecho Internacional aplicable al ciberespacio y otro grupo de expertos de los Estados Unidos han formulado un informe en 2015, reafirmado recientemente en 2016, grupo en el que me encuentro, que el Derecho internacional aplica absolutamente al ciberespacio.

Primero vamos a hablar sobre la naturaleza del ciberespacio en sí mismo. Con muy pocas excepciones, cada webs que utilizamos afecta nuestra vida diaria, tanto colectiva como individualmente. Está basada en la naturaleza del ciberespacio y significa crear acceso y efectos en cada dispositivo computarizado del sistema, ya sea privado o gubernamental. Otro factor importante desde la perspectiva de la arquitectura, seguridad y aplicación de los regímenes legales, es la naturaleza de las distintas capas del ciberespacio. La naturaleza interconectada que combina con protocolos técnicos, la arquitectura y falta de seguridad, han generado en el sistema un ambiente único que puede comprometer las redes, poniendo en riesgo datos importantes y al mismo tiempo infraestructuras que pueden ser físicas o virtuales, dando ventajas a los atacantes, con costos bajos.

También reconozco que el diálogo se encuentra en los detalles y en determinar si el Derecho internacional aplica a una situación específica, como el Derecho en el ciberespacio, que muchas veces es distinto. Este es un reto que estamos enfrentando continuamente, dado que tenemos que asesorar a los formuladores de políticas y a las distintas ramas militares. El asesor legal del Departamento de Estado siempre habla del proceso de traducir las reglas del Derecho internacional para nuevas tecnologías y situaciones, revisando sus principios y viendo los nuevos retos que implican aplicar estos principios. Este proceso no es nuevo, hemos visto este desarrollo anteriormente, cuando aparecieron las operaciones aéreas, por ejemplo, y hoy, a gran distancia de cuando empezamos, las tecnologías siguen cambiando y la comunicación internacional ha visto los mismos retos de aplicar las mismas reglas a situaciones nuevas. Es un proceso que han tomado grandes grupos de expertos, que se enfocan, primeramente, en la aplicabilidad de las leyes en desarrollo.

Lo que estamos viendo ahora son algunos ejemplos con los que podemos estar familiarizados, adicionalmente de que se puedan dar nacional y transnacionalmente, estamos viendo también el aumento en la sofisticación de las herramientas cibernéticas. Hemos visto como en los últimos años hay actores, tanto a nivel estatal como no estatal, involucrados en el área de espionaje, que usan datos y explotan las redes a gran escala; luego los hackers y la expatriación de información sensible de 22 millones de individuos, son solo algunos ejemplos.

Los procesos son relativamente simples, la legalidad de nuevas armas pueden abordarse a través de la posición estable de las reglas que gobiernan las guerras; pero otras veces, hacen

El ciberespacio también permite robar la propiedad intelectual de manera masiva, cuyo impacto económico se calcula

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en 3 billones de dólares al año, solamente en los Estados Unidos. También hemos visto como han aumentado las acciones cibernéticas destructivas, por ejemplo, los ataques contra el sector financiero de los Estados Unidos, ataques similares a Corea del Norte, entre otros, y también la negación de estos ataques masivos que muchos atribuyen a la gran estructura que hay, en ese sentido, en China. Rusia ha empleado recientemente estas estructuras cibernéticas contra Ucrania. La generación del virus Simon que atacó a un número impresionante de computadoras y principalmente a empresas petroleras y también ataques a Sony por los norcoreanos, que significó la pérdida de millones de dólares, para castigarlo por haber divulgado una película de Sony films, que Corea del Norte consideró una película ofensiva. Lo que sucedió fue que un líder de un país pudo llegar al otro lado del mundo, pasando fronteras de una manera sin precedentes, para de una forma directa tratar de influenciar y de amenazar los derechos civiles y políticos de otro país, la libertad de hacer la película, de divulgarla, y de ver la película. Estos son unos cuantos ejemplos; hay muchos más de esta amenaza cibernética y de la transformación del espacio cibernético de un área tradicional, en la que puede llegarse hasta la confrontación.

voluntarias no vinculantes. Hay un trabajo continuo para desarrollar esta área, a través de normas tales como la no interferencia con el trabajo de computadoras o la respuesta de equipos de emergencia sobre problemas en redes críticas y, no tomar acciones maliciosas de cierta naturaleza. Lo que es importante, de todas maneras, es que este reconocimiento parece implicar que las acciones abordadas por las normas, de otra manera, estarían prohibidas por el Derecho internacional y se eliminarían. Conocemos que el Derecho internacional prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial, la integridad política o cualquier otro tema que no sea consistente, con el propósito de las Naciones Unidas, salvo que haya sido aprobado por el Consejo de Seguridad o en el ejercicio de una autodefensa. El punto de vista de los Estados Unidos es que el uso de la fuerza es coextendida con el ataque armado y el uso de la fuerza nos da derecho a la auto defensa; pero hay otros países que tienen otra opinión distinta en este tema. En el manual que ha publicado el Departamento de Defensa sobre estos asuntos, ha contemplado también el tema cibernético. Si las operaciones cibernéticas causaran daños a la propiedad, la muerte, heridas o destrucción significativa; entonces, podría ser considerado como uso de la fuerza y los Estados pueden apelar al derecho de la autodefensa y generar la defensa tal como se entiende en el marco del Derecho internacional. Este es el enfoque que toma el manual siempre y cuando aborde el tema de “just ad bellum” y está basado en decisiones de la Corte Internacional. Las circunstancias y los principios son importantes para ver si la acción cibernética ha cruzado ese umbral y si ya pasó a nivel de hostilidad o de conflicto; pero no es lo que estamos viendo en gran parte de la actividad en el ciberespacio, donde estas acciones, que muchos ya han identificado, han pasado.

La pregunta es ¿Por qué el Derecho internacional tiene que hablar de estos diversos eventos? Hay una serie de retos particulares en el Derecho internacional y, no necesariamente, les voy a dar las respuestas a estos problemas, sino más bien, voy a identificar lo que considero que son los retos que se presentan, empezando por el hecho de que hay una falta de terminología común o léxico sobre el ciberespacio. Como dijimos anteriormente, no hay siquiera una definición uniforme de ella. Si haciendo un trabajo de campo preguntamos a 50 personas sobre lo que entiende por ciberespacio, nos van a dar distintas definiciones; algunos incluso objetarán el término, diciendo que están en contra de la militarización del ciberespacio. También es difícil trazar la distinción entre lo que son las políticas y las leyes y donde terminan estos límites a nivel estratégico. Cuando los Estados toman posición en ciertos temas, lo hacen en base a sus políticas, son sus opiniones sobre lo que es la ley.

Otra cuestión, entendida la solemnidad en el Derecho internacional, surge en el área del espionaje entre Estados y si el espionaje es o no una violación del Derecho internacional; esta es una pregunta muy difícil. Creo que muchos reconocerán que hay una minoría que diría el Derecho internacional prohíbe el espionaje. Yo sugeriría que los Estados, en gran parte, no solo de los Estados Unidos si no transfronterizos, tratan de minar esa posición.

Han habido esferas separadas en el Derecho internacional a nivel de lo que es Derecho interestatal; el uso del jus ad bellum, con el cual estamos todos familiarizados; el área intermedia, que es el área que ha tenido poca atención en los últimos años, que es el área donde hay responsabilidad y se refiere al principio de no intervención. La Corte Internacional tiene la noción que los Estados son soberanos e iguales y que el Derecho internacional, que tiene una visión positiva, es creado por los Estados y, bajo esta perspectiva, hay un ambiente permisible, salvo que los Estados acuerden establecer restricciones, como que pueden actuar de manera libre a través de los retos diplomáticos en distintos temas.

Los Estados tienen legislaciones abiertas que autorizan y permiten a sus organismos especializados a organizar el espionaje, con lo cual estarían contra el principio de que esas actividades están prohibidas por la ley; pero los medios a través de los cuales se realiza el espionaje podrían implicar la violación de otros principios relacionados con el Derecho internacional.

Ahora, estas serían las normas en tiempo de paz, en cuanto a las relaciones civiles del espacio, que se reafirma a través de la ley internacional aplicable al espacio; pero, no se define la forma de cómo se aplica y desarrollaron una serie de normas

En el centro de todo esto está el tema de la soberanía, algunos toman el punto de vista, que es bastante razonable, de que la soberanía en sí es una regla fundamental de Derecho internacional y que la entrada a otro territorio sin el permiso de ese

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Estado, es en sí mismo una violación del Derecho internacional. Creo que esa posición genera retos, hay dificultades con esa posición; yo les voy a dar mi punto de vista personal, creo que la soberanía es la roca fundamental, es la base del principio, pero no es una regla en sí misma. Es un fundamento sobre el cual los países se han puesto de acuerdo y han generado reglas más específicas, como por ejemplo, las reglas que prohíben el uso de fuerza.

importante, que creo que el Derecho internacional va tener que abordar en los próximos años. Se considera generalmente prohibir acciones coercitivas, por entender que involucra cierto grado de interferencia a un derecho soberano importante. Hay que considerar, también, que cada Estado, por el principio de soberanía, es libre de desarrollar sus sistemas económicos y sociales y establecer sus políticas. Por ejemplo en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 27 de junio de 1986, condenó a éste último por violación de la soberanía de otro Estado, en el contexto del conflicto interno nicaragüense.

Desde el tratado de Westfalia y la creación de los Estados modernos, se ha entrado en actividades que implican este tema del espionaje, ya sea que tengamos que aceptar o considerar que los Estados están realizando espionaje con frecuencia o que ello involucra la entrada en un Estado en el territorio de otro.

Acabo de comenzar a leer un libro de Hagan Sigo, que describe el 2012 y 2013 como el año 0 de la batalla del cyber crimen, donde se involucra a todas las batallas de búsqueda y batallas contra la información con influencia y estándares que pueden venir por parte del Estado, que no son correctos y se compara a las guerras que ocurrieron antes. Es poco probable que las cyberoperaciones produzcan un tipo de destrucción que puedan producir las armas físicas, pero la amenaza que presentan las cyber armas es real y pueden desestabilizar grandemente el mundo, debido a la presión que hacen esos tipos de crímenes, de aplastar la presión que hacen esos distintos regímenes, de aplastar lo que estaba separado y juntar todo en un mismo lugar. Ante esta amenaza, el Derecho internacional debe promover la estabilidad en la prevención del conflicto y la cooperación de Estados, para poder desarrollar estas normas a fin de mantener la paz y las reglas de cómo se interactuaría para no tener malos cálculos innecesarios. Muchas gracias.

La noción de los límites geográficos y físicos cuando vemos, por ejemplo, un ataque cibernético, desaparece. La técnica involucra al actor que va a realizar el ataque, ganar acceso alrededor del mundo, en distintos países sin autorización, sin conocimiento, convirtiendo esas computadoras en redes de robots que a través de comandos, se pueden acceder a esas computadoras, de manera simultánea, para enviar el tráfico de información, sobrecargando esos sistemas al punto que ya no funcionen. Ese es el estándar, la técnica estándar que se está utilizando, estas son entradas al territorio de los Estados. El cibernético no tiene fronteras. El correo que yo mando no puedo ser dirigido por la ruta que quisiera que vaya, se hace automáticamente y puede ir a una serie de países antes de llegar a su destino. Esta noción de soberanía central en relación al tema cibernético, hace surgir una pregunta muy

EXPOSITOR 2 TENIENTE CORONEL ANDREW THOMSON (CANADÁ)

El Comandante Thomson es Director de Derecho Internacional y Operacional de Canadá. Ha servido como asesor legal en Bosnia Herzegovina en 20032004. Asesor legal en el Destacamento Especial canadiense en Afganistán en 2009-2010, entre otros.

Gracias al Fuero Militar Policial por su invitación, creo que para aquellos de nosotros que damos cierta consejería para los Estados, parte de esta consejería es discutir los retos que surgen de esta nueva tecnología, y por eso estamos aquí. Los puntos llaman la atención ya que forman parte del conocimiento público, entonces, hoy quiero hablarles de las discusiones que no tienen mucho que ver con lo legal. Aunque haya preguntas legales, brevemente vamos a discutir estas preguntas, usando el marco legal respecto a la tecnología y vamos a ver como se aplica el caso de los drones, vamos a hablar un poco de la terminología porque drones también puede referirse a un tipo de vehículo, y, finalmente, hablaré del marco de hostilidades. No hablaré de todo lo que puede ocurrir dentro de un conflicto armado, como lo hizo ya mi compañero, sino voy a considerar esto en el contexto donde no hay conflicto, donde el Derecho Humanitario podría aplicarse sin considerar el uso de drones. El uso de drones ha estado en la mesa de discusión del Derecho internacional por mucho tiempo y estos debates son continuos y siempre se aplican a cualquier estado de guerra. Hay cierta controversia en el uso de drones y reflejan las controversias que existen ya en la ley y no dependen del uso de un tipo de arma en particular. Donde no hay conflicto, se aplica la ley humanitaria internacional, pero yo creo que tenemos la necesidad de crear un marco para regular ello en tiempo de hostilidades. Vamos a pensar en eso ¿necesitaríamos una nueva frontera sin la ley aplicable?, la circunstancia del uso de lo cibernético, los gobernantes podrían usarlo, ya que no existe problema si está de acuerdo con la ley humanitaria y si no está dentro de un conflicto; si está dentro, si debería aplicarse otras leyes. Hay muchos debates, pero muchos de los argumentos son bastante oscuros. Hubo un gobernante ruso que tuvo cierta concepción y hay un pasaje que me gustaría citar: “El principal objetivo para la cooperación a nivel global es el establecimiento de una estructura legal internacional que gobierne la actividad militar de los Estados y el espacio de información global basado en regulaciones de la ley internacional”; entonces, los rusos están guiados por algunos principios de la ley internacional, pero el contexto sugiere que la ley internacional actual no es suficiente para cubrir las actividades cibernéticas, cosa que piensan también algunos otros Estados; no obstante, desde que se hizo este comentario, hemos tenido un manual redactado por las Naciones Unidas que se puede aplicar. Este documento ha sido recibido con gran aprobación y el reporte de las Naciones Unidas ha recomendado este documento, que dice que la Carta de las Naciones Unidas se aplica en este tipo de casos para promover un ambiente cibernético seguro. Los expertos han dicho que los principios de la ley internacional se aplican al ciberespacio y, esto es importante, porque nos da cierta seguridad respecto a todas las cosas relacionadas al ciberespacio. Es difícil medir cuál es la práctica de los Estados. Desde la perspectiva internacional tenemos expresiones limitadas del Estado, que hemos tratado de recolectar, pero hay varios

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retos de acuerdo con la doctrina y otros discursos que no, necesariamente, opinan sobre el uso o desuso de un tipo de herramientas; entonces, las cuestiones relativas al ciberespacio son complejas, pero yo creo que hay un sentido de aplicación de la ley internacional en este tipo de circunstancias. Todavía es un progreso que se está haciendo, pero aun así se aplica.

I a los Convenios de Ginebra, que define los ataques como actos de violencia contra los adversarios, ya sean ofensivos o defensivos, pero no todas las operaciones cibernéticas van a cruzar este umbral de violencia, pero una vez más eso se indicó que podría ser considerado como un ataque tradicional violento.

Voy a ir al punto central, que es el uso de drones, que es un problema para la ley internacional. Principalmente, la relación entre la ley internacional humanitaria y la de Derecho Internacional. El Consejo de Derechos Humanos de los Estados Unidos, al revisar en 2014 las normas sobre el uso de drones, fue criticado por la ONG Human Right. El Consejo Humanitario dijo que hacer eso era parte de su mandato, ya que trabajaban con los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario Internacional. Creo, que el rol del Consejo para evaluar la ley internacional humanitaria es debatible.

Ahora hablaré sobre una de las consideraciones de la ley de conflictos armados (The law of armed conflict) para el uso de estos vehículos. Yo creo que podemos ponerlo en tres categorías:

Entonces, cuál es exactamente la relación entre el Derecho humanitario, el Derecho humanitario internacional y la ley internacional; sobre todo, en ciertas actividades, por ejemplo: para las actividades en el Congo se utilizaban armas nucleares. Pero, ¿cuál es la práctica de los Estados? En el caso de los drones, ¿cuál es la ley del Derecho Humanitario Internacional de la cual se está hablando?, al menos es un punto que tenemos que debatir, yo creo que en muchos foros no analizamos estos puntos. Hay otro reporte llamado “Deathby Drone” (muerte por drones); hablaban de la validez de los ataques con drones. Es un trabajo bastante consiente, aunque se ha tomado mucho tiempo para realizarlo. Los comentadores y consejeros militares critican el contenido de este reporte y, en particular, el punto de usarlo dentro de combate. Puede ser usado por un miembro de un grupo militar organizado, pero de hecho los civiles también lo pueden usar. Las directrices en este reporte, hablan sobre el punto central de esta discusión.

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Los drones, que son sistemas controlados remotamente por algún tipo de señal de radio y el operador puede estar cerca, lejos o en otro país. Es una característica en los conflictos armados actuales.

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También tenemos otros vehículos que pueden realizar acciones pre programadas que no necesitan la operación de humanos, pero el humano puede activar o anular la misión. También son usados en conflictos actuales.

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El otro puede ser el más discutido o el más controversial que no usa un humano, que son programas de inteligencia artificial, los cuales pueden identificar y destruir un blanco sin ninguna intervención humana, pero realmente, causa ciertas preguntas éticas. Una vez más, algunas organizaciones dicen que el hecho de tenerlos es legal, porque hay tratados, etc. Si la inteligencia artificial aún está en vías de desarrollo y no causa ningún tipo de amenazas, pero hay sistemas que ya han sido desarrollados, debemos revisar este tipo de sistemas, que pueden hacer vigilancia, ayudar en ciertas actividades de manera mucho más precisa sin causar daño, pero un nuevo sistema tiene que ajustarse a ciertas normas establecidas.

Como cualquier sistema de armas, tienen que cumplir normas de Derecho Internacional Humanitario y eso incluye el derecho de decisión, de personalidad, de distinción, etc. Como se tiene fidelidad, pueden ayudar a cumplir el respeto del principio de precaución. No todos los drones están piloteados y operados por personas militares ni tampoco van a participar en actos de hostilidad, contra civiles. Yo creo que podríamos aplicar el Derecho Humanitario Internacional.

El desarrollo de la ley internacional está en la mesa y no son solamente debates técnicos, porque las preguntas que están bajo la mesa, hablan de la metodología legal, pero hay tensiones al momento de abordar esos asuntos, al momento de mitigar los efectos que ocurren en ese conflicto.

En conclusión, las nuevas tecnologías llevan viejas preguntas sobre si la ley aplicable es la actual o necesitamos una nueva ley, dudas que se generan porque los medios han cambiado e incluye el miedo que nos hace incapaces de responder estas preguntas. Necesitamos todo esto porque la tecnología avanza y puede ser aplicado en determinados conflictos armados, en forma controlada, sin causar ciertas susceptibilidades en el medio legal, ciertas modificaciones y ciertas recetas de guerras. Yo creo que podríamos dar un marco apropiado para regular este tipo de herramientas, que se aplican o no en la guerra. Gracias.

Alguna de las consideraciones del uso de cyber armas se refieren al uso de ciertas armas comunes, que se usan en un contexto. Hay pequeños desacuerdos para poder identificar si es un ataque el que se realiza con este tipo de herramientas y si se puede limitar. La Corte Interamericana de Derecho dijo que un ataque, sin importar el tipo de arma que se usa, es un ataque. Otro punto es si los cyber ataques son considerados como violentos de acuerdo al artículo 49 del Protocolo Adicional

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PREGUNTAS:

armamento autónomo: ¿quién va a ser responsable del error?, ¿el sistema?, ¿Vamos a tener un juicio contra una computadora? Esto es incoherente, en mi opinión, con los principios y necesidades de la ley.

¿Existen armas con autonomía suficiente para extinguir la línea de responsabilidad o solo es ciencia ficción?

Hay ciertos sistemas, principalmente en la parte naval, los cuales son hasta cierta forma autónomos, que en la defensa pueden reaccionar con la rapidez necesaria; pero es un ambiente bien específico y diferente.

Participé hace dos semanas en una conferencia, en relación a armas autónomas; déjenme empezar diciendo que la posición, la política actual del Departamento de Defensa es que tiene que haber un humano en el proceso de decisión del uso de fuerza. Entonces, prohíbe cualquier arma autónoma y hay varias razones de debate de porque es mejor o no esa decisión.

Es posible, pero es muy difícil imaginar, que el sistema pueda confundir un avión que está en actitud de ataque con un avión civil. Yo no soy una persona de informática y mi experiencia es en el campo legal.

Yo personalmente, en el fondo, creo que tiene mucho que ver con el asunto de la responsabilidad de mando en el uso de

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SEXTA CONFERENCIA

Situaciรณn de la Justicia Militar en el mundo Moderador TENIENTE GENERAL DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (Grecia)

MODERADOR TENIENTE GENERAL DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (GRECIA)

Nació en Atenas. Se graduó en la Escuela de Leyes en la Universidad de Thessaloniki, Grecia. Además posee un Master en Derecho Internacional Público de la Universidad de Londres. Actualmente, es el Fiscal Supremo en la Corte de Apelación Militar de Atenas; y, Primer Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Bienvenidos a la segunda sección de este programa acerca de la situación de la justicia militar en el mundo. Los militares alrededor del mundo, ciertamente con excepciones, operan sus propios tribunales para el juzgamiento de los delitos militares y los Estados han extendido esta jurisdicción para cubrir crímenes cometidos por su personal, sin tomar en cuenta si son crímenes militares o no. El motivo principal es que estos Estados quieren asegurarse la rápida conclusión de los procedimientos penales y asegurar que las penalidades sean impuestas. La dificultad que podría darse en esto es, que los procesos se sigan para encubrir los delitos cometidos por personal militar y escapen éstos a las penas que les correspondan. Esta es una situación anormal que no puede darse en una sociedad democrática, donde los principios de equidad deben ser importantes y donde la ley debe de cumplirse. El control civil sobre los militares se puede ver amenazado debido a la cultura y a la impunidad. Estas ideas me dan pie para señalar la importancia de ciertos parámetros sobre los cuales las cortes militares deben operar. El tema de si la estructura militar en algunos países está subordinada al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Justicia, no es un problema como, tampoco lo es, la prevalencia de los códigos penales militares sobre los códigos de la jurisdicción criminal común, o viceversa; lo que realmente importa, en realidad, es que los Estados deben ubicar el desarrollo de la justicia militar, en el marco de los principios generales para la administración justicia, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Derechos Civiles y Políticos y en cualquier otro instrumento que sea relevante para la administración de justicia; en otras palabras, la justicia militar debe ser parte integral del sistema judicial general. Al mismo tiempo, de aquí se deduce que haya un sistema mínimo de reglas universales que deja espacio para otros estándares más estrictos. Como una breve introducción, diremos que estos temas relacionados con los Derechos Humanos fueron abordados por las Naciones Unidas en su sesión número veintiséis, haciéndose referencia al estudio continuo de los temas de la administración de justicia en los tribunales militares, que fueron complementados con dos resoluciones: Una de ellas, del 19 de abril de 2005, que tomó nota del informe del profesor Emmanuel Decaux sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos, que incluye principios básicos sobre la administración de justicia por las cortes militares. La sub comisión nombrada para este efecto estuvo involucrada por varios años con el tema, que empezó con un cuestionario que realizó Luis June y que presentó su informe a la sub comisión en la sesión número treinta y cinco. En 2006, Decaux presentó un conjunto de borradores sobre procedimientos de administración de justicia por las cortes militares, tratando de establecer un sistema mínimo de reglas aplicables para regular la justicia militar. Fueron desarrolladas a través de consultas con expertos de todas partes del mundo, incluyendo ciertas disposiciones especiales con relación al funcionamiento de los tribunales militares.

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Como ya se ha mencionado, estos principios se basan en la idea de que la justicia militar debe ser una parte integral del sistema judicial general. Los principios han sido citados positivamente por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.

jurisdicciones militares, la autoridad funcional de las cortes militares, los juicios a personas acusadas de violaciones serias de Derechos Humanos y las limitaciones del secreto militar. Del principio once hacia adelante, hasta el número veinte, se trata sobre el régimen de la prisión militar, la garantía del Hábeas Corpus, el derecho a la competencia y al tribunal imparcial, la naturaleza pública de las audiencias, la garantía del derecho de defensa y el derecho a un juicio justo y sincero; así mismo, sobre el acceso de victimas a las audiencias, el recurso de las audiencias en las cortes ordinarias, la obediencia y la responsabilidad a los superiores, la no imposición de la pena de muerte y la revisión de los códigos de justicia militar.

Los primeros cinco principios están referidos al establecimiento del tribunal militar, por la Constitución o la ley, que respete los estándares de Derecho internacional, la aplicación de la ley marcial, la aplicación del Derecho humanitario y el no juzgamiento de civiles por las cortes militares. Los principios del seis a diez están referidos a la objeción consiente al servicio militar, la jurisdicción de tribunales militares, la prohibición del juzgamiento a menores de 18 años en las

EXPOSITOR 1 MAYOR GENERAL ARNE WILLY DAHL

Ex Juez General de Noruega y Presidente Honorario de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Gracias Generales, anfitrionas, damas y caballeros, amigos y colegas. Es un honor haber sido invitado para exponer ante este distinguido público. Agradecer también a las personas que me han dado la oportunidad de conversar con otros participantes. Mi manuscrito está disponible con los organizadores y la Secretaria General de la Sociedad de Derecho Militar y el Derecho de la Guerra. Si ustedes requieren contactarme directamente para obtenerlo, también lo pueden hacer. Como bien saben, yo vengo de Noruega que tiene un sistema bastante “civilizado” para la Justicia Militar. Mi país tiene sus propios retos y otros países tienen, a su vez, los suyos. La razón de estar aquí es poder darles una visión general, una visión global, de la justicia militar y al mismo tiempo, hacer un balance de las fortalezas y de las debilidades de varios sistemas, desde la perspectiva de Derechos Humanos, en un sentido más amplio. Aunque mi presentación se enfoca en el desarrollo de las Cortes Militares, no debería olvidarse que la Justicia Militar también se trata sobre la investigación, asuntos que han sido tratados por la Corte Europea de Derechos Humanos. No hablaré en detalle sobre estos aspectos, pero les recuerdo que es necesario considerar todo el procedimiento, desde la investigación hasta la acusación, antes de tener nociones sobre ciertas políticas o ciertos sistemas de justicia militar. También tenemos que recordar que muchos países tienen sistemas distintos para ver algunos crímenes, que pueden ser menores en otros países. Estos sistemas pueden estar más o menos conectados respeto del sistema de Justicia Militar o pueden estar bastante separados, por ejemplo, tener provisiones legales que definen las ofensas que pueden ser manejadas por ciertos organismos y con penas específicas. Algunos castigos tienen ciertas excepciones y los comandantes pueden mostrar preocupación por la actuación de los tribunales, pero estos tienen la decisión final y es necesario que se les preste cierta atención. Les hablaré sobre los tribunales de forma bastante general, sea que estén o no relacionados con ofensas en el aspecto militar. En la historia, este tiene sus raíces en la autoridad del oficial comandante y la necesidad de mantener la disciplina entre sus tropas. La relación entre la ley y la guerra es un asunto bastante importante, porque sin la guerra no habría necesidad de ningún Estado. En los tiempos de paz, sin embargo, la situación puede ser bastante distinta. Normalmente, un tribunal se encuentra cerca y tratándose de personas que estén en el extranjero, es posible llevar a los ofensores ante las cortes para que puedan ser juzgados de una manera correcta. En otras palabras, la situación es distinta el día de hoy. Ha evolucionado. Aunque las fuerzas armadas en general se perciben de manera distinta actualmente que en tiempos de Napoleón, la percepción ha cambiado también de país a país. Las fuerzas armadas, simplemente, son una rama de las políticas del Estado, que brindan ciertos tipos de servicios, que los civiles tienen problemas para entender. A la larga, las fuerzas armadas necesitan la confianza de la población. Un factor importante es que no se abuse del poder contra otros sectores de la sociedad. Otro factor es que deberían tratar a sus miembros de manera justa, incluso a las personas acusadas de ciertos crímenes y debería también apresarse a los criminales de guerra y

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE JUSTICIA MILITAR – FUERO MILITAR POLICIAL

llevarlos a prisión. La solución aparente parece ser un límite en la investigación y en un juzgamiento independiente, pero las soluciones no son realmente perfectas aunque puedan estar basadas en ciertos principios sólidos.

tiene jueces con experiencia en asuntos militares específicos. Tenemos que mencionar que en Alemania los casos militares fueron revisados en el 2013 y fueron centralizados en una corte civil. Respecto a Latinoamérica, los participantes en el congreso de 2015 hablaron sobre los avances de la justicia militar en Argentina, Perú y Uruguay, entre otros, y dijeron “que aún había mucho pan por rebanar”. El desarrollo ha sido influenciado por los Derechos Humanos y esta influencia ha sido aparentemente bastante fuerte en los Estados que tienen mucho que ver con la ideología europea como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, siendo la razón para esto, aparentemente, el acceso de los civiles al sistema legal y la influencia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Nuestra conferencia no es la primera ni será la última que tiene que ver con la justicia militar. En las últimas décadas, la reforma del sistema militar ha sido discutida y se puede ver que ha sido discutida en distintas conferencias, de diferentes partes del mundo. Lo que ha ocurrido con la justicia militar ha sido tratado como un tema principal y hemos aprendido mucho en esas conferencias, pero faltan aún otras para conocer mejor la situación de la justicia militar en la parte de Latinoamérica.

De acuerdo con la Convención todos tiene el derecho a la libertad y la seguridad personal y no pueden ser privados de su libertad, salvo en los casos señalados por la ley; igualmente, toda persona imputada de haber cometido un crimen tiene derecho a un juicio justo y razonable, independiente e imparcial. Estos artículos interponen restricciones respecto a ciertos castigos que pueden ser impuestos a través de procedimientos indebidos, también determinan que las decisiones deben ser independientes, lo cual significa que no se puede tener un tribunal compuesto por oficiales liderados por un comandante que tiene un interés en el resultado, de forma que la decisión sea parcializada.

No voy a leer toda la lista de conferencias que se han llevado a cabo sobre este tema, pero me enfocaré en una de 2001, donde la Sociedad Internacional de Derecho Militar y del Derecho de la Guerra hizo un análisis comparativo de los sistemas de justicia militar, para lo cual se distribuyó previamente, entre representantes de varios países, un cuestionario para recopilar información sobre este asunto. Lo más interesante del cuestionario de 2001 es lo siguiente: Se preguntó sobre la reforma del sistema legal militar ocurrido en su país con referencia a los Derechos Humanos, como por ejemplo, los que aparecen en la Convención Europea de Derechos Humanos u otros aplicables a su país. Las respuestas dicen que muchos países han pasado por muchas reformas considerables o han considerado reformas futuras. Los desarrollos posteriores confirman que es un proceso más o menos continuo, que ocurre en todo el mundo. El número de cambios en la justicia militar puede presentar una imagen confusa al tratar de identificar los puntos esenciales, pero uno tiene que simplificarlos, no darle muchos detalles.

Otra fuente de influencia es la del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, básicamente, la preocupación es que una jurisdicción militar no actúe sobre los civiles, por tanto, la justicia militar debería ser restringida para las ofensas cometidas por personal militar. A veces hay problemas que surgen dentro de las cortes militares. El público generalmente critica ciertas conductas, que pueden ser inspiradas por eventos significativos, por ejemplo, el caso de las tropas del Reino Unido involucradas en ciertos incidentes en Irak en el 2013, donde no hubo ningún tipo de juicio pero los policías militares fueron acusados de encubrir políticamente ciertos actos. En otros casos había una acusación, pero la pregunta era porque había una acusación si se estaba realizando un trabajo bastante difícil, entonces, no se debió comenzar este trabajo.

Mi primera simplificación es dividir la justicia militar en dos grupos: La encuesta del 2001 dice que la justicia militar de 35 Estados pueden englobarse en un modelo angloamericano, basado en cortes marciales, organizadas para casos determinados. De otro lado, están los sistemas continentales europeos basados en cortes ya establecidas. El sistema angloamericano es propio del Reino Unido y de sus antiguas colonias, mientras que el sistema continental Europeo es propio de América. Las culturas pueden ser distintas y pueden variar de país a país, y estos sistemas militares pueden ser divididos en distintos ejes, que van desde cortes marciales a cortes formadas enteramente por civiles.

También ha habido objeciones sobre alguien que acusó a una persona equivocada. Muchas críticas incluyen otros conceptos en un contexto donde la milicia tiene una posición de fuerza. En ciertos Estados Norteamericanos, las jurisdicciones han sido un problema que no van junto con los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En Australia, los tribunales militares pasaron por una reforma en el 2005. En Bélgica, en el 2004, los tribunales militares se abolieron en tiempos de paz. En Chechenia los tribunales militares fueron abolidos en el 93 y fue a consecuencia de una reorientación política. Los casos militares ahora son vistos por ciertos tribunales específicos en Nueva Zelanda. No hablaré más de este caso porque hay un representante de Nueva Zelanda en el Congreso, que hablará del tema. El caso de Australia es significativo, que ha pasado de un sistema de corte marcial tradicional a un tribunal que

Lo que puede ser un debate permanente en tiempo de paz, puede ser disfuncional al momento de desplegar las tropas en el extranjero. Cuando los soldados cometen crímenes contra civiles, que debieron proteger en un principio, no causa una muy buena impresión. Los civiles tienen que ver que la justicia se lleve a cabo, pero el despliegue de las tropas no va muy bien con el sistema de justicia civil. Es típico que los

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

Tribunales Militares actúen tiempo de guerra, mientras los tribunales civiles vistos en épocas de guerra es una anomalía.

En Noruega, con relación a regulaciones de seguridad, solo existían dentro del orden militar, por ejemplo, los temas que van con la seguridad o el espionaje o los delitos militares. La legislación nacional que se estableció en Noruega en 1999 sobre seguridad, expresa que esos temas son de conocimiento de la justicia ordinaria.

En mi país, donde el tema es casi 100% manejado por civiles, un especialista me dijo que hay que explicar aspectos importantes al tribunal; aspectos que debieron ser de conocimiento del Tribunal que al menos tenga un cierto conocimiento militar básico. Si la defensa se basa en las explicaciones del fiscal, vamos a ver cierto desequilibrio en el proceso.

Hay una serie de países que han implementado legislaciones sobre los crímenes de guerra, genocidio y los crímenes contra los Derechos Humanos. Algunos consideran que estas son crímenes de naturaleza militar y deben ser tratados solo por tribunales militares, otros, consideran algunos de estos casos en su sistema penal común y excluyen otros de él. La preocupación principal siempre ha sido los casos donde miembros de las fuerzas armadas son acusados de violaciones serias como ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzadas o torturas. Si dichos crímenes se dan en un país que está pasando por perturbaciones civiles, se puede decir que pueden ser juzgados por el sistema de justicia civil; pero hay otros países en los que el enfoque va en la línea de los crímenes de guerra cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

La independencia de las cortes es muy importante para la Convención de Derechos Humanos Europeo. La importancia de esta independencia fue mostrada, por ejemplo, en un caso reciente en Noruega, donde un Teniente fue castigado simplemente por indicarle a una soldado, miembro del equipo, a lavarse en un río; posiblemente, muchas personas no vieron lo que pasó en el rio o se hicieron de la vista gorda, los medios se involucraron y también apoyaban a esta mujer contra el oficial que la había obligado a lavarse en el rio. El caso concluyó en forma diferente, luego de haber visto toda la evidencia, de lo que había pasado, de lo que se había dicho y considerar que faltaba una guía oficial sobre cómo llevar adelante esta práctica de lavarse en el río y cual debía ser la diferencia que debía haber en relación a los géneros. Luego de seguir el debate, me invitaron a presentarme en una cadena de televisión local y debo decir que entiendo cómo se le consideró a Pilatos cuando pasó por lo que pasó.

También en estos casos la división es difícil de notar, por ejemplo, si un soldado mal intencionado dispara a un civil en el campo de batalla, es un crimen de guerra. Si el soldado hace lo mismo bajo la mala concepción de que el civil estaba participando de las hostilidades, podría ser que esto si sea una ruptura de la Convención de Ginebra, si no tomó todas las precauciones para verificar si este civil estaba o no atacando. Esto no es necesariamente un crimen de guerra, por lo menos no bajo el Estatuto de Roma, pero puede ser también que no le haya disparado al civil sino que simplemente usó el arma como parte de las reglas de enfrentamiento.

El comandante puede querer sanciones más severas, pero es el juez quién se enfoca en la culpa del individuo, y por más independiente que sea, siente la presión al momento de aplicar la ley. ¿Cuál es un crimen de naturaleza militar? Por ejemplo, si un soldado asesina a su esposa, este es un caso que podría ser tratado de mejor manera por investigadores y jueces civiles que por sus equivalentes militares.

Hay tendencias claras en el desarrollo de la Justicia Militar, que se ven en el escenario internacional, en relación con los derechos de los acusados y de los estándares sobre Derechos Humanos. Los elementos importantes son la mayor independencia de los jueces y el derecho de elegir el tribunal y los procedimientos de juzgamiento. También hay una mayor tendencia de pasar de la jurisdicción militar a la civil, especialmente en periodos de paz, de restringir o abolir las competencias de las cortes militares y la acusación militar.

¿Qué sucede si un soldado le roba a otro soldado? Este es un caso militar o puede ser que no haya una disposición en la ley militar, ciertamente esto afecta a la Unidad involucrada.

El tema que muchos países están enfrentando hoy es si los comandantes militares deberían estar involucrados en la administración de justicia militar; de otro lado, si sería importante separar completamente a los investigadores o a la fiscalía de la estructura militar o si se quiere buscar alguna solución que esté en un punto medio.

El comandante va a ver la necesidad de que se investigue el caso y se resuelva rápidamente, tal vez con una alta prioridad que una policía civil o el trato que le daría a una ofensa similar que involucra a civiles. La línea que divide los crímenes civiles y militares, muchas veces, puede ser muy delgada.

TEMA

Tendencias Actuales sobre Justicia Militar en Oceanía y en la zona del Pacífico EXPOSITOR 2 SEÑOR CHRISTOPHER GRIGGS (NUEVA ZELANDA)

Abogado litigante y miembro del de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra.

Almirantes, generales, señores y señoras, muchas gracias por haberme invitado a este hermoso país. El artículo catorce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella…” Este es un principio de aceptación universal que ha pasado a formar parte del corpus del Derecho internacional, pero su aplicación en los sistemas de justicia militar es más difícil. Esta mañana hablamos de los principios establecidos, pero yo me voy a enfocar en el punto que la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales militares deberían respetar plenamente el derecho de toda persona a un tribunal competente e imparcial, en todas las fases del proceso: la instrucción, el juicio oral y la sentencia. Las personas seleccionadas para desempeñar funciones en los tribunales militares deberán ser íntegras, competentes y poseer la formación y las calificaciones jurídicas necesarias. El estatuto de los jueces militares deberá garantizar su independencia e imparcialidad, en esencia, respecto de la jerarquía militar. En ningún caso los órganos judiciales militares podrán recurrir a los procedimientos denominados de jueces y fiscales secretos o sin rostro. La forma en que este estándar mínimo se refleja en la ley doméstica de los Estados, varía de un país a otro. En un reporte dado se dijo que los sistemas angloamericanos de justicia militar se caracterizan por tener tribunales marciales Ad Hoc, que se juntan por casos particulares, esta versión se repitió en el reporte del comisionado de las Naciones Unidas en 2015, desgraciadamente, esta observación muestra una falta de la actualidad con respecto al desarrollo de la justicia militar y se ha simplificado la apreciación. La nomenclatura ha sido mantenida por razones de historia y tradición, pero no deberíamos pasar por alto el hecho que la Corte Marcial de Nueva Zelanda y la Corte Marcial del Reino Unido son muy diferentes en sus fundamentos y tienen antecedentes distintos desde la perspectiva y respecto de las leyes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El sistema no permanece en Australia si no en Canadá y en los Estados Unidos, pero en el caso de Canadá, ha sufrido un número significativo de reformas. Desde mi punto de vista no es útil hacer generalizaciones, cada sistema de justicia militar en el mundo es único y es importante analizar cada sistema en su contexto político judicial, para dar lecciones útiles sobre la justicia militar. Tuve una experiencia en Australia. Luego de hacerse una reforma en Nueva Zelanda fui a Australia para hablar con ellos sobre lo que habíamos hecho con respecto a las lecciones aprendidas y aparentemente fue bastante claro que las cosas que habíamos hecho en Nueva Zelanda no podían hacerse en Australia debido a las limitaciones concesionales, es por esto que unas buenas ideas en un país no son buenas ideas en otro país.

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

Voy a hablar ahora sobre parte de Oceanía y si ustedes tienen preguntas siéntanse libres de hacérmelas. Primero que nada, en mi país, Nueva Zelanda, el cambio del estatus de la Corte Marcial se llevó a cabo el 1 de julio de 1999 con un acta que estableció la Corte Marcial de Nueva Zelanda como un tribunal permanente. Los que integraban la corte marcial eran abogados civiles así que no fue un paso bastante grande hacerlos jueces completos, dentro de las capacidades del tribunal. Ahora son miembros completos del sistema judicial y trabajan a medio tiempo y están sujetos a requerimientos de legitimidad y garantías de independencia judicial, igual que los jueces de los tribunales ordinarios, tratando los casos con un panel de tres jueces y en casos serios (complejos) con cinco miembros militares que actúan como una especie de jurado o de asesores en el concepto de la ley civil, quienes traen el conocimiento general de los valores y el contexto militar para el procedimiento. Como consecuencia de ello, lo importante es que estos oficiales son comandantes, no son abogados, que tienen experiencia contemporánea de las operaciones de las fuerzas armadas, así que cuando llevan esa experiencia al contexto militar, ese contexto es del día de hoy y no de hace 15 años.

La razón dada por el gobierno para no querer establecer el tribunal fue la siguiente: Una corte militar no tiene como ejercicio conocer de crímenes ordinarios, su objeto es mantener la disciplina en las fuerzas armadas y es importante que sus integrantes tengan el conocimiento y entendimiento de la cultura de contexto militar, que va mucho más allá de entender la evidencia especifica en un juicio. Se debe entender la operación militar en un ambiente y las necesidades de mantener la disciplina de las fuerzas militares en Australia y en operaciones en el extranjero. El Tribunal funciona actualmente con jueces militares, aun cuando este sistema ha sido extendido hasta setiembre de 2017, pareciera que no cambiará en el futuro. Otros Estados de Oceanía son Fiji, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. Las fuerzas militares de Fiji están organizadas en tres batallones, dos de los cuales normalmente son desplegados en operaciones de apoyo. La disciplina de estas fuerzas militares está gobernada por leyes británicas copiadas, sin embargo, el Reino Unido ha reemplazado completamente su sistema judicial militar en las recientes décadas, por lo que hay muchas razones para dudar que Fiji opera su justicia militar según el acta de Fuerzas Armadas del Reino Unido de 2016 que es el sucesor del acta de armas de 1955.

La consecuencia de eso es que el enfoque de asignar jueces en la corte marcial ha cambiado, de nombrar solamente jueces y abogados con fondo militar, que es una materia prima bastante rara en nuestro país, a incluir a aquellos que tiene experiencia de alto calibre y cualidades personales que los hacen capaces de ser un oficial judicial en un contexto militar.

Las fuerzas de defensa de Papúa Nueva Guinea tienen las mismas dimensiones que las fuerzas de Fiji, con fuerzas de tierra, una Escuela Naval y una división aérea. La disciplina de estas fuerzas está gobernada, en parte, por el comandante de las fuerzas de Papúa Nueva Guinea y los oficiales que tienen delegaciones y eso puede incluir el castigo, baja o detención de hasta 84 días. También hay una jurisdicción militar con un tribunal supremo y esta jurisdicción puede ser delegada a los diputados que están calificados para la asignación de jueces en la Corte Suprema o el tribunal nacional. Cuando estos jueces ejercen la jurisdicción en cualquier parte del mundo, la corte está hecha para ser una corte de justicia militar, además, los magistrados de los tribunales de distrito deben ser asignados como magistrados de la fuerza de defensa, para poder ejercer la jurisdicción en ofensas militares.

Respetando el principio número veinte de los principios de Decaux, sobre la revisión periódica de los códigos de justicia militar, yo apoyo a la fuerza de defensa de Nueva Zelanda, para hacer una revisión periódica del sistema judicial de Nueva Zelanda, a fin de asegurar que sea compatible o casi compatible con el derecho criminal ordinario, sin sacrificar ningún elemento vital del sistema judicial militar. No hay ninguna intención de que la ley militar sea llevada a tribunales civiles, no creo que sea probable, considerando que hay elementos vitales del sistema judicial que preservar. Pasemos a Australia, que es otra de las fuerzas armadas que básicamente tiene un enfoque de expedición. El gobierno Australiano ha tratado en muchas ocasiones de cambiar la estructura del Tribunal Militar a otro tipo de tribunal pero no pudo hacerlo. En el 2005 el senado australiano llevó a cabo una investigación sobre la efectividad del sistema judicial de la sociedad australiana y recomendó que el sistema o cortes marciales Ad Hoc se reemplacen por un tribunal establecido en el capítulo tercero de la Constitución. En respuesta, el gobierno estuvo de acuerdo con establecer un tribunal permanente, siempre y cuando esta justicia militar sea administrada por el tribunal, como se mencionó en el artículo catorce del mismo documento, sin embargo, el gobierno no estuvo de acuerdo con sujetar esos cambios al capítulo tercero de la Constitución.

Finalmente, daré unas palabras sobre la República de Vanuatu que tiene un fiscal, tiene una fuerza militar y un bote de patrulla que forma parte de la fuerza de la policía de Vanuatu. La disciplina está dirigida por el acto de policía, bajo ese acto algunos oficiales (seniors) tienen poderes limitados y cualquier ofensa de uno de sus miembros debe ser llevada a juicio por tribunales ordinarios. Entonces, ¿qué podemos recoger de todo esto? Les acabo de hablar sobre un manojo de Estados, de una región del mundo, como pueden ver, bastante distintos, que tienen distintas formas de tratar las mismas tareas y podemos decir que simplemente son distintos. Gracias.

EXPOSITOR 3 CORONEL ROB F. HOLMAN (CANADÁ)

Auditor General Adjunto de Justicia Militar. Se unió a la Fuerza Aérea canadiense en 1986. De 2002 a 2007, sirvió como fiscal militar en las cortes marciales y posteriormente, como asesor, en la corte marcial de apelaciones de Canadá. Es master en Derecho Internacional.

Excelencias, admirables damas y caballeros, me siento muy satisfecho de encontrarme aquí y quiero agradecer al comité organizador del Fuero Militar Policial y también a la Asociación por la invitación que me han hecho. Me gustaría empezar diciendo que mi enfoque será esencialmente sobre algunos de los aspectos del Derecho internacional que ya se han venido discutiendo y luego, tal vez, intercale con parte de la información de la perspectiva canadiense, conforme avance; pero me gustaría decir algo que ya el General Martínez y el Almirante Pacheco mencionaron ayer y también uno de los panelistas ha mencionado y esto es que a pesar que los sistemas de justicia militar puedan ser distintos, tienen la misma meta: eficiencia, moral, disciplina, efectividad y legitimidad pública, para utilizar algunos de los principios de las fuerzas armadas. Ningún sistema de las fuerzas armadas puede servir para todos. Nosotros tenemos abogados, académicos, gente que ya tiene roles o funciones en educar, formar o generar políticas militares para los países pero podemos decir que ninguna esta con la información necesaria por los sistemas comparativos. No existe ningún sistema en la nada, siempre existen factores constitucionales, legales, geográficos y culturales que debemos analizar y el trabajo de las asociaciones y foros internacionales que trabajan por la vigencia de la Justicia Militar. Sería equivocado de mi parte no presentar mi admiración y respeto por el trabajo del Almirante Pacheco y del General Martínez, quienes en el contexto americano han hecho esfuerzos para tratar de reunirnos y entendernos los unos a los otros y, de esa manera, darse a conocer los distintos sistemas sobre justicia militar, de donde podemos aprender las mejores lecciones de cada uno y donde podemos, tal vez, enseñar algo de nuestra propia experiencia. Parece que uno de los sesgos que muchos de los críticos de sistemas militares tienen, es que el sistema de justicia militar dentro de los países, a diferencia de la justicia civil, es deficiente en términos de comparación con la Constitución o con el Derecho internacional. Cualquier diferencia que pueda haber en el trato a los soldados, los marinos y los aviadores, está más basado en hechos históricos y en los contextos institucionales nacionales que pueden darse en algunos casos, más ello no es un supuesto internacional valido. Los miembros de las fuerzas armadas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, pero, simple y llanamente, porque el sistema de justicia civil hace las cosas de manera específica, no quiere decir que ese sea el requisito de la Constitución o el Derecho internacional. Tampoco quiere decir que sea una buena idea, en términos de política, si se pasa o se importa ese sistema a la justicia militar. Los sistemas de justicia militar y los sistemas de justicia civil existen para distintos fines y estos fines, tienen que reconocerse. Me parece que las críticas actuales a los sistemas de justicia militar se basan en tres ejes: Uno es lo que el General Dahl mencionó en su presentación y es la conformación y contribución de los tribunales militares. Un segundo tema es si los tribunales militares solo van a juzgar crímenes militares o tal vez van a tratar otros tipos de crímenes, violaciones de Derechos Humanos de algún tipo. Ese es el tema de los artículos ocho y nueve del borrador de los principios de Decaux.

REPORTE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

El otro punto es la jurisdicción personal del tribunal. ¿La jurisdicción será solo para personal militar?, ¿va a ser una jurisdicción que excluya también al sistema judicial civil?, ¿bajo qué circunstancias los civiles estarán en su jurisdicción?

por decirlo así, para un proceso. Tanto Australia como en Estados Unidos tienen mecanismos en sus estructura constitucional y legal, que disponen la independencia de los jueces militares, que son nombrados para dirigir estas cortes o tribunales Ad Hoc.

Quiero hablar del principio número cinco de Decaux, la incompetencia de los órganos judiciales militares para juzgar civiles, es un tema que siempre trato y mis amigos del Foro Interamericano lo saben. Decaux tiene un punto de vista que no necesariamente es consistente con la práctica, que no es consistente muchas veces con las prácticas de muchos Estados, incluso por Estados representados en este auditorio.

En Canadá son nombrados de la misma forma que los integrantes de las Cortes Superiores, por el ejecutivo, hasta que llega la edad de retiro, que es la misma que para cualquier miembro de las fuerzas armadas canadiense. La compensación económica viene a través de un mecanismo independiente y poseen toda la independencia administrativa que tienen los jueces civiles, por lo tanto, tienen esta independencia como jueces militares y luego, conforme se requiera, son nombrados para que dirijan las cortes marciales que existen para audiencias específicas. Entonces, afirmar si es deseable o no tener una corte para temas específicos, o tener una corte con el término Locus Standing, digamos, que no es posible sino en base a decisiones previas de dicho tribunal.

Sé que ni la Comisión de Derechos Humanos ni el Consejo de Derechos Humanos han aceptado los principios de Decaux, ahora sabemos que muchas personas han sugerido eso en el informe de 2013 y podemos decir que los Estados son los que generan el Derecho internacional y ellos tienen el rol de definir los puntos a discutir.

Quiero decir brevemente y luego mencionar sobre un par de cosas del aspecto Canadiense que el General Dahl mencionó, cuando discutió las tensiones y en referencia también a lo que dijo el General Wilson el día de ayer. A mí me parece que hay ciertos motivos en la base de las políticas de un Estado por las cuales los países deberían considerar retener o establecer tribunales militares, con temas bastantes amplios y una jurisdicción personal.

Los Estados tienen que mantenerse atentos a lo que sucede en Ginebra en relación a los temas militares, hay que ver lo que hace el Consejo de Derechos Humanos y cuáles son las perspectivas que son importantes, porque ellos son los que establecen la arena para el debate y para la formación del Derecho militar. Los Estados tienen que poner atención y mantenerse involucrados en estos temas. El otro punto que yo considero se podría agregar a la discusión, es mencionar el Derecho Internacional Humanitario, que cumple un rol importante en la administración de la justicia militar. Los Estados pueden realmente estar sujetos o no al Derecho Internacional, pero en los conflictos armados se requiere que los Estados desarrollen mecanismos de disciplina internos, como una forma de asegurar el respeto de las reglas de la ley internacional sobre derechos humanitarios. Puedo decir, que el Derecho Internacional Humanitario no prohíbe ni a los tribunales civiles ni a los militares, a pesar de que en algunos casos anticipa la existencia de los tribunales militares.

Veamos el caso de las fuerzas que se despliegan para operaciones de mantenimiento de la paz. Si alguno de sus miembros comete una inconducta que se relaciona con la población civil, de acuerdo con el principio catorce de Decaux, la sanción debiera ser pública para que la población local observe que se hace justicia. En un caso de mala conducta de miembros canadienses de la fuerza de mantenimiento de la paz en África, la persona encargada del departamento de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, reflexionó sobre la posibilidad de que las Naciones Unidas establecieran mecanismos de justicia que también se pudiesen desplegar y que se apliquen a los miembros de las fuerzas de Naciones Unidas las sanciones correspondientes. Probablemente, eso no vaya a tener éxito, pero a mí me parece que las Naciones Unidas son una organización que ve que hay una brecha entre la habilidad de algunas naciones para impartir justicia de una manera que pueda no solo darle credibilidad al Estado, sino también a las Naciones Unidas. Piensen también en el despliegue de civiles, que pueden realmente comprometer las actividades de nuestros Estados. Tiene que haber mecanismos para disciplinarlos y cuando esté involucrada la responsabilidad del Estado, se asegure el cumplimiento del Derecho internacional.

Por el lado de Derechos Humanos, les he dado mi perspectiva sobre los principios de Decaux, pero no existe duda que los Derechos Civiles y Políticos se aplican también a los sistemas militares. En cuanto al principio número trece de Decaux, el cual dice que el juicio tiene que ser justo y que el tribunal debe ser independiente, competente, imparcial y establecido en concordancia con la ley, mi opinión es que hay muchas formas en la que esto se puede hacer, no requiere de una forma específica de las jurisdicciones. Quiero decir algo sobre los tribunales Ad Hoc. En el pasado se solía utilizar este término de tribunal Ad Hoc de una manera bastante amplia y muchas veces se ha malentendido el concepto. En los países que aún se mantienen las cortes marciales Ad Hoc como Estados Unidos, Australia y Canadá, no quieren decir que los jueces se escogen de un stand,

Les voy a dar un ejemplo Canadiense vergonzoso, que está relacionado con la explotación y el abuso sexual en las fuerzas de mantenimiento de la paz. El Día Internacional de la Mujer, el embajador de los Estados Unidos dio un

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE JUSTICIA MILITAR – FUERO MILITAR POLICIAL

discurso en las Naciones Unidas, donde mencionó el caso de Haití en relación con la explotación sexual de mujeres y niñas haitianas, que involucraba también a miembros de las fuerzas canadienses, al haber dejado a una niña haitiana embarazada. La acusación estaba en relación a los oficiales civiles de la policía que habían sido desplegados en Haití, como una contribución canadiense, pero no como personas que estuviesen acompañando a la fuerza de paz, lo cual los haría personas que están bajo la jurisdicción canadiense militar. Entonces, cuando se hicieron las acusaciones y cuando la misión de mantenimiento de la fuerza se enteró de todo esto, las opciones sobre cómo abordar este crimen o presentar la acusación, era entre el sistema de justicia haitiano, al cual los miembros de las Naciones Unidas no estaban sujetos, o el Derecho canadiense civil, el cual no aplica fuera de Canadá, salvo excepciones expresas que no involucraban este caso. Las personas volvieron a Canadá y fueron disciplinados según la ley del servicio policial de Quebec, resultado que el embajador de los Estados Unidos encontró como no aceptable. Las dos personas involucradas fueron suspendidas sin paga por cinco días uno y el otro por nueve días, respectivamente.

como miembro de las fuerzas armadas y comete un crimen o un acto de indisciplina, afecta el prestigio de dichas fuerzas armadas y está sometido a la jurisdicción militar. Quiero terminar diciendo, que cualquier sistema de justicia militar es único, ha sido formado como resultado de un conjunto específico de factores y tenemos que entender que de cualquier sistema podemos sacar lo mejor. Los sistemas de cada país son importantes y resaltar esto es lo que es valioso del trabajo de la Asociación y del Foro Interamericano. Para cerrar la sesión, me gustaría comentar que la justicia militar existe y que la mayoría alrededor del mundo, debido a los diversos casos, refiere que debe haber un control sobre él. La pregunta que surge es ¿cuál sería la sustancia de la justicia militar de todo el planeta? La respuesta no será única, porque unas naciones, después de muchos años de debate, de demandas para el cambio, tienen la tendencia a concluir que la milicia siempre será asumida bajo la vista de los civiles. Lo que significa que los civiles podrán juzgar a las asociaciones militares, también desde factores motivados y ataques fuera de la ley. Otros países muestran un acercamiento distinto, yo diría que estas naciones se han basado en factores como la historia, experiencias, ubicación del país, tradición e intereses de seguridad. La administración de justicia a través de cortes militares, dirigidas directamente por el control democrático de la milicia, causa ciertas preocupaciones en término de acceso a la justicia e impunidad de los Derechos Humanos.

Si hubiesen sido miembros de las fuerzas armadas canadienses o hubiesen sido civiles que estuviesen acompañando al contingente canadiense en Haití, hubiesen estado sujetos a la aplicación extra territorial del código de disciplina civil y el código judicial canadiense. En agosto del año pasado, tuve la oportunidad de hablar en el Foro Interamericano en Viña del Mar y mi tema en esa oportunidad fue la jurisdicción sobre crímenes en el sistema canadiense. Había allí un tema pendiente que abordaba ese tema, entonces yo presenté mi opinión y ahora les puedo decir que la Corte Suprema de Canadá mantiene la jurisdicción militar en casos de ataques sexuales, que involucren el uso de drogas y el tráfico de drogas. La persona, si está sujeta al código de disciplina, en cualquier parte que esté

Con respecto a los juicios justos de los acusados, estas preocupaciones deberían ser abordadas por los Estados donde la justicia militar aún existe, obviamente, a las luz de los tribunales militares, que constituyen una parte integral de la justicia de los Estados, en relación con la competencia, independencia e imparcialidad y la garantía del ejercicio del goce de los Derechos Humanos, en particular del Derecho a un juicio justo y efectivo.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO MILITAR

SETIMA CONFERENCIA

Papel de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos y otras situaciones de violencia en Latinoamérica Moderador GENERAL DE BRIGADA JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA El General Ramos ha cumplido en el Fuero Militar Policial diversas funciones, desde Secretario de Juzgado hasta Vocal Instructor, pasando por funciones fiscales previamente. En situación militar de actividad, ha sido Presidente del entonces Consejo Supremo de Justicia Militar y actualmente, ya en la situación militar de retiro, es el Presidente del Fuero Militar Policial del Perú.

EXPOSITOR 1 CONTRALMIRANTE ÁLVARO FLORES GONZÁLEZ (MÉXICO)

Es para mí un privilegio estar con este distinguido grupo de representantes de las fuerzas armadas y sus respectivos países, damas y caballeros voy a abordar el tema que es la armada de México como coadyuvante en el mantenimiento de la seguridad interior. Para tal fin la agenda que vamos a tratar es: ––

La evolución del concepto de seguridad nacional;

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La dinámica de la delincuencia organizada transnacional como amenaza al estado Mexicano;

––

Acciones de la armada de México en ayuda a la seguridad interior;

––

Problemática jurídica en la seguridad interior; y,

––

Conclusiones.

La evolución del concepto de seguridad nacional: Al igual que en el resto del mundo, el concepto de seguridad ha ido evolucionando de acuerdo a las amenazas que hemos ido enfrentando. Después de la II Guerra Mundial, el enfoque era básicamente para defendernos en contra amenazas provenientes de agentes de derecho internacional o de otros Estados. Posteriormente, con la venida de la Guerra fría, se volvió todo una visión céntrica ya que se continuaba con el temor de un conflicto internacional, al mismo tiempo que surgieron actores no nacionales que estaban en contra de la integridad nacional, como es el caso de todos los movimientos guerrilleros que hubieron en todas partes de Centro américa, América del Sur y de nuestro país. Como ejemplo de esta visión de tratar de protegernos de otros Estados, está el Tratado Interamericano de Defensa Reciproca, firmado en 1947. Ya más recientemente, en 2003, después de la conferencia de seguridad de la ONU llevada a cabo en nuestro país México, se adopta una visión multidimensional en donde existen aspectos económicos, alimentarios, tecnológicos, ambientales, sociales y humanos que se conservan como posibles amenazas o antagonismos a la seguridad nacional. Para nuestro país, la seguridad nacional tiene como propósito hacer frente a las amenazas que puedan comprometer los objetivos nacionales, para eso se consideran dos vertientes: Uno es la Defensa Exterior que se encamina a proteger el país en contra de otros Estados; pero también, hay otra vertiente de seguridad interior, en la cual se busca conservar el orden y la gobernabilidad democrática, que permita desarrollar los intereses de nuestro país. En este orden de ideas multidimensionales, existen diferentes tipos de actores que quieren interponerse a nuestros intereses, que van desde aspectos meteorológicos, atmosféricos, sociales o nuevas amenazas como el terrorismo y otros más. Por lo tanto, por cada tipo de amenaza existen diferentes tipos de clasificación: hay seguridad alimentaria, seguridad emocional, seguridad humana; sin embargo, para México, las fuerzas armadas mexicanas están relacionadas a dos tipos de seguridad: la seguridad nacional, a través de un consejo de seguridad nacional y de la seguridad pública a través

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del Consejo de Seguridad Pública, donde las fuerzas armadas coadyuvan al desarrollo de esta función nacional.

drogas como la marihuana y la amapola en diferentes partes del país.

Quiero hacer un breve paréntesis, para explicar que en México existen dos ministerios donde están contempladas las fuerzas armadas, de un lado está la Secretaria de Marina o el Ministerio de Marina, que abarca a la Armada de México y, de otro, la Secretaria de la Defensa Nacional que contempla al Ejército y a la Fuerza Aérea mexicana.

El tercer factor que tuvo que ver con el desarrollo de la delincuencia organizada y que México se convierta en el primer proveedor de drogas y cocaína a los Estados Unidos, es que hasta 1980 los narcotraficantes usaban el corredor del Caribe y al lograr cerrar ese corredor los Estados Unidos, a través de sus operaciones, ocasiona que México sea usado como el principal corredor de drogas para dicho país y a su vez permitió que se fortalezcan las organizaciones criminales mexicanas.

En este orden de ideas, como ya se comentó, hay muchísimas amenazas, pero tal vez la mayor amenaza a la que se enfrenta el Estado mexicano y la mayor parte de los Estados americanos, es la delincuencia organizada transnacional y en eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta conversación.

Otro aspecto, también externo, que ha afectado la seguridad, es la transformación política, económica y social México en los últimos años, específicamente, la inserción de México en la economía global. Esta nueva inserción en la economía global, permitió la extensión de las actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado, a tal grado, que la delincuencia organizada aprovecha este incremento de las actividades económicas transfronterizas para transportar droga a los Estados Unidos.

Hablaremos de la dinámica de esta delincuencia organizada y de cómo se ha trasformado en una amenaza para el estado mexicano. México ha estado inmerso en los asuntos de narcotráfico desde hace más de 100 años, sin embargo, la situación con respecto a este fenómeno delictivo ha evolucionado en estos últimos años y esta evolución se debe a diversos factores, no es una casualidad, es una consecuencia de una serie de factores que se han ido mesclando, las cuales nos han llevado a la situación actual.

México tiene 12 tratados de libre comercio con 44 países, además, de 1994 a 2014, se incrementaron las importaciones en un 600% y las exportaciones en un 700%. Es obvio que eso trajo mucho beneficio para México, pero abrió también una ventana hacia la delincuencia organizada.

A finales del siglo XX e inicios del siglo actual, la situación se transformó en una situación de violencia, que obligó a las fuerzas armadas a involucrarse en el problema para contener este flagelo. Como ya comente, esta situación se debe a varios factores, tanto internos como externos.

Para tener una idea de este intenso movimiento de cargas en México, debemos decir que hay 60 aeropuertos que mueven anualmente 700 millones de toneladas; 117 puertos y terminales marítimos que mueven más 282 millones de toneladas y más de 1 millón de contenedores, lo cual se puede expandir a más de 2 millones anuales. Por último, hay 25 puertos para autotransporte terrestre entre México y los Estados Unidos de América y, a manera de ejemplo, en el un puerto de entrada en Baja California, se mueven anualmente 1.4 millones de camiones a los Estados Unidos; entonces, ya se pueden imaginar cómo es el problema al tratar de manejar ese flujo de transportes.

Dentro de los principales factores externos están: ––

Disponibilidad de armas;

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Posición geoestratégica de México; y,

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México se convierte en el principal corredor de drogas a los Estados Unidos.

En lo que respecta al primer punto, la ONU tiene contabilizado que casi 700 mil armas de fuego circulan en el mercado negro, pero también, a partir de 2004, los Estados Unidos liberan la prohibición de venta de armas automáticas, de forma que, para 2010, según un estudio realizado para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego, llamado ATF por siglas en inglés, el 70% de armas decomisadas en México, entre el 2009 y 2010, procedía de Estados Unidos, ya sean armas fabricadas en ese país o armas importadas de ese Estado.

Dentro de los aspectos internos, también hay muchas cosas que han permitido el fortalecimiento de la delincuencia organizada, como la marginación y la pobreza. Más o menos, el 50 % de la población de México vive en la pobreza, la falta de oportunidades laborales hace vulnerable a la población, para ser reclutada a la delincuencia organizada; este ha sido un factor muy importante en los últimos años. Otro factor muy importante es la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública de nuestro país. La seguridad pública, está a cargo de los tres niveles de gobierno: a nivel de la federación, a nivel de cada Estado y a nivel de los municipios. El problema más importante es a nivel estatal y municipal, donde existen las principales debilidades. Uno de los principales problemas es la coordinación de los problemas de seguridad, cada municipio tiene su propia seguridad al igual que cada estado; entonces, existen más de

El otro factor que también debemos señalar, es la posición geoestratégica de México para el tráfico de drogas, México, se conecta principalmente con el mercado consumidor de drogas al norte y con los principales centros de elaboración de drogas en Sudamérica. Además, conecta la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, con las cuales se fabrican diferentes tipos de drogas sintéticas en nuestro país. También, nos queda claro, que México es productor de

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2000 organizaciones policiacas a nivel municipal y 31 a nivel estatal. Además de eso, las instituciones son débiles, más o menos, en nuestro país hay un promedio de 400 mil policías, 200 mil a nivel estatal y 200 mil a nivel municipal y unos 50 mil a nivel federal. Pero a nivel estatal, 17 unidades federativas están por debajo de la norma que marca la ONU sobre el número de policías por cada 100 mil habitantes; además, 400 municipios no tienen policías, el 80% de los municipios tiene menos de 100 elementos de seguridad pública y ganan menos de 300 dólares al mes.

Respecto del mantenimiento del estado de derecho, la armada realiza dos tipos de operaciones: Operaciones regulares y las que están en contra de la delincuencia organizada. Las operaciones regulares, son las que están en las áreas jurisdiccionales de la armada de México, ahí tienen a las de la Costa. Dentro de estas operaciones, las que tienen más importancia son:

Por otra parte, este conjunto de debilidades institucionales que se dieron a la par con las capacitaciones operacionales de la delincuencia organizada, favorecieron que estas se puedan mover con impunidad y a la vez dificultan la acción del estado mexicano para tratar de detener este flagelo. Este incremento de la capacidad operativa de la delincuencia organizada, trajo también una tremenda lucha entre las organizaciones delictivas: Las zetas contra el cartel del Golfo, los zetas contra el cartel de Sinaloa, contra el cartel Jalisco nueva generación; a tal grado que de 2007 a 2014 se produjeron 164 mil víctimas producto de estos enfrentamiento entre las organizaciones delictivas.

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Combate al contrabando;

––

Piratería en la mar;

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Combate al robo de embarcaciones pesqueras;

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Tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes, psicotrópicos, etc.; y,

––

Erradicación intensiva.

Es importante aclarar que la armada de México tiene una doble función, por un lado, es el instituto armado que defiende al país de agresiones externas y, por lado, tiene funciones de guardia costera y de policía marítima, para poder imponer el estado de derecho en la mar y también en sus zonas económicas. Pero también la armada de México participa en operaciones en contra de la delincuencia organizada. Estas operaciones se llevan a cabo normalmente en zonas que no son de la costa, como son el Estado de México, el Estado de Michoacán y el Estado de Nuevo León. Estas operaciones se llevan a cabo en coordinación con otras dependencias y/o gobiernos de los estados y su objetivo es coadyuvar en la contención de la violencia del país. También es importante aclarar, que la armada no entra a ayudar por decisión propia, tiene que llevarse a cabo un convenio de colaboración entre el Estado y la armada de México, para que podamos tener la facultad de entrar a ese lugar, para coadyuvar a estas instituciones estatales a recuperar la paz.

Este incremento de la violencia en el país ocasionó que se trastornara el modo de vida de la población; como ya habíamos comentado, hubo un gran flujo de armas en México; para que tengan una idea, en los últimos 10 años se han decomisado 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego de uso exclusivo del ejército, de la fuerza aérea y de la armada. En México, no se venden fusiles de asalto, esas vienen del exterior. Para que se den una idea, en la última captura del Chapo Guzmán, este señor estaba protegido por 13 delincuentes, que venían armados con fusiles calibre 50, granadas calibre 40 milímetros y no dudaron en usarlo contra la armada de México, lo cual ocasionó que se tuviera que hacer uso de fuego frente a ese poder de fuego que tiene el delincuente.

Asuntos importantes de esta coadyuvancia:

Ante ese deterioro de gobernabilidad, que tiene que ver con la falta de capacidad de las corporaciones policiacas, el gobierno de la república tuvo que emplear a las fuerzas armadas para poder traer paz de nuevo a los conciudadanos y poder detener este fenómeno delictivo. Vamos a hablar de las acciones de la armada de México en ayuda a la seguridad interior. Las fuerzas armadas tienen como una de sus misiones participar en la defensa exterior y en la defensa interior del país. Actualmente, la armada de México participa en diversas actividades relacionadas con esta función, como son:

––

En 2013, la Armada de México asumió las funciones de seguridad pública en siete municipios de Veracruz; y,

––

Se hizo cargo de la seguridad y las operaciones de Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esas son atribuciones de comunicaciones y transporte, pero debido al flujo de material robado que había y a las acciones de delincuencia organizada, se tuvo que tomar esa nueva función.

––

El mantenimiento del estado de derecho, tanto en el mar como en tierra, de las zonas que se les ordena;

––

Mitigar los daños por fenómenos naturales;

También se llevan a cabo operaciones especiales, a fin de capturar los blancos prioritarios de la delincuencia organizada. Algunos ejemplos de estos son: José Guzmán (chapo), Miguel Ángel Treviño Morales (Z 40), Sergio Villareal Barragán (el grande). Igualmente, como habíamos comentado, otra forma de proteger la seguridad interior es protegiendo las actividades productivas:

––

Salvaguardar la vida humana en la mar; y,

––

Protección de las actividades productivas.

Código PBIP: se crearon 19 Unidades Navales de Protección Portuaria; y,

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––

Protección de 52 instalaciones estratégicas, tanto de petróleos mexicanos (PEMEX) como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

militar se encuentre sujeto al fuero común, federal y militar; qué conforman el sistema de justicia penal mexicano; por lo tanto el fuero militar no implica privilegio alguno para los miembros de las fuerzas armadas, ya que constituye una jurisdicción especializada.

Otra de las formas en las que se ayuda es la protección civil en caso de desastres naturales: ––

Plan Marina de Auxilio a la población civil en casos de zonas de emergencia o desastres; y,

––

2015: 314 operaciones, con 161 unidades y 2,422 elementos navales; 237,920 beneficiados.

No obstante, el año pasado se llevaron a cabo modificaciones a la constitución, así como al código penal judicial, por las cuales, el personal militar involucrado en delitos cometidos contra civiles serán juzgados en tribunales del fuero común. El problema de esto es que si se da el caso de que los militares cometen el delito especialmente vinculado con Derechos Humanos, va a estar en contacto con aquellas personas que en un momento dado fueron perseguidas por ellos mismos.

Además, dentro de la zona del interior se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo, función que pertenece a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y apenas se está haciendo una directiva de ley para que esta sea una función exclusiva de Marina, se establecieron: ––

17 estaciones navales de búsqueda y rescate; y,

––

Centro coordinador de rescate marítimo nacional.

El tercer problema con el que nos hemos enfrentado, es que el personal de las fuerzas armadas fue empeñado al apoyo de operaciones de seguridad pública, sin la adecuada preparación jurídica. A partir de 2005, las fuerzas armadas se vieron en la necesidad de conducir operaciones contra la delincuencia organizada, contando nada más con su adiestramiento castrense, por tanto, las unidades militares se encontraban preparadas operativamente, pero no en materia judicial, lo que ocasionó que de muchas maneras y de forma accidental, no se siguiera el proceso de proteger las escenas de crimen adecuadamente, quedaran contaminadas y se presentaran rezagos en los tiempos para poner a disposición del ministerio público a los presuntos delincuentes, ocasionando que en algunas casos pudieran quedar libres por falta del debido proceso.

Este es un ejemplo de los que participan en estos despliegues, entre unidades y personal: Entre setiembre 2014 y agosto 2015: ––

13,302 operaciones contra el narcotráfico, con la participación mensual de 3,698 elementos;

––

4,219 operaciones de Alto Impacto contra otras dependencias, con la participación en promedio mensual de 958 elementos; y,

––

71,761 operaciones de vigilancia de mares y costas nacionales; participando 190 unidades y 11,499 elementos.

A fin de atender esta problemática, la marina ha estado capacitando jurídicamente a su personal operativo, así como a su justicia naval; además, en cada una de las operaciones se lleva un abogado, para que os pueda apoyar a la hora de poner a disposición a los delincuentes ante el ministerio público. Un amigo mío dice: cada vez que salimos a operar se arriesga la vida, la libertad y la conciencia.

En cuanto al combate a la delincuencia organizada, el primer punto es que México no cuenta con un marco jurídico en materia de seguridad interior, que permita otorgar la certidumbre legal y administrativa a la actuación de las instituciones civiles y militares, responsables de esta función. Si bien es cierto la Constitución faculta al presidente para emplear a las fuerzas armadas en la seguridad interior, las fuerzas armadas de México no cuentan con una legislación que reglamente esta función, consecuentemente, estas dependencias solo pueden participar en situaciones de flagrancia o cuando se coadyuvan con otras dependencias en cumplimiento de mandatos judiciales, como son las zonas de aprensión, cateos, etc., careciendo de una facultad de investigación o poner directamente a disposición del ministerio público a personas, bienes u objetos. De igual forma, este marco jurídico podrá definir los alcances y límites de las atribuciones de la fuerza armada en materia de seguridad interior, así como fortalecer su capacidad de repuesta.

El cuarto punto es que México no cuenta con una legislación para regular el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas: El nivel de violencia ejercido por la delincuencia organizada, así como el armamento que usan ellos, ha ocasionado que las fuerzas armadas tengan que hacer uso legítimo de la fuerza; sin embargo, al no haber una legislación la Secretaria Nacional ha regulado el uso de la fuerza a través de la elaboración de procedimientos y de la emisión de directivas; no obstante, persiste la necesidad de tener una legislación similar a la que tiene la República del Perú, con el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas del territorio nacional. El quinto punto es Derechos Humanos. La armada de México es consciente de que la actuación institucional se encuentra limitada por las leyes; por lo tanto, tiene gran relevancia el respeto a los Derechos Humanos en el país; sin embargo, debido a nuestras acciones al interior de nuestro territorio y el aumento del contacto con la sociedad civil, ha ocasionado la afectación de los derechos humanos de algunas personas.

El segundo problema con el que nos hemos enfrentado, es que en México la limitación del fuero de guerra coloca en indefensión al personal militar. La constitución mexicana marca que existe el fuero de guerra para los delitos y faltas de la disciplina militar. Esta disposición hace que el personal

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¿Qué hemos hecho? Desde 2009 se estableció, a nivel federal, el programa de Derechos Humanos. Se han establecido, al interior de cada dependencia, oficinas encargadas de ver todas las problemáticas de Derechos Humanos, para atender estas quejas, darle solución dentro del marco de la ley y se han sancionado a los que se han encontrado culpables de su violación.

situación de seguridad interior y se espera poder regresarla a las posiciones de normalidad. Así mismo, ante esta coyuntura de debilitamiento de las corporaciones policiacas y del fortalecimiento de la delincuencia organizada, las fuerzas armadas han sido utilizadas para hacer frente a las dinámicas delictivas, que amenazan ciertas regiones del país. Tanto el ejército, la fuerza aérea y la armada de México, tuvieron que apoyar a las autoridades encargadas de la seguridad pública, empleando los recursos de los que disponían, lo que nos ha traído la problemática de la que ya hemos conversado; sin embrago, es necesario que se continúe con el fortalecimiento de las corporaciones de la seguridad publica en los tres niveles de gobierno. Este es un requisito indispensable para que las fuerzas armadas mexicanas se retiren de las calles y, continúen preparándose para lo que es su principal preocupación, la defensa exterior de la nación.

Por último, en México, está en proceso de entrar en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, por medio del cual se establece una nueva perspectiva jurídica de mayores garantías a las víctimas del delito. En este sentido, será necesaria la capacitación del personal naval que lleva a cabo operaciones en contra de la delincuencia organizada, así como del personal de justicia naval. Tenemos que ser conscientes de que ya no podemos depender de la flagrancia para detener a una persona, tenemos que judicializar cada caso, tener las pruebas pertinentes y de la mano con la procuraduría general de la republica ejercer la acción en contra del delito.

La armada de México, así como las demás fuerzas, son instituciones que surgen del pueblo, por eso estamos al frente de nuestras tareas de seguridad interior, con plena conciencia, responsabilidad y con el respeto que merecen los Derechos Humanos. Es cierto que se han presentado situaciones que han dañado a algunas personas y se han afectado algunos intereses, pero la institución en todo momento ha aceptado esa responsabilidad y ha contribuido a tratar de solucionar estas diferencias, ya sea indemnizando a las personas y llevando a la justicia a los infractores.

Conclusiones: Desde hace 200 años, la misión de las fuerzas armadas de México ha sido emplear el poder militar de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior; sin embrago, en los últimos tiempos, la colaboración de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante, debido a la violencia generada por las operaciones delictivas. A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente. Durante mucho tiempo la seguridad pública no fue una preocupación prioritaria para los diferentes gobiernos; sin embargo, esta nueva dinámica criminal ha hecho que la situación de México pase a ser de seguridad pública a una

La Secretaria de Marina conduce sus acciones basada en sus atribuciones y facultades legales, ya sea por si sola o por dependencias generales, pero siempre bajo la rectoría de una visión estratégica de ser una institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de la Nación, indispensables para la construcción de un país próspero.

EXPOSITOR 2 SEÑOR IGNACIO CASARES

Ignacio Casares García es el Delegado Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para diálogo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Basado en Bogotá desde agosto de 2015, cubre todos los países de Sudamérica, salvo Surinam y Guyana. Entre 2013 y 2015, desarrolló el mismo trabajo en Irak, comenzando el diálogo operacional con las Fuerzas Armadas iraquíes, la Peshmerga en el Kurdistán iraquí y la Coalición internacional. Nacido en Madrid (España), Ignacio Casares comenzó a trabajar para el CICR después de retirarse del servicio activo del Ejército español, donde alcanzó el empleo de Teniente Coronel. Artillero de oficio, durante sus años de oficial estuvo destinado en los Grupos de Artillería de las Brigadas de Montaña XLI y XLII y fue instructor en la Academia General Militar de Zaragoza. Se graduó en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en 2000 y obtuvo la calificación de Sobresaliente en el Master “Los retos de la paz, la defensa y la seguridad” del Instituto General Gutiérrez Mellado (Madrid), en 2014.

Quisiera agradecer al General Ramos, Presidente del Fuero Militar Policial, al General Spijk, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra y al Almirante Pacheco, Presidente de comisión organizadora de este evento. En un escenario como este, con una audiencia tan experta y docta en Derecho internacional y Derecho internacional humanitario, no me atrevo a profundizar en la materia, simplemente quería dar unas leves pinceladas que me van a servir de apoyo, más tarde, en el desarrollo de la exposición. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es un comité imparcial, neutral e independiente y tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento, mediante la promoción y el fortalecimiento de principios humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al movimiento internacional de la Cruz Roja, cuyas actividades internacionales, en los conflictos armados de situaciones de violencia, dirige y coordina. Me he parado al hablar de los cuatro pilares del mandato que son: protección, asistencia, prevención y coordinación con el movimiento. El comité internacional de la cruz roja en América tiene presencia desde Canadá hasta tierra del fuego, las delegaciones están en Washington, México, distrito federal, Caracas, Colombia, Lima y Brasilia. Tenemos también una pequeña oficia en New York para las relaciones con la organización con las Naciones Unidas. Quiero también mencionar los modos de accionar del CICR, cuya finalidad es motivar, persuadir a las autoridades, para que ellas actúen en caso de que algunos de los conflictos armados o acciones de violencia ocurran en su territorio. Estos modos de acción son cinco: Sustitución, apoyo, persuasión, movilización y denuncia. Ustedes sabrán que el carácter del dialogo con el Comité de la Cruz Roja, con sus interlocutores, está basado en la confidencialidad, que deriva en transparencia y predictibilidad. Las denuncias, que es el último modo de acción del CICR que mencione, son absolutamente excepcionales y, yo creo, que se podrían contar con los dedos de una mano las denuncias presentadas públicamente ante el Comité. Recientemente, el Presidente del CICR hizo una declaración conjunta con el Secretario General de la ONU, para prevenir y anunciar la preocupación de ambas instituciones respecto a la falta de respeto del Derecho Internacional Humanitario en los conflictos que se estaban desarrollando en ese momento; pero, como digo, la denuncia fue una cuestión excepcional. El CICR intenta y se esfuerza porque sean los Estados, como han mencionado los ponentes, con quienes tengo el orgullo y el honor de compartir la mesa, que sean los propios Estados quienes tomen su propia iniciativa y responsabilidades en la protección de sus conciudadanos. No obstante, en el caso de que ello no puede ser, el CICR está en condiciones de prestar apoyo o incluso de sustituir algunos de los servicios que el Estado no puede dar y siempre de manera, como decimos, confidencial y bilateral.

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El Comité Internacional de la Cruz Roja está financiado por una organización de derecho privado suizo con un mandato internacional, no se puede decir que sea una ONG, no se puede decir que sea una organización internacional, digamos que es un hibrido y recibe financiación por parte de los Estados en un 82,2% y de otras organizaciones nacionales y donantes privados.

dos fenómenos son los disturbios interiores y las tensiones internas. Cuando se habla de Disturbios interiores, se trata de las situaciones en que sin que haya, propiamente hablando, conflicto armado de carácter no internacional, existe sin embargo a nivel interior, un enfrentamiento que presenta cierto grado de gravedad o de duración, que da lugar a ciertos actos de violencia. En estas situaciones que no degeneran forzosamente en una lucha abierta, las autoridades que ejercen poder, apelan a cuantiosas fuerzas de policías o bien a las fuerzas armadas, para restablecer el orden interno. El número elevado de víctimas ha hecho necesaria la aplicación de un mínimo de reglas humanitarias, estos son los disturbios interiores.

Después de estas pinceladas de lo es el CICR, que como decía, me ayudarán en el desarrollo de la exposición, yo quería acotar al ámbito de esta pequeña ponencia. El título del panel es: El papel de las fuerzas armadas en conflictos internos y otras situaciones de violencia en Latinoamérica; entonces, lo primero que pensé es que Latinoamérica tiene 18 países, 3 en el caribe contando con Haití y Brasil, que forman un total de 21, por tanto, yo pensé salir corriendo, porque esto es objeto no de una sino de cinco tesis doctorales, pero claro, al ver el título de la ponencia anterior: Situación de la Justicia Militar en el mundo, dije que no me podía quejar. También quería acotar sobre el carácter temporal y el carácter conceptual de esta pequeña disertación.

En cuanto a las tensiones internas, puede decirse que se trata en particular de situaciones de tensión grave política, religiosa, racial, social, económica o también de secuelas de un conflicto armado o de disturbios interiores. Estas situaciones presentan algunas de las siguientes características, pero no todas: detenciones masivas, elevado número de detenidos políticos, probables malos tratos o condiciones inhumanas de detención, suspensión de las garantías judiciales fundamentales o denuncias de desaparición de personas. El denominador común de estos disturbios interiores y tensiones internas es la intervención de la fuerza pública policía o de las fuerzas armadas y, hoy en día, todos sabemos, que hay algo más que una serie de pandillas, carteles, mafias que pelean entre sí o con el Estado o causan una serie de consecuencias humanitarias, no solamente en el ámbito físico, sino también en el área psicológica; por tanto, en una aproximación a la definición de situaciones en que la violencia se ejerce de una manera colectiva, debe existir un grado de violencia pero no tanta, para que alcance el grado de conflicto armado, cometidos por uno o varios grupos importantes de personas y que no son susceptibles a tener consecuencias humanitarias.

En cuanto al tema del cual vamos a hablar, que es sobre las otras situaciones de violencia, la doctrina del CICR se enfoca en la resolución de un concepto presente, lo que haya pasado antes sirve para nuestro propio entendimiento, pero nosotros nos enfocamos en los fenómenos que ocurren en el presente, para prepararnos para lo que ocurrirá en el futuro y, luego del punto de vista conceptual y, el punto de vista tecnológico, incluso compartido con los compañeros de la delegación de Lima y de la propia organización de este congreso, el término conflictos internos puede dar lugar a cierta confusión en la traducción al inglés que se ha distribuido, es “ Domestic Conflicts”. Un conflicto interno puede ser confundido con un conflicto armado no internacional y mucha gente utiliza el conflicto interno como sustituto de conflicto armado institucional.

La Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2003, hizo una separación simplista sobre la violencia, que es la violencia auto infringida, la violencia interpersonal o la violencia colectiva. El CICR se fija en la violencia colectiva, cometida por grupos que tienen cierta entidad, sin llegar a constituir, como dije antes, un conflicto armado y por último que tienen o son susceptibles a tener consecuencias humanitarias de las cuales hablaremos más adelante.

Yo, por tanto, de acuerdo con la organización del Congreso, decidimos centrarnos en la parte final del sintagma, que es otras situaciones de violencia y es lo que vamos a desarrollar en estos minutos. Vuelvo a la misión del CICR, cuando se dice que el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene exclusivamente la misión humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia y ahí es donde nos vamos a centrar. ¿Qué son las otras situaciones de violencia? ¿Cuál es la definición de otras situaciones de violencia? Bien, no hay definición de otras situaciones de violencia. En los comentarios que formuló el CICR al Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra y que constituye doctrina para el CICR, identificó dos tipos de aproximación de disturbios que no alcanzan el umbral de conflicto armado, porque otras situaciones de violencia son situaciones en las que la violencia se ejerce de forma colectiva, sin alcanzar el umbral de un conflicto armado. Estos

El CICR interpreta y considera que el derecho aplicable en otras situaciones de violencia no es, en ningún modo, el Derecho Internacional Humanitario. Por lo dicho anteriormente, nosotros consideramos que otras situaciones de violencia aplican el Derecho nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (International Human Right Law). Esto tiene sus consecuencias, porque el CICR manifiesta un exquisito respeto por la soberanía nacional y en el dialogo bilateral y confidencial que se mantiene con los Estados no sugiere, dice, propone, exige que el Estado en cuestión utilice tal o cual fuerza para contrarrestar o combatir otras

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situaciones de violencia. Para nosotros, como dijo el Coronel Gary Corn esta mañana, es una cuestión de hecho y así lo hacemos saber a nuestros interlocutores.

el propio Estado y las agencias del Estado, pero claro está, la intervención tiene riesgos, entrar a Medellín es complicado o entrar a las favelas de Rio de Janeiro es estrictamente difícil, son los riesgos derivados de la seguridad, pero también del propio mandato del CICR. Si nosotros entramos en un contexto determinado para operar en una OSV, no podemos cerrar los ojos a otras situaciones humanitarias que se presenten en paralelo y que no tengan nada que ver. Si solo nos enfocamos en la OSV los otros afectados pueden presentar quejas o incluso oponerse a la presencia del CICR y viceversa.

Ahora bien, lo que decimos es que esas fuerzas que se destinen a combatir o a contrarrestar otras situaciones de violencia, al amparo de Derecho nacional y el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, estén bien educadas, bien preparadas, instruidas, que estén equipadas adecuadamente y que tengan la doctrina y los procedimientos adecuados para ejercer la misión, independientemente del tipo de fuerzas que se empleen, militares o policiales, que sean adecuadas para contrarrestar la amenaza a la que se enfrentan.

Si bien el CICR tiene derecho de iniciativa, es universalmente conocido y en general aceptado, la situación en el terreno puede ser diferente por la presencia de estos pequeños grupos, bandas y carteles. Las actividades humanitarias en otras situaciones de violencia por parte del CICR son, como dijo el Almirante Bolaños, multidisciplinarios e integrados en los cuatro pilares que mencioné en el principio, protección, asistencia, prevención y cooperación. Se hace un estudio preliminar, un análisis, una evaluación de base para luego ir avanzando e ir evaluando el progreso, en un sentido o en otro, si hacemos las cosas correctamente.

Hemos hablado del concepto de otras situaciones de violencia (OSV) como una doctrina del CICR, vamos a hablar un poco de como el CICR interviene en otras situaciones de violencia. En primer lugar, las consecuencias humanitarias en otras situaciones de violencia son difíciles de determinar, porque son como un iceberg, el primer criterio que uno identifica o el primer criterio que a uno se le ocurre son los homicidios. La tasa de homicidios por cada 6000 habitantes es un criterio valido, pero hay contextos en los cuales no se puede determinar porque no hay cadáveres o las víctimas son sometidas a torturas indescriptibles, se les descuartiza y luego los pedazos son esparcidos por todo el pueblo.

En el año 2007 el CICR comenzó lo que se le ha llamado el proyecto Rio, nuestra presencia en Brasil nos hizo detectar que en las favelas de Río de Janeiro existía una serie de problemas estructurales, naturales de violencia urbana e intervención de la fuerza pública, que producía una serie de consecuencias humanitarias y que según los parámetros que había mencionado antes, hacían aconsejable la intervención del CICR.

En la parte del iceberg, que no se ve, están las otras situaciones humanitarias más difíciles de percibir también en la realidad, como son las torturas, malos tratos, las desapariciones forzadas, las fronteras invisibles, la violencia sexual, el reclutamiento de niñas niños y adolescentes inocentes, la estigmatización, el control social, las extorsiones, todas esas consecuencias humanitarias son las que deben identificar el equipo asesor del CICR, no solo identificar si existe sino ver la gravedad y la amplitud. Gravedad en la importancia de las consecuencias y la amplitud en el número de afectados, incluyendo también la violencia psicológica, que tampoco se puede identificar.

Entre el año 2007 y 2009 conseguimos evaluar la condición y hacer un mapeo de las consecuencias humanitarias en una selección de favelas y sacamos una serie de actividades vector como llamamos nosotros, es decir, actividades no directamente relacionadas con el conflicto, pero que pueden facilitar el acceso y el dialogo con los actores armados en la zona e hicimos cabildeo político con la sociedad civil. En este punto, quiero decir que es muy importante la aceptación por parte de las autoridades nacionales, estatales y municipales sino también con la sociedad civil.

La pertinencia se basa en la identidad y especificidad del CICR y esos son los modos de acción a los que había hecho referencia anteriormente. Las capacidades y recursos, la presencia anterior en el contexto y el conocimiento que uno tienen de la zona, son muy importantes.

El objetivo fue desarrollar herramientas y enfoques humanitarios para asistir y proteger a la población, en un contexto de violencia armada en entorno urbano. Llama la atención el tema de las víctimas, porque el objeto de la acción del CICR son las víctimas de un conflicto o de otras situaciones de violencia.

En la delegación de Lima operan 40 a 45 compañeros, en Colombia somos 360. Con ese potencial humano es muy difícil llegar a todos los rincones; sin embargo, la Sociedad de la Cruz Roja Colombiana o la Sociedad de la Cruz Roja peruana; es decir, las sociedades nacionales de sus propios países, tienen un conocimiento mucho más estrecho y tienen un acceso mucho más amplio a los rincones de su país y por tanto, son un factor fundamental a la hora de intervenir en otras situaciones de violencia.

Después de la fase proyecto 2007 – 2009, el proyecto Río se extendió desde el 2009 hasta el 2013, por poner un ejemplo, una favela identificada recibió asistencia sanitaria de carácter primario, apoyo a las madres adolescentes y a sus hijos, proyecto de salud mental, proyecto de primeros auxilios, servicios de emergencia, proyectos de ayuda en la educación, buenas prácticas y comportamiento seguro en los centros educativos. Así mismo, incidimos y reforzamos nuestra presencia en los centros penitenciarios con la finalidad de

Por último, también el CICR considera la presencia de otros actores en el contexto, no solamente Organizaciones no gubernamentales sino también organizaciones internacionales,

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asegurarnos de que se cumplieran las garantías procesales, judiciales y de Derechos Humanos del personal interno.

de Río de Janeiro, en los Estados de Minas Gerais, Santa Catalina y Rio Grande.

La fase 2 del proyecto Río, consistió en el informe, la evaluación y la movilización de las autoridades y la sociedad civil, el apoyo a los socios con los que habíamos trabajado en los años anteriores y una réplica más allá de Río, esta es la fase más interesante del proyecto porque es como lo que se dice “no me des peces, enséñame a pescar”.

A modo de conclusión, quería mencionar una de las lecciones aprendidas del proyecto Río, que es una aplicación al enfoque del CICR en otras situaciones de violencia, en primer lugar, es lograr la aceptación real por parte de las autoridades y de los interlocutores con la finalidad de dar comienzo al proyecto. La relevancia del enfoque de acción humanitaria neutral, independiente, imparcial y la confidencialidad en un ambiente como en el que nos encontramos en Río o en cualquier otro tipo de violencia, la necesidad de un enfoque de abajo a arriba para consolidar la legitimidad.

En cualquier operación del CICR, nosotros también diseñamos una estrategia de salida, la cual se basa en la transferencia a las autoridades de las responsabilidades que no han podido acometer antes por las causas que fueran, porque no tenían una capacidad suficiente o porque estaban en situaciones de violencia y podemos decir que en Río esta fase 2 y siguientes, porque a partir de ahí seguimos monitoreando y observando el desarrollo de esta transferencia de responsabilidad, es prometedora y las autoridades brasileras siguen manteniendo un contacto con nosotros con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en las favelas y más allá

Para finalizar tres puntos: en otras situaciones de violencia se aplica la ley nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las fuerzas armadas en caso de ser utilizadas en situaciones de violencia se deben comportar como funcionarios encargados para hacer cumplir la ley y el CICR interviene caso por caso después de un análisis detenido.

Seguridad Multidimensional EXPOSITOR 3 CONTRALMIRANTE FRANCISCO BOLAÑOS CHÁVARRI (PERÚ)

Nació el 13 de julio del 1964 en Lima. Ingresó a la Escuela Naval del Perú, egresando el 1 de enero 1986 como Alférez de Fragata. Es calificado en Submarinos. Ostenta una maestría en Defensa Nacional del Centro de Estudios Nacionales CAEN. Fue segundo Comandante de la Base Naval de Paita, Jefe de la Escuela de Submarinos, Agregado de Defensa a la Embajada del Perú en Alemania, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía y Director de Proyectos Navales, entre otros cargos. El 1° de Enero del 2015 es asignado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El tema de la seguridad es un tema bastante preocupante, es un tema que viene avanzando cada día, la pregunta es: ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer como Estado? ¿Qué rol le toca a las fuerzas armadas en este tema? Este es un gran debate en muchos ámbitos. Un tema que hay que tener en consideración es la presencia del Estado. En el Perú, el Estado no está presente en varios lugares; pero, principalmente, en las comunidades de la selva amazónica, donde me enfocaré en la exposición, porque el trabajo que venimos desarrollando nosotros, es un trabajo de articulación, con una intervención multisectorial, pero, principalmente, focalizada. Porque cuando se habla de problemas de seguridad, son muchas veces de índole social y hay que entender cuál es el origen y allí viene el problema, porque lamentablemente, para nosotros los integrantes de las fuerzas armadas, la actividad represiva o activa es la que menos nos favorece. La pregunta entonces es ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar hacer estas tareas que realmente no son de nuestro agrado?, porque cuando desarrollamos esta actividad de seguridad, a quienes tenemos que intervenir o reprimir son compatriotas nuestros y la pregunta que habría que hacerse es ¿Por qué estamos en esta situación? El sumario que voy a desarrollar es: 1. 2. 3. 4.

La situación actual, que es bastante parecida a lo que explicó el Almirante Flores; El concepto bastante teórico, porque eso es lo que hemos querido plantear; Avances que tenemos; Propuestas de desarrollo piloto que se están implementando en la amazonia, acuerdos con otros países; 5. Convenios con instituciones públicas y privadas; y, 6. Conclusiones. En primer lugar, el Perú es un país que cuenta con la mayor cantidad de territorio amazónico, prácticamente el 52% del Perú es territorio amazónico; sin embargo, hay una baja presencia del Estado. Además, en la amazonia, la principal fuente de transporte es fluvial, adicionalmente, alberga los mayores índices de pobreza, desnutrición, analfabetismo y una serie de indicadores que realmente son alarmantes y son temas que el Estado busca siempre solucionar. El tema es que el costo es bastante elevado por las características geográficas, es una de las primeras limitaciones, también porque son zonas inundables y que cuentan con una población bastante dispersa. La población nativa tiene diferentes situaciones y lenguas; la población de la cuenca del Marañón habla10 lenguas diferentes, tienen visiones diferentes y es allí donde nosotros identificamos un problema grave, ya que no podemos catalogar a todas esta estas comunidades de igual forma y la tarea del Estado es llevarle a la población propuestas de desarrollo y trabajo conjunto. Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué tanto conocemos esa población y que tanto trabajamos en ello? Este es uno de los puntos de inicio que viene desarrollando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

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Lo que se pretende es conocer y entender los problemas, desarrollar el trabajo de articulación con una intervención multisectorial, que principalmente está enfocada en encontrar las fortalezas de los actores que interviene en la solución de los problemas.

porque con eso no se va a solucionar el problema, por el contrario, representa en cierta medida un desgaste. La acción con sostenibilidad, por el contrario, busca articular el trabajo multisectorial. Esto se consiguió a través de dibujar una cadena de desarrollo, esta cadena establece cual es el nivel de articulación, es una cadena dinámica y se va retroalimentando de un diagnóstico de la situación, haciendo participar al sector privado, porque definitivamente se genera un mercado.

Este es el mapa de lo que tenemos: ilegalidad, narcotráfico, tráfico de madera, tráfico de armas, tráfico de personas, organizaciones delictivas que si trabajan de manera articulada y bien organizada. En la quinta conferencia de defensa y seguridad sudamericana, se plantearon cinco propuestas, que deben ser analizados por cada uno de los países, cuatro de esas propuestas están relacionados con la seguridad; el ultimo es muy importante, porque plantea que acuerdos de corte legal pueden fortalecer la pacificación y facilitar el trabajo de las fuerzas armadas.

Luego está, cómo llegamos a monitorear este trabajo de intervención, que vamos a llamarlo de forma” inteligente”, por su misma capacidad dinámica; es a través de establecer una línea base, desde donde se inicia y desarrolla un centro de monitoreo, de coordinación y de comando. Para eso establecimos 15 lineamientos: Nuevo enfoque de seguridad, priorización de actividades preventivas para migrar a un modelo de desarrollo sostenible, a través de un nuevo rol de las fuerzas armadas, donde la población representa el centro. Hay otros 10 aspectos que lo voy a ir desarrollando.

Este es un tema de agenda que no solamente preocupa al Perú sino a todos los países del mundo, en cuanto a lo que deben hacer las fuerzas armadas. Sobre esto, muchos de los países tienen distintos planteamientos y estos Congresos son los que ayudan a tener enfoques más compartidos, soluciones más integradas y alineadas a la realidad. Lo real es, que bajo un enfoque multidimensional, tres son los elementos que afectan a la población: la pobreza, la cantidad de actividades turísticas y los desastres naturales, temas en los que de una u otra manera, de forma directa o indirecta, están involucradas las fuerzas armadas.

El primer tema era desarrollar ejes para solucionar los problemas y no sectores. Lo que se planificaba a través de cada eje se proyectaba a través de tres tipos de plataforma: Una local, donde nosotros contamos con bases militares de las fuerzas armadas y buscamos también la interacción con las comunidades nativas. Incorporamos 2 plataformas que fortalecían la intervención del Estado. La plataforma itinerante, que es el Estado móvil, ya que en estos lugares es imposible desarrollar infraestructura. La plataforma local, que tiene un comité de gestión local, está conformado por las autoridades locales, representantes de las comunidades nativas (Apus), quienes eran los que empoderaban esta estrategia. Desarrollamos los talleres de intervención multisectorial, para después proyectar los servicios a la plataforma local; en este caso, hay un programa del Estado llamado “Tambo” y desde la Marina se desarrolló una plataforma itinerante, con sus buques que tienen casi 30 servicios públicos. Ahora estamos diseñando para la zona central del Perú, para la zona VRAEM, estos buques.

Un elemento importante, para nosotros, ha sido el nuevo planteamiento del desarrollo sostenido y dos objetivos son muy trascendentales: ––

El objetivo 16: que plantea un nuevo enfoque de la justicia y de acceso de las personas a las oportunidades de desarrollo; y,

––

El objetivo 17: que habla de articular e integrar los esfuerzos para resolver los problemas existentes.

Estos son los puntos que nosotros también planteamos, cambiar la forma de pensar, desarrollar un enfoque integral, multidisciplinario, centrado en lo real, teniendo conciencia de que es un trabajo a mediano plazo, que hay mucho por recorrer y que se requieren especialistas, información, continuidad, lo que no quiere decir que las fuerzas armadas lo tenemos que hacer, si no que tenemos que participar en el desarrollo, para darle una atención adecuada a esta compleja situación.

El centro de coordinación de acción social con sostenibilidad (CCASS) que articula las plataformas, permite ordenar el planeamiento, supervisa el control logístico y operacional de las plataformas, monitorea los indicadores, ya que tiene una base de datos integral. En resumen, hay que darle toda la atención de los servicios articulados, que alimentan a una estrategia de seguridad, a la que se le denomina estrategia de ocupación de casos. Esto es lo que pretende esta estrategia, ocupar espacios y que el Estado este presente y que tenga legitimidad.

Para tener una idea de cómo funciona esto, primero tenemos que diagnosticar el problema, desarrollar el proyecto de acuerdo a las necesidades y buscar soluciones. Las fuerzas armadas del Perú, empiezan a desarrollar actividades cívicas en el año 2012, que seguramente ustedes desconocen, y después decidimos darle un enfoque totalmente diferente, al cual se le llamó al inicio acción social con sostenibilidad, con la finalidad de dar solución a los problemas que había en la amazonia. Esta acción, ya no permitía desarrollar acciones asistencialista, desarticuladas y de propia iniciativa de las fuerzas armadas,

Estas dos estrategias se retroalimentan, pero principalmente, la zonas de frontera son los espacios donde la actividad ilegal está más concentrada, por las características que le brinda el espacio binacional y es así como se desarrolla esta estrategia de defensa, que se denomina “estrategia final de control de espacio” en coordinación con los países limítrofes. Estas

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súper estrategias permiten la legitimidad del Estado en este espacio y permiten la confianza e integridad.

El piloto Putumayo, que mencionábamos, cuenta con 10 tambos o plataformas locales y dos plataformas itinerantes; esto nos va a permitir, que el Estado ocupe el espacio y sea monitoreado por un centro de coordinación. El proyecto de inversión pública se encuentra en formulación. El piloto del VRAEM, que se encuentra en la comunidad Asháninca (la comunidad nativa más grande del Perú). El proyecto de inversión pública, centro de coordinación que está en formulación.

La estrategia integral está alineada al concepto de seguridad humana y al concepto sostenible y multidimensional. Principalmente, porque juntas enlazan el concepto de desarrollo con un carácter multidimensional, que se centra en las personas y no en el Estado; esta es la gran diferencia, para esto, como ya lo mencione, se desarrollaron los 15 alineamientos que tiene que ver con la proyección, sostenibilidad, con el empoderamiento de la población y la articulación, para encontrar una diferenciación, no como un modelo de asistencia si no como generador de capacidades.

Las plataformas terrestres están en la zona del VRAEM (zona de selva alta), sin embargo, como mencionaba, la participación de las universidades es importante. Hemos firmado convenios con CENTRUM, una universidad de negocios, muy prestigiosa en el Perú, también con la universidad ESAN (escuela de negocios), la agencia peruana de sociedad internacional, el programa nacional Tambos que son las plataformas locales, el proyecto especial de desarrollo del Putumayo, que es un plan binacional con Colombia y, otras instituciones que son bastante interesantes en cuanto al desarrollo.

Como el trabajo de esta estrategia es focalizado y, diferenciado para cada espacio, se desarrolló dos pilotos. El piloto para la frontera Perú – Colombia, en el centro del Putumayo y, otro para el centro del Perú, en la zona del VRAEM, que es una zona que está en emergencia en estos momentos. Esto permite delimitar el espacio de trabajo, focalizar el trabajo, la evaluación, medición y validez del modelo diferenciando de nuestros espacios. Una vez terminado todo este proceso, nos ha permitido ya establecer una parte de la política pública, quiere decir, que este es un modelo que va desde abajo hacia arriba, como normalmente se desarrollan las políticas públicas. Este trabajo nos ha permitido, después de la validación, desarrollar una política pública que permita la implementación e instalación de este modelo de intervención garantizando.

También esta CEDRO, una prestigiosa ONG contra las drogas, la Comisión Nacional de Bienes Incautados de Tráfico de Drogas, la Sociedad Nacional de Industrias, que es fundamental para todo el trabajo que se viene desarrollando, para instalar todas las capacidades que necesita la empresa privada para fortalecer este sector. En resumen, nuestro plan pretende coadyuvar a la solución de los múltiples y complejos problemas, ofreciendo una adecuada plataforma de debate, concertación y conocimiento de la realidad, que permita el diseño y aplicación de políticas y programas que garanticen la seguridad y el desarrollo. Incorporando investigación, tecnología y capacidades que permitan el diseño e implementación de los mecanismos y medios adecuados para sostener el proceso de desarrollo y seguridad, que se requiere en estas zonas; propone un nuevo rol de las fuerzas armadas, busca un nuevo enfoque de seguridad, facilitando la incorporación de la población, considerándola como centro de gravedad y un elemento determinante.

El plan integral tiene tres estrategias: una de desarrollo, otra de seguridad y una de integración, que es monitoreada por un centro de coordinación y que opera con tres tipos de plataforma, siendo la central la más importante. Existe un decreto legislativo que encarga al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la conducción de la estrategia y el nombramiento de un comisionado, que dirigirá de una forma estructural, la estrategia. Lo importante de esto es, que el mismo decreto legislativo le encarga al Ministerio de Defensa, la operación de las plataformas.

Discurso pronunciado por el General de Brigada Juan Pablo Ramos Espinoza, Presidente del Fuero Militar Policial Antes de dar paso a mi alocución, quiero dedicar unas palabras de homenaje a los valerosos integrantes del “Comando Chavín de Huántar”, al cumplirse el día de hoy el decimonoveno aniversario del exitoso rescate de los rehenes de la casa del embajador del Japón en Lima, que había sido tomada por una banda de terroristas del MRTA. La operación de rescate fue una acción militar ejemplar, alabada en todo el mundo por su concepción y su ejecución militar. Como resultado de esta operación, se logró la liberación de 72 rehenes, después de cuatro meses de cautiverio. Es una operación modelo que se estudia en las diversas escuelas de Comandos del mundo, sin embargo, fueron procesados judicialmente. Soy testigo de excepción en el proceso judicial que se les siguió en la jurisdicción militar, donde se demostró que actuaron correctamente; luego, fueron sometidos a un proceso injusto en el fuero común, pero al final la justicia se impuso y el año pasado, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Honor y gloria a los héroes caídos en esa operación, los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez y, junto a ellos, el Juez Juan Giusti. El Perú y el mundo aprendieron una gran lección el 22 de abril de 1997, gracias por permitirme este homenaje. Señores, en esta tarde plena de experiencias compartidas, quiero manifestarles mí enorme satisfacción por la calidad del conocimiento que ha sido presentado por cada uno de los expositores y moderadores, en este III Congreso Internacional sobre Derecho Militar, tal como consta del informe detallado que acaba de presentar el señor Contralmirante Julio Pacheco Gaige, Presidente de la Comisión organizadora del Congreso, Han sido tres días muy intensos, en los que se han puesto sobre la mesa los temas más actuales y urgentes en cuanto al Derecho militar, justicia militar y Derecho Internacional Humanitario. En nombre del Fuero Militar, institución que me honro en presidir, quiero hacerles llegar mi agradecimiento y felicitación a todos ustedes participantes y realizar algunas reflexiones, por lo escuchado en este encuentro. Disculpen si no menciono a todos, quisiera decirles que ello responde a cuestiones de tiempo. Nuestro eslogan: “Avances Cruciales en el Campo Jurídico Militar”, hace alusión a cambios y novedades de las leyes y normas que gobiernan nuestras instituciones y rigen el de venir de los hechos; pero también se refieren al desarrollo y al continuo afianzamiento del Derecho Militar y dentro de ello, a la justicia militar, como baluarte de la legalidad y la seguridad, en determinadas circunstancias, como el último reducto de esperanza para la supervivencia de la sociedad y la defensa de la democracia. Estimado General Jan Peter SPIJK, el abrazo fraterno del 24 de octubre de 2015, entre la Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra y el Fuero Militar Policial, ha hecho posible un encuentro de muy alto nivel, con una participación record en el historial de los eventos que hemos albergado en los últimos años, con un total de 24 delegaciones, de igual número de países, de todas las partes del mundo. Las propuestas que han surgido, nos demuestran que no estamos equivocados, que las instituciones de justicia militar podemos contar con principios comunes y aplicar criterios estándar para situaciones similares, lo cual significa que vamos por buen camino. Desde

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aquí debemos decirle al General Paul S. Wilson, quien ya se encuentra de regreso a casa, estimado General Wilson, la perspectiva legal y la legitimidad en las operaciones es la garantía en nuestro accionar. Estoy seguro, que el énfasis de su exposición quedará grabado en la mente de los participantes y que nos acompañara en las situaciones que tengamos que enfrentar.

este tipo de nuevas tecnologías es lo que permite valorar la importancia del Derecho Militar. Agradecemos al General Jan Peter Spijk y a los expositores de dicha mesa, por presentar este tema sobre el desafío tecnológico; estaremos alerta sobre su evolución, ya que debemos actualizar, adecuar o precisar mejor nuestras normas. Finalmente, no podríamos completar el círculo, sin hacer un llamado sobre la vigencia y la importancia de la justicia militar en los tiempos actuales, algo ya informado y realizado por nuestros expositores. Quisiera que me permitan un par de reflexiones, desde la visión más clásica, que seguramente algunos encontraran reiterativo; quiero mencionarles, que sin justicia militar no existen ejércitos eficientes, sin un sistema que sostenga su disciplina, las fuerzas armadas solo serían bandas armadas, incapaces de respetar los Derechos Humanos. Por ello, el Presidente peruano Nicolás de Piérola, a quien voy a citar, utilizó frases enérgicas y de poderoso convencimiento el 20 de diciembre de 1988, al instalar nuestro primer Consejo Supremo de Guerra y Marina, antecesor de lo que es hoy el Fuero Militar Policial. Entonces, el señor Piérola dijo: “Puedo concebir que haya quien sueñe con la desaparición de la Guerra y de los Ejércitos, aunque sea tanto como soñar en que vendrá un día en que no haya en la especie humana pasiones y torcidos intereses que enfrentar. En que la justicia domine, con dominación absoluta y no turbable, aunque sea tanto como soñar con que la tierra deje de ser para el hombre, pasaje tácito, convirtiéndose en mansión definitiva perdurable, pero no concebiré jamás, que haya pueblo que se resista a tener ejército sin leyes propias de su instituto, sin régimen que lo mantenga sano y robusto, que consienta imponer la brutalidad de la fuerza y que la educación no las haga delicadas, a las que ausencia de moral severa y rigurosa disciplina no impida emplearla en daño de los demás, que no den cumplida la garantía de que llegado el peligro interior o exterior, no será este convertido en desastre”.

Las misiones de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, tienen en los operadores de justicia militar un gran aliado, dado que su misión es hacer imperar la disciplina y el honor, incluso cuando las tropas se encuentran desplegadas fuera de las fronteras de su patria. Estimado Dr. Fausto Pocar, Presidente del Instituto Internacional de San Remo, recogemos los apuntes de su valiosa participación, porque en la actualidad los principios del Derecho Internacional Humanitario, tienen que formar parte esencial de la formación militar, para el respecto restricto de los Derechos Humanos en el mundo, aun en las situaciones extremas y terribles que plantean los conflictos armados. Estimado General Waldo Martínez, ex Auditor General del Ejército de Chile, su lealtad y liderazgo para llevar adelante la experiencia de la justicia militar del continente, es uno de los motores que impulsa la integración. Gracias por su respaldo a la labor de la Secretaria Técnica del Foro Interamericano de Justicia Militar, que detenta el Perú. Yo creo que este congreso nos transmite una nueva dinámica y nos fortalece con la experiencia recibida. Seguiremos adelante con nuestra amistad y trabajo por una justicia militar del siglo XXI. Estimados señores Ludwing Van Der Veken, Secretario General del Ministerio de Defensa de Bélgica y Secretario General de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra y Alfons Vanheusden, Asesor de Asuntos Internacionales y DDHH del Ministerio de Justicia de Bélgica y Asistente del Secretario General de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra, nos dejan expectantes con esa magnífica propuesta de un Manual de Derecho Operacional, que está elaborando su Institución y, que se encuentra prácticamente listo, quisiéramos también contar con la versión final y si fuera posible, tener su autorización para distribuir dicho manual como material de formación de nuestro Cuerpo Jurídico, eso sería fantástico señores.

Estimados amigos, colegas, abogados, militares, magistrados, oficiales de justicia, oficiales de todas las delegaciones del mundo, desde Namibia, la nación más joven que acaba de cumplir tan solo 26 años de independencia el pasado 21 de marzo, hasta Bélgica y Estados Unidos, naciones con mayor desarrollo y sistemas arraigados, trabajemos por consolidar la justicia militar en nuestros países, cada cual en el marco de sus propias tradiciones jurídicas, pues, al fortalecer nuestro sistema de justicia militar especializada, estaremos creando las condiciones para garantizar la legalidad en las acciones de nuestras fuerzas armadas y fuerzas policiales, dado que los Estados tienen la obligación de mantener la paz y la seguridad de su territorio, mediante el empleo de las fuerzas del orden; dicho ejercicio de la fuerza, debe ser respetuosa de los principios del Derecho Humanitario y las normas civiles y militares del país. Quién está llamada a establecer la responsabilidad generada por la violación de dichos principios y a fijar una sanción es la Jurisdicción Militar Policial.

Estimados participantes, el Derecho Militar es una ciencia en constante evolución, pero existen principios que son permanentes y son los que permiten hacer frente a cualquier nuevo reto. Se ha planteado la preocupación por el avance de nuevas tecnologías de uso militar, refiriéndose a los llamados “Drones” u otros dispositivos con características de autonomía, lo que estaría dando lugar a algún vacío legal o zona gris en las normas que se aplican. Como magistrado de la Justicia Militar, considero que las acciones militares siempre tienen una línea de responsabilidades bastante clara y, justamente,

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Quiero agradecer a todos y cada uno de los participantes y muchas gracias por el esfuerzo de haber venido de lugares tan alejados del planeta, gracias en nombre del Fuero Militar Policial, del Consejo Ejecutivo que me acompaña y de todos los integrantes del cuerpo jurídico militar policial del Perú; abrigo la ilusión que hayan disfrutado de Lima y que quienes permanecerán algunas horas o días más, se sientan felices de conocer esta patria que tanto amamos.

llamados a ejercer una celosa labor, ya sea como asesores jurídicos, como consejeros en el Derecho operacional o administrativo o en la justicia especializada. Debemos permanecer alertas, nuestras naciones que enfrentan las graves amenazas del terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado, así lo demandan. Nuestras fuerzas armadas, cuya misión es enfrentar dichas agresiones, tienen que actuar blindadas con los altos valores del honor, la disciplina y el profesionalismo. Allí está la misión de quienes ejercemos el Derecho militar, en sus distintas especialidades.

Señor General Jan Peter Spijk, podemos decir tarea cumplida y, afirmar que la unión de voluntades entre la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra y el Fuero Militar Policial ha alcanzado su más claro objetivo y a usted y al digno directorio de la Sociedad, le reitero mi gratitud por la confianza depositada en nosotros, para ser organizadores del lII Congreso sobre Derecho Militar y esperamos encontrarnos pronto, conquistando nuestras metas, luchando por el desarrollo y fortalecimiento de la justicia militar y el respeto a los Derechos Humanos.

Tenemos el enorme desafío de actuar con la ley en la mano y coadyuvar al correcto desempeño de quienes integran las fuerzas armadas, para que éstas, premunidas de la fortaleza moral, la eficiencia y la eficacia, puedan actuar en un marco legal que asegure el respeto de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, solo así podremos preservar los grandes valores de la civilización como la libertad y la democracia y, primen en el mundo el Derecho y la paz ¡Viva el III Congreso Internacional sobre Derecho Militar!

Jamás olvidemos, que nuestra labor es de vital importancia para la paz de nuestros respectivos países, sin importar el sistema o modelo de justicia militar que tengamos, estamos

Discurso pronunciado por el señor Brigadier General Jan Peter SPIJK (Holanda), Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra Estimados colegas, me gustaría darles unas palabras de bienvenida al Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú y al General Comandante General del Ejército. Gracias, por sus palabras General Ramos. Sí, misión cumplida, tengo el mismo sentimiento, creo que todos coincidimos en que hemos tenido unos días fantásticos en términos del contenido del programa. La diversidad internacional del grupo de participantes, de los oradores, del personal de apoyo, gracias por la hospitalidad al personal peruano. General Ramos, yo no voy a resumir todo lo que se habló, pero voy a dar un par de observaciones breves, sobre un par de cosas de la justicia militar y de la cooperación internacional, relacionada con el Derecho internacional. Como nosotros sabemos, desde el Derecho militar y el Derecho de la guerra, estamos en una posición excelente para monitorear de manera cercana la influencia de la justicia militar. Voy a decir, que la Sociedad Internacional acepta este concepto, de que la experiencia militar en el proceso judicial es esencial, para al menos poder juzgar correctamente el comportamiento criminal en contextos específicos de operaciones militares, contextos específicos de instituciones no militarizadas y el Perú también está incluido allí. En segundo lugar, debido a la relación entre la justicia militar, la disciplina y la efectividad de las fuerzas armadas, es interesante decir que la justicia militar tiene todo tipo de formas, en las distintas naciones del mundo y, lo comparo con los himnos nacionales. Cada país tiene un himno y cada país tiene un sistema militar basado en la historia, en los desarrollos legales y políticos propios. Hay un dicho Griego que dice que todo se mueve, que todo está en movimiento y ésta es una noción bastante importante para el sistema de justicia militar, porque no podemos asumir que las cosas van a permanecer estáticas como lo están ahora. Yo creo que es muy importante asegurar que el sistema de justicia militar continúe en tono con los desarrollos de la sociedad de cada país y, hablando de manera general, estos desarrollos políticos deben apuntar a la transparencia del sistema judicial militar. También hay un asunto importante, el sistema debe ser justo, en las sanciones y los procedimientos, en el sentido protector para la milicia, porque si no sería una especie de tienda cerrada. El otro elemento importante, sería el cambio en el desarrollo legal y esto fue discutido en la conferencia el día de hoy. En el mundo, hemos visto normas que emergen especialmente en el parte de Derechos Humanos, que tiene una gran influencia en el sistema de justicia militar y, estos sistemas, deberían estar conscientes de ello y ser reconocidos en sus parámetros, deberían reconocer estos desarrollo. Una comunidad militar y legal, como los que estamos aquí reunidos, sabemos que es nuestra responsabilidad que nuestro sistema militar de justicia pueda respetar todos los estándares y las sanciones, de no hacer eso, puede hacer que otras personas determinen el sistema de nuestro futuro, sistema judicial con consecuencias negativas, como lo hemos visto el día hoy. El Perú es un ejemplo significativo de esta perspectiva, de tomar esta iniciativa para poder cambiar.

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Desde el 2010, el sistema del fuero militar policial es un sistema transparente, con un fiscal independiente. El tribunal es independiente, desde una perspectiva organizacional, de una perspectiva financiera, pero también, de una perspectiva judicial. También es una institución bastante única, como se discutió el otro día con el General Ramos, estamos conscientes de las responsabilidades de riesgo a las que está ligada y él asegura y cuida que cada día el Fuero Militar Policial pueda soportar cada prueba y creo que hemos visto que está en muy buenas manos.

y que puedan trabajar juntas en dicha circunstancia, que tienen bastantes retos. El General Ramos mencionó, pero yo voy a mencionar nuevamente, que la institución de San Remo es adecuada para poder preparar estos mandos, para enfrentar estos retos a nivel internacional, pero por supuesto, las conferencias como las que hemos tenido estos últimos días, son instrumentos que nos ayudan a juntar distintos expertos, para promover el entendimiento internacional y promover el intercambio de opiniones e ideales, para poder ver hacia el futuro juntos. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia multinacional de estos dos días.

Mi segunda observación, antes de terminar, es sobre la importancia de la cooperación internacional en el contexto policial militar. Actualmente, damas y caballeros, todas las operaciones en el extranjero se ejecutan en un contexto multinacional y ustedes conocen todos los ejemplos. Recientemente, en Afganistán, más de 60 naciones han participado en una coalición y, estamos viendo las operaciones en Siria y en Irak, que también hay grandes coaliciones y, ustedes son conscientes que en el corazón de África hay muchos problemas. De lo que se trata es de cooperación multidimensional, esto quiere decir, que los comandantes, nuestros consejeros legales y las tropas deberían estar bien preparadas para operar en este ambiente bastante demandante internacionalmente.

Me da un poco de tristeza saber que llegamos al final de este III Congreso sobre Justicia Militar en América del Sur, aquí en la ciudad de Lima. Gracias por la ardua labor del Comité presidido por el Contralmirante Julio Pacheco Gaige, podemos asegurar que ha sido todo un éxito. La Sociedad está más que agradecida por la excelente cooperación que hemos recibido y esperamos poder continuar con estos lazos profundos en el futuro. Como lo he sugerido al Secretario General Ludwig Van Der Veken, será bien recibida la creación de un grupo nacional de peruanos en la Sociedad Internacional.

También, aquí se percibe una responsabilidad especial para la comunidad legal de justicia, para asegurar que los comandos y las tropas estén bien preparadas, para las tareas complicadas

Agradezco profundamente a todos los expositores y moderadores, los felicito por hacer de este congreso un éxito.

REPORT OF

III

INTERNACIONAL CONGRESS ON MILITARY LAW ABRIL 20 TO 22, 2016

WORDS FROM THE PRESIDENT OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON MILITARY LAW

On April 21 and 22, 2016, the Military and Police Jurisdiction of Peru and the International Society for Military Law and Law of War held the Third International Congress on Military Law in Lima. This was made possible by the cooperation of these two institutions and, particularly, the decision of their Presidents, Generals Juan Pablo Ramos Espinoza and Jan Peter Spijk, respectively. Current topics in the field of the Military Law were discussed by specialists of diverse countries around the world, which you dear reader can check in this book. I hope that they will be useful for better understanding of peace-keeping missions by the United Nations, of the military justice, the International Humanitarian Law, the emerging issue of the use of “drones“ in war and its consequences in the International Law, among others. I would like to thank the people who had worked hard for carrying out this Congress. Without their commitment, the Congress’ success would not have been possible. The Technical Secretariat did a great job on managing the logistics, the public relations and the academic topic. I also want to make a special reference to the participation of two eminent persons in our country: Doctor Manuel Miranda Canales, President of the Constitutional Court and Doctor Víctor Ticona Postigo, President of the Judiciary and of the Peruvian Supreme Court, who did us the honor of opening and closing the Congress. We are eternally grateful to you. Finally, I hope that this text, which includes the Congress’ presentations in Spanish and English, will be useful. Lieutenant Colonel Roosevelt Bravo Maxdeo, who was also the Congress Technical Secretary, was in charge of its edition. Rear Admiral Julio Pacheco Gaige President of the Organizing Committee of the Third International Congress on Military Law.

CONFERENCES OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

Thursday, 21 April 2016 Time: 08:50 h – 10:30 h FIRST CONFERENCE UN Peacekeeping Operations throughout the World. Speaker 1: Brigadier General PAUL WILSON (USA) Speaker 2: Rear Admiral MARIO SANCHEZ DE BERNARDI (Peru), Commander of a UN contingent in Cyprus: A personal experience. Speaker: Navy Captain GAETANO GUEVARA BERGNA, Director of the Instruction and Training Centre for Peacekeeping Operations (CECOPAZ) Time: 11:00 h – 12:30 h SECOND CONFERENCE International Humanitarian Law: The Rome Statute and the progress of the International Criminal Court. Speaker 1: Prof. Dr. FAUSTO POCAR (Italy), President of the International Institute for Humanitarian Law at San Remo Speaker 2: Ambassador JUAN JOSÉ ÁLVAREZ VITA, General Director of Ministry of Justice and HR. Moderator: Colonel EP HERBERT VIVIANO CARPIO, Director of the Centre for International Humanitarian Law and Human Rights of the Armed Forces Time: 14:30 h – 16:00 h THIRD CONFERENCE Military Justice in the 21st Century in South America: Role of the Inter-American Forum on Military Law (FIDEMI) in Strengthening Military Justice in South America Speaker 1: Rear Admiral JULIO PACHECO GAIGE (Peru), Technical Secretary of FIDEMI Speaker 2: Brigadier General WALDO MARTINEZ CÁCERES (Chile) Speaker 3: Major-General Arturo GILES FERRE (Peru) Moderator: General ODILSON SAMPAIO BENZI (Brazil), Minister of the Superior Military Tribunal of Brazil Time: 16:30 h – 17:15 h FOURTH CONFERENCE The Manual of International Law in Peace Operations envisaged by the International Society for Military Law & the Law of War Speaker 1: Mr. ALFONS VANHEUSDEN (Belgium), International Affairs & Human Rights Advisor to the Minister of Justice, Belgium; Assistant Secretary-General of the International Society for Military Law & the Law of War

Moderator: Mr. LUDWIG VAN DER VEKEN (Belgium), Secretary-General of the Ministry of Defense, Belgium, Secretary-General of the International Society for Military Law & the Law of War Date: Friday 22 April 2016 Time: 09:00 h – 10:30 h FIFTH CONFERENCE Panel on Cyber Law and the Use of Drones during Military Operations Speaker 1: Colonel GARY P. CORN, Staff Judge Advocate (USA), U.S. Cyber Command Speaker 2: Commander ANDREW THOMSON, (Canada), Director of Military Law Moderator: JAN PETER SPIJK, Brigadier General (ret’d) (The Netherlands), President of the International Society for Military Law & the Law of War Time: 11:10 h – 12:40 h

SIXTH CONFERENCE Panel: A Global Perspective on Military Justice Speaker 1: Major General (ret’d) ARNE WILLY DAHL (Norway), Former Judge Advocate General of Norway; Honorary President of the International Society for Military Law & the Law of War Speaker 2: Mr. CHRISTOPHER GRIGGS (New Zealand), Barrister, New Zealand; Member of the Board of Directors of the International Society for Military Law & the Law of War Speaker 3: Colonel ROBIN HOLMAN (Canada), Deputy Judge Advocate General for Military Justice Moderator: Lieutenant General DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (Greece), Senior Vice-President of the International Society for Military Law & the Law of War

Time: 14:10 h – 15:40 h

SEVENTH CONFERENCE Role of the Armed Forces in Domestic Conflicts in Latin America Speaker 1: Rear Admiral ÁLVARO FLORES GONZALES (Mexico) Speaker 2: Mr. IGNACIO CASARES, Regional Program Coordinator at the Armed Police Force and the International Committee of the Red Cross (ICRC Bogota) Speaker 3: Admiral FRANCISCO BOLAÑOS CHAVARRI (Peru), Specific topic: Multidimensional Security Moderator: General de Brigada JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA, Presidente del Fuero Militar Policial del Perú

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III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

FIRST CONFERENCE

UN Peacekeeping Operations throughout the World Moderator Navy Captain GAETANO CESAR GUEVARA BERGNA Director of the Instruction and Training Centre for Peacekeeping Operations (CECOPAZ).

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SPEAKER 1 BRIGADIER GENERAL PAUL WILSON (USA)1

Brigadier General Paul S. WILSON Commanding General U.S. Army Legal Services Agency. He obtained his degree in the James Madison University and a doctorate in the Virginia University. He served in the 1ST Armored Division and He participated in the Operation Desert Shield and Desert Storm, in the 3rd Infantry Division in Grafenwoehr, Alemannia, Main Advisor of Defense, and Fort McClellan, Alabama. Professor of International Law of the U.S Naval War College, among others.

Thank you for the introduction and for the opportunity to be here with you today. I am not going to talk about all the distinguished participants to this event, it would take me a long time, but I would like to thank four special people for the work of organizing this Congress: first, the General and President Juan Ramos Espinoza, for the marvelous work that he is doing; second, General Peter Spijk, President of the International Society for Military Law & the Law of War, third, the Brigadier General Waldo Martinez, member of the Society, and fourth, my brother and great friend Rear Admiral Julio Pacheco Gaige. Thank you very much to the four of you, for your work and for allowing this group of intellectuals to meet and talk about important issues. My boss would have liked to be here today but unfortunately he could not attend, he sents you all many greetings. I will talk about the participation of the United States in peacekeeping operations. The United States are an ally in peacekeeping operations, not only with financing or with training. Personally, we have discovered that we were good to break things but not to keep peace. It is a good joke, but it is not our intention, given that we know that there are other countries and that we must help them. We are the largest contributor in the world in this field, and also in giving training. We will talk about this and about the major role that our military justice system covers to ensure the success of peace-keeping operations; this will be our agenda for today. I am not going to spend much time on some of the slides that will be presented, they are only there to give you an idea of the scope and prospects within the peacekeeping operations. Letâ&#x20AC;&#x2122;s talk about the contributions of the United States in the peacekeeping operations of the United Nations. Let me tell you that the United Nations have been involved in such operations since 1948, when the Security Council allowed the observers in the Middle East to see the situation between Israel and its neighbors, with respect to how peace would be maintained. Since then, the staff has been used as observers, to monitor peace processes after conflicts, but also, and primarily, to protect civilians, to help the local military personnel, to assist ex-combatants and implement different strategies to keep the peace. Currently, we have 16 peacekeeping operations in charge of United Nations. Iâ&#x20AC;&#x2122;m not going to mention them all, only to tell you that the most ancient is dating back to 1948 in the Middle East. Much of these operations (as you can see on the map) are in Africa and in different areas around the world. The United Nations are actively involved in these operations around the world and 16 operations is not an insignificant number. In this picture, we see only a few people from the United States contribute with these missions. The last time we contributed a significant number of people was at the beginning of the 90s, where we were very involved with the operations of peacekeeping in Europe.

This conference has been charted by several slides, which are those that are mentioned by the expositor.

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CENTER FOR HIGHER STUDIES OF MILITARY JUSTICE - POLICE MILITARY JURISDICTION

What we can infer from this picture is that usually we are not actively involved in the conduct of such operations, but we get more involved in terms of training and delivery of resources to prepare those who will carry out the mission. Infantry soldiers are those who are trained, because they are who are mostly involved in such operations, but what we have discovered over time is that these Nations need an example: engineers to improve roads, pilots of helicopters with all its crew to help with transport, staff to help in communications and also medical staff. And so one of the questions that we should ask the Nations is: what do we really need? We have to identify what the requirements are to provide the appropriate resources. This varies from country to country. We have also realized with time that maybe the most important part would be the training of the forces because we should ensure that whatever the force, this will be prepared for the mission that will have to carry out. This means that the problems must have been properly identified and have been sufficiently planned to achieve what we expect from the force to perform. Also, it is necessary to provide the appropriate resources to empower the command to execute the mission. This way the United Nations works closely with the countries so that they have the training before they deploy troops. The United States contributed more than 30% of the funds for the United Nations peace-keeping operations. We donâ&#x20AC;&#x2122;t send our people, but this slide more than anything helps us communicate the importance that our Government has in ensuring that the operations have the right funding for the appropriate situation. This is how we help in these operations in the world. The last 10 or 15 years, the United States have been busy in Iraq and Afghanistan, so we have not had the opportunity to send our people to support the other peacekeeping operations; but we have been in each case financially, as with every aspect of the training. From 2005 up to actuality, in Africa, we have trained more than 250 thousand Marines troops to support these peace-keeping operations, considering that for us this is something very important. We couldnâ&#x20AC;&#x2122;t do this alone, we have to recognize that, no country could do it alone, for we have to do this collectively; just like the allies gather to help neighbor States, in the same way, we try to help citizens live in relatively stable environments. The politics of the United States and the United Nations peace-keeping operations Not so long ago, a panel on this topic was held in the United Nations and its purpose was to identify deficiencies that occur in this type of operations. The Secretary-General wanted to have a broad view of how these operations would help these Nations to contribute to the solution of the conflict. This panel presented its report in June of the 2015.

The panel identified three areas with deficiencies: assessment and planning, training and capabilities, and leadership. The United States received this report like other countries did and our President said that we would study it; subsequently, he disposed that we would work with other States and that we would focus on leadership, planning, education and evaluation. Then the Government of the United States answered swiftly to the SecretaryGeneral, indicating that as important the sustainability of peace was for the United Nations and for the SecretaryGeneral, it was also for the United States. The United States President, Obama, set a policy that addressed three main points: the strategic interest of the United States for supporting these Nations, the support limits of the United States for future peace operations of the United Nations and the response to this panel that the General Secretary raised. Our report tries to mitigate the situation of fragile States and to address conflicts before they take place. Why do we focus on these fragile countries? Because they are subject to extremism, terrorism and also because they are those who undermine stability and generate refugee flows that go to other places. We have to remember and acknowledge that we cannot take this load without help. We are interested in strengthening mechanisms of international responses in order to have local responses. These multilateral peacekeeping operations are going to continue to be the main tools that we are going to use to address these crises. But we need to have a lot of judgment on where we will use our resources. We need to have a certain degree of stability before using a peacekeeping operation and many times the stability is achieved through the use of the military force and it should not be so. But we live in a dangerously active world and many times it is necessary the use of force. Many of you are familiarized with these programs of associated countries and I believe Peru is related with other countries from South America. We are active in Europe with regard to the crises, exercises, involvement, training and help for us to the armies. The details are not so important but the size and volume of our support are. Similarly, we are in the Middle East and Africa, where we are very active. In North America, Canada, Mexico, South America, you can see that we have had enough activity. All this gives us an idea of the scope and indicates to us how important these types of operations are to the United States, which can be measured in terms of the dollars that we have invested in training. We recognize that we do not have resources or the ability to be the police force in the world. We need our allies and our friends to help us with all this work; therefore, we are actively involved. We are shoulder to shoulder, side by side, next to their countries so that they can see that our tasks are so important and so that they can see how important are our tasks and our missions.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

From a legal perspective, we must anticipate changes in relation to the legal issue. I think that we’re getting more involved in understanding the legal implications. We can start with a definition of a direct participation in hostilities because there is a disagreement between countries on what is the definition of this participation in direct hostilities. We must have a common understanding to identify also the members of armed groups. Since the beginning of our history, we have been concerned about transparency. Long after our independence, we engaged in conflicts in Iraq and Afghanistan. The Human Rights Council issued a report in May 2009 and the United States officials saw the studies of misconduct in both countries and we recognized that we were endangering the mission to make a judicial follow-up to our soldiers, who had had this type of behavior. Many times they said that it was easier to return the soldiers to the United States and set up a trial because justice in our country had been denied to them and they did not understand that we took this lack of conduct or misconduct seriously. So we ensured them that those local proceedings should give and that they should be transparent. If this was not the case, from the logistical point, had it newly to the United States, so that they might perceive if we were soldiers, sailors, or any other individual involved in misconduct, we were serious in giving an answer for such misconduct. This has been a problem for us but at the same time an important issue. What is the link between the military justice and the peacekeeping operations in the involved Nations? As I have already mentioned, there is nothing more serious than the legitimacy that these peacekeeping missions must have. If we see the counterinsurgency (COIN) that we have, you will be able to note that the word legitimacy is mentioned more than 130 times along the document. Here is mentioned the recognition of what is the main purpose of the fight against the insurgency as well as the peacekeeping missions. If the legitimacy of the operations to the local population is lost, then all the local mission is in endangered; so legitimacy is something that we must focus on since the beginning of operations, since the start of the planning, from the training resources, to the Organization. Then, we have to make sure it is kept throughout the operations, because otherwise, the mission will not be effective. For the United States the theme of legitimacy is important. So much that it has been treated as a principle of war and indeed, it has been included as such in the list of principles of war. How is legitimacy lost, especially in peace-keeping operations? Let’s see an example. This is a report from Lisa Armstrong. It isn’t very old, it is from 2014 or 2015. She is a journalist. Lisa works for an organization of advocacy that

is called CEM. She exposes and analyzes a series of statistics on the sexual violence in Haiti, in relation to the topic of the missions of peace operations. She said that this misbehavior by the members of the peacekeeping operations was quite high. A summary of her report says that it is not clear if the members of those peace missions were judged and if they fulfilled their sentences, since they were very frequently not judged nor punished. This is an important issue to the forces in Haiti, as we can see from this analysis of the misbehavior on the part of its members. In 2005 the United Nations issued a report, in which they formulated recommendations for the reform of the operations of peacekeeping, in relation to the practice of the military justice and the misbehavior of its members. This report has three main conclusions: The martial courts should take place where the events occurred so that it’s visible locally that the responsibles were punished. The celebration of the martial courts in the place of the events reduces the appearance of impunity and makes the forces responsible. It is necessary that countries work to reform their judicial system and allow this type of martial court to be carried out on the place, instead of transferring the soldiers that committed these crimes to their country. A change of the system can allow this kind of martial court to be performed in the place, in a transparent manner, to reaffirm the legitimacy that I have mentioned, that is very important. Recently, the United Nations made a call in order to investigate effectively the cases of sexual abuses; and the UN said that each country should appoint national officers to investigate, in these peacekeeping units, these misbehavior cases. This call required that the nations should have research officers and keep one for each 300 soldiers; these officers, should be legal or other specialized personnel. Thank you very much for giving me the opportunity to talk, I’m sure that this Congress is going to have a great success, as there are 24 representatives of countries gathered to talk and discuss these topics. This in itself already testifies to the interest of the countries. I wish to express, in addition, from the United States’ perspective we will continue being the principal contributor to the United Nations’ peace keeping operations, because we see this as a set of tools that allows to treat with more emphasis the legal aspect of the military operations. Finally, I have to highlight the mechanisms of transparence and effective deployment that have an important role in ensuring the success of these military operations, because these are based in the transparency and the legitimacy that ensure the success of the peacekeeping operations. Thank you very much for your time and for letting me to speak.

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SPEAKER 2 REAR ADMIRAL MARIO SANCHEZ DE BERNARDI (PERU)

Rear Admiral Sanchez graduated from the Peruvian Navy Academy, as Midshipman, in December 1979, qualifying later by activity in Marine infantry and by orientation in Systems Engineering. He graduated of the different basic, intermediate and advanced courses of The Naval War College, The Army War College and The Center for Higher National Studies, as well as other centers of higher studies of Peru and abroad. Among the positions He has played are: Commander of the Amphibious Brigade of Marines, Chief of The General Staff of the Marine Infantry, Chief of the Department’s front inner of the Division of Operations of the Command set of the Armed Forces, Director General of Politic and Strategy of the Defense Ministry and Politics Vice Minister for the defense of the Ministry of defense, a position that He served until December 2013. In relation to his experience in peace-keeping operations, in 1989 He worked for one year as Military Monitor of the UN in the Mission of Assistance to the transition to the Independence of Namibia - Africa and in 2003 He was Chief of the Department of Peace Operations of the General Staff of the Armed Forces. In March 2008, the General Secretary of the UN appointed him as Commander of the UN Force for peacekeeping in Cyprus, He served until December 31, 2010. Currently Advisor to the Joint Command of the Armed Forces on issues related to Peace-Keeping Operations.

Ladies and gentlemen, thanks for the presentation. First of all I wanted to thank the Military and Police Jurisdiction of Peru and the International Society of Military Right and War Right for this invitation and for giving me the opportunity to spread the peacekeeping operations, not only of the United Nations but of what we are doing here in Peru and in the region. The region has become one of the new roles and we could say one of the main ones that the armed forces of the region have, there is an active participation of the different peace missions. To begin here I bring you a thought of the ex-Secretary-General of the UNO Dag Hammarskjöld: “Peacekeeping is not a task for soldiers but all the soldiers can do it, because we, the soldiers, are prepared for the war, but we also know about the horrors a war brings; then who is better called for the peacekeeping than the soldiers?”. Quickly, we are going to do a tour of the United Nations. Surely many of the concepts that we are going to see here are already known to you all. Nevertheless, I wanted to let you know that the main document, the mother of the United Nations is the Charter of the United Nations signed in San Francisco in June 1945, ratified in October of the same year, being Peru one of its founders and of the participants and signatories to this letter. Currently the United Nations have 193 countries members and all the signatories are subject to the articles of this letter. We can also say that the letter of the United Nations have precedence over any other international agreement. The United Nations, as we know, and for the subject we are dealing with, are the international organization that seeks to preserve the society from the scourge of war and to reaffirm the fundamental rights of man. The first intent, for the purposes of this presentation, is the first article of this Charter to keep the peace. These are the main organs of the United Nations: The General Assembly, integrated by the 193 member countries, the General Secretariat in charge of the SecretaryGeneral, who entrusts himself every day with the tasks of the United Nations in New York, the Security Council, with 15 member countries, 5 of them permanents and 10 not permanents, the Economic and Social Council, the Council of Fiduciary Administration that has been already deactivated a few years ago, since at present no territories exist that the United Nations should administer, and the International Court of Justice, which for many countries of the region, especially in the last 5 or 6 years, has been important due to the cases elucidated there. I also want to mention the agencies, programs and organisms that the United Nations have. Any topic about which we might speak: AIDS, nutrition, women, children, genre, disasters, etc., we are going to find that the United Nations always have an agency, an organism or a program that sees one of these topics. For the purpose of peacekeeping, three organisms are involved: the General Assembly, the Security Council and the General Secretariat. Mister Ban Ki-moon is the current Secretary-General of the United Nations and in accordance with his functions, he can put at the disposal of the

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Security Council any matter or subject that could constitute a threat for the peace and the international security. We have the General Assembly, which as we have already mentioned, has 193 member countries, these are in session from December to September, which does not mean that in the following months nothing is done, since for that we have got the permanent missions in New York, which throughout the year work in different commissions organized by the United Nations in different topics. Something in particular that it is necessary to mention is that the decisions of the General Assembly lack of juridical obligatory nature, in contrast to the decisions of the Security Council which have preponderance and are of strict fulfillment. The Security Council is the main responsible for peace and international security. It has 15 member countries, 5 of which are permanent with the right of veto; this means that it is sufficient for one of these countries to veto a resolution for it not to pass. Unlike the resolutions of the General Assembly, the member States have the obligation to comply with the resolutions of the Security Council.

displacing humanitarian aid. The events in Somalia and ex-Yugoslavia are examples of humanitarian protection. Other concepts used by the United Nations, are the preventive diplomacy, the implementation of the peace, the imposition of the peace, peacekeeping and peacebuilding. From one mission to another, in other words, from an imposition of the peace to another, or from a peacebuilding to another, there is no time or a moment in which a mission stops and another one begins; rather, there is a transition time and it is one of the topics that the United Nations are working on with a lot of emphasis currently, especially when it happens from a peacekeeping mission to a peacebuilding one. What we are saying is that the officials of the three components and of the other organizations that are in the peacekeeping missions, many of them are going to remain in the field of the mission when a new peacebuilding mission is created, so that there is continuity from a mission type to another.

Entering already the topic of peace operations, we will say that we have four types of peace operations: the ceasefire and separation of forces, the preventive deployment, the general arrangements and lately the humanitarian protection during the conflicts.

This also is known by us; the Peacekeeping Operation are led by the Department for Peacekeeping Operations (the DPKO, from its initials in English). Now there exists also another organization that is the Department for Logistic Support (DFS) that is employed in parallel with the DPKO.

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The cease-fire and separation of forces, as indicated by its name, works on the base of an agreement between the parts in conflict. It consists of supervising cease-fire agreements so that the political part of the United Nations and the parts in conflict could sit down at a negotiation table to come to an arrangement. I have been almost three years as a commander of force in Cyprus and had the opportunity to see how this kind of operation of peacekeeping was developed.

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We have the preventive deployment, which takes as its object to prevent the struggle from beginning and serves like a measure of trust to give a soothing presence to all the parts in conflict.

Peacekeeping missions are deployed to create the conditions for a lasting peace in a country affected by conflict; these are integrated by military staff, police and civilian, who work to provide civil and political support, as well as early support in the construction of peace. A particularity that is always present in a peacekeeping operation is that the parts in conflict have to be in agreement with the intervention of the United Nations in the conflict area in contrast to an imposition of peace where the United Nations and the Safety Council, with a resolution, not necessarily must have the endorsement or the approval of one of the parts in conflict. Normally, it intervenes in a coercive manner, which can be economical but normally by the use of the military force.

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We have the implementation of general arrangements. I present like an example Namibia, where I was lucky to be also a monitor. It is one of the most finished missions of the military component that is involved in different tasks: disarmaments, immobilization, destruction of weapons, programs of demolition of mines, comeback of refugee and displaced people. Even us, in Namibia, in the 89s and 90s, took part in the electoral process that was carried out in this epoch.

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Finally, the humanitarian protection during the conflicts of peace operation, which is implemented immediately after attacks that are done to the same United Nations, to the convoys when they are

Tasks that are fulfilled in a peacekeeping operation We can see that from the 40s and 50s the peacekeeping missions have evolved into more complex situations, because today various tasks are fulfilled: patrol, humanitarian assistance, elections and themes of family, women and children; they are multidimensional. If we talk about multidimensional peacekeeping operations, we are not only talking about military police and civil components; if not, also, we can have other United Nations Organizations as they can be refugees, UNICEF, the FAO, etc. Also there can be other organizations that not necessarily integrate the United Nations, like the International Red Cross, the Nongovernmental Organizations, etc., that’s why the term of multidimensional and

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this is a topic that is being implemented, developing and discussing so that all the member countries agree with the robust peacekeeping operations. When we talk about robust operations of peace, we are talking about an order and engagement mandate where the use of military force is authorized; keep in mind that we are not speaking about an operation of peace imposition; this keeps on being a peacekeeping mission, with authorization and approval of the parts in conflict, but they are robust and it is possible to use the force; this is the big difference. Here, in this chart, updated until November 2015, we can see what the peace operations are in the present: currently 16 missions in four continents with little more than 120 member countries that participate, with components, troops and police officers; with a budget for 8.2 trillion dollars, which is the 0.5% of the total that the countries of the world spend in war armament. In the field, there are between military, police and civilian personnel about 125 thousand troops, and one of the missions with the largest number of troops, is the one in the Democratic Republic of Congo that has 26,211 troops. My respect to the force commander of that mission, who has to deal with such a troop. In Cyprus, who’s speaking had 860 troops of twelve nationalities, but in Congo we are talking of a component that must have members of 30 or 40 nationalities, a headache for the commander, but these are the peacekeeping operations: a real challenge. I also want to mention, because of how interesting it is, that the United Nations have resolutions of the General Assembly, on the future intention, of medium- and long term, of having the effectives of the United Nations to be 50% women and 50% men. We are still far from this goal since, currently, in the military components, the average of feminine participation is 3% to 4%. In Cyprus, where I was, it was one of the missions with the major feminine participation, about 7% of the military component was feminine. In the police, the numbers change a little: in the police components the average is from 20 to 23%, approximately. I was in Cyprus from 2008 to 2010 and I was relieved in my command by a Chinese General, who in turn was relieved by the Major General Kristin Lund, from Norway, who is the first female general officer appointed as force commander of a peace mission, so that this lady is making history in the United Nations. This is the first woman to be nominated to the post of FORCE COMMANDER on a peace mission of the UN and currently the Force Commander of Cyprus. Is it easy to implement a peacekeeping mission? Definitely not. We are talking about 193 member countries with different culture, religion, race, language, etc., and where

there are conflicts of ethnic violence, refugees’ problems, conflicts of limitation of borders, etc. Then, it is not easy to start a mission of peacekeeping, in which, normally, the operations are opened in the most inhospitable and unstable areas in the world. I also want to mention some terms that are used in the United Nations, when we talk about a hybrid mission. Currently, the only hybrid mission that the United Nations have, is the one in Darfur, in Sudan. And it is like that, because we have the participation of institutions from the United Nations and also from the African mission, with its respective representatives and the combination of forces of both organizations. The integrated mission is a peace mission that we have already commented, when we referred to the multidimensional forces. We have also commented a bit about the imposition of peace. In the imposition of peace the United Nations establish, through the Safety Council, coercive measures, and we normally have the employment of the military force through the formation of coalitions of countries, as we have seen in the Middle East: the United States from America, the United Kingdom and France. The formation of a coalition obeys to a resolution of the Security Council, which authorizes to intervene in some country in conflict. We have the peacebuilding, of which we have also already talked. Certain instructions and measures are established to prepare the country or the area in conflict, so that it can govern itself and the United Nations can retire. We are talking from all points of view: political, military, police, judicial, etc., and for that there are institutions and U.N.O. members who are going to be present in the peacebuilding mission, to help this country solve its problems. We have the protection of civilians, we have in many of the current orders of the different peacekeeping missions the term protection of civilians, and that is related to the operations of the robust peacekeeping operations. In the mandates, the protection of civilians is one of the most important tasks that a mission has and, if it is necessary, in accordance with the engagement mandates, even the force can be used with such an object. In the robust peacekeeping operations, as we have already said, the “rules of Law” are fundamental. The officials of the United Nations that take care of the part of the reorganization of the police, the judicial part, the penitentiary topics, etc., help the new authorities in a peacebuilding operation. Another aspect that I would like to comment on is that in any mandate of a peacekeeping operation is always going to find a rule of confrontation, particularly addressed to the military component. There are some cases where the mission has its own rules of engagement set out in the mandate, but there are some countries that at the moment of signing their understanding Memorandum with

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the United Nations, are not subject to engagement rules of the mandate; they arrive with their own engagement rules. In Cyprus’ case, for example, the United Kingdom had its own rule of confrontation. The rest of the components were aligned to the rule of confrontation established by mandate.

near 3000 military staff in different missions. Currently, the Peruvian Company that we had in Haiti since 2004 withdrew in June/July of the last year, but an understanding memorandum has been signed with Uruguay and we keep sending military staff to Haiti in a binational battalion Peru - Uruguay. This is how we maintain our stay in Haiti.

Getting already into the participation of Peru, in the years previous to 2003, Peru took part to a limitated extent in peace missions, for the problems that I believe most of the auditorium will know, problems from the home front, due to terrorism and from the external front with some nearby countries, but these were already solved. However, in 2003, the politics of the State, the national agreement, the law of the Defense Department, regulations of organization and functions of the Joint Command of the Armed Forces and the Institutes of the Armed Forces, they gather the disposition of Peru to take part in peace operations, the planets line up, there is a political decision and in 2003 Peru begins to work with operations of peace with more emphasis.

Also, in December of the last year a company of construction engineering and airfields maintaining was assigned to the United Nations mission in the Central African Republic and for one or two months, the Minister of Defense has disposed that a committee of work is formed to formulate the national politics of participation of Peru in peacekeeping operations.

Different goals are planned, like organizing a development system of peace between the Joint Command and the three military institutions; an intersectoral committee with the direcly involved sectors, in this case the Defense Department, Foreign Affairs and Interior. Now I am going to tell you what we are doing: ––

The creation of the instruction and training center for peacekeeping operation that happened also in 2003.

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More participation in exercises; Peru has taken part and has been a head office of different regional exercises in and out of the region of peace operations.

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More participation in peace operations. Currently, Peru is in 7 of 16 missions that the United Nations have operating in the world. In two of them, with contingent, one in Haiti and other one in the Central African Republic, with a unit of engineering that has been opened during the last December. Be member of the Security Council of the United Nations and Peru. It already was between 2006 and 2007. Peru will postulate again to the Security Council in two more years and it will try to be a head office for peace exercises.

About the missions in which Peru has taken part, we would say that between 1958 and 2002, it had an emerging participation, but from 2003 Peru began working at many other missions. Peru is taking part in the missions of Congo, Central African Republic, and Sudan; and when we talk about Sudan, we are talking about three missions, because this is Darfur, Yuan and Southern Sudan; as well as Ivory Coast and Haiti. This is what has been happening: as I have already said, since May 2011 up to date, Peru has participated with

Final words. In spite of all the criticism that the United Nations have received throughout the years, since many countries have questioned the reason of the existence of the UNO, its role in the world is important. Every day an average of 26 thousand children die, often for causes that can be far-sighted; it is believed that about 20 million children have remained bereft of their parents who died because of AIDS and one of each 6 children between four and fourteen years, are exploited by infantile work; 1.5 trillion children live in violent countries and high intensity conflicts, there are 32 millions of refugee and/or displaced people, of which 80% are children and elders and more than 75% of the children will never have in their life the opportunity to see a classroom. All this is a concern for the United Nations and I believe that it does of this world a better world. Thank you very much. GRATEFUL OF SUCH AN IMPORTANT PARTICIPATION WE TURN TO THE QUESTIONS PART: Admiral Debernardi, What aspects should be strengthened in the United Nations, in its peace-keeping role or we could assume that there are no weaknesses? There is no organization in the world, including the United Nations, which is perfect, I believe that the United Nations have a particular problem when they implement a mission. I say it based on experience, I would like to answer with a comment of my experience. When we got to Namibia in the year 89 as military monitors, we were not a contingent; that’s to say we were traveling with our own uniform, without weapons, with our toothbrush and our shaving cream. When we arrived the military contingents had not yet arrived, they were who had to give support to the mission. Later a Finnish contingent arrived, which had very modern equipment and which supported us a lot. But up to the the moment the Finnish contingent arrived, was

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installed and broke the inertia several weeks had passed; we had to leave patrolling immediately and the United Nations didn’t have any 4 x 4 van. A donation from Japan arrived, a significant amount of 4 x 4 vans, then the United Nations had to rent sedan vehicles, i.e. the cars circulating through the city, they gave us some large stickers saying UEN, we stickied them to the hood and on the door and with that we started to patrol on the path; when the 4 x 4 arrived, and we had to return the cars, I tell you those cars were to be thrown in the trash, were useless, just imagine patrolling all the days in a sedan car. These are the limitations that the United Nations have at the beginning of the mission, once the Mission is well directed things improve a lot.

and objective with the answer, but it is necessary to have one. It is necessary to make sure that a disobedience or the excessive use of the force will not stay undisciplined. The discipline is important so that the citizens understand that when the members of the body disobey they are going to be persons responsible for it and therefore they must be accountable for this type of things in these missions.

I can compare with Cyprus, years later I arrived to Cyprus as Force Commander to a mission that has more than 50 years, when I got there everything, absolutely everything was written, there was nothing to invent, to create, to write; we did do some things anyway, we checked the P.O.S., updated them; but the mission was so well installed and implemented that in fact we had no major problems.

As I mentioned in my presentation, the conditions are established in the order of every mission, every mission is going to have its own engagement mandates and there are going to be established situations in which the military personnel can make use of the weapons. Normally when the order talks about civil protection and these were in danger, this would be one of the reasons for using weapons. The second one is self defense of one and of one’s own installations. Normally these are two of the conditions, but none of the missions of the United Nations is equal to another. It is necessary to go to the order and to be very specific in what the engagement mandates of the mandate say.

Then this would be the main limitation that the United Nations have, because, on the other hand, as we have seen in the presentation, the United Nations are a whole underworld with a heap of programs, organizations, institutions, etc. quite complex, so I repeat I believe that the logistic part of any beginning is the main problem that the UNO has. General Wilson: In your opinion; how must the use of the force be guaranteed so that this one will be effective and will not generate the judicial and political pursuit to the members of the armed forces? To assure the use of the force in an efficient way, without generating political or legal pursuit, what I understand is that if we are in an ambience of keeping the force, we are going to try to use the least possible force. We are not there to break things or to kill the people, a big part of the peacekeeping operations does not have this offensive nature, rather a defensive one. Then if we are going to restrict the use of the force we are going to make sure that it is understood what is the intention. Second, that the soldiers understand (even the soldier who is in the guard) that if we want to ensure a good job is done, we have to make sure of training the people in a diligent way. We are not there to hurt the people or to break things, but to help assure the legitimacy of the government, of the state of government and to reduce the violence that is already taking place in the country. That’s why the use of the violence must be measured, disciplined, and must be very controlled. The use of excessive force can clearly damage the efforts in the country and we really have to reduce the type of legal judgments. When this happens it is necessary to be fair

Admiral Sánchez: A blue helmet, in what conditions can they use lethal force, and according to your experience what would be your evaluation of the peace missions in which Peru has taken part until now?

About the second part of this question, about the participation of Peru in operations of peacekeeping, I am going to answer it with a personal experience, I am involved in topic of operations of peace since I was lieutenant in 1989, when I went to Namibia, but the best experience was in 2008 - 2010 as commander of force. Being a commander of force during 2008, 2009 and 2010 in August of every year the United Nations called the commanders of all the forces of the 15 or 16 missions that are in validity in this moment to New York. Then I took part in these three meetings and in addition to receiving instructions of the DPKO, of having a meeting with the Regional Advice and with the Secretary-General, we also used the time to exchange ideas and experiences of our own missions. Here the answer comes: with much pride I can tell you that all the generals who had Peruvian personnel in their missions were approaching me to congratulate and were telling me: the Peruvian personnel that I have in my mission performs great. The three generals from Brazil I met in Haiti told me that the Peruvian contingent was their reserve. Here the majority of us are military, and we know that the reserve is always the best force a commander of force has, it is like an ace up the sleeve. Then the Peruvian contingent in Haiti was the reserve of the commander of force, that is the vision that the United Nations have of Peru’s participation in the peacekeeping operations.

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SECOND CONFERENCE:

International Humanitarian Law: The Rome Statute and the progress of the International Criminal Court Moderator Colonel EP HERBERT VIVIANO CARPIO Director of the Centre for International Humanitarian Law and Human Rights of the Armed Forces.

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SPEAKER 1 DR. FAUSTO POCAR (ITALY)

He was born in Milan, on February 21. He is a teacher of International law and president of the International Institute of Humanitarian law in San Remo since 2012. He graduated and got a “Cum Laude” degree from the Law University in Milan. He has been a lawyer and arbitrator in different national and international cases. He has the charge of publishing Chief on the Private International Law and Procedural Law Magazine. Finally, he is author of different books, like: The international judicial assistance in civil matter (1967), Not Authorized exercise of the State power foreign territory (1974), among others, as well as more than 150 articles and essays about Public and Private International Law, published in various national and foreign means.

To begin, I want to thank you with all my heart for the invitation you sent me to come to Lima to participate in this Military Law Congress. I want to thank, particularly, General Juan Pablo Ramos Espinoza, President of the Military Police Jurisdiction, and the General Jan Peter Spijk, President of the International Society for Military Law and Law of War. The International Humanitarian Law, The Rome Statute and the progress of the International Criminal Court (ICC) are quite extensive topics, especially the Rome Statute, but I am not going to go into much detail. I would like to emphasize that it has always existed a close link between the International Criminal Court and the International Humanitarian Law. The International Humanitarian Law has always referred to the International Criminal Court to define the types and the ways of liability that may exist with respect to the crimes. For example: we have seen the Nuremberg Trials’ case, in which the London Charter of 1945, listed war crimes but did not define their elements. This definition was open. In particular, it was responsibility of the Court to assess the scale of applicable penalties with regard to war crimes, and one of the main findings that was made here was to identify who were victims and who were the protected people, because this was going to be the basis to determine many of the war crimes. Of course, it depends on the direct participation in hostilities, which is very important for the identification and application of the basic principles. The basic principles form the basis of the crimes before the definition. The Geneva Convention was very imprecise in setting a scale of war crimes, but even if they have been treated generally, we recognize that it has helped the development of International Law. In the Geneva Convention, there is not a definition of war crimes, neither of the elements of these crimes and the responsibilities that this entails. The regime of this Convention is based on a list of crimes that have been presented in the court, belonging to domestic cases and these are limited to the evaluation of cases. Then, I tried to fill these loopholes that might exist in the Geneva Convention, in the definition of crimes and war crimes, which are many. We found many loopholes and refer again to loopholes that can be of Humanitarian Law or Criminal Law; this definition will be given by the State. The same applies to the Additional Protocols of 1977, which also do not contain a great legislation; so, it is not of much help from the point of view of the criminal law. If it does not do much for the States, it means that it would not have a big impact in International Criminal Law. Some agreements require modifications, even if for this type of law a 100% is not achieved. The International Commission of Right of the United Nations had the task of evaluating the elements of these crimes based on these norms, but it was unable to perform for a long time due to different difficulties. No evaluation was done of the international humanitarian law, it was not done by an independent body and the solution the Security Council gave was the same the advisors of the Letter of London gave: let the

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courts evaluate this International Law and let them apply it case by case with regard to these crimes. In a very eloquent way, the Secretary-General of the United Nations sent a draft of the statutes to be adapted and in a candid way he said that the courts should apply the international laws, especially the International Humanitarian Law. The Court should do the evaluation but there would have to be accepted and binding laws and rules. We have found a reference to the Humanitarian International law in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human rights, to bring to the jurisdiction of the Court violations that happen in non-international armed conflicts, which were more or less like the conflict of the ancient Yugoslavia. There were internal conflicts and these had more victims than the international conflicts, like the cases of Bosnia and Slovenia. It was critical for the courts to be able to handle these big violations loophole, without having to use a warning of the Geneva Commission, that these violations could happen and that they happen in non-international conflicts. Otherwise, all activity of the Court would have been impossible because it was out of the jurisdiction, but we know, in the cases that were decided, that this reference to the International Law could include common rights from art. three, in common with the Geneva Agreements, which is another kind of law and possibly these are the rules that are given with regard to the violations, which are as serious as the loopholes in the Geneva Convention. The International Criminal Law always refers to the International Humanitarian Law and the regime of the war crimes violates this International Law and also violates certain aspects of the law of the International Humanitarian Law. Of course, there are new crimes that are adopted, but, essentially, these crimes, these violations, are part of the violations of the Humanitarian International law. The real change in the system happened with the Rome Statutes, in 98, because instead of referring to the International Law, the Statute wanted to codify the rules, it wanted to codify the crimes based on the organization of the international law, but not necessarily inside it, because when a group of States are jointed and writes the text of an agreement, it is unavoidable that it was not realized a serious evaluation, because there are interests of some States that want to use the jurisdiction in certain cases and extend the same one in others. The Conference wants to make an agreement in order to be able to accept a lowest common denominator of certain prohibitions, but we do not have the flexibility that the Court might have to interpret the Criminal Law in a progressive way, like the Inter-American Court of Human Rights did previously; nevertheless, there is a commitment established in the Statute, in section a) of the article 21, in the sense that first of all the Statute applies, the Elements of the crimes and its Rules of Procedure and Test.

There is also a second point, letter b) of the mentioned article, which specifies that when it is appropriate, the Court could use applicable treaties, the principles and norms of international law, including the established principles of the International Law of Armed Conflicts. The Statute does not talk about limits, it says where it is appropriate, but those who are minimally familiar with this document, know very well that almost all the resolutions adopted by the United Nations begin with paragraphs that say: “where it is appropriate”. Basically, it does not indicate that it is a process where States do that they want. The problem is that in the beginning the states decided to hold on, particularly, to the Customary Law, which is being applied by other Courts. Probably, this position might have initially been understood, even if it was safer to hold on to the written law, but this might have led to a certain fragmentation at the time of monitoring the application that was becoming ex-post. To give you an example, in the first case the International Criminal Court saw on the use of children in war, we can see that in this decision the Court did not interpret the Statute correctly, ignoring that about the theme there are at least three circumstances to appreciate: ––

The voluntary recruitment

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The compulsory recruitment

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The use of children in war, among others.

The Court interpreted in a quite wide way the affair, considering the responsibility of those who made use of children in war and wanting to expand that responsibility. Any use, including some that do not constitute participation in hostilities, could have been used to protect more the criminal mechanism, increasing the responsibility of the alleged perpetrator, not respecting the direction that gives the Statute. If we say that it participates in the hostilities, we are saying it is a belligerent part. For this reason, there was enough concern of the organizations, understanding that by doing so, they could have increased the criminal responsibility and allowed that responsibility to be determined easily, but they were not safeguarding the children’s interests, by giving priority to an ex post protection, when prevention has to be prioritized. That is just to show that sometimes it is not referring to or it will not have to apply the International Humanitarian Law, and that is not a good idea. The focus began to change in the Katanga trial, which allowed the possibility of applying the article 31, c, of the Vienna Convention and to refer to other relevant rules that may be applicable to both parties. In this trial, the Judge decided to refer to other cases seen in other international criminal jurisdictions, which indirectly also refer to a common law or customary law. Only the more recent decisions of the Court, like the Jean Pierre Bemba Gombo trial, which was seen in March of this year, confirm, in

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a clearer way, the possibility to consider that Law in the Court and in the Tribunals, as a means of interpretation of the Rome Statutes. The Court establishes clearly in this case that this approach of considering the cases seen in other courts, has the advantage of attending to the judges and identify the rules or the relations of the Customary Law, to use it as a subsidiary Right source. However, the court also went further and said that this might have served not only to fill the breaches and loopholes of the Statute, but also to help in the interpretation of the Right or the applicable law and its elements. What the Court said is that both approaches, including the possible interpretations and the approach to decide case by case based on the circumstances, are important. The Courtâ&#x20AC;&#x2122;s focus is prudential, because it establishes that one must not use the interpretation to replace the applicable law for the Customary Law, but it must be used only as a means for interpretation. However, this is an important decision, which tends to group the system and to have another more coherent one in terms of Criminal Law and Humanitarian Law. The use of this methodology is for the different interpretations and to determine to what extent it can be

used, but definitely refers to International Humanitarian Law with regard to Customary Law. For time limitation, I want to also refer, briefly, to the questions that we have on some accepted doctrines normally in International Law, with relation to the responsibility of the commands or the commanders for crimes committed by their subordinates, which, as you know, is a difficult subject, and it has given rise to various points of view expressed on it. All this, in relation to the provision located in the Statute, in regard with the fact that the military command is responsible for the misbehaviors that were committed by force under his orders and control, as a result of this failure to exercise control properly over such a force. Then arises the question, if the military command had known or if he was in knowledge of the facts in order to have avoided the crime. Before concluding, I want to show you how we have to see what the basis of the interpretation of Criminal International Law is and that it remains the basis of knowledge, this knowledge is also related to the basis of International Humanitarian Law, which is also basic to the Military Law, and it is related with the responsibilities. Thanks a lot.

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TOPIC

Role of the National Commission of study and implementation of the international humanitarian law (CONADIH) SPEAKER 2 MBASSADOR JUAN JOSE ALVAREZ VITA (PERU) He is an ambassador of career in the Diplomatic Service of the Republic, linguist and historian, he studied Law and History in the San Marcos and Catolica Universities Lima-Peru; and Diplomacy in the Diplomatic Academies from Peru and Austria. He has qualified master degrees and doctor “Summa cum laude”. As diplomat, he has represented Peru in Argentina, Hungary, Austria, Switzerland, United Nations (Vienna, Geneva and New York), Latin-American Association of Integration (ALADI) with head office in Montevideo; Costa Rica, Cuba, Indonesia, East Timor and he was the first ambassador that Peru credited before the Association of the States of the Asian Southeast (ADORN). He has a vast trajectory in human rights. He has been president of the Peruvian delegation before the Commission of Human rights of the United Nations. At a personal title, he has integrated the Committee for Economic, Social and Cultural Rights, the most important organ of the UNO entrusted of supervising these human rights. He is a university teacher in Peru and in the University for Human Rights from Geneva, Switzerland in which he integrates his Scientific Advice. He is author of 12 historical, linguistic and juridical character books. It is necessary to emphasize its Peruanisims Dictionary. He speaks the Spanish of Peru, coedited by the Peruvian Language Academy and the University “Alas Peruanas”. Our country has awarded him the highest distinction that it grants: “La Orden del Sol”. He has also received distinctions from other countries. He is a Director-general of the Ministry of Justice and HR.

Very good day, as is customary, I should thank all of you for the invitation, which also coincides with a very pleasant meeting with Dr. Fausto Pocar, with whom we met many years ago in Geneva, when he was a member of the Committee for the Human Rights, i.e., the Committee for the International Agreement of Civil and Political Rights and I was a member of the Twin Committee, which is the Committee of Economic, Social and Cultural Rights. Both entities of the United Nations are responsible for the supervision of the fulfillment of these agreements by the States. We recently shared, Dr. Pocar and I, an interview with the Minister of Justice and Human Rights and it is a pleasure for me to see him again here sitting, thanks to the invitation of our dear friend and Director of the Center of High Studies of Military Justice. The topic that we have today seems very simple, however, it is a topic of an enormous complexity because it takes control of proper aspects of the Public International Law, combined with the aspects of the Constitutional Law of every country and, as these are very sensitive topics, they also have an impact on aspects of political character. We have not reached a full consensus in the international community as for many agreements of Human rights and the Statute of Rome it is not an exception, it explains that this court should have had a very long preparation. On December 9, 1948, in other words, one day before the proclamation for the General Assembly of the United Nations of the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations approved the International Convention against the Genocide, there it was established that the persons in charge of the commission of genocide crime had to be submitted to judgment in an international court. What happened is that simply this international court did not exist; it was not created by this international convention. From there comes a gestation, in one of the longest pregnancies of history in the field of Human Rights, as it has been to come to the moment of the approval of the International Criminal Court. For many years, the first country that requested to the General Assembly of the United Nations, to begin to give shape to the idea of an international court, was a country of very small dimension, which is located in the Caribbean Sea, I am talking about Trinidad and Tobago. The order was processed and derived to the International Congress for the presentation of the projects, then counter projects appeared and the matter dilated. The politics do not only work in the internal setting but also in the international one and in 2000, after 52 years of gestation, the establishment of the International Criminal Court was approved, so you can see that the historical development of this process was quite complicated. Governments have changed, generations have changed, the internal situations in every country have changed, the States that already had difficult situations today do not have them; other States, on the other hand, if they have them, must confront these questions in the frame of the International Law of the Human Rights that starts to rub, to join, with the Humanitarian International Law, which is commonly known as the Right of the Red Cross.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

Meanwhile, the international meetings to come to the text that we know today, have written a great part of the history of the United Nations. The criterion existed, opposite to the international responsibility of the Human Rights violations, that only the States were responsible for the violations. It costed a lot of work to introduce the criterion that not only the States violated the Human Rights, but also the individuals, groups of organized terrorists that, it is undeniable, violate the Human Rights in all the countries where terrorism is present. This is clearly visible and, when there is terrorism, both the civil and political rights are affected, the right to life of the human being is affected, and also the economic, social and cultural rights. The International Criminal Court has a gap, in my opinion, that in the light of the evolution that had taken place during the years until 2000, was not tolerable, and it is that it did not considerate the violations of economic, social and cultural rights. We are talking, for example, of the protection of the environment, but someone violating the right to the environment does not fall in the competence of this court and he should. This is nowadays considered a crime that can be committed by private enterprises, individuals and in other cases by the State itself, but leaving aside this loophole we found, the International Criminal Court establishes a series of obligations for the States that are part of this international convention; there a categorization is made of what is considered a crime; but we should go back a bit to the approval of the International Convention against the Torture and other cruel, inhuman and degrading treatments, whose sixth article is known as the Universal Jurisdiction. I imagine the lawyers present here will say: “no, here in Peru there is not an international criminal jurisdiction; the codes establish the principle of territoriality regarding the commission of a crime”. So, a judge could say: “I do not have competency to judge a crime committed in another country”; however, the convention against torture so establishes. You will remember the case of General Pinochet. Being him in Great Britain, a Spanish judge opened a process, and Mrs. Margaret Thatcher did everything possible to let him out first thing in the morning in a plane to Chile. The English courts started attending at 10 am, and when they opened their doors, it was already not possible to begin any action against Pinochet, because the plane was already on his way to Southern America. This is more or less the more recent history, but the matter of universal jurisdiction is still a little assimilated idea by the men and women of law. I am using an inclusive language because I do not want to be qualified as a sexist, even if I believe that simply a word in masculine includes women too; on my side there is no feeling of discrimination against anyone and less against women. So, if in any moment of my dissertation I did not include the feminine gender, I beg your pardon, but it is a recent innovation in our language and that goes against the rulings of the Real Academy of Language and I,

by nature quite interested in linguistics, have problems in assimilating this kind of contemporary uses. Back to the topic, this principle of universal jurisdiction is included in the International Criminal Court. One of the most important points is that the Court has competence over the crime of genocide, categorized as the crimes that have been committed with intention of destroying partially or completely a national, ethnic, racial or religious group of people. This wording is the practically textual reproduction of what the Convention against genocide of 1948 establishes, which is, the International Criminal Court and the Rome Statute have fed themselves legal figures that were born over the years and adding also an element that may complicate a lot of things, which is the subject of an international habit. The international habit is a source in the international law and sometimes to rule what is the habit, if it has a universal character or a local one, and how to apply that, very big juridical debates take place. The second point is about the crimes against humanity, which include actions committed as a part of a generalized or systematic attack against a civilian population and with knowledge of said attack. The third point are the war crimes, the serious infractions to the laws and applicable habits in the international or non-international armed conflicts as a part of a plan or politics of commission on a large scale of these crimes. It is indicated that the crime of aggression shall be defined according to the articles 121 and 123 of the Rome Statute. Also, the crimes against the administration of justice that comprise giving false testimony, presenting false or falsified evidence, to corrupt witnesses or to take reprisals against them, to restrain or to intimidate or to corrupt an official of the Court, to take reprisals against the officials of the Court and to request or to accept bribes. Then, we see possibilities that are contemplated by the Statute of Rome and there are established, also, the applicable punishments, the minimum and the maximum that can have the categorization of a certain crime. A reparation to the victims is also established, and also when to apply the so-called temporary competence, which is the right that is going to be applied and several other things that I would like to indicate. The applicable general principles of the Criminal Law are the res judicata and the principle of the “Nullum crimen sine lege”. If we have the matter judged at an internal level, it is possible to say, if it was already judged, the court does not have capacity to judge it again. This is a problem that appears in many countries. If there is no previous law that typifies a crime, then the court is not competent and the nonretroactivity is prohibited. The issue of the non-retroactivity worries many States, because there are precedents in the International Law, such as the famous case of the Nuremberg process. At that time, the Criminal Court mentioned in the Convention about

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genocide of 1948 did not exist, and the categorization of the crimes for which the defendants of the Nuremberg process appeared before the court that worked in that city had not yet been established on an international level. We are still living the consequences of that Court, i.e., the effects their decisions caused. While mentioning all this, I cannot avoid mentioning something concerning specifically Peru. According to our Constitution, treaties become a part of the national law of the State, in other words, it is not just International law, but also National law. However, 16 years after the approval of the convention that created the International Criminal Court, here in Peru, it has not been possible to comply with the promulgation of rules of domestic law, like the Convention establishes, and to not have problems or doubts at the moment of applying it. If it is like this, like the Constitution says, and specifically about the theme of Human Rights, these treaties have the same legal category of the constitution. So, Peru, that up to today has not been able to conclude its functions of issuing an internal legislation, is breaching the agreement, and at the same time internal dispositions too, because the treaty has started being part of the National Law. Precisely this morning, when I was talking with Dr. Fausto Pocar, I told him that the problem of monism and dualism, which in an epoch was thought to be completely overcome, or that it was not current anymore, still has influence currently, because it does not sink yet in the conscience of men and women of law, when we are talking of International Law and of Internal Law, that they are exactly the same. Although we have these problems, we should consider also the part that is related to the reparations. The States are forced to compensate the victims of violations to Human Rights. Nevertheless, those who commit or are responsible for this situation, often, do not pay the reparation that they have to pay. So, in the end, as a question and a reflection for all of you: who is really paying these reparations? We are, I say, all of us, because supposedly we all pay our taxes, either because we go to a bank and pay them or because they deduct them from our paychecks, but the money come from the whole community. Should we not look for an effective method to have the responsible people of the violations to the Human Rights pay the sanctions and not punish the complete society? That does not mean the victims must be left without any cover, but for justice and for equity, this would have also to be considered in these aspects. Here in Peru the dispositions of the Court do not distinguish between who can and who cannot be processed by the Court. Something that scares the authorities a lot is that it is said clearly that they can process a Head of State, they can process a Chief of Government, they might sue also a Monarch, they might sue anyone who is accused. You will remember the Fidel Castro case, when a judge said that if Fidel Castro left Cuba they would have started

a process to establish the Universal Jurisdiction and would have forced him to be judged by our country. Since then, President Fidel Castro stopped travelling abroad, fearing the norms of the International Criminal Court would be applied. This does not mean that I am ensuring Fidel Castro has committed any violations in this case, no. I leave this to politics, I do not want to do any kind of international or domestic politics commentary. Another aspect that I would like to mention is the evolution that has occurred during the last 16 years here in Peru. Peru participated in quite an active way in redacting the convention; however, when it was already going to be signed, the Government of that time retired the full powers to our Ambassador in Italy, granted to her to sign the Convention. This has to be analyzed with what happened later. The Congress presented some proposals, that in the light of Law were unacceptable. One could have said “this Congressman knows nothing of laws” or “this Congressman has no good advisors” or “there is a political intention of tangle things”, I will leave all this to you to reflect. When that Government ended, the new one signed the treaty and a process started that is not over yet. I would like to refer specifically to the position of the United States regarding this problem of the Criminal Court, the United States signed the Convention but it has not been ratified. In accordance with the Vienna Convention on the law of agreements, United States cannot do anything that goes against the Convention; however, when the American Government changed, they made a declaration that the United States did not feel obliged to comply with the Convention by the single signature; in other words, it had not complied with the procedure to have the US Congress adopt it. The United States sent a series of diplomatic missions so that bilateral agreements were signed with the intention of which its citizens could not be put before the jurisdiction of the International Criminal Court. This is explained by the universal jurisdiction, by which any judge can arrange the detention and sue a person, in any country of the world in which he is. An important mission came and there was a lot of conversation for Peru to adhere to these criteria and to sign an agreement with the United States. The Peruvian government did not accept, saying that it was committing an outrage against its sovereignty, that this had not to do at all with an unfriendly gesture with the United States, but the thing is that the United States have achieved that a series of countries signed these bilateral agreements. Finally, I want to say that there is a National Commission that is responsible for the implementation of Humanitarian Criminal Law here in Peru, which is chaired by the Minister of Justice, but that has not entered into affairs linked with adequate legislation, because that corresponds to the Parliament. Thank you very much for your attention.

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QUESTIONS: There is some controversy about the few sentences that the International Criminal Court has issued. In that sense, how does this situation affect the credibility of the Court as a guarantee of world peace? Dr. Fausto Pocar It is true, in many ways The International Criminal Court has been criticized in relation to the few reports that it has delivered up until now. I believe that the responsibility is part of the Court, and this is true, if compared for example with the number of reports that the Tribunal for the former Yugoslavia gave in the same period of time. After 10 years, already a series of decisions, even in appeal, would have been taken in the Tribunal for the former Yugoslavia. The responsibility is partially the Court’s, but part of the States, too. The States do not seem to cooperate with the Court in an appropriate way, we have had situations in which the Security Council itself has sent several matters to the Criminal Court and has not cooperated with the Court to allow the accused to be brought before the court. We had, for example, the Libya case, where the Security Council, as a first measure, after the problems had with Gaddafi, sent the case of Libya to the International Criminal Court. But in the following days, the heads of Government and members of the Security Council, that I attended personally, for example, President Sarkozy of France, in a public meeting said that a situation of perpetual exile for the President Gaddafi could have been best seen, so that the authority and credibility of the Court, in situations with political manipulations of this type, it cannot be respected. But I feel that there is something in the mechanism of the Court that does not work in a proper way and it is the whole system of victims protection, or even better, the participation of the victims in the processes. Since these are mass crimes, they do not work in the same way as an ordinary crime, where there are only a few victims participating. When there are millions of victims, participation is difficult, because it can be manipulated by organizations seeking to represent the victims and these do not help to facilitate the work of the Court. Naturally, a little of enthusiasm is missing in the Court, like the one that existed in the first judges and district attorneys of the Court for the ancient Yugoslavia, who in a difficult situation created a new jurisprudence. There is not, until now, a “leading case” (judgment or important decision) of the current Court, which could create a new jurisprudence. I do not have a concrete answer but it is true that the credibility of the Court, not having acted in an efficient way, will be a problem.

Could you expand on the issue of the hierarchy of International Agreements on the constitution? (Ambassador Alvarez Vita) I think it is in the article 103 of the Constitution, in all case it is in the agreements chapter, where it is clearly indicated that international agreements ratified and in force form part of National Law, that provision must also be related to one of the transitional provisions of the Constitution: the fourth, that says that all human rights contained in the Constitution must be interpreted in the light of the agreements and of the Universal Declaration of Human Rights. This is clearly indicating the supremacy that the agreement has on any internal law, because it has the status of a constitutional norm. In addition to this criterion, if a norm is interpreted in function of another, it is because the norm subject to that interpretation is inferior. On the other hand, the Constitutional Court, in several judgments, has pointed out that international agreements take precedence over laws and it has ratified that agreements have value of constitutional norm. Conclusions of the Moderator: The bilateral agreements of immunity relative to the dispositions of the article 98 of the Rome Statute, are presented themselves as a politics species to prevent the advance of international justice, creating a parallel system. Peru has the international obligation to implement in its internal right norms of Humanitarian International Law and of the International Law of Human Rights, which constitute serious injuries to its minimal prescripts, by what we awaited these are included in the new Criminal Code, whose project is already elaborated. We have in the Peruvian Minister of Justice, the National Commission of study and application of the Humanitarian International Law, which is an organ that has as its first purpose to express opinions and to offer advice to the executive power. We must remember that the international agreements on Human rights are part of our juridical arranging and hold constitutional status. The difficulty that most of the States of the world have is to adopt the norms of the Rome Statute in its internal juridical arranging. Finally I want to thank my General Juan Pablo Ramos for inviting me to this remarkable academic event and, at the same time, invite everyone here to the Center of Humanitarian Law and Human Rights of the Peruvian Armed Forces to its different courses, where we share events relating to Human Rights, International Humanitarian Law and International Criminal Law, stating that we have to date over 12 thousand members of the Armed Forces trained in courses and workshops are given in all these branches of the Law. Thanks once again for your invitation to this remarkable event.

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III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

THIRD CONFERENCE

Military Justice in the XXI Century, Role of the Technical Secretariat of the Inter-American Forum on Military Law (FIDEMI) in Strengthening the Military Justice in America Moderator General EP ODILSON SAMPAIO BENZI (Brazil)

SPEAKER 1 REAR ADMIRAL JULIO PACHECO GAIGE (PERU)

Rear Admiral Pacheco is currently Supreme Member of the Military Police Supreme Court from Peru and holds the positions of President of the Supreme War Chamber and he is Director of the Center of Higher Studies for Military Justice. He is Technical Secretary of the Inter-American Forum on Military Law and He has chaired committees organizing of conferences and international events.

I would like to thank the Brigade General Juan Pablo Ramos Espinoza, President of the Military Police Jurisdiction, for the trust he placed in me to carry out this Congress. Likewise, the General and friend JAN PETER SPIJK, for trusting in the Military Police Jurisdiction of Peru to perform this important work, which has to do with such an important topic, as it is the Military Justice. I should mention that I was in doubt about what to do; a conference or a few notes about what Military Justice is. After thinking about it, I decided to have a kind of conversation, since an exposition at this hours, after just having had lunch, can generate more than a few nodding heads. What I really want to do is to talk about the experience of the work we are developing in the military justice, as well as at the level of the Military and Police Jurisdiction, in regards to positioning military justice so that it can be internationally respected. The first topic I am going to talk about is that all of us here have to do with military justice and we know that we have the same goal in mind. This goal is to contribute to the discipline in our armed institutions; and have that discipline be strengthened within our institutions. Within that goal, we have several aspects that may vary in relationship with the reality of each country. Therefore, we cannot say military justice should be understood in the same way in all and each one of the countries. We have a unity in diversity. If we are not aware that this diversity exists, it is not going to be possible to find a solution to the problem of unity in military justice. We want to implement, within the diversity of military justice, the sole criterion for the fundamental mission of military justice. The question then is: how do we do this? How can we, inside this diversity of realities, implement this objective of military justice to each of these realities? The first idea that comes to mind, is that we must learn from each other what military justice is. When I just started this journey in the strict sense of military justice, in 2010, when I arrived as a member of the board to the Military Police Jurisdiction, I found myself with the possibility that each member of the Police Military Jurisdiction of Peru may have had a different idea of what military justice should be and on how to approach that idea from a judge’s point of view on the one hand, from the prosecutor’s point of view on the other and even from the defender’s. So, how could we think about a unity of criterion? In those circumstances, something happened by chance. In 2011, the International Association of Military justice, jointly with the Military Police Jurisdiction, organized the “V Meeting of Military Justices”. Some of you here today were present, in that occasion, we realized that military justice was not this small particular reserve of the Military and Police Jurisdiction, and that the Peruvian military justice was just a small part of a big gear assembly of the military justice system that existed in other parts of the continent, of the subcontinent and of the world. Our military justice and the idea that we had of what it was did not finish there. However, we believed that it was our world, our small military justice world, and we were satisfied with it existing that way.

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Nevertheless, we had the opportunity to know other realities, with my friend and brother Waldo Martinez, who is here to my left. We talked for a long while on how to steer the topic of military justice in Chile. We also spoke with our brothers of Brazil, Colombia, USA, Canada, among others, and we talked with people from other latitudes, from other continents and we realized that this small military justice that small rational reserve of Military Justice, was not in accord with what was happening in other countries. Not only thinking about other continents but also about our same continent, we started wondering if we all had the same problems; if we all had the same questions that were made at the level of the military justice in Lima and little by little, we realized that the military justice system has a problem in each country, some of these more serious than others, some oriented in a way, others focused on another aspect, but we all have some kind of problem. Mexico, Colombia, Peru and Chile sentenced by the InterAmerican Court of Human Rights, challenging many of the activities that the military developed in their respective countries and the intervention of the military justice system in those military procedures. Within that experience and those questionings, we said, we must do something! We cannot remain everyone happy in our countries defending ourselves, saying each one should solve his problems by himself and we understood that sometimes you have to leave the pride aside. Sometimes you have to stop believing you are the best and start to be a little humbler and begin to realize that there are other people, other brothers, other realities that can help us improve and that is what we try to do: mutual aid of the military justices that were first close and later, farther, to start to understand what was our problem and towards where to direct our efforts. That mutual aid was materializing in a series of ideas. First, with the General Audit of the Army of Chile; then, with the intervention of the Military Court of Colombia, the Southern Army of the United States and Military and Police Jurisdiction of Peru, we started a serious project of what we could understand could be the direction that we wanted to give to the military justice and within these meetings (that were not few) arose the idea of creating an inter-American forum on Military Justice, that would unite all these efforts to carry out what we thought. At that time, my friend Waldo considered the idea to be crazy. However, it began to take effect and we began to realize that in this joint work we could begin to find alternatives, understand that there is not a unique military justice, a single model. We must begin to recognize that each country has the type of military justice they need. Each country has the type of military justice appropriate to their own reality and in the case of Brazil this is inserted within the Judiciary. The Military Justice of Chile is basically inserted in both the Judiciary and the Ministry of Defense. There are other countries where the military justice is inserted within the Ministry of

Defense, as it happens with some countries in South America or North America. The Military Justice of Peru found a different course, it does not depend on the Ministry of Defense, and neither on the Executive or on the Judiciary, and it is autonomous. We can reach an agreement and help each other so that this system works in that country, with the internal problems it may have, it can give some kind of support, some kind of recommendation, some sort of advice. That does not mean we are better or worse; this only means we are giving to the military justice the place it deserves. We are clear and this is a recognition to the Inter-American Forum. We are quite aware that it is necessary that a military justice exist, with judges, prosecutors, officials and members of the armed forces. Several international judgments, among them that of the Canadian Court, the Colombian Court and our own Peruvian Court, have already declared, almost systematically, that the military justice system has to be carried out by personnel of the armed forces, because they are those who know the reality inside their institutions. I told you some time ago, I apologize to those who have already heard it, a story, and I would like to tell it because it is a sample of how we can make a mistake. In Peru, a non-commissioned officer was covering guard duty in a Naval Unit. He was of the naval operations and fell asleep on guard. An investigation was opened and as a result, he was dismissed by a measure of disciplinary offence. In Peru, this administrative procedure can be a matter of a contentious administrative process at the court level, before a civil judge, so that the administrative resolution can be reversed. What happened? What did the judge say at first instance when he settled the case and ordered the reinstatement of this non-commissioned officer? He said it is impossible that the Navy abuse their staff in this way. It is natural that someone wants to sleep at 3:00 in the morning. It is time to sleep. Therefore, it is not possible to demand a 23-year-old man to stay awake at 3 in the morning covering guard duty on a ship. A decision which of course was overturned by the Superior Court, in the second instance. What I mean by this, is that effectively the constitutional courts of several countries of America, have recognized the need for the military justice to be in the hands of the military, because they know the reality of the armed forces. Then, what we want is to keep working seriously for an efficient military justice, a transparent military justice, a military justice that acknowledges all the constitutional guarantees of due process and the right to self-defense; in short, all the constitutional guarantees that are required for the administration of ordinary justice; those same rights should be considered inside the military jurisdiction. Another fundamental element, within this evolution we developed, is the inclusion of this Inter-American Forum of

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

Military Justice in the field of the International Association of Military Justice and the Society for Military Law and Law of War. The Inter-American Forum, which is the result of the goodwill of people who intend to work seriously to position military justice within the continent, actually does not have a legal status that can carry out a real commitment in the countries it is found. There can be individual commitments, but we are nobody to force or condition other countries with which we are working to a response within the Forum, and it is here where two committed professional organizations come in: the International Society of Military Justices and the International Society For Military Law and Law of War, that have been collaborating very seriously with this project. I want to take the opportunity this time to thank Jan Peter, Getulio and all the members of the Society and the Association for the support that they are giving to the Inter-American Forum in different areas of work that we have been developing, because your intervention provides a valid support, real support for the work, which is also diffused at the level of its members throughout the world. This is a thank you I publicly make as a friend and also, fundamentally, as the Technical Secretary of the InterAmerican Forum for Military Law. There are many topics that should be treated, the issue of how human rights intervene within the military jurisdiction and International Humanitarian Law, which we saw in the morning. How do we face them? How can we consider them within our organization? Peru, in its Military Police Criminal Code incorporated norms linked to IHL. However, the Constitutional Court believes that several of these rules were contrary to the constitutional order, because such offenses should be seen by the ordinary courts and not by the military jurisdiction. For this reason, it is very important to determine what the military offenses are for those laws that have a definition of what a crime of function is. The Canadian and American cases, for example, have a different reality; but the romans civic countries, as are almost all the South American countries, have a different concept of the law. The constituent

member, the legislator, makes the law and we therefore need to understand what the offense of function is, in order to understand what offenses are those that are seen by the Military Court and there we find that we can talk about the famous military offenses or offenses as military. But we can also understand the existence of a militarized offense, i.e. the theft offense that is a common and ordinary offense, but when it comes to legal assets by institutions it is converted or can be converted into a militarized crime, which can be seen by the military justice. This is an issue that we must move on to see how we can deal with this situation. Finally the military justice also has to do with the missions the armed forces have. General Ramos told us for quite some time in the Military Jurisdiction, that the armed forces, as well as ensuring the independence, sovereignty and national integrity, have other functions to perform. For example, in cases of natural disasters, to participate in electoral processes, control of internal order, civic actions, drug trafficking, terrorism, etc. These are new aspects in which the military justice has to work and understand if the crime of function is to be applied also to these realities that are basically for the civilian community, but that it has to do with a specific task of the armed forces. I wanted to share with you a bit of this vision that I have for the future of military justice. I am particularly committed to this work, I like this work and I believe that I have a kind of moral obligation to continue working in this area as long as God gives me life or he wants me to stop working in this field or someone wants me to no longer do so. Therefore my commitment is permanent with the InterAmerican Forum for Military Law, with you my friends who have come from the five continents, we will try not to disappoint the work at the level of military justice in our continent. Inclusively, we hope to be able to broaden the horizons to be able to continue the brotherhood in one aspect and a topic that is important for the future of our armed forces and nations.

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SPEAKER 2 BRIGADIER GENERAL WALDO MARTINEZ CÁCERES (CHILE)

General Martínez is a lawyer since 1984 and Qualified in Military Sciences in 1997. He has been a Military Prosecutor the Army and Carabineers in Valparaiso, Director of the Subsidiary Institute of Penal Sciences Valparaiso, Auditor Chief of II Military Court of Santiago de Chile, Head of Department and Secretary of Coordination of the General Audit of the Army. Auditor General of the Army from 2010 to 2015. Member of the International Society for Military Law and the Law of War.

I would like to thank General Ramos for the invitation to participate in this activity and similarly to General Spijk, who have let me to be in this conversation. I believe that one of life’s pleasures is to eat well and I can assure you in Peru, indeed, there is such pleasure. Therefore, I not only have the pleasure of talking to you, but also of sitting down to eat something delicious from Peru. Deepening Admiral Pacheco’s arguments, I would like to give you a brief diagnosis of the experience I have on Military Justice in relation to the civilian world and the political world’s reality. The diagnosis we must have, and maybe all of you agree with me, is that countries’ organization are basic to maintain order, to live hard situations; but it is said that it is more different from the judicial standpoint, especially on military jurisdiction. During a great part of my military education, I have exercised jurisdictional function, even integrating supreme justice. I can say that with this experience (in this very objective analysis), I do not think there is any difference between the military and civil justice, but only this sign that others have placed on us about everything that comes from our performance, is not susceptible to be validated and I think that it is very difficult to pull out. I think that all countries live in this situation; in other words, we are justice of second dimension if we put it in the soccer world. It is extremely difficult to convince otherwise; however, not having judicial errors, which in the case of Chile I would say are minimal, not to say non-existent. I have to think that after a military period, there is a period of almost 30 years of democratic life and our military justice has continued to be implemented on a different system from the ordinary, as it has already been pointed out. It is not a system chosen by the Chilean society, it is a system which is more protectionist, oral and contradictory, but even so, I believe that with this system a possible judicial error is reduced to 0.0%. With all; however, politics is in our favor. We are inserted in the judiciary by its resources, including cassation resources before the Supreme Court, and the situation that we cannot overcome is that society do not believe us. If this situation doesn’t change, it is almost impossible to set up a military code of military justice that allow us to give security to the people that what we do indeed is a true military justice. I want to tell you as an anecdote that very recently we had a fraud case in Chile at the army, a case of counterfeit bills to obtain money from funds on copper. It has ensured publicly, at various levels, that the responsibility for such fraud is the military justice, leading to such level the error that we were almost to be the authors of the crime that is being committed and in a complete denial to the reality, there is no civilian staff involved and the military staff involved have been detained by the military justice system for almost 2 years. The civilian staff, entrepreneurs civilians involved have never been arrested and deprived of their freedom and all the argument that has been given is the challenge to the military justice system. The investigation arises from the military justice and these facts are cleared up thanks to the role of the military justice, but there is no recognition or parliamentarian, nor at the academic level, which will enable us to say

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

whether the assertion that I have pointed out is a public affirmation, which has gone up to television, in the sense that this is the fault of the military justice system. Then, when someone faces this level of allocation, the possibility of believing in the military justice system is practically null and it is very difficult to be able to shape a military justice. Another reason is also the lack of concern for the jurisdictional function, in which there is not sufficient interest, even when we do everything we can to try to meet and reach the same level or exceed the international standard.

Inter-American Forum, with the participation and the sponsorship of the Brazilian Association and Belgian society. The university Bernardo O’Higgins of Chile has created a department of military research; first, with the aim of trying to get a database at the international level, a project in which we must all contribute and help with data on military justice, so that we can sustain our jurisdictional decisions with doctrine and international jurisprudence. I have experienced this, Peru has been unconditional, Brazil has been unconditional, the United States has been unconditional, Mexico also came to support us in order to demonstrate that the military justice are necessary for functioning Armed forces in general, seeking clearly a livelihood that might give permanence, that is as we have agreed, for example, in the more developed possible concept of crime function.

Since 2000, we have been working bills on military justice, in which I took part until last year. In the period 2000 2015, I worked in a commission that proposed at least four bills and they were never realized. In the end, what I want to do is a realistic assessment of the military justice position, the possibilities that we have a presentable and credible military justice by the society. At least in Chile, it is very complicated. Therefore, these international meetings are essential for us and what Admiral Pacheco says, it is very important because if we work a model of military justice, a Code of Military Justice, at least we have an umbrella to protect us, based on commonly accepted principles and doctrine.

––

On the other hand, it is a real pleasure to see the Auditors General of the Navy and the Army of Chile in this room because in the future they are going to be involved in these international conferences that can fight until arriving to the implementation of a Code of Military Justice. About what we should do in this field, to promote the military justice system, I support this with three basic ideas: ––

One is to write. We have to write about the military justice system, which it is done correctly in Peru, even when it seems that nobody sees the article. We must continue in this way because it is a way of publicizing the benefits, the values, the achievements, or the own recognition we need to make from military justice.

––

Second element. I believe that we must research and in this, I believe that we have achieved with the

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Finally, it is necessary to evangelize. To evangelize for me means to go to count what we do, go to tell what has developed Canada, go to tell what realizes Peru, go to tell our experiences especially to the political world. My friend Dimitrios, who is here in the room, is a witness that I managed to achieve that the national congress could receive it to exhibit the experience of the military justice, which was exhibiting other not a Chilean, that it was exhibited by another general of another country as distant as Greece. We achieve that and it was possible to materialize in a role, the Commission of Defense received it. To communicate to us, to tell our experiences, to be able to convince in the civil area, politician and especially in the judicial area. We have to link with the ordinary judicial area, at the high levels. Therefore, it seemed to me excellent that in this meeting the president of the Constitutional court was neither more nor less than, because this is what we have to do, this is our mission. This is my experience and the one that wanted to transmit, it is simply a reflection, an advice for the future generations, to see if we can manage to validate ourselves definitely like the need for the existence of the military justice.

SPEAKER 3 MAJOR GENERAL ARTURO GILES FERRE (PERU)

Supreme Member of the Military and Police Jurisdiction of Peru, Doctor in Law and Politic Sciences and Master of Law with mention in Criminal Sciences are the academic degrees granted by the Universidad Mayor de San Marcos. He is a Lawyer graduated from Pontificia Universidad Católica del Perú.

I, being just a simple pawn of Law, after listening to these great jurists: Rear Admiral Julio Pacheco and General Waldo Martínez, feel overwhelmed. I am concern that being the last speaker would adversely affect me and evokes in your minds the Jewish tradition expressed in the biblical passage of the Wedding at Cana. As you recall, the best wine was first served and when the people at the Auditorium were drunk, or as in this case after lunch, when eating, the most common wine was served. In this case, I am this type of wine. I have no intention to fatigue the audience by repeating the contents, which were clearly provided by the people who have spoken before me. However, after listening these brilliant reflections, I have to add some more in this environment, in which we are aware of the plurality of this event since it will not avoid the understanding of the audience, I cannot deal with what happens elsewhere. Nothingness, informed of what it is happening outside, I should talk about what it is happening here because that is what the comparative exercise is all about. On this, the Spanish Fernández Segado reminds us that “the analysis of military justice in their different models and in the comparative law is necessary because the study of legal institutions is of the utmost importance, considering that together with this formative role, the comparison fulfills other purposes ranging from the development of a concept , type or model, to get what it is usually called a contrast of particularities, bearing in mind that the compared study is particularly valuable for rethinking the institutions with creativity…” Benjamin Georges Clemenceau, the French Prime Minister of the third Republic, during the First World War said, “Military justice is to justice what military music is to music,” and in our continent, an Argentine commentator once said that the military justice had lived in the legal literature before that in the legal life. Perhaps South America is an exception to this apparent checking of the Argentine scholar. In older times, this precious mechanism was used for ensuring the discipline, the morality and the order in the force, even before our states existed, there were already armies that made possible the freedom; and the military justice system was present in these, as the mud to the boots of the soldiers, according to the well-known phrase. We must recall that the model of military justice adopted by a state has to do with the conception the armed forces represent. An administrative conception is characteristic of the countries that lost important wars, as it is the case of Germany in Europe and of Argentina in this part of the continent, which consider the armed forced as an appendix of the public administration and the military as a uniformed public employee without complete individuality. Additionally, there were changes as for complying with the new roles demanded by societies; and the emphasis on respecting the fundamental rights of the defendants before the organization of the state, as evidenced by the implantation of the accusatory procedural system that currently applies in the Peruvian military justice and other countries. For instance, Chile is on its way to incorporate it. This circumstance also demonstrates that the institutions, unlike the satellites, rarely stays in the place the creator designed them; and our special jurisdictions are a good

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

example of that dynamism the general institutions of public law, military law in particular and military justice in concrete show us in their effort to adapt to the new roles of the armed forces and the new missions of the national police, in the framework of the constitutional state of law applied in our countries. The operators of the military justices should study permanently because the military law evolves with the society; therefore, we must be prepared to act with current criteria disregarding older criteria. The military justice administration is reaching its own level since those who administer it have the conviction to do it by fulfilling the rules of the due process to preserve the morality, discipline and order among the members of the armed forces and eventually the national police. Now, if the authority to administer military justice also comes from the people, legal officers as judges that manage it, are the spokespersons of that authority and hence our legitimacy in democracy comes. We are in the noble task of administering military justice. Military lawyers are convinced that no armed force can exist without discipline and no discipline can exist without ensured military justice. Not frequently, some people tried to discredit us, irresponsibly claiming that the circumstance of wearing a uniform makes us vulnerable to pressure and force as Luis Felipe Tena Ramirez, a Mexican jurist would say. I support that the magistrate independence, either civil or military, must be found rather than in the laws or the institutions, which made by humans are imperfect in their own conscience and in the honesty of its fortitude, as guarantee of the preservation of the Constitutional State of Right, that lies in the judge rather than in the legislator. In some opportunity, General MartĂnez mentioned something that I fully support, that a correct intelligence of the need for military justice comes from verifying that in our countries two different but complementary societies coexist: a) the society of freedom and equality in which the civil judge operates; and b) the society of discipline and obedience in which the military judge acts preserving the hierarchy, the operative efficacy, the institutional integrity, the military and police duties as well as the loyalty to the police military function. Furthermore, we should mention that the military justice is well known in our way and generally in several countries of the Andean region. This allows anyone to express judgments or opinions about it, leaving aside its peculiarities and especially its narrow link to the armed force distorting its objectives. Despite the inevitable coincidences regarding the unrestricted respect for the fundamental rights of the accused people, there are substantial differences between common law and military justice. For the first, the offender is central. This should be re-socialized and reintegrate into society, while for the military justice the tipping point is on the war potential of the nation, which must be preserved

at all costs. This difference in approaches is crucial when it comes to approaching a serious, objective and dispassionate treatment of military justice in Peru and around the world. Studies on military justice, respectful of human rights and in a rigorous approach, is urgently needed. There are some manuals, but there is no regional conception of military justice and that should be the task of the Forum in the next years. However, there have been considerable progress. South American military justice is settling in the Andean environment and has important international recognition, particularly among countries of the region; however, there is much more to do and our responsibility to future generations requires us to start as soon as possible if we do not want to go down in history. Military justice is not a modern invention, not of oneâ&#x20AC;&#x2122;s brilliant ideas, not a synonymous with impunity or abuse. In fact, it is the result of a long process giving rise to an egregious institution, always standing at the service of a cause and that cause is the defense of the discipline, the morality and the order in the force. Its legal nature is eminently exemplary and its guiding principles are uniform even in countries that have armed forces and militarized police. The work balance of the technical secretariat of the inter-American Forum of Military Law gives the opportunity to a stage of better exchange and specialized cooperation. It is part of an agenda that the Peruvian military justice drives with interest in order to maintain an updated knowledge and be updated to the international standard, at the same time, contributing to boost the development of a modern military justice. Our military justices are located within the national justice system, but also in the national defense system. Let us use this opportunity to renew our loyalty to the Military Justices of our States and our devotion to the Armed Forces and Police and offer them the best of our professional capacity. We give our affection, respect and admiration to our brothers of friendly countries that today accompany us and enhance with their presence in this event. I do not call them foreigners because from here we do not see flags nor borders; we see only a human group upon common objectives, because what unite us is more important than what separates us. In the Technical Secretariat, we are convinced that a dose of proper rebellion and stubbornness with serious work will paid off. Now, the following will be to strengthen us as a forum and acquire a faster pace of work with more intense communication to realize some actions. I want to finish these reflections by thanking the friends that today have illustrated us and the ones that will illustrate with their presentations and I wish that in this pluralistic field we can discuss measuredly the positions and come to the more appropriate conclusions for our dear countries.

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FOURTH CONFERENCE

The Manual of International Law in Peace Operations envisaged by the International Society for Military Law & the Law of War

Moderator Mr. LUDWIG VAN DER VEKEN (Belgium)

MODERATOR MR. LUDWIG VAN DER VEKEN (BELGIUM)

Secretary-General of the Ministry of Defense, Belgium, Secretary-General of the International Society for Military Law & the Law of War.

First of all, I want to thank the organizers for the perfect preparation of this International Congress and for the great welcome that we have received in Lima. Our presentation will touch three aspects: ––

In the first one, I am going to present briefly the International Society for Military Law and Law of the War;

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Then Mr. Alfons Vanheusden will talk about a few very important points; and,

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Finally, topics will appear in relation to the above mentioned society.

About the International Society for Military Law and Law of War, we will talk about the establishment goals, how we do it, the budgetary resources that we have and, most importantly, how someone can be a member of the society. The establishment: We are a non-profit association without a political participation; we have settled in Strasbourg (France) in 1956; that means that this year we will be 60 years. We had to move to Brussels in 1988 and we have a special legal status under the Belgian Law. Our objectives: First, we have the research of the Military Law, The International Humanitarian Law, The Peace Operations Law and topics related to it, from an international and comparative perspective of Law. The second objective is to spread the knowledge in this field. We also are an umbrella organization of 22 national groups that exist around the world, from Argentina to China, United States, United Kingdom and other countries. How do we work? For such purposes, we have international congresses and International meetings as we can see here. Also we carry out a congress every three years, since we did it along with the General Assemblies in Tunisia in 2009; in 2012, we were in Canada in Quebec and, in 2015 it was our last congress in Czech Republic. We also organize seminars for legal advisers, for the Armed Forces. Our seminar number 7, happened in 2008, in Namibia; the eighth one was in Holland; the ninth one in Germany; and the tenth one, in Ireland. We also carry out many personalized conferences, seminars and diverse workshops. For example, in 2011, where we talked about the evolution of the Military Law; then we had the Beijing conference in 2013 and, in Santiago de Chile, we also have realized a conference. Our work consists of giving support to international activities of national groups, which means we can support the organization of a Peruvian group. Regarding our publications, I will not go into detail. Our professor of publications is here and he will speak and give more details regarding the publications. We have the “Military Law and the Law of War”, which is a review; we have “New Flash” that contains several international important news on the International Law.

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CENTER FOR HIGHER STUDIES OF MILITARY JUSTICE - POLICE MILITARY JURISDICTION

We also have a web page and we are working on social networks like Facebook, Lender and Twitter, to expand our coverage. What are our means? Our means are, first of all, the people who want to work in the field of the dissemination of The Humanitarian International law, Military. We have civil and military legal advisers, as well as officials, magistrates, university teachers, investigators and more than 1200 members about the world. We are organized by a General Assembly that has different persons who come from different parts of the world; I am not going to mention all the countries that take part in the General Assembly; but we have the Directorsâ&#x20AC;&#x2122; Meeting that 32 nationalities share and that they come from different international organizations and we have a meeting that takes care of the times of daily management. The Board of the organization works with a President, four Vice Presidents, the Secretary and the Treasurer. We have, moreover, a General Secretary who works in Brussels and which is close to the Military Academy of

Belgium. In fact, we have the licensed use of a building of the Military Academy. We have six specialized committees working on different subjects, from history, military justice, and air operations and also in attorney laws of defense and General Affairs. What is important is our membership, on which tomorrow you will find a few documents out of this room. We would like you to become members of our Society. The annual membership is quite accessible: it is 20 euros and it is possible to do by several means, through a national group, if you are in a country where a national group exists, otherwise you can register through a postulation form. This was the first part of our contribution. Now let me present you Mr. Alfons Vanheusden. He is a legal advisor who began his career as a private lawyer and after some time, he came to the Defense Department and he was employed at the legal service. He was then assigned to several important operations of the Belgian army, in Albania, in Lebanon, as a legal adviser for the troops, to be later employed at the office of the Defense Department where he was one of my collaborators. Currently, he works for the Department of Justice.

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SPEAKER 1 MR. ALFONS VANHEUSDEN (BELGIUM)

International Affairs & Human Rights Advisor to the Minister of Justice, Belgium; Assistant Secretary-General of the International Society for Military Law & the Law of War

Thank you very much moderator, dear colleagues and participants, I now have the pleasure to introduce to you our research project in the International Society of Military Law and the Law of War, which has as its intention to publish a manual on International Law and Peace Operations. Here I present the approach to my presentation and I am going to go straight off to the objectives. The main goal of our research project is to have the first draft of the manual of International Law in Peace Operations, to be published later. The target audience for this manual is the staff of legal advisors, at different levels and academics, people who are involved in the planning and implementation of peace operations, and the people related to the training and education of these topics. The Association, as you know, is a forum in which the legal practice and scholars will meet on a regular basis, having suggested at some point that we could focus on these peace-keeping operations, with these two groups of members, and we intend to undertake a really wide work, especially on International Law in Peace Operations and extensive, in the sense that we want to cover a large part of the contemporary issues that are relevant for peace operations. We hope that, through its quality, the document, this manual we are going to reproduce will become a reference and authority document so that people can read this manual and say this is a useful document; something we have been waiting for. Moreover, this way we can present or introduce our trainings. That is why we have worked so much also on obtaining also a consensus as soon as possible, because we want to find common establishers and achieve the possibility to make it a text with authority. We focus, specifically, on areas in which the law requires further investigation and clarification rather than duplicate existing expertise that is already published; because everybody knows that there are many publications in the area of Peace Operations and with much frequency are quite useful; we want to create new knowledge, therefore it will be an extensive work and we are going to see it in more detail when we come to the more complex areas. Other than that, we have also decided that we will not only describe the law, but also, if it is useful, we will make recommendations for policies where the law may not be clear or have a legal vacuum or where, perhaps, there are interesting good practices, whether from past experience or ongoing operations. Therefore, we thought it would be useful to have these recommendations for policies apart from simply mentioning what the law says. Let us demarcate, clearly, what are the policy recommendations from what are treaties or set out obligations. We hope that this document will be used for training in national and international institutes, as well as a base for courses that are being dictated.

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CENTER FOR HIGHER STUDIES OF MILITARY JUSTICE - POLICE MILITARY JURISDICTION

What is the scope of the manual? Certainly, first are the traditional peacekeeping operations, but we also want to see the more complex areas, that are the multidimensional peace operations, operations with aspects such as assistance to election process, the rule of law and, say the operations that have more difficult aspects, with issues such as the protection of civilians, among others. We want to see the different stages of peace operations, from the planning and the start of the operation; how the operations are performing and then with the completion and the withdrawal of these peacekeeping forces in the various aspects of this scope. I must say that in all peace operations undertaken by the United Nations, the Blue Helmets are going to be covered with this manual and, even more, we are going to cover transactions that are covered by regional organizations and institutions, providing of course that we are talking of consensual operations. This means we want to have the consensus of the host State and at least one element, let us say in knowledge of other important parts involved in the operation or involved in the conflict in question. This means that we are not going to cover the implementation of peace as it will be defined in our manual where there is to be an important player who does not agree, that is hostile to the peacekeeping and that it is a mandate of the fulfilment of the peace. We are not therefore going to cover operations of indulgence against terrorism or against insurgency because we know that this creates certain afflictions; time to time, we have to limit the area and we are definitely going to cover operations where, as a result, we will obtain the temporary break and the stability. The forces of the United Nations are involved in hostilities with opposing fractions; this originates interesting questions about what the law says to international military in such a situation for example: What happens with the protection of the participants of peace operations when there is violence or when they become part of the conflict? The format is already quite well known; it is a format in which the rules are clear. The rule is understood or it is proposed like the pre - declaration of the Constitutional law or like the practice established in these cases. The good practices proposed should be in concordance with the law applied in this place and it is necessary to demarcate them from the legal rules for the use of a suitable vocabulary or perhaps, in this case, we should use another font. Then we are going to see comments that are going to explain each of these rules and that are going to enter into detail, to see if there might be controversy or disagreements between the States that are taking part in the peace operations. The work is going to be done in English, for the moment, but we also believe that in more advanced phases there

will be translations in the languages of the United Nations after the publication of the initial version in English and we are already thankful and have accepted an offer from our Chilean friends to help us with the translation into Spanish. I also believe that if we can have this translation into Spanish in future, translations in other languages will have to be done too. That is how we lead the project, there is someone who monitors, who is the Directory of Management and the International Directory of Military Law and the Law of War, and that means that when there is a board meeting, we have it literally noted on the agenda to discuss the state of the situation; and the board members have the opportunity to have greater knowledge of the text as it evolves. There is also a management team in which I am the coordinator of the project. I am not very involved, let us say in the drafting process itself, chapters; but, rather, in the management of the project and being, rather, responsible for applying with delivery dates and such things. I can rely on the collaboration of Marco Benatar, of the Max Plank Institute, of Luxembourg. Also, we have a few advisers, three gentlemen who have done a considerable work in writing big manuals, Dr. Dieter Flet from Germany, the teacher Terry Gil from the Netherlands and Dr. William Buttly from the United Kingdom. We rely on their experience and knowledge; they know how to face the vastness of this project, since we have been working at this with approximately 40 experts. Then, we have another group of experts, who are the persons who are presenting the chapters and sub chapters; I do not have the list of names, but we are proud to know that in this group we have a balance of gender. We had a representative from Africa; then we had a project meeting that was realized in Yaounde, the capital of Cameroon. The work will be reviewed by an Advisory Committee or an Advisory Board and the idea is to present the draft of the manual this summer; we are almost ready to do it in the European summer and the Advisory Board is composed by people that perhaps are not involved in the law area, but rather, people that have experience substantial in peacekeeping operations because, we are thinking, in official seniors, in commanders of peace operations, members of the panel of high level for peacekeeping and to have them represented in a geographical and balanced way. These are the groups that we think that would be part of our Advisory Board. What this Advisory Board will perform will be a reality check; they will check the document and see if it is interesting. But if you consider that this does not work well in practice, we can take that into consideration as a wise advice and have a final review of the document before we start the editorial work and send it to publication.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

Therefore, if someone could do another review, it is something that we do not exclude. Phases of the project: ––

The first phase of the project was the definition. It was concluded in 2013; I must say that the Conference of China and Beijing, mentioned by the Secretary-General, was the starting point for reflection on what would be the questions that would have to be addressed in the field of peace operations in the society.

––

The second phase of the project is the formulation of the draft and the comments, as I mentioned; this is going to be discussed in December of this year. It will be discussed with the advisory board of experts that we had in Yaoundé, Brussels and also in Germany.

––

The third phase will be the review by the advisory board and the conclusion, as we have mentioned, and we hope to have all the work completed by the end of 2016. It is ambitious, but it keeps us optimistic.

About the launches of the manual, we would like to do it in different parts of the world, because the process is not going to stop with the publication of the manual. We are going to have to do this well known in the world, that the world knows that document exists and we hope that the people find the document not only interesting, but useful, for their work and in that way it can be a document of reference and it can be used. Then will come the work of translation, as mentioned you, the dissemination, work and applied materials. Also, we will later have new editions, because as we all know, the law or laws are evolving all the time and we will probably have to revise our manual at some point in the future. Then the work of translation will come, as I have already mentioned, the dissemination, the work and applied materials. Also, we will later have new editions, because as we all know, the law or laws are evolving all the time and we will probably have to revise our manual at some point in the future. I am not going to mention all the partners or the advisors, but we have had support of different institutions and we are very grateful, because this is the way in which it is going to become reality; the Society operates with quite a limited budget and is through this type of support that we can have the ambition of publishing such a wide document. There is a number of observers to the project. At the present time, it is the Office of Foreign Affairs. The United Nations are involved in this and, in fact, sent observers

to our meetings and are also willing to help. The ICRC also sends an observer, the NATO equally and the African Union also has appointed two observers, one for the peace and security department and another one for the legal offices; we can also rely on the experience and the knowledge of the European Union, represented by a group of experts; Therefore, we are very satisfied of being able to exchange our work with experts from different organizations. Financing: We have assigned the funds of the association for this project and other than that, as I have already mentioned, we receive the support of associate and observers. This is the way in which we can make this becomes true. For example: we make the observers who come to our meetings pay their own costs related to that assistance. This takes me to the final of the presentation. Perhaps there are questions, thanks for its attention. Now we have Nauls Harbar, teacher in the Military Real Academy; he teaches Law and really is a promoter of the works in the International Society. Dear gentlemen, I want to take a few minutes to talk about the publications of the International Society of Military Law and the Law of War. I am not very good with Spanish, but I am going to try to speak the best I can. The Secretary-General has said it, the Society has three publications: The magazine, “Eracoi” and “New Flashes”. The first one is a magazine that is, in fact, an annual book of around 400 pages published in six languages. Spanish is one of those languages, I am sorry that we do not have many Spanish texts so it is a time to send texts in Spanish. It is a book of more or less 600 pages, checked by peers. The price is special for members of the society (20 Euros). The second publication is “Eracoi” and it is written in French: It is a collection of texts; here are all the texts of our Congresses that are realized every three years. The edition of one year has 400 pages, the one of another year has 600 pages, I am not sure. Here is an “Eracoi” of Military Justice; another is the one of our Congress in Canada. Prague’s one of last year will be available next week; about the price, if people take part in the Congress, they will receive one, and the members have a limited price of 50 euros and they do not pay the postage and packing. There is also a “New Flash”, that is a publication announcing the activities of development of the Law and of the jurisprudence, etc. Join the society and create a Peruvian group. Thank you!

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III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

FIFTH CONFERENCE

Cyber Law and the Use of Drones during Military Operations Moderator Brigadier General JAN PETER SPIJK (The Netherlands)

MODERATOR BRIGADIER GENERAL JAN PETER SPIJK (THE NETHERLANDS)

Retired Brigadier-General. He studied at the Netherlands Royal Military Academy. He graduated with a degree “Cum Laude” at the Leiden University. In 2011, he assumed the position of Chief of Military Legal Services of the Netherlands Armed Forces. He was elected President of the International Society for Military Law and Law of War, at the Congress in Quebec City in May 2012. Additionally, to present, Brigadier General Spijk presides over several advisors board of the Netherlands Ministry of Defense.

Good morning ladies and gentleman. I hope you are enjoying your stay in Lima. I am sure you will enjoy this city’s history and beauty. This conference talks about different areas of Law. As you can see, one of them is the International Law. Yesterday, we discussed the International Humanitarian Law, especially in the context of the International Penal Courts. This morning, we are going to see a more military perspective as we are going into a relatively new topic: the Cybernetic Law, the technology in general terms and its use that is already quite happening in practice, that is the use of drones in military operations due to the fact that there is a tendency of developing autonomous weapons. As technology advances, a series of topics on the Law arises, like knowing if we are still able of answering to the questions related to the use of new technologies and of these new systems. This is a very important question that will be discussed in today’s session, especially, everything related to the cybernetic technology, where positions on its use in the war arise, from the user’s position or from which is defended. Please write your questions so that these could be answered after the presentation. Well, I am honor to present the speakers:

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SPEAKER 1 COLONEL U.S. GARY P. CORN

Staff Judge Advocate (USA), U.S. Cyber Command. He has served in various jobs in the operational field of humanitarian international law, among others.

Ladies and gentleman, first I would like to thank the marvelous hosts the Military and Police Jurisdiction and the Society for organizing this excellent event here in the beautiful city of Lima, for letting me participate in the conference and have the opportunity of sharing today some thoughts with you. There is a very important emerging challenge, a new domain, to which we refer in general terms like the cyberspace, where particular military operations are conducted, a topic that I am going to talk about. I must point out from the beginning that I am going to present my personal opinion and not those of the Cybernetic Command of the United States, neither of the Department of Defense nor of the government of the United States, specifically. As you can notice, throughout the years I have achieved a certain degree of competence in Spanish. I planned to give my entire presentation in Spanish; however, due to the esoteric nature of the topic I thought that it would be better not to transgress the human law of all of you, with the cruel and unusual punishment, especially in the translators case. Therefore, I am going to continue from this point in my native language. I had the great pleasure and fortune of traveling to Central America and South America for working and family purposes. I did not have the opportunity of visiting Peru before, and this is the first time that I visit this country. I am very excited to be here. My son will be here this Sunday and I am going to take him to visit Cusco and Machu Picchu. We are so glad to visit these marvelous places. Certainly, the world has significantly changed since the great time of the Inca civilization and some of us are going to say that we have never seen the large number of such rapid changes in the last 50 years. The technology advances have been so incredible and empowering, so much so these have left us amazed many times. The information branch, as well as of the technology and the explosion of the internet when started in the 60â&#x20AC;&#x2122;s, even when really arose in the 90â&#x20AC;&#x2122;s, began to generate these such rapid changes. I might ask you, how many of you have a cellphone in this room and we are going to see that everyone is going to raise their hands. We know that almost all the things that we have are interconnected across the internet, which connects different devices and which dominates, in many aspects, our life both in the private sector and in the government level. As noted above, the computer technology advances are tools that empower, spread and improve the accessibility and knowledge. There are more than 15 trillions of interconnected devices in the world and it is supposed that this number is going to increase at an exponential way in the next years due to the fact that the world is creating a cyberspace dependence. The definition of cyberspace is relative. We could use the Department of Defense definition, which is quite simple, or we can prefer a more complex definition from a dictionary.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

These technological advances have created many vulnerabilities as well as threats to safety, not only to the United States Department of Defense, which already has a strategy based on the reliability, availability and integrity of the information and is in contrast with the inadequate cybernetic safety. Nowadays, every nation is based on the Internet that is transmitted by the cyberspace and this makes us very vulnerable, facing these increasing cybernetic threats. The identification of these cybernetic threats obeys to a domain and there are methods by means of which political targets can follow in many ways like espionage, theft of the intellectual property for the military technological advantage in addition to cybernetic attacks in systems, infrastructures and resources. It is both a threat to the civil society and to our countries, because certainly in the United States case and all the countries represented here, we have networks of military communications and a great part of these are interconnected. The backbone of all this system is what we call Internet. The emergency of cybernetic actions is making good progress and that leads to the main question: Does the International Law apply to the cyberspace and if so, is it appropriate to the task of regulating the cybernetic behavior? Some of us may answer no, that we must develop another normative system for this case. Others have an opposite point of view that say that the International Law clearly applies itself to the cyberspace and this is the United Statesâ&#x20AC;&#x2122; position, which is reflected; for example, in the White House strategy for the cyberspace and also its position before the United Nations on the cybernetic technology development and its relation with the national security. On the other hand, a group of experts produced a manual adopting this position of the International Law applicable to the cyberspace and another group of experts from the United States made a report in 2015, recently reaffirmed this year, a group in which I am a member stating that the International Law absolutely applies to the cyberspace. I also admit that the dialogue is in the details and in determining if the International Law applies to a specific situation like the Law in the cyberspace, which is often different. This is a challenge we are facing continuously due to the fact that we have to advise policy makers and the different military branches. The legal adviser of the State Department always talks about the process of translating the International Law rules for new technologies and situations, checking its principles and considering the new challenges that imply applying these principles. This is not a new process. We have previously seen this development when air operations appeared. For instance and today, several years later after we started, the technologies is changing further and the international communication has seen the same challenges of applying the same rules to

new situations. Large groups of experts took this process, which is mainly focused on the applicability of developing laws. The processes are relatively simple. The legality of new weapons can be tackled through the stable position of the rules governing the wars. However, they sometimes make the already latent rules appear with a new sense. For instance, the predominance of the armed conflict on no military actors, as it is the case of the attack of September 11, 2001; and that great debates on the direct participation of the civilians in the hostilities and the principles of detention in the war have generated. We have always had these notions and rules. Before discussing operations, which could be make them relevant topics, we must have a new understanding and a deeper look. The new technologies make someone act in an unprecedented way, which generates tension in the context of the Law and creates legal and of political ambiguities; therefore, they generate unnecessary risks in both the action and the reaction. In my opinion, we are seeing this in the cyberspace. As in the manualâ&#x20AC;&#x2122;s approach, we have to know the applicability of the International Law in the cyberspace, we have to observe how it is done, and we have to observe the interaction of the States and the individuals in situation of armed conflict that is why this work is very important. In another part of my presentation, I am going to focus on the area with greater ambiguity: the International Law and the relations among the States, more specially, in aspects related to the cybernetic confrontation, a term that I have chosen carefully as I do not use the concept of cybernetic conflict. First, we are going to talk about the nature of the cyberspace in itself. With very few exceptions, each web used affects our daily life, collectively and individually. It is based on the cyberspace nature and means creating access and effects in each computerized device of the system, either private or governmental. Another important factor from the architecture, safety and application of legal systems point of view is the nature of different layers of the cyberspace. The interconnected nature that combines with technical protocols, the architecture and lack of safety generated in the system the only environment that can compromise the networks: putting important information and at the same time infrastructures at risk in a physical or virtual way, giving advantages to the attackers, with low costs. What we see are some familiar examples. It is possible that they occur in a national and transnational level. We are also noticing an increase in the sophistication of cybernetic tools. We have seen actors in the last years, both at a state and at not state level, involved in the espionage field, who use data and exploits large-scale networks. Other examples are hackers and the expatriation of sensitive information of 22 million individuals.

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CENTER FOR HIGHER STUDIES OF MILITARY JUSTICE - POLICE MILITARY JURISDICTION

The cyberspace also allows stealing intellectual property in a massive way. The economic impact is calculated in 3 trillion Dollars per year, only in the United States. We have also seen how destructives cybernetic actions have increased. For instance, the attacks against the financial sector of the United States, similar attacks to the North Korea, among others, and also the denial of these massive attacks that many attributes to the existing great structure in this sense in China. Russia has used recently these cybernetic structures against Ukraine. The generation of Simon virus that attacked an impressive number of computers and principally petroleum companies as well as attacks to Sony by North Korea, which meant losing million Dollars to punish it for having broadcasted a Sony Films movie, considered offensive to North Korea. What really happened was that a leader of a country could reach another side of the world, passing by borders in an unprecedented way, to try directly to influence and to threaten the civil and political rights of another country, the freedom of making, broadcasting and watching the movie. These are some examples. There are many more of this cybernetic threat and of the cybernetic space transformation of a traditional area, in which it can reach to confrontation. The question is why does the International Law has to talk about this diverse aspects? There is a series of particular challenges in the International Law, and I am not necessary going to give you the answers to these problems. On the contrary, I am going to identify the challenges appearing, starting by the fact that there is few common terminology or vocabulary on cyberspace. As said before, there is no even a uniform definition of it. If doing a fieldwork we ask 50 people what they understand by cyberspace, they are going to give us different definitions. Some of them will even object the term, saying that this term is against the militarization of the cyberspace. Likewise, it is difficult make a distinction between what the politics and the laws mean and where these limits finish at a strategic level. When the States take position in certain topics, they are based on their politics; these are their opinions about what the law mean by them. There have been separates areas in the International Law at the level of what Interstate Law is: The use of jus ad bellum, which we are familiar with: the middle area, which is the area with less attention over the last few years. This is an area where there is commitment and refers to the no-intervention principle. The International Court knows that the States are sovereign and equal and that the International Law with a positive vision is created by the States and from this perspective, there is a permissible environment unless the States agree establishing restrictions, like acting with freedom through diplomatic challenges in different topics. These would be the rules in a time of peace, and with regard to civil spatial relationships, they are reaffirmed by the

international law applicable to the space. However, the way a series of non-binding voluntary rules are applied and developed is still undefined. There is continuous work to develop this area, through rules like not interfering with the computers working or the emergency equipment response to critical networks problems and, not taking certain kind of malicious actions. What is definitely important is that this recognition seems to imply that the actions tackled by the rules are prohibited by the International Law and would be eliminated. We know that the International Law prohibits the threat or the use of force against the territorial integrity, the political integrity or any other inconsistent topic, with the intention of the United Nations, unless approved by the Security Council or in the exercise of a self-defense. The United States point of view is that the use of force coexists with the armed attack and the use of force give us the right to use the self-defense, but other countries have a different opinion on this topic. The manual on these matters published by the Department of Defense have also discussed cybernetic issues. If the cybernetic operations would cause damages to the property, death, wounds or significant destruction; then, they might be considered as use of force. Therefore, the States can appeal to the right of self-defense and generate the defense as understood in the frame of the International law. The manual takes this approach as long as it tackles the topic of â&#x20AC;&#x153;just ad bellumâ&#x20AC;? and is based on decisions of the International Court. The circumstances and principles are important to see if the cybernetic action has crossed this threshold and if it already crossed the level of hostility or of conflict. However, this is not what we see in a large part of the cyberspace activity, where these actions, which many people have already identified, have happened. Another issue. Understood the solemnity in the International Law, it arises in the espionage area among the States. Therefore, is or is not the espionage a violation of the International Law? This is a very difficult question. I believe that many people will admit that few people would say that the International Law prohibits the espionage. I would suggest the States, largely, not only of the United States but cross-borders, try to mine this position. The States have opened legislations that give them authorization and also allow their specialized organisms to organize espionage, with which they would be against the principle that these activities are prohibited by law. Nothingness, the ways through which the espionage is carried out might imply the violation of other principles related to the International Law. The sovereignty issue is relevant. Some people have a quite reasonable point of view that the sovereignty itself is a fundamental rule of International Law and that the entrance to another territory without the permission of this

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

State, is itself a violation of the International Law. I believe that this position generates challenges. There are difficulties with this position. I will give you my personal point of view. I believe that the sovereignty is the fundamental rock, it is the basis of the principle, but it is not a rule itself. It is a foundation upon which the countries have come to an agreement and generated more specific rules. For instance, the rules that prohibit the use of force. Since the Westphalia treaty and the creation of modern States we have considered activities that imply this espionage topic, whether we have to accept or think that the States are often engaged in espionage or that this involves a State entering the territory of another state. The notion of geographical and physical limits disappears when we see; for example, a cybernetic attack. The technique involves the actor, who is going to make the attack, to gain access around the world in different countries without authorization, without knowledge, turning these computers into networks of robots that, by commands, can be accessed in a simultaneous way to send the information traffic and overloading these systems to the point that do not work anymore. This is the standard, the standard technique used. These are the entrances to the territory of the states. The cybernetics has no borders. The mail I send cannot be directed to the route I want. It is done automatically and it can go to a series of countries before its destination. This notion of central sovereignty regarding the cybernetic topic raises a very important question and I believe that this must be tackled by the International Law in the next years.

It is generally taken into account the prohibition of coercive actions because we understand that they involve certain interference to an important sovereign right. Besides, it is necessary to consider that each State, by the principle of sovereignty, is free to develop its economic and social systems and to establish its politics. For instance, in the Nicaragua case against the United States, the International Court of Justice, in its judgment of June 27, 1986 sentenced the latter for violating the sovereignty of another State, in the context of the Nicaraguan internal conflict. I just read a book from Hagan Sigo that describes 2012 and 2013 as the â&#x20AC;&#x153;0â&#x20AC;? year of the cyber-crime battle, where all the battles of search and battles against the information with influence and standards that can come on the part of the State are mentioned, that are not correct and is compared to the wars that happened earlier. It is unlikely that the cyber operations produce a type of destruction by using physical weapons. However, the threat from cyber arms is real and they can destabilize greatly the world due to the pressure these types of crimes represent of squashing the pressure put make by these different systems, of squashing something that was separated and of joining everything in the same place. Before this threat, the International Law must promote the stability in the prevention of conflict and the cooperation of the States in order to be able to develop these rules for keeping the peace and the rules of how they would interact to do not to have unnecessary miscalculations. Thank you very much.

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SPEAKER 2 LIEUTENANT COLONEL ANDREW THOMSON (CANADA)

Commander Thomson is the Director of International and Operations Law at Canada. He has served as legal adviser in Bosnia Herzegovina in 2003-2004. Legal adviser at the Canadian Special Detachment in Afghanistan in 20092010, among others.

Thanks to the Military and Police Jurisdiction for the invitation. I believe that for those people who give counseling to the States, a part of this counseling is to discuss the challenges that arise from this new technology. That is why we are here. The topics draw the attention because these are of public knowledge, so today I want to talk about the discussions that have nothing to do with legal aspects. Although there are legal questions, we are going to discuss briefly these questions, using a legal framework according to the technology and we are going to see how the dronesâ&#x20AC;&#x2122; case applies. We are going to discuss some terminology because drones could also refer to a kind of vehicle. And finally, I am going to talk about the hostilities frame. I will not mention everything that could happen in an armed conflict as my partner did, but I am going to consider this in the context where there is no conflict, where the Humanitarian Law might be applicable without considering the use of drones. The use of drones has been discussed by International Law for a long time. These are continuous debates and they always apply to any state of war. There is certain controversy in the use of drones and these reflect the already existing controversies in the law, which do not depend on the use of a certain type of weapon. Where there is no conflict, the international humanitarian law is applied and I believe that we need to create a frame to regulate it during hostilities. We are going to think about that: would we need a new border without the applicable law? As for the circumstance of the use of the cybernetic thing, the leaders might use it, as there is no problem if complying with the humanitarian law and if not generating any conflict, if so, others rules should be applied. There are many debates, but the majority of the arguments are quite unclear. There was a Russian governor who had some conception and there is a passage I would like to quote: â&#x20AC;&#x153;the main objective for cooperation at the global level is the establishment of an international legal structure governing the military activities of States and the global information space based on regulations of the International Lawâ&#x20AC;?. The Russian are then guided by some principles of the International Law, but the context suggests that the current International Law is not enough to cover the cyber activities, which other States also think. However, from the moment this comment was made, we have had a manual written by the United Nations that can be applied. This document was received with great approval and the United Nations report has suggested this document that says that the United Nations Letter is applied in such cases to promote a safe cyber environment. Experts said that the principles of International Law apply to the cyberspace, and this is important because it gives us some security with regard to all the things related to the cyberspace. It is difficult to measure which the State practice is. From the international perspective, we have limited expressions of the state that we have tried to gather. However, there are several challenges according with the doctrine and other speeches, which

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

do not simply have an opinion on the use or disuse of a type of tools. Matters related to cyberspace are complex, but I believe that there is a sense of International Law enforcement in this type of circumstances. It is still a progress that is made, even so, it is applied.

violence acts against the adversaries, either offensive or defensive. However, not all the cybernetic operations are going to cross this violence threshold, but once again, this was indicated that could be considered a violent traditional attack.

I am going to move to the central point, which is the use of drones, which is a problem for the International Law. Specifically, the relation between the International Humanitarian Law and the International Law. The United States Council of the Human Rights, when checking in 2014 the rules on the use of drones, was criticized by Human Right NGO. The Humanitarian Council said that doing this was part of its order, since they were working with the Human Rights and the International Humanitarian Law. I believe that the Council role to evaluate the humanitarian international law is debatable.

Now I am going to talk about one the considerations of the LOAC (The Law of Armed Conflict) for the use of these vehicles. I believe that we can distinguish three categories:

Then, what is exactly the relationship among the Humanitarian Law, the International Humanitarian Law and the International Law?; especially in certain activities, for example: For the activities in Congo, nuclear weapons were used?

––

Drones are systems remotely controlled by some kind of radio signal and the operator can be close or far in another country. It is a characteristic in the current armed conflicts.

––

We also have other vehicles that can do preprogrammed actions. They do not need to be operated by a human being but the latter can activate or cancel the mission. These actions are used in current conflicts.

––

The other consideration can be the most discussed or more controversial. Drones are not operated by human beings. They are artificial intelligence programs, which can identify and destroy a target without any human intervention, but these really cause certain ethical questions. Once again, some organizations say that the fact of having them is legal because there are agreements, among others. If there is developing artificial intelligence and does not cause any kinds of threats, but there are already developed systems, we must check this kind of systems that can monitor, help in certain activities much more precisely, but a new system has to adapt to certain established rules.

But what is the States practice? In the case of drones, what is the law of the International Humanitarian Law, which is being discussed? This is at least a point we need to discuss. I think that in many forums we do not analyze these points. There is another report called “Death by Drone”, which mentioned the validation of the drones attack. It is quite sensible work, although much time was taken to do finish it. The commentators and military advisers criticize the content of this report and, in particular, the point of use during combat. A member of an organized military group can use it, and the civilians can use it, too. The guidelines in this report discusses the central point of this discussion. The development of the International Law is being discussed. There are not only technical debates because the questions that are in discussion talks about the legal methodology. However, there are tensions at the moment of tackling these matters at the moment of mitigating the effects from this conflict. Some of the considerations on the use of cyber weapon refer to the use of certain common weapons used in a context. There are small disagreements to be able to identify if it is an attack made by this type of tools and if it is possible to limit it. The Inter-American Court of Law said that an attack, without considering the type of weapon that is used, is an attack. Another point is if the cyber-attacks are considered as violent according to article 49 of the Supplement Protocol I to the Agreements of Geneva that define the attacks as

As any other weapon system, they have to meet the rules of International Humanitarian Law and that includes the right of decision, personality, and distinction, among others. As there is loyalty, it can help to fulfill the respect to the precaution principles. Not all the drones are guided and operated by military people nor they are going to participate in hostility acts against civilians. I believe that we might apply the International Humanitarian Law. In conclusion, new technologies bring old questions about whether the applicable law is current or we need a new law, doubts arising because the ways have changed and there is a fear that makes us unable of answering these questions. We need all this because technology progresses and can be applied in certain armed conflicts, in a controlled way, without causing certain susceptibilities in the legal environment, certain modifications and certain recipes of wars. I think that we could give an appropriate frame to regulate this type of tools that are applied or not in the war. Thank you.

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QUESTIONS: Are there enough autonomous weapons to eliminate the line of responsibility or this is fictional? Two weeks ago, I participated in a conference on autonomous weapons. Let me begin saying that the position, the current policy of the Department of Defense, is that a human being must be in the decision process of using force. Then, it prohibits any autonomous weapon and there are several debatable reasons why it is a better decision or not. Personally, I feel that it has a lot to do with the command responsibility matter in the use of autonomous armament:

who is going to be responsible of the error? The system? Are we going to have a judgment against a computer? In my opinion, this is incoherent with the principles and requirement for the law. There are certain systems, principally in the naval part, which are in some way autonomous, that in the defense can react fast, but this is a quite specific and different environment. It is possible, but very difficult to imagine that the system can confuse an airplane waiting to attack to a civil plane. I am not a computer science person. I have experience in the legal field.

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III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

SIXTH CONFERENCE

A Global Perspective on Military Justice Moderator Lieutenant General DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (Greece)

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MODERATOR LIEUTENANT GENERAL DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS (GREECE)

Lieutenant General. He was born in Athens. He is graduated in the School of Laws in the Thessaloniki University, Greece. He also has a masterâ&#x20AC;&#x2122;s degree in Public International Law from the London University. Currently, he is the Supreme Prosecutor at the Military Appeals Court of Athens; and He is Senior Vice President of the International Society for Military Law & the Law of War

Welcome to the second section of this program about the situation of the military justice in the world. The Military around the world, certainly with some exceptions, operate their own tribunals for the trial of the military offenses and the States have extended this jurisdiction to cover crimes committed by its staff, without taking into account whether these are military crimes or no. The main reason is that these States want to ensure themselves the rapid conclusion of the penal procedures and assure that the penalties should be imposed. The difficulty that might happen in this is that the processes may be instituted to conceal the crimes committed by military staff and these escape to the punishment they deserve. This is an abnormal situation that cannot happen in a democratic society, where the equity principles must be important and where the law has to be fulfilling. The civil control over the military staff can turn out to be threatened due to the culture and the impunity. These ideas give me the chance to indicate the importance of certain parameters on which the military courts must operate. The topic of the military structure in some countries and if they are subordinated to the Ministry of Defense or to the Ministry of Justice is not a problem, just like it is not a problem the predominance of the military penal codes over the codes of the common criminal jurisdiction either, or vice versa. What really matters, in fact, is that the States must locate the development of the military justice in the frame of the general principles for the administration of justice, included in the Universal Declaration of the Human Rights, in the Civil and Political Rights and in any other instrument that is excellent for the administration of justice; in other words, the military justice must be an integral part of the general judicial system. At the same time, it follows that there is a minimum set of universal rules that leaves space for other stricter standards. As a brief introduction we will say that these issues related to Human Rights, were approached by the United Nations at its session NÂş 26, making reference to the continuous study of the themes of the administration of justice in military courts, which were complemented with two resolutions: one of them, on April 19, 2005, which took note of the report of Professor Emmanuel Decaux on the promotion and protection of Human Rights, that includes basic principles on the administration of justice by the military courts. The sub Commission appointed for this purpose was involved for several years in the theme, which began with a questionnaire made by Luis June and this report was presented to the sub Committee in the session NÂş35. In 2006, Decaux presented a set of drafts on justice administration for the military courts, trying to establish a minimal system of applicable rules to regulate the military justice. They were developed across consultations with experts of all the parts of the world, including certain special dispositions in relation to the functioning of the military courts.

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As we have already mentioned, these principles are based on the idea that the military justice should be an integral part of the general judicial system. The principles have been mentioned positively by the jurisprudence of the European Court of Human Rights. The first five principles refer to the establishment of the military court, for the Constitution or the law that respects the standards of International Law, the martial law enforcement, the application of the Humanitarian Law and the non-judgment of civilians by the military courts. The ones from the sixth to the tenth refer to the conscious objection to the military service, the jurisdiction of military courts, the prohibition of the judicial judgment of 18-year-old minors in the military jurisdictions, the functional authority of the military

courts, the judgments of people accused of serious violations of Human Rights and the limitations of the military secret. From principle nยบ 11 up to nยบ 20, the text deals with the military prison, the guarantee of the Habeas Corpus, the Right to the Competition and to the Impartial Court, the public nature of the hearings, the guarantee of the Right to Defense and the Right to a just and sincere Judgment; likewise, on the access of victims to the hearings, the resource of the hearings in the ordinary courts, the obedience and the responsibility to the Superiors, non-imposition of the death penalty and the review of the codes of military justice.

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SPEAKER 1 MAJOR GENERAL ARNE WILLY DAHL

Ex General Judge of Norway; Honorary President of the International Society for Military Law and the Law of War.

Thanks hosts, ladies and gentlemen, friends and colleagues. It is an honor to be invited to address this distinguished audience today. I thank our hosts for having invited me, giving me also the opportunity to listen to other presenters. As you may already know, my homeland is Norway, which has a more or less fully “civilianized” system for administration of military justice. My country has its own challenges, while other countries have theirs. The ambition of this presentation is to give an outlook on developments internationally in military justice and provide a balanced view of strengths and weaknesses of various systems, from a Human Rights perspective in the broad sense. Although my presentation is focusing on developments in the field of military courts, it should not be forgotten that military justice is also about investigation and prosecution. Independence, impartiality and competence of investigation has in recent years been considered in cases before the European Court for Human Rights. I shall not go further into these aspects today, but only remind us that one needs to consider the whole procedural chain from investigation via prosecution to adjudication before drawing conclusions about the qualities of a particular system of military justice. One should also keep in mind that many, possibly most, countries have systems for dealing with disciplinary offences of a minor nature by summary punishments. These systems may be more or less seamlessly connected to the respective penal military justice system, or be separated from it, for instance by having legal provisions defining which offences are to be handled by penal procedure, and which by summary punishment. Summary punishment is almost without exception a matter for the commanding officer, and may pose their specific concerns with regard to the Human Rights of the accused. This said, the military courts have the final word in the more serious cases and deserve particular attention. In the following, I shall use the term “military courts” in an extended sense, including any court that decides military penal cases or closely related offenses in the Military. History In a historical perspective, military justice has its roots in the authority of the commanding officer, and his need to maintain discipline among his troops. When Alexander the great took his army to Persia or Roman legions fought in North Africa it would have been utterly impractical to bring military cases back to a court in Macedonia or in Rome. The relationship between the warlord and the State was also different from what it is in modern democracies today. Without a successful warlord, there would not be any state. The head of state was, up to Napoleonic times, the supreme warlord. Although society developed and the Army became, at least in principle, servant of the state, represented by civilian authorities, one may say that up to and including the

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Second World War the practical situation was not very different, at least not in wartime. How could for instance the United States of America have sent offenders home for trial or brought a civilian district court to Normandy in 1944? In peacetime, however, the situation is different. Usually, a district court can be found not too far from most garrisons. In Norway, this made it possible to abolish military courts in peacetime in 1921. Even in overseas deployments, it is nowadays not impractical to put the alleged offender on a flight home for trial. Somewhat more difficult, but not impossible, it could be to fly a court into a mission area far from the homeland. In other words: The situation is different today. Perceptions of the Armed Forces Although the Armed Forces are in general perceived differently nowadays than, say, in Napoleonic times, perceptions differ between countries and within countries. Are the Armed Forces simply a branch of the executive, like the Police, Customs, and Tax, Health or Education services? Do they require a particular sort of expertise, which entails that civilians have problems with understanding military affairs? Are they actual or potential heroes, expected to and ready to make sacrifices for the country that are not demanded by other citizens? Are they the guardians of the State, which from time to time may suffer under the whims of irresponsible or corrupt politicians, so that the Armed Forces finds it necessary to take corrective action? Be that as it may – In the long run the Armed Forces need the confidence of the population at large. One important factor in this is that they do not abuse their power against other segments of society. Another is that they are seen to treat their own members fairly, giving soldiers that are accused of crimes a fair trial. Neither should they bring their country into disrepute by shielding war criminals or perpetrators of other grave international crimes. The evident solution seems to be that possible crimes are investigated, prosecuted and judged by independent courts. But solutions are rarely perfect, although they may be based on good principles. When a principle is pushed into the extreme, it is likely to clash with some other equally valid principle, which means that you have to look for a reasonable compromise. I shall come back to this later. Worldwide interest in Military Justice Our conference is not the first, and will certainly not be the last, that concerns itself with military justice. Over the

last couple of decades or so, a wave of interest in and reforms of military justice systems has swept over the planet, which can be seen reflected in a number of conferences and other meetings around the globe. A summary list of events that I have been aware of, where military justice has been the only or a major theme, is given below: –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

2001: ISMLLW Rhodes conference Hungarian national group bi-annual conferences 2007: Int. Soc. of Social Defence Toledo conference 2007: UNHCHR, ICJ and others: Brasilia 2009: DCAF workshop, Geneva 2010, 2011: Korea 2011, April: Yale 2011, September: Budapest and Rhodes II 2014, November: UNHCHR, Geneva 2015, April: ISMLLW congress in Prague 2015, May: The Hague

The 2001 ISMLLW Rhodes Conference Questionnaire In 2001 the International Society for Military law and the Law of War set out to do a comparative analysis of military justice systems. A similar analysis had been made at the 1979 congress in Ankara, and the society found it appropriate to take a new look at the issue. Both in 1979 and in 2001 a questionnaire was distributed, in order to gather information for the analysis. For the purpose of the present conference, the most interesting question in the 2001 questionnaire was the following: Please indicate whether there has been any recent discussion, evaluation or reform of your military legal system with reference to human rights such as those laid down in the European Human Rights Convention or other comparable instruments applicable to your country. Details should be reflected in the answers to the questions below. The answers showed that a good number of responding countries had gone thorough significant reforms or were considering possible future reforms. Developments taking place in the following years confirmed that the reforms were a part of an ongoing process, more or less over the whole world. Trends in development of Military Justice The number of changes in national military justice systems can present a confusing picture. To identify trends, one has to simplify matters, not drowning in details. My first simplification, is to divide military justice systems into two groups. The 2001 survey showed that the systems in 35 respondent states could be divided into “AngloAmerican” systems based on courts-martial convened for the individual case, and “European continental” systems based on standing courts.

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“Anglo-American” systems were first and foremost found in Great Britain and in her former colonies, while some states with “European continental” systems might have had systems resembling the “Anglo-American” in a more distant past. It should also be noted that several states have dispensed with military courts altogether, having military penal cases heard before civilian courts. In some states this might be a civilian court with some specialization or military element, in other states the court could be a fully civilian non-specialized court. The systems could also be different in peacetime and in wartime. This leads me to distribute the various military justice systems along an axis – with the traditional fully military courts-martial system at the one end, and the fully “civilianized” system at the other. Courts-martial convened for the individual case, standing military courts, specialized civilian courts, General civilian courts in peacetime, general civilian courts in peace and war. Virtually all changes in military justice systems that are known to me (more than a dozen) have been from the left to the right in this table. Let me give you some examples: ––

Australia: Standing military courts introduced in 2005, reform reversed in 2009. New legislation introduces by 2012 Bill.

––

Belgium: Since January 2004, military courts in Belgium are abolished in times of peace. Accused of “corporate justice”

––

Czechia: The military courts were abolished in 1993.

––

Hungary: Ca. 2012 Military prosecution integrated into the civilian

––

Ireland: Review with a view to adapt to the European Convention on Human Rights. Military cases are now heard by standing courts with permanent judges.

––

New Zealand: Ad hoc courts replaced about 2007 by permanent courts-martial. Increased right to elect trial by court-martial instead of being tried summarily

A possible exception from the trend is Australia, which went from a traditional system of courts-martial convened for the individual case to a standing deployable court of civilian judges who have military experience of knowledge of military affairs, but soon reversed back for constitutional reasons. It may also be mentioned that in Germany, criminal cases from missions abroad have recently (2013) been centralized to one specific civilian court, making it possible to build up a certain expertise on military affairs at the court. Regarding Latin America, the participants at the 2015 congress of the society were informed about developments concerning Argentina, Bolivia, Chile, Equator, Peru and

Uruguay. As far as I have understood, these developments confirm the general impression of a trend from left to right in the table. Driving forces The developments seem to have been driven mainly by Human rights influence. Human rights influence has been seen to be particularly strong in states party to the European Convention on Human Rights and states affiliated to such states, typically Australia, Canada and New Zealand. The reason for this seems to be the access for aggrieved individuals to obtain binding decisions by the European Court of Human Rights. In such decisions, the Convention is not only applied, but also interpreted in a way that entails a measure of progressive development. Highly relevant is Article 5 paragraph 1 (a) which lays down: Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law; … Equally relevant is Article 6 paragraph 1 which lays down: In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. These articles impose restrictions on the extent to which punishments can be awarded by summary procedures without due process. They also demand that military courts have to be independent, which means that you can’t have a court composed of officers convened by a commander who may have an interest in the outcome. And although the courts may in fact act in a fully impartial manner, justice must not only be done, it must also be seen to be done. Another source of influence is the UN Human Rights Committee. This body has been skeptical with regard to military jurisdiction over civilians. This seems to have been out of a concern that military courts may not be impartial in cases that could be seen to have national security implications. In a report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers prepared for the United Nations’ General Assembly in 2013, it is said that military jurisdiction should be restricted to offences of a military nature committed by military personnel. General distrust From time to time, there are eruptions of general distrust towards military courts on the part of the general public as represented by mass media and politicians. Criticism

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may be sparked by more or less unfortunate events, and may or may not be well deserved. For example, UK troops were involved in some nasty incidents in Iraq in 2003 and later. In cases where it has been decided there will be no prosecution the Army/Military police/Government have been accused of politically motivated cover-up. In other cases where there had been prosecution, one could hear voices asking “Why are you prosecuting anybody when they are all just trying to do a difficult and dangerous job on an operation that we should never have embarked on in the first place?” Similar criticism has occurred in other countries. In countries where the military has a traditionally strong position, such as some Latin-American States, jurisdiction of military courts over civilians has been an issue, in conjunction with the concerns of the UNHRC. In a wider group of countries, an issue has been to limit the jurisdiction of military courts to strictly military offences, thus leaving for instance cases on theft to civilian courts. Counter-arguments What may be relevant and pertinent in a national peacetime perspective may, however, prove dysfunctional when troops are deployed abroad. When soldiers commit crimes against local civilians whom they are supposed to protect, it does not make a good impression to put the accused on an airplane for prosecution at home. The local affected civilians need to see that justice is done, which is best demonstrated by having deployable courts. This does not go well together with a civilian justice system. In this connection it can be mentioned that Status of Forces Agreements typically allow for exercise of jurisdiction by military courts of the sending State, while civilian courts exercising jurisdiction on foreign territory is an anomaly. Another factor is the increasing use of civilian contractors in conjunction with military forces. If military commanders have no summary punishment jurisdiction over such persons, and military courts that could be deployed have no penal jurisdiction over them, the end result could in practice be impunity. The potential of scandals, or at least complicated and inefficient prosecutions, is evident. Need for expertise In criminal cases, the court needs to know both the Law and the factual aspects. Expert witnesses are often called upon to explain details of wounds or weapons that may shed slight upon what the accused may or may not have done or intended to do. In economic cases, accountants may be called in to explain what the accounts show with regard to possible tax fraud or whatever the case is about.

In some sectors, many countries have concluded that specialized courts are needed to deal effectively with particular cases. One may ask whether this could also be relevant for military cases. In my country, where the system is fully civilianized in peacetime, the specialized prosecutors have told me that they often have to explain important aspects of the case to the court – aspects that would have been known to the court if its members had some basic military experience. It the defense counsel, too, has to rely on the explanations of the prosecutor, one may ask whether the trial is really fair and balanced. The issue of independence Independence of courts is a key issue in the European Convention for Human Rights and in our discussion today. Are the members of the court independent of someone who might have an interest in the outcome? The importance of independence was demonstrated in a recent case in Norway. Although about summary punishment and not penal sanctions, strictly speaking, it shows how the principle works. A lieutenant had been awarded a summary punishment for having ordered a female soldier to wash herself in the nude in a river against her will during a field exercise. Male soldiers were present, but had their backs turned to the girls in the river. The case had a high media profile when it became known shortly after the event in the fall of 2011. The media profile became even higher when the officer presented new evidence which led the complaints board to reconsider their previous decision and quash the summary punishment three years later. The Armed Forces wanted to have the punishment upheld, the Ministry was clearly on the same side, and the mass media was strongly supporting the young woman against the officer. But the complaints board, led by a professional judge, came to the opposite conclusion after having reviewed all the evidence about exactly what had been said or done, in which sequence, and taking into consideration that official guidance was lacking about how to adapt general practise of washing oneself in the field to the fact that both genders nowadays are represented in the armed forces of Norway. After having followed the debate, I must say that I understand Pilate better, who was told that if he did not condemn Jesus to being crucified, he would not be the Emperor’s friend any more. How can the independence of judges be assured? Courts-martial that are convened for the individual case have a certain semblance to the jury system which is well known particularly in countries with an Anglo-American

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legal tradition. If the members are appointed, one should ask: By whom? If they are drawn by lot from a list, one must still ask: Under whose command will they be after they have performed their duty at the court. Might their careers suffer if they deliver a verdict which is not viewed favourably by their superiors? Some degree of anonymity might mitigate the problem, like when a Norwegian jury answers: “Guilty, by more than six votes”, thus concealing which member gave which vote.

After adoption of the 1998 Rome Statute for the International Criminal Court, a number of countries have enacted implementing legislation. War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide, also known as ‘core international crimes’, have been defined in national law more or less based on the Rome Statute. Are such crimes of a military nature and should they be dealt with by military courts? Some would explicitly exclude serious human rights violations from the jurisdiction of military courts.

For standing military courts, an important question is who decides the career of the judges? Will they serve for a limited number of years, after which a military commander will decide their next posting or promotion? Or will they have security of job and pension, independent of whether their decisions are viewed with favour by those in power, or not?

The main concern has, however, been about cases where members of the armed forces are accused of serious violations such as extrajudicial executions, enforced disappearances and torture. If such crimes take place within a country that is torn by civil unrest, there could be reasons to fear that the military might be tempted to shield the perpetrators and that the cases should for this reason be handled by the civilian justice system.

Although the judge may be independent, he may feel the pressure. The Finnish military judge Paavo Alkio writes in his memoirs from the Second World War about a number of instances when the division commander disapproved of his judgements. The caseload ranged from theft and absence without leave to mutiny and espionage. The division commander wanted more capital punishments in the more severe cases in order to set an example, while the judge focused on the guilt of the individual accused. Although he had the security of his peacetime position of a tenured judge to fall back upon, the pressure could be felt by judge Alkio in matters of whether his applications for leave were granted or how medals of honourable service were awarded among military judges. Jurisdiction over “civilian” offences What is an offence of a military nature? If a soldier murders his wife, is this a case that ought to be handled by a military justice system? One may say that a murder is a murder, and can be handled equally well, if not better, by civilian investigators, prosecutors and judges than by the military equivalents. What if a soldier steals from his fellow soldiers? Is this a case of a military nature? It may not have been included as a provision in the military penal law, but it will certainly affect the cohesion and effectiveness of the unit involved. The commanding officer will perceive a need for having the case investigated and solved quickly, maybe with a higher priority than the civilian police (if within reach) would give to a similar offence involving two civilians. To this comes that the dividing line between military and civilian offences may be fluid. In Norway, as long as security regulations existed only within the military, breach of security (short of espionage) was a breach of service duties, in other words a military offence. When, in 1999, general legislation on security was enacted in Norway, breach of security became in principle a civilian offence.

In other countries, the focus of attention would be on possible war crimes, committed by members of the armed forces. Also in these cases, the dividing line may be fluid. For example: a) if a soldier intentionally shoots a civilian, it is a war crime. b) If he does so in the erroneous belief that the civilian was directly participating in hostilities, it may be a breach of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions if he did not take all feasible precautions to verify that he was attacking a lawful target. This is not necessarily a war crime, at least not under the 1998 Rome Statute. c) It may also happen that he did not aim at the civilian at all, but used his weapon in breach of the applicable Rules of Engagement. This will turn the act into a military offence. Now, the issue of which law applies may not be apparent before the case has been investigated. It may be clear that a civilian has been shot and that the soldier most likely bears some responsibility for it, but it can be uncertain up to the point of sentencing, under which law. This said, it may be noted that cases about crimes against humanity or genocide do not necessarily have a significant military component. The perpetrators may be civilians, as they typically were in Rwanda, or the acts themselves were not part of a military operation, such as when inmates of a concentration camp are mistreated. The link to the military can be tenuous or totally absent and the arguments in favor of a military involvement in investigation, prosecution or adjudication weak. Such cases are not the focus of this article, but those that have a clear connection to military activity. My recommendation would therefore be that in cases, in particular those that arise from military operations, the

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jurisdiction over core international crimes and military offences should not be divided more than strictly necessary. This is particularly relevant in the investigation phase when it may be unclear whether one is facing one or the other.

There are, furthermore, trends with regard to shifting from military to civilian jurisdiction, particularly in peacetime, by: ––

Reducing the competence of military courts,

––

Abolishing military courts,

Suggested conclusions

––

Abolishing military prosecution.

There are clear trends in the development of military justice to be seen on the international scene with regard to the rights of the accused with reference to human rights standards. Important elements are:

The important question which many countries struggle with, is whether military commanders should give up their control of the military justice in order to have a system that is perceived as fair by the general public. Equally important is, however, whether a process as indicated by current trends should be allowed to run to the other extreme, separating the investigators, prosecutors and courts totally from the military structure, or whether one should seek some compromise solution, like the “golden middle way” indicated by Aristotle.

––

More independence to judges,

––

Standing courts,

––

Increased right to elect trial instead of summary procedures,

––

Increased right to legal representation.

Thank you for your attention.

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TOPIC

Global military justice a perspective from the other side of the pacific SPEAKER 2 MR. CHRISTOPHER GRIGGS (NEW ZEALAND)

Member of the board of directors of the International Society for Military Law and the Law of War.

Admiral, generals, Ladies and gentlemen thank you for the invitation to this beauty contry. Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) provides inter alia that in “the determination of any criminal charge against him… everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”. This is a principle of such universal acceptance that it seems incontrovertible that it is now part of the corpus of customary international law. The more difficult question is how this principle is to be applied in military justice systems. With this in mind, the now defunct Commission on Human Rights of the United Nations Economic and Social Council appointed Emmanuel Decaux, as a special rapporteur of its Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, to report on the minimum standards that should be applied in connection with military justice. The outcome of this work was the Draft Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals (“the Decaux principles”), which were presented to the Commission in 2006. Principle N° 13 of the Decaux principles states as follows: The organization and operation of military courts should fully ensure the right of everyone to a competent, independent and impartial tribunal at every stage of legal proceedings from initial investigation to trial. The persons selected to perform the functions of judges in military courts must display integrity and competence and show proof of the necessary legal training and qualifications. Military judges should have a status guaranteeing their independence and impartiality, in particular vis-à-vis the military hierarchy. In no circumstances should military courts be allowed to resort to procedures involving anonymous or “faceless” judges and prosecutor. The manner in which this minimum standard is reflected in the domestic law of States Parties varies widely. In the report of another special rapporteur, Gabriela Knaul, presented to the UN General Assembly on 7 August 2013, it was stated that Anglo-American systems of military justice are characterized by ad hoc courts martial convened for particular cases. This observation was repeated in a report by the UN High Commissioner of Human Rights in January 2015. Unfortunately, this remark displays a lack of currency with developments in military justice in common law countries and is now an oversimplification. In both New Zealand and the United Kingdom, those nations’ Parliaments have established standing courts to exercise military criminal jurisdiction, albeit they are called “the Court Martial”. The nomenclature has been retained for reasons of history and tradition, but we should not overlook the fact that the Court Martial of New Zealand and the Court Martial in the United Kingdom are fundamentally different constructs to their ad hoc antecedents from the perspective of compliance with international human rights law. The ad hoc system does remain in place in Australia,

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Canada and the United States, but the Canadian system has been subject to a number of significant reforms, which I leave for others to describe. New Zealand In New Zealand, the change to the status of the Court Martial took place on 1 July 2009, with the coming into force of the Court Martial Act 2007. That Act established the Court Martial of New Zealand as a permanent court of record. New Zealand, unlike most countries except the United Kingdom and Israel, has an unwritten constitution, so it is open to the Parliament to create a new Court within the judicial branch without the sorts of constitutional problems which Australia has faced. The judge advocates who sat with New Zealand’s courtsmartial under the old ad hoc courts-martial system had been civilian judges and senior lawyers since the military justice system was unified in 1983, so it was not a huge step in a practical sense to make them fully fledged judges of the new Court. There are many practical advantages in fact. They are now full members of the judiciary, albeit on a part-time basis and have the same eligibility requirements and guarantees of judicial independence as judges in the ordinary criminal courts. While they can attend to interlocutory matters sitting alone, they only try cases with a panel of three (or in serious cases, five) military members. It is those members – who act like a jury (or assessors in a civil law context) – who bring the essential knowledge of military context and values to the proceeding. As a consequence, the focus in appointing judges of the Court Martial has shifted away from appointing only judges or lawyers with a military background (an increasingly rare commodity in the modern era) towards appointing high caliber, experienced trial judges who have the personal qualities that fit them to act as a judicial officer in the military context. The last step is for the Ministry of Justice to take over financial responsibility for the Registry of the Court Martial from the New Zealand Defense Force. So far the New Zealand Defense Force has not succeeded in persuading the Ministry of Justice to do this. In line with Principle No 20 of the Decaux principles, I am currently assisting the New Zealand Defense Force with something akin to a periodic review of New Zealand’s military justice system, to ensure that it is as compatible with the ordinary criminal law as can be achieved without sacrificing any of the vital elements of the military justice system. There is no intention to move towards administering military law through civilian courts and I do not see that as likely, given that it would undermine the vital element of portability in a military justice system serving armed forces which are primarily expeditionary in nature.

Australia The Australian Government has tried on two occasions to move that country’s military court structure towards a standing court, but has been unable to do so because of constitutional difficulties. Chapter III of the Australian Constitution governs the exercise of the judicial power of the Commonwealth of Australia. In particular, section 72 prescribes that federal judges are appointed by the Governor-General in Council and hold office until retirement unless they are removed from office for misbehavior or incapacity, which can only occur if approved by the Governor-General in Council at the request of both Houses of the Australian Parliament in the same session. In 2005, a committee of the Australian Senate conducted an inquiry into the effectiveness of Australia’s military justice system and recommended that the system of ad hoc courts martial and Defense Force Magistrates (“DFMs”) be replaced with a permanent court established under Chapter III of the Constitution. The Government response agreed to the establishment of a permanent court, to be called the Australian Military Court (“AMC”), on the ground that it would promote the aim of military justice being administered by a Court which was objectively independent (as required by Article 14 of the ICCPR). However, the Government did not agree to the AMC being a Chapter III court. The intention was that the AMC be established pursuant to the defense power in section 51(vi) of the Constitution, which provides that: The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws for the peace, order, and good government of the Commonwealth with respect to… [The] naval and military defense of the Commonwealth and of the several States, and the control of the forces to execute and maintain the laws of the Commonwealth. The reason given by the Government for not wanting to establish the AMC as a Chapter III court were as follows: Importantly, a military court is not an exercise of the ordinary criminal law. It is a military discipline system, the object of which is to maintain military discipline within the ADF. It is essential to have knowledge and understanding of the military culture and context. This is much more than being able to understand specialist evidence in a civil trial. There is a need to understand the military operational and administrative environment and the unique needs for the maintenance of discipline of a military force, both in Australia and on operations and exercises overseas. The judicial authority must be able to sit in theatre and on operations. It must be deployable and have credibility with, and acceptance of, the Defense Force. The principal factor peculiar to the Defense Force is the military preparedness requirements and the physical demands of sitting in an operational environment. The Chapter III requirements are not consistent with these factors, and the

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Government does not support the Chapter III features for a military court. Accordingly, when Parliament amended the Defense Force Discipline Act 1982 in 2006 to establish the AMC, it was not established as a Chapter III court. In particular, its judges were required to be military officers, they were appointed to their judicial office by the Minister for Defense, and they were appointed for fixed five year terms with a possibility of renewal. Unfortunately, this legislation did not survive for long. In 2009, the constitutional legitimacy of the AMC was successfully challenged in Australia’s court of final appeal, the High Court of Australia, in a case called Lane v Morrison. Mr. Lane was a former naval rating who was scheduled to be tried by Colonel Morrison, a judge of the AMC. The High Court held that, precisely because of the steps which had been taken by Parliament to divorce the AMC from the chain of command in order to promote its independence, the AMC constituted an exercise of the judicial power of the Commonwealth. As the AMC did not comply with the requirements of Chapter III (judicial independence), that was unconstitutional and the 2006 amending legislation was therefore invalid. It followed that the Australian Government needed to return to the old command-based system of ad hoc courtsmartial and DFMs while it considered how to legislate for a system of military justice that would comply with the Constitution while moving closer to the requirements of Article 14 of the ICCPR. This was done through the Military Justice (Interim Measures) Act (No 1) 2009. That Act came into force in September 2009. The interim appointments of judge advocates were originally supposed to expire after two years. In the meantime, the Government introduced a Military Court of Australia Bill on two occasions, in 2010 and 2012. That Bill would create a Military Court pursuant to and complying with Chapter III of the Constitution. However, subsequent political challenges faced by the Government in progressing these measures through the Commonwealth Parliament have meant that the interim appointments of judge advocates have needed to be extended on three occasions. Under the Defense Legislation (Enhancement of Military Justice) Act 2015, the appointments of judge advocates have been extended out to September 2017. Fiji, Papua New Guinea and Vanuatu Only three other States in Oceania have armed forces; Fiji, Papua New Guinea and Vanuatu. The Republic of Fiji Military Forces (“RFMF”) are based around three infantry battalions, two of which are usually deployed on peace support operations, a naval squadron and other supporting units. The discipline of the RFMF is governed by the Republic of Fiji Military Forces Act (Cap 81). Under section 23 of that Act, the military law which

applies to the RFMF is the Army Act 1955 of the United Kingdom, including “all Acts amending, replacing or read in conjunction with the same and all rules, regulations and Articles of War made thereunder”. The difficulty with this incorporation of British law from a Fijian perspective is that the United Kingdom has essentially completely replaced its military justice system in recent decades. There are serious reasons to doubt that Fiji is actually operating its military justice system in compliance with the Armed Forces Act 2006 (UK), which is the successor to the Army Act 1955. For example, the Republic of Fiji Military Forces (Amendment) Act 2015 indicates that the RFMF is still convening ad hoc courts martial, which are not permitted under the Armed Forces Act 2006 (UK). This is an area of significant vulnerability for the RFMF and the Government of Fiji. The Papua New Guinea Defense Force (“PNGDF”) is a similar size to the RFMF, with land forces, a naval squadron and an air wing. The discipline of the PNGDF is governed by the Defense Act 1974. Schedule 1 to that Act confers significant powers of summary discipline on the Commander of the PNGDF and officers holding delegations from him (“disciplinary officers”). This can include the punishment of dismissal or detention for up to 84 days. Under section 45 of the Defense Act, jurisdiction over military offences is also conferred on the Defense Force Judge, who must be a Judge of the Supreme Court or the National Court. This jurisdiction can be delegated to Deputy Defense Force Judges, who are qualified for appointment as Judges of the Supreme Court or the National Court. When these judges exercise jurisdiction, which they may do anywhere in the world, their court is styled the Court of Military Justice. In addition, section 46 of the Defense Act provides for magistrates of District Courts to be appointed Defense Force Magistrates and to exercise jurisdiction over military offences in that capacity. Section 37(3) of the Constitution of the Independent State of Papua New Guinea essentially mirrors the right to trial by an independent and impartial court as enshrined in Article 14 of the ICCPR. Given the power which disciplinary officers wield under Schedule 1 to the Defense Act, that legislation appears to be vulnerable to a challenge as to its consistency with the Constitution, taking into account the effect of the line of cases in the European Court of Human Rights which considered the British military justice system from 1996 onwards. Vanuatu has a small para-military force and one patrol boat which forms part of the Vanuatu Police Force and is referred to as the Vanuatu Mobile Force (“VMF”). The discipline of the VMF is governed by the Police Act (Cap 105). Under that Act, while senior officers have some limited powers of summary punishment, they are not able to impose a “true penal consequence”, which would trigger the application of constitutional rights. An offence of any significance by a member of the VMF must be tried in the ordinary courts.

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SPEAKER 3 COLONEL ROBIN HOLMAN (CANADA)

Deputy Judge Advocate General for Military Justice. He joined the Canadian Air Force in 1986. From 2002 to 2007, he served as a Military Prosecutor in the Martial Courts, and subsequently, as an Advisor in the Martial Court of Appeal of Canada. He has a Master in International Law.

Excellences, admirable ladies and gentlemen, I feel very satisfied to be here and I want to thank the organizing committee of the Military Police Jurisdiction and the Association for inviting me. I would like to begin by saying that my approach will be essentially on some of the aspects of the International Law that we have already been discussing and then, perhaps, I will alternate it with part of the information from the Canadian perspective, as I go on with the speech; but I would like to say something that already General Martinez and Admiral Pacheco mentioned yesterday and so did one of the panelists. That, despite the fact that the systems of military justice may be different, these have all the same goal: efficiency, moral, discipline, effectiveness and public legitimacy, to use some of the principles of the armed forces. No system of the armed forces can be used for everyone. We have lawyers, academicians, people who already have roles or functions in educating, forming or generating military politics for the countries but we can say that no one has the necessary information for the comparative systems. There is no system in the nothing, there are always constitutional, legal, geographical, cultural factors that are also part of the system that exists and the International Association of Military Justice. It would be a mistake on my part not to present my admiration and respect for the efforts of Admiral Pacheco and General MartĂnez, who in the American context have done efforts to try and gather us all and understand each other and, that way, make known the different systems about military justice, from which we can learn the best lessons of each one and maybe teach something from our own experience. It seems that one of the biases that many of the military systems have, is that the Military Justice System within the countries, as a difference from the the civil justice, is poor in terms of comparison with the Constitution or with the International Law. Any difference that there could be in dealing with the soldiers, the naval officers and the aviators, is more based on historical facts and in the national institutional contexts that can happen in some cases, but this is not a valid international assumption. The members of the armed forces have the same rights as any other citizen, but just because the system of civil justice does the things in a specific way, it does not mean that this is a requisite of the Constitution or the International law. Neither it means that this is a good idea in politics terms to refer or import that system to the military justice. The Military Justice System and the Civilian Justice System exist for different purposes and these purposes have to be recognized. It seems to me that the current critiques to the military justice systems are based on three axes: one is what general Dahl mentioned in his presentation and it is the formation and contribution of the military courts. A second issue is whether the military courts only are going to judge military crimes or perhaps these are going to treat other types of crimes and violations of human rights of some kind. This is the subject of articles 8 and 9 of the draft of the principles of Decaux.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

The other point is the personal jurisdiction of the court, will the jurisdiction be only for military personnel? Is it going to be an exclusive jurisdiction that also exclude the civilian justice system? Under what circumstances will be the civilians in their jurisdiction? I want to talk about the principle number 5 of Decaux, the incompetence of the military judicial bodies to judge civilians, it is a topic that I always treat and my friends of the Inter-American Forum know it. Decaux has a point of view that is not necessarily consistent with the practice and that is often not consistent with the practices of many States, even for States represented in this auditorium. I know that neither the Commission of Human Rights nor the Council of Humans Rights have accepted the principles of Decaux, now we know that many people have suggested this in the 2013 report and we could say that the States are those which generated the International Law and they have the role of defining the points to be discussed. The States have to be vigilant to what happens in Geneva in regard to the military topics, we have to keep an eye on what the Council of Human Rights does and what the most important perspectives are, because they are those who established the field for the debate and the formation of the Military Law. The States have to pay attention and keep involved in these issues. The other point that I consider could be added to the discussion, is mentioning the International Humanitarian Law, which fulfills an important role in the administration of the military justice. The States can be really subject or not to the International Law, but in the armed conflicts it is needed that the States develop internal mechanisms of discipline, like a way of assuring the respect of the rules of the international law on humanitarian laws. I can say that the International Humanitarian Law does not prohibit neither the civil nor the military court, although in any cases it anticipates the existence of military courts. On the Humanitarian Laws side, I showed you my perspective on the principles of Decaux, but there are no doubts that the Civil and Political Rights apply also to the military systems. With regard to the principle number 13 of Decaux, which says that the judgment has to be just and the court must be independent, competent, impartial and established in congruity with the law, my opinion is that there are a lot of forms in that this can be apply, it does not need a specific form of the jurisdictions. I would like to say something about the Ad Hoc courts. In the past this term of Ad Hoc courts was used in a fairly wide way and many times the concept has been misunderstood. In the countries that still maintain the Ad Hoc martial courts, like the United States, Australia and Canada, I do not want to say that the judges will be chosen of a stand, so to speak, for a process. Both Australia and in

the United States have mechanisms in their constitutional and legal structure, that have the independence of military judges, who are appointed to manage these Ad Hoc courts. In Canada the judges are pointed in the same way that the members of the Superior Courts, by the Executive, until the age of retirement is reached, which is the same as for any member of the Canadian armed forces. The economic compensation comes through an independent mechanism and possess all the administrative independence that civilian judges have. Therefore, they have this independence as military judges and then, as required, judges are appointed to lead the martial courts that exist for specific audiences. Then, say whether it is desirable or not to have a court for specific topics, or have a court with the term Locus Standing, say, that it is not possible but on the basis of previous decisions of the tribunal. I want to say briefly and then mention about a couple of things of the Canadian aspect that was mentioned by General Dahl, when he discussed the tensions and taking reference also to what General Wilson said yesterday. It seems to me that there are certain motives in the base of the politics of a State for which the countries should consider to retain or to establish military courts, with wide enough topics and a personal jurisdiction. Let us see the case of the forces that are deployed to the peace keeping operations. If one of the members of this operation commits a misbehavior that has relation with the civilian population, according to the 14th principle of Decaux, the sanction must be public, in order for the local population to see that justice is done. In a misbehavior of Canadian members of the peacekeeping force in Africa, the person in charge of the department of operations of the peacekeeping of the United Nations, reflected on the possibility that the United Nations were establishing mechanisms of justice that could also be opened and that the corresponding sanctions are applied to the members of the forces of United Nations. Probably this is not going to be successful, but it seems to me that the United Nations are an organization that sees that there is a breach between the skill of some nations to give justice in a way that they could give not only credibility to the State, but also to the United Nations. Think also about the deployment of civilians, which can really compromise the activities of our States. There have to be mechanisms to discipline them and when the responsibility of the State is involved, ensure itself the fulfillment of the International law. I am going to give you a shameful Canadian example that is related to the exploitation and sexual abuse in the peacekeeping forces. On the International Woman Day, the United States Ambassador gave a speech at the United Nations, where he mentioned the Haiti case in regard to the sexual exploitation of women and Haitian girls, which

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involved also members of the Canadian forces, who had left a Haitian girl pregnant. The accusation was in regard to the civil officials of the police who had been deployed in Haiti, as a Canadian contribution, but not as persons who were accompanying the peace force, which would make them persons under the military Canadian jurisdiction. Then, when the accusations were presented and when the mission of force keeping found out about all this, the options regarding how to tackle this crime or to present the accusation, it was between the Haitian system of justice, to which the members of the United Nations were not subject, or the Civil Canadian Law, which does not apply out of Canada, except express exceptions that did not involve this case. The people went back to Canada and they were disciplined according to the law of the police service of Quebec, a result the ambassador of the United States found was not acceptable. The two involved persons were suspended without pay the first one for five days and the second one for nine days. If they had been members of the Canadian armed forces or they had been civilians who were accompanying the Canadian contingent in Haiti, they would have been subject to the extra territorial application of the civil discipline code and the Canadian judicial code. In august of the last year, I had the opportunity to speak in the Inter-American Forum in ViĂąa del Mar and my topic in that opportunity was the jurisdiction over crimes in the Canadian criminal system. There we had a hanging topic that was tackling this topic, then I presented my opinion and now I can say that the Supreme Court of Canada maintains the military jurisdiction in cases of sexual attacks that involve the use of drugs and drugs traffic. The person, if subject to the disciplinary code, in any place he is, as a member of the armed forces, if he commits a crime or an act of indiscipline, it affects the prestige of the above mentioned armed forces and he is submitted to the military jurisdiction.

I would like to conclude by saying that any military justice system is unique, that it has been formed as a result of a specific set of factors and we have to understand that from any system we can extract the best thing. The systems of every country are important and highlighting this is what is valuable of the work of the Association and of the Inter-American Forum. To close the meeting, I would like to mention that the military justice exists and that the majority around the world, due to diverse cases, recounts that there must be a control on it. The question that arises is: what would be the substance of the military justice of the whole planet? The answer will not be unique, because a few nations, after many years of debate, of demands for the change, have the tendency to conclude that the militia will be always assumed under the sight of the civilians. Which means that the civilians will be able to judge the military associations, also because of motivated factors and attacks out of the law. Other countries show a different approach, I would say that these nations are based on factors like history, experiences, location of the country, tradition and safety interests. The administration of justice across military courts directed straight by the democratic control of the militia, causes certain worries in terms of access to the justice, impunity of the Human rights. With regard to the fair trials of the accused, these worries should be tackled by the States where the military justice still exits, obviously, to the light of the military courts, which constitute an integral part of the justice of the States, as regards the competition, independence, impartiality and the guarantee of the exercise of the use of the Human Rights, in particular of the Right to a just and effective judgment.

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III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

SEVENTH CONFERENCE

Armed Forces role in Domestic Conflicts and other situations of violence in Latin America Moderator Brigadier General JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA

General Ramos has performed diverse functions in the Military and Police Jurisdiction, from Secretary of Court up to Instructing Member. He carried out previously prosecutorial functions. In his effective military activity, he was President of the Supreme Council of the Military Justice of that time and currently, in his military retirement, he is the President of the Military and Police Jurisdiction of Peru.

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SPEAKER 1 REAR ADMIRAL ÁLVARO FLORES GONZALES (MEXICO)

I am privileged to be here with this distinguished group of representatives from the armed forces and their respective countries. Ladies and gentlemen I am going to talk about the issue that is the Mexican Navy as an adjuvant in keeping internal security. For this purpose, the agenda will consist of: ––

The evolution of national security concept;

––

The dynamics of transnational organized crime as a threat to the Mexican State;

––

Actions of the Mexican Navy for helping internal security;

––

Legal issues in internal security; and,

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Conclusions.

The evolution of national security concept: Like in the rest of the world, the safety concept has been evolving as per the threats we have been facing. After the Second World War, the approach was basically to defend us against threats coming from international law agents or other States. Later, with the Cold War coming, it was regarded as a central mission inasmuch as that there was a fear of international conflict and at the same time, foreign actors who were against national integrity appeared like the case of all the guerrilla movements that existed throughout Central America, South America and our country. An example of this vision of trying to protect us from other States is the Inter-American Agreement of Reciprocal Defense, signed in 1947. More recently, in 2003, after the UN security conference held in our country Mexico, a multidimensional vision was adopted where there are economic, food, technological, environmental, social and human aspects are still considered as possible threats or oppositions to national security. For our country, the national security is aimed at facing threats that could compromise the national targets. Here, two aspects are considered: One aspect is the Exterior Defense to protect the country against other States; but there is also another aspect of interior safety, which wants to preserve the order and the democratic governance in order to develop our country’s interests. In this order of multidimensional ideas, there are different kinds of actors who want to get in the way of our interests, from meteorological, atmospheric, social aspects or new threats like terrorism and others. Consequently, every kind of threat is classified in different types: regarding food security, emotional safety, and human safety aspects. Nevertheless, for Mexico, the Mexican armed forces are related to two types of safety: the National Security, through a National Security Council; and the Public Safety through a Public Safety Council, where the armed forces collaborate to the development of this national function.

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I want to make a brief parenthesis for explaining that in Mexico there are two ministries where the armed forces are set out. On one side is the Navy Secretariat or the Ministry of Navy, which covers the Mexican Navy, and on the other side, the Secretariat of National Defense considering the army and the Mexican Air Force. In this order of ideas, as mentioned before, there are so many threats, but perhaps the greatest threat Mexican State and the greater part of the American States is facing is the transnational organized crime and that is what we are going to focus on this conversation. We will talk about the dynamics of this organized crime and how has it become a threat to the Mexican State. Mexico has been immersed in drug-trafficking issues from over 100 years; however, the situation with regard to this criminal phenomenon has evolved in recent years and this evolution is due to various factors. It is not a coincidence; in fact, it is due to a series of mingled factors, which have brought us to the current situation. At the end of the twentieth century and the beginning of this century, the situation turned into a situation of violence, which forced the armed forces to get involved in the problem to contain this scourge. As I mentioned before, this situation is due to several factors, both internal and external. Among the main external factors are: ––

Availability of weapons;

––

Mexico strategic geographical position; and,

––

Mexico becomes the leading drug trafficking corridor to the United States.

As for the first point, the UN has accounted that nearly 700 thousand firearms circulate in the black market. However, as from 2004, the United States eliminated the ban of selling automatic weapons. For this reason, in 2010, according to a study conducted for controlling alcohol, tobacco and firearms, called ATF, 70 % of confiscated weapons in Mexico, between 2009 and 2010, came from the United States. These weapons either were manufactured in the United States or were imported from that State. We must indicate another factor that is Mexico strategic geographical position for drug trafficking. Mexico is connected primarily with the market consuming drugs to the north and with the main centers of drug manufacture in South America. Besides, it connects the entry of chemical precursors originated in Asia, with which different types of synthetic drugs are manufactured in our country. It is also clear that Mexico is a drugs producer like the marijuana and the poppy in different parts of the country. The third factor that had to do with the organized crime development and that Mexico became the first supplier of drugs and cocaine to the United States is that, until 1980,

drug traffickers used the corridor of the Caribbean Sea. After the United States closed this corridor, through its operations, it made that Mexico is used as its main drug trafficking corridor and, at the same time, allowed strengthening the Mexican criminal organizations. Another external aspect, which has affected the security, is the political, economic and social transformation of Mexico in recent years, specifically, the participation of Mexico in the global economy. This new participation in the global economy made possible the expansion of illicit activities linked with organized crime; to such an extent, that organized crime is taking advantage of this increase in cross-border economic activities to carry drugs to the United States. Mexico has 12 free trade agreements with 44 countries. Additionally, from 1994 to 2014, there was a 600% increase in imports and 700% increase in exports. It is evident that this was beneficial to Mexico, but also opened a window to organized crime. To illustrate this intense movement of loads in Mexico, we must say that there are 60 airports that move 700 million tons per year; 117 ports and maritime terminals moving over 282 million tons and over 1 million containers, which can be expanded to more than 2 million a year. Finally, there are 25 ports for land freight between Mexico and the United States of America. For example, an entry port in Baja California where 1.4 million trucks are carried annually to the United States. Now you can imagine how the problem is when are trying to manage this transport flow. Among internal aspects are also many things that allowed strengthening organized crime, like marginalization and poverty. More or less 50% of Mexico population lives in poverty. The lack of job opportunities makes the population vulnerable, to be recruited to organized crime. This has been a factor very important in the last few years. Another very important factor is the institutions weakness in charge of public safety in our country. The public safety is in charge of the three levels of government: at the Federation level, at the State level and at the municipal level. The most important problem is found at the state and municipal level, where major weaknesses are. One of the main problems is coordinating safety problems. Each municipality has its own security as well as each state. There are over 2,000 police organizations at the municipal level and 31 at the state level. Additionally, the institutions are weak. In our country, there are an average of 400 thousand policemen, 200 thousand at the state level and 200 thousand at the municipal level and about 50 thousand at the federal level. However, at the state level, 17 federal units are below the standard set by the UN on the number of police officers per 100 thousand inhabitants. Besides, 400 municipalities have no police departments, 80% of municipalities have less than 100 items of public safety and receive a salary of $300 per month.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

On the other hand, this set of institutional weaknesses that arouse together with the operational training of organized crime, favored that these can be moved with impunity and at the same time to hinder the Mexican State actions for trying to stop this scourge. This increase in the operational capacity of the organized crime also brought a tremendous fight among the criminal organizations: the zetas against the Gulf Cartel, the zetas against the Sinaloa Cartel, against the Jalisco Cartel new generation. For this reason, from 2007 to 2014 164 thousand victims were product of this confrontation among criminal organizations. This violence increase in the country caused the population lifestyle to be disturbed. As we said before, there was a large flow of weapons into Mexico. To give you an idea 13 thousand grenades and 150 thousand weapons of exclusive use of the army, air force and the Navy have been seized in the last 10 years. In Mexico, assault rifles are not sold; in fact, these come from overseas. To give you an idea, in the last capture of Chapo Guzmán, 13 criminals protected him. They were armed with 50 caliber rifles, 40 millimeters caliber grenades and did not hesitate to use them against the Mexican Navy. This made our government to use fire against them in order to defeat them. Before such governance deterioration, which has to do with the lack of competence of the police corporations, the Government had to employ the armed forces in order to bring peace back to the citizens and to be able to stop this criminal phenomenon. Let’s talk about the actions of the Mexican Navy for helping internal security. The armed forces have as among its missions to participate in external defense and in the internal defense of the country. Currently, the navy of Mexico participates in various activities related to this function, such as: ––

The maintenance of the rule of law, both at sea and on land, of the zones ordered;

––

To mitigate the damages caused by natural phenomena;

––

To safeguard human life in the sea; and,

––

The protection of productive activities.

With regard to keeping the rule of law, the navy conducted two types of operations: Regular operations and those against organized crime. The regular operations are found in the jurisdictional areas of the navy of Mexico, like those in the Coast. Among these operations, the most important are: ––

Fight against smuggling

––

Piracy in the sea;

––

Fight against the theft of fishing crafts;

––

Illegal traffic of persons, weapon, narcotics, psychotropic substances, among others; and,

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Intensive eradication

It is important to clarify that the navy of Mexico has a double function. On one side, it is the armed institute that defends the country of external aggressions and, on the other side; it has functions of coast guard and of marine police, to be able to impose the rule of law in the sea and also in its economic areas. The navy of Mexico also takes part in operations against the organized crime. These operations are carried out normally in areas that are not of the coast, like the State of Mexico, the State of Michoacán and the State of New León. These operations are carried out in coordination with other dependences and/or governments of the states and are aimed at cooperating in the containment of the violence in the country. It is also important to clarify that the navy does not begin to help by its own decision. Indeed, a collaboration agreement has to be carried out between the State and the navy of Mexico, and so that we could have the faculty to enter to this place, for helping to these state institutions to recover the peace. Important issues of this collaboration: ––

In 2013, the Navy of Mexico took over public safety functions in seven municipalities of Veracruz; and,

––

It was charged of the safety and operations in Port of Lazaro Cardenas, Michoacán. These are powers of communications and transport, but due to the flow of stolen material that be and to the actions of organized crime, this new function had to be taken.

Special operations were also conducted in order to capture the priority targets of organized crime. Some of them are: Jose Guzman (chapo), Miguel Angel Treviño Morales (Z 40), Sergio Villarreal Barragan (the large). Likewise, as we mentioned before, another way of protecting internal safety is through the protection of productive activities: ––

ISPS Code: 19 naval units of port security were created; and,

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Protection of 52 strategic facilities, both of Petróleos Mexicanos (PEMEX) and of the Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Another way of providing help is through the civil protection in the event of natural disasters: ––

Marine Helping Plan to the civil population in emergency or disaster zones; and,

––

2015: 314 operations, with 161 units and 2.422 naval elements; 237,920 beneficiaries.

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Besides, in internal zone a Marine Rescue and Searching National System was established, function that belongs to the Secretary of Communications and Transport. Some guidelines are barely being developed so that this be an exclusive Navy function. The following were established: ––

17 naval stations of searching and rescue; and,

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Coordinating center of maritime national rescue.

This is an example of those people involved in these deployments, units, and personnel. Between September 2014 and August 2015: ––

13,302 operations against drug trafficking, with a monthly participation of 3,698 items;

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4,219 operations of High Impact against other units, with an average monthly participation of 958 items; and,

––

71,761 operations of seas and national coasts surveillance, with the participation of 190 units and 11,499 items. With respect to fighting organized crime, the first point is that Mexico does not have a legal framework in the field of internal safety, to allow the legal and administration certainty to the performance of the civil and military institutions responsible for this function. Although it is true that the Constitution empowers the President to use the armed forces in internal safety, the armed forces of Mexico do not have legislation regulating this function. Consequently, these dependencies can only participate in situations of flagrante or when they contribute with other units in compliance with legal orders, as the areas of apprehension, searches are, among others. They lack of an investigation faculty or put directly people, goods or objects at disposal of the public ministry. Similarly, this legal framework may define the scope and limits of the armed forces powers in terms of internal safety, as well as to strengthen its response capacity. The second problem we have faced is that in Mexico the limitation of the jurisdiction of war places on helplessness to military personnel. The Mexican Constitution marks that there is a jurisdiction for war crimes and failures of military discipline. This provision makes military personnel be subject to the common jurisdiction, federal and military; that are part of the Mexican criminal justice system. Therefore, the military jurisdiction does not imply any privilege for members of the armed forces as it constitutes a specialized jurisdiction. However, last year, changes in the Constitution were carried out as well as in the judicial criminal code, by which military personnel involved in crimes against civilians will be judged in courts of common jurisdiction. The problem of this is that, if the militaries commit the crime especially linked to human rights, they will be in contact with those people that in a given time were chased by them.

The third problem we have faced is that the personnel of the armed forces was pawned for supporting operations of public safety, without suitable legal preparation. From 2005, the armed forces realized the need of leading operations against the organized crime, with only its military training. Therefore, the military units were prepared operatively, but not in judicial matter; which caused that in many ways and in accidental form, not following the process of protecting appropriately crime scenes. These scenes remained contaminated and backlogs appeared when putting the supposed delinquents at the disposal of the General Attorney. In someone cases, they were released due to a lack of the due process. In order to address this problem, the Navy has been training legally its operational staff, as well as its naval justice. Besides, in each of the operations there is a lawyer, so this person can support them when putting the criminals at the disposal of the Public Ministry. A friend of mine says; every time that we operate, we put our lives, freedom and conscious at risk. The fourth point is that Mexico has no legislation to regulate the use of force by the armed forces: the level of violence exercised by organized crime, as well as the weapons that use them, has caused that the armed forces have to make legitimate use of force. However, in the absence of a legislation, the National Secretary has regulated the use of force through the elaboration of procedures and the issuance of directives. Nothingness, there is still the need of having a similar legislation to that one the Peruvian Republic has, with Legislative Decree 1095, which establishes the rules of employment and the use of force by the armed forces of national territory. The fifth point is Human Rights. The Mexican Navy is aware that the laws limit the institutional performance. Therefore, it is very relevant to respect human rights in the country; however, due to our actions inside our territory and the contact increase with civil society, the human rights of some people were affected. What have we done? Since 2009, the Human Rights Program was established at the federal level. Offices responsible for seeing all the problems of Human Rights, addressing these complaints and finding solutions within the framework of the law have been established within each unit and people who were found guilty of violating these rights have been punished. Finally, in Mexico, the new accusatory criminal system will become effective. This system sets a new legal perspective on more guarantees to victims of crime. In this sense, training naval personnel that conduct operations against the organized crime will be necessary as well as Naval Justice personnel. We have to be aware that we cannot rely on the flagrante to detain a person anymore. We have to prosecute each

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case, to have relevant evidence and to work with the General Attorney of the Republic in order to take actions against the crime. Conclusions: For 200 years, the armed forces mission of Mexico has been using the military power of the federation for exterior defense and cooperating in internal safety. However, in recent years, the collaboration of the armed forces to guarantee the internal safety has taken a predominant role, due to the violence generated by the criminal operations. In spite of the transformation through that Mexico has lived during the last decades, the public safety is a pending matter. For a long time, the public safety was not a priority concern for the different governments; nevertheless, this new criminal dynamics has made the situation of Mexico to go from public safety to an internal safety situation. We hope this return to the common positions. Likewise, before this juncture of the police corporation weakening and organized crime the strengthening, the armed forces have been used to deal with the dynamics of crime, which threaten certain regions of the country. Both the army, the Air Force and the navy of Mexico, had to support the public safety authorities, using the available resources, which has brought us the problem of which

we have already spoken. However, it is necessary to continue strengthening the corporations of public safety at the three levels of government. This is an essential requirement for the Mexican armed forces withdraw from the streets and continue preparing for what your primary concern is, the external defense of the nation. The Navy of Mexico, as well as other forces, are institutions which arise from the people, so we are at the forefront of our tasks of internal security, with full awareness, responsibility and with the respect that deserve the Human Rights. It is true that there have been situations that have hurt some people and affected some interests, but the institution at all times has accepted that responsibility and has contributed to try to resolve these differences, whether compensating the people and bringing offenders to justice. The Secretariat of Marina leads their actions based in their powers and legal faculties, already if is it by itself or by general dependencies, but always under the rectory of a strategic vision of be an institution that contributes to achieve the peace conditions and the development of the nation, indispensable for the construction of a prosperous country.

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SPEAKER 2 MR. IGNACIO CASARES

Ignacio Casares García is the Regional Delegate of the Red Cross International Committee (known in Spanish as CICR) for the dialogue with the Armed Forces and Safety. Based in Bogotá since August 2015, it covers all countries in South America except Suriname and Guyana. Between 2013 and 2015, he developed the same work in Iraq, starting the operational dialogue with the Iraqi Armed forces, the Peshmerga in the Iraqi Kurdistan and the International Coalition. Ignacio Casares was born in Madrid (Spain). He began working for the ICRC after retiring from active duty of the Spanish Army, where he worked as a Lieutenant-Colonel. He was an Artilleryman. During his years of officer, he was in the groups of Artillery from the Brigades of Mountain XLI and XLII. He was instructor in the Military General Academy of Zaragoza. He graduated from the Higher School of the Armed Forces in 2000 and obtained the qualification of Outstanding in the Master “The Challenges of Peace, Defense and Safety” at General Gutiérrez Mellado Institute (Madrid), in 2014.

I would like to thank to General Ramos, President of the Military and Police Jurisdiction, General Spijk, President of the International Society of Military Law and Law of War and to the Rear Admiral Pacheco, President of the organizing commission of this event. In a scenario like this one, with such an expert audience, well-versed in International Law and Humanitarian International Law, I dare not to get deeper into the matter. I just wanted to say something that will be useful later when developing the presentation. The Red Cross International Committee (known in Spanish as CICR) is a fair, neutral and independent Committee and has the exclusive humanitarian mission of protecting life and dignity of victims of armed conflicts and other situations of violence as well as giving them assistance. The CICR is also working to prevent suffering by promoting and strengthening universal humanitarian principles. Founded in 1863, the CICR gave origin to the Geneva Conventions and the international movement of the Red Cross, whose international activities, in armed conflict of violence situations, directs and coordinates. I stopped here to talk about the four pillars of the order, which are: protection, assistance, prevention and coordination with the movement. The Red Cross International Committee in America has presence from Canada to Tierra del Fuego. The delegations are in Washington, Mexico, federal district, Caracas, Colombia, Lima and Brasilia. We also have a small office in New York for the relations with the UN organization. I would also like to mention how the CICR operates, whose purpose is to motivate, persuade the authorities so they act if some armed conflicts or violence actions occur in their territory. There are five kinds of actions: replacement, support, persuasion, mobilization and complaint. You will know that the dialogue nature with the Red Cross Committee, with its partners, is based on confidentiality, which leads to transparency and predictability. Complaints, which is the last kind of actions I mentioned of the are quite exceptional and, I believe that these complaints presented publicly before the Committee could count on the fingers of one hand. Recently, the CICR President made a joint statement with the UN Secretary General to prevent and announce the concern of both institutions on the lack of respect to the International Humanitarian Law in the conflicts that were developing in that time; but, as I say, the complaint was an outstanding question. The CICR tries and strains that they are the States, as the speakers mentioned, to whom I am proud and I have the honor of sharing this roundtable. The States themselves who must take their own initiative and responsibilities in the protection of its fellow citizens. Nevertheless, if not so, the CICR is in condition of giving support or even replacing some of the services that State cannot provide and always in a confidential and bilateral way.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

The Red Cross International Committee is financed by a Swiss organization of private right with an international order. It is not possible to say that it is an NGO, it is not possible to say that it should be an international organization. We should say that it is a hybrid and the States finance it in 82, 2 % as well as other national organizations and private donors. After mentioning what the CICR is about, which as I was saying, will help me in the development of the presentation, I wanted to indicate the scope of this small presentation. The panel is entitled: The Armed Forces role in Domestic Conflicts and other situations of violence in Latin America. Then, the first thing I thought is that Latin America has 18 countries, 3 in the Caribbean including Haiti and Brazil, which make a total of 21 countries. Therefore, I thought running away because this is an object not of one but of five doctoral theses. However, after seen the title of the previous presentation: Situation of the Military Justice in the world, I said that I could not complain. I also wanted to annotate on the temporary character and the conceptual character of this small dissertation. Regarding the topic we are going discussed, that is on other violence situations, the CICR doctrine focuses on the resolution of an existing concept. What have happened before serves for our own understanding. However, we focus on the phenomena happening in the present to prepare ourselves for what will happen in the future. From the conceptual point of view and, the technological point of view even shared with the partners of the delegation of Lima and of the proper organization of this congress, the term internal conflicts can give place to certain confusion in the translation from Spanish to English â&#x20AC;&#x153;Domestic Conflictsâ&#x20AC;&#x153;. An internal conflict can be confused with a non-international armed conflict and many people use the internal conflict as a substitute for institutional armed conflict. I, therefore, in accordance with the Organization of the Congress, decided to focus on the final part of the phrase that is other situations of violence. This is what we are going to develop in these minutes. I go back to the CICR mission, when it is said that the Red Cross International Committee has the exclusive humanitarian mission to protect the life and dignity of victims of armed conflicts and other situations of violence and our attention will be here. What are the other situations of violence? What is the definition of other situations of violence? Well, there is no definition of other situations of violence. In the comments made by CICR to the Additional Protocol II to the Geneva Conventions and that constitutes a doctrine for the CICR, it identified two types of approximation of disturbances which do not reach the threshold of armed conflict because other violence situations are situations in which violence is exercised collectively, without reaching the threshold of an armed conflict.

These two phenomena are internal disturbances and internal tensions. When someone talks about interior Disturbances, it is about the situations in which without there being, properly speaking, armed conflict with not international character, it exists nevertheless at interior level, a clash that presents certain level of importance or of duration, which can lead to certain violence acts. In these situations that do not necessarily degenerate into an open struggle, the authorities exercising power appeal to large police forces or to the armed forces, to restore the internal order. The high number of victims has made necessary the application of a minimum of humanitarian rules and these are the interior disturbances. With regard to internal tensions, it can be said that they appear in particular situations of serious political, religious, racial, social, and economic tension or also of aftermath of an armed conflict or domestic conflicts. These situations have some but not all of the following characteristics: mass arrests, high number of political detainees, probable ill-treatment or inhuman conditions of detention, suspension of the fundamental judicial guarantees or reports on disappearance of people. The common denominator of these internal disturbances and tensions is the intervention of the police public force or the armed forces. Nowadays, we know that there is something more than a series of gangs, drug cartels, mafias that fight among themselves or with the State or cause a series of humanitarian consequences, not only in the physical scope, but also in the psychological area. Therefore, on an approximation to the definition of situations in which violence is exercised in a collective manner, there must be a degree of violence but not so much to reach the degree of armed conflict, committed by one or several important groups of people and that they are not susceptible to have Humanitarian consequences. The World Health Organization, in its 2003 report, made a simplistic separation on violence: auto-infringed violence, the interpersonal or collective violence. The CICR is fixed in the collective violence committed by groups that a certain entity has, without coming to constitute, as I said before, an armed conflict and finally that they have or are likely to have humanitarian consequences of which we will discuss later on. The CICR interprets and considers that the applicable law in other situations of violence is not, in any way, the International Humanitarian Law. Based on what has been said, we believe that other situations of violence apply to the National Law and the International Human Rights Law. This has its consequences, because the CICR expresses an exquisite respect for national sovereignty and in the bilateral and confidential dialogue that keeps with the States, does not suggest, say, propose, require that the

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CENTER FOR HIGHER STUDIES OF MILITARY JUSTICE - POLICE MILITARY JURISDICTION

State in question uses this force to counter or fight other violence situations. For us, as Colonel Gary Corn said this morning, it is a question of fact, and so was made clear to our partners. Now, what we are saying is that these forces intended to combat or counteract other violence situations, under the National Law and the International Human Rights Law, should be well educated, well prepared, trained. Additionally, they should be properly equipped and have the doctrine and adequate procedures for exercising the mission, regardless of the kind of forces used, military or law enforcement, appropriate to counter the threat they are facing. We have talked about the concept of other situations of violence (OSV) as a doctrine of the CICR. We are going to discuss a little bit of how the CICR intervenes in other situations of violence. Firstly, the humanitarian consequences in other situations of violence are difficult to determine, because they are like an iceberg. The first criterion that someone identifies or the first criterion that comes to our mind are the homicides. The rate of killings by each 6000 inhabitants is a valid criterion, but there are contexts in which cannot be determined because there are not corpses or the victims are subject to indescribable torture, are cut into pieces and then the pieces are scattered by all the town. On the part of the iceberg, unseen, there are other humanitarian situations more difficult to perceive also in reality, such as torture, ill-treatment, forced disappearances, the invisible borders, sexual violence, recruitment of innocent children and teenage girls, stigmatization, social control, extortion. All these humanitarian consequences the CICR advisory team must identify them, not only identify if there exists but also see the severity and amplitude. Severity on the importance of the consequences and amplitude in the number of people affected, including psychological violence, which cannot also be identified. The relevance is based on the identity and specificity of the CICR and those are the kinds of action to which I referred to above. Capabilities and resources, the former presence in the context and the knowledge that one has in the area, are very important. In Lima delegation 40 to 45 colleagues operate, in Colombia we are 360. With that human potential, it is very difficult to reach all the corners. However, the society of the Colombian Red Cross or the Society of the Peruvian Red Cross; i.e., national societies of their own countries, have a much narrower understanding and have a much broader access to corners of their country. Therefore, these are the principal factor when it comes to intervene in other violence situations. Finally, the CICR also considers the presence of other actors in the context, not only Nongovernmental

organizations but also international organizations, the State itself and the State agencies. However, it is clear that the intervention has risks, to enter to Medellin is complicated or to enter to the favelas in Rio de Janeiro is definitely difficult, there are the risks derived from the security, but also of the proper order of the CICR. If we enter to a determined context to operate in an OSV, we cannot close the eyes to other humanitarian situations that appear in parallel and that have not anything in common. If we only focus in the OSV, the other affected can present complaints or even be opposed to the presence of the CICR and vice versa. Although the CICR has an initiative right, it is known universally and generally accepted. The situation in the area can be different for the presence of these small groups, bands and cartels. The humanitarian activities in other violence situations by the CICR are, as Admiral BolaĂąos said, multidisciplinary and integrated to four foundations that I mentioned in the beginning: protection, assistance, prevention and cooperation. A preliminary study, analysis and a basic evaluation is conducted; thus, we are making progress and evaluating the progress, in a sense or in other, if we do things correctly. In 2007, the CICR began what has been called the River project. Our presence in Brazil made us detect that in the Favelas from Rio de Janeiro there was a series of structural, natural problems of urban violence and the intervention of the public force, which produced a series of humanitarian consequences and according to above-mentioned parameters, the CICR intervention was desirable. Between 2007 and 2009, we managed to evaluate the condition and do a mapping of the humanitarian consequences in selected favelas and get a vector series of activities as we call it. In other words, activities not directly related to the conflict, but which can facilitate the access and the dialogue with armed groups in the area and we did political lobbying with civil society. In this point, I want to say that it is very important the approval of the national, state and municipal authorities but also with the society civil. The main objective was to develop tools and humanitarian approaches to help and protect the population, in a context of armed violence in urban environment. It draws our attention the victims matter because the CICR action object are the victims of a conflict or of other situations of violence. After the phase project 2007-2009, the â&#x20AC;&#x153;Riverâ&#x20AC;? project extended from 2009 to 2013. For instance, a favela identified received main health assistance, support to the adolescent mothers and to their children, project of health mental, project of first aid, services of emergency, projects for education help, good practices and safe behavior in the educational centers. Likewise, we advocate and reinforce

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

our presence in those prison centers with the purpose of ensuring us that the procedural, judicial guarantees and the Human Rights of the internal personal were complied.

conditions in the favelas and more beyond Rio de Janeiro, in the States of mines Gerais, Santa Catalina and Rio Grande.

Phase 2 of the “River” project consisted of the report, evaluation and mobilization of the authorities and civil society, supporting the partners with whom we had worked in previous years and a reproduction beyond River. This is the most interesting phase of the project because it resembles this saying “don’t give me fish teach me to fish”.

To conclude, I would like to mention one of the lessons learned from the River project, which is an application to the CICR approach in other situations of violence. In the first place, is achieving real acceptance from the authorities and the partners in order to start the project. The relevance of the neutral, independent and impartial humanitarian action approach and confidentiality in an environment like the one we are in Rio or in any other type of violence, the need for a bottom-up approach to consolidate the legitimacy.

In any CICR operation, we also design an exit strategy, which is based on the transferring to the authorities the responsibilities, which have not been able to undertake before any cause, because they did not have sufficient capacity or because they were in situations of violence. We can say that Rio is in this phase 2 and the following ones, because from there we continue monitoring and observing the development of this responsibility transfer. It is promising and the Brazilian authorities continue keeping contact with us with the purpose of improving life

I would like to finish with these three points: in other violence situations the national law and the International Human Rights Law are applicable, if using the armed forces in situations of violence, they should act as officers to enforce the law and the CICR intervenes each case after a detailed analysis.

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SPECIFIC TOPIC

Multidimensional Security SPEAKER 3 ADMIRAL FRANCISCO BOLAÑOS CHAVARRI (PERU)

He was born on July 13, 1964 in Lima. He entered the Naval School of Peru, going away on January 1, 1986 as Second Lieutenant of Frigate. He is qualified in Submarines. He has a mastery in National Defense of the National Studies Center CAEN. He was the second Commander of the Paita Naval Base, Chief of the School of Submarines, Defense Attaché to the Embassy of Peru in Germany, Chief of Staff of the General Command of Operations of the Amazonian and Director of Naval Projects, among other charges. The 1 ° of January, 2015 He was assigned to the Joint Command of the Armed forces.

The topic of security is a matter of serious concern, it is a subject that has been making progress every day, and the question is: What do we have to do as a State? What role do the armed forces play in this topic? This is a great debate in many areas. A topic that it is necessary to have into consideration is the State presence. In Peru, the State is not present in several places; but, especially, in the communities of the Amazon forest, where I will focus on this presentation, because the work that we have been developing, is a collaboration work, with a multi-sectorial intervention, but, mainly targeted. Because when one speaks about safety problems, they are often from social nature and it is necessary to understand what the origin is and there the problem comes, because unfortunately, for us the members of the armed forces, the repressive or active activity is the one that less favors us. The question then is: What is what we have to do to avoid to perform these tasks that do not appeal to us? Because when we develop this safety activity, the ones that we have to intervene against or suppress are our fellow countrymen and the question that it would be necessary to ask is: Why are we in this situation? The summary that I am going to develop is: 1. The current situation, which is quite similar to what Admiral Flores explained; 2. The quite theoretical concept, because this is what we have wanted to raise; 3. Advances that we have; 4. Proposals of pilot development that are implemented in the Amazon, agreements with other countries; 5. Agreements with public and private institutions; and, 6. Conclusions. First of all, Peru is a country has biggest amount of Amazonic territory, practically 52 % of Peru is an Amazon territory; nevertheless, there is a low presence of the State. Also, in the Amazon, the primary method of transport is fluvial, additionally, it holds the highest indexes of poverty, undernourishment, illiteracy and a series of indicators that really are alarming and these are topics that the State is always trying to solve. The issue is that the cost is raised by the geographical characteristics, it is one of the initial limitations, it is also because they are flood-prone areas and they have a quite dispersed population. The native population has different situations and languages; the population of the Marañon’s basin has 10 different languages, they have different visions and that is where we identify a serious problem, since we cannot catalog these communities in the same form and the task of the State is to take development to the population and joint work. A question that we have to ask to ourselves is: How much do we know about this population and how much are we working at it? This is one of the cue points that is developing the Peruvian Joint Command of the Armed forces.

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

The aim is to know and understand the problems and develop the joint work with a multi-sectorial intervention, which is mainly focused on finding the strengths of the actors involved in the solution of the problems. This is the map of what we have: illegality, drug trafficking, wood trafficking, arms trafficking, human trafficking, and criminal organizations that work in a coordinated and well organized way. At the fifth conference of South American defense and safety, five proposals were raised, which should be analyzed by each countries, four of these proposals are related to Safety; the latter is very important because it propose that legal agreements can strengthen the peace process and enable the armed forces worked. This is a topic of agenda that not only worries Peru but all the countries of the world, as far as what the armed forces must do. About this, many of the countries have different approaches and these Congresses are those that help to have more shared approaches, integrated solutions more aligned with reality. The real thing is, that under a multidimensional approach, three are the elements that affect the population: the poverty, the quantity of tourist activities and the natural disasters, topics in which one way or another, in a direct or indirect way, the armed forces are involved. An important element, for us, has been the new sustained development approach and two major objectives: ––

The objective 16: that raises a new justice approach and people access to the opportunities of development; and,

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The objective 17: that addresses the collaboration and integration of the efforts to solve the existing problems.

These are the topics we are also raising, to change the way of thinking, to develop an integral, multidisciplinary approach, centered in reality, having in mind that it is a medium-term work, there is still a long way to go and that we required specialists, information, continuity, what does not mean that the armed forces have to do it, but that we have to participate in the development, to give this complex situation an appropriate attention. To have an idea of how this works, first we have to diagnose the problem, develop the project in accordance with the needs and to find solutions. The armed forces of Peru, began developing civic activities in 2012, which probably you do not know, and afterwards we decides to give it a completely different approach, to which was initially called sustained social action, for the purpose of giving solution to the problems that existed in the Amazon. This action, did not allowed to develop welfare activities, disjointed and own-initiative of the armed forces, because with this the problem will not be solved, on the contrary, it represents a wear point. The sustainable action, on the contrary, intends to articulate the multi-sectorial work.

This was obtained across drawing a chain of development, this chain establishes which it is the joint level, it is a dynamic chain and it is feeding back with a diagnosis of the situation, making participate to the private sector, because definitely it generate a market. Then there is, how we got to monitor this work of intervention, that we are going to call it of ” intelligently” form, for the same dynamic capacity; it is across establishing a basic line, where a monitoring, coordination and command center begins and develop. For that we have established 15 lineaments: New safety approach, prioritizing of preventive activities to migrate to a sustainable development model, across a new roll of the armed forces, where the population represents the center. There are another 10 aspects than I am going to be developing. The first topic was to develop axes to solve the problems and not sectors. What was planned across every axis was projected across three types of platform: The local one, where we are provided with military bases of the armed forces and we look also for the interaction with the native communities. We incorporate 2 platforms that were strengthening the intervention of the State. The itinerant platform, which is the mobile State, since in these places it is impossible to develop infrastructure. The local platform, which has a committee of local management, it is shaped by the local authorities, representatives of the native communities (Apus), who empowered this strategy. We develop the workshops of multi-sectorial intervention, to later project the services to the local platform; in this case, there is a program of the State called “Tambo“ and from the Navy an itinerant platform was developed, with its ships that have almost 30 public services. Now we are designing these ships for the central area of Peru, for the VRAEM area. The center of coordination of social action with sustainability (CCASS) that articulates the platforms, allows to arrange the planning, supervises the logistic and operational control of the platforms, it monitors the indicators, since it has an integral database. In short, it is necessary to give it all the articulated services attention, which feed to a security strategy, to which it is named an occupation strategy of cases. This is what this strategy intends, to occupy spaces and that the State will be present and that it will have legitimacy. These two strategies arose together, but principally, the border areas are the spaces where the illegal activity is more concentrated, due the characteristics that the binational space offers, and this is how defense strategy is developing, which is named “a final strategy of space control” in coordination with the neighboring countries. These super strategies allow the legitimacy of the State in this space and allow the trust and integrity.

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The integral strategy is aligned to the concept of human security and to the sustainable and multidimensional concept. Principally, because together connect the development concept with a multidimensional character, that is centered on the people and not on the State; this is the big difference, for this, as I already mentioned it, there developed 15 alignments that it has to do with the projection, sustainability, with the empowered of the population and the joint, to find a differentiation, not as an assistance model if not like generator of capacities. Since the work of this strategy is focused and, it differentiated for every space, there were two pilots developed. The pilot for the border Peru â&#x20AC;&#x201C; Colombia, in the center of the Putumayo and, other for the center of Peru, in the area of VRAEM, which is an emergency zone currently This allows to delimit the work place, focus the work, the evaluation, measurement and validity of the model differing from our spaces Once all this process was finished, it allowed us to establish a part of the public politics, it means, that this is a model that goes from down to up, like normally the public politics develops. This work has allowed us, after the ratification, to develop a public politics that allows the implementation and installation of this model of intervention guaranteed. The integral plan has three strategies: one of development, other one security and one of integration, which is monitored for a coordination center and which operates with three types of platform, being the central the most important. There exists a legislative decree that entrusts the Development of Social Inclusion Department, the conduction of the strategy and the appointment of a commissioner, who will direct of a structural form, the strategy. The important thing of this is, that the same legislative decree entrusts the Defense Department, the operation of the platforms.

The Putumayo pilot, that I mentioned, is provided with 10 tambos or local platforms and two itinerant platforms; this is going to allow to us, that the State should occupy the space and that is will be monitored for a coordination center. The project of public investment is in formulation. The pilot from the VRAEM, which is in the AshĂĄninca community (the biggest native community of Peru). The project of public investment, center of coordination that is in formulation. The terrestrial platforms are in the VRAEM area (area of high jungle), nevertheless, as I mentioned, the participation of the universities is important. We have signed agreements with CENTRUM, a business university, very prestigious in Peru, also with the ESAN university (business school), the Peruvian agency of international society, the national Tambos program that are the local platforms, the special project of development of Putumayo, which is a bi-national plan with Colombia and, other institutions that are quite interesting for the development. Also CEDRO, a prestigious NGO against drugs, the National Commission of Seized Property from drug trafficking, the National Society of Industries, which is essential for all the work that has been developed, to install all the capabilities that the private company needs to strengthen this sector. In summary, our plan is intended to contribute to the solution of the multiple and complex problems, providing an adequate platform for discussion, consultation and knowledge of the reality, that allows the design and implementation of policies and programs that guarantee the security and development. Incorporating research, technology and capabilities that allow the design and implementation of the mechanisms and adequate means to sustain the development and security process, which is required in these areas; it proposes a new role of the armed forces, it is looking for a new approach to security, facilitating the incorporation of the population, considering it as the center of gravity and a determining element.

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Speech pronounced by Brigadier General Juan Pablo Ramos Espinoza, President of the Military and Police Jurisdiction Before my speech, I would like to dedicate a few homage words to the courageous members of the “Chavín de Huántar Comand”, because today is the nineteenth anniversary of the successful rescue of the hostages at the house of the Japanese Ambassador in Lima, which had been taken by a band of terrorists of the MRTA. The rescue operation was a model military action praised in the whole world for its conception and its military execution. As result of this operation, the liberation of 72 hostages was achieved after four months of captivity. It is a model operation studied in diverse schools of Commands around the world. However, they were processed judicially. I am an exception witness in the judicial process that followed them in the military jurisdiction, where it was demonstrated that they acted correctly. Then, they were submitted to an unfair process in the common jurisdiction, but at the end the justice prevailed and last year, the proper InterAmerican Court of Human rights ruled in their favor. Honor and glory to the heroes fallen down in this operation, the commands Juan Valer and Raúl Jiménez and, with them, the Judge Juan Giusti. Peru and the world learned a big lesson on April 22, 1997. Thanks for allowing me this homage. Gentlemen, in this evening full of shared experiences, let me say how delighted I am with the quality of knowledge presented by each speakers and moderators of the Third International Congress on Military Law, as shown in the detailed report just presented by Rear Admiral Julio Pacheco Gaige, President of the organizing Commission of the Congress. It has been three intense days, in which the most current and urgent topics in terms of Military Law, Military Justice, International Humanitarian Law have been discussed. On behalf of the Military and Police Jurisdiction, the institution that I have the honor to preside, I would like to thank all the participants and provide you with some reflections, emphasizing some ideas collected in this meeting. I apologize if I don´t mention all of you; that’s only due to time and space reasons. Our slogan “ Military Crucial Developments in the Legal Military Field”, not only refers to changes and developments in the laws governing our institutions, but also to the continuous development and strengthening of Military Law and within this, to the military justice, as a bastion of legality and security in certain circumstances, such as the last bastion of hope for the survival of society and the defense of democracy. Dear General Jan Peter SPIJK, the fraternal greetings of October 24, 2015 between the International Society of Military Law and the Law of War and the Military Police Jurisdiction made possible a very high level meeting, reaching a record participation in the history of the events we have held in the last few years, with a total of 24 delegations, of an equal number of countries from around the world. The proposals that have emerged, show us that we are not wrong, that the institutions of military justice can count with common principles and apply standard criteria for similar situations, which means that we are going in the right direction. From here

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we must tell the General Paul S. Wilson, who is already returning home, the legal perspective and legitimacy in the operations is the warranty of our actions. I am sure that your presentation emphasis has been recorded in the minds of our participants and will accompany them in situations that they have to face. The missions of the United Nations peace forces have a great ally in the military justice operators because their mission is to apply discipline and honor even when the troops are deployed out of the borders of their homeland. Dear doctor Fausto Pocar, President of the International Institute of San Remo, we gather the notes of your valuable presentation as, currently, the principles of the international humanitarian law have to be an essential part in military training for unrestricted respect to human rights in the world, including in extreme and terrible situations discussed in armed conflicts. Dear General Waldo Martinez, former General Legal Adviser of the Chilean Army, your loyalty and leadership to carry forward the continent’s military justice experience is one of the driving forces for integration. Thank you for supporting the work of the technical secretariat of the Inter-American Forum of military justice, which Peru holds. I believe that this congress transmit a new dynamic and strength us with the received experience. We will go forward with our friendship and work for a military justice of the 21st century. Gentlemen Ludwig Van der Veken, Secretary General of the Ministry of defense of Belgium and Secretary General of the International Society of Military Law and Law of War, and Alfons Vanheusden, International Affairs Advisor and Human Rights of the Ministry of Justice of Belgium and General Secretary’s Assistant of the above-mentioned International Society, we are full of expectations with that magnificent proposal of a “Manual of Operational Law” made by your institution. We would like to have the privilege of having the final version, and, if possible, to have your authorization for reproducing this manual and distributing it as training material to our legal body, which would be fantastic gentlemen. Dear participants, Military Law is a science in constant evolution. However, there are permanent principles, which allow us to face any new challenge. The concern for breakthrough in new technologies of military use has been raised, referring to the so-called “drones” or others devices with alleged autonomy features, which could lead to some legal vacuum or grey area in the applied standards. As a former judge of the military justice system, I believe that military actions always have a clear responsibility line and precisely, this type of technological proliferation is what allows us to evaluate the importance of military law. We would like to thank General Spijk and speakers of such panel for introducing this topic on technological challenge

and we will be alert to its evolution as we should update, adapt or clarify better our rules. Finally, we could not complete the circle without making a call about the validity and importance of military justice in current times something what is already informed and designated by our lecturers. I would like make a pair of reflections from the moss classical point of view and that some of you will surely find repetitive: without military justice there are no armies, without a system that supports its discipline, the armed forces would be only armed gangs, unable to respect the Human rights. For this reason, the Peruvian President Nicolás de Piérola, whom I am going to quote, used energetic phrases and of powerful conviction on December 20, 1988, on having installed our first Supreme Council of War and Marina, predecessor of what is today the Police Military Jurisdiction. Then, mister Piérola said:“ I can conceive that there is someone who dreams with disappearance of the War and Armies, although there is so much how to dream in that it will come one day in which there are no in the human species passions and crooked interests to be faced. In that justice dominates, with absolute domination and not indifferent, although it is so much how to dream that the ground stops being for the man, tacit passage, turning into lasting definitive mansion, but I will never conceive, that there is town that refuses to have army without proper laws of its institute, without regimen that keeps it healthy and robust, that allows to impose the brutality of the force and the education does not make them delicate, to that absence of severe morality and rigorous discipline does not prevent from using it in damage of others, which do not give fulfilled the guarantee of which come the interior or exterior danger, it will not be turned into disaster”. Dear friends, colleagues, lawyers, military, judges, officers of Justice, official of all the delegations of the world, from Namibia, the youngest nation, which just turned 26 years old of independence on March 21, 2016 to Belgium and the United States -Nations with greater development and established systems- we will work to consolidate the military justice in our countries, each of them in the framework of our own legal traditions, as strengthening our systems of specialized justice administration we will be creating the conditions to ensure legality in the actions of our armed forces and police forces, considering that the States must keep the peace and safety of our territory using enforcement personnel. This use of force should comply the principles of humanitarian law and civil and military standards of the country. Military and Police jurisdiction is called to establish the liability generated for violating those principles and to establish a penalty. I want to thank each and every one of the participants and thank you for the effort to have come from places as far away from the planet, thank you on behalf of the Military and Police Jurisdiction, the Executive Board that

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REPORT OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY LAW

accompanies me and all the members of the military police legal corps of the Peru; I hope that you have enjoyed of Lima and that who will remain some hours or days more, feel happy of knowing this homeland that we love so much. Mr. General Spijk, we can say â&#x20AC;&#x153;mission accomplishedâ&#x20AC;? and claim that wills union between the International Society of Military Law, War Law and The Military and Police Jurisdiction have reached their more expensive objective. I reiterate my gratitude to you and the honorable society directory for trusting in us to be co-organizers of the Third Congress on Military Law. We hope to meet you soon in the achievement of our goals, struggling for developing and strengthening the military justice and respect to the Human Rights. Never forget that our work is of vital importance to the peace of our respective countries, regardless the system or model of military justice that we have, we are called to exercise a jealous work, either as legal advisers, as

counselors in the operational Law or administrative or in the specialized justice. We must remain alert, our nations that face the serious threats of international terrorism, drug trafficking and organized crime, so demand. Our armed forces, whose mission is to address such attacks, have to act armored with the high values of honor, the discipline and professionalism. There is the mission of those who exercise the military Law in their different specialties. We have the enormous challenge of acting with the law in hand and contribute to the correct performance of people who integrate the armed forces, for these, prevented of the moral strength, efficiency and effectiveness, can act in a legal framework that ensures respect for Human Rights and the application of International Humanitarian Law, only thus we can preserve the great values of civilization such as freedom and democracy and that in the world prevail the Law and peace Live the III International Congress on Military Law!

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Speech pronounced by Brigadier General Jan Peter SPIJK (the Netherlands), President of the International Society for Military Law and the Law of War Dear colleagues, I would like to give you a few welcome words to the President of the Judiciary and of the Peruvian Supreme Court and to the General Commander of the Army. Thank you for your words General Ramos. Yes, mission accomplished. I have the same feeling. I believe that we all agree that we had some fantastic days in terms of the program content. We had a diverse international group of participants, of speakers, of support personnel and we would like to thank them for their hospitality. General Ramos, I am not going to sum up everything spoken, but I am going to make a couple of brief remarks on two things of the military justice and the international cooperation, related to the International Law. As we know, from the Military Law and the Law of War, we are in an excellent position of monitoring closely military justice the influence. I am going to say that the International Society accepts this concept, of which the military experience is essential in the judicial process, at least to be able to judge correctly the criminal behavior in specific contexts of military operations, specific contexts of not militarized institutions. Peru is also included there. Secondly, due to the relation among the military justice, the discipline and the effectiveness of the armed forces, it is interesting to say that the military justice has all kinds of ways, in the different nations around the world and I compare it with the national anthems. Every country has an anthem and every country has a military system based on the history, on the proper legal and political developments. There is a common Greek saying that everything moves, that everything is in movement and this is a quite important notion for the military justice system because we cannot assume that things are going to remain static as they are now. I believe that it is very important to ensure that the military justice system continues together with the developments of the society of each country and, speaking in general terms, the purpose of these political developments must be the transparency of the military judicial system. There is also an important issue. The system must be fair, in sanctions and procedures, in the protector sense for the militia; otherwise it would be a kind of closed store. The other important element would be the change in the legal development, discussed in the Conference today. In the world, we have seen rules emerging especially in the part of Human Rights, which has a major influence in the military justice system. We should be aware of these systems and they should be recognized in its parameters. The developments should be recognized. A military and legal community, as the ones gathered here. We know that it is our responsibility that our military justice system can respect all standards and sanctions, if not so, it can make other people determine our future system, a judicial system with negative consequences, as we have seen today. Peru is a significant example of this perspective, for taking this initiative to change.

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Since 2010, the system of the Military and Police Jurisdiction is transparent, with an independent prosecutor. The Court is independent from an organizational perspective, from a financial perspective, but also, from a justice perspective. It is also a unique institution, as discussed the other day by the General Ramos. We are aware of the risk responsibilities it has. He ensures and cares that each day the Military and Police Jurisdiction can support every trial. I think that we have seen it is in very good hands. My second remark, before concluding, is on the importance of international cooperation in the context of military police. Currently, ladies and gentlemen, all foreign operations are executed in a multinational context and you know all the examples. Recently, in Afghanistan, over 60 nations have participated in a coalition, and we are seeing operations in Syria and Iraq, where there are also large coalitions and, you are aware that there are many problems in Central Africa. It is a question of multidimensional cooperation, which means that the commanders, our legal advisers and troops should be well prepared to operate in this quite internationally demanding environment. Additionally, here we notice a special responsibility for the legal justice community, to ensure that the commands and the troops are well prepared for complicated tasks and

that they could work together in such circumstance. They have many challenges. General Ramos mentioned this and I am going to repeat it. The institution of San Remo is appropriate to prepare these commands, face these challenges at an international level. The conferences as the ones we had these last days, are definitely instruments that help us to gather different experts, promote the international understanding and exchange of opinions and ideals as well as to be able to look ahead to the future. I hope that you enjoyed this multinational experience of the last two days. It makes me sad to know that we had reached the end of this Third Congress on Military Justice in South America, here in the city of Lima. I appreciate the hard work of the Committee chaired by the Rear Admiral Julio Pacheco Gaige. We can ensure that it has been a success. The Society is most grateful for the excellent cooperation we have received and we hope to continue with these deep ties in the future. As I have suggested to the Secretary General Ludwig Van Der Veken, the creation of a national group of Peruvians in the International Society will be welcomed. I am deeply grateful to all the speakers and moderators; I congratulate you for making this congress a success.

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Galería Fotográfica Photo gallery

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DIRECTORIO / BOARD MEETING Reunión de directorio de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra abril 20 de 2016

VISITA INSTITUCIONAL / VISIT TO FMP HEADQUARTERS

La delegación de la Sociedad visitó la sede del Fuero Militar Policial. Izquierda, en el despacho del Presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial, Gral. PNP Julio Bueno Tirado. Derecha: Contralmirante CJ Julio Pacheco Gaige, director del CAEJM muestra documentos históricos del Fuero Militar Policial a los visitantes. Abajo: imagen para el recuerdo en la sala de Presidentes del FMP.

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INAUGURACIÓN / OPENING Mesa de honor en la inauguración del III Congreso Internacional sobre Derecho Militar. De izquierda a derecha: Brigadier General U.S. Paul S. Wilson, Comando de la Agencia de Servicios Legales de la Armada de EEUU; General de Brigada Kim HeungSeok, Presidente del Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur; General Odilson Sampaio Benzi, Ministro del Tribunal Superior Militar de Brasil; General de Brigada EP (R) Juan Pablo Ramos Espinoza, Presidente del Fuero Militar Policial; Dr. Manuel Miranda Canales, Presidente del Tribunal Constitucional del Perú; General de Brigada Jan Peter Spijk, Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra (ISMLLW); Dr. Dimitrios Zafeiropoulos, Primer Vicepresidente de la ISMLLW; Contralmirante Cristián Araya Escobar, Auditor General de la Armada de Chile y Dr. Getulio Correa, Presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares (AIJM)

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CONFERENCIAS / CONFERENCES

PRIMERA CONFERENCIA / FIRST CONFERENCE

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SEGUNDA CONFERENCIA / SECOND CONFERENCE

TERCERA CONFERENCIA / THIRD CONFERENCE

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CUARTA CONFERENCIA / FOURTH CONFERENCE

QUINTA CONFERENCIA / FIFTH CONFERENCE

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SEXTA CONFERENCIA / SIXTH CONFERENCE

SÃ&#x2030;TIMA CONFERENCIA / SEVENTH CONFERENCE

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FIRMA DE CONVENIOS / AGREEMENTS

El marco del III Congreso Internacional sobre Derecho Militar fue propicio para la suscripción de convenios de cooperación entre la institución anﬁtriona, el Fuero Militar Policial del Perú y dos organismos cuyos máximos representantes asistieron al encuentro: el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y el Tribunal de Justicia Militar de Sao Paulo (Brasil). Suscribieron los acuerdos, junto al General Juan Pablo Ramos Espinoza (Perú), el General Kim HeungSeok (Corea del Sur) y el Dr. Hiroshi Oyama (Brasil).

CONDECORACIONES / CONDECORATIONS El General de Brigada EP (R) Juan Pablo Ramos Espinoza, impuso la medalla de la Orden del Fuero Militar Policial en el grado de Gran Oﬁcial a los señores: General de Brigada Jan Peter Spijk, Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra; Dr. Getulio Correa, Presidente de la AIJM; General Waldo Martínez Cáceres, ex Auditor General del Ejército de Chile y Dr. Paulo Adib Casseb, ex Presidente del Tribunal de Justicia Militar de Sao Paulo.

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CLAUSURA / CLOSURE

El Presidente de la Corte Suprema del PerĂş, Doctor Victor Ticona Postigo, ofreciĂł el discurso de clausura del III Congreso Internacional sobre Derecho Militar, la tarde del 22 de abril de 2016.

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FRATERNIDAD / FRATERNITY

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FRATERNIDAD / FRATERNITY

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FRATERNIDAD / FRATERNITY

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