La política de Colombia se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por un predominante bipartidismo; siendo de los pocos países latinoamericanos donde el Partido Liberal y el Partido Conservador, sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta siglo XX y con vigencia aun en el siglo XXI. La historia colombiana también se ha caracterizado por el radicalismo político que ha desencadenado numerosos conflictos armados internos, guerras civiles que incluso conllevaron a la separación de Panamá. Durante principios del siglo XX, luego del final de la Guerra de los Mil Días, los ideales comunistas tomaron fuerza y se radicaron en el ala radical del Partido Liberal y también conllevó a la creación del Partido Comunista Colombiano y otros partidos. Sin embargo, este y los demás partidos de izquierda siempre fueron minoritarios. Más recientemente, la socialdemocracia logra verse como una segunda opción de poder con el Polo Democrático Alternativo y surge el uribismo en la derecha, principalmente con el Centro Democrático (Colombia).
El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema Seguridad social de Colombia regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social y del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional y delegado en parte al sector privado. El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente en Colombia está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993.1 Colombia para el año 2000 se encontraba en el puesto 41 de 191 países, por su desempeño general del sistema de salud según un informe de la Organización Mundial de la Salud.2 A grandes rasgos el sistema de salud en Colombia que precedió al actual se puede distribuir en tres etapas.3 La primera de ellas vio sus inicios tras la promulgación de la Constitución de 1886 hasta mediados de la década de 1950 y en donde prevaleció lo que se ha denominado «modelo higienista». Bajo este modelo, las acciones de salubridad pública se limitaba a atender aspectos de carácter sanitario, mientras que la atención preventiva y curativa en salud venían a ser financiadas por los usuarios y por algunas instituciones de caridad.3 En 1950 se crea la Caja Nacional de Previsión que se encargaba de atender la salud de los empleados públicos y en 1950, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (después Instituto
de Seguros Sociales) que atendía a los empleados del sector privado con empleo formal.3 La segunda etapa, que inicio en la década de 1970 hasta 1989, se desarrolla bajo la creación del Sistema Nacional de Salud bajo el esquema de «subsidios a la oferta». Bajo este régimen los recursos del gobierno central para salud eran transferidos directamente a la red de hospitales públicos del país. sin embargo, este sistema no era suficiente para proporcionar una atención integral en salud a la población de bajos recursos.3 La tercera y última etapa se inicia en 1990, con la expedición de la Ley 10.4 Este periodo se prorrogó hasta 1993 con la expedición de la Ley 100 de 1993, bajo los principios de la Constitución Política de 1991.3
El Sistema educativo de Colombia es el conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, establecimientos educativos, instituciones sociales, recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados para alcanzar los objetivos de la educación. 1 Se organiza en educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano (reemplazando la denominación no formal)2 y educación informal. La entidad encargada de su coordinación y regulación es el Ministerio de Educación de Colombia
Desde el final del 2016 se viene anticipando que el sector constructor será reactivado por la vivienda de interés prioritario y los programas ofertados por el Gobierno nacional. ¿Han funcionado los planes?
La sanción de dos fechas que le aplicó la Dimayor al capitán del DIM, Juan Fernando Quintero, dejó triste al técnico Juan José Peláez quien le confesó a este diario que esperaba que el castigo fuera menor. Si bien el reglamento habla de que una tarjeta roja directa por agresión a un contrario implica este castigo, el estratega dijo que los árbitros y los integrantes de la comisión disciplinaria deben tener consideración por una persona “que más que victimario es una víctima”. Agregó que Quintero es un ser humano que ha acumulado mucha rabia porque en cada partido recibe muchos golpes. “Es una persona que no tiene el gran físico de otros volantes creativos, entonces este pelao se resiente más”. Para sustituirlo en el partido del sábado (4:00 p.m.) ante Rionegro en el Atanasio, la primera opción es Daniel Cataño, aunque para ganarse la oportunidad deberá refrendar un buen rendimiento en la práctica de hoy que se hará en ese mismo predio. A propósito de creativos, ayer Mao Molina reiteró en Buenos Días Deportes que al final de año se retirará del fútbol. Y al señalar que todavía tiene ganas y fuerza para seguir compitiendo, se mostró algo incómodo porque no ha sido tenido en cuenta en los últimos encuentros. Al respecto, Peláez recordó que Mao sí ha tenido minutos y añadió que las incomodidades son de parte y parte. “Pero es un tema interno que se debe aclarar y que va más allá de aspectos futbolísticos”. Una polémica en la que no quiere entrar, pues nada la aporta el club en este momento del torneo.
La economía de Colombia se basa mayormente en la producción de bienes primarios.17 Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancía y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande
de Latinoamérica, tras las de Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 31 mayores del mundo.18 Hasta los años 1950 e incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas se centró principalmente en las ventas externas de café. Sin embargo, existen varios sectores que hicieron que Colombia fuera uno de los países más reconocidos por su producción, como son las esmeraldas y la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y es un gran exportador de oro, zafiros y diamantes, entre otros productos. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del bloque de países emergentes tales como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera reciente, la Alianza del Pacífico.
“No se permitirá la violación de los derechos humanos y dignidad de los ciudadanos y ciudadanas (por parte de policías)”, señaló el coronel Haidiber Restrepo, subcomandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras anunciar la apertura de investigación contra los siete policías implicados en la golpiza que le propinaron a un joven en el CAI del barrio El Codito (Usaquén). El hecho, que se presentó en junio del 2015, se conoció esta semana luego de que se publicara un video en redes sociales que muestra cómo los agentes amedrentan a la víctima con improperios y la someten mientras que uno de los uniformados usa un objeto contundente para golpearlo en la cara. Por casos como este, la Fiscalía General de la Nación, en lo corrido del 2016, ha abierto investigación contra 13 miembros activos de la Policía Metropolitana de Bogotá, por abuso de la autoridad. De ellos, ya hay 9 que ya se encuentran en procesos formales. Estos casos se habrían presentado en momentos en que los uniformados
requirieron a ciudadanos durante operativos de control o en patrullajes. Sin embargo, la Personería Distrital registra más quejas por este tipo de hechos. De hecho, informa que en lo corrido del 2016 han recibido 34 requerimientos contra miembros de la Policía de la capital por abuso de autoridad. Estos son dos casos más con respecto al primer semestre del año pasado, cuando hubo 32 reportes ciudadanos. “Las quejas se presentan por retención indebida de documentos, maltrato físico y verbal, uso excesivo de la fuerza y tratos indignos”, explicaron fuentes del ente de control.
En julio de 2017, 22 millones 73 mil personas se encontraban ocupadas, 373 mil personas más que en julio de 2016. La generación de empleo se concentró principalmente en los centros poblados y rural disperso, y en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades capitales y sus Áreas Metropolitanas.
Sí que es cierto el adagio popular que dice que es mejor prevenir que curar en los casos dramáticos y desoladores de tantos menores de edad en Colombia. En una
serie de artículos publicados en este diario, y gracias a la incansable labor tanto de denuncia como de protección que lleva a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha ido confirmando la sospecha de que en la infancia de miles de colombianos de los sectores menos favorecidos se siembran las tempestades que serán recogidas en la adolescencia, y de que de los 13 a los 18 años es posible vivir un infierno, que no es solo un problema de quien lo padece, sino uno de nuestros peores dramas sociales. Dice el ICBF que en el último año ha llegado a amparar a 80.290 menores de edad. Eso significa que el número, altísimo, aumentó en 30 por ciento en apenas doce meses, y que hoy hay 18.826 casos más que los que había en el 2011. Resulta importante notar, como lo señala el propio Instituto, que un gran porcentaje del total de los protegidos son adolescentes, lo que significa, por supuesto, que las familias y el Estado están fallando en la prevención de una serie de males que podrían atajarse desde la primera infancia; que calvarios como el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la drogadicción y el embarazo de menores podrían evitárseles a muchos si se reconocieran a tiempo sus causas. Hacen bien el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia en alertar al país. Por dejar para mañana el tema inaplazable de cómo proteger efectivamente a los niños, de acuerdo con sus cifras, en los pasados cinco años el sistema penal para adolescentes pasó de prestar atención a 4.000 a atender a 29.000, una proeza que, sin embargo, dibuja un horizonte sumamente desalentador, del que nace la pregunta sobre si la vigente ley de infancia ha traído incentivos antes que obstáculos para los menores sumergidos en el mundo del crimen. Y es que, tal y como lo han demostrado el sangriento motín que sucedió en el centro El Redentor de Bogotá, las revueltas en la reclusión de menores del Quindío y en La Acogida de Medellín, y las fugas de varios infractores, en días recientes, de un par de sitios de rehabilitación en Cali, estamos ante una olla de presión a punto de reventar.
Existe, claro, un serio problema de infraestructura: no se cuenta en estos momentos con suficientes centros de trabajo ni con la cantidad necesaria de trabajadores sociales para contener a tantas víctimas, acorraladas por la pobreza
y por los malos tratos de sus mayores, que han terminado por convertirse en victimarios. Por falta de recursos, no hay el número necesario de vigilantes para evitar los ataques permanentes de los reclusos. Pero se debe advertir al mismo tiempo que es indispensable redoblar esfuerzos en las labores de resocialización y educación para que los menores consigan volver a la sociedad. El sustantivo adolescencia no conduce, como podría creerse, a la idea de alguien “que adolece”. Por definición, es adolescente quien aún está creciendo. Y es una labor inaplazable de los padres y las autoridades lograr que, en el caso de los 80.000 colombianos menores de edad que hoy se encuentran al borde del abismo y no cuentan con la suficiente asistencia para sobreponerse a la violencia que les ha tocado encarar desde el comienzo de sus vidas, no haya que darle a la palabra ese sentido trágico: el de entrar al dolor como a un destino.